No Hay Bien Que Por Mal No Venga

           Yo he designado al ministro Carroza para encabezar el funeral del estado de derecho en Chile, pero creo que, por una de esas paradojas que nos prodiga la Historia, ese ministro está terminando por jugar un papel fundamental para hacer público algo que los chilenos contemporáneos desconocen casi por completo: la Verdad Histórica.

        

           Al ministro Carroza lo tienen sin cuidado las leyes, como a todos los jueces de izquierda actuales, que son amplia mayoría. Él, por sí y ante sí, ha dado por derogadas las de amnistía, prescripción y cosa juzgada, pilares de un estado de derecho. Pero, al hacerlo, vuelve a actualizar los hechos, y paradójicamente eso resulta bueno.

A raíz del “caso Cheyre” va a reabrir el expediente de la comitiva del general Arellano, con infracción de varias leyes. Pero, sorprendentemente, lo hará en términos que ayudarán a vigorizar un ingrediente sanador del odio, como lo es la verdad. Ya resucitó el año pasado el “caso Quemados”, estando prescrito y juzgado, y consiguió ese resultado. La “historia oficial” había consagrado una gran mentira: que el Gobierno Militar quemó a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas  “por pensar distinto”, como dijo el senador Ossandón en una “gaffe” reveladora del alcance que ha tenido la falsificación de la verdad. Pues el veredicto de la justicia había dicho hace treinta años que ambos extremistas portaban artefactos incendiarios para lanzarlos a los vehículos de locomoción y quemar pasajeros, cuando fueron sorprendidos por una patrulla y, tras quebrarse accidentalmente uno de los depósitos explosivos de cristal, Quintana y Rojas resultaron quemados, siendo subidos a la patrulla. A petición propia y para no ser llevados a un hospital y quedar detenidos, fueron bajados en un lugar apartado. Ello originó la condena por cuasidelitos de homicidio y lesiones del teniente a cargo de la patrulla.

Esa fue la verdad, pero la “historia oficial” siguió siendo que fueron quemados “por pensar distinto”, lo que siguió creyéndose así hasta que el juez Carroza trasgredió la prescripción y la cosa juzgada, reabrió el proceso el año pasado y encarceló a todos los conscriptos de la patrulla y a un oficial que no tenía nada que ver con ella. Al final resultó que uno de los conscriptos, Leonardo Riquelme Alarcón, confesó algo que nunca había dicho antes: haber sido él quien, accidentalmente, volcó uno de los recipientes de vidrio altamente explosivos que portaban Quintana y Rojas, como resultado de lo cual fueron quemados, por estar tendidos en el suelo en el momento de su detención. Y finalmente el oficial injustamente imputado por Carroza de participar en los hechos, y que fue objeto de acusaciones con gran publicidad, quedó libre de cargos. En definitiva, se aclaró que el Gobierno Militar nada tuvo que ver en el episodio y que nada habría sucedido a Quintana y Rojas si no se hubieran concertado para incendiar buses y quemar pasajeros y una patrulla no los hubiera sorprendido en eso.

          

           De paso, de once hombres modestos que eran conscriptos en 1986 y formaban la patrulla, nueve mantuvieron su versión de entonces, aun sabiendo que otros dos, que la cambiaron al gusto de Carroza y del oficialismo, fueron recompensados y no se vieron privados de libertad. Eso renovó nueve onceavas partes de mi fe en los chilenos, en momentos en que hay tan pocas razones para mantenerla incólume.

          Ahora el juez Carroza, con motivo del “caso Cheyre”, nuevamente trasgrede la prescripción y la cosa juzgada, pero además también la amnistía, al reabrir el caso de la comitiva del general Arellano, de octubre de 1973. Esto a raíz de que la prensa y la justicia de izquierda están reduciendo a escombros la expectable muralla de inmunidad que se había labrado el general Cheyre bajo el reinado de la Concertación, gracias a su “nunca más” y a haberse congraciado con la extrema izquierda, echándole la culpa de todo lo malo acontecido en Chile a su Ejército, con estas tan memorables cuanto históricamente erradas palabras suyas publicadas en “El Mercurio” de 10 de diciembre de 2004: “El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.

          ¡Es decir, Allende y la UP tenían a diez mil hombres en armas (Altamirano) y más de diez mil extranjeros (Aylwin) para dar el golpe de mano el 19 de septiembre de 1973, de acuerdo con su autentificado “Plan Z” (Gonzalo Vial)  –-amenaza que explica el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 llamando a los militares y la acción de éstos del 11 de septiembre siguiente— y resultaba al final que, según Cheyre, la culpa de todo era del Ejército de Chile!

          Bueno, eso explicó por qué ese general se convirtió en “hijo favorito” de la izquierda y la Concertación y ocupó expectables posiciones en la Universidad Católica y en la Dirección del Servicio Electoral, sin sufrir la menor “funa” ni procesamiento o condena, hasta que se cumplió una de las reglas de todas las revoluciones, como lo es la de que ellas terminan devorando a quienes las impulsan y prohíjan.

          Escribo bajo el influjo provocado por la lectura de un artículo del analista Fernando Balcells en “El Mostrador”, que no puede ser más lapidario e inculpatorio para Cheyre y el Gobierno Militar ni estar más alejado de todo concepto de la culpabilidad que tuvo la izquierda en Chile, como lo expresó Frei Montalva en su carta a Mariano Rumor en 1973: “A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación –y lo digo sin eufemismo alguno—corresponde al régimen de la Unidad Popular”.

Pues, en la “versión Balcells de la Historia” –apoyada en la autoinculpación  de Cheyre— toda la responsabilidad fue de los militares. Y ahora le pagan a aquél con la persecución y la denostación.

El “caso Caravana”, que no había tocado a Cheyre y había servido para condenar a otros por “haber estado ahí” y, en ciertos casos, aun sin “haber estado ahí” (muertes en Copiapó) se le ha venido encima también a él y ha debido renunciar a la Universidad Católica, donde tenía un alto cargo como “ex militar ‘bueno’”, y al Servicio Electoral, que llegó a dirigir antes de que la prevaricación se le viniera encima como a un ex uniformado cualquiera.

          Y el ministro Carroza ahora reabre el caso. Yo escribí un libro, “La Verdad del Juicio a Pinochet”,  basado en el expediente instruido por Juan Guzmán Tapia, de triste memoria y que tuvo su minuto de fama mundial cuando, sin ninguna base, procesó a Pinochet por él. Mi libro puede bajarse a los computadores, pagando una módica suma, en esta misma página. Pues bien: la ilegal reapertura decretada por el juez Carroza va a confirmar, estoy cierto, todas las tesis de ese libro acerca de la inocencia de Pinochet y Arellano en las muertes provocadas por miembros de esa comitiva sin conocimiento de sus superiores; y de paso va a confirmar la absoluta inocencia del propio Cheyre en los fusilamientos ilegales de La Serena.

          La “Caravana de la Muerte” ha sido el pivote fundamental de las peores imputaciones de atropellos a los derechos humanos formuladas contra el Gobierno Militar. Pues bien, auguro que la nueva prevaricación del ministro Carroza va a permitir a la opinión pública enterarse de gran parte de la verdad y de ello va a salir mucho mejor parada la imagen de la Junta Militar en general y de Augusto Pinochet en particular.

          “No hay bien (la verdad histórica) que por mal (desconocer la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada) no venga”. El refrán original reza: “no hay mal que por bien no venga”, pero quiere decir lo contrario, como recién lo cité. Yo atribuía este error a una cojera genética del raciocinio de los chilenos, pero lo encontré, también mal expresado, en el Quijote, que es de hace quinientos años, de modo que la cojera genética de nuestro raciocinio parece que nos viene del ancestro hispano. Sea como fuere, el bien de saber la verdad lo deberemos al mal de la prevaricación del juez Carroza y se lo tendríamos que agradecer.