Unas Horas con los Muertos-Vivos

          Asistí a un festejo navideño en el Gulag Chileno, llamado Punta Peuco, donde la izquierda, la DC y su carnal Piñera (que traicionó a aquéllos tras prometerles un juicio justo, pero sólo para captar sus votos) mantienen confinados a 65 soldados de los que pusieron el pecho a las balas terroristas después de 1973. Hoy son presos políticos, porque ninguna ley autoriza privarlos de libertad.

          Su promedio de edad es 76 años, pero los hay numerosos que son octogenarios. Algunos están afectados de Alzheimer, y no saben dónde ni por qué están, no obstante que muchos sin Alzheimer tampoco lo saben, pues nunca cometieron delito alguno. Y aun quienes los cometieron tienen derecho a la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada, ninguna de cuyas eximentes se les respeta en la forma cómo se les ha reconocido a los terroristas.

          Uno de los primeros que se me acerca al llegar es el suboficial de Carabineros Gamaliel Soto, de Temuco, para agradecerme un artículo en su defensa, que escribí tras él ser condenado a diez años por un secuestro que no cometió. “Pero debo rectificarlo”, me dice, “pues usted afirmó que yo detuve a una pareja de médicos del MIR en 1973 y la entregué sana y salva en un cuartel de la FACH, pese a lo cual estoy condenado por mantenerlos secuestrados hasta hoy. En realidad, ni siquiera los detuve: yo sólo estaba en la comisaría cuando desde ella fueron llevados a la FACH y lo único que hice fue mirarlos partir. No tuve ninguna participación”.

Está resignado a seguir muchos años preso, en una nueva categoría, pues a la de “haber estado ahí” y la de “no haber estado ahí, pero ser acusado de estarlo” se añade la de “haber mirado ahí”. Porque en Chile no hay justicia para los PPM (presos políticos militares), a quienes ni siquiera, muchas veces, se les otorgan beneficios carcelarios que a los delincuentes sí se les dan.

          También se me acercó José Cáceres, oficial de la Armada condenado a cinco años y un día en memorable fallo redactado por el ex ministro de Justicia, Luis Bates. En el fallo se refiere a los oficiales como “los delincuentes”, no siendo ése su oficio, sino el de oficiales de la Armada; habla de que “se levantaron en armas contra el gobierno legítimamente instalado” y acusa a Cáceres y otros de mantener secuestrado al extremista Rudy Cárcamo desde 1974 hasta la fecha, en circunstancias que no hubo secuestro, sino detención, y que el detenido fue llevado al cuartel Ancla 2 de Talcahuano. Pues, según el Código, los particulares “secuestran” y los funcionarios uniformados “detienen”.

Cáceres, que jamás siquiera supo de Cárcamo, agradece mis referencias a su situación y me informa que, estando completa y oficialmente acreditado que él no estaba en el cuartel Ancla 2 en la fecha de la detención, ha interpuesto ante la Corte Suprema un recurso de revisión de la sentencia que lo condenó.

Ésta es notable, porque fue dictada a raíz de un recurso de casación del Ministerio del Interior de Piñera contra sentencias de primera y segunda instancia que habían condenado a los marinos a 541 días de pena remitida, con lo cual se habían conformado querellantes y querellados. Pero el odio marxista, ampliamente acogido por el régimen del referido Piñera, pudo más y consiguió que la sala penal de la Corte Suprema, que todavía odia más a los militares que el gobierno anterior, les subiera la condena a cinco años y un día de pena efectiva. Por “haber estado ahí” (que es lo único probado) y hasta, en el caso de Cáceres, por “no haber estado ahí”.

          Durante la visita estoy cerca de un reo octogenario que parece muy conforme comiendo una empanada que le han llevado sus camaradas. Éstos me dicen que él no sabe dónde está ni por qué, no obstante lo cual los jueces inquisidores lo convocan a careos con personas a las cuales, por supuesto, no reconoce, y en cuyo curso manifiesta creer que ha vuelto a su hogar. En los países civilizados se considera un atropello a los derechos humanos mantener preso a un octogenario que ha perdido la razón, pero en Chile, en lugar de liberarlo por respeto a sus derechos humanos, la dictadura judicial lo castiga por violarlos.

          Más tarde se me acerca y me abraza el “villano favorito” de los jueces de izquierda, el brigadier Miguel Krassnoff. Es todo un caballero y su hoja de servicios en el Ejército fue brillante, pero decidió acogerse a retiro cuando comenzó la persecución judicial ilegal en su contra, todo a partir de la famosa carta de Aylwin a la Corte Suprema pidiendo desconocer la amnistía. Hoy he leído, ya sin sorpresa, un artículo de elogio a Aylwin de un columnista de derecha en “El Mercurio”, bajo el título de “El Presidente de Todos”. Pero ciertamente no lo es de los PPM, contra los cuales abrió la compuerta a la dictadura judicial de izquierda que los ha enviado y seguirá enviando al Gulag Chileno, Punta Peuco.

          Como decía un correligionario suyo, que en paz descansa, Aylwin usó a los militares para echar a los comunistas y luego usó a los comunistas para condenar a los militares, lo cual ha despertado la admiración de la derecha salvada por los primeros, pero eternamente malagradecida.

          Un uniformado en retiro que ha organizado el festejo para los muertos-vivos me pide que les dirija unas palabras. Yo les agradezco lo que hicieron por Chile, en nombre de los salvados por ellos, tanto agradecidos como malagradecidos, y los insto a que escriban el relato de la verdad de sus respectivos casos, pues ésta desafía toda verosimilitud. 

          Poco antes se me había acercado el general Ruiz Bunger, quien fuera baleado por el Frente terrorista rojo junto al general Leigh, y que a raíz de ello perdió movilidad en el lado izquierdo. Quien le disparó, Pablo Muñoz Hoffman, fue reconocido por él al ser detenido. Acudió entonces al juez de izquierda pertinente, pero éste le dijo que no podía proceder contra el extremista, basado en su solo testimonio.

          El brigadier Willeke, de ascendencia alemana, que cumple condena por el caso Prats, no obstante que la jueza argentina Servini de Cubría le dijo textualmente: “Yo sé que usted no tuvo que ver en el caso Prats, pero necesito que me diga todo lo que hacía la DINA”, y como se negara a revelarle a una extranjera los secretos de inteligencia chilenos, cumple condena y entonces les hace clases de alemán a los otros prisioneros políticos.

          Pero el Gulag Chileno es un presidio de caballeros y no de delincuentes, y por lo tanto funciona bien. Los baños están limpios, porque ellos los asean. Hay orden, porque ellos lo respetan. Hay actividades constructivas, porque ellos las organizan. Conversé con el campeón de ajedrez del recinto, un oficial de apellido italiano.

          No pude dejar de recordar, por contraste, cuando en los ’60 el Ministro del Interior de Frei Montalva, Bernardo Leighton, el “Hermano Bernardo”, que era “hermano” para la izquierda, pero no para la derecha, ordenó encarcelar a la directiva del Partido Nacional en la hacinada cárcel pública, a raíz de una declaración que estimó sediciosa. El presidente del PN, el reputado jurista Víctor García Garzena, debió pernoctar en una celda colectiva, con delincuentes comunes, y cuando manifestó, a la mañana siguiente, un deseo insólito para el penal, el de ducharse, los reos le dijeron que primero debían limpiar el suelo cubierto de excrementos, y lo hicieron; después, reconociendo su condición, hicieron un círculo alrededor de él, manteniéndose de espaldas, con el mayor respeto, mientras don Víctor se duchaba.

          El odio de la izquierda pretende empeorar todavía más la condición de los PPM, siguiendo la despreciable línea de Piñera, y mandándolos a un penal común, donde el hacinamiento general les impida llevar una existencia ordenada como en Punta Peuco. Ya una mujer izquierdista odiosa denunció haber visto en el Hospital Militar al brigadier Krassnoff sin grilletes ni el chaleco que dice “imputado”, y lo ha denunciado, lo cual se ha traducido en que a otros oficiales les exijan usarlo y engrillarse. Pero ellos se han negado a concurrir en esa forma, con perjuicio para su salud, pero no para su dignidad.

          Las cárceles comunes son indecentes y dispensan un tratamiento que ni siquiera los delincuentes merecen. El Gulag Chileno, por el contrario, es una cárcel decente, pero no por virtud del Estado, sino porque sus internos son personas decentes, aunque los fallos sesgados de la justicia DC y de izquierda les imputen conductas delictivas.

          Y alguna vez, cuando tengamos un gobierno decente, muy distinto, por cierto, del anterior y del actual, en Punta Peuco se podrá levantar un memorial de los abusos y atropellos que allí se cometieron contra ancianos soldados que lo único que merecen y no tienen es igualdad ante la ley y el agradecimiento de su pueblo.