La Mayor Inmoralidad de Nuestros Días

                Esta mañana fue públicamente confesada, por uno de sus autores subalternos, la mayor traición política de nuestro tiempo, que viene a coronar el que es, a su turno, el mayor escándalo moral y judicial contemporáneo en Chile: el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en ceremonia pública a la cual concurrieron el Ministro del Interior y los otros dos Subsecretarios de la misma cartera, con el Presidente de la República ubicado en el lugar en que mejor se siente, es decir, el centro de la escena ante los focos y las cámaras, confesó que bajo su gestión, a los 246 casos judiciales por querellas de derechos humanos en que se había hecho parte esa cartera hasta el gobierno anterior, él había añadido otras 912 querellas bajo el actual, es decir “un 270%  más”, como declaró orgulloso, de persecuciones inconstitucionales, ilegales y arbitrarias (tres sinónimos, según la “norma Piñera”). Todo de acuerdo a lo que informa “La Segunda” de hoy.

                El desdoroso anuncio se ha hecho con total cinismo, pues ha tenido lugar con la prensa convocada a Palacio para alcanzar la mayor difusión. En efecto, todo esto es históricamente vergonzoso, en razón de que el otrora candidato Sebastián Piñera, con el fin de conseguir los votos de los uniformados y de la familia militar, en la sede de los oficiales en retiro, en 2009, se comprometió a hacer valer el debido proceso en los juicios contra el personal en retiro que, siendo militares activos y llamados sus altos mandos por la mayoría democrática civil a través de la Cámara de Diputados, acudió a combatir con sus armas (“esto se arregla sólo con fusiles”, E. Frei) al ejército extremista clandestino forjado por comunistas, miristas, socialistas, mapucistas e izquierdistas cristianos en número de diez mil efectivos locales (C. Altamirano), además de doce a quince mil foráneos (OEA) que se preparaban para el asalto al poder total en 1973.

                El Piñera candidato fue particularmente enfático para prometer que defendería la aplicación de la prescripción en los “indebidos procesos”, pero, ya conseguidos los votos que le interesaban, “hecha la pasada” y obtenida la ganancia, según su hábito de toda una vida, no sólo olvidó su promesa electoral, sino que activó en la forma descrita hoy por su Subsecretario Ubilla y sumó, a las 246 querellas por hechos prescritos, amnistiados y frecuentemente falsos que Interior había iniciado bajo Bachelet, otras 912 propias. Es decir, no sólo incumplió en hacer respetar la prescripción, sino que ha sido activo para contravenirla ilegalmente.

                Próximamente se presentará la segunda edición de un libro históricamente importante, que el “establishment” chileno ha ninguneado de una manera que hace desmerecer a nuestra sociedad. Es el extenso estudio jurídico que describe las “inconstitucionalidades, ilegalidades y arbitrariedades” de los “Procesos Sobre Violaciones a los Derechos Humanos”, obra del jurista Adolfo Paul Latorre. Tras la recuperación moral que algún día (que hoy se ve muy lejano) deberá sobrevenir en el país, ése va a ser un texto de estudio en la universidades e institutos de investigación interesados en saber por qué el Poder Judicial en particular y la sociedad chilena en general pudieron caer a tan bajos niveles de solvencia moral.

                Testimoniando la profundidad de esa crisis ética, un reciente fallo judicial ha aplicado precisamente, y con llamativo cinismo, la eximente de la prescripción a los asesinatos múltiples, premeditados, a traición y con alevosía de cinco uniformados en 1986, cuya autoría intelectual reinvindicara no hace mucho el diputado comunista y “encargado militar” del partido, Guillermo Teillier, en forma pública y con notable desplante. El abogado y ex militante de la UDI, Raúl Meza, tuvo el coraje de presentar una querella por el quíntuple crimen, hasta hoy impune, tomando pie de que precisamente la jurisprudencia actual de los tribunales sostiene que la prescripción no ampara homicidios. Pero como nuestros Tribunales son tales, pero no de Justicia, desecharon la querella contra Teillier aplicando, en su caso, la prescripción, no obstante lo cual ayer mismo el diario digital “Chile Informa” da a conocer que la Sala Penal de Izquierda de la Corte Suprema ha condenado a cinco años de presidio efectivo al general (r) de Carabineros, Patricio Jeldres, por la muerte, en octubre de 1973, de dos dirigentes socialistas.

                ¿Por qué el responsable de un quíntuple asesinato a sangre fría ocurrido hace 26 años, públicamente confeso de su autoría, es eximido de responsabilidad por prescripción, y el supuesto autor de dos muertes hace 40 años, que niega su participación, no es amparado por esa eximente? La respuesta correcta es que sólo porque nuestros tribunales están integrados por jueces de izquierda, que condonan los crímenes de izquierda de hace 26 años y castigan ilegalmente a los acusados de la muerte de izquierdistas hace 40 años. Es simplemente un tema de pertenencia política. ¿Estado de Derecho? Eso no existe en Chile.

                El caso del general Jeldres es particularmente revelador del odio político que prevalece tanto en el Ministerio del Interior de Piñera como en la Sala Penal de la Corte Suprema. Pues dicho general (r), fue absuelto por el Juez de Primera Instancia de Chillán. Luego la Corte de Apelaciones de Izquierda correspondiente lo condenó, pero como su nivel de odio político no alcanza al del Ministerio del Interior de Piñera  ni al de la Sala Penal de la Suprema, le impuso cinco años y un día de libertad vigilada.

Entonces la abogada del Ministerio del Interior de Piñera y subordinada de Ubilla, Patricia Parra, recurrió de casación ante la Corte Suprema, confiada en que el odio finalmente se impondría, y así consiguió que los ministros Juica, Künsemüller, Brito y Blanco, transformaran los cinco años y un día de libertad vigilada en igual tiempo de presidio efectivo. El ministro Dolmetsch, en cambio, probó que su nivel de odiosidad es menor y votó por mantener los cinco años y un día de libertad vigilada. Naturalmente, Moya pagará quinientos millones de pesos a los parientes de los dos dirigentes socialistas (¿cuánto de eso irá a parar a las manos de los “abnegados abogados de derechos humanos”? Mi pálpito: 60%.) El general (r) Jeldres ingresará a Punta Peuco.

Pero la Corte Suprema prevaricó de manera diferente a la de Apelaciones, según la cual los dos dirigentes permanecían secuestrados en manos del  general Jeldres (una mentira tan flagrante como frecuente). Pues sostuvo una ilegalidad distinta: que la razón para que no se aplicaran la prescripción ni otras eximentes es que se trató de “delitos de lesa humanidad”. Pero éstos no existían en la legislación en 1973 (“no hay crimen sin una ley previa”), sino que fueron establecidos por la ley 20.352 de 26 de mayo de 2009, la cual, además, expresamente declara que no regirá para hechos anteriores a su vigencia. Ilegalidad sobre ilegalidad. Además, la muerte de los dos dirigentes socialistas no se encuadra en la tipificación que hace esa ley de los delitos de lesa humanidad. Ilegalidad sobre ilegalidad sobre ilegalidad. En cambio, el quíntuple asesinato de uniformados que la “Justicia” declaró prescrito sí se encuadra mucho mejor en el referido tipo penal.

Pero, naturalmente, todas estas divagaciones tendrían sentido bajo un Estado de Derecho,  que sabidamente no impera en Chile.

¿No le suscitan estas situaciones de la realidad actual vergüenza de ser chileno y, en su caso, de haber votado alguna vez por Sebastián Piñera? Si su respuesta es “no”, quiere decir que es tiempo de que recurra a alguna instancia de dirección espiritual. Y si no lo hace, al menos debería sentir vergüenza de mirarse al espejo cada mañana.