¿Y Qué Habría Hecho Usted?

El 19 de octubre de 1973 el capitan Carlos Minoletti prestaba servicios en Calama. Hubo allí fusilamientos ilegales, en los cuales no tuvo parte y que fueron obra de oficiales ajenos a su regimiento, actuando éstos sin ninguna orden superior, que estaban de paso en el lugar.
Ese hecho provocó un gran trastorno en el cuartel y el comandante del regimiento ordenó al capitán Minoletti que tomara el mando de algunos soldados y enterrara los cuerpos de los fusilados, que habían sido dejados por los hechores a la intemperie en el desierto. Si usted hubiera estado en su lugar ¿se habría negado a cumplir esa orden? Yo confieso que no.
Años después, el Gobierno Militar se encontró con que aparecían cuerpos de personas que habían sido ejecutadas y enterradas en diversos lugares, sin conocimiento de autoridades superiores, como en los casos de los hornos de Lonquén o de la cuesta de Barriga. Los efectos internos y externos de esos hallazgos fueron devastadores para la imagen del Gobierno Militar. Este decidió, entonces, que esas situaciones no podían repetirse y tomó una mala decisión: investigar en las filas uniformadas de todos los casos en que se hubiera sabido de entierros de personas ejecutadas ilegalmente y, en lugar de proceder judicialmente a investigar esas situaciones, entregar los restos a sus familiares y aplicar la Ley de Amnistía, que ya había beneficiado a centenares o miles de terroristas de izquierda y a un número comparativamente menor de uniformados, procuró ocultar todas las evidencias de esos hechos. Se designó con el lamentable nombre de "Operación Retiro de Televisores" a la tarea de ubicar los cuerpos, exhumar los cadáveres y lanzarlos al mar.
El capitán Minoletti, que había procedido a las sepultaciones de Calama, reveló que sabía el lugar donde estaban esos cadáveres y entonces recibió la orden de exhumar los cuerpos y entregarlos en el aeródromo de Antofagasta. Así lo hizo. Al entregarlos se enteró de que iban a ser cargados en un avión y lanzados al mar. Si usted hubiera estado en su lugar ¿se habría negado a revelar la ubicación de los restos y a cumplir la orden? Yo confieso que no.
A fines de los años '90 el ministro sumariante Juan Guzmán Tapia investigó --de una manera penosamente ilegal, desconociendo la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada, pues en 1986 un tribunal ya había conocido y sobreseído los hechos-- el caso de los fusilamientos de Calama. Citó a prestar declaración al capitán Minoletti, que ya era mayor y estaba retirado, y lo dejó en libertad, porque no había cometido delito alguno, sino que se había limitado a obedecer órdenes, tanto de inhumar como de exhumar cuerpos. No tenía atribuciones ni elementos de juicio para saber si se trataba de actuaciones legales o ilegales, pues se las ordenaron en ambos casos sus superiores jerárquicos.
El mayor (r) se fue a vivir a los Estados Unidos con su familia. Allá enfermó del corazón y se le implantó un marcapasos. En 2007 supo que otro juez estaba investigando los hechos de Calama y requería su presencia. Ante esa situación cometió un grave error de juicio: creyó que en Chile había Justicia y Estado de Derecho. Y confiadamente tomó un avión y se presentó a declarar ante el nuevo ministro sumariante. Éste lo sometió a proceso, a la usanza de la nueva justicia de izquierda que se había impuesto en Chile. Estuvo preso y logró su libertad bajo fianza, pero han pasado cuatro años y se le mantiene arraigado, sin poder financiar las intervenciones quirúrgicas que demanda su condición cardíaca. Su enfermedad estaba cubierta por un seguro de salud en los EE. UU., pero éste no cubre los gastos generados acá. Fue separado de su mujer y sus hijos, que viven allá. Y todo ¡sin que siquiera se le haya citado nuevamente para ninguna diligencia judicial, desde 2008!
Nadie le hace el menor caso. Hace años me fue a ver y me refirió su odisea y su drama, que directamente amenaza su vida. Yo expuse su caso públicamente, en vano, por supuesto.
Ha formulado decenas de peticiones a los tribunales, sin éxito, para que se le deje volver a su domicilio y su familia en los EE. UU. En los tribunales colegiados sus peticiones son rechazadas por mayoría de votos, los de la mayoría que tienen los jueces de izquierda. Siempre hay una minoría de ministros que reconoce el atropello que han sufrido sus derechos humanos, pero éstos no le importan a la mayoría de izquierda.
Le escribió al Presidente de la República, que prometió durante su campaña presidencial velar por que la ley se respetara a los uniformados en retiro, pero éste le contestó que no podía hacer nada ante un proceso judicial, lo cual no es verdad, pues tiene la atribución de indultarlo (sobre todo si no ha cometido delito). Entonces le escribió a la señora del Presidente, pero ella le contestó lo mismo. La última carta, cuya copia me ha hecho llegar, la dirigió al Presidente de la Corte Suprema. No creo que deba esperar respuesta a ella, ni menos acogida.
Como en Chile no rige el Estado de Derecho para quienes fueron uniformados, el mayor (r) Minoletti parece que deberá resignarse de por vida a estar lejos de su hogar, de su mujer y de sus hijos, sin saber si podrá costear los gastos de su enfermedad (y sí sabiendo que si no lo hace perderá la vida).
No ha cometido ningún delito ni ha "atropellado derechos humanos", aunque sí ha visto atropellados los suyos. Deambula de una instancia a otra, tratando de obtener justicia en un proceso kafkiano.
Es otra modalidad de "the Chilean way".