Otro Esqueleto en el Armario

"El Mercurio" se hizo eco discretamente ayer de la información de "Clarín" de Buenos Aires sobre el pago de comisiones ilegales a un asesor de confianza de un ministro de Transportes argentino, Ricardo Jaime, por parte de LAN, por un monto total de un millón 150 mil dólares, a fines de 2006 y comienzos de 2007, cuando era accionista controlador de la empresa el actual Presidente chileno.
El asesor, Manuel Vázquez, depositó los pagos en una cuenta del Banco Wachovia de Miami, abierta a nombre de su señora.
Amplió esta información acá el diario digital "El Mostrador". No apareció, que yo sepa, en otros diarios.
"Clarín" publicó que los pagos había sido hechos por LAN a través de su funcionario Ernesto Ramírez, responsable de LAN Cargo. Asimismo, detalló los pasos que permitieron la instalación de LAN en Argentina, que implicaron la compra de una empresa de aviación de allá que no tenía aviones, pero sí derechos de vuelo, y la modificación por decreto del Presidente Kirchner de otras normas. Para conseguirlo se había entrevistado el mencionado accionista controlador de LAN, acompañado del mismo funcionario de la empresa, Ernesto Ramìrez, en 2005, con el mismo Presidente Kirchner, cuyo ministro Jaime, hoy investigado por pagos recibidos, extendió las correspondientes autorizaciones.
"El Mostrador" señaló esta mañana que los diputados DC Jorge Burgos y Alejandra Sepúlveda se propondrían formar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para precisar responsabilidades en el presunto pago de comisiones ilegales por parte de LAN a funcionarios argentinos, pues ello sería constitutivo de delito de acuerdo con la legislación chilena.
El diputado Burgos es, sin duda, tenaz, pues ya sufrió la deserción de algunos de sus colegas concertacionistas cuando se trató de investigar la compra de acciones de LAN con información privilegiada. Asimismo, la comisión investigadora de la intervención presidencial y de otros funcionarios de gobierno en la elección de la ANFP, solicitada por 51 diputados concertacionistas, también fracasó en la sala de la corporación, cuando varios de dichos diputados (cuyos nombres entregó un lector de este blog en un comentario) se arrepintieron e hicieron fracasar la iniciativa.
Seguramente el diputado Burgos confía en que, en esta oportunidad en que emerge del armario este nuevo esqueleto, (1) Contará con los votos suficientes para formar una comisión investigadora; (2) Estos votos se mantendrán cuando se someta la iniciativa a la sala de la corporación; (3) Ellos también apoyarán las medidas investigativas que se proponga a la comisión; y (4) Los medios de comunicación estén más inclinados a informar de los hechos que en las anteriores oportunidades, en la primera de las cuales sólo se supo el desenlace por una solitaria y breve publicación de "La Segunda" de 17 de diciembre de 2009, pág. 24, que ningún otro medio recogió.
Porque en las demás ocasiones ha habido lo que yo he llamado "un modus operandi", cuyo preciso contenido no acierto a imaginar, que ha conducido a que, en el último momento, se frustren los sanos propósitos de transparencia y probidad que hoy, nuevamente, el diputado Jorge Burgos se esfuerza por convertir en realidad.