Un País Desvergonzado

El penoso espectáculo de la interpelación de la diputada comunista Carmen Hertz al ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras el que ambos terminaron tomados efusivamente de los brazos, contentos de coincidir en los juicios falsos e injuriosos acerca de la “dictadura”, que es como ambos llaman al gobierno que salvó a Chile, ha sido un testimonio más de cuán bajo hemos caído. 

Pues el gobierno anterior dejó un proyecto de ley para premiar con un “bono extra” de tres millones de pesos per cápita a todos los que alguna vez fueron interrogados respecto de atentados, hasta 1990. Eso debería costar al erario noventa mil millones de pesos, cuyo financiamiento el inmoral proyecto no especificaba. Y entonces la extrema izquierda “interpeló” al ministro por haberlo retirado, pero sólo por estar desfinanciado. Porque en materia de falsificación histórica el piñerismo y la extrema izquierda corren a parejas.

El único que ha dicho la verdad sobre esa iniciativa, el diputado Ignacio Urrutia (UDI), ha sido agredido, funado y desprestigiado en las llamadas “redes sociales”, que son un resumidero no sólo del detritus social sino también de las consignas falsas y del “bullying” a la verdad histórica.

Para que se entienda de qué se trata, reproduzco hechos de 1986, cuando el terrorismo comunista era más activo: el 4 de septiembre de ese año, en el aniversario de la elección de Allende, el FPMR comunista desató ataques con bombas y ácido contra garitas y vehículos de la locomoción colectiva y a todo ello se añadieron explosiones en un baño público en la Alameda (cuatro mujeres heridas), en la esquina de Teatinos con Alameda (36 heridos), en la  estación ferroviaria de Viña del Mar (tres heridos), en la estación Tobalaba del Metro (un muerto y seis heridos) y en la estación San Pablo del mismo Metro. Todo esto está documentado por diferentes autores y figura en mi último libro. ¿Qué podía hacer la autoridad ante tanto terrorismo? Lo mismo que ahora: interrogar a sospechosos, apresar a los sorprendidos en actividades terroristas y recolectar información en su entorno.

Pero, como se recordará, en un acto de infinita impavidez histórica Ricardo Lagos discurrió una comisión para premiar a los terroristas de izquierda y creó la “Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura”, que aprobó dar pensiones vitalicias a todos los que hubieran sido interrogados por hechos de terrorismo entre 1973 y 1990. 

Obviamente, después de atentados como los arriba descritos las policías no interrogaban a los ingenieros hidráulicos ni a los farmacéuticos ni a los decoradores de interiores, sino a los sospechosos de terrorismo, es decir, al entorno del MIR, FPMR y grupos que ponían las bombas e incendiaban vehículos de la locomoción colectiva y particulares. Pero, pasados los años, los “indemnizados” no están contentos con las pensiones vitalicias que reciben desde 2005, el premio discurrido por Lagos (tal vez porque a su vez en su juventud también ponía bombas, como lo denunció en su biografía el revolucionario Clotario Blest, víctima inocente de ello, porque lo procesaban a él por las que ponía Lagos).

Pero hay que acreditarle a Hernán Larraín una cosa que dijo durante la interpelación, y que es una verdad histórica, similar a otra que comenté en este blog el mes pasado bajo el título de “Pillado Diciendo la Verdad”, cuando denunció, sin saber que estaba siendo grabado, que tenemos una justicia de izquierda. Pues en la reciente interpelación dijo otra verdad muy importante: que al extremismo el fisco le ha dado ya 6.170 millones de dólares. ¿Se dan ustedes cuenta? ¡Casi otro Transantiago! Pero con un objeto ilícito, como lo es premiar una actividad ilícita.

Yo he denunciado reiteradamente que al extremismo de izquierda y a su entorno  el fisco les da 400 millones de dólares anuales en pensiones reparatorias, beneficios de salud y educacionales, indemnizaciones por caídos en actos de servicio terrorista y otros pagos. Pero me he quedado corto, pues el principal dirigente de los “exonerados políticos”, como llaman a la gente en exceso que contrató la UP entre 1970 y 1973, y que el Gobierno Militar debió desvincular para poder recuperar el equilibrio presupuestario, ha revelado que les dan otros 400 millones de dólares en exceso, porque hay no menos de cien mil “falsos exonerados”. Así lo ha denunciado en entrevista a Tomás Mosciatti en CNN. 

Todo esto es una completa vergüenza y, como parece que nadie la siente, éste es un país desvergonzado.