Debate de País Desinformado

          Ha habido un largo debate, en “Cartas” de “El Mercurio”, a propósito del proceso contra el ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, entre un profesor de la Universidad Diego Portales, Jaime Couso, y el ex alcalde y ex ministro de Piñera, Jaime Ravinet, acerca de si el citado uniformado pudo o no negarse a cumplir la orden de fusilamiento contra 15 personas en el regimiento Arica de La Serena, el 16 de octubre de 1973.

          Pero hay una cosa en común entre ambos polemistas: su completo desconocimiento de los hechos. Yo los he estudiado y en 2000 escribí un libro acerca de ellos y otros acontecimientos contemporáneos, titulado “La Verdad del Juicio a Pinochet”, que estuvo bastante tiempo en la lista de los más vendidos y nunca fue refutado por nadie, como lo hizo notar años después el historiador Gonzalo Vial.

          La verdad fue que Cheyre no tuvo injerencia alguna en los 15 fusilamientos de La Serena. Ni siquiera el comandante del regimiento, coronel Ariosto Lapostol, supo con antelación de ellos, como tampoco el general Sergio Arellano, delegado de Pinochet, que recién había llegado y estaba reunido con aquél. Ambos se hallaban a bastante distancia del lugar de los fusilamientos, que resolvieron por sí y ante sí el comandante Sergio Arredondo, que venía en la comitiva de Arellano, la cual integraba por primera vez, y el oficial, reincorporado en 1973 al regimiento de La Serena, Tommy Harris. Ambos sustrajeron de la cárcel local a 15 izquierdistas y les dieron muerte sin juicio previo.

Tres de los fusilados probablemente iban a ser condenados a muerte por un Consejo de Guerra, por recomendación de la auditoría de la II División con sede en Santiago, de la cual dependía La Serena. Pero eso iba a ser resuelto allá. A Arellano se le había pedido llevar esa recomendación a La Serena. Las otras doce muertes no tenían por qué haber sucedido.

          Pero, acontecidos los hechos, el coronel Lapostol ordenó publicar al día siguiente, en el diario “El Día” de La Serena, un comunicado diciendo que los quince fusilamientos habían tenido lugar cumpliendo una sentencia del Tribunal en Tiempo de Guerra, lo cual no era efectivo, por cierto. Este comunicado fue llevado al diario por el teniente Emilio Cheyre, ayudante del comandante del regimiento y por orden de éste.

Entonces, si el 16 de octubre de 1973 hubiera habido una sentencia de muerte de un Tribunal Militar de La Serena, ésta habría debido referirse a sólo tres de los quince ejecutados. Pero tal tribunal quedó paralizado por el fusilamiento masivo y sólo hubo una anotación manuscrita en el respectivo expediente, dando cuenta de las quince ejecuciones. Ese expediente existía todavía en 1986, pero después desapareció misteriosamente.

          La verdad es que la situación de la justicia militar en 1973 era tan caótica que en 1975, dos años después, en la causa 5 A – 73, que se sustanció en la II División de Ejército, en Santiago, se dictó una sentencia rebajando de cinco años a 541 días la pena impuesta a Roberto Guzmán Santa Cruz, uno de los quince fusilados el 16 de octubre de 1973 en La Serena. Dicha sentencia le fue notificada a la madre del condenado, que había intercedido por él sin éxito en octubre de 1973. Poco después la Junta de Gobierno le concedió a ella una pensión de gracia, que rechazó indignada. Ella había sido partidaria de la Junta.

          Si “las instituciones hubieran funcionado”, cosa que rara vez acontece como es debido en Chile, el comandante del regimiento de La Serena debería haber denunciado las ejecuciones ilegales ante su superior jerárquico, el comandante de la II División en Santiago, que de acuerdo a un Decreto Ley de la Junta de Gobierno tenía plenas atribuciones judiciales, en su calidad de “Comandante de la Agrupación de Justicia y Seguridad Interior” (CAJSI) de la zona, para conocer y juzgar cualquier delito cometido bajo su jurisdicción. Pero el comandante de La Serena no denunció ni el CAJSI de Santiago juzgó.

          En los días siguientes los mismo lamentables hechos de La Serena se repitieron, con el mismo protagonista, en Antofagasta (14 fusilados) y Calama (26 fusilados), ahora bajo la responsabilidad del CAJSI de la I División, general Joaquín Lagos Osorio, al cual el general Arellano instó a proceder contra el referido protagonista, pero Lagos Osorio se negó y prefirió desde entonces, mediante comunicados públicos, culpar a la Junta de las ejecuciones ilegales y después al delegado del general Pinochet, al general Arellano, y al propio Pinochet. El CAJSI de la I División se demostró, pues, mucho peor que el de la II, que no hizo nada (si bien no fue requerido a hacerlo) pero tampoco falseó los hechos.

En realidad, después, en 1999 y 2000, el general Lagos Osorio se convirtió en uno de los principales acusadores del general Pinochet ante la opinión pública y en el habitual “juicio por los diarios”, habiendo sido el principal responsable de no juzgar los hechos que sucedieron bajo su jurisdicción. Con todo, esos hechos habían sido conocidos y juzgados por el Juzgado del Crimen de Antofagasta en 1986 y declarados debidamente amnistiados.

          Cuando habitualmente se habla de “los crímenes de Pinochet” se hace en referencia a las anteriores 55 muertes en que no tuvo arte ni parte. Habitualmente se le añaden otras 17 acaecidas en Copiapó, cuando la comitiva del general Arellano ni siquiera había dejado Santiago (ver mi blog anterior, del 12 de mayo, “La Verdad Desterrada”).

          Todo esto prueba que es verdad que algunas instituciones no funcionaron después del 11 de septiembre de 1973… pero no debe olvidarse que tampoco casi ninguna funcionaba antes de esa fecha, y por eso la mayoría democrática llamó a los militares. Y actualmente los Tribunales, en manos de la izquierda, tampoco funcionan, al menos en su aspecto esencial de respetar las leyes en juicios contra militares (r).

Pero valga aclarar que entre los militares algunos respetaron el funcionamiento de las instituciones después del 11 de septiembre de 1973. Por ejemplo, el hoy general (r) y entonces comandante y CAJSI de la III División de Ejército (Concepción), Washington Carrasco, que se aproxima a cumplir cien años, goza de libertad y no ha tenido problemas con la justicia. Bajo su mando parece que se hacían respetar las normas. Ni siquiera los jueces de izquierda, que han intentado perseguirlo y no respetan las leyes, han logrado acusarlo. “Hizo funcionar las instituciones” mejor que otros.

          En todo caso, el debate Couso-Ravinet, derivado del procesamiento actual e ilegal de Cheyre por ejecuciones en que nada tuvo que ver, estuvo completamente fuera de tiesto, porque se apartó de los hechos. Pues el tema central del mismo, si hubo o no “obediencia debida”, no tiene relevancia práctica alguna, porque llevar un comunicado a un diario por orden de su superior, que fue lo único que hizo el teniente Cheyre el 16 de octubre de 1973, nunca ha sido delito.