Eficacia Política de una Cara Dura

          En los momentos en que Laurence Golborne es formalizado por haber emitido facturas ideológicamente falsas por 378 millones de pesos para financiar sus campañas presidencial y senatorial, ha surgido, lapidaria, la voz del ex Presidente Piñera en radio Pudahuel diciendo: “Está bien que los fiscales y la justicia hagan su trabajo, para que Chile sea cada día más probo y podamos erradicar las malas prácticas”.

          ¿No es increíble? Está publicado y no contradicho que sus empresas-insignia, Bancard y Bancorp, recibieron una cantidad parecida a la de Golborne para financiar, con facturas ideológicamente falsas, su campaña presidencial de 2009 y 2010. Por añadidura, ha quedado en evidencia que, además de esos fondos, obtuvo otros por alrededor de 300 millones de pesos de otras empresas que creían contribuir a la misma campaña suya, pero que esos fondos fueron empleados para pagar bonos de desempeño a ejecutivos de su canal de TV, Chilevisión.

Es decir, se benefició personal y pecuniariamente de la simulación. Y hasta hoy no sólo permanece impune, sino que se erige en predicador de la puridad pública y elogia a “los fiscales y la justicia”, por “hacer su trabajo”. El cual, al parecer, consiste en perseguir a los demás y dejarlo a él en la más completa indemnidad, tanta que le permite erigirse en un Savonarola acusador, a cargo de velar por la probidad pública. ¿En qué país estamos?

               La vara con que la justicia y los medios miden a unos y otros de quienes han recurrido a conocidos artificios para financiar campañas es enteramente dispar. Desde la impunidad de Piñera y el sobreseimiento y la libertad que han beneficiado a Ominami, en un extremo, hasta el encarcelamiento de Jaime Orpis por constituir “un peligro para la seguridad de la sociedad”, la sin par “justicia” y la inefable prensa chilena vuelven a dar testimonio de su, no ya doble, sino múltiple estándar.

Porque a Orpis se le ha perseguido por supuesto cohecho por haber defendido un proyecto pesquero que no fue obra suya, sino del gobierno de Piñera, e impulsado por éste. ¿Por qué pensar que Orpis fue “cohechado” y el Presidente originador e impulsor de la iniciativa no? ¿Por qué el primero ha sido arrastrado por el fango del desprestigio, como alguien sediento de lucro –habiendo sido un hombre que toda su vida ha dedicado desinteresadamente trabajo y recursos a obras de auxilio a caídos en la droga— y el segundo, libre de todo cargo y ludibrio, es ovacionado por sus correligionarios ex DC del PRI, al exponer sus “ideas humanistas y socialcristianas” (“La Segunda”, 29.06.16? ¿Tanto puede lograr una cara dura en este país?

          Al menos a otro que la tiene de similar dureza, el senador Pizarro, le ha acaecido que sus hijos, culpados de la recolección de fondos electorales para beneficio de él, han sido objeto de formalización. En cambio, la exitosa defensa de Piñera declara públicamente que “Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso cuelga del área de empresas de los hijos… Por eso Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión”. Y reitera que “jamás supo nada” del asunto. No tuvo idea de que su campaña recibió 340 millones de pesos de SQM (cuya secretaria encargada de las donaciones electorales lo vio trasponer la misma puerta de la empresa que otros candidatos solicitantes de fondos) ni se enteró de que su patrimonio se había engrosado en 300 millones de pesos por otras empresas que pagaron bonos que de otro modo habría debido pagar él.

          ¿Y por qué, si no estaba enterado de tales irregularidades, al saberlas no se querelló, como correspondía, contra los responsables de sus empresas-insignia autores de esas faltas a la probidad? Se lo preguntó hace tiempo un senador de su ex partido, RN, pero él nunca le contestó.

          Queda de nuevo probado que una cara dura tiene más valor en la política chilena que la más impecable hoja de vida política y personal.