El Partido de los Destructores de Valor

Hay un partido mayoritario en Chile, pero que nunca se ha registrado en el SERVEL. Si lo hiciera, arrasaría en las elecciones: es el de los que destruyen valor, el de los que apenas ven alguna iniciativa creadora, se lanzan encima y aglomeran para hacerla fracasar.

Ahora se les ha dado en el gusto bajo el lema "no al lucro en la educación". Pues bajo el Gobierno Militar, que sentó las bases en Chile para una sociedad libre, se establecieron dos libertades fundamentales, entre muchas, en la Constitución: la de trabajo y la de enseñanza. Y, en concordancia con eso, se dictó la ley orgánica constitucional de educación que permitió crear universidades, lo que antes estaba vedado a cualquier particular.

Cuando en una sociedad libre hay una necesidad insatisfecha, siempre existe un buen premio para el que se ofrezca a satisfacerla. En Chile había una gran necesidad de universidades, y por eso cuando se estableció la libertad de crearlas se fundaron muchas y se multiplicó por seis el número de jóvenes chilenos que accedió a la educación superior.

Pero en el fondo de todo chileno siempre late un virus socialista, contrario a la libertad, y entonces a alguien se le ocurrió, en el propio Gobierno Militar o en la Junta, o en ambos, que no se podía establecer la libertad de fundar unversidades así como así, sino que se les debía poner una cortapisa. Porque los chilenos somos socialistas desde la colonia, cuando estaba fijado hasta el precio de los clavos de las herraduras; o desde los pueblos originarios, que no conocían la propiedad privada cabal. Entonces el virus socialista que había en el Gobierno o en la Junta o en ambos discurrió la gran tontería de establecer que las universidades no podían tener fines de lucro. Y lo pusieron en la ley, pese a que la Constitución garantiza la libertad de trabajo con una retribución, es decir, un lucro; y la libertad de enseñanza, es decir, la de educar en cualquier nivel obteniendo esa retribución o lucro. Y el virus quedó ahí, tal como había quedado lo de la propiedad estatal de todas las minas, engendro socialista que costó mucho deshacer, pero por lo menos se deshizo durante el propio Gobierno Militar, cuando se creó el derecho real de concesión minera, para sortear el virus estatista que habían introducido algunos militares en la Constitución (no me extrañaría que surgiera alguien que quisiera revivirlo y destruir valor en la minería).

El hecho es que la libertad de fundar universidades permitió crear mucho valor. Había una necesidad de enseñanza universitaria y un buen premio por impartirla. Decenas de universidades se fundaron y se convirtieron en un negocio muy rentable. Por eso llegaron inversionistas extranjeros y compraron universidades chilenas y las hicieron crecer. Y hubo chilenos que también levantaron fortunas en ese rubro. Porque, tal como en la minería, había maneras legales de eludir la inconstitucional prohibición del lucro que había sido establecida por la ley orgánica constitucional.

Hasta que apareció "la calle", esa genial personificación de lo peor del alma nacional, donde se imponen la violencia y la consigna. Y una consigna que prendió el año pasado en la calle fue "no al lucro en la educación". Y donde encontró más asidero fue en la letra de la ley orgánica de la enseñanza universitaria que, tal como el virus de la hepatitis B, había sido contagiado y estaba latente, pero el cual la realidad de las libertades constitucionales había permitido sortear "de facto".

Obedeciendo a la calle se formó una comisión parlamentaria contra el lucro en las universidades. Como de costumbre, gente de derecha arrancó hacia el bando socialista. Y ahora está en manos de la justicia criminal el asunto, pues se buscará convertir en delito la conducta de enseñar en universidades obteniendo una retribución, es decir, un lucro.

La cantidad de valor que ya se ha destruido y todavía se promete destruir es inmensa. Si a todos los inversionistas nacionales y extranjeros que han invertido en la enseñanza superior les permitieran arrancar del país sólo con los aportes que pusieron, lo harían felices. Pero ya están presos. Ya una gran parte de las gigantescas inversiones que hicieron se ha perdido, pues valen mucho menos: ¿quién en cualquier lugar del mundo va a querer invertir en educación superior en Chile si cualquier ganancia que obtenga es considerada delictual?

Si imperara el estado de derecho el problema no sería muy grande, porque el Tribunal Constitucional debería restablecer la vigencia de la Carta Fundamental y dictaminar que una ley que prohíbe el lucro en las universidades (porque, curiosamente, en los institutos profesionales y centros de formación ténica y colegios no está prohibido) es inconstitucional. Pero todos sabemos que en Chile las consignas callejeras prevalecen sobre el estado derecho. Si no fuera así no habría centenares de presos políticos y procesados uniformados sin fundamento legal. Si no fuera así el ministro Solís habría tenido alguna vez que tomarle declaración indagatoria a Miguel Krassnoff antes de condenarlo a más de un siglo de presidio. Pero el hecho es que no hay estado de derecho para esos casos.

Y el país, entonces, está comprometido entusiastamente en la destrucción de valor en las universidades. Y así vamos marchando por las calles, "creando el Chile del futuro", del cual sólo una cosa podemos predecir con certeza, si todo sigue igual: que será peor, que valdrá mucho menos como sociedad, porque una gran mayoría de ella se ha dedicado a destruirle su valor.