Miserias de la Chilenidad Actual (II)

CAPÍTULO III

 “CRÍMENES, EXILIO, TORTURAS Y DESAPARECIDOS”

      Sólo diciendo todo eso sin respirar y sin probar nada ya se descalifica al Gobierno Militar en nuestros días. Tal retahíla es repetida por una mayoría en Chile y por otra, todavía mayor, en el extranjero. Eso es crónico, habitual y casi automático. ¿Es que no hay nada de verdad en eso? Hay parte de verdad, pero se oculta lo sustancial o la mayor parte de la misma. Conociéndola en su totalidad cambia completamente el juicio moral sobre el Gobierno Militar.

      Éste, hay que decirlo de partida, tuvo como principal preocupación defenderse de la asonada armada marxista pero, al mismo tiempo, también de la acusación propalada desde el KGB soviético en el sentido de que atropellaba los derechos humanos. Tenía que conciliar la defensa contra el terrorismo de extrema izquierda con el respeto a los derechos de las personas.

      Por eso la Circular N° 1 de la Junta de Gobierno se titulaba: “Dicta normas de conducta en procedimientos (que) empleen Fuerzas Armadas y Carabineros”, de 7 de enero de 1974, y comenzaba diciendo: “Nuestra etapa en el gobierno de la Nación no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que tengan que ocultarse a la ciudadanía y que sólo engendran una reacción de violencia, de odios y venganza…”. Y más adelante precisaba que el concepto de “mano dura no autoriza el empleo de procedimientos desterrados de la civilización”.

      Después la Circular N° 22 del Ministerio del Interior, de 25 de enero de 1974, ordenaba que la detención de personas sólo podía llevarse a cabo previo decreto del ministerio del Interior y ordenaba que todos los CAJSI (Comandantes de Agrupación de Seguridad Interior), que eran los jefes de zona, le enviaran listas completas de las personas detenidas a la fecha.

      Luego la Circular N° 74 de fecha 15 de febrero dirigida al personal de Carabineros llamaba a la “rectitud y corrección” de los procedimientos y condenaba “el uso de la fuerza física en forma inadecuada”.

      Después, en enero de 1976, se dictó el Decreto Supremo N° 187 prohibiendo los lugares secretos de detención.

Ese mismo año el presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, visitó los campos de detención de Tres Álamos y Cuatro Álamos y formuló a la Junta diversas denuncias de irregularidades  y malos tratos que observó.

      Al recibir este informe el ministro de Justicia, don Miguel Schwetzer, acompañado del subsecretario, Mario Duvauchelle, del Director del Servicio Nacional de Salud y del Director del Instituto Médico Legal visitaron los mismos campos de detención y comprobaron irregularidades, que generaron una fuerte reprimenda del Presidente de la Junta al Director de la DINA, con una severa advertencia a éste. En palabras de Duvauchelle, “Pinochet se lo sirvió”. Ver Gonzalo Rojas: “Chile Escoge la Libertad”, tomo 1, p. 232.

      Al año siguiente se disolvió la DINA, precisamente por incumplimientos en el tema de los derechos humanos.  

      El 11 de marzo de 1974 la Junta promulgó la “Declaración de Principios del Gobierno de Chile” que en una docena de páginas establecía, como primer punto, que “El Hombre tiene derechos naturales superiores al Estado” y en el numeral 5) prometía un “orden jurídico respetuoso de los derechos humanos”.

      Lo anterior desmiente que la Junta se hubiera propuesto “el atropello sistemático de los derechos humanos”, que es la consiga más repetida… y triunfante.

I.             Crímenes.

La enumeración de los atentados al general Carlos Prats, al ex ministro Bernardo Leighton, al ex canciller Orlando Letelier y al dirigente sindical Tucapel Jiménez parece cerrar la discusión: fueron “crímenes de la dictadura” o “crímenes de Pinochet”. Pero eso no es verdad.

En los tres primeros casos está comprobada la participación de un agente de la inteligencia chilena, el norteamericano Michael Vernon Townley. En el caso de Leighton los ejecutores fueron miembros de un grupo neofascista italiano, pero Townley había viajado a Roma a preparar el atentado. En los casos Prats y Letelier fue éste quien puso la bomba asesina.

Pero está objetivamente comprobado que ni Pinochet ni la Junta sabían siquiera de la existencia de Townley ni, menos, que tuviera relación con la DINA, hasta 1977. Tras saberlo, disolvieron la DINA.

En el caso de Letelier, su hijo y actual senador, Juan Pablo Letelier, le declaró a la periodista Raquel Correa, en “El Mercurio de 4 de junio de 1995: “…lo que he dicho una y otra vez, porque me enseñaron a hablar con la verdad, es que no hay ninguna evidencia que fluya del proceso de miles de fojas que permita sostener que hay participación del Ejército ni de su Comandante en Jefe en el asesinato de Orlando Letelier”.

Apunta en igual sentido la otra evidencia conocida. En “El Mercurio” del 2 de abril de 2000 se publicó un relato de una reunión de la Junta en 1977, en una crónica titulada “Y lo Negó Tres Veces”, en que quedó constancia de que el director de la DINA, general (r) Manuel Contreras, a requerimiento del general (r) Odlanier Mena, director de su sucesora, la CNI, negó que la primera hubiera tenido vínculo alguno con Michael Vernon Townley. Ello sirvió para probar, además, que ni Pinochet ni la Junta tenían la menor idea de la existencia de Townley y, por consiguiente, nada sabían de sus acciones en relación a los atentados contra Leighton, Prats y Letelier.

Justamente al enterarse después la Junta de que Townley sí había tenido un nexo con la DINA se resolvió la disolución de ésta, la formación de la CNI y la entrega del mando de la misma a un general sabidamente respetuoso de la legalidad y los derechos de las personas, Odlanier Mena.

Por supuesto, hubo otros crímenes, tanto por parte del terrorismo (asesinatos del teniente Carevic, del subdirector de la DINA, coronel Roger Vergara, del Intendente de Santiago, general Carol Urzúa, de tres escoltas del general Santiago Sinclair, del carabinero de guardia en la Llama de la Libertad, caso simbólico, Heriberto Novoa; de los cinco escoltas del Presidente Pinochet, del coronel Luis Fontaine de Carabineros, y del agente Roberto Fuentes Morrison, de la FACH); como por parte de los servicios de inteligencia, que obraron como lo hacen hoy los de los Estados Unidos e Israel, es decir, eliminando a terroristas. Pero esta no fue política del Gobierno, sino que justamente, al comprobarse esos procedimientos ilegales, se acordó disolver al órgano de inteligencia y reemplazarlo por la CNI, a la cual, cuando también hubo acusaciones contra ella de actuar fuera de la ley, se la privó de la facultad de detener personas.

El crimen de Tucapel Jiménez merece capítulo aparte porque resultó completamente inexplicable, desconcertó al Gobierno y lo perjudicó en términos tales de que nadie podría pensar que lo hubiera ordenado, pero al final resultó que fue ejecutado por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Para mí fue y sigue siendo un crimen tan inexplicable que, en una visita a Punta Peuco, le pregunté directamente al condenado como autor material, un ex oficial de Ejército que cumple larga condena, de quién creía que provenía la orden de matar a Jiménez. “No creo que Pinochet haya sabido”, me respondió textualmente. No me quiso decir de quién recibió la orden. Y en seguida mencionó a un funcionario civil del régimen, un mando medio, como posible fuente del encargo a la DINE de eliminar al dirigente sindical.

Considero que fue la decisión más indefendible entre las que han perjudicado la imagen del Gobierno Militar.

Hubo crímenes muy voceados atribuidos a los servicios de seguridad, como la desaparición en 1976 de Carlos Contreras Maluje, hijo de un alcalde comunista de Concepción y de la cual el Informe Rettig acusa a la DINA, pero la verdad es que nunca se supo quién la perpetró, pues fue secuestrado por personas que iban en el automóvil Fiat 125 celeste, patente EG-388, que resultó ser del jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, pero éste negó haber usado su automóvil el día del secuestro.

El Presidente de la Junta, ante el revuelo suscitado por el caso, en 1977 dirigió al juez militar que conocía de él una carta negando la participación de nadie del Gobierno. Ni siquiera el general (r) Manuel Contreras, ex director de la DINA, en sus libros de autodefensa, “La Verdad Histórica” (Editorial Encina, Santiago, 2000) contiene alusión al caso, pese a que en todos los demás que son materia de acusaciones contra la DINA, él ofrece una versión alternativa en su defensa.

En su momento el Gobierno Militar anunció públicamente que lo aclararía, pero finalmente no pudo hacerlo. Lo concreto fue que el secuestro de Carlos Contreras Maluje lo perpetraron personas que ocupaban el auto del jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea y que el propio Contreras Maluje gritó, al momento de ser detenido, que sus captores eran de la DINA. Pero justamente este caso no resuelto reafirmó la decisión de poner término a ese servicio de inteligencia, pese a que en él no se pudo determinar culpabilidad de alguien.

El hecho es que el conjunto de “los crímenes” sirve para que personas supuestamente bien informadas culpen a Pinochet hasta de la muerte de Eduardo Frei Montalva. Acaecida tras una doble operación quirúrgica desafortunada, el propio juez reconoce en su fallo que no pudo probar la existencia de una conspiración para asesinarlo y no inculpa al régimen.

Pero sí lo hace el poder difamatorio de las meras consignas repetidas.  

II.            El exilio no fue una política de gobierno.

También se habla de “miles de exiliados” durante el Gobierno Militar, pero ése es otro mito. Jamás los hubo. Sí hubo expulsiones transitorias de personajes políticos acerbamente críticos, pero pueden contarse con los dedos de las manos y fueron muy excepcionales: Renán Fuentealba, Eugenio Velasco Letelier, Jaime Castillo Velasco, Manuel Bustos y la prohibición de reingresar a Andrés Zaldívar. Con el tiempo retornaron al país los que quisieron hacerlo.

Hubo uno, destacado, el ex ministro Bernardo Leighton, que se marchó por propia decisión al comienzo de 1974. Veremos después el caso del atentado en su contra, tras el cual regresó a vivir a Chile en 1977. Hubo otros opositores que también se marcharon, al tener ofertas atractivas en el exterior. Suelen llamarse a sí mismos “exiliados”, pero nunca lo fueron.

Lo que suele confundirse con el exilio es la conmutación de penas de presidio por extrañamiento a los condenados por conductas terroristas, es decir, la posibilidad de terminar de cumplir la pena en el exterior. Como los nexos externos de la izquierda y la DC eran muy buenos, especialmente en Europa, hubo 999 presos miristas, comunistas y socialistas que dejaron la cárcel y viajaron a la libertad con buenos empleos en Europa y Canadá, cumpliendo así la pena de extrañamiento.

Además, se concedió la libertad condicional a 96 condenados por los Tribunales Militares y a 22 condenados por leyes especiales que también viajaron al exterior. No se trató de sanciones, sino de beneficios para esos reos.

Un estudio privado hecho por el general (r) Gastón Frez, del cual tengo un ejemplar, detalla todos esos casos, que totalizaron 1.117.

Eso es lo que se llama “el exilio masivo” que, en realidad, nunca existió pero hoy fortalece las consignas anti Gobierno Militar.

III.          La tortura, un mal antiguo en Chile

Hasta 1973, como vimos, la indiferencia general había caracterizado la actitud de los Gobiernos y los Tribunales frente a las denuncias de torturas. Para no retroceder más en el tiempo, citaré evidencias bajo Frei Montalva (1964-1970) y Allende (1970-1973).

En 1970 el clima de indiferencia ante las torturas llevó a la revista “Portada”, una publicación de derecha, en su número de noviembre de ese año (acababa de asumir Allende la Presidencia), a publicar un artículo titulado “¡Legalicemos la Tortura!”, en el cual se dice lo siguiente:

“Parece ser un hecho establecido que los sospechosos en el caso Schneider —o, por lo menos, algunos de ellos— han sufrido torturas a manos de la policía: aplicaciones eléctricas en órganos y zonas sensibles del cuerpo; palizas, encierros en la oscuridad o en celdas inmundas y junto con facinerosos, pervertidos o provocadores, etc.

“Resulta evidente también que tales torturas son inevitables. En efecto, no han podido terminar con ellas los superiores directos de los torturadores, a saber: el entonces Presidente de la República, un jurista demócrata y cristiano reconocido; su Ministro del Interior, Patricio Rojas, prestigioso ex funcionario de la OEA, a la cual ha vuelto ahora con unánime beneplácito; el Subsecretario del Interior del antiguo Gobierno, Juan Achurra, otro jurista demócrata y cristiano; y el Director interino de Investigaciones de los últimos días del Gobierno de Frei, el pundonoroso general (r) Emilio Cheyre. Si personas tan destacadas —e investidas además de autoridad total sobre la policía— no han podido terminar con la tortura, nos parece indiscutible que ésta es inextirpable.

“Por otra parte, asimismo, resulta evidente que la tortura, además de inevitable, es aceptada por la opinión pública. La prueba está en que tales métodos son reprobados cuando afectan a los amigos, pero recibidos con complacencia o indiferencia si recaen sobre los enemigos. Cuando los torturados eran del MIR, VOP u otros movimientos de ultraizquierda, los círculos de derecha callaban, al paso que los juristas de izquierda, encabezados por el abogado y profesor universitario Eduardo Novoa, protestaban indignados ante la Corte Suprema, que por cierto no hizo nada. Ahora que los torturados son de ultraderecha, es la derecha la que reclama, mientras los juristas de Novoa guardan su sensibilidad para mejor ocasión y la Corte Suprema continúa sin hacer nada. ¿Qué significa esto? Simplemente, como decíamos, que protestar por las torturas es un recurso de las guerrillas políticas, pero que en el fondo a nadie le importan; luego, en forma tácita, todos las aceptan.

“Concluimos, pues, que la tortura es un mal (hablando en teoría, como puristas), pero de esos males inevitables, y que la opinión pública, supremo juez en las democracias, a fin de cuentas tolera. ¿Por qué, entonces, no legalizarla y reglamentarla?”    

La denuncia socialista-comunista

Sobre la indiferencia a la tortura bajo la administración DC de Frei Montalva ha quedado el testimonio de una presentación que hicieron cien abogados de izquierda a la Corte Suprema (aludida más arriba y en el artículo de Portada antes citado) y que se publicó in extenso en la revista Punto Final de 13 de agosto de 1970, es decir, en las postrimerías del régimen DC. Por supuesto, la Corte Suprema tampoco dijo ni hizo nada.

El documento se titula “¿Es Chile un Estado de Derecho? Crímenes, torturas y violaciones de los derechos humanos”. Entre quienes lo firman cabe mencionar a los profesores de derecho Eduardo Novoa Monreal, Aníbal Bascuñán Valdés, Sergio Politoff, Álvaro Bunster, León Grinberg, Raúl Brañes. Juan Bustos y Ricardo Lagos Escobar, a la sazón Secretario General de la Universidad de Chile.

La denuncia de 71 páginas —dice Punto Final— está redactada en un frío lenguaje jurídico, “sin argumentaciones políticas, lo que pone aún más de relieve los antecedentes objetivos que ilustran la situación: seis homicidios, diecisiete casos de torturas y vejámenes físicos y morales, tres allanamientos ilegales, numerosos casos de violencia innecesaria y otros graves atropellos policiales”.

¿Había en Chile un movimiento guerrillero o terrorista significativo entre 1964 y 1970? Apenas un puñado de estudiantes de la Universidad de Concepción, que comenzaban a organizar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); o grupos guerrilleros menores, como la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo). A partir de 1965 el Partido Socialista había proclamado la vía armada para hacerse del poder, en sus Congresos del año indicado y de 1967 y 1969, y comenzaba a formar cuadros paramilitares, tarea que se intensificó durante el gobierno de la UP, al igual que en el Partido Comunista, en la Izquierda Cristiana y en el MAPU.

¿Cuántas habrían sido las denuncias de torturas si la Policía Política del Gobierno de la DC se hubiera enfrentado, como el Gobierno Militar, a veinte mil o más guerrilleros dedicados a la subversión y al terrorismo, con abundante abastecimiento bélico, apoyo logístico y justificación propagandística externos?

En la denuncia de los abogados de izquierda se añadía que el profesor francés Benjamín Fabre había sido sometido a castigos policiales y sufrido la rotura de un tímpano. Posteriormente, sin que nadie, ni menos el gobierno francés, se preocupara de investigar nada al respecto, el Gobierno DC lo expulsó del país. ¡Qué distinto era cuando el Gobierno Militar expulsaba a algún agitador francés!

Demasiado pedir 

Una visión honesta e imparcial de este problema habría debido comenzar por reconocer que era muy difícil, si no imposible, que en 1973 un nuevo gobierno improvisado, enfrentado a un desafío terrorista de miles de guerrilleros que cometían atentados y crímenes, sin que pudiera preverse dónde y cuándo los iban a perpetrar, repentinamente transformara hábitos policiales antiguos —de los cuales los apremios ilegítimos eran práctica habitual— en otros mucho más civilizados y benévolos. Habría sido demasiado pedir y, de hecho, nadie lo pidió ni pensó en eso a la sazón.

Particularmente en los primeros tiempos después del 11 de septiembre, en que los militares estaban bajo la misma impresión que Aylwin I y Frei Montalva (recordemos: el primero declaraba que había “milicias armadas muy fuertemente equipadas y que constituían un ejército paralelo para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder (...) y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país”; y el segundo, “el mundo ignora que los marxistas chilenos disponían de un armamento, oculto en miles de escondites, superior en cantidad, y a veces en calidad, al del Ejército nacional”), lo natural y hasta aconsejable era detener a las personas que aparecían como sospechosas de estar comprometidas en la lucha armada y a muchas que las rodeaban. Eso era de elemental urgencia y necesidad, particularmente si no se sabía la real entidad de las fuerzas armadas irregulares.

Y por eso ni Frei ni Aylwin ni los demás políticos democráticos dijeron nada en los primeros tiempos tras el pronunciamiento sino al contrario, apoyaron y defendieron a los militares que concentraban a centenares de detenidos en lugares improvisados como, en Santiago, el Estadio Nacional y el Estadio Chile.

Fue considerado natural que en los primeros meses después del 11 hubiera miles de detenidos en todo el país y que fuera necesario habilitar lugares especiales. Ninguna protesta elevaban los líderes políticos democráticos por ello. Porque les parecía una medida necesaria, ante la existencia de decenas de miles de terroristas que ellos mismos habían denunciado.

Pero todo eso se les olvidó a todos. Y eso constituye otra gran miseria moral nacional de la actualidad.

Fue un período de emergencia y bajo estado de sitio, excepcionalidad que, jurídicamente, habilitaba al Gobierno para detener personas sin las formalidades propias de tiempos normales. Y es probable que si el Gobierno Militar hubiera sido, en ese aspecto y en ese momento, menos draconiano o blando, hubiéramos visto surgir en Chile a unas FARCH, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Chile, a semejanza de las FARC colombianas, que llegaron a tener tal poder que dominaron zonas del territorio por muchos años y provocaron centenares de miles de muertes.

El Gobierno Militar se anticipó a eso y lo previno.

Aprovechamiento terrorista de la tortura

Pues bien, como siempre lo ha hecho la extrema izquierda, una vez que su propia violencia ha provocado un conflicto armado —y tal como sucede hasta hoy— ella recurrió a la Iglesia Católica, en la cual, desde luego, y particularmente en esos años, no faltaban sacerdotes y prelados simpatizantes de la UP y del MIR.

La denuncia de las torturas policiales es una táctica conocida y antigua del terrorismo, existan aquellas o no. En un instructivo guerrillero incautado a los Tupamaros uruguayos y reproducido en un artículo del ex Presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, se afirma:

“Los informes recibidos (...) marcan las etapas de los interrogatorios en que la fuerza de represión tiene que ser atacada, utilizando para ello hechos reales o montando un gran escándalo mediante versiones que impacten a la opinión del pueblo. Esta campaña debe montarse mediante el adoctrinamiento de nuestros compañeros para cuando sean detenidos (...) Se debe utilizar la mayor cantidad de denuncias, a modo de sistema (...) Utilizar la prensa como principal medio, obligándola a publicar lo que queremos.

“Deben generalizarse a todas las ciudades los métodos de tortura que se denuncien para demostrar todo un sistema de apremios ilegales y castigos (...) En los relatos debe llegarse a los mayores detalles, tratando de convertirlos en repugnantes. Siempre se debe tratar de mencionar a aquellos militares cuyos apellidos son más conocidos por la población (...) Siempre hay que estar atento para que cualquier hecho casual, enfermedad, accidente o muerte sea explotado para que la culpa recaiga en la fuerza de represión.” (Revista “Gladius” N° 50, B. Aires, 2001). 

El Cardenal Silva Henríquez, cuya inclinación por las ideas de centroizquierda era conocida, pero que en los últimos tiempos del gobierno de la UP había evolucionado y veía que la salida militar era inevitable, pese a esto no pudo menos que acceder a establecer una organización que defendiera a las personas masivamente detenidas por las autoridades militares bajo el Estado de Sitio.

Al amparo de la Iglesia

Así nació el Comité Pro-Paz, que posteriormente fue sucedido por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Entonces, por gravitación natural, la extrema izquierda, que formaba el entorno de los grupos armados existentes en todos los partidos de la UP, se integró a la Vicaría, sin que, probablemente, ésta pudiera evitarlo ni, tal vez, advertirlo, pero esto último sólo al comienzo...

            Entonces la Vicaría prestó, primero, auxilio judicial a los detenidos. Explicable. Pero con el tiempo prestó incluso auxilio médico a terroristas heridos, como sucedió bajo la responsabilidad de monseñor Valech, en los años ’80. Y algunos comunistas alcanzaron en la Vicaría posiciones de mando. Vimos el caso de José Manuel Parada. Esto sí que era objetable, pues esa repartición de la Iglesia se convertía parcialmente en un ala logística del terrorismo, como quedó demostrado en tribunales.

            En efecto, el 25 de abril de 1986 el FPMR tendió una trampa mortal a Carabineros: llamó denunciando un asalto a la panadería “Lautaro” de La Cisterna. Allí acudió un furgón policial, al cual estaban esperando guerrilleros fuertemente armados, que asesinaron al joven carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar. Sus compañeros repelieron el fuego, dejando herido a un subversivo, Hugo Gómez Peña, que huyó y fue atendido por cuenta de la Vicaría en la Clínica Chiloé. Recibió protección y auxilio del abogado de aquélla, Gustavo Villalobos, y del médico de la misma, Ramiro Olivares, que no notificaron a las autoridades.

            Ambos fueron encargados reos por la Fiscalía Militar como encubridores de terroristas. Pero la justicia nunca consiguió que monseñor Valech proporcionara las fichas de atención en la Clínica Chiloé, lo cual, si se hubiera tratado de un seglar, le habría acarreado ser procesado por obstrucción a la justicia.

            En fin, como se sabe que en Chile la ley no es igual para todos, monseñor Valech quedó impune y años después fue premiado por la extrema izquierda y presidió, en medio de honores generales y como si hubiera sido un prohombre imparcial y jamás comprometido con el encubrimiento del MIR y el FPMR, la Comisión para la Prisión Política y la Tortura. Y el abogado Villalobos, por su lado, recibió el cargo de Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) bajo el gobierno de Aylwin II, encargada de combatir al terrorismo. ¿Qué mejor garantía? No digo para quién.

Pero había más vinculaciones de la Vicaría con el FPMR, como ya se vio: el encargado del Archivo o “Jefe de Análisis” de ella era, sabemos, el alto dirigente comunista y del FPMR José Manuel Parada. El amistoso, discreto y respetado archivero iba reuniendo durante los años y adaptando todas las declaraciones de las personas que acudían a ella.

La militancia de Parada sólo vino a hacerse pública tras su asesinato. Hemos visto el detalle de ese crimen y sus consecuencias.

Con ese apoyo eclesiástico el FPMR llegó a ser, entre 1985 y 1986 (como lo señalaban informes de la Embajada de los EE. UU.) la principal causa de muertes violentas en Chile. La vinculación con el FPMR del “Jefe de Análisis” de la Vicaría quedó de manifiesto tras la detención, en 1986, del guerrillero Alfredo Malbrich Labra, quien refirió en los siguientes términos su incorporación a la guerrilla a través de Parada:

“El 1 de mayo de 1979 soy detenido por Carabineros en la Alameda Bernardo O’Higgins y trasladado a la 1ª Comisaría. Mi esposa concurrió a la Vicaría de la Solidaridad y pone un recurso de amparo a mi favor. Al quedar libre, concurro a la Vicaría, lugar en que trabo amistad con José Manuel Parada, el cual me pide que colabore prestando el teléfono de mi casa como buzón y llevando pequeños recados. Posteriormente me preguntó si me gustaría colaborar en una forma más sistemática; al aceptar, me dice que me dará un vínculo con Enrique”.

A partir de allí Malbrich refiere sus actividades en compra y transporte de armas, sus viajes a y desde Argentina, Bolivia, Panamá y Alemania, como correo del Partido Comunista; su participación en el gran desembarco de armas de Carrizal Bajo, “para instaurar un gobierno revolucionario marxista-leninista, siguiendo el ejemplo de Cuba y Nicaragua”, según sus palabras en “El Mercurio” del 28 de agosto de 1986.

Miles de páginas de relatos

Entonces, los archivos de testimonios de personas detenidas en la lucha antiterrorista de la Vicaría estaban a cargo de un alto dirigente terrorista.

¿Qué creen ustedes que hacía cuando iban a declarar ante él o sus subordinados personas que habían sido detenidas? Obviamente, lo que indica el recién citado artículo de Bordaberry y lo que aconseja el teórico brasileño de la guerrilla, Carlos Marighella, autor del “Manual de Marighella”: inducir al declarante a declararse siempre, pero absolutamente siempre, torturado por sus aprehensores.

Así, con los años se acumularon miles de páginas de relatos de torturas, reales (vimos que era una práctica inmemorial y habitual en Chile) o ficticias, porque a muchas personas no las torturaban durante su detención. Fueron aproximadamente treinta y cuatro mil declaraciones las que recibió la
Comisión Valech, lo que no es excesivamente numeroso para una subversión integrada por diez mil chilenos y unos doce mil extranjeros clandestinamente ingresados al país; y frente al premio de una pensión vitalicia por sólo declarar.

Bien, pero ¿qué pasó con estos miles de páginas de testimonios depositados en el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad? Quedaron guardados. Tuvieron que esperar a que el país estuviera “maduro.” A que el lavado cerebral hubiera sido suficientemente prolongado y reiterado. Y el momento llegó en 2004, cuando se formó la Comisión para la Prisión Política y la Tortura, presidida por monseñor Valech.

Éste era una persona de confianza de la Concertación, especialmente de la izquierda. Ya vimos cómo se ganó esa confianza.

Entonces Lagos anunció que a todas las personas torturadas bajo el Gobierno Militar, y sólo bajo el Gobierno Militar (obviamente, no iban a estar estimulando a que concurrieran los torturados en los gobiernos de ellos, es decir, de la UP y de la DC), se les iba a dar una compensación económica. Bastaba presentarse y exponer su caso. Y si los antecedentes expuestos eran fehacientes (y más de 28 mil de los 34 mil que se presentaron resultaron fehacientes) se les daba una pensión de por vida que, inicialmente, era de alrededor de ciento veinte mil pesos mensuales.

La amplia publicidad del cometido de la Comisión Valech operó como el más eficaz de los lavados de cerebros practicados por la Concertación. Pero eso poco tiene que ver con la verdad, pues el hecho de haber descrito a decenas de miles como víctimas de “prisión política y tortura” y haberlas atraído a declarar mediante una retribución pecuniaria no resiste ninguna exigencia de prueba válida dentro de un debido proceso.

La prueba de la tortura

Cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Chile, en 1974, se la acusó de aceptar como verdaderos los relatos de torturas, sin detenerse a analizar los antecedentes objetivos que ella misma recogió al respecto:

“Por ejemplo, de las 109 personas cuyas declaraciones se incluyen (en el Informe de la Comisión) 44 manifiestan que no han sido sometidas a malos tratos (...) 46 dicen que sufrieron maltrato inmediatamente después del 11 de septiembre, una circunstancia que, por lo demás, parece ser justificada por la propia Comisión (...) sólo 19 personas declaran que han sufrido golpizas en los últimos tiempos, y, de éstas, sólo tres pueden mostrar señales en sus cuerpos que podrían haber sido causadas por esa clase de malos tratos (...)”. (Citado por James Whelan, “Desde las Cenizas”, Zig Zag, 1993, p. 664).

Es muy fácil que una persona detenida, pero no torturada, declare haberlo sido, sobre todo si con ello va a obtener una pensión vitalicia. Todos lo hemos visto ni más ni menos que en el caso de Michelle Bachelet. Yo la vi y oí personalmente, entrevistada en un canal de televisión, cuando había sido nombrada Ministra de Salud, en 2000, refiriendo que había sido detenida en 1975, junto a su madre, durante unos días y añadiendo, tras ser preguntada si había sido torturada: “Yo no, pero mi madre sí”. Eso me lo podrán rebatir, pero estoy seguro de que lo vi, lo recuerdo perfectamente y espero que algún día el video respectivo suba a YouTube.

Pero su madre, Ángela Jeria, muy honestamente, declaró después a “La Segunda” del 18 de noviembre de 2004 lo siguiente:

“En el centro de torturas fuimos sometidas a violentos interrogatorios”. Pero el diario agregó: “No relata torturas físicas a su persona, pero sí un duro tratamiento.”

Y en “La Tercera” del 17 de noviembre de 2006 la misma señora fue más explícita:

“...estuve seis días durmiendo en un cajón, con los ojos vendados y me sacaron solamente un día para ir al baño y me dieron comida solamente un día. El trato era vejatorio, soez, todo el lenguaje de la cintura hacia abajo”.

Fueron “seis días” y en ninguna parte menciona torturas.

Pese a ello, Michelle Bachelet con el tiempo fue haciendo un upgrade de los sufrimientos a raíz de su detención, e incorporó las torturas. En un comienzo dijo que durante sus cinco días de arresto en 1975 (no nueve, como alguna vez afirmé yo, equivocadamente; ni catorce, como dijo ella en “El Mercurio del 23 de abril de 2000): 

 “Nos llevaron a Villa Grimaldi y después a Cuatro Álamos. Estuve con los ojos vendados y recibí golpes.”

Tampoco habló de torturas.

Pero ya el 14 de noviembre de 2004, en plena campaña presidencial propia, no resistió más la tentación y declaró a la misma periodista:

“Soy una sobreviviente”, para, más adelante, agregar: “Sí, me torturaron... me cuesta recordar detalles. Como que se me bloquearon los malos recuerdos...”

Pero hubo un fundamento para la detención de Michelle Bachelet: su colaboración con el MIR, que desde hacía años cometía atentados y segaba vidas. La represión del Gobierno Militar era entonces comprendida, pues el temor al trrorismo era grande y los cerebros no habían sido todavía lavados. Y ella estuvo, como señalé, sólo cinco días presa.

Los detalles de su colaboración con el MIR y su detención están en las págs. 95 y 102 de la biografía suya de los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega. También un notable artículo sobre la Presidenta, del historiador James Whelan, aparecido en “The American Spectator”, en su edición de mayo de 2007, precisa la naturaleza de sus vinculaciones con el MIR y, posteriormente, con el FPMR. “La Tercera” del 20 de abril de 2003 ha dado detalles de sus lazos con este movimiento.

Más aún, la pronta liberación de Michelle Bachelet en 1974, sin ningún intento de procesamiento judicial, tal vez pueda sólo explicarse por las peticiones de oficiales que fueron amigos de su padre.

La muerte del general Bachelet

Pero el lavado de cerebros, chileno y mundial, ha podido más que la verdad en el caso de ella. En el exterior (y también en Chile) no sólo se la presenta como torturada, sino que se afirma que su padre murió a consecuencia de los apremios físicos. Hemos visto que lo primero no es verdad. Ahora veremos que lo segundo tampoco.

El ex senador socialista Eric Schnake estuvo en prisión junto con el general Bachelet en 1974 y fue testigo directo de su muerte, que no se debió, como comúnmente se publica, a la tortura, sino a la práctica de un deporte desaconsejado para la dolencia cardiaca que padecía. He aquí lo que declaró Schnake a “Qué Pasa” del 24 de noviembre de 2006:

“— Usted conoció al general Alberto Bachelet.

— Yo estaba con él cuando murió. A la Michelle la conocí justamente cuando él estaba preso. Estuve detenido con el general Bachelet en la Academia de Guerra, primero, y después en la Cárcel Pública. Recuerdo que estábamos jugando un partido de básquetbol en la calle Los Aviadores (en la Cárcel) cuando se sintió un poquito mal. Paramos el partido y Bachelet cayó al suelo. Entonces se lo llevaron a su celda y lo examinó rápidamente el doctor Yáñez, un viejo compañero mío del Liceo Manuel de Salas y médico de la FACH, que también estaba preso. Él pidió una ambulancia, porque pensó que se trataba de un infarto.”    

El general Bachelet no estaba privado de libertad por ser meramente disidente, sino por los procesos de la FACH, referidos en otra parte de este libro, por graves actos de traición a su institución armada. La entidad de esa trama queda de manifiesto en la siguiente declaración del jefe del MIR y sobrino de Salvador Allende, Andrés Pascal Allende, a “El Mercurio” del 3 de octubre de 1999:

“Cuenta Andrés Pascal: ‘Él (el coronel Ominami) quiere que le transmita al Presidente (Allende) la situación que los oficiales democráticos antigolpistas están sufriendo, que los están sacando de los mandos de todas las unidades, los están dejando en una oficina, en un escritorio, sin mandar tropa (...) Él estaba a cargo del arsenal de la FACH que había allá en la base de El Bosque. Y yo recuerdo que trabajando con él, y con otros oficiales de la FACH, ellos se comprometieron a que en el caso de haber ya una situación de enfrentamiento, de golpe, ellos estaban en disposición de entregar las armas a las organizaciones populares, milicianas.”

Si eso no era una conspiración digna de investigarse ¿qué lo era?

Un antiguo torturador

Una de las cosas más curiosas de la operación de lavado de cerebros realizada mediante el Informe Valech fue la salida a la escena pública de un antiguo detective de Investigaciones, Sergio Rivas, descrito como “uno de los flageladores de la DINA entre 1974 y 1975.”

Su testimonio era necesario para magnificar los horrores, pero la máquina publicitaria oficial no contaba con que dijera la verdad. Pues terminó revelando que él era ¡un antiguo especialista en torturas con electricidad, desde mucho antes del gobierno militar! Dice el reportaje que se le hizo en “El Mercurio del 21 de noviembre de 2004:

“Rivas fue enviado a la DINA porque sólo los agentes de la PP (la Policía Política de Investigaciones de los años 70) tenían experiencia en interrogatorios con electricidad”.

Es decir, la confirmación más palmaria de que la tortura era un método policial antiguo, tradicional y aceptado, en el cual “tenían experiencia” antes del Gobierno Militar. ¿Querían que, justo cuando había más terroristas y atentados que nunca y que costaban la vida a inocentes, el gobierno de turno renunciara a esta herramienta?

Continúa el reportaje:

“Al aportar esta solución, los detectives enviados a la DINA fueron bautizados como ‘los papis’ (...) Más de 80 funcionarios nos presentamos en el cuartel de la DINA de calle Bucarest, donde un sargento del Ejército, muy prepotente, nos hizo hacer una especie de juramento y nos aseguró de frentón que si no éramos leales seríamos fusilados.”

Como se sabe, otro centro de detención de la DINA, Londres 38, es descrito en todos los documentos oficiales y en el Informe Valech como “centro de torturas”, pero, al parecer, allí no sucedía nada distinto que en los cuarteles policiales chilenos tradicionales, pues el detective Rivas dice, ante la pregunta:

“¿Usó electricidad en Londres 38?:

“Felizmente no. Al menos en mi caso, a nadie, aunque se interrogaba con corriente y había una parrilla (...)     

“¿Escuchó gritos de dolor?

“En Londres, no (...) Tampoco allí vi cosas terribles.

“¿De qué fue testigo?

“Es que hay cosas que son secreto del sumario (...) A fines de 1975, luego de que echaran a un colega por violación...”

 Pero ¿no dice el Informe Valech que la violación era uno de los métodos preferidos contra las presas? Ahora resulta que, a los violadores, la DINA los echaba...

Un testimonio no buscado echa abajo la leyenda negra de Londres 38.

IV.          Verdades sobre los detenidos desaparecidos

            El otro gran tema de las consignas de la izquierda, que la mayoría cree, es el de los llamados “detenidos-desaparecidos”.         

De partida, el número de los mismos que la oposición al gobierno militar denunciaba hasta 1990 estaba en las publicaciones de la Vicaría de la Solidaridad, en siete tomos titulados “¿Dónde Están?”, y sumaba 600 casos. Ésa era la entidad real del problema.

¿Qué origen tenía? En otro libro mío más, “La Verdad del Juicio a Pinochet” (Editorial El Roble, 2001), pude comprobar actuaciones lamentablemente sicopáticas de uno que otro uniformado y en particular de un oficial que se incorporó a la comitiva del general Arellano en su gira al norte. Sin conocimiento de éste, procedió a ordenar la ejecución inconsulta de alrededor de 56 personas, que en al menos dos lugares (Antofagasta y Calama) fueron enterradas en el desierto, ello seguido de la tentativa de otros oficiales, inocentes de las ejecuciones, pero sin debido criterio, de ocultar a posteriori los restos.

La Junta Militar no supo lidiar con este problema en los años ’70 y se confió en los CAJSI (Comandantes de Área de Justicia y Seguridad Interior), máximas autoridades de cada zona en estado de excepción, que si hubieran, cada uno, cumplido bien sus deberes, aplicando la propia normativa militar, habrían minimizado el número de los detenidos-desaparecidos. Hubo CAJSI que después de 2000 tuvieron problemas con la justicia y hubo uno que no tuvo ninguno (Washington Carrasco, III División de Ejército con sede en Concepción). Quiere decir que siempre se ciñó a los reglamentos. En cambio, el general Joaquín Lagos Osorio, bajo cuyo mando sucedieron las peores cosas, después de 1990 “se pasó al enemigo” y procuró culpar de todo a Pinochet y la Junta. Pero en 1973 él tenía atribuciones para haber sancionado todo lo indebidamente sucedido bajo su jurisdicción, lo supo perfectamente y a tiempo, y no lo hizo.  

Chilenos actuando sin orden superior

            En las emergencias suceden siempre cosas no deseadas por los altos mandos. Esto es histórico en Chile. ¿Cómo la Junta iba a saber lo que hacía cada uno de los hombres bajo su mando? No podía saberlo.

            Ya durante la Guerra del Pacífico, a raíz de la ocupación militar de Lima, ocurrían cosas vergonzantes para los altos mandos chilenos, obradas por sus tropas. En 1881 ellas cometieron en Lima desmanes injustificables, que hoy serían descritos como “delitos de lesa humanidad”. La tropa chilena de ocupación, en estado de ebriedad, provocó incendios y los bomberos de la Bomba Italia, todos italianos o descendientes de italianos, en número de trece, acudieron a apagarlos. Pero fueron capturados por soldados chilenos y ejecutados en el acto. Sus restos fueron esparcidos en una playa cercana. Los detalles los refiere en “La Segunda” del 18 de mayo de 2019 el historiador Jaime González Colville, de la Academia Chilena de la Historia, que dice:

            “No se ha probado que Baquedano u otro oficial de alta graduación haya dado la orden de esta bárbara acción. Este episodio fue narrado por el corresponsal de El Mercurio de Valparaíso en la edición del 22 de marzo de 1881”.

            Después, en 1931, bajo el gobierno de un demócrata cabal como el Presidente Juan Esteban Montero, hubo alzamientos comunistas en Copiapó y Vallenar que terminaron con alrededor de cuarenta muertos sin forma de juicio, veintitrés de ellos ejecutados y luego enterrados con las manos atadas en Copiapó, en evidentes excesos no autorizados de la tropa que había sido llamada a poner orden. Los sangrientos detalles están en las páginas 524 y siguientes de la obra “Del Avión Rojo a la República Socialista”, de Carlos Charlín, Editorial Quimantú, 1972.

            El carácter chileno, poco apegado a la observancia puntillosa de normas y reglamentos, da pie en las emergencias a que algunos individuos dotados de poder momentáneo abusen de él a costa de los derechos humanos de otros compatriotas.

            Siempre antes se amnistió y se dio vuelta la hoja mediante el olvido, salvo en el caso del Gobierno Militar, en que se ha recurrido a resquicios legales para eternizar las situaciones y las odiosidades consiguientes.

Culpas injustamente atribuidas

Cuando en Chile y en el exterior se habla de “los crímenes de Pinochet”, se está haciendo referencia principalmente a lo sucedido al paso de la comitiva del general Arellano por el norte, de cuyo detalle el general Pinochet ni siquiera supo con anticipación y del cual, con posterioridad, fue muy mal y contradictoriamente informado.

En una oportunidad, en los años 90, en que me convidó a tomar té a Los Boldos, lo sorprendí absolutamente al referirle la verdad de los hechos acaecidos al paso de la comitiva. Y lo desengañé respecto de algún alto oficial al cual él creía un muy buen amigo suyo, pero que faltó a la verdad en perjuicio suyo ante el juez Juan
Guzmán, que lo único que buscaba, para hacerse famoso, era incriminar a Pinochet (de quien había sido partidario, como que le pidió a su hija Lucía Pinochet, cuando era juez de Talca y el Presidente estaba allá, conseguirle el autógrafo de la foto, que efectivamente ella le obtuvo. Eso me lo contó la propia Lucía Pinochet.)

Y para los efectos de la imagen nacional y mundial del régimen, agravó la situación creada por un oficial de la comitiva de Arellano, actuando por su exclusiva cuenta, al dar muerte a numerosas personas sin forma de juicio, el simultáneo caso de Lonquén, que fue recién descubierto cinco años después, en 1978. Este hallazgo fue decisivo, y aunque la Junta tampoco tuvo ninguna responsabilidad en la ocurrencia de las muertes, constituyó un “punto de inflexión” muy mal resuelto por ella.

Ese caso lo originó la actuación unilateral y no autorizada de carabineros rasos, acompañados de civiles, que quisieron hacer justicia por su mano y también cobrar venganza de personas que habían cometido abusos durante la UP. Dieron muerte a 16 personas de izquierda e intentaron ocultar sus restos en un horno abandonado de una mina en Lonquén. Pero éstos fueron descubiertos cinco años después, la noticia recorrió el mundo y el gobierno chileno se halló con que no tenía nada qué decir, porque lo ignoraba todo.

La Junta se dio cuenta de que podía haber otras situaciones parecidas sin descubrir y ello dar lugar a una sucesión de hallazgos macabros que sólo iban a acentuar su desprestigio nacional e internacional. Ordenó entonces una investigación confidencial interna, a lo largo de todo el territorio, para que quienes supieran de ejecuciones sin forma de juicio y sin orden superior que hubieren tenido lugar, las revelaren bajo promesa de secreto e impunidad. Pero, en lugar de disponer entonces la entrega a las respectivas familias de los restos que fueran recuperados, ordenó lanzarlos al mar. Posiblemente fue la decisión más desafortunada y torpe de la Junta en su período de gobierno 1973-1981, y la ha pagado cara.

De ahí derivó que, a lo largo del país, los restos de 327 personas muertas en 1973 y 1974 e inhumadas clandestinamente fueran exhumados de manera igualmente confidencial, llevados a aeródromos y lanzados al mar.

Esto lo sé porque un oficial que debió cumplir con ese procedimiento en Calama, después del hallazgo de Lonquén, me relató toda su experiencia.

Pero el número de muertos quedó precisado y, por averiguaciones posteriores, las identidades quedaron determinadas. En rigor, dejaron de ser personas cuyo paradero se ignorara, es decir, desaparecidas.

Un lema propagandístico

            La escritora francesa Suzanne Labin vino a Chile en los ’70 bajo la impresión de lo que se decía mundialmente y trató de comprobarlo. He aquí su experiencia:

           “Yo he venido a Chile considerando el primer número de 2.500 desaparecidos citado por Rosalynn Carter (cónyuge del Presidente Jimmy Carter), el cual era desde ya considerablemente bajo en relación a los números lanzados por todos los medios de comunicación y que rondaban los 15 mil desaparecidos. Mi primera sorpresa fue constatar que la Vicaría no mantenía sino 651 casos de desaparecidos. Primer golpe: el número de desaparecidos había caído de 15 mil a 651” (“Chili, le Crime de Résister”, Debresse, París, 1980, p. 243).

            Con el tiempo, todos los destinos de esas personas han sido precisados, pero falta identificar restos… y no hay interés en hacerlo, como veremos.

Mínima significación numérica

De ahí que, en el hecho, en la actualidad el tema de los detenidos-desaparecidos tiene escasa o ninguna significación numérica. Los restos de muchos han sido hallados y los paraderos de otros ya han sido determinados. Además, han reaparecido algunas personas o se ha determinado que murieron sin haber sido detenidas, en una media docena de casos.

Este es, pues, un problema que se mantiene vivo en la actualidad noticiosa sólo por razones políticas, porque si los familiares quisieran aportar sus ADN y los sucesivos gobiernos se allanaran a financiar los exámenes correspondientes, en los 209 casos de restos que están en los cementerios o en el Instituto Médico Legal, ya se habría hecho claridad, como se ha hecho en los demás casos.

Los informes de las comisiones de “Verdad y Reconciliación” y de “Reparación y Reconciliación” determinaron, respectivamente, 979 y 123 detenidos desaparecidos. Total, 1.102, entre 1973 y 1990.

Más de la mitad desaparecieron en 1973 y 1974; y entre 1978 y 1990 hubo 23, es decir, menos de dos por año.

En la página web de Carabineros no encontré la sección “Denuncias por Presunta Desgracia”. Pero sí la había encontrado hace años, en 2006, y tengo los datos: ese año hubo 23.970 denuncias por presunta desgracia y fueron encontradas, de ésas, 21.538 personas. Es decir, al fin del año hubo 2.432 personas todavía desaparecidas de 2006.

Y en “El Mercurio” del 12 de febrero de 2018 se informaba que, según registros de Carabineros y la Policía de Investigaciones, “más de 15 mil personas están desaparecidas desde 2003”. Y eso no le importa a nadie y ni siquiera fue comentado después de que se publicó, pese a ser información oficial. Es que son desaparecidos “apolíticos”.

Paraderos determinados de personas

En mi libro “Terapia para Cerebros Lavados”, “El Mercurio-Aguilar”, 2008, expuse lo que pude investigar en “fuentes abiertas” sobre el tema y mi conclusión fue la misma que expuse más arriba: que, posiblemente, ya no había realmente detenidos desaparecidos, pues las Comisiones de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de Reparación y Reconciliación habían determinado que, en el total de ambas, eran 1.102 personas, y de mis investigaciones sobre cosas publicadas al respecto yo había determinado el paradero de 1.108 personas, es decir, seis demás, que derivaban de:

1)    Restos entregados a sus familiares: 172

2)    Restos encontrados y sin entregar según “El Mercurio” de 22.05.07: 281

3)    Restos en el Instituto Médico Legal: 96

4)    Restos enterrados en patios 9, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 del Cementerio General: 113

5)    Enterrados en Cuesta Barriga y luego exhumados y lanzados al mar:153

6)    Muertos en combate o ejecutados y luego lanzados al mar: 174

7)    Personas sin existencia legal, según el Registro Civil, contenidas en las listas de detenidos-desaparecidos: 26

8)    Personas de esas listas y que pasaron a Argentina: 56

9)    Personas de esas listas y que abandonaron el país con otros destinos: 33

10)  Personas de esas listas y que han sido vistas, según declaraciones juradas ante notario: 4.

El total, 1.108 personas, seis más que las oficialmente consideradas detenidas-desaparecidas de ambas comisiones. En los últimos dos años se ha informado de seis personas que figuraban en las nóminas de detenidos-desaparecidos y que han reaparecido. En cada caso se ha informado públicamente de ello.

            En concreto, “el problema de los detenidos-desaparecidos” no existe, porque los destinos de todos pueden ser aclarados, pero el tema es demasiado eficaz propagandísticamente como para reconocer lo anterior de manera oficial.

En mi libro “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”, p. 598, hice un listado de diez publicaciones, no desmentidas, sobre el paradero conocido de personas supuestamente detenidas-desaparecidas y me dio un total de 1.299. Entre ellas pudo haber repeticiones.

Pero la Cámara de Diputados, que forma comisiones investigadoras para todo, no ha formado ninguna en 29 años para determinar si hay o no detenidos-desaparecidos. ¿Por qué?

Es curioso (¿o no es curioso?) que ningún gobierno ni candidato ofrezca aclarar cuántos hay, si todavía los hay. Un gobierno de derecha lo haría, supongo, pero no ha habido ninguno desde 1990.

            Si el tema ha sido mantenido artificialmente en la nebulosa, es probable que se deba a una razón propagandística: atrapa los sentimientos, en especial los de las mujeres.

Es que no se quiere aclarar paraderos de personas

            Tan poco quiere la izquierda determinar su destino que en “La Tercera” del domingo 18 de julio de 2018, en una crónica titulada “La Memoria de los Huesos”, se informó, sin que haya desmentido hasta la fecha, que en la sede de la AFDD (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) hay bolsas con huesos de supuestos detenidos-desaparecidos y nadie los quiere identificar.

            Alicia Juica, encargada de comunicaciones de la AFDD, dijo:

            “En los 90, cuando estaba estudiando en la universidad, el rector me llamó a su oficina. Unos conscriptos estaban ahí. Me dijeron que en dictadura habían visto cómo mataban gente y que los habían obligado. Me entregaron una bolsa con huesos. Siempre pensé que podían ser los restos de mi padre”.

            “¿Y qué pasó?

            “Nada. No eran, respondió Juica. (…)

            “Todas subieron al tercer piso. Vieron tres bolsas arriba de un estante: dos del Duty Free y una del Líder. Ahí estaban casi 80 fragmentos óseos, que por primera vez veían.” (…)

            “En un mes se darían a conocer los resultados para saber la identidad de los misteriosos huesos que estaban olvidados en la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos”.

            Han pasado once meses al escribir estas líneas y nadie ha informado nada.

¿Comisión Investigadora de la Cámara? ¡No!

            En Chile, con cualquier pretexto, se forma una “Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados”. Rodeada de gran publicidad, las fotografías de sus integrantes y sus declaraciones ganan cámaras y titulares… hasta que todo se olvida, porque “la actualidad” pasa a otro tema.

            Pero nunca se ha formado una de esas comisiones para determinar el paradero de los supuestos detenidos-desaparecidos. ¿Por qué? Yo tengo una sospecha: porque ya no los hay.

            Pese a ello, una parlamentaria de derecha declara, demostrando implícitamente la superioridad de la consigna por sobre la verdad y también que ella “compró” completo el paquete político-publicitario: “¿Cómo yo no tendría un mínimo de empatía de entender que hubiera sido igual o peor si hubiera desaparecido un hijo mío o hubieran matado a mi marido? Créeme, yo hubiera sido mucho peor”. (Diputada RN Ximena Ossandón, en radio La Clave, “La Segunda”, 21 de agosto de 2008).

            Ése es el problema: hasta la gente de derecha repite la consigna y no toma nota de la verdad objetiva. Es otra “miseria de la chilenidad actual”.

CAPÍTULO IV

UNA DERECHA IMPERDONABLE

La vuelta de chaqueta                                                                             

            “La vuelta de chaqueta” es una institución netamente chilena, pues nace de un episodio de la Revolución de 1891: en las batallas finales, Con Con y Placilla, cuando ya se perfilaba la derrota del gobierno y su Ejército, las tropas de éste, que vestían casacas azules, comenzaron a pasarse al bando contrario, que vestía casacas blancas. Para acercarse y entregarse sin ser abatidos, los soldados del Ejército descubrieron que, siendo el forro de sus casacas blanco, si “se daban vuelta la chaqueta”, los del ejército rebelde no les disparaban.

Entonces, a diferencia de 1973, la doctrina del odio (el marxismo-leninismo) no había llegado todavía a las costas chilenas y, por tanto, al final del conflicto fueron dictadas prontamente todas las amnistías necesarias para garantizar perdón y olvido. “Amnistía” significa “olvido”, de modo que los resquemores y las divisiones quedaron en el pasado y se reanudó la vida en común, produciéndose alianzas políticas variadas y caracterizadas porque indistintamente en ellas estaban asociados “gobiernistas” con “revolucionarios” de 1891 en los diferentes bandos.

             Pero hoy el odio manda y hasta, a veces, forma parte del gobierno su principal cultor, el comunismo. Éste domina los eslóganes colectivos y así no hay reconciliación posible.

Pues bien, la peor miseria de la derecha política chilena ha sido hacer suyas consignas del marxismo contra el Gobierno Militar. “Se ha dado vuelta la chaqueta”, sobre todo en cuanto dominadora de los principales medios de comunicación, en los cuales ha dejado que la izquierda no sólo participe sino que mande.

En eso ha consistido “perder la posguerra después de haber ganado la guerra”.

          Después de restablecida la plena democracia, en 1990, el único líder de derecha con personalidad fuerte y que habría permitido ganar la posguerra fue Jaime Guzmán, pero el marxismo se encargó de asesinarlo en 1991.

Los restantes dirigentes de derecha eran inclinados a confraternizar con el adversario, presas de un verdadero pánico de ser víctimas de la agresión verbal o física de la extrema izquierda.

          Justamente entonces apareció incorporándose a la derecha, muy inoportunamente, un personaje con dotes de liderazgo pero sin atributos morales para ejercerlo, de ideas confusas y democratacristiano de alma, porque no había firmado en el partido pero sí había trabajado y participado en él: Sebastián Piñera.

Constituyó una inadvertencia de Hernán Büchi llevarlo en 1989 a la dirección de su campaña presidencial, que era la representativa del Sí y a la cual Piñera, reconocido partidario del No, no tuvo el menor inconveniente en pasarse, saltando la valla que las separaba.

Las ideas nunca han sido problema para él, porque tiene fidelidad a una sola: la elevación de sí mismo a las máximas alturas del poder y la fama. Todo lo demás lo considera negociable.

         En el hecho, ha aclarado no ser de derecha y sí ser partidario de un Estado poderoso, que “norme, regule, fiscalice”.

Comenzando el nuevo milenio hizo una “toma de control hostil” de RN, y lo puso a sus órdenes. Fue cuando “dio vuelta” al Consejo General del partido, antes de elegir candidato presidencial para 2005 y cuando Lavín iba a ser proclamado por aquél.

En años previos había, literalmente, destruido a los liderazgos alternativos al suyo que podrían haberle hecho competencia, como los de Evelyn Matthei y Andrés Allamand.

         Su conspiración contra la primera fue descubierta y delatada por el empresario y dueño de Megavisión, Ricardo Claro, en el caso conocido como “Piñeragate” y de la grabadora Kyoto, en la cual quedó la voz de Piñera “para perpetua memoria” urdiendo una intriga que desprestigiara públicamente a su compañera de partido y competidora por la candidatura presidencial del mismo. A la postre ella, que fue la víctima de la intriga, quedó ante la opinión pública como culpable de faltar a la verdad y él quedó como víctima. Sin embargo, hoy han vuelto a ser aliados. Los políticos no tienen memoria.

Algo parecido hizo al otro competidor interno suyo en RN, Andrés Allamand. En la elección senatorial de 1998 en Santiago-Oriente, Piñera apoyó económicamente al competidor de Allamand, Carlos Bombal (UDI), que triunfó sobre el compañero de partido de Piñera, derrota que envió a aquél a su famosa “travesía del desierto”. La información de que Piñera ayudó a Bombal me la dio, en un avión al sur, un dirigente próximo al segundo. Cuando le pregunté quién se lo había dicho, me respondió escuetamente: “Carlos”.

También en el caso de Allamand, como en el de Matthei, todo quedó atrás y hoy el primero es, al igual que ella, parte activa y entusiasta del “piñerismo”. Los políticos no tienen memoria.

            Por otra parte, una virtud de Piñera es no reparar en medios para hacerse perdonar de quienes ha dañado.

            Con el tiempo ambos partidos de derecha se pasaron al bando de Piñera. Dejaron de ser defensores del Sí y perdieron su esencia y su temple, a cambio de estar en el gobierno de dicho cultor del No, tanto entre 2010 y 2014 como desde 2018 hasta la fecha. El gobierno que formaron se dedicó a perseguir a los militares en los tribunales, éstos ya con mayoría de izquierda. Principal factor para ser declarados “una derecha imperdonable”.

La propensión a rendirse políticamente

La falta de temple de esta derecha de Piñera ha sido lamentable. Es un sector tan anímicamente feble que ni siquiera es capaz de mantener sus principios. Como más arriba comenté, en los últimos años ambos partidos, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, nacidos bajo el alero del Gobierno Militar, han debido cambiar sus Declaraciones de Principios justamente para excluir de ellas las referencias favorables a aquél, al gusto de sus adversarios de centro y de izquierda, y así ganarse su beneplácito.

Se ha recordado, a propósito de ese doble renunciamiento, al famoso humorista norteamericano Groucho Marx, que decía: “Estos son mis principios. Pero si no le gustan, tengo otros…” A esa altura está la derecha chilena actual.

Es decir, ha sido incapaz de mantener públicamente lo mejor de su historia partidista y lo que la diferenciaba de las demás colectividades: el servicio prestado a Chile al haberlo rescatado de un destino totalitario, consagrando un sistema económico-social fundado en la libertad personal, que trajo prosperidad; y haber instituido y legado una democracia sólida, protegida y estable, aunque mayoritariamente malagradecida, como la que tenemos en vigor desde 1990.

Pues posiblemente lo más constructivo y honroso que ha hecho la derecha chilena en el siglo XX ha sido servir de sustento ideológico y aportar el recurso humano civil a la Revolución Militar 1973 -1990. Ésta salvó al país del comunismo, lo reconstruyó a partir de la ruina, evitando una guerra civil; derrotó a la guerrilla de extrema izquierda, preservó nuestras fronteras, probó ante el mundo que la libertad económica era exitosa y legó una democracia estable.

Debido a esta exitosa mezcla de libertad económica y democracia representativa el académico y escritor inglés Niall Ferguson ha declarado: “los primeros (en el mundo) fueron los chilenos: Thatcher y Reagan vinieron después”, refiriéndose al exitoso modelo que se ha ido imponiendo en todo el mundo.

Pero en el siglo XXI esa derecha del Sí de 1988 ha probado que, en su mayor parte, carece de fibra y temple moral. Por eso ha “comprado” la versión sobre el pasado reciente que divulga la izquierda y ha entregado en bandeja al marxismo las cabezas de los militares que pusieron el pecho a las balas terroristas. Hoy, a consecuencia de eso, centenares de estos últimos purgan condenas ilegales e inicuas a manos de jueces parciales. Y esa amenaza se cierne sobre cientos o tal vez miles más de los que acudieron al llamado de auxilio formulado por los políticos democráticos el 22 de agosto de 1973.

La persecución “inconstitucional, ilegal y arbitraria” contra los uniformados, como la ha calificado el abogado y autor Adolfo Paúl Latorre en su obra “Procesos Sobre Derechos Humanos” (Editorial El Roble, 2015), que ha desatado la justicia de izquierda, ha tenido lugar mientras los dirigentes y el electorado derechistas miran para otro lado o, peor, se convierten en cómplices –y los dos gobiernos de Piñera en coautores-- de la traición a los militares.

Coautoría de la persecución ilegal

Pues ésta ha sido continuada y acentuada en sus dos gobiernos por Sebastián Piñera, quien, para conseguir los votos de la familia militar, le prometió en 2009 debido proceso y aplicación de la prescripción para sus miembros víctimas del desconocimiento del estado de derecho por parte de la justicia roja.

Sin embargo, tras asumir su primer período de gobierno (2010-2014), se convirtió, más que en principal coautor de la prevaricación de esos jueces rojos. Desde su Ministerio del Interior triplicó el número de querellas que había contra los militares, los tildó públicamente de “violadores de derechos humanos”, tachó injuriosamente a la mayor parte de quienes lo eligieron a él mismo y habían apoyado al régimen militar, de “cómplices pasivos” de tales supuestas violaciones y, a través de las casi mil querellas que interpuso su gobierno, permitió pasar por sobre las  leyes de amnistía, prescripción, cosa juzgada y los principios básicos in dubio pro reo, de legalidad y de la presunción de inocencia.

Contribuyó, en síntesis, a arrasar con el debido proceso que había prometido restablecer, lo que habría podido cumplir haciendo uso de su atribución constitucional de “velar por la conducta ministerial de los jueces”, que viene de la más antigua tradición constitucional chilena y está establecida en el art. 32 N° 13 de la Constitución). En virtud de esta norma el Presidente podría haber acusado a los jueces prevaricadores ante el Ministerio Público por el ostensible abandono de su deber de aplicar las leyes, esencial de su ministerio. Hizo todo lo contrario y colaboró con ellos a través de las querellas ilegales e inconstitucionales de sus Oficinas de Derechos Humanos de sus ministerios del Interior, primero, y de Justicia después, contra los ex uniformados.

El primer gobierno de Piñera llegó al extremo, como más arriba recordamos, de dar en el gusto al comunismo para ganar su apoyo en las encuestas, que le eran adversas, al trasladar a los principales oficiales presos de alta graduación de un penal (“Cordillera”) situado al interior de un recinto militar, a una cárcel alejada y peor.

Otro salto al otro lado

En capítulo anterior vimos que uno de los instrumentos políticos concebidos para denostar y perseguir ilegalmente a los militares fue el “Informe Rettig”. Pues bien, en otro paso en el tránsito hacia posturas de izquierda, el senador de RN Andrés Allamand ha propuesto que esa mañosa presentación de la historia de nuestro pasado reciente, que es el Informe, y la correspondiente amnistía inmoral para la izquierda armada contenida en él, sean lectura obligatoria para los niños de Chile, como si el falseamiento de la verdad y la traición política desatadas por Aylwin II fueran algo que nuestros menores deberían aprender desde su más temprana edad.

            Pero la claudicación y la renuncia a los principios y a la defensa de la verdad histórica no han sido políticamente rentables para los partidos de la derecha. Cuando en la década de los 90 la parte más genuina de ella, representada por la UDI, permaneció en su ideario propio y mantuvo su línea de apoyo al legado del Gobierno Militar, como heredera del “Sí” que obtuvo el 43,5 % de los votos en el plebiscito de 1988, fue precisamente cuando ese partido cosechó sus mejores resultados electorales. Pasó en los 90 a ser el mayor partido del país, mientras RN se desdibujaba como “centroderecha” y emigraba al “No” siguiendo a “los muchachos impacientes” encabezados por Sebastián Piñera (los otros eran Andrés Allamand, Alberto Espina y Evelyn Matthei, según los denominó la revista “Qué Pasa” en un libro que publicó bajo ese título en los ’90).

Precisamente porque la UDI mantuvo su línea cosechó un mayor éxito electoral, pese al durísimo golpe que le significó perder a su líder, el senador Jaime Guzmán, asesinado por el brazo armado comunista FPMR en 1991. Y fue asesinado por, justamente, mantener una línea de derecha y votar en el Senado contra la reforma que confería a Aylwin II la atribución de indultar terroristas, norma que él y sus sucesores aprovecharon hasta no quedar ninguno tras las rejas.

Los buenos resultados electorales derivados de su línea dura le permitieron a la UDI llevar en 1999 a su candidato a la Presidencia de la República, Joaquín Lavín, a competir mano a mano con el de la Concertación, Ricardo Lagos, quien finalmente pudo ganar en segunda vuelta gracias al apoyo comunista, pues el partido rojo había llevado candidato propio en primera.

            El aspirante de RN en 1999, Sebastián Piñera, ante la elocuencia de las encuestas favorables a Lavín, había comprendido que no tenía nada que hacer frente a la popularidad de éste y, característicamente, como ya no iba a ser él el protagonista, optó por marginarse de la campaña, olvidando su voceada “vocación de servicio público” y dedicándose exclusivamente a sus negocios.

            Así, Ricardo Lagos ganó en 2000 y asumió la presidencia en marzo de ese año, para iniciar el último período de gobierno de seis años, pues en virtud de una reforma constitucional con amplio apoyo político, desde 2006 en adelante los gobiernos durarían sólo cuatro años.

Con los votos de la izquierda

            La siguiente campaña presidencial se inició en 2005 y el candidato indiscutido de la UDI y RN iba a ser nuevamente Joaquín Lavín. Sebastián Piñera seguía bajo él en las encuestas y se consideraba que su proclamación por el consejo general de RN iba a ser un mero trámite. El presidente del partido era el senador Sergio Diez, quien declaraba no haber nadie más lavinista que él en la colectividad.

Pero Sebastián Piñera estaba haciendo algo para sí mismo, en lo cual siempre pone el máximo entusiasmo, y recorría metódicamente el país visitando a los consejeros generales de su partido. Nadie puede saber qué les dijo u ofreció, pero fue un trabajo de convencimiento persona a persona muy sacrificado, pues en alguna oportunidad se quejó de que en muchos lugares debió alojar en hoteles “de tercera clase”.

Cuando llegó la fecha del consejo general de RN y todos, partiendo por el senador Diez, presidente de la colectividad, daban la proclamación de Lavín por hecha, resultó que la votación favoreció a Sebastián Piñera por amplio margen. Hasta “se le había pasado la mano” en el reclutamiento de consejeros, porque obtuvo más votos de los necesarios.

Y otra pequeña ayuda de la izquierda

            Lavín, aunque ya se había declarado en 1999 “arrepentido” de haber votado Sí en 1988 y hablaba el lenguaje de la izquierda sobre “atropellos a los derechos humanos”, era el único candidato de derecha que iba a postular en 2005, pues Piñera, el de RN, declaraba no ser de derecha y hacía valer su condición de votante del No en 1988.

            Siempre inclinado a la izquierda, era propenso a hacer gestos de amistad a los comunistas, como contribuir económicamente a financiar los gastos de última enfermedad de la Secretaria General, Gladys Marín, o declarar, a raíz del fallecimiento del caracterizado senador rojo Volodia Teitelboim, que lo consideraba “un grande de la historia de Chile”. Coincidentemente Gladys y Volodia, junto al también ex Secretario General del PC Orlando Millas, habían acordado en Moscú, en los 70, que miembros de las Juventudes Comunistas fueran a recibir entrenamiento militar a Cuba para después volver a luchar en la guerrilla chilena. Esto lo confesó Millas en sus memorias y fue el origen del FPMR, que costó muchas vidas nacionales en los años 80.

            Pero las encuestas daban en 2005 amplia ventaja sobre Lavín a Michelle Bachelet, la candidata de la Concertación, que había ganado gran popularidad por las razones equivocadas, especialmente al subirse a un tanque, en calidad de ministra de Defensa de Lagos, y mostrarse poco odiosa, pese a serlo tanto que se declaraba torturada (cosa que no fue) en cinco días de detención durante los años 70, cuando era “ayudista” del MIR, según la biografía de ella de Andrea Inzunza y Javier Ortega. Asimismo, se presentaba como hija de un general también torturado y supuestamente fallecido como consecuencia de ello, lo que tampoco fue verdad, como antes vimos, pero quedó consagrado como tal por un fallo espurio de la mayoría de izquierda en los tribunales, en 2018.

            En el segundo lugar figuraba Lavín, pero con poco margen sobre Piñera. Al terminar la primera vuelta, que ganó ampliamente Michelle Bachelet, se produjo la sorpresa: Piñera superó a Lavín y pasó a segunda vuelta.

Lo más llamativo de la campaña, a mi juicio, fue que en uno de los foros de los candidatos presidenciales le preguntaron a Piñera cuál gobierno consideraba peor, si el de Allende o el de Pinochet, y respondió que el de Pinochet. Ésa fue la prueba de su nulo nivel de conocimiento de la historia reciente o de su manifiesta mala fe para ocultar la verdad histórica con tal de obtener apoyo de la izquierda. Y también de su nulo grado de identidad de pensamiento con los partidos que adhirieron a Pinochet hasta 1990 y que después lo apoyaron a él, primero, en 2005, sólo RN y luego ambos en 2009.

Y lo segundo más llamativo fue que, al final de la primera vuelta de 2005, entrevistada en televisión la triunfadora, Michelle Bachelet, confesó que ella les había dicho a sus partidarios en las últimas semanas de la primera vuelta que tenía el triunfo asegurado y les pedía que votaran por Sebastián Piñera, para impedir el paso a segundo vuelta de Lavín, seguramente pensando que lo primero era asegurar que el próximo presidente fuera del No.

Esa ayuda extra de Michelle Bachelet puede explicar por qué Piñera se impuso a Lavín por muy pocos votos, contradiciendo las encuestas, y pasó a segunda vuelta.

El triunfo de Bachelet en esta última fue amplio, pues Piñera visiblemente “tiró la toalla” antes de tiempo e hizo campaña “pro forma” y sólo “por cumplir”, dándose por satisfecho con quedar posicionado para la elección de 2009, donde se enfrentaría a un debilitado DC, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, muy amenazado desde la izquierda por Marco Enríquez-Ominami y desde la derecha por su cuasi correligionario Piñera.

Éste había trabajado dentro de la DC por la candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en los 80, con vistas al 89 (esto me lo contó Frei antes de un foro en Radio Portales en 1989, durante la campaña senatorial). En la DC también luchaban entonces por la presidencia del partido Gabriel Valdés y Andrés Zaldívar, con vistas a la candidatura presidencial opositora, pero no Patricio Aylwin, quien decía ser el único sin ambiciones presidenciales, por lo que reclamaba el derecho a presidir el partido y así darles garantías a todos los aspirantes. Pero Aylwin II ganó la presidencial del partido y también la candidatura a la Presidencia de la República, que era el “premio mayor” buscado por Valdés, Zaldívar y Frei Ruiz-Tagle.

La agonía de la derecha

Con Piñera presidente en 2010 se inicia la muerte doctrinaria de la derecha chilena, hoy sin otros signos vitales que el surgimiento de la candidatura de José Antonio Kast y de su movimiento Acción Republicana y la sorprendente primera mayoría nacional de Cristián Labbé, hijo, nombre simbólico del gobierno militar, entre los consejeros regionales en la elección de 2017, donde obtuvo, sin publicidad, sin recursos económicos y sin promoción de ninguna especie, 70 mil votos, es decir, más que todos los candidatos a consejeros regionales, más que todos los candidatos a diputados, salvo Giorgio Jackson, y a senadores, salvo Francisco Chahuán; dando así una señal de que la verdadera derecha, es decir, el Sí, todavía vive en la base ciudadana y tiene algo qué decir después de siete gobiernos sucesivos del No e, incluso, después de que los partidos que la representaban también han desertado al No, siguiendo la estela de Sebastián Piñera.

Esta “vuelta de chaqueta” de la derecha partidista ha quedado particularmente de manifiesto en el cambio de postura de uno de los principales dirigentes y parlamentarios de la UDI, el ex, senador y actual Ministro de Justicia y DD. HH., Hernán Larraín, cuyo “antes” y “después” se examina en seguida.  

Hernán Larraín I

            La postura definida de la UDI como sucesora del “Sí” todavía en los 90 y antes de la irrupción de Piñera, quedó bien reflejada en la carta que el senador Larraín, uno de los principales herederos del legado de Jaime Guzmán, le dirigiera al general Pinochet con motivo de cumplir éste 80 años de edad.

Fue publicada en “La Segunda” del 24 de noviembre de 1995 y titulada “Reconocimiento a gigantesca contribución al progreso de Chile”. Sus párrafos principales decían:

“Su natalicio, ocasión en que un importante número de chilenos celebrará tal fecha junto a su persona, a lo largo de todo Chile. Sin embargo, lo más relevante de todo es que en esta oportunidad, bajo la iniciativa de un grupo muy cercano de sus ex colaboradores, se aprovechará la conmemoración para tributarle un reconocimiento a su gigantesca contribución al progreso de nuestro país. Por ello, quisiera enviarle estas líneas que contienen algunas reflexiones que me surgen a propósito de este acontecimiento, perdonándome usted que, por su propia significación, las haga públicas.
“Los pueblos, por lo general, son poco agradecidos con quienes colaboran en su desarrollo en vida de sus protagonistas. Más bien la crítica y la descalificación, cuando no la envidia, dan cuenta de nuestra pequeñez e incapacidad para tributar en forma oportuna un justo reconocimiento.
“La historia de Chile no sería la misma de no haber intervenido usted en momentos cruciales de nuestra evolución. No podemos olvidar el estado crítico, la ruina material y la descomposición moral en que se encontraba nuestra nación en 1973. La desesperanza cundía en todos los ámbitos y la ciudadanía, indefensa y desprotegida, se derrumbaba junto al fracaso de la institucionalidad vigente para impedir la destrucción de la chilenidad promovida por una ideología fundada en el odio y la lucha de clases.
“Ni los Tribunales de Justicia, ni la Contraloría General de la República, ni el Congreso Nacional, pudieron impedir estos hechos o revertir la situación caótica que se había producido. El país pidió, entonces, la intervención de las Fuerzas Armadas, llamamiento que luego de advertir la imposibilidad de evitar de otra forma el desplome nacional, fue finalmente escuchado por nuestros hombres de armas. 
“En la perspectiva del tiempo, este proceso adquiere especial significado. Luego de ser un país encaminado – al parecer de la época – en forma irreversible al colapso, Chile pasó del Gobierno Militar a ocupar la posición expectante que hoy tiene, configurando una situación inmejorable para superar la pobreza y el subdesarrollo a que décadas de malos gobiernos anteriores – salvo excepciones – nos habían conducido. Aunque les duele a muchos en la actualidad, esta es una realidad sólida y evidente como la cordillera de los Andes, que fuerza a muchos hoy a prestarle su reconocimiento público.
“Otra vez fue necesario coraje y sentido de bien común para adoptar el camino difícil y no demagógico que permitió lograr estas metas. Nuevamente usted, al liderar el proceso, mostró la calidad de estadista que pocos chilenos han podido exhibir a lo largo del siglo que expira.
“El proceso seguido a lo largo del régimen militar fue largo y doloroso. La interrupción del proceso institucional, causada por los hechos previos mencionados, generó enfrentamientos que costaron la vida de muchos compatriotas. Recordarlo nos causa pesar y enluta el alma nacional. Nadie quiso que ello ocurriera y nadie desea que ello vuelva a repetirse.
“Incluso los errores y excesos que se cometieron – no podemos olvidar la naturaleza humana – y más allá del aprovechamiento político que de ellos se ha venido haciendo durante muchos años, deben servir para comprender lo profundo del quiebre social que existió a comienzos de la década del setenta y el grado a que había llegado la justificación del uso de la violencia por los sectores políticamente mayoritarios en ese tiempo.
“Hoy, cuando aún quedan heridas por restañar y cuando se buscan fórmulas para terminar con los problemas pendientes, derivados de esos hechos en materias judiciales, producto de la mala aplicación de la Ley de Amnistía dictada en 1978 para contribuir a la paz social, advertimos la inequidad de algunos sectores que, por un lado, procuran superar las dificultades procesales y penales de terroristas de izquierda, para intentar, por otra parte, la persecución implacable de todo uniformado que pueda tener alguna responsabilidad en hechos de entonces.
“Fue necesario tener coraje para actuar en su debido momento, como lo es necesario hoy para superar esas inquietudes, sin olvidar el debido respeto por los sentimientos de todos los afectados. Usted supo actuar entonces y lo ha sabido hacer en estos días, dando ejemplo de autoridad, respeto personal y observancia de las normas jurídicas vigentes en la actualidad.
“La restauración de la democracia exigió comprender la profunda crisis institucional que entonces existió… La Constitución Política de 1980 es fiel demostración de esa vocación fundacional. La transición posterior y la actuación de los gobiernos que han sucedido al Gobierno Militar permite acreditar que esa institucionalidad ha funcionado con éxito. De ahí que nos resulte incomprensible el esfuerzo de algunos por revisar aspectos medulares de la misma, sin que existan antecedentes objetivos que lo justifiquen.
“Los hechos que he reseñado muy sucintamente justifican, pues, la recordación y celebración de estos días. No podemos restarnos a esta situación, entendiendo que la obra de todo hombre, por grande que sea, es fruto del trabajo mancomunado de muchos. Creo justo recordar entre todos quienes colaboraron con usted a una sola persona que, sin dudas les representa, pero que, por la fidelidad a sus principios, ya no nos acompaña. Me refiero a Jaime Guzmán, cuya figura – como la suya – se agiganta con el paso del tiempo.
“Por circunstancias particulares, no podré acompañarlo personalmente en alguna comida de celebración de las muchas que tendrán lugar el día de mañana. En esos momentos, obedeciendo a una invitación del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez Busch, estaré visitando el Campo de Hielo Sur, respecto del cual existe un diferendo limítrofe con Argentina, el que deberá ser revisado próximamente en el Senado.
 “La triste experiencia vivida hace poco con motivo del conflicto de Laguna del Desierto me fuerza a participar en ese evento, lamentando tener que ausentarme en esta justa celebración. Usted, que tuvo el coraje de defender cada pedazo de tierra chilena con la determinación que rodea todas sus acciones, podrá disculparme y, a la vez, comprender el sentido de mi ausencia. Hernán Larraín Fernández, Senador.”

Hernán Larraín II

            Pero el mismo autor de esa carta, sin que hubieran cambiado los hechos del pasado a que la misma se refería, con el transcurso de los años y el martilleo propagandístico de la izquierda cambió completamente su versión acerca de ellos. En efecto, el 24 de agosto de 2013, en “La Tercera”, el senador, además de explicar por qué estaba bien hablar de “dictadura”, sometiéndose así al idioma del adversario, acto seguido pedía público perdón por, se supone, lo que aquélla hizo.

Cuando algunos le recordaron su carta al general Pinochet de 1995, en que le reconocía y ponía de relieve su condición de salvador del país, Larraín explicó su cambio de actitud mediante un artículo en “El Mercurio”, pero como “quien se excusa, se acusa”, hasta hoy todavía nadie sabe de qué actos “punibles o moralmente inaceptables del pasado” (para usar los términos de otro que se rindió incondicionalmente) desea ser absuelto.

Como, objetivamente, parece no haber ninguno, su arrepentimiento sólo es un signo exterior de derrota política, porque designa al gobierno del cual fue partidario y para el cual trabajó, con el mismo epíteto, “dictadura”, con que lo califican sus enemigos (no meros “adversarios”, pues eran y son los mismos que organizaron los grupos que mataban o intentaban matar a los representantes o partidarios de ese gobierno, como el senador Guzmán).

Y ya como ministro, preguntado por “La Tercera” del 25 de marzo de 2018 respondió a la pregunta:

“Ha abierto la puerta para que en situaciones ‘excepcionalísimas’ se indulte a personas que estén condenadas por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué permitir este beneficio a quienes han cometido esos crímenes? 

Respuesta: “No somos partidarios de indultar a violadores de derechos humanos ni asesinos en serie ni pedófilos que han abusado de menores. (…) El indulto tiene un problema que no es menor. Altera una decisión de los tribunales de justicia en un largo proceso. Y yo respeto las decisiones de los tribunales y no me parece que haya que cambiarlas”.

Es decir, avala ciento la prevaricación judicial contra los militares que enfrentaron la subversión armada.

Por contraste, nadie de la Concertación ni del comunismo y ni siquiera de la DC, habla hoy del “régimen marxista-leninista” para referirse al gobierno de Allende, pese a que, siendo peyorativa, es una denominación legítima, pues Allende le dijo expresamente a Regis Debray, en su famosa entrevista antes de asumir en 1970, que su propósito era establecer un socialismo “marxista, científico, integral”.

Es que la izquierda “no se ha rendido”, como la derecha. Al contrario, ha triunfado en la posguerra, al imponer en el país y al país, y de paso hasta a sus adversarios, sus propios términos. 

Es que en Chile los militares ganaron la guerra, pero perdieron la posguerra y, además, los que fueron sus partidarios (y algunos de los propios militares, como se verá en capítulo aparte) en número cada vez mayor se están “rindiendo incondicionalmente” en la arena política.

Entretanto, los izquierdistas no piden perdón ni siquiera por sus crímenes más aleves e intencionados, como el atentado contra el ex Presidente Pinochet que costó la vida de cinco uniformados. Al contrario, se ufanan públicamente de su autoría, como lo han hecho con total impunidad el ex jefe del FPMR, “encargado militar” comunista y actual diputado comunista Guillermo Teillier y también el autor material de dicho atentado, César Bunster, a quien se le ha rendido homenaje en el Congreso.

¿No es absurdo que sí pida perdón el senador Hernán Larraín, que en su vida le ha disparado a nadie, y no lo hagan los autores intelectuales y materiales de asesinatos múltiples que, peor aún, se declaran orgullosos de haberlos cometido?

  

“Los civiles no agradecemos nada”

El historiador Gonzalo Vial, que en 1990 y 1991 clavó un cuchillo en la espalda a Pinochet con el Informe Rettig, después se arrepintió y ya en el siglo XXI se reivindicó defendiendo al régimen militar.

El 28 de septiembre de 2004, en su columna de “La Segunda”, escribía:

“El comandante en jefe del Ejército (Juan Emilio Cheyre) ha dicho que el país no tiene nada que celebrar el 11 de septiembre.

“El candidato presidencial de la Alianza por Chile (Joaquín Lavín), interrogado con anterioridad al aniversario, expresó que para él y sus seguidores sería una jornada cualquiera, normal, de trabajo.”

Pero luego Vial continuaba explicando que, si no se hubiese dado el golpe, las alternativas eran:

            “I. La consolidación irreversible de un Estado y de una sociedad marxista-leninistas (…)

“II. La alternativa II era que hubiera golpe, pero con sólo parte de las Fuerzas Armadas. (…) Consecuencia casi segura: la guerra civil. Quinientos mil a un millón de muertos, según el general Prats.

“TODOS ESTÁBAMOS DISPUESTOS A LA GUERRA CIVIL.TODOS CREÍAMOS QUE LOS VALORES EN JUEGO LA JUSTIFICABAN, SI NO HUBIERA OTRO CAMINO. (Mayúsculas de Vial). (…)

            “Pero no hubo Alternativa I. No hubo Chile a la Cubana. Ni hubo Alternativa II, Guerra Civil. Hubo 11 de septiembre de 1973.

            “¿Cómo no conmemorarlo? ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no… iba a decir ‘cómo no agradecerlo’?, pero retiro mis palabras. Los civiles no agradecemos nada”.

Después el mismo Vial escribía en “La Segunda” del 19 de febrero de 2008, sobre la discriminación legislativa y judicial contra los militares y recordaba: 

“Los años 2003 y 2004 se despacharon leyes de origen concertacionista, que permitieron la libertad de numerosos condenados por terrorismo, los cuales habían cumplido diez años de cárcel a raíz de crímenes cometidos en democracia. Justificación: cooperar a la ‘paz social’. La Iglesia Católica dio a esta iniciativa un fuerte apoyo. Fue ley gracias a la Alianza” (nota mía: oposición de centroderecha).

“Al mismo tiempo, senadores aliancistas y concertacionistas planteaban un proyecto con igual rebaja de pena, y la misma exigencia de haber completado diez años de prisión efectiva, para los autores de delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.

“El año pasado, la Cámara Alta rechazó la iniciativa. La ‘paz social’ ya no importaba. La Iglesia no se interesó” (...) (Nota mía: el voto decisivo para el rechazo lo aportó el senador DC Andrés Zaldívar, quien en agosto de 1973 señalaba que “los militares son una reserva moral y tal vez sean los llamados a arreglar las cosas aquí”. Así les agradeció).

Continuaba Vial: “Hay una perfecta asimetría al abordar los atropellos a los derechos humanos del régimen militar (la severidad y persecución vistas), y al abordar el terrorismo comunista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez o del MIR (indulgencia y aun secreta y vergonzante admiración). (...)

“No hace muchos meses, el jefe directo del frustrado magnicidio contra Pinochet del año 1986, fue objeto de un homenaje público por parte de un grupo de parlamentarios, quienes le ofrecieron un almuerzo en el comedor oficial de la Cámara. No era visible, pero sobre los manteles del ágape, corría y goteaba la sangre de los cinco escoltas presidenciales, totalmente inocentes, ultimados en ese crimen. Que yo sepa, nunca el homenajeado ha sufrido la menor molestia por su ‘hazaña’”.

                Entonces también llamó la atención la frase del senador Hernán Larraín en el sentido de que su voto a favor de la reducción de condenas a los terroristas de izquierda “no debía ser considerado como moneda de cambio para reconocer el mismo beneficio a los violadores de derechos humanos”.  Otro “arrepentido”.

Más vueltas de chaqueta

Como antes recordábamos, el 27 de agosto de 2013 el entonces candidato a senador Andrés Allamand, que había reconocido “malgré lui” haber votado “Sí” en el plebiscito de 1988, declaraba en Radio Agricultura que el “Informe Rettig” debería ser lectura obligatoria para todos los escolares chilenos. Con eso lo decía todo sobre su postura política; había abandonado por fin el Sí.

Y, además, en una entrevista declaraba que su político más admirado era Patricio Aylwin, un político de centroizquierda. En todo caso, debería aclarar a cuál Aylwin admiraba ¿el que denunciaba en octubre de 1973 que la Unidad Popular se aprestaba “a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas y que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder”, o el que declaraba en 1993, “yo nunca pensé que la Unidad Popular, ni menos Salvador Allende, estuvieran interesados en dar un golpe y establecer una dictadura”?

¿O los admira a ambos? En 2019 (abril) acaba de reiterar nuevamente esa admiración por Aylwin en entrevista a “El Mercurio”, tampoco precisando a cuál exponente de esa doble personalidad es al que tanto admira.

Pero lo más grave es su más arriba recordado propósito de hacer obligatoria la lectura del “Informe Rettig” para todos los escolares de Chile. Es decir, lavado de cerebros desde la temprana infancia. Como se le menciona como un permanente aspirante a la Presidencia, se supone que esa idea formará parte de su programa de potencial gobernante. Y es una idea gravísimamente negativa, porque el “Informe Rettig” fue declarado por el Pleno de la Corte Suprema en 1991 como un documento “apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos”. Y además se ha comprobado la recurrente falsedad del Informe, como se acredita en el capítulo II, no obstante lo cual ha servido para sacrificar la imagen del Gobierno Militar a los ojos de la opinión pública.

            Sucesivamente otros líderes de la UDI también, a lo largo de los años, han ido declarando su “arrepentimiento”: Como se vio antes, Joaquín Lavín ya lo hizo como candidato presidencial en 1999 y en 2005, cuando declaró que “si hubiera sabido de los atropellos a los derechos humanos habría votado No en 1988”. Pero lo que sabía entonces era la verdad histórica y lo que posteriormente le lavó el cerebro fue el mar de consignas de la extrema izquierda, que él compró completo, como la mayoría de los chilenos.

            Andrés Chadwick, ministro del Interior de Piñera I y Piñera II, durante el primero de esos mandatos proclamó violenta, repentina y elocuentemente las peores imputaciones contra el Gobierno Militar, todas falsas, y quedó ya definitivamente “arrepentido” y en pleno acuerdo con su jefe, el Presidente.

            Así, el único “coronel” de la UDI que “no se ha dado vuelta la chaqueta”, a estas alturas, es Jovino Novoa, hoy retirado de la política.

La fortuna electoral de Renovación Nacional

            Dado que el electorado de derecha es mejor que la dirigencia de sus partidos, se mantuvo en gran parte fiel al legado del régimen militar, aunque en 2009 y 2017 haya votado pragmáticamente por Sebastián Piñera, que no es de derecha y es del No. Fue elegido como “mal menor” y para evitar el triunfo de la izquierda.

En los 90 la UDI superaba a RN en votación y parlamentarios, probablemente debido a que se mantuvo como más firme heredera del Sí que la otra colectividad. Pero entonces tuvo lugar un fenómeno imprevisto, que alteró esa relación de fuerzas: la acentuación de la izquierdización de la Democracia Cristiana, al entrar ella a pactar con el comunismo para formar, en vez del pacto de la Concertación, que excluía al partido rojo, el de la Nueva Mayoría, en 2014, que lo incluía. Eso perjudicó a la UDI. Se verá por qué.

            Pues la izquierdización de la DC redundó en un éxodo de su electorado más moderado hacia la derecha. ¿Y cuál podía ser el destinatario de ese éxodo? Obviamente, el partido de derecha que más vocación mostraba por marcharse hacia la centroizquierda, RN, el partido del diputado Allamand, que se declaraba admirador de Aylwin II y propiciaba que en los colegios se instituyera como lectura obligatoria el Informe Rettig.

Consecuencia electoral del izquierdismo DC

            El éxodo de votantes DC hacia la derecha, a raíz de pactar aquélla con el comunismo, se manifestó en la elección parlamentaria de 2013 en una caída de la votación DC y un aumento de la de RN, lo que permitió por eso a los candidatos a senadores de este último partido ganar en las dos circunscripciones de la Región Metropolitana: donde antes el UDI Carlos Bombal había derrotado al RN Andrés Allamand, ahora el RN Manuel José Ossandón ganó al UDI Laurence Golborne, al tiempo que se perdía la tradicional primera mayoría DC de esa circunscripción, Soledad Alvear y la superaba y resultaba electo el socialista Carlos Montes (un “hijo del sistema binominal”, pues salió elegido senador sacando menos votos que Golborne, de la UDI, que no resultó electo).

            Y en la otra circunscripción metropolitana el RN Allamand, antes derrotado por el UDI Bombal cuando ambos habían competido en la circunscripción oriente, ahora vencía al UDI Pablo Zalaquett, mientras el DC Alberto Undurraga era desplazado por el PPD Guido Girardi.

            En resumen, grandes pérdidas DC por su izquierdización; y ganancias para RN, gracias al aporte de los DC moderados. Y la izquierda cosechaba dos senadurías que antes eran de la DC, por el éxodo de la votación moderada de ésta hacia los candidatos de RN.

            El ala derecha DC, a la que pertenecían Alvear y Undurraga, sufría entonces las consecuencias de pactar con el comunismo. Y la gran beneficiaria era RN. La UDI no, porque también hizo lo mismo (derivar hacia el lado opuesto), apoyando a un candidato presidencial del No, como Sebastián Piñera, y presentando toda una mayoría de sus “coroneles”, otrora del Sí, como Andrés Chadwick, Hernán Larraín y Joaquín Lavín, pidiendo públicamente perdón por haber pertenecido al gobierno militar y renunciando a sus antiguos principios. Incluso el “más duro de los duros”, el que siempre “le plantaba cara” a Piñera en sus esfuerzos por perjudicar a la UDI (recuérdese su participación proactiva en el episodio Gemita Bueno), su ex presidente y senador Pablo Longueira, terminó subyugado por ese principal enemigo del partido y se integró como ministro a su gabinete.

            Llegó a tanto su piñerismo que filmó un video junto a Joaquín Lavín en la primera vuelta de 2017 para convencer a los partidarios del único candidato presidencial del Sí, José Antonio Kast, de votar por Piñera, pues éste, decían, “está a punto de ganar en primera vuelta”. No era verdad. Piñera obtuvo sólo 36%, pero el video sin duda perjudicó al único candidato del Sí, José Antonio Kast, que había sido correligionario de ambos en la UDI.

Quiebre en la UDI

De todo ello no podía resultar sino el éxodo desde la UDI de su ala derecha más consecuente, representada por el mencionado ex diputado José Antonio Kast y, más recientemente, por el diputado más firme de la colectividad, Ignacio Urrutia, el único capaz de rendir un homenaje a Pinochet en la sala de la Cámara y de votar en contra en la sala de un bono millonario extra a los interrogados por vinculación al terrorismo bajo el gobierno militar.

Es decir, lo que pudo ganar la UDI hacia la izquierda adhiriendo a un portaestandarte del No, lo perdió hacia la derecha al marcharse el electorado que permaneció fiel al Sí.

A estas alturas –1919-- casi todas las encuestas de opinión presentan a José Antonio Kast como la carta presidencial más sólida de la derecha con miras a la elección presidencial de 2021. Lo que indica que la opinión pública de derecha es de superior integridad ideológica y consecuencia política que la dirigencia de sus partidos.

¿Juventud comunista? No: la de RN

            Pues la siguiente carta fundamenta por sí sola de lo anterior. Apareció en “La Tercera” del 4 de enero de 2019 y testimonia la fuga de la derecha hacia el lado contrario:

            “Pinochetismo.

“Señor Director: El retorno del pinochetismo es sin duda un retroceso para la derecha en términos políticos, valóricos, ideológicos e incluso electorales. No hay nada más nefasto que revivir un pasado tan oscuro como las terribles violaciones a los derechos humanos, todas injustificables y aberrantes. Hace tiempo que RN se desvinculó del pinochetismo y derogó de su declaración de principios toda alusión al régimen militar del dictador.

“Hoy es tiempo de mirar hacia el futuro y unirnos como sector en torno a lo que actualmente compartimos. Basta de conservadurismos obsoletos y arcaicos.  La derecha liberal llegó para quedarse y, junto con ello, una juventud fortalecida que hoy se desmarca con orgullo del pinochetismo. Francisca Richards U. Vicepresidenta Juventud RN”.

Otro columnista liberal, Fernando Claro, en “La Segunda” del 15 de mayo de 2019 se manda el siguiente párrafo: “…el poder que tienen los gobernantes en países liberales para manejar nuestras vidas… ya lo habrían querido los tiranos del pasado –entendamos Pinochet o Pol Pot--.”

Increíble: un tirano comunista bajo cuyo régimen murió un millón y medio de los siete millones de habitantes de su país es igual a un gobernante militar de derecha que le dio libertad económica al suyo, legó una democracia estable, dejó el poder tras perder una elección y debió enfrentar a un peligroso terrorismo armado, el cual estaba respaldado por el mundo comunista, con apenas el costo de 3.197 caídos en casi 17 años. ¡Qué manera de comprar las consignas comunistas!

Mayne-Nicholls ¡“of all people”!

            Y un hombre de derecha, como Harold Mayne-Nicholls, que perdió la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a raíz de una intriga personalmente gestionada desde 2010 por el entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera, controlador (pero no partidario) de Colo Colo, era un hombre del Sí. Yo defendí su permanencia en el cargo por su rectitud y honestidad.

            El hecho es que en diciembre de 2016 ya había sido virado, políticamente, por completo. No supe quién le lavó el cerebro. O tal vez fue víctima inconsciente de la repetición de las consignas marxistas con que nos martillan la mente los medios de la corriente dominante. He aquí lo que respondió Harold a una pregunta de “La Tercera” en diciembre de 2016:

            “¿Es cierto que ud. votó por el Sí en el plebiscito del 89? (fue el 88).

            “La historia me enrostra a diario ese grave error. Por eso voto en cada elección. Aprendí, con hechos, el valor de preservar la democracia”.

            Cerebro completamente lavado. ¿Quién le contó ese cuento a Harold? ¿Piñera? ¡Si la democracia se la debemos a Pinochet! Con el Sí habríamos tenido una democracia más próspera y mejor desde el mismo 1989 y no un año después, y nadie nos habría podido engañar tanto como lo hicieron los triunfantes del No.

A Harold (y a todos los chilenos) le mintieron y le mintieron, hasta que algo le quedó. Entre todos, habría sido el último de quien habría esperado esa vuelta de chaqueta.

Se derrumba otro ídolo

            Los Huasos Quincheros, el más tradicional conjunto folklórico, fueron característicos partidarios del Gobierno Militar, tampoco han quedado ajenos a la marea de los eslóganes comunistas. Dice a “La Tercera” de 27 de agosto de 2017 el principal exponente del famoso conjunto, Benjamín Mackenna, su “voz cantante”:

            “Trabajé un año y medio en el gobierno militar para que la música chilena no se perdiera en la radio. Me declaré pinochetista y luego participé en la campaña del Sí (…) Yo estaba alineado con un movimiento que contaba con todo mi entusiasmo. Ese fue un período notable, el país no soportaba más. Ahora es una etapa pasada. Los problemas de derechos humanos son imperdonables”.

            El eslogan comunista repetido por años también lo cambió de bando.

 El discreto alejamiento del Opus Dei

            En la deriva de la Iglesia Católica hacia la izquierda desde los años 60, sólo interrumpida por Juan Pablo II, quedó atrás una isla, una tierra firme de discreto derechismo eclesiástico-político: el Opus Dei.

            Pero en los últimos años la prelatura ha ido cuidadosamente alejándose del Gobierno Militar. Su destacado columnista de “El Mercurio”, profesor y abogado Hernán Corral, dedicó uno de sus fundados comentarios a “Neil Gorsuch y el ‘gobierno’ de los jueces”.

            El comentario se refiere a que el presidente Trump designó a Gorsuch como nuevo ministro de la Corte Suprema norteamericana, y ese jurista conservador se ha destacado por criticar el “gobierno de los jueces” y el “activismo judicial”, consistente en que éstos dictan fallos más inclinados a sus posturas políticas personales que a lo que dictan las leyes.

Justamente el rasgo más visible del activismo judicial en Chile ha sido el abandono de la legalidad por parte de los jueces de izquierda, para condenar a militares (r), desconociendo la Constitución y las leyes y, en consecuencia, prevaricando abiertamente.

         Lo interesante fue que Corral, en su análisis, precisamente NO mencionó ese aspecto más frecuente, flagrante y llamativo del “activismo judicial”, que es el más grave e importante en Chile. En cambio, sí mencionó el fallo que, apartándose de la ley, determina a qué sistema previsional deben adscribirse ciertos funcionarios públicos. También citó las sentencias que, asimismo apartándose de la ley, congelan el precio de los planes de las isapres. Y también mencionó la demanda del Movilh para obligar a legislar sobre matrimonio homosexual.

“Es decir”, escribió, “lo que eventualmente decidiría un grupo de jueces no elegidos democráticamente coartará la deliberación política que corresponde hacer a los órganos legisladores”.

Ni una sola palabra para los juicios y fallos donde, desconociendo la Constitución, la legislación penal chilena y los fundamentos del debido proceso, se condena a militares y se indemniza millonariamente a los terroristas que delinquían para establecer un régimen totalitario.

Otro columnista Opus Dei de El Mercurio, Joaquín García-Huidobro, no pudo permanecer indiferente al escandaloso caso de la condena al general nonagenario Héctor Orozco y la comentó, pero “se cuidó” de hacerlo sólo en términos humanitarios. Porque en términos jurídicos y políticos ese columnista se ha trasladado también al campo de los “arrepentidos”. Escribía el 27 de agosto de 2017 y bajo el título de “Manos sin sangre”:

“Nos gustaría haber sido más diligentes para informarnos y haber contribuido, al menos un poco, a mitigar el dolor de unas personas que, aunque en algunos casos no eran del todo inocentes, merecían otro trato.”

¡Qué fácil es ser general después de la batalla! ¡Qué difícil serlo durante la batalla! (A Pinochet la guerrilla marxista le ametralló su casa de Laura de Neves en los propios días siguientes el 11. Tuvo que establecer un perímetro con guardias). Y 32 militares murieron el mismo 11. Bajas del Opus Dei: cero.

Gobierno de centroderecha (¿?) censura a la derecha

            En el Museo Histórico Nacional se presentó en junio de 2018 una muestra con frases de personalidades nacionales, acompañadas de las efigies de sus autores, y entre ellas una breve alusión del ex Presidente Augusto Pinochet en un discurso, al lado de su imagen, referida al triunfo de Chile sobre el marxismo.

         En una reacción sorprendente, tratándose de un sedicente “gobierno de la centroderecha”, la entonces ministra de las Culturas y el Patrimonio, Alejandra Pérez, pidió la renuncia al director del Museo, Pablo Andrade, que había sido designado por concurso público, y aludió a un supuesto “dolor” que en ciertos sectores de la sociedad habría producido la exhibición de esa imagen y esa cita de Pinochet. Porque la derecha, en su miseria moral, ha llegado a considerar “doloroso” que se haga o diga algo que contraríe las consignas comunistas.

            La decisión, de la cual nunca he culpado a la ahora ex ministra que apareció tomándola, sino al Presidente en persona, pareció en su momento tan draconiana que hasta la senadora socialista Isabel Allende la estimó “exagerada”.

            Tal despido y por ese absurdo motivo habría sido ya reprochable en un gobierno de izquierda, por denotar un escaso respeto al pluralismo político, de modo que resultó simplemente incomprensible en un régimen autocalificado “de centroderecha”.

            El destituido director del Museo, Pablo Andrade, en carta a “El Mercurio” publicada el 26 de agosto de 2018, señaló que en el libro de visitas del Museo el 92 % de las personas “expresaron opiniones favorables en relación con la exhibición”, desmintiendo justificaciones en sentido contrario expresadas por la ministra y “el dolor” a que ella aludía.

Terminó su carta el removido Andrade diciendo: “La única respuesta que puedo dar, en este breve espacio, es que la posverdad se ha tomado nuestra naciente institucionalidad cultural y es urgente restituir la honestidad y la transparencia en este ámbito fundamental de nuestro desarrollo”.

            Lo que quedó más claro fue que para Sebastián Piñera la exhibición de la efigie del ex Presidente Pinochet y una frase suya relativa al triunfo sobre el marxismo constituyen motivo de “sufrimiento popular” y causal de despido del funcionario que las permita. Pero con ello no está de acuerdo el 92% de los que vieron la muestra.

Ministros de la confianza comunista

            El grado de “entreguismo” de los dos supuestos gobiernos “de centroderecha” de Sebastián Piñera, que no lo son, es evidente: tan entregados a la izquierda están que si sus ministros no gozan de la confianza de ésta deben renunciar.

            Un caso fue el del, a mi juicio, mejor ministro que tenía la UDI en el primer gobierno de Piñera, Rodrigo Álvarez Zenteno, ex diputado del partido que pasó a subsecretario de Hacienda en 2010 y luego a ministro de Energía en 2011 y 2012.

Álvarez intentó, ante una paralización ilegal en Aysén, hacer prevalecer el principio de autoridad fundado en la legalidad, pero empezó a recibir el ataque de la izquierda, que culminó con una columna injusta y derogatoria del principal columnista de “El Mercurio”, Carlos Peña, un hombre de izquierda. El ataque de éste al ministro Álvarez fue demasiado para Piñera, que lo desautorizó, le pidió la renuncia y después tuvo que acceder en todo a los alzados de Aysén para terminar el conflicto. Gran éxito de la izquierda.

            Yo comenté en mi blog que el columnista Peña removía ministros de Piñera con entera facilidad, pues no era la primera vez.

            Este “entreguismo” llegó al colmo cuando el recién nombrado ministro de las Culturas y del Patrimonio en 2018, el escritor chileno-sueco Mauricio Rojas, que había sido diputado de derecha en Suecia y trabajaba en el “segundo piso” de La Moneda como asesor y redactor de discursos de Piñera, fue nombrado por éste para suceder a Alejandra Pérez, pese a que ya ésta había “hecho méritos” con la izquierda, como vimos, al exonerar al director del Museo Histórico, pero era muy combatida por el senador RN Francisco Chahuán y tenía sus días contados.

            Pero, designado Mauricio Rojas, alcanzó a estar en el cargo 94 horas, es decir, menos de cuatro días, wikén incluido, porque la izquierda descubrió que alguna vez él había dicho una gran verdad intolerable: que el Museo de la Memoria Marxista era “un gran montaje” y que es “un museo de la izquierda para contar una versión falsa de la historia de Chile”. (“La Tercera”, 11 de agosto de 2018).

Había agregado también, en una entrevista a CNN, que el señalado museo “es algo para que la gente no piense, para atontarte”.

            En su libro “Diálogo de Conversos”, escrito conjuntamente con el actual Canciller, Roberto Ampuero, estaban contenidos conceptos similares.

            Evópoli, un partido de ChileVamos, y por tanto “del No” y de “arrepentidos” irredentos, que hacen de caja de resonancia de la izquierda, se sumó a ésta y fulminó también a Rojas, repitiendo la consigna falsa sobre “atropellos a los derechos humanos” del Gobierno Militar que han propalado los comunistas, y exigió la renuncia del recién designado.

            Piñera cedió inmediatamente, una vez más, ante le extrema izquierda y, en su afán de estar en todos los titulares, fotos y pantallas posibles, fue a Mesa Central de canal 13 a defender su decisión, sin imaginarse que le iban a preguntar si no había leído “Diálogo de Conversos”, antes de nombrar ministros a ambos autores, y entonces Piñera, pillado una vez más (siempre lo pillan, pero nunca le pasa nada) salió con una “piñericosa” memorable y contestó: “Leí el libro, pero no página a página”. Pregunta: ¿cómo puede leerse un libro si no es “página a página”?

            Y se fue el ministro que perdió la confianza de la izquierda.

Costo electoral de la “vuelta de chaqueta”

            El 1° de octubre de 2018 “La Tercera” publicó una encuesta de Criteria-Research, encargada por el Instituto Igualdad, próximo al PS, donde a la pregunta “Si fuera 1988 y el próximo domingo fuera el plebiscito convocado por Pinochet para decidir su continuidad ¿por qué opción votaría?: No: 70 %. Sí: 18 %. No sé: 12 %”

            A eso se ha reducido en treinta años el 43,5 % que obtuvo el Sí el 5 de octubre de 1988. Puede cuantificarse así el “costo electoral” de la “vuelta de chaqueta” de la derecha en el país y el dividendo que le ha rendido a la izquierda el lavado de cerebros practicado durante 29 años por sucesivos gobernantes del No.