"Crímenes de Lesa Humanidad"

La justicia de izquierda chilena prevarica (no aplica las leyes) contra ex uniformados chilenos (a quienes nadie defiende) con entera impunidad. A veces se basa en simples suposiciones carentes de base y de legalidad para condenarlos, como en el caso que comenté días atrás, en que cuatro ex uniformados fueron sentenciados a presidio por mantener secuestrada a una persona que todos saben (comenzando por los jueces) que no está secuestrada. Esto lo hace la mayoría de nuestros magistrados porque si no mintieran en esa forma tendrían que aplicar las leyes de prescripción y no proseguir los juicios contra ex uniformados por hechos de hace 35 años.

Pero otras veces a los jueces de izquierda les da vergüenza decir en sus sentencias mentiras tan grandes y prefieren fundarlas en otras más pequeñas, una de las cuales es favorita de ellos y consiste en decir que las muertes de terroristas a manos de agentes de la autoridad son "crímenes de lesa humanidad", que son imprescriptibles e inamnistiables. Pero si usted busca este delito en nuestros códigos no lo va a encontrar.

Cuando por primera vez fueron tipificados esos delitos fue en el Tratado de Roma de 1998, es decir, más de veinte años después de los hechos a los cuales se quieren aplicar en Chile. Pero nuestra Constitución dice que sólo se puede aplicar a un reo una ley posterior a los hechos si la misma es más favorable a él, en lo cual consiste el llamado principio "pro reo".

Pero aun suponiendo que el Tratado de Roma pudiera aplicarse a hechos de 1973-75, si se lee su texto (cosa que, al parecer, nadie en Chile ha hecho, porque si quienes se sirven de él lo hicieran se llevarían una ingrata sorpresa) se comprueba que dice, en su art. 7°: "Se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil: a) Por ataque a una población civil se entenderá una línea de conducta que implique una comisión múltiple de actos (...) contra una población civil, conforme a una política de un Estado o una organización".

Como se ve, no es aplicable al Gobierno Militar chileno, que lejos de agredir a la población civil la defendió de "organizaciones" que la amenazaban y agredían con atentados en el Metro, autos-bombas que mataban transeúntes desprevenidos y asaltos que generaban víctimas. Además, la propia población civil, a través de sus entes representativos, había convocado a los militares para que la defendieran contra el extremismo. Si hubo en Chile "crímenes de lesa humanidad" fueron los cometidos por una "organización" como el FPMR, que asesinaba a civiles, entre ellos al fundador del principal partido democrático chileno, la UDI, en 1991.

Los reales autores de crímenes de lesa humanidad entre nosotros se han valido de ese delito para, con el concurso de jueces prevaricadores de su misma tendencia política extremista, tomar venganza y condenar a los agentes del orden que frustraron sus propósitos. Hoy éstos cumplen largas sentencias impuestas en procesos ilegales. Los reos son personas que nunca antes delinquieron ni lo hicieron después de desempeñarse en la lucha antiterrorista. Es decir, ciudadanos ejemplares. Son hoy "los caídos tras las líneas enemigas", vituperados por el IV Presidente DC como "violadores de los derechos humanos", a quienes ha prometido jamás indultar, pese al abnegado servicio que prestaron a todos los chilenos al derrotar al terrorismo totalitario y frustrar los propósitos de una ideología que mantuvo por más de setenta años esclavizada a una buena parte de la Humanidad.

La Política, Siempre la Política

El programa de Sebastián Piñera decía que se iba a establecer la depreciación acelerada de las inversiones para estimular el crecimiento, que a su turno es el mejor remedio para la pobreza. Y ese programa no decía en parte alguna que se iban a subir los impuestos a las empresas. Pues bien, elegido Presidente Sebastián Piñera con los votos de las personas que creían que iba a establecer la depreciación acelerada y no se iban a subir los impuestos, el Presidente ha hecho precisamente lo contrario, es decir, ha subido los impuestos y ha excluido la depreciación acelerada de su proyecto para financiar la reconstrucción.
Por supuesto, debe dejarse en claro que para ese financiamiento no se necesitaba ninguna de las dos cosas porque, primero, el Gobierno tiene un fondo para emergencias que cubre sobradamente los perjuicios fiscales ocasionados por el terremoto; segundo, tiene un margen de endeudamiento sobrado, pues la deuda neta del Estado es algo más del 3 por ciento del PIB, en circunstancias en que países europeos ese porcentaje es hasta 80 por ciento; tercero, el precio del cobre previsto en el presupuesto fiscal es del 2,16 dólares por libra, siendo que en la realidad ha estado en 3,66 dólares, precio que, si se mantuviera, le daría una holgura de 5.400 millones de dólares, más de cuatro veces lo que se pretende recaudar con los nuevos impuestos que el Gobierno propone; y, cuarto, el Estado tiene enormes activos que podrían ser vendidos: es dueño de más de 17 mil inmuebles, la mitad de los cuales no usa; tiene, como dueño o co-dueño, unas 150 empresas valiosas. La venta de la quinta parte de una sola, Codelco, podría pagar todos los perjuicios provocados al patrimonio público por el terremoto. Si Codelco vendiera su participación en Edelnor, cuya mayoría es privada, no tendría para qué subir el royalty a la minería, alza que implica desconocer la palabra del Estado chileno, pues éste prometió invariabilidad tributaria a las empresas mineras y ahora pretende que éstas renuncien a ella.
¿Por qué, entonces, es necesaria una ley de financiamiento, cuando sin ley alguna el Gobierno tiene a su disposición recursos para sanear el déficit fiscal heredado y cubrir todos los perjuicios que sufrió el sector público con el terremoto? Porque es políticamente "popular". Porque se les da en el gusto a la izquierda extra Concertación (léase Partido Comunista) y a la Concertación. Y el Presidente que tenemos es lo más parecido que hay a alguien de la Concertación fuera de la Concertación. Es probable que por eso haya resultado elegido, pero ése es otro tema. Yo lo he llamado "IV Presidente DC", porque no hay nada que anhelen más los DC que el reconocimiento comunista, y este Presidente parece necesitarlo tanto como el aire para respirar. Por eso los convida a La Moneda, los lleva en sus viajes al exterior y les promete que no indultará a "los violadores de los derechos humanos", que es como él llama -tal como lo hacen los comunistas- a los ex uniformados que derrotaron al terrorismo de extrema izquierda y nos salvaron de ser otra Cuba, por lo cual los jueces de izquierda desde hace años se vienen vengando y desconciéndoles a esos ex uniformados todos sus derechos legales. Para no decir nada de que no les conceden indultos como los que beneficiaron a TODOS los terroristas de izquierda.
Volviendo al tema tributario, diremos que lo que está ocurriendo es, ni más ni menos, la política en todo su esplendor. Entonces, chilenos, si ustedes votaron por eso y ahora les suben los impuestos y las contribuciones, con su pan se lo coman.
Yo se lo advertí a todos a tiempo, y nadie me hizo caso. Eligieron al IV Presidente DC y éste está obrando como tal. Ergo, ustedes no tienen de qué quejarse.

El Tío Rico

Algunos asaltaron a la Tía Rica en Concepción, pero los pillaron. En cambio, el Tío Rico nos va a volver a asaltar a todos los contribuyentes y parece que nadie lo va a pillar.
Por supuesto, ustedes saben quién es el Tío Rico. Es el más rico de Chile. Tiene 17 mil propiedades ("El Mercurio", 04.05.10, p. A3) y sólo la mitad las usa. Con el resto pasa cualquier cosa. Ahora que ha sufrido una emergencia, debido a que la infraestructura de su patrimonio ha sufrido daños por 8 mil 500 millones de dólares, podría verder parte de esas propiedades para reponer el daño. Pero no. Quiere ser más rico todavía y los hará pagar a ustedes, los sobrinos, de quienes antes ha sacado todos los recursos para hacerse rico.
Una sola empresa de Tío Rico vale cinco veces todo el daño en infraestructura que sufrió en el terremoto. ¡Pero ni pensar en vender siquiera un quinto de dicha empresa! Les va a subir los impuestos a sus sobrinos empresarios, mineros y dueños de bienes raíces que valgan más de 97 millones de pesos. El más rico de todos no quiere soltar nada de lo que tiene para reparar los daños sufridos por su patrimonio, sino que les va a sacar a los sobrinos más plata para eso. En el fondo, se va a hacer todavía más rico, relativamente, porque los sobrinos deben pagar de su propio peculio los daños sufridos por ellos en el terremoto, empobreciéndose, y además deben cubrir los daños del Tïo Rico, para que éste no se empobrezca.
Tío Rico tiene 11 mil millones de dólares en reservas depositadas en el exterior, y no los quiere tocar porque, dice, va a bajar el dólar. Pero resulta que hace dos años tenía el doble de esa suma y trajo ya la mitad para paliar los efectos de la crisis, y el dólar no descendió por debajo de su precio de equilibrio. No. Lo que en verdad quiere Tío Rico es que los sobrinos paguen y él no deshacerse de sus reservas. Ni siquiera quiere vender la participación minoritaria de Codelco en Edelnor, empresa mayoritariamente privada. Da excusas baladíes, como la de que el directorio de Codelco es autónomo y no ha decidido vender Edelnor. ¡Pero si Tío Rico es el patrón de los directores y el dueño de Codelco! ¿Dónde han visto ustedes que los directores nombrados por el dueño de una empresa no le obedezcan? Lo que sucede, una vez más, es que no quiere pagar él los daños que ha sufrido. Quiere que ustedes lo hagan.
Tío Rico confía en que el IV Presidente DC, sucesor de los Jefes de Estado de la Concertación, seguirá la línea de éstos, de hacerlo cada vez más poderoso. ¿Y los sobrinos? ¡Que sigan pagando!

Los Goles que Nos Meten

El argumento que sigue puede reiniciar una discusión que he perdido siempre, al igual que las que he tenido al sostener que debe decirse "no hay bien que por mal no venga", y no "no hay mal que por bien no venga", como dicen los chilenos (y también los españoles) cuando a raíz de una cosa mala sucede otra buena; o al defender la idea de que la derecha debió llevar candidato propio y no a Sebastián Piñera en la última elección presidencial, y otras discusiones de las cuales no quiero acordarme y que también siempre pierdo.
Pues soy un detractor del "Día de la Madre" desde sus inicios y, por consiguiente, de los otros goles que nos han metido a los consumidores en esa misma línea, como el "Día del Padre", el "Día del Niño", el "Día de la Secretaria" y demás trucos de que se vale el comercio para aumentar sus ventas, obligándonos a gastar demás.
Por un móvil netamente lucrativo abusan de nuestros sentimientos, porque ¿quién se atreve a no comprarle nada a la madre en "su" Día? Nadie que yo conozca, ni siquiera yo, cuando mi madre estaba viva.
Yo argumentaba y argumento que toda madre ya tiene su propio día, el de su santo. Yo le regalaba algo y festejaba a mi madre para las Marías, el 12 de septiembre, y aprovechaba de subrayarle lo buen hijo que había sido siempre con ella.
De modo que el "Día de la Madre" es, a lo menos, redundante.
Ayer leí en el diario que el domingo último los centros comerciales habían vendido más que en la Navidad. Por supuesto, todo el mundo tuvo que ir a comprar algo para el "Día de la Madre" que es este domingo.
Soy tan honestamente contrario a esta presión psicológica masiva para hacernos comprar algo que me opongo también al "Día del Padre", que claramente me beneficia, pues mis hijos se ven obligados a regalarme cosas, aparte de que ya lo hacen (algunos, porque no todos se acuerdan), para mi santo, San Hermógenes, que es el 19 de abril, si bien mi nombre ha sido desplazado del santoral de la fecha, injustamente, por cierto, por Santa Ema y San Expedito. En el caso de este último la injusticia es patente, porque Hermógenes y Expedito eran soldados romanos mártires, que fueron ajusticiados por haberse convertido al cristianismo. Y lo fueron el mismo día, un 19 de abril, no obstante lo cual sólo Expedito se ha quedado con la fecha para sí, junto a Santa Ema, cuya intromisión nunca me pude explicar, pues fue la primera en desplazar mi nombre del santoral de una manera inopinada, hace unos sesenta años.
Y pueden en cualquier momento aparecer el "Día del Abuelo", el de la Abuela, el del Tío, el de la Tía y así sucesivamente con "el Hermano", "la Hermana", "el Amigo, "la Amiga" y hasta de "la Suegra". Todo para hacernos comprar cosas extras todas las semanas del año en un volumen, tal como el domingo pasado, similar al de la Navidad, con las consiguientes albricias para los comerciantes y extenuación para nuestros bolsillos.
Y nótese que todo esto se hace sin ninguna ley ni mandato ni nada. Simplemente anunciándolo de manera pública. Así queda la imperatividad del regalo establecida y los que osamos protestar tibiamente ante tal imposición pasamos a tener la categoría de "deshumanizados", que es lo que me dicen a mí cada vez que renuevo mis argumentaciones contra estos "Días".
Porque apelan a nuestros corazones y almas, pero el resultado es que quienes lo hacen se llenan los bolsillos, que no tienen nada que ver con el corazón ni con el alma. Y nosotros quedamos con el corazón y el alma henchidos, pero con los bolsillos más vacíos.
Entre paréntesis, he notado que muchas veces individuos que hablan demasiado del "alma" son, en los hechos, particularmente "desalmados".
Sé que no se pueden prohibir los "Días de...", pero, por lo menos, a los que nos damos cuenta de que nos están pasando por el aro nadie nos puede privar de nuestro sagrado "derecho a pataleo".

Nuestro Risible Estado de Derecho

Hace pocos días salió publicada en los diarios la condena a cinco años de presidio al general (r) de la FACH, Freddy Ruiz Bunger (hermano del oficial que fuera gravemente herido junto al general Leigh, en un atentado del Frente Manuel Rodríguez), junto a otras personas, por "el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, ocurrido en 1975, actuando ellos por cuenta del llamado 'Comando Conjunto'".
Este "Comando", consideraron los jueces, fue una repartición estatal, a pesar de que no figura en ningún organigrama presente o pretérito del aparato estatal. Pero tan estatal lo estiman dichos jueces que el Fisco ha sido condenado por ellos a pagar 80 millones de pesos al hijo del señalado Fuentes Rodríguez, por haber sido éste supuestamente secuestrado por los funcionarios del "Comando Conjunto" condenados.
Pero si el "Comando" era un ente estatal, sus agentes no podrían haber cometido un delito de "secuestro" actuando como funcionarios de aquél, pues según el Código Penal este delito sólo pueden cometerlo particulares, y no funcionartios públicos actuando como tales. En el caso de estos últimos la figura penal correspondiente es la "detención ilegal". Pero, claro, si los jueces hubieran perseguido a los responsables por el delito de detención ilegal, habrían tenido que reconocer que éstos, al cesar en su calidad funcionaria hace muchos años, como cesaron, no habrían podido mantener ilegalmente detenido a Fuentes Rodríguez en forma indefinida, porque éste lo habría estado en una repartición pública. Y como era fácilmente comprobable que Fuentes no estaba en ninguna dependencia del "Comando Conjunto" ni de otra repartición pública, los jueces habrían tenido que admitir que Fuentes no estaba privado de libertad desde muchos años atrás y, por lo tanto, el delito habría estado prescrito y, por añadidura, amnistiado, atendida la última fecha en que se supo del mismo Fuentes.
Pero nuestros jueces, cuya mayoría es de izquierda, simplemente no aplican las leyes de amnistía y prescripción, que están vigentes y son plenamente válidas. Es una decisión política, no jurídica. Ni tampoco aplican el Código Penal, pues si lo hicieran, no podrían haber condenado a quienes actuaron como funcionarios del Estado (por eso condenan a éste a pagar $80 millones de indemnización), en calidad de autores de secuestro, delito que, según dicho Código, sólo pueden cometerlo los particulares.
Si se comportaran como jueces en un Estado de Derecho, aplicarían la verdadera figura penal, la de detención ilegal. Pero entonces no podrían sostener, como sostienen, que Fuentes Rodríguez se encuentra secuestrado hasta la fecha ni podrían condenar a los funcionarios que han sido condenados.
Por supuesto, los jueces saben que no está secuestrado, que no hay noticias de él desde 1975 y que, por tanto, el delito de detención ilegal que pudo haber existido en su caso está prescrito y, por añadidura, amnistiado. Ellos lo que hacen es, simplemente, "buscarle la quinta pata el gato" para burlar las leyes de amnistía y prescripción que deberían aplicar en el caso de la detención ilegal. Entonces optan por afirmar que está teniendo lugar hasta hoy un "secuestro permanente" de Fuentes Rodríguez, porque no se sabe qué fue de su persona. Y así creen burlar el Estado de Derecho sin que nadie se dé cuenta, pero todos nos damos cuenta de que el delito de secuestro no está contemplado para el caso de funcionarios que detienen a alguien actuando por cuenta del Estado. Y si hubieran actuado como particulares, no se podría condenar al Estado a pagar $80 millones. Entonces, como nada de esto cuadra, los jueces se sientan en la diferencia y proceden como proceden y punto, como diría Ricardo Lagos.
¿Qué sucede? Que en Chile no se aplica la ley cuando se trata de ex uniformados. Y tampoco se aplica la que castiga a los jueces que contravienen las leyes o las dejan sin aplicación, como en este caso, pues deberían ser condenados por el delito de prevaricación, y no lo son.
Los ex uniformados que se han querellado por este delito, o quienes lo han hecho en su nombre, han visto cómo los tribunales hacen caso omiso de sus acciones. Ninguna ha prosperado. Esas querellas duermen en las cortes o han sido archivadas. Acá sería inimaginable una acción por prevaricación como la que tiene lugar, por similares actuaciones judiciales, contra el juez Garzón en España.
El llamado Estado de Derecho tiene como característica esencial la de que los tribunales respetan las leyes, pero en Chile una mayoría de jueces de izquierda ha logrado dejarlas sin aplicación para castigar a numerosos ex uniformados y agentes de seguridad del Gobierno Militar, y nadie les ha dicho nada. Todos saben que es mentira que Fuentes Rodríguez esté secuestrado hasta hoy, como lo presume la Corte Suprema; y a dicha Corte no le importa nada cohonestar esta mentira y dar lugar, sobre la base de ella, a una indemnización de $80 millones de pesos que debe pagar el Estado, porque el Estado desde hace más de veinte años está en manos de personas que encuentran natural que se le extraiga dinero violando las leyes, y eso no ha cambiado bajo el nuevo gobierno.
Al contrario, el actual Presidente, cuando era senador, votó para destituir a un ministro de la Corte Suprema que había sido acusado constitucionalmente por parlamentarios de izquierda en razón de que había aplicado la amnistía en casos parecidos al de Fuentes Rodríguez.
Luego, nuestro Estado de Derecho en definitiva no es tal, porque no se aplican por igual las leyes a todos los ciudadanos. Hay una categoría de éstos a los cuales se condena aunque las leyes ordenen absolverlos, y se ha venido haciendo así desde hace muchos años.
Por eso nuestro Estado de Derecho es risible. Porque basta que una mayoría política resuelva trasgredirlo para que ello se haga con toda facilidad y completa impunidad. Es cuestión de que se junten los votos necesarios en las cortes y nadie hará nada por preservarlo. Nunca podrá hablarse de un Estado de Derecho serio cuando basta juntar cierto número de votos en una sala para desconocer la legalidad vigente.

Menos y No Más Ministerios

Éste ha sido llamado el V Gobierno de la Concertación, pero yo, siempre benévolo, he preferido llamarlo el IV Gobierno de la DC, y en ambos casos por su tendencia a aumentar el tamaño del Estado a través de más impuestos y de la creación de más organismos burocráticos, como es el caso del Ministerio de Desarrollo Social que propone Sebastián Piñera.

Éste será otro ministerio inútil y caro -porque seguramente se aprobará, pues a la hora de consagrar disparates siempre hay mayoría parlamentaria- y no logrará el desarrollo social. El mismo se conseguiría mucho antes si los recursos para desarrollo social los percibiera directamente la gente, siempre y cuando ésta tuviera reales posibilidades de elegir.

Chile ya tiene sobradamente los recursos para suprimir la pobreza y este paso de dárselos a las familias directamente sería el más importante en materia de desarrollo social.

En este momento el llamado "gasto social" del Estado es de 29 mil millones de dólares, pero va en su casi totalidad a monstruos burocráticos, en los cuales, cumpliendo con los postulados del "Public Choice" de Buchanan y Tullock, los recursos en buena medida se desvían para satisfacer apetitos de los propios burócratas, como se demuestra sacando una cuenta muy sencilla: si ese gasto social fuera entregado directamente a las familias pobres, no habria pobres, pues alcanza para ponerlas a todas por sobre a línea de la pobreza.

En efecto, ya sea que uno se ciña a la cifra del gobierno de Bachelet sobre el número de pobres, que sería el 13,7 por ciento de la población, o a la del estudio del actual Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que los situó en un 29 por ciento, querría decir que los pobres en Chile son entre cuatro y ocho millones de personas.

Si el gasto social se distribuyera entre cuatro millones de pobres, cada uno tendría 300 mil pesos mensuales; si se distribuyera entre ocho millones, cada uno tendría 150 mil pesos mensuales. En ambos casos quedarían todos sobre la actual línea de la pobreza, que es mucho más baja, con el añadido de que la suma a distribuir sería por persona, es decir, que en las familias pobres no unipersonales el ingreso recibido sería, en el peor de los casos, de 300 mil pesos mensuales o más.

Para conseguir que el dinero vaya todo a los pobres y no en gran parte a la burocracia y los "chanchullos" a que ésta nos tiene acostumbrados (exceso de personal, "asesores" inútiles, "pitutos" políticos -recuérdese a la bella Karina Talcán, jefa de gabinete del senador Camilo Escalona que apareció en la nómina del Registro Civil como desempeñándose en la Araucanía- contratos "fantasmas" imaginarios y demás) deben suprimirse los monstruos burocráticos y entregarse el dinero a la gente.
En lugar de crear otro ministerio enorme -porque sin duda será enorme- el dinero debe ir a las familias pobres para que elijan un colegio particular de su preferencia o la institución de salud en que deseen asegurarse, tal como hoy lo hacen las personas pudientes.
Deben licitarse todas las escuelas y hospitales públicos. Educación particular (que es la que hoy da mejores resultados) y seguro de salud privado (que es hoy el mejor) para todos los chilenos.
¡Menos Estado y no más Estado! ¡Menos ministerios y no más ministerios! ¡El gasto social para los pobres y no para la burocracia!

El Día del Ocio

En un mundo tan "políticamente correcto" como éste, en que tanto cuesta sorprender a alguien diciendo la verdad, es natural que el día en que obligatoriamente debemos estar ociosos sea llamado "Día del Trabajo".
Aparte de no ser cierto, ¿con qué derecho se obliga a todas las actividades a suspenderse y nos quedamos sin abastecimientos, esparcimientos, diarios (¿por qué sólo los diarios y no las radios ni los canales de TV?) ni la posibilidad de producir casi nada. Es un resabio socialista intolerable
Es la celebración de un episodio político-policial ocurrido en Chicago hace muchos años. Se supone que es el "día de los trabajadores". Pero ¿no somos todos trabajadores? ¿Y por qué si es nuestro día se nos impide a tantos de nosotros hacer lo que queremos? ¿Por qué la festividad no es simplemente voluntaria? Los que quieran celebrar el aniversario del episodio de Chicago, que lo hagan, pero no nos dejen a todos privados de la posibilidad de hacer la mayoría de las cosas, entre ellas trabajar como lo hacemos de ordinario, lo que sería muy bueno, pues Samuel Johnson escribió que "el ser humano se halla rara vez tan inocentemente ocupado como cuando trabaja". Es de lo más sano para el cuerpo y para el espíritu. Por lo menos yo puedo dar fe de que, cuando estoy un poco deprimido, pongo manos a la obra en algún trabajo que no me atraiga demasiado, pero que debo hacer, y el asomo de depresión se me quita instantáneamente.
Además, este Día del Ocio da lugar en todo el mundo a manifestaciones generalmente violentas y, algunas, hasta un poco abyectas. En la isla- prisión de Cuba los obligan a todos a ir a la Plaza de la Revolución (¡pobre del que no vaya!) y tragarse discursos de varias horas en que el dictador o su hermano marioneta repiten los lugares comunes acostumbrados, sin que ninguna de sus argumentaciones logre verosímilmente explicar por qué casi todos en la isla quieren marcharse de ella. Desde luego, el centenar de miles o más de oyentes cautivos de la Plaza de la Revolución se irían, la gran mayoría, felices a vivir a otro país si pudieran hacerlo. Un día en que Castro, hace muchos años, abrió el puerto de Mariel por un día a quienes quisieran marcharse, se fueron trescientos mil. Claro que él aprovechó para mandar a los peores delincuentes de sus cárceles a los Estados Unidos.
En una sociedad libre, pero verdaderamente libre, no podría subsistir un 1° de mayo como el que hay acá, en que policialmente nos privan de numerosos derechos, partiendo por el de trabajar en nuestras actividades habituales.
Chile no es una sociedad libre todavía, pero ha avanzado bastante en esa dirección, desde que bajo el mando de Augusto Pinochet se consagraran numerosas posibilidades de opción nuevas para los chilenos. Pero ni siquiera él se atrevió a insinuar que fuéramos también libres el 1° de mayo.
Alguna vez lo conseguiremos. Me atrevo a vaticinar que ésa será, alguna vez en el futuro, la "piedra de toque" (piedra que utilizan los joyeros para determinar la legitimidad de las piezas de oro) para saber si uno vive o no en una sociedad integralmente libre.