Con motivo de este 11 de septiembre un catedrático español se ha hecho esa pregunta... y la ha respondido de la siguiente manera:
Aunque lo pregonen a los cuatro vientos los interesados voceros de la falsa libertad,
siga muda la amplia y congelada meseta austral, y se marchite cada otoño la roja flor
del copihue; la pregunta para el pueblo racional chileno seguirá siendo la misma,
después de cincuenta y tres años de haber salvado al pueblo de la tiranía marxista, aún
vigente en nuestro hemisferio en Cuba y Nicaragua: ¿era Pinochet un dictador?
Los griegos elogiaron siempre las dictaduras, y los romanos tuvieron que acudir a ellas
para salvar el Imperio del caos y la molicie; ambos pueblos distinguieron claramente
entre dictaduras y tiranías. Plutarco y Cicerón fueron los primeros en dar carta de
naturaleza al pueblo para resistirse a los tiranos que gobernaban en contra de sus
intereses. Tomás de Aquino, Francisco Suárez o el padre Mariana avanzaron sobre la
licitud del tiranicidio; sobre aquellos usurpadores del poder, ejercido sin título alguno;
o contra el “dictador soberano” que, accediendo legítimamente al poder, lo ejerce de
manera despótica y en detrimento del interés general.
De estas y otras enseñanzas debían haberse valido los gobernantes revanchistas de la
izquierda más blanqueada y abyecta, Bachelet y Boric; y la derecha más ayuna de
principios y cobarde, Piñera, para no mantener a los defensores de la libertad en Chile
en 1973, prisioneros, ad eternum, como delincuentes sin ningún derecho exigible
como al resto de los ciudadanos.
Punta Peuco es, cada día que pasa, un mayor atentado al estado de derecho, una
injusticia lacerante, una ignominia colectiva irreparable, una impiedad manifiesta con
personas que, además de salvar a Chile del comunismo, tienen una edad que no
admite la permanente venganza. Descubrir las profundas razones por las que Pinochet
dejó el poder, de forma procesal y plebiscitaria, y mantuvo la neutralidad del ejército,
ayudaría. ¡El odio y la ceguera no pueden soslayar esas evidencias!
La figura política de Augusto Pinochet ha sido objeto de intensas controversias, en el
hipócrita universo del liberalismo democrático, porque su dictadura no era de
izquierdas, progresista. Porque procuraba el progreso de su pueblo, salvaguardando la
integridad de la nación. Porque no admitía el juego partitocrático siempre divisor y
corrosivo.
Un mínimo, pero riguroso examen sobre la naturaleza del poder ejercido por el jefe del
Estado Chileno entre 1973 y 1990, nos debería llevar al convencimiento de que su
régimen militar distó mucho de ser una dictadura. Abordó el concepto técnico de
dictadura; el modo en que Pinochet accedió al mando; la estructura jurídica de su
mandato; el proceso constituyente que éste generó y la dimensión psicológica del
propio Pinochet. El resultado, analizando esas variables, nos lleva al convencimiento
de que no fue una “dictadura soberana”, querida y buscada por él, por un grupo social
o un partido. Bien al contrario, su poder fue un mandato esencialmente “comisorio,
autolimitado, que deriva de un mandato histórico y moral”, refrendado ampliamente
por los chilenos en todo el período constituyente, en que se convirtieron sus diecisiete
años de paz y progreso”. Lo comprendieron pronto los intelectuales comunistas de
entonces, y de ahora, que esperaron que el tiempo dinamitara la gratitud, el respeto y
el valor de aquella generación de chilenos fundantes.
Conviene acotar lo que se entiende, en filosofía política, por dictadura, siguiendo el
racionalismo europeo, dónde se afirma, “es una magistratura suprema, personal y
excepcional”. Suprema, porque actúa con capacidad decisoria última; personal, porque
se concentra en un individuo dotado de carisma o autoridad militar; y excepcional,
porque no constituye una forma política ordinaria, sino que aparece en momentos
críticos de la vida nacional.
Pero dentro de ese marco, deben distinguirse dos modalidades: La dictadura
soberana, en la que la voluntad del gobernante es fuente creadora de todo el
ordenamiento y poder público. Y La dictadura comisoria, limitada por un mandato
histórico, en circunstancias de emergencia que afectan tanto a su misión como a su
duración. Esta segunda modalidad es la que encaja con el gobierno de Pinochet, que
crea un orden nuevo, ex nihilo, como un mandato requerido por unas circunstancias
críticas y asumido como una obligación limitadora.
En segundo lugar, resulta necesario explicar, que tanto la elección de Pinochet, como
su legitimación, no fue una autoproclamación, sino la asunción de su obligación como
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, garantes de la independencia y soberanía de su
nación. En dicha excepcionalidad se le otorgan “todos los poderes del Estado”, sin
limitación temporal, para la gobernanza y la paz, tras el colapso de la legalidad de
Allende, y como respuesta a un vacío de poder efectivo. De ahí que Pinochet no se
impusiera a la sociedad, sino que fue “alzado por ella”; una apreciación evidenciada
por la sociedad que sostuvo la responsabilidad histórica de su ascenso, compartido
“por una fracción mayoritaria del pueblo y la nación”.
En tercer lugar, desde el punto de vista estrictamente jurídico e histórico, el gobierno
de Pinochet fue un poder regulado, incompatible con la voluntad creadora absoluta.
No puede considerarse, la magistratura de Pinochet, como una dictadura soberana,
aunque recibiera plenos poderes; pues éstos se fueron progresivamente
autolimitando, mediante la creación de un orden constitucional propio, articulado a
través de las Leyes y los gobiernos en sus mandatos, que configuraban una estructura
política estable, previsible y reglada.
Ello acredita el proceso autolimitador y constituyente de Pinochet, a medida que la
situación nacional se estabilizaba. Lejos de perpetuar una concentración ilimitada de
poder, construyó gradualmente un entramado jurídico-político que fijaba
competencias, definía instituciones y permitía la continuidad histórica de Chile, más
allá de su persona. Esto resulta innegable, hoy. Este proceso había culminado en 1990,
dando paso al nuevo orden, donde se precisan las funciones del Estado, del Gobierno,
de las Cortes y del propio jefe del Estado, creando una separación de poderes
funcional que reducía la discrecionalidad personal. Pinochet pretendió ser el fundador
de un orden temporal, muy beneficioso para el pueblo chileno; no el gestor arbitrario
de un régimen personalista.
La finalidad de la acción política de Pinochet, en el ejercicio del poder, estuvo guiada
por un principio de servicio público, entendido como un deber moral. Pinochet vivió su
responsabilidad “como un compromiso”, orientado al restablecimiento del orden, la
reconstrucción económica y la continuidad histórica de Chile. No hubo voluntad de
dominio personalista o mesiánico, sino una actitud de “protector o procurador”.
El perfil psicológico de Pinochet, dado por quienes lo conocieron bien y lo trataron
durante años, conviene traerlo a colación, ahora. Pinochet era, por su carácter, la
contrafigura del prototipo dictatorial. Los dictadores clásicos - desde Pisístrato a Sila,
desde Napoleón a Mussolini, Stalin, Fidel Castro o Chávez - se caracterizaban por
voluntades fuertes, impetuosas, egocéntricas y marcadas por un talante autoritario -.
En cambio, Pinochet, poseía un temperamento “abierto, respetuoso, bonachón y
extraordinariamente dúctil”, que lo situaba “en las antípodas del arquetipo autoritario”
identificado por la psicología política contemporánea. Ello también explica su
capacidad de escucha, la serenidad en la toma de decisiones y su sentido del deber,
favoreciendo una estabilidad institucional que evitó las tensiones propias y externas
del tiempo que le tocó gobernar.
Jaime Alonso García, abogado, expresidente de la Fundación Nacional Fransco Franco, España.
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