DISCURSO QUE DEBIÓ DECIR KAST PERO DIJO CARLA

Sabemos que el presidente José Antonio Kast y el establishment contemporizador con la izquierda totalitaria "se fugaron" el 11. Hicieron "como si" el 11 no existiera. Como si la efeméride mas trascendental, después del 18 de septiembre, no hubiera acontecido. Pero ocurrió y así la conmemoró la figura femenina más importante del país, Carla Fernández Montero, presidente de la Corporación 11 de septiembre. En la fecha expresó, interpretando a la mayoría patriótica, nuestra amargura por este "pago de Chile"::

Señoras y señores; socios y adherentes de la Corporación; familias que

han venido desde lejos; camaradas que partieron y, sin embargo,

continúan en nuestras filas:

Faltan rostros en este acto, y no por voluntad propia. A unos los

retiene un portón en Til Til; otros ya no volverán, porque se apagaron

este año en una celda, aguardando una resolución que llegó tarde o no

llegó. Cada año la nómina se alarga. Esa ausencia lleva un apellido, y lo

hemos pronunciado ante estrados, ministerios y auditorios que hubieran

preferido no oírlo: geriatricidio carcelario.

Han pasado cincuenta y tres años desde aquel septiembre, y

abundan quienes fingen no recordar cómo se vivía la víspera. Ustedes sí

lo recuerdan; lo tienen grabado en la piel. Las madres alineadas desde la

madrugada, con la escarcha en el pelo, para volver sin la leche de los

niños; la JAP decidiendo en cada cuadra, según la filiación del vecino,

quién compraba y quién no; el mercado negro floreciendo en las

trastiendas en tanto las góndolas se vaciaban; una inflación que devoró

el quinientos por ciento y convirtió el sueldo del mes en un puñado de

papel al mediodía; más de medio millar de fábricas y fundos tomados

por la fuerza, con sus dueños expulsados entre consignas; los

camioneros detenidos en las rutas y el campo sin semilla ni

combustible. No han olvidado el miedo, que es lo más difícil de contar:

el obrero que no sabía si al despertar tendría empleo o cordón industrial;

la sobremesa del domingo rota a gritos entre hermanos; las brigadas

desfilando por las avenidas al grito de que el poder se tomaba y no se

votaba. En mayo de 1973 la Corte Suprema denunció formalmente la

inminente quiebra de la juridicidad; en junio los tanques rodaron por el

centro; en julio asesinaron al edecán naval de Allende; el 22 de agosto la

Cámara de Diputados declaró, por amplia mayoría, que el Ejecutivo

había roto la legalidad constitucional de la nación. Chile se desangraba

sin que hubiera comenzado siquiera la guerra civil que tantos daban por

inevitable.

En ese abismo, oficiales, suboficiales, clases y conscriptos

tomaron sobre sí la decisión de detener la caída, y la dejaron escrita ese

mismo día en el acta fundacional de la Junta de Gobierno: asumían el

mando para "restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad

quebrantadas". Muchachos de dieciocho años que cumplían con su

deber sin haber elegido la hora que les tocó vivir, y que peinan canas

con la boina todavía en un cajón. A todos ellos rendimos homenaje, sin

distinción de grado. Son hombres de honor. El honor no se pierde por un

fallo ni se marchita con la edad; tampoco cabe en un legajo.

No venimos a reescribir la historia; venimos a impedir que se la

cuente por la mitad. Lo que en aquellos años se levantó permanece en

pie, sostenido precisamente por quienes juraron demolerlo. Veintiocho

años de gobiernos adversos conservaron la economía abierta, el sistema

previsional de 1980 y la división del territorio en trece regiones, sin

remover cimiento alguno. El general Pinochet lo resumió en 1987 en

una fórmula que incomoda hasta hoy a más de uno: hacer de Chile "un

país de propietarios y no de proletarios". La fruta chilena, que exportaba

treinta millones de dólares en 1974, multiplicaba esa cifra por más de

cuarenta antes de terminar la centuria, y Chile salió a vender al mundo,

hasta el Asia, cuando el resto de América ignoraba el Pacífico. La salud

se reorganizó con FONASA en 1979 y las ISAPRES en 1981, y Chile

alcanzó 1990 con una mortalidad infantil de dieciséis por cada mil

nacidos vivos, entre las más bajas del continente. En 1975 el Metro de

Santiago comenzó a rodar bajo la Alameda; en 1978 corría ya la

segunda línea. Las centrales de Antuco y de Colbún-Machicura

encendieron la luz de incontables casas. La Carretera Austral, mil

doscientos kilómetros de eje longitudinal y otros mil de ramales

arrancados a la cordillera, a los fiordos y al bosque por el Cuerpo Militar

del Trabajo, con picota, dinamita y botas empapadas, rescató a Aysén

de un aislamiento de siglos; hay caseríos que hasta ese día jamás habían

visto un camión, y lo vieron gracias a esos zapadores. En abril de 1984

se fundó Villa Las Estrellas y, siete meses más adelante, nació el primer

chileno en la Antártica: el pabellón se plantó con cunas, no con estacas.

En diciembre de 1978, con las tropas argentinas desplegadas en la

frontera, la contienda se evitó por el cauce jurídico y la mediación

pontificia, hasta que el Tratado de Paz y Amistad, seis años después,

selló para siempre la soberanía sobre Picton, Nueva y Lennox.

Aquella obra se entregó en paz. El plebiscito de 1988, las

enmiendas de 1989 y la transmisión del cargo de marzo de 1990

configuraron un tránsito que se estudió como modelo en el extranjero.

Toda esa arquitectura descansaba sobre un supuesto que ninguno

escribió pero todos entendieron, el respeto al Decreto Ley 2.191, la

amnistía de 1978; sin honrar ese compromiso la reconciliación era

imposible y la democracia naciente carecía de suelo. Esa base se

quebró. Vinieron la detención de Londres en 1998, la querella del

Partido Comunista y la seguidilla que la siguió, las reformas de 2005 y

una oleada de tratados internacionales leídos de tal modo que borraron

la prescripción y consagraron la retroactividad. Lo que se anunció como

clausura de una época degeneró en algo distinto, que la doctrina designa

con una expresión menos amable, retribución retroactiva, y que, a más

de un tercio de siglo, no cesa de devorar presupuestos, tribunales y

vidas.

Existe una realidad que pocos fuera de esta sala conocen y que

esta Corporación se ha impuesto la obligación de repetir hasta que se

escuche. Los militares de entonces son juzgados con el Código de

Procedimiento Penal de 1906, un proceso inquisitivo, escrito y secreto,

en el que una misma persona investiga, acusa y sentencia; en el que la

instrucción puede prolongarse durante lustros sin plazo que la limite; en

el que la prueba de presunciones suple la evidencia material que los

años destruyeron. Ese rito dejó de regir para los delitos posteriores a la

reforma del año 2000; en la práctica actual sólo se emplea con quienes

sirvieron en las Fuerzas Armadas. Un sicario foráneo del crimen

organizado dispone de más garantías procesales que un nonagenario

que vistió el uniforme de Chile. A eso se sumó una jurisprudencia que,

con el ropaje de doctrinas importadas, hizo bastar el rango y la función

para sellar destinos de cientos de años de encierro; condenados por lo

que eran, más que por lo que hicieron. Los antiguos lo llamaron Ley del

Talión; ahora se presenta con toga y birrete. Una pena nacida tras los

hechos no previene nada; se limita a cobrar venganza. Eso, señoras y

señores, no es derecho penal.

Entretanto, los años hacen su labor. Punta Peuco fue cerrado como

recinto especial y sus internos pasaron al régimen común. Octogenarios

y nonagenarios con cáncer o con demencia dependen de otro recluso

para calzarse los zapatos. Una esposa septuagenaria plancha cada

sábado la camisa de la visita y regresa en micro, con la bolsa vacía y las

manos en el regazo. Una hija se casó sin su padre en la iglesia. Un

abuelo descubrió la cara de su nieta en una fotografía que pasó por la

revisión de la guardia. Presos hubo que fallecieron con un recurso de

amparo pendiente. El Estado de Chile ha hecho del tiempo su

instrumento; no requiere decidir, le basta esperar.

A los ex uniformados que nos acompañan les hablo con

franqueza. Saben mejor que nadie el peso de esta espera, pues cada uno

carga con un compañero de armas privado de libertad, un nombre que

repasa a solas cuando revista en su memoria. El mismo Pinochet, al

despedirse del Ejército en 1998, agradeció a los seres queridos de sus

soldados, que "con su comprensión y apoyo también participaron en las

nobles tareas realizadas"; esas personas están sentadas a escasos metros

de este atril, y siguen participando, con la misma comprensión, en la

más ingrata de todas. Nadie juró a la bandera para acabar sus días en un

catre de Gendarmería. Que la lealtad aprendida en los cuarteles no se

haya resquebrajado en tan largos inviernos vale más que cualquier

condena.

Señor Presidente de la República: usted dijo hace unas semanas

que "nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel".

Esta Corporación recogió esa declaración con la seriedad debida. La

facultad de indultar le pertenece; la oportunidad, también. No se le pide

impunidad. Se le reclama que las penas de quienes ya superaron los

ochenta y los noventa años prosigan donde resulte digno cumplirlas, en

el hogar que levantaron, rodeados de los suyos, como la legislación lo

permite y la conciencia lo manda. Cinco senadores han ingresado, por

su parte, un proyecto de ley. Cualquiera de los dos caminos sirve; lo que

no admite excusa es el silencio, ya que cada semana de demora se mide

en funerales. Las promesas de campaña se pagan en actos, y ellos ya no

disponen de años para aguardar.

A los jueces les decimos que la posteridad también les tomará

cuentas, y que la norma que hoy se dobla contra un anciano será la

misma que un día le falte a otro ciudadano. A la clase política le

advertimos que esta patria padece enemigos reales, que matan,

secuestran y corrompen a diario, y que cuando las madres vuelvan a

formarse en la calle, esta vez clamando por orden, alguien tendrá que

acudir. Ojalá quede quien esté dispuesto.

Al despedirnos, un ruego concreto. Esta Corporación se sostiene

con sus miembros, y cada incorporación inclina un poco más la balanza

cuando toca hacerse oír en La Moneda, llenar una audiencia o escoltar a

una viuda al cementerio. Traigan a su gente, a los amigos que piensan

como nosotros y no se han atrevido aún a decirlo en público. Quien

ingresa no rubrica un formulario; recoge el relevo de los que ya no

pueden marchar. Quienes no pudieron venir necesitan que seamos más.

Volvamos a los ausentes. No pedimos olvido; el olvido sería otra

forma de injusticia. Pedimos que se cierre, de una vez, un capítulo

abierto desde 1973, y que quienes en su momento dieron un paso al

frente por Chile puedan expirar en su lecho, con la mano de un hijo

sobre la suya y voces amadas en la pieza de al lado, y no ante la mirada

de un gendarme. Mientras eso no ocurra, esta casa seguirá

pronunciando lo que otros callan: geriatricidio carcelario. Que cada

muerte entre rejas pese sobre quienes podían impedirla y apartaron la

vista. Ningún ministro de fuero debería dormir tranquilo al firmar

prórrogas sobre moribundos. Que Chile sepa que aquí no se implora

clemencia, se exige derecho; y que, hasta que el último de los nuestros

salga por una puerta con cerrojo, no bajaremos la voz ni soltaremos el

expediente. Aquel día de 1998, al dejar la comandancia, él pudo decir

"¡misión cumplida!". La que hoy nos convoca no ha concluido. Ellos

respondieron cuando Chile los llamó. Nos corresponde responder.

¡Viva Chile!

Carla Fernández Montero

Abogada