Soy la Voz Que Clama en el Desierto

San Juan Bautista decía que él era “la voz que clama en el desierto” porque predicaba la verdad, pero nadie le hacía caso. A mí me sucede lo mismo respecto de varias verdades, pero en particular una: la de que el Gobierno Militar procuró respetar los derechos humanos y, por tanto, no es cierto que los violara de manera permanente y sistemática. Pero esta falsedad, de origen comunista, es la piedra angular de toda la política chilena actual. 

Como lo acredita Paul Johnson, desde el mismo 11 de septiembre de 1973 el KGB soviético centró su propaganda mundial contra la Junta en los supuestos “atropellos a los derechos humanos”. No sabían lo que realmente pasaba en Chile, pero sí tenían claro que debían defender a la guerrilla marxista, para lo cual, y para proteger a la subversión que alentaban en todo el occidente, desde mucho antes habían preparado sus baterías propagandísticas, la más importante de las cuales fue Amnesty International, cuyo origen comunista desenmascaró el historiador chileno Claudio Véliz en memorable artículo para el Centro de Estudios Públicos (“Estudios Públicos Nº 108 de 2007). Allí se prueba que el agente inglés del Comintern soviético, Alec Digges, convenció al no comunista, pero “compañero de ruta”, Paul Berenson, de fundar y encabezar una entidad que defendiera a la subversión y consiguiera amnistiarla en todas partes, como de hecho fue amnistiada en Chile. Pues pocos saben que los mayores beneficiarios de la Ley de Amnistía de 1978, que hoy se deniega a los militares ¡oh paradoja! fueron los extremistas de izquierda, alrededor de 9 mil de los cuales se acogieron a ella en los años 70 y 80.

Pero ni el mismo Digges habría podido imaginar que medio siglo después las consignas comunistas iban a ser recitadas al pie de la letra en Chile y no sólo por las previsibles y acostumbradas antenas repetidoras de la DC y sus afines, como Sebastián Piñera, sino por cerebros lavados de la UDI, como Joaquín Lavín y Andrés Chadwick, previa repetición masiva y reiterada de todos los RN y de su adopción hasta por el decano de la prensa, los columnistas de derecha y ¡sorpresa total, final e inesperada, por los militares! como el propio coronel Villarroel, última víctima de la consigna, injustamente defenestrado de la dirección de la Escuela Militar por sospecha de haber admitido la defensa de un brigadier perseguido por los jueces de izquierda. En efecto, el coronel se defendió en “El Mercurio” aludiendo a que él siempre había repudiado “las violaciones a los derechos humanos” del Gobierno Militar. Increíble.

¿Cómo se las arregla un partido totalitario, cuyas recetas han fracasado en todo el mundo y que no pasa del cinco por ciento de adhesión en Chile, para tener a casi todos los chilenos repitiendo un mantra falso? Yo les voy a decir cómo: mediante la repetición incesante y la agresión verbal y/o física a quienquiera intente defender la verdad.

La injerencia comunista en Chile es mayor de la que casi todos imaginan. Un “texto sagrado”, el Informe Rettig, según reconoció uno de sus artífices, el historiador Gonzalo Vial, se fundó en la Vicaría de la Solidaridad, que les “había dejado el trabajo casi hecho”, dijo, en sus archivos. ¿Y quién era el Archivero de la Vicaría? Un alto jefe comunista, José Manuel Parada, reclutador de militantes para el FPMR (confesión de Alfredo Malbrich, reclutado para el Frente por Parada en la Vicaría, “El Mercurio”, 28 de agosto de 1986).

¡Entonces, la base de la biblia política chilena, el Informe Rettig, fue inspirada y redactada por un alto jefe comunista y del FPMR!

¿Cómo lograron “colarse” en esos términos en la política y la opinión pública chilena? Obvio, con la colaboración de los “kerenskys”, el principal de los cuales fue Patricio Aylwin Azócar, incitador de los militares para que se tomaran el poder y después principal agente acusador de ellos. Sin negar el importante papel de Eduardo Frei Montalva (“Esto se arregla sólo con fusiles”, Acta Rivera, 6 de julio de 1973).

El resto ha sido cuestión de tiempo. Vino después la desvergonzada Comisión Valech para dar pensiones vitalicias a 30 mil sospechosos de terrorismo interrogados durante el Gobierno Militar. Y después la rendición incondicional del Comandante en Jefe Juan Emilio Cheyre en 2005, que le cargó la culpa de todo al Ejército. Los marxistas malagradecidos hoy lo tienen procesado, ilegalmente, por supuesto, pero es seguro que no irá a Punta Peuco.

Y, finalmente, la “vuelta de chaqueta” masiva de la derecha política, para apoyar a Sebastián Piñera, no obstante su prontuario y la persecución desatada por él contra los militares, el cierre del penal “Cordillera” y las 943 querellas ilegales de su Ministerio del Interior, triplicando las existentes, acogidas por la justicia de izquierda y que atiborraron Punta Peuco y ya van llenado la Cárcel de Alta Seguridad.

Los sucesivos altos mandos uniformados, por su lado, han dejado abandonados a sus “caídos tras las líneas enemigas”. Y así el soldado más distinguido y correcto de los que luchó contra el terrorismo, condecorado por su heroísmo con la Medalla al Valor en 1974 por eliminar en combate al más alto cabecilla terrorista, es condenado cuarenta años después y por ese mismo hecho, contraviniendo todas las leyes, a diez años más de presidio adicionales. Humor judicial macabro. El 80% de las condenas a más de 600 años que ya suma ese distinguido oficial se las impuso un solo ministro sumariante que jamás lo interrogó y lo llamó para conocerlo sólo cuando se iba a retirar, a los 75 años. Fue el mismo que cínicamente confesó en la televisión, ante mí, que condenaba sin probar los delitos, en virtud de una “ficción jurídica”. 

Ese mismo oficial ya lleva 18 años preso y le escribe al actual Comandante en Jefe, sin la menor esperanza de que le conteste, que ha sido condenado dos veces o más por una misma causa, que ha sido careado con todo el lumpen terrorista, el cual repite un recital mal aprendido; que en algunos casos ¡ha sido exculpado por esos mismos terroristas, no obstante lo cual el respectivo juez marxista igual lo ha condenado!; que en ningún proceso se le ha comprobado responsabilidad alguna, sino que se le ha culpado por meras “presunciones”; que el principio pro reo no ha regido para él, como tampoco el de legalidad que exige la Constitución. Ni se le ha respetado su derecho a la prescripción, a la amnistía o a la cosa juzgada.

La verdad histórica es que el Gobierno Militar ordenó respetar los derechos de todas las personas en las operaciones de mantenimiento del orden, pese al terrorismo extremista activo. Permitió inspectores extranjeros. Permitió que el presidente de la Cruz Roja Internacional visitara cualquier prisión sin necesidad de permiso previo. Todo lo cual, además de tener un fundamento moral, era de sentido común, porque los créditos internacionales y las compras de armamento estaban sujetas a la condición de respetarse acá los derechos humanos.

¿Qué hacer contra la prensa, la TV, las radios, la derecha, los kerenskys y la izquierda recitando diariamente el falso mantra comunista en contrario? Lo que hace esta Voz que Clama en el Desierto, repetir la verdad: que el Gobierno Militar incluyó en su Declaración de Principios el respeto a los derechos humanos. Que en sus circulares número 1 de 7 de enero, y número 22 de 25 de enero, como en la de Carabineros de 15 de febrero de 1974, ordenó a todos sus efectivos respetarlos. Que suprimió la DINA por no haberse ceñido a esas normas. Que luego prohibió a la CNI detener personas. Que hasta formó en 1978 una “Comisión Asesora de Derechos Humanos”, presidida por el distinguido jurista Ricardo Rivadeneira, hecho hoy olvidado. Tal vez porque en 1978 el país estaba pacificado y sólo hubo ocho muertos en enfrentamientos con el terrorismo en ese año.

Pero no: el mantra comunista determina las políticas públicas, permite que más de 800 millones de dólares anuales vayan al terrorismo de izquierda y tiene vedado a todo chileno oír siquiera la verdad histórica en el tema de los derechos humanos, so pena, como en el caso del director de la Escuela Militar, de destitución si la verdad se menciona en un recinto de su dependencia, aunque él mismo después alegue que compartía la consigna comunista.

Y por decir todo esto soy, en Chile, “la voz que clama en el desierto". Pero, como en el caso del Bautista, proclamo la verdad, y más temprano que tarde (2021) ésta terminará por prevalecer.

Soldado: No Vuelvas a Salvar a los Chilenos

              En 1974 el MIR asaltó la sucursal Huelén del Banco de Chile. El jefe terrorista Miguel Enríquez golpeó con su revólver la cabeza del agente, Julio Robinson del Canto, para que le entregara las llaves de la bóveda. Robinson le respondió con un recto a las narices que lanzó al asaltante al suelo. Éste les ordenó  a sus secuaces: “¡Bájenlo!” Le dispararon seis tiros a Robinson, pero éste sobrevivió. Los sindicatos bancarios emitieron declaraciones contra los terroristas.

             Días después el teniente Miguel Krassnoff descubrió la guarida de Enríquez. Éste falleció en el intercambio de disparos que él mismo inició. El teniente sacó en brazos a la pareja del terrorista, herida, y la envió al Hospital Militar. Técnicamente, fue la única persona que el teniente y luego capitán detuvo mientras permaneció en la DINA, desde mediados de |1974 hasta fines de 1976. Las detenciones que se le atribuye fueron "ficciones jurídicas" de las confesadas por el juez Solís (que le impuso a Krassnoff el 80 % de sus condenas) ante mí en el programa "El Informante" de TVN.

            En 1974 los sindicatos bancarios, la prensa y la opinión pública mayoritaria aplaudieron al militar. El Ejército le confirió la Medalla al Valor, que no había sido otorgada desde la Guerra del Pacífico.

           Cuarenta y cuatro años después un juez ha condenado a Krassnoff a diez años de presidio adicionales por el “asesinato” de Enríquez, añadiéndolos a los de todas sus otras 73 condenas ilegales y nuevamente violando todos los fundamentos del debido proceso, pues los hechos están prescritos, amnistiados y fueron ya juzgados en 1974. 

      La sociedad, otrora agradecida de sus soldados, se ha transformado en otra que los condena y denuesta. La sola mención de sus nombres por otro militar provoca su baja del Ejército. El más distinguido coronel, Director de la Escuela Militar, es dado de baja por haberse mencionado al brigadier Krassnoff en un acto deportivo por parte de su hijo, también distinguido coronel y, asimismo, dado de baja, por orden de un individuo que hoy aparece fotografiado en uniforme de campaña, siendo que jamás ha hecho en su vida una campaña.

         El Gobierno, la prensa y los otrora partidarios del Gobierno Militar hoy condenan a los uniformados por sus “atropellos a los derechos humanos”, acusación disparatada, porque ese gobierno fue el más vigilado y controlado del mundo en esa materia, con inspectores que venían a certificar las condiciones de los terroristas, tanto que el presidente de la Cruz Roja Internacional podía acceder a cualquier cárcel o lugar de detención en Chile sin necesidad de permiso previo. Ernest Lefever, presidente de la Brookings Institution de los EE. UU., certificó en 1974 la preocupación del gobierno chileno, que proclamaba en su Declaración de Principios el respeto a los derechos humanos, por evitar excesos en la lucha contra un terrorismo activo y pertrechado desde el exterior.

      ¿Qué nos ha vuelto a los chilenos tan miserables? Soldado: no vuelvas a defenderlos del terrorismo. No te lo van a agradecer.

Otra Gran Tontería Nacional

A mediados del siglo pasado un escritor, periodista y político muy leído, Jenaro Prieto, escribiendo en “El Diario Ilustrado”, bautizó a Chile como “Tontilandia”, atendida la cantidad de estupideces discurridas entre el Gobierno y el Congreso. En ese tiempo los jueces todavía eran probos y se limitaban a aplicar las leyes, que no eran culpa de ellos, de modo que no caían en el anatema de Prieto.

Después hubo gigantescas tonterías nacionales unánimemente compartidas, como la Reforma Agraria (iniciada por un gobierno de derecha) y el robo del cobre a los norteamericanos, que tuvo el apoyo también de la derecha como represalia por el apoyo que ellos habían dado al robo de las tierras a los agricultores.

De hecho, las Grandes Tonterías Nacionales a veces han contado con apoyo norteamericano. 

En particular, cuando los militares chilenos echaron en 1973 a los comunistas sin sacrificar una vida norteamericana ni pedirles a los Estados Unidos un dólar ni una sola bala, éstos cerraron filas con la URSS y su KGB para hostilizar a Chile en la ONU y hasta discurrieron la Enmienda Kennedy para encarecernos las armas cuando más las necesitábamos.

Y así llegamos a hoy, cuando la Gran Tontería Nacional es que la persecución y prisión inconstitucionales e ilegales contra los militares que derrotaron al terrorismo armado y nos salvaron de un gobierno totalitario, se justifican porque el Gobierno Militar habría perpetrado “violaciones graves, crueles, sistemáticas e inaceptables a los derechos humanos”, para emplear palabras de esa antena repetidora que se llama Sebastián Piñera.

Lo peor es que éste es un parecer ya unánime: “El Mercurio” de hoy se pliega a él en su “Semana Política”, al afirmar que lo sucedido tras una competencia deportiva en la Escuela Militar “lesiona esfuerzos transversales por establecer una doctrina inequívoca de rechazo a las violaciones a los derechos humanos”. También el columnista de derecha y rector universitario Carlos Williamson dice, en “La Segunda”: “Muchos de quienes apoyaron al ‘Sí’, la inmensa mayoría, desconocían las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y quizás fueron ingenuos y torpes al no dar crédito a las denuncias”.

Increíble. Pues cuando los derechistas están siendo “ingenuos y torpes” es hoy, cuando abrazan otra Gran Tontería Nacional, basada en meras consignas. 

Como he probado en mi “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990” —que pese a su silenciamiento general se sigue vendiendo a razón de 400 ejemplares mensuales— y en mis blogs y comentarios, si hubo un régimen vigilado, supervisado y controlado en materia de derechos humanos fue el Gobierno Militar, que además, tenía el respeto a los derechos humanos incorporado como un precepto en su “Declaración de Principios”. 

Por si eso no fuera suficiente, ese gobierno era objeto de la vigilancia y el acoso internacionales, anualmente juzgado en relación a ese tema en la ONU, teniendo que soportar desde un comienzo las visitas de inspectores y comisiones predispuestas en su contra en la materia, que podía hablar y vigilar todo lo que quisieran, y lo hacían. Además, los créditos al país dependían de su grado de respeto a los derechos humanos. Hasta la amenaza de boicot internacional se sustentaba en que, si no se respetaban esos derechos, se bloqueaba nuestro comercio exterior. 

Tantas eran las garantías a ese respecto, no exigidas a ninguna otra nación, que el Presidente de la Cruz Roja Internacional, Jean Francois Bonard, según documentó el historiador James Whelan, podía visitar cualquier prisión en Chile cuando quisiera y sin necesidad de pedir autorización previa ni avisar a nadie.

Es decir, si había un gobierno que no podía violar “sistemáticamente” los derechos humanos era Chile entre 1973-1990.

Pero éste es un país fácilmente manejable por consignas y, como sucede en casi todas partes, la izquierda maneja los medios. Los comunistas además castigan con insultos y hasta con violencia física a quienes no las repiten, como lo puede certificar el único candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast. Así es que, más por la fuerza que por la razón, ya todos repiten la última Gran Tontería Nacional.

Anomia

  El columnista Fernando Thauby, en “El Mostrador”, describe un estado de “anomia” (ausencia de legalidad y normas; aislamiento sicológico) que viviría el Ejército a raíz, dice, de haber tenido un comandante en jefe deshonesto a la cabeza de un grupo desprestigiado, rodeado de un vendedor de armas de mala fama, de un político traficante de influencias con las mejores conexiones con la autoridad y de un abogado diestro e inescrupuloso. A ese comandante en jefe lo reemplazó, añade Thauby, un “oscuro miembro junior del grupo”, apalancado por el operador político. En otras  palabras, describe una verdadera mafia, ante cuya predominancia se marchan de la institución los mejores oficiales. 

Parece ser un opinante informado y su artículo me dejó perplejo.

Averigüé lo que es la “anomia” y me di cuenta de que Thauby se queda corto: no es el Ejército solamente el que la sufre. Es el país. Asistimos en estos días  a una parodia que sólo puede tener lugar en un país así. En efecto, se informa que el Presidente de la República va a tener que ir a declarar “como testigo” en el caso de las boletas y facturas para obtener financiamiento electoral de SQM y otras empresas. ¡Es sólo “testigo”! Debe ser la “anomia”.

Pues se trata del mismo Sebastián Piñera que cruzara el umbral del sexto piso de SQM para ir a pedir financiamiento para su candidatura de 2009, a quien vio allí la secretaria, Danitza Yepes; y que obtuvo ese financiamiento gracias a facturas no representativas de servicios efectivos, según el gerente de finanzas de SQM, Gerardo Illanes (“La Tercera”, 05.05.15). Pero resulta que el responsable, según la justicia, sería un señor Santiago Valdés, que no fue candidato a nada, no se benefició del financiamiento ni tampoco de haber desviado parte de él para pagar a ejecutivos de otra empresa del “testigo” y así mejorar sus estados financieros para venderla mejor. El que está sometido a proceso por todos los delitos envueltos en lo anterior y puede sufrir una condena de cuatro años, Valdés, tiene además suspendido su derecho a sufragio y no puede ser candidato presidencial, cosa que, por lo demás, nunca ha pretendido ser, pues lo único que hizo siempre fue cumplir órdenes de su jefe, del cual era gerente y encargado electoral.

La plata en el caso SQM era para la campaña de ese jefe. Sólo en un país anómico puede suceder que aparezca como responsable y sometido a proceso su empleado, que está procesado y encara una posible condena a cuatro años de presidio, pero sólo ejecutó órdenes y no se benefició de nada. El mandante, que discurrió y ordenó todo y se benefició de ello, ha pasado a ser un mero testigo. Eso ahora se llama “anomia”.

Como no me había dado cuenta de nada, yo, que a veces puedo ser muy ingenuo y hasta llegar a pensar que lo que dicen las leyes se cumple, anticipé en 2017 que la candidatura de Sebastián Piñera podía “no pasar agosto”, pues los hechos del caso SQM podían significar para él un procesamiento que le acarrearía la suspensión del derecho a sufragio, de acuerdo con la Constitución. Y como para ser candidato a la Presidencia se requiere poseer “las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio”, el afectado no podía seguir en la carrera presidencial. Es que olvidé la “anomia”.

El que vio suspendido su derecho a sufragio fue Santiago Valdés, que no era candidato a la Presidencia ni había acudido a SQM a pedir financiamiento electoral ni lo había desviado a pagar ejecutivos de Chilevisión. Sebastián Piñera era un mero “testigo” y perfectamente podía ser candidato. Sus partidarios se burlaron de mí en este blog, porque “pasó agosto” sin problemas. Estaban al tanto de la “anomia”.

El Contralor dice estar haciendo esfuerzos porque “Chile sea menos corrupto”. Iluso. No tiene en cuenta la “anomia”. 

El Rector y su Consigna

El rector Peña agotó a Lucía Santa Cruz en la polémica que sostuvieron en la sección Cartas de “El Mercurio” y entonces ella graciosamente le cedió la última palabra. Él se aprovechó de eso y hoy la dijo. Como era de esperar, consistió en repetir su consigna favorita, criticando a Lucía Santa Cruz por no haber explicado “por qué apoyaron a una dictadura a sabiendas del desaparecimiento y la tortura”.

Primero, sobre lo de “dictadura” hay algo que decir: el principal jurista DC, Alejandro Silva Bascuñán, en la Revista de Derecho y Jurisprudencia de octubre de 1973, explicó con abundancia de argumentos jurídicos y filosóficos por qué el Gobierno Militar era “legítimo”. Digamos mejor, entonces, “gobierno legítimo”, en vez de "dictadura".

El rector recurre a muchas citas de autores doctos —en su primera columna de octubre le contabilicé diez— pero, al fin de cuentas, sólo argumenta con consignas. En eso es fiel a su padre Lenin, que enseñaba: “si los hechos no coinciden con lo que afirma el partido, peor para los hechos”.

El “desaparecimiento y la tortura” es sólo una consigna sin base. Respecto del primero, los destinos de todas las personas que faltaban en la lucha del régimen militar contra el terrorismo de izquierda ya están desde hace años determinados. Pero falta por identificar restos: los que están en el Cementerio General, en el Instituto Médico Legal y en la propia sede de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (“La Tercera”, 08.07.18). ¿Por qué en 28 años no se les ha identificado? Porque desaparecería el tema. 

Durante el Gobierno Militar y hasta 1989 se denunció un total de 600 casos en el libro de Claudio Orrego y Patricia Verdugo. El Gobierno, y el resto de la gente, no tenía antecedentes sobre ellos, porque su desaparición se había gestado en los primeros meses, en acciones desde luego ilegales, de personas actuando al margen de la autoridad y las leyes. Después, las Comisiones creadas en 1990 y 1991 acogieron todas las denuncias que se les presentaron y llevaron la cifra total a 1.102 en los casi 17 años. Pero entre 1978 y 1990 hubo menos de dos al año, según las comisiones Rettig y CNRR. No era tema. Los restos existentes y los destinos ya determinados de varios cientos lanzados al mar suman más de 1.102, aparte de que seis han reaparecido; y, en fin, nadie ha refutado que hay en la nómina personas que no tienen existencia legal, según el Registro Civil; personas que aparecen habiendo viajado al extranjero y personas que han sido vistas vivas según declaraciones ante notario.

Hay que añadir que en Chile al menos 2.500 personas, cuya “presunta desgracia” se denuncia a Carabineros, no reaparecen cada año, hasta hoy. El tema de las desapariciones en la lucha antiterrorista estuvo radicado al comienzo, particularmente en 1973, justamente cuando Aylwin, Frei Montalva, el radical de izquierda Luis Bossay y desde luego toda la derecha y la mayoría del país, apoyaban a la Junta y la defendían ante la incomprensión extranjera.

Entonces ¿por qué no se podía votar “Sí” en 1988 sin incurrir en el anatema del rector Peña, si desde 1978 había menos desaparecidos (menos de dos al año) que los que se producen actualmente “en democracia” y se publican en la prensa sin que la autoridad, ahora tampoco, pueda explicarlos?

La otra parte de la consigna del rector se refiere a la tortura, tema desafortunado para él, porque antes de 1973,“¿en democracia?”, la tortura era un tema permanente, tanto bajo Frei Montalva (1964-1970) como bajo Allende (1970-1973). Los abogados socialistas en 1970 denunciaron, en más de cien páginas, ante la Corte Suprema, las torturas por parte de la policía política. Bajo Allende fueron tantas —siendo que no había una guerrilla terrorista de más de 20 mil hombres como la que enfrentó el Gobierno Militar— que justificaron un acápite del Acuerdo de la Cámara llamando a los militares a intervenir, justamente para poner término a las torturas. Y es desafortunado para el rector Peña que uno de los que fue víctima de las torturas comunistas fue precisamente el marido de Lucía Santa Cruz, Juan Luis Ossa, interrogado en Rancagua tras aplicaciones de electricidad por el subdirector de Investigaciones, el comunista Carlos Toro en 1972. 

¿Entonces el rector Peña declara inadmisible que Lucía Santa Cruz no votara en 1988 por el “No”, en el que militaban los torturadores de su marido, y lo hiciera por el “Sí”, en el que militábamos los que apoyamos a quienes sacaron a esos torturadores del poder?

Sí, su pertinacia en repetir consignas le ha servido al rector para quedarse con la última palabra en Cartas de “El Mercurio”, pero sin convencer a nadie que tenga un mínimo de información.

El "Yo Acuso" en un País Trucho

Cuando Emile Zola escribió su famoso artículo “Yo Acuso”, denunciando el juicio amañado, fundado en testimonios y documentos falsos, mediante el cual se había condenado al capitán Dreyfus, la sociedad francesa reaccionó e impuso la verdad y la justicia, exigiendo y obteniendo la liberación y el reintegro a las filas del oficial, preso en la Isla del Diablo. Es que en la sociedad francesa de fines del siglo XIX prevalecía una fibra moral sólida.

La sociedad chilena actual carece de ella y se ha rendido al veredicto de magistrados prevaricadores y juicios amañados contra los oficiales y soldados que la libraron de un destino totalitario impuesto por terroristas de izquierda. Así, la inmoralidad ha pasado a reinar en la justicia chilena y los sucesivos Presidentes y la mayoría política la han cohonestado. El Ejecutivo actual ha pasado a ser cómplice activo de la prevaricación judicial, al haber interpuesto, durante la primera administración Piñera, dos tercios de las querellas contrarias a derecho con que se ha perseguido  a quienes plantaron cara —a pedido de la mayoría civil— al terrorismo armado.

Por eso un “Yo Acuso” ante las condenas en los juicios confesamente amañados del brigadier (r) Krassnoff no tiene destino en un país moralmente trucho como el Chile de hoy, que hace la vista gorda ante currículos inaceptables, boletas falsas, sobornos visibles y mentiras oficiales compartidas.

En el programa “El Informante” de TVN unos años atrás yo mismo obtuve la confesión del ministro sumariante Alejandro Solís, que ha impuesto la mayor parte de las condenas por 668 años y en 71 procesos amañados al brigadier Krassnoff, en el sentido de que las había fundado en “ficciones jurídicas”. 

Esta confesión fue escandalosa, puesto que el primer deber de un juez es fundar en pruebas reales y no ficticias el delito y la responsabilidad del acusado. En los indebidos procesos que han condenado a Krassnoff, quien ya ha cumplido 18 años de presidio injusto, se han pasado a llevar todos los fundamentos del derecho penal universal: la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio pro reo, la ley de amnistía, la prescripción, la cosa juzgada, las leyes regulatorias de la prueba y la igualdad ante la ley. Esto último porque Kassnoff y sus compañeros de infortunio han sido juzgados mediante un procedimiento distinto y considerado parcial e injusto, reemplazado por el hoy garantizado a los demás chilenos.

Por eso el hecho de que llame a escándalo que el hijo, hoy coronel en servicio activo y en trámite de retiro, de Miguel Krassnoff, haya agradecido un gesto de reconocimiento de sus pares a su padre, es en sí mismo escandaloso y revelador de que en Chile los cánones morales están gravemente menoscabados. 

Por lo mismo es increíble que el ministro de Defensa, Alberto Espina, declare “inaceptable” ese gesto y llame al Ejército a la imposición de sanciones. Más increíble aún es que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, califique a Miguel Krassnoff como autor de “delitos de lesa humanidad”, tipo jurídico introducido al país en 2009, habiendo los actos que se le imputan ocurrido en 1973 - 1976 y siendo que la Constitución garantiza que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración”. Es que acá ya no imperan ni el derecho ni la moral.

Entonces el “Yo Acuso”, que permitió la reacción contra la injusticia y la mentira en una sociedad francesa de fines del siglo XIX regida por la moral, no puede cumplir ese fin rectificador en otra como la chilena actual, regida por la mentira oficial, con un gobernante cómplice de las consignas extremistas y dedicado a concretar la venganza que la justicia de izquierda ha practicado eficazmente, ya durante 28 años, contra los militares que salvaron al país del triunfo del proyecto totalitario marxista. 

Locas Con Pinochet

En un titular de una crónica del 12.10.18 a todo lo ancho de la página, de una periodista free lancer a la cual hace muchos años los jueces y abogados de izquierda utilizan para meter en “El Mercurio” infundios contra el régimen militar, se afirma: “Consejo de Defensa del Estado pide que se condene a 16 herederos a pagar $10.916 millones del patrimonio de Pinochet que es de origen ilícito”. Desde luego, titular falso, porque el origen no se ha probado que sea ilícito. Y aparece la abogada del CDE, María Eugenia Manaud, fotografiada y afirmando que “Pinochet incurrió en conductas de sustracción de caudales públicos”. Lo cual también es falso. 

Las abogadas izquierdistas del CDE, azuzadas por su colega y diputada comunista Carmen Hertz (principal activista del odio que impide toda reconciliación en Chile) se caracterizan por la politización e irregularidad de sus acciones, por lo cual deberían haber sido excluidas de esa institución mucho antes que Javiera Blanco. Pero la Dictadura del “No”, que gobierna ya por 28 años, les garantiza impunidad para enlodar la memoria del mejor Presidente de Chile del siglo XX.

Es que esas mujeres se volvieron locas desde que, a raíz de denunciarse las cuentas en el Banco Riggs del general Pinochet en 2005, el Director de Impuestos de Chile examinó todos los ingresos del ex mandatario desde 1973, tras lo cual se comprobó que hasta 1990, en sus casi 17 años de gobierno, sólo había ingresos no explicados por 544 mil dólares, que podían atribuirse a uso de gastos reservados (Informe publicado en “La Tercera” del 8 de octubre de 2005).

No le dieron a Pinochet, ya disminuido y enfermo, ni siquiera oportunidad de defenderse, pero la cifra era, en todo caso, ridícula, desde que TODOS los gobernantes de la Concertación habían sido “pillados” llevándose para la casa sobres con billetes por más de 500 mil dólares CADA DOS MESES. Fueron “pillados” después de que el ministro de OO. PP de Lagos, Carlos Cruz, cándidamente se lo reveló a Raquel Correa en una entrevista. Después el ex Presidente Aylwin reconoció a “El Mercurio” que el hábito se había iniciado bajo su gobierno y “fue una corruptela”.

Entonces las mujeres del CDE no pudieron soportar que Pinochet resultara más honrado que sus sucesores del “No”, sobre todo que habían perseguido, también en “juicio por los diarios”, el caso de una cuenta del ex Presidente en el Banco Espirito Santo de Miami por algo más de cien mil dólares, denunciada con escándalo. La abogada María Teresa Muñoz, del CDE, había salido gritando “¡lavado de dinero, fraude al fisco, malversación de caudales!” y anunciando un juicio en Miami. 

Nadie dijo nada cuando el Banco Espirito Santo de Miami le ganó el juicio en Estados Unidos al CDE, tras comprobarse que los dineros del depósito de Pinochet eran bienhablados. Acá los diarios no publicaron nada y yo sólo lo supe porque colaboré con el abogado que enviaron y con sus colegas que acá comprobaron la licitud de los orígenes de los dineros respectivos. Es que los “juicios por los diarios” suelen ir para un solo lado. No piden perdón por publicaciones infundadas.

La única tabla a que se aferraban, entonces, esas abogadas era un proceso completamente espurio iniciado por un ministro sumariante de izquierda contra los ocho oficiales ayudantes del Comandante en Jefe Pinochet entre 1981 y 1997. A eso quedó circunscrito el “caso Riggs”. Cada oficial ayudante abría en ese banco una cuenta para gastos en el exterior y la cerraba al final de su cometido. De los ocho oficiales, sólo dos conservaban la documentación del movimiento de su respectiva gestión: Guillermo Garín y Gustavo Collao. El sumariante de izquierda tuvo que absolverlos, porque no había seña de delito. Pero los otros seis no conservaban ni documentos ni recuerdos, porque todos eran hechos prescritos hacía más de diez años y ocurridos hace más de treinta. Y sólo en Chile existen jueces que pasan sobre la prescripción y la consiguiente prevaricación impunemente, de modo que éste condenó a los seis a cuatro años de presidio y mantuvo incautados US$ 1.630.000 de la sucesión Pinochet.

Apelada esa sentencia inicua, la Corte de Apelaciones de Santiago mostró un criterio menos politizado y aplicó la ley, es decir, la prescripción; y alzó el comiso sobre los bienes quedados al fallecimiento del general. Se terminaba así el "caso Riggs".

Pero entonces, lideradas por la diputada y abogada comunista Carmen Hertz, las “locas con Pinochet” discurrieron recursos de casación ante la Corte Suprema para anular el término del caso, el fin de la persecución judicial y el alzamiento de la incautación. Entonces presentaron dos recursos de casación ante la Corte Suprema, queriendo aprovechar las últimas actuaciones del ministro de izquierda Milton Jiica, a punto de retirarse por cumplir 75 años, y así conseguir mayoría en la sala penal del máximo tribunal.

Y, efectivamente, gracias al último voto de Juica en actividad los recursos fueron acogidos. Los oficiales ayudantes entonces volvieron a quedar condenados y el movimiento de sus cuentas volvió a  ser “dinero malhabido de Pinochet”. 

No les importó nada la incongruencia de que, en los dos casos en que se conservaba la documentación —Garín y Collao— no había evidencia alguna de mal uso de gastos reservados, permitiendo presumir que ésa era siempre la conducta de Pinochet. Muy por el contrario, las “locas con Pinochet” del CDE han decidido iniciar un nuevo juicio por el total de las sumas que usaron los otros seis oficiales ayudantes durante sus respectivas gestiones. Esa ha pasado a ser ahora “la fortuna de Pinochet”. Fue el último servicio a la causa del jubilado Juica. El “juicio por los diarios” así puede seguir.

Yo, por supuesto, me quedo con la aseveración que el ex Presidente nos hizo a un grupo de sus amigos, pocos días antes de fallecer y haciéndose eco de la campaña político-periodística en su contra: “Juro por la memoria de mi madre que nunca toqué un peso que no me correspondiera”.