Chile no
está en sus cabales, eso está claro. Chiloé, como parte de Chile, tampoco. Sus
habitantes provocaron una interrupción forzada de actividades con motivo de la
“marea roja”, pero el daño generado por esta última ha sido mucho menor que el
derivado de la paralización generada por los propios chilotes. Eso no está en
discusión. Es verdad que ahora los contribuyentes les estamos pagando a los
chilotes una indemnización por la “marea
roja”, pero, obviamente, no les vamos a pagar ninguna por el perjuicio que
ellos mismos se han autoprovocado con su protesta. En otras palabras, todo el
mundo ha terminado peor que si sólo hubiera habido “marea roja” sin protestas y
sin bonos. Entonces, lo más conveniente para Chiloé y para el país habría sido
que sufrieran la “marea roja”, pues habrían soportado sólo el perjuicio por
pérdida de mariscos, y éste sólo los pescadores; y, en cambio, todos los
habitantes han experimentado uno mucho mayor por la paralización de
actividades, cuyo costo nadie les va a
cubrir.
El primer principio
inculcado a los médicos por el padre de la medicina, Hipócrates, fue “primum
non nocere”, es decir, “lo primero es no hacer daño”. En política debería
aplicarse lo mismo. Si así se hubiera hecho en Chiloé, los dirigentes que
provocaron la agitación y la paralización de la isla deberían haberse abstenido
de ponerla en situación de huelga forzosa y todos habrían salido ganando, pues
sólo habrían sido perjudicados los pescadores de mariscos (la “marea roja” no
contamina a los peces); éstos habrían recibido el bono del gobierno, lo que
habría paliado su perjuicio, y el resto de la población de la isla no habría
sufrido ninguna de las pérdidas económicas que hoy todos allá lamentan y que ha
generado no pocas quiebras comerciales.
Otro ejemplo
de que el país no está en sus cabales es el de la liberación de 2.258 reos,
entre ellos los autores de delitos de alta connotación y un total de 528 que ni
siquiera consiguieron un informe favorable a su libertad de Gendarmería. Por
contraste, hay un presidio, Punta Peuco, donde hay 120 reos que no son
delincuentes, sino que están en esa condición por una razón política, y a los
cuales se deniega la libertad condicional. Ellos fueron llamados en 1973, con
absoluto entusiasmo y énfasis, por los máximos líderes parlamentarios del país
a combatir a un ejército clandestino de extrema izquierda. Obviamente, el
llamado implicaba hacerlo por las armas. Si hubiera habido otro medio legal de
reducir a esa fuerza subversiva clandestina, los líderes políticos democráticos
lo habrían empleado.
Los presos
de Punta Peuco, que potencialmente pueden llegar a ser más de mil, pues superior
a ese número es el de procesos ilegales que se siguen tramitando por las
muertes de extremistas caídos en la lucha post 11 de septiembre de 1973, no han
sido beneficiados por la libertad condicional masiva recientemente aprobada por
la Corte Suprema. Aparte de no ser delincuentes, sino personas que creyeron
actuar en defensa de su país contra una agresión totalitaria, son de avanzada
edad y muchos víctimas de enfermedades o impedimentos, entre ellos seis que
sufren de Alzheimer y ni siquiera saben que se encuentran en un presidio cumpliendo
condenas.
Como el país
ha perdido la cabeza, no sólo no se los libera como a los delincuentes, sino
que se suscitan periódicamente iniciativas para empeorar las condiciones en que
están.
Todo esto se
juzga, en el país que ha perdido la cabeza, como políticamente correcto. Ha
habido un solo parlamentario que ha tenido el coraje político de interponer sus
buenos oficios, pero sin éxito, ante el Presidente de la Corte Suprema por la
evidente discriminación con los militares presos en el tema de las libertades
condicionales, el diputado José Antonio Kast, en un gesto que merece realzarse.
Pero no ha tenido éxito. Porque así como la Corte Suprema liberó a 528 reos sin
informes favorables de Gendarmería, podría hacerlo también con los 120 ancianos
caballeros de Punta Peuco, a los cuales, por razones evidentemente políticas,
también se les niegan informes favorables.
Hay muchas evidencias más de que el país ha perdido la razón, la más elocuente de las cuales es el artificial “Proceso Constituyente” al cual se ha convocado a la ciudadanía y en el que, siendo ella mayoritariamente cuerda, hasta ahora se ha mostrado reacia a involucrarse. Pues por fortuna parece que la sinrazón afecta sólo a las cúpulas y no a la masa de la población.