La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, formalizada por contravenir varias leyes, ahora está presa. La presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chévesich, confesó públicamente haber violado leyes expresas y vigentes con reiteración y ahora (probablemente gracias a eso) preside el máximo tribunal y el respectivo poder del Estado.
Trayectorias paralelas y destinos divergentes.
La primera ha sido formalizada por recibir dinero a cambio de fallar en favor de una de las partes en el caso conocido como "trama bielorrusa". Y eso es constitutivo de delito. Pero no necesariamente el de prevaricación, porque otros ministros, que no han sido acusados de nada, votaron en el mismo sentido que ella, de manera que el fallo tenía plausibilidad.
La actual presidenta de la Suprema no ocultó, sino que dio a conocer a los senadores que iban a decidir si aprobaban o no su nombramiento como integrante de dicha corte, que ella nunca en sus fallos había votado a favor de la aplicación de las leyes de amnistía y prescripción, ambas expresas y vigentes.
Es efectivo que los senadores de izquierda podían no mirar con simpatía la designación de la ministra Chévesich, cuando se propuso su nombramiento en la Suprema, porque ella, a comienzos de los 2000 y bajo el gobierno de Lagos, había sido ministra sumariante en el proceso derivado de la confesión de un ministro de que él mandaba a buscar a otro ministerio, mensualmente, un sobre con billetes de gastos reservados que le mejoraban el sueldo. Según un cálculo que hice en esos años, en conjunto, los presidentes, ministros y altos funcionarios de la Concertación sustraían de gastos unos 574 mil dólares cada dos meses. Cifra incómoda, porque era similar a la que el Director de Impuestos Internos socialista había acusado al expresidente Pinochet de haber recibido, sin declarar, durante casi 16,5 años de gobierno. Es decir, Pinochet resultaba siendo 99 veces (198 meses divididos por 2 meses) más honrado que los gobernantes concertacionistas.
Bueno, la ministra Chévesich se mostró (algo) severa en ese caso, aunque el mismo terminó en nada, porque gobierno y oposición se pusieron de acuerdo en soterrarlo (gestión Longueira). Pero ella quedó con fama de legalista y, cuando su nombre fue propuesto para la Suprema, consideró prudente publicar un comunicado diciendo que nunca había respetado en sus fallos la amnistía ni la prescripción, leyes expresas y vigentes. Es decir, temerosa de que los senadores de izquierda rechazaran su designación, declaró que prevaricaba al gusto de la izquierda y nunca aplicaba dichas leyes.
Pero, al mismo tiempo, su declaración implicaba confesar un doble delito reiterado de prevaricación, penado en el Código con hasta cinco años y un día de presidio.
Entonces, una ministra de la Corte Suprema fue destituida y está presa por contravenir leyes expresas y vigentes y otra ministra de la misma corte, que públicamente reconoce no aplicar en sus fallos leyes expresas y vigentes, no ha sido procesada y ni siquiera criticada. Por el contrario, ha sido honrada con la presidencia del más alto tribunal y del Poder Judicial.
Todo tiene una explicación política, por supuesto, que ha brindado Evelyn Matthei, requerida por la hija de un preso político exuniformado: "Igual no puedo ayudar mucho a tu papá, porque está súper prohibido meterse en temas de la justicia". Obvio, ella era ministra de Piñera, el principal perseguidor judicial de exmilitares y quien interponía más querellas prevaricatorias en su contra,
Por eso hay conductas paralelas con destinos muy divergentes. En Chile no hay estado de derecho o "rule of law,". Acá simplemente manda la izquierda, prevarica la izquierda, lucra la izquierda y los exmilitares, aunque nonagenarios y con enfermedades terminales, deben por eso morir tras las rejas en que sus similares activos los han dejado encarcelar.
"Está súper prohibido" (por la izquierda) respetar la legalidad.
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