Como parte de una teleserie, un personaje femenino apareció pidiendo a Evelyn Matthei ayuda para interceder por su padre, un preso político militar. Como el requerimiento se hizo viral, la excandidata decidió hacerse parte y contestó de la siguiente manera: "Aquí no lo puedo ayudar mucho a tu papá, porque está súper prohibido meterse en temas de la justicia" (LS, 21.02.26).
Ahí está la explicación del quiebre del estado de derecho en Chile y de la impunidad política de que gozan los jueces de izquierda para mandar presos a exmilitares qué, jurídicamente, nunca debieron ser siquiera procesados, en particular por falta de pruebas serias y en virtud de leyes expresas y vigentes de amnistía y prescripción.
Con el tiempo se convirtió así la judicatura penal en un mecanismo para sustraer ilícitamente dinero al fisco a título de indemnizaciones por delitos inexistentes, no probados y hechos amnistiados y prescritos.
En particular, especialmente a Evelyn Matthei le "está súper prohibido meterse en temas de la justicia" porque el querellante que suscitó la prevaricación en las tres cuartas partes de esos juicios, fue el gobierno de Piñera, al cual ella sirvió. Éste interpuso cerca de mil querellas contra exuniformados, cuando todos los gobiernos anteriores post-90 y hasta 2009 habían interpuesto sólo 300.
Ella fue ministra y apoyó a Piñera en todo, en particular cuando trasladó a exoficiales del penal Cordillera a Punta Peuco, bajo el símbolo de la hoz y el martillo colgado en el pórtico del primer recinto, a vista y paciencia de la autoridad.
Como todas las querellas se fundan en hechos no probados (como lo confesó ante las cámaras en 2015 el "inventor" del artificio) y que además no pudo ser cometido por funcionarios, puesto que está sólo tipificado como delito para "particulares" en el código, las querellas hasta hace veinte años. interpuestas por el Partido Comunista, habían sido rechazadas. Pero poco a poco fueron nombrándose ministros sumariantes de izquierda y éstos comenzaron a prevaricar sin disimulo.
En 2005 el jurista Miguel Álex Schweitzer levantó la voz contra la prevaricación y denunció: "Pues bien todos, y repito todos esos principios (los del debido proceso) han sido abandonados en algunos casos que actualmente se tramitan en nuestros tribunales" (LS, 23.03.05).
Otro jurista, Gonzalo Vial, denunciaba "una denegación de justicia a un grupo de chilenos por no darles debido proceso, cuya responsabilidad corresponde a la Corte Suprema". (LS, 02.02.06).
Después, ya fallecidos ambos juristas, la prevaricación se generalizó. La segunda sala de la Corte Suprema se hizo parte activa de ella. Y la "guinda de la torta" la puso la derecha de entonces, que apoyó la candidatura de Sebastián Piñera, principal promotor de la persecución ilegal contra exmilitares y del abandono del estado de derecho. Por eso para sus seguidores "está súper prohibido" meterse en el tema.
Como en estos años han surgido dos partidos de derecha, el Republicano y el Nacional Libertario, que han conseguido, el primero el gobierno y ambos representación parlamentaria respetable, sólo en ellos pueden depositarse esperanzas de que cese y se persiga y sancione el delito de prevaricación, se libere a los presos políticos y el país regrese al estado de derecho.