Injusticia "en la Medida de lo Posible"

          Un rasgo de carácter notorio del ex Presidente Aylwin fue expuesto por uno de sus más próximos cuando recordó, tras su fallecimiento, que el último día de su mandato, el 10 de marzo de 1994, había indultado “entre gallos y medianoche” a los tres terroristas del FPMR que estaban presos por el quíntuple asesinato de los escoltas de Pinochet, cometido en 1986. Ya había indultado a todos los demás terroristas, autorizado a ello por una reforma constitucional de 1991 a la cual se opuso Jaime Guzmán, lo cual le costó la vida a éste, a manos de los terroristas “protegidos” de Aylwin.

          La aprobación de ese último indulto de su mandato es otro rasgo típico de su política en esta materia, que puede ser descrita como de “injusticia en la medida de lo posible”. Pues junto con esos perdones amplios, más millonarias indemnizaciones, a uno de los bandos en pugna, el extremista, se había preocupado de hacer condenar al otro, los militares, privándolos de sus derechos legales (recuérdese su carta a la Corte Suprema para que la amnistía –de la que ya se habían beneficiado todos los extremistas— no pusiera término a los juicios, según ordena el código; y la formación de una sesgada Comisión inconstitucional, la Rettig, encargada por decreto de investigar delitos, siendo que la Constitución reserva esa función exclusivamente a los Tribunales de Justicia, según su art. 73).

Todo esto fue muy injusto, porque él, tal vez más que nadie (con la posible excepción de Frei Montalva), indujo a los militares a intervenir con las armas en 1973. Era quien tenía menos autoridad moral para después perseguirlos y condenarlos. Y entonces reconoció expresamente que no la tenía, según se ve más adelante. Pues en el libro “De Conspiraciones y Justicia”, de Sergio Arellano Iturriaga, queda constancia de cómo Aylwin, sabedor de que el “Comité de los Quince” (cinco generales por cada rama) se estaba reuniendo en 1973 para resolver qué se hacía ante la crisis que vivía el país, utilizó al propio autor del libro –joven militante DC entonces, e hijo del general que participaba en el Comité— para comunicarle a su padre que todo diálogo con Allende quedaba roto. Así “gatillaba” la acción militar.

Y poco después el mismo Aylwin co-participó en la redacción del Acuerdo de la Cámara que llamaba a los militares a intervenir. Eran los tiempos en que declaraba al New York “Times” que prefería una dictadura militar a una dictadura comunista, sabedor de que precisamente era ésa la disyuntiva a la cual se enfrentaba Chile.

          E inmediatamente después del 11, cuando se produjo el 60% de las muertes de todo el Gobierno Militar (300 a manos de la guerrilla y 1.500 de los militares, según las comisiones formadas por el mismo Aylwin en 1990), él defendía la acción represiva con estas palabras: “Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en su escritorio. Yo no me siento con autoridad para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han recibido la acción”.

          Es que en 1973 el “establishment” democrático, del cual formaba parte don Patricio, tenía mucho miedo y compartía el juicio del ministro Rafael Retamal, juez pro-DC de la Corte Suprema, que le dijo a Aylwin, según las memorias de éste: “Los extremistas nos iban a matar a todos”. Y lo afirmaba, entre otras razones, porque los extremistas, encabezados por el Intendente UP de Santiago, Jaime Faivovich, se lo había ido a anunciar a las puertas de los Tribunales con estas palabras: “¡Habría que masacrar a todos estos viejos momios!”.

          Por consiguiente, la Gran Injusticia cometida por Aylwin en los ’90 fue perseguir a los militares y perdonar a los terroristas. Ciertamente, lo hizo “en la medida de lo posible” y con gran conveniencia política para sí, porque de esa manera “amnistió” todas sus  propias actuaciones conducentes al Pronunciamiento, “compró” a y se bienquistó con la extrema izquierda y convirtió a los militares en el chivo expiatorio de las que pasaron a ser “grandes maldades nacionales”, como combatir a la guerrilla marxista que en los ’70 se armaba a ojos vista (tanto que una camioneta inscrita a nombre de la secretaria personal del Presidente Allende, Miria Conreras, cargada de armas ilegales, chocó en pleno centro de Santiago, como lo publicara en su oportunidad “El Mercurio”).

          “En la medida de lo posible”, entonces, Aylwin transformó a los victimarios que preparaban el golpe extremista, en “víctimas”; a los que se aprestaban a instalar un régimen totalitario (“alternativa Z-A” del Plan Z), en “demócratas”; y a los agresores que preparaban sus armas, tantas veces denunciados por él en el propio Senado, en “agredidos”. Todo para conseguir sus votos y apoyo político en los '90.

          Y, así, “se hizo injusticia en la medida de lo posible”. Tal como se sigue haciendo hasta hoy.

Ni Unidad Ni Verdad Ni Reconciliación

          Escribí en 2013 un libro, "Ni Verdad Ni Reconciliación", que se pone de actualidad a raíz del fallecimiento de don Patricio Aylwin. A todo esto ¡qué contraste entre estos tres días de duelo oficial a todo bombo con las exequias casi clandestinas del Presidente que encabezó la salvación de Chile y su transformación en un país citado en todas partes, gracias a él, como ejemplo de paz y prosperidad!

          Hoy comprobamos que en 1973 los políticos democráticos, en medio del pánico que los invadía ante la inminencia del golpe marxista, “sacaron las castañas del fuego con la mano del gato”. Pero han terminado castigando al gato.

          Pues uno de los episodios más retransmitidos en estos días de duelo oficial fue la parte del discurso de Aylwin en el Estadio Nacional, tras desatarse las pifias ante su mención a la igualdad de civiles y militares, cuando él, enérgica y estentóreamente, retrucó: “¡Sí, señores, civiles y militares, porque debe haber unidad de todos los chilenos!”

          Lástima que él fue el primero en quebrantar ese ideal propósito, poniendo en el banquillo de los acusados a los militares, indultando a los terroristas autores de hechos sangrientos y creando la sesgada Comisión Rettig para denostar y sacrificar ante la faz del país y del mundo a los primeros, haciéndolos cargar con el mote sempiterno, que hoy, sin ir más lejos, recoge “El Mercurio” en su primer editorial, otra vez, al cargarles “la pesada realidad de las inadmisibles violaciones a los derechos humanos”.

Sólo Sebastián Piñera traicionó a los militares con mayor impudicia que Patricio Aylwin. Pues este último, no bien estuvo instalado en La Moneda en 1990, formó la comisión destinada a juzgarlos por su acción en la lucha contra la guerrilla de extrema izquierda, mientras indultaba generosamente todos los delitos de esta última, por sangrientos que fueran. Jaime Guzmán fue asesinado por la subversión marxista por, justamente, criticar ese perdón de Aylwin a los terroristas, que demandó una reforma constitucional en favor de la cual no faltaron, por supuesto, los votos de derecha para aprobarla.

La Comsión Rettig fue tan sesgada que no prestó siquiera atención a los cinco tomos de información sobre crímenes terroristas de izquierda que le aportó el Ejército. La Comisión ni siquiera los leyó. Y no fue capaz de sindicar a la extrema izquierda como autora de las muertes que perpetró, sino que las atribuyó a unos innominados “particulares actuando por motivos políticos”. Así pagó Aylwin los votos de izquierda que le dieron el triunfo en 1989. ¿Qué había sido del “enorme poder militar de que disponía el gobierno (marxista) y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país pretendían o habrían consumado una dictadura comunista”?, como lo denunciaba cuando defendía al Gobierno Militar inmediatamente después del 11. Pronto olvidó su agradecimiento, ya perdido el miedo. Después hasta olvidó lo que había dicho y lo negó, atribuyéndolo a un infundio del “Libro Blanco” sobre la intervención militar. Lástima que había quedado grabado, filmado y subido a YouTube.

En efecto, la “unidad de civiles y militares” defendida a gritos por Aylwin en el Estadio Nacional en 1990 se quebró cuando él mismo, en representación de los primeros, traicionó, discriminó y criminalizó a los segundos, tarea sórdida en la cual el primer paso lo dio la Comisión Rettig.

Fue tan ostensible su sesgo que, aparte de no nombrar a los grupos armados de extrema izquierda (todos sus partidos los tenían, según la confesión de Altamirano a Patricia Politzer en el libro “Altamirano”), atribuyó sus asesinatos a “particulares obrando por motivaciones políticas”, pues de lo que se trataba era de no tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa a la ex UP, a los que habían intentado la toma del poder por las armas.

Tanto fue así que la Comisión Rettig sólo se dignó reconocer a 175 muertos a manos de esos “particulares”, revelando que ni siquiera miró los cinco tomos que le aportó el Ejército dando un detalle de la violencia izquierdista. Como “la mentira tiene patitas cortas”, cuando el propio Aylwin formó otra Comisión, la de Reparación y Reconciliación, ésta tuvo menos apuro político por sentar a los militares en el banquillo y comprobó que los “particulares actuando por motivaciones políticas”, léase guerrilla marxista, habían matado 423 personas, y así lo publicó, poniendo en evidencia el sesgo de la Rettig.

Pero la publicidad puede más y hasta hoy los 3.197 muertos de los casi 17 años de Gobierno Militar se los cargan a éste. Acabo de ver en la TV a Enrique Krauss hablando del “asesinato del padre Jarlan”, que también se lo cargan, en circunstancias de que ese sacerdote, en los años ’80, leía los Evangelios en un segundo piso de una población donde la izquierda provocaba desmanes, por completo ajeno a ellos, cuando una bala al aire disparada por un carabinero en la calle, tras rebotar en una rama de árbol y en un muro, entró por la ventana de la pieza de Jarlan y le dio accidentalmente en la cabeza, según comprobó después la investigación judicial. Pero quedó lo del “asesinato del padre Jarlan”.

Hoy el pueblo chileno agradece a Aylwin durante los tres días de duelo nacional que no se reconoció a Pinochet, pero estamos cada vez más lejos de la unidad, la verdad y la reconciliación. Cada día ingresan más Presos Políticos Militares discriminados y víctimas de la prevaricación a cumplir condenas inicuas, porque no fueron perdonados igual que los terroristas, porque no se les aplican las mismas leyes procesales que a los demás chilenos y carecen del sistema garantista que rige para éstos; porque, para condenarlos, se inventa un delito no probado u otro que, si usted lo busca en nuestra legislación, no lo encontrará en ninguna parte (de “lesa humanidad”, establecido por una ley de 2009, que por añadidura dice que no se aplicará a hechos anteriores a ella.)

Y vamos para el tercer día de duelo oficial y homenajes al Presidente que hace 26 años nos prometió unidad, verdad y reconciliación, pero hizo lo necesario para que hoy no hubiera ninguna de las tres cosas.

Recuerdos Personales de Don Patricio

          Fue una personalidad histórica decisiva del siglo XX y sus oscilaciones políticas tuvieron gran influencia en los destinos del país, tanto para librarlo de caer bajo un régimen totalitario, induciendo a los militares a derrocar al Presidente que se proponía instaurarlo, como para determinar, 17 años después y ya como Presidente él mismo, la injusta condena histórica y judicial de ellos, materializada hoy en más de mil procesos contrarios a derecho y más de un centenar de ex uniformados ancianos, enfermos o inválidos, en calidad de presos políticos.

          Lo conocí como profesor de Derecho Administrativo en el cuarto año de la carrera, en la Universidad de Chile, en 1956. En el examen final fue benévolo conmigo y le quedé agradecido por eso.

          Después, durante el gobierno de Frei Montalva, me llamaron la atención sus posturas extremas, pues lo había tenido siempre por un político moderado. Recuerdo en particular un discurso suyo de esos años llamando a la “reforma urbana” y la “reforma industrial” después de la reforma agraria, que ya estaba sembrando el caos y la discordia en los campos. Y fue el autor de la Ley Aylwin, que permitía a la CORA tomar posesión de los fundos que pretendía expropiar aun cuando no se hubieran cumplido los requisitos legales, ley que permitió derribar las últimas defensas que les quedaban a agricultores despojados.

          Pero ya durante la Unidad Popular, que llegó al gobierno gracias a los votos de la DC en el Congreso Pleno, Aylwin se distinguió como un vehemente opositor y facilitó la formación de un frente conjunto con el Partido Nacional, de derecha; la Democracia Radical, de  centro, y el Partido de Izquierda Radical, esta última encabezada por el senador Luis Bossay y escindida de la UP.

          Desde el Senado y como presidente de la DC Aylwin pronunció vehementes discursos condenatorios del régimen de Allende. Mantuvo con éste diálogos convocados por el cardenal Silva Henríquez, al tiempo que tenía contactos indirectos con “el Grupo de los Quince”, integrado por generales de las tres fuerzas armadas que discutían la posibilidad de poner término al régimen que pretendía transformar a Chile en otra Cuba. A través del hijo del general Sergio Arellano Stark, joven militante DC, Aylwin puso en conocimiento del uniformado que el diálogo con Allende había fracasado definitivamente, lo que fue interpretado por los militares como una carta blanca para proceder a la remoción de este último.

          También Aylwin fue co-redactor del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, considerado el antecedente jurídico-político decisivo del pronunciamiento. Me cupo un papel en la preparación de ese documento, cuyo texto inicial redactó el ex ministro Enrique Ortúzar Escobar y que luego fue corregido por el senador Francisco Bulnes Sanfuentes (PN). Entregado el escrito al diputado DC Claudio Orrego Vicuña, éste lo puso en manos de Aylwin, que le introdujo varias modificaciones. En su tiempo recuerdo haber estimado que ellas “suavizaron” el texto, sin desvirtuar su explícito llamado a los uniformados “a poner término a las situaciones de hecho existentes”.

          Aylwin encabezó la defensa de la Junta inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973, junto a Frei Montalva, en la prensa nacional  y extranjera. En entrevista a NC News Services de Washington y Bonn, reproducida en el diario DC “La Prensa” de Santiago el 19 de octubre de 1973, expresó: “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con ayuda de milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista”.

          Ante las críticas por excesos en la represión argumentaba: “Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en su escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han recibido la acción”.

          Pero veinte años después aseguró que nunca había dicho lo anterior (ambas versiones quedaron perpetuadas en YouTube), se convirtió en juez de los militares, formó una comisión para condenarlos y exculpar a sus adversarios y clavó a los primeros en la picota pública de la ignominia nacional y mundial.

          Pero fue durante el período en que Frei Montalva y Aylwin defendían a la Junta, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, que se produjeron mil 800 muertes, es decir, el 60% del total de todas las registradas durante el Gobierno Militar. Hoy la mayoría de los Presos Políticos Militares ilegalmente condenados son los mismos cuya acción Aylwin justificaba en 1973, y por los mismos hechos.

          Él antepuso su conveniencia política a la consecuencia, y aquélla le aconsejaba en 1990 congraciarse con la extrema izquierda, a la que consagró como “víctima”, siendo que se proponía ser victimaria; “agredida”, habiendo sido la agresora; y “demócrata”, pese a su vocación totalitaria. Esto lo logró a través del “Informe Rettig”, que exculpó a la izquierda, designó a los muertos por ella como víctimas de una innominada “violencia política”, mientras los demás eran obra explícita de “agentes del Estado”. La culpa pasó a ser de los militares, no obstante que en 1973 él decía: “… cuando se produjo el pronunciamiento militar y se formó la Junta Militar de Gobierno, nosotros los democratacristianos habríamos faltado a la verdad y habríamos sido inconsecuentes si no hubiéramos reconocido que la responsabilidad fundamental de lo ocurrido proviene de la acción del gobierno de la Unidad Popular y que las fuerzas armadas no buscaron esto, sino que actuaron por patriotismo, con un sentido de responsabilidad frente al destino histórico de Chile…”

Pero veinte años después indemnizó generosamente al violentismo unipopulista y sentó las bases para perseguir judicialmente a los militares.

          Fue un político astuto, que aprovechó hábilmente las circunstancias, como a fines de los ’80, cuando llegó a presidir la DC gracias al “Carmengate”, que tanto lo benefició, para infinita desazón de Andrés Zaldívar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Valdés, cuyas aspiraciones presidenciales resultaron defraudadas cuando “el único que no soy candidato” (Aylwin) alegó para sí un mejor derecho a la disputada presidencia de la DC, desde la cual después se las arregló para ser precisamente el postulante presidencial de la Concertación en 1989.

          En 1990 formó, mediante un decreto jurídicamente ilegal y nulo, la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación". Tras publicarse su Informe, la Corte Suprema dijo (13 de mayo de 1991): “La Comisión no trepida en violentar el ámbito de sus atribuciones;… rebasó abusivamente las atribuciones que se le habían conferido y, extralimitándose en sus facultades, formuló un juicio apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos”. Así, sumado ello a las millonarias indemnizaciones y pensiones estatales a la extrema izquierda (hoy deben llegar a unos 300 millones de dólares anuales), Aylwin consiguió el apoyo de ese sector para sus propósitos políticos; o, en todo caso, la anulación de sus ínfulas revolucionarias durante su gobierno de cuatro años.

          A la inversa, crucificó a los militares: mediante una carta inconstitucional a la Corte Suprema, pidió a los tribunales no aplicar la amnistía (“que mi gobierno respeta”, añadió) sino hasta la sentencia de término en los procesos, lo que hizo posible el desfile de militares por los tribunales y los expuso a las agresiones y la denigración de los  “guardianes del odio” en nuestro país.

          Hoy se le reconoce a don Patricio haber manejado “la transición”, período que no tiene otro defecto que el de no existir, pues se transitó a la democracia y a la plena vigencia del articulado permanente de la Constitución de 1980 el mismo día 11 de marzo de 1990, con todas las reformas aprobadas por más del 90 por ciento de los votos en 1989. Después de eso no hubo transición alguna a ninguna parte y desde entonces vivimos en la plena democracia prevista en la misma Carta Fundamental.

          Tenía don Patricio una candidez que lo hacía simpático y amigable, como cuando, en plena crisis de los “sobres con billetes” que los gobernantes concertacionistas se llevaban para la casa sin fundamento legal alguno, bajo el gobierno de Lagos, aquel confesó paladinamente a “El Mercurio” que esa práctica había comenzado bajo su gobierno: “fue una corruptela”, expresó. Y todo el mundo lo perdonó en el acto.

          Cuando terminó su gobierno, en 1994, en mi columna de “El Mercurio” hice un balance de su gestión y concluí que lo mejor de ella había sido la actuación de la Primera Dama, señora Leonor Oyarzún. Hasta hoy mantengo ese predicamento, le hago llegar mi pesar por el deceso de su marido y elevo preces por el eterno descanso de su alma.

Labbé Debe Exigir Primarias

          Los diarios dicen que Chile Vamos ha bloqueado la candidatura del coronel Labbé a la alcaldía de Providencia, cargo que ejerció con éxito –reconocido nacional e internacionalmente— hasta 2012. Ese año la extrema izquierda, percibiendo con certeza dónde estaba su real adversario, engrosó artificialmente al electorado de Providencia y, apoyando a una candidata filomarxista que por su apellido pudo camuflarse como de derecha, desplazó a Labbé de la alcaldía. Éste triunfó en las mesas antiguas de la comuna y su derrota se resolvió en las nuevas, a las cuales la izquierda extrema había “acarreado” un grueso contingente. Eso, sumado a la abstención de la mitad de un electorado tradicionalmente afín a la derecha y al legado del Gobierno Militar, permitió el triunfo de Josefa Errázuriz.

          Labbé es la única figura política que interpreta genuinamente al electorado agradecido de la obra del Gobierno Militar y que profesa ideas de derecha sin disfraces, matices, renunciamientos ni fugas hacia el  centro y la izquierda. En los años del levantamiento estudiantil (2011 y 2012) propiciado por el comunismo (y que logró un eco callejero mayor gracias a la promesa de gratuidad de la educación) la única autoridad del país que hizo respetar la ley fue el entonces alcalde Labbé, mientras el débil gobernante Piñera y los demás contemporizaban con los sediciosos y cedían ante las usurpaciones. El Presidente ¡declaraba su admiración por el movimiento! calificándolo de “noble, grande, hermoso”, en un discurso ante Naciones Unidas que pasó a formar parte de la antología del absurdo político, porque la asonada comunista pretendía desestabilizarlo a él, que fue el último en darse cuenta.

          Por contraste con la debilidad del gobernante, Labbé dio el ejemplo y procedió a desalojar los liceos usurpados por los revolucionarios, lo que lamentablemente fue desautorizado por la Corte Suprema de izquierda y dio lugar a las re-ocupaciones de los establecimientos, con paradójico respaldo judicial a una ilegalidad flagrante, situación que ha pasado a ser habitual en Chile.

Por eso la ciudadanía necesita expresar su apoyo electoral a autoridades que satisfagan dos grandes anhelos de una mayoría de la derecha: el de que se restablezcan el orden y la autoridad y el de que se reivindique y reafirme el legado del gobierno que transformó al país caótico y atrasado de 1973 en ejemplo señero para las naciones en desarrollo –y en algunos aspectos también para las desarrolladas— y que lo situara a la cabeza de América Latina en 1990.

          En realidad, Labbé es hoy una figura política casi única, y por eso se le quiere excluir. Pues personifica sin claudicaciones e integralmente los verdaderos valores de la derecha. No hay otro que lo haga con la misma nitidez. Por eso es blanco predilecto de la izquierda. Y de ahí la importancia de que su figura tenga la posibilidad de someterse al veredicto popular en las elecciones municipales.

          Fundado en el amplio y ostensible apoyo ciudadano de que goza en Providencia, oportunamente comunicó a la UDI, su partido, su decisión de ser alcalde de la comuna una vez más, impulsado por una mayoría de vecinos que añoran su gestión y de ciudadanos que permanecen fieles al legado del Gobierno Militar, es decir, a un genuino ideario de derecha, electorado que nunca se ha sentido interpretado por las posiciones camaleónicas a que han sido llevados los partidos opositores bajo la égida de un elemento que profesa otras ideas, como Sebastián Piñera, y que ha aprovechado el estado de desmantelamiento que por los escándalos viven RN y la UDI, para erigirse en factótum del sector, pese a ser él el mayor exponente de las facturas objetadas, desvío impropio de ayudas electorales, forward sospechoso y cuentas en paraíso fiscal de sus sociedades offshore, “Chine Investments” e “International Cards Systems”, nada de extrañamente ausentes de las columnas de la prensa que hace escándalo de las demás situaciones similares.

          Labbé, desde luego limpio de toda asociación con lo anterior, comunicó a la UDI su disposición a participar en primarias e hizo entrega de toda la documentación que lo habilita. Desde luego, la persecución iniciada en su contra por la justicia de izquierda no lo inhabilita para ser candidato. Eso está claro. Pero los dirigentes de la UDI, hoy cooptados por el “cómplice activo” de la criminalización del Gobierno Militar, del lavado de cerebros sobre la historia reciente y de la dictadura judicial que mantiene tras las rejas a más de un centenar de Presos Políticos Militares, no quieren que los ciudadanos de Providencia tengan la opción de votar en primarias por su ex alcalde.

          Labbé debe exigirle a la UDI que convoque a primarias. El financiamiento de las mismas es, por ley, de cargo del Estado, de modo que no hay excusas para no efectuarlas. Pero es verdad que los partidos no están obligados legalmente a convocarlas. La UDI sí lo está moralmente porque, si hubiera anunciado el año pasado su intención de bloquear a Labbé, éste habría renunciado al partido antes del 28 de octubre y podría haberse inscrito como candidato independiente.

          Si aun así, faltando a un deber moral, la UDI persiste en bloquear a Labbé, sólo conseguirá erigirlo en una figura política de proyección nacional, con perspectivas más amplias que las de una alcaldía y una comuna, pues en el panorama nacional no se divisa ninguna otra que represente, primero, la adhesión franca al ideario de orden y autoridad que inspiró al Gobierno Militar, que nuestro pueblo cada día añora más; y, segundo, el credo de la libertad personal garantizada y protegida dentro del marco democrático, expresado en la Constitución que, junto con el resto de las garantías individuales, se hallan hoy bajo la amenaza de ser arrasadas por la izquierda revolucionaria en el poder, sostenida por el siempre inexplicable, pero igualmente invariable apoyo de los kerenskys chilenos que ya en 1970 la situaron en posición de amenazar y poner en riesgo de muerte la democracia y la libertad de los chilenos, encrucijada de la cual nos salvaron entonces Labbé y sus camaradas.

¿Usted Cree que Piensa por su Cuenta?

          Si me contesta que sí, yo le voy a replicar que eso es lo que usted cree, pero no es así, porque a usted la superestructura política le maneja su pensamiento como quiere, y se lo voy a probar.

          A juzgar por lo que se publica y lee, la reforma constitucional preocupa mucho a los chilenos. He leído sondeos que hablan  de un 70% y hasta 80% favorable a cambiar la Constitución. Pero eso ha sido “fabricado”, no es espontáneo.

Se dejan oír las más inesperadas propuestas para llevar a cabo este “trascendental cambio republicano”. Todo “fabricado”. Y pasarán años antes de que se materialice, pero durante todos ellos ese tema concentrará los focos de la opinión pública. Todo artificial. No ha sido idea suya ni de la mayoría.

          Porque nada de eso ha derivado de que usted ni un porcentaje significativo de chilenos lo hayan pensado por su cuenta o espontáneamente deseado; y ni siquiera de que una minoría significativa lo haya hecho. Eso se lo han metido a usted y a la gente en la cabeza y ha derivado de una maniobra política ideada por unos pocos políticos. Y también se lo voy a probar.

          La encuesta en que más creo es la del CEP, y supongo que muchos dicen lo mismo, porque no es sobornable. Pues bien, en la de julio-agosto de 2013 el CEP les preguntó a los chilenos cuáles eran los temas nacionales que más les preocupaban, y mencionaron quince. El último lugar lo ocupó el sistema binominal, con 3% de menciones. NADIE SIQUIERA MENCIONÓ LA REFORMA CONSTITUCIONAL. Obviamente las tres materias que más interesaban a la gente eran las mismas de siempre en estos años: delincuencia, salud y educación.

          En julio de 2014, ya bajo este gobierno, el CEP hizo otra encuesta. Ya los ideólogos del “otro modelo” (como llamaron en su libro-guía al socialismo, inspirador de este régimen) empezaron a hablar de la reforma constitucional. No era que usted ni un número significativo de personas lo hubiera pensado por su cuenta o planteado como inquietud propia. Pero los ideólogos de izquierda del gobierno otra vez empezaron a mencionarlo. Y entonces algunos chilenos “picaron”. Y sólo entonces la reforma constitucional apareció, pero en el último lugar, el 16°, de los temas nacionales que preocupaban a la gente. Así y todo, sólo un 2% se había tragado el anzuelo lanzado a través de todos los medios por los ideólogos de izquierda y la mencionó como algo digno de preocupar. Sin embargo, fue efímero, pues en la CEP siguiente, de septiembre-octubre de 2014, de nuevo el tema desapareció de entre los que importaban algo a la gente.

          Pero en febrero de 2015 estalló el “caso CAVAL”, un misil que impactó directamente en La Moneda. ¿Qué dijeron entonces en Palacio? Lo que dicen todos los chilenos cuando han quedado en medio de una embarrada muy grande: “¡hay que hacer algo!”. La “movida” más importante, entre muchas que han discurrido, fue la de reinstalar la reforma constitucional como tema de preocupación de los chilenos. Por supuesto, no lo era. Hemos vivido más de 35 años excelentes para el país bajo la Constitución del ’80, su modelo de libertades, su democracia protegida de mayorías ocasionales y sus garantías para las propiedades e iniciativas libres de los chilenos. Eso no lo discute nadie. Ningún chileno se ha levantado en las mañanas durante todas estas décadas diciéndose “me tiene desesperado la Constitución”. Al contrario, todos nos hemos levantado tranquilos gracias a ella y la solidez que da a nuestros derechos.

          Pero el “caso CAVAL” exigía hacer que la gente “mirara para otro lado”, como lo hacen los prestidigitadores para poder consumar sus trucos sin que los pillen. Y entonces al “segundo piso”, no a usted ni a un grupo grande de chilenos, se le ocurrió una obra de teatro o presentación circense fantástica, variada, extensa y capaz de hacer que los chilenos “miráramos para otro lado”: el proceso constituyente. Y ya en agosto de 2015 la encuesta CEP indicó que un 3% de chilenos volvía a mencionar, en el 16° y último lugar de sus preocupaciones nacionales, “la reforma constitucional”. Por algo se empieza.

Los “creadores de opinión” siguieron promoviendo el tema y ya en noviembre de 2015 él figuraba 13° entre 16 y para un cinco por ciento de la gente era una preocupación importante. Es decir, ya el circo ideado por los políticos estaba atrayendo un poco de gente. Y ya no hay día en que no aparezca algún malabarista, entre tanto consejo, cabildo, facilitadores, cursos populares de “educación cívica” y demás elementos de la parafernalia ideada para evitar que usted piense por su cuenta o siga hablando de CAVAL, SQM y demás.

Entremedio surgen algunas proposiciones disparatadas, como la de volver a la Constitución de 1925, porque se critica “el origen” de la actual. Esto es absurdo al extremo, porque la Constitución de 1980 ha sido la más ratificada por el pueblo chileno de todas las que ha habido. En el plebiscito de 1980, más del 60% votó por ella. En el de 1989, más del 90% ratificó las reformas que entonces fueron propuestas y la volvió a ratificar. Después fue modificada cada vez que se reunió una mayoría para hacerlo, para suprimir los senadores designados, para crear un nuevo sistema procesal penal, para modificar el sistema electoral. En 2005 le gustaron tanto a Ricardo I las numerosas modificaciones que se le hicieron, que la proclamó como una gran Constitución democrática, digna del pueblo chileno, y se apropió de ella, poniendo su firma al pie del texto en lugar de la del Presidente Pinochet. Así es que, en rigor, la actual es “la Constitución de Lagos”.

La de 1925, desde luego, carece de título democrático suficiente, porque la votó sólo un 44,9% de los inscritos, y los que la aprobaron fue un número todavía menor. Amplios sectores llamaron a abstenerse. El jurista José Bernardo Lira manifestaba, respecto a su texto, “el proyecto de nueva Constitución lo encuentro inaceptable en su fondo, en su espíritu, en su letra y en el modo en que ha sido elaborado y será sancionado”.

Si a usted le fuera permitido pensar por su cuenta, no se vería envuelto en este circo del “proceso constituyente”, como inevitablemente lo va a estar. Seguiría feliz regido por la mejor Constitución que el país se ha dado, si la juzgamos por los frutos de estabilidad, libertad y prosperidad que se han logrado bajo su vigencia, sin precedentes en nuestra historia. Y cuando hubiere acuerdo para introducirle cambios, como los que se le han incorporado, se procederá a modificarla con la mayor seriedad posible, como tantas veces se ha hecho en estos 35 años, sin mayor circo, publicidad ni parafernalia.

Ahora, si está contento frente a toda esta evidencia de que a usted lo han privado del derecho a pensar por su cuenta y de que ha sido convertido en un títere entusiasta del espectáculo artificioso llamado “proceso constituyente”, allá usted y con su pan se lo coma, porque nada bueno para su persona, su familia y su país saldrá de eso. ¿O usted piensa que de las reuniones de los “facilitadores” del socialismo en “cabildos” regionales y provinciales va a salir una Constitución mejor que la estudiada, elaborada y propuesta, tras estudiar durante siete años, por los mejores juristas democráticos del país, encabezados por Enrique Ortúzar Escobar y Alejandro Silva Bascuñán?

Sin Vergüenza

          El país ha ido perdiendo la vergüenza, bien lo sabemos. Y dentro del país, la que más la ha perdido es la dictadura judicial de la izquierda. Los testimonios son múltiples. Uno reciente es la sentencia de tres ministras de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, Dora Mondaca, Jenny Brook –que sus nombres queden registrados en los anales de la injusticia-- que aumentó a cuatro años de presidio efectivo la pena a los comandantes (r) (FACH) Ramón Cáceres y Edgard Ceballos, ya condenados a una pena menor por el ministro Carroza –que a su turno marcha a la cabeza del entierro del estado de derecho en Chile— (véanse mis blogs sobre el “caso quemados”). Ambos aviadores, hoy ancianos y el segundo postrado tras cinco infartos cerebrales, condenados por supuestas torturas con resultado de muerte infligidas al general (FACH), Alberto Bachelet, en marzo de 1974.

Supuestas porque, como ya es habitual, no hay pruebas reales del delito, pero sí las hay contundentes de que la causa de muerte fue otra.

          Pues este caso ya había sido investigado y fallado por la justicia, cuando había mejor justicia en Chile, en el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en 1974, y había terminado en sobreseimiento definitivo. Entonces ¡ahora había cosa juzgada! Pero los jueces chilenos de hoy dicen “¿qué es eso?” y pasan por sobre esa causal de extinción de responsabilidad. Por añadidura, el expediente del proceso de 1974 “desapareció convenientemente”, por supuesto. Qué vergüenza.

          Y aunque no hubiera existido cosa juzgada, el caso estaba legalmente prescrito y amnistiado. Otras tantas leyes vigentes que son habitualmente desconocidas por la dictadura judicial de la izquierda.

          Y en ese proceso “perdido” de 1974 se sobreseyó porque quedó probado, y todo el mundo supo (dado que fue público y notorio) que el general Bachelet murió en marzo de tal año como consecuencia de un infarto sufrido por él tras un partido de básquetbol jugado en la cárcel de Santiago. Allí le dio primeros auxilios el doctor Yáñez (FACH), preso junto a él y por las mismas razones, quien llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. El general cargaba con varios infartos anteriores

Bachelet y Yáñez, junto a otros, habían conspirado entre 1971 y 1973 para, en concomitancia con el MIR, copar la base aérea El Bosque, eliminar a los oficiales que se les opusieran y entregar armamento al MIR, en el curso del autogolpe previsto en el Plan Z. Los detalles de la conspiración están en el libro del periodista DC Ricardo Boizard, “Proceso a una Traición”, publicado en 1974. La conjura fue considerada tan grave por el Gobierno Militar que varios de sus protagonistas fueron en primera instancia condenados a muerte por el Juzgado de Aviación, pena que se les conmutó. A uno, que se fue exiliado, le sirvió de antecedente para ser designado Subsecretario de Aviación, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet.

          Testigo presencial e indubitable de que el fallecimiento del general Bachelet no derivó de torturas, sino de practicar un deporte contraindicado para su condición cardíaca, fue el ex senador socialista Eric Schnake. Lo publicó en entrevista a “Qué Pasa” del 26.11.06, donde dio su versión como compañero de celda de Bachelet.

          ¿Cómo ha podido, entonces, condenarse por tortura sin pruebas? Porque las “pruebas” las ha proporcionado el Instituto Médico Legal, presidido por el doctor Patricio Bustos, “militante del partido MIR” –según propia confesión— que viene de los anteriores gobiernos de Concertación y fue confirmado en el cargo, como funcionario de confianza del Presidente, bajo el V de ellos, el de Sebastián Piñera. Bustos fue un leal colaborador de éste en la tarea de perseguir a los militares y dilatar la identificación de restos de personas muertas y que, por tanto, siguen figurando como “desaparecidas”, constituyendo un importante capital político.

          ¿Cómo pudieron los actuales peritos del Instituto probar ahora, sin haberlo hecho durante más de 40 años, que los restos de una persona muerta en 1974 presentaban señales de tortura? Es que la “corrección política” todo lo puede. Pero el año pasado, cuando se trató de indicar la causa de muerte de un menor encontrado en Laguna Verde, que había desaparecido durante dos semanas, el Instituto Médico Legal confesó que no podía precisarla. ¡Pero sí lo puede en las cenizas de un fallecido hace más de cuarenta años! Es que sin vergüenza puede lograrse cualquier cosa.

          También sin vergüenza, hace un par de semanas la dictadura judicial reconoció el derecho de 659 izquierdistas o sus familias a cobrar tres millones de pesos cada uno por haber estado “detenidos” durante el Gobierno Militar. No hay delito, los hechos están prescritos y, probablemente, en su mayoría amnistiados. Pero el Estado les va a pagar tres millones de pesos a cada uno (dos mil millones en total) por la “detención”. Díganme si la justicia de izquierda no merecería ostentar el mismo lema que “La Polar”: “llegar y llevar”. ¡Y qué buenos honorarios deben percibir los abogados de izquierda que discurren estas demandas colectivas contra el generoso fisco chileno!

          A propósito de lo cual no quiero omitir recordar que Michelle Bachelet, bajo su anterior gobierno, cobró los diez millones de pesos que una ley regaló a cada familia de quienquiera hubiere sido muerto por “la dictadura”. Y eso que todavía no había habido sentencia declaratoria de que la muerte de su padre se había debido a la tortura. La noticia del cobro salió en los diarios y nadie, salvo yo, naturalmente, dijo nada…

          Para eso sirve el poder. Para poder cobrar sin vergüenza.

Chile Vamos... ¿Para Dónde?

          Leí el documento “Convocatoria”, de Chile Vamos, en “La Segunda”, con una foto de Sebastián Piñera en primer plano, sacándose una selfie. Entonces por lo menos supe quién había pagado la inserción.

          Es, sin duda, un documento de consenso, es decir, “algo en lo que nadie cree pero que nadie objeta” (M. Thatcher). Tiene, es verdad, un ligero perfume de derecha, pues aparecen mencionadas las palabras “subsidiariedad” una vez y “libertad” dos veces, en un contexto neutro de “colaboración armónica de las fuerzas sociales y los individuos, tarea que exige una persistente consideración de los contextos y circunstancias en los que esa colaboración ha de tener lugar”.

          Pero para mí, que soy de derecha, “subsidiariedad” significa algo más concreto: que el Estado no debe desarrollar ninguna actividad que pueda ser cumplida por los particulares. Claro, el documento no quiere decir eso.

          Leyendo el texto uno no puede saber, por ejemplo, si Chile Vamos apoya la innovación tecnológica introducida por Uber y Cabify en el mercado del transporte de pasajeros o es partidario de prohibirla y mantener congelado el número de taxis, como hace el gobierno socialista actual, cooptado por el grupo de interés de los taxistas autorizados. Es que la indefinición preside el documento. En ese sentido huele indefectiblemente a injerencia DC.

          Además, los que la “Convocatoria” llama sus dos “principios” no son tales. El primero es “el reconocimiento de la relevancia de las dimensiones privada y pública”, lo cual no es un principio, sino una mera constatación. Sí serían principios la defensa de la libertad personal o el reconocimiento de que el individuo puede hacer todo lo que no le está prohibido y el Estado sólo lo que le está expresamente permitido.

          La “Convocatoria” tampoco siquiera alude al principio de autoridad ni al imperio del orden, dos pilares del pensamiento de derecha. En un país con toda una región estremecida porque han quemado a personas dentro de sus casas, se ha incendiado por doquier y arden los templos, el documento no destina una palabra para explicar qué sucede allí ni por qué hasta 1990 la misma región vivía feliz, sin “conflicto ancestral” y extendiéndole un pergamino de agradecimiento de los principales caciques mapuches al gobernante saliente por haberles dado beneficios sociales y títulos de propiedad. Ese clima de orden también explicaba por qué en la misma región ganó el “Sí” a la permanencia del Gobierno, en 1988.

          Las palabras “talante” y “pulsiones” se repiten en la “Convocatoria”. Pero ¿por qué cambió el “talante” en la Araucanía y qué “pulsiones” la hicieron transitar de la paz y la conformidad a la violencia subversiva?

          ¿Y qué cambio de “talante” histórico explicó que el Chile de comienzos de los ’70, azotado por la hiperinflación y la escasez, a la zaga de las naciones subdesarrolladas en materia de crecimiento, donde se hablaba del peligro de una revolución con un millón de muertos (Comandante Pepe a periodista Nena Ossa), se transformara en los ’90 en la “joya más preciada de la corona latinoamericana” (Clinton) y pudiera vivir después un cuarto de siglo de estabilidad política y social, con  un desarrollo sin precedentes? Tienen que haber sido buenas “pulsiones”, pero el documento ni siquiera las menciona.

          Ni tampoco dedica ni una sola palabra para el escándalo de una justicia que no aplica las leyes a los ex uniformados ni para un régimen que mantiene a más de un centenar de ellos como presos políticos, en contra de toda noción de estado de derecho y debido proceso. ¿O es que los redactores de la “Convocatoria” no quieren molestar al financista de la inserción en “La Segunda”, erigido en principal perseguidor de esos presos políticos y “cómplice activo” de la prevaricación que sufren?

          Entonces uno se pregunta, ¿adónde va Chile Vamos? Algunos lo intuimos, pero tememos que tal destino nada tenga que ver con algo realmente bueno para el país y sí mucho con las ambiciones personales de quien apareció al centro de la selfie.