INTRÍNGULIS CHILENSIS

El principal problema actual del gobierno deriva de que hay una masa vociferante, aparentemente muy mayoritaria, opuesta a la idea de que se pueda disminuir las penas a los condenados por delitos de violación y abuso contra menores de edad. 

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, de acuerdo con la ley vigente número 19.853, dispuso esa reducción de condenas mediante los respectivos decretos. Y el presidente, hasta el momento de escribirse estas líneas, respalda al ministro. Pero la mayoría los condena a ambos.

Injustamente, porque hay una ley, la 19.853, que estableció el derecho a esa reducción de condenas. Pero una gran mayoría repudia esa ley. ¿Por qué se dictó? No lo sé. Al parecer quiso igualar la condición de los reos de delitos contra menores con la de la generalidad de los presos, que tienen derechos penitenciarios, entre los cuales está el de obtener la libertad condicional anticipada.

Ministros de Justicia anteriores, con agudo olfato político, rechazaban la reducción de condenas a los abusadores de menores. No ignoraban lo que

ordenaba la ley 19.853, sino que sabían que era muy impopular aplicarla. Sólo lo hacían cuando, meses o años después, un fallo judicial se lo ordenaba.

Ahora llegó un ministro legalista, con más sentido común que olfato político y, dándose cuenta de que la Corte Suprema terminaba siempre rechazando las reducciones de condenas, decidió acogerlas directamente, que es lo legal y más económico. Pero también lo más impopular. 

Por supuesto, con el "ingenio del  estribo", que es el que se despierta en todos cuando ya han pasado las cosas, uno reflexiona cómo se pudieron hacer mejor: lo que debió haber hecho el ministro, previniendo al presidente, por supuesto, fue  la facultad de reducir esas penas a estos particulares reos. Y tal vez se habrían anotado un punto, presidente y ministro, en materia de popularidad.

Pero Rabat dejó que el sentido común prevaleciera sobre la astucia política y con un sentido de economía legal y judicial, decidió cumplir la ley, ahorrando toda la pérdida de tiempo y recursos que en casos anteriores habían debido emplearse para conseguir de los tribunales, tras años de juicio, la citada reducción.

Este intríngulis chilensis se resolverá seguramente dejando las cosas como están, rechazando el ministro las peticiones de reducción de condenas y dejando que los tribunales restablezcan la legalidad, después de tramitarse un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva y de la posible revisión por la Corte Suprema.

¿Merecen los presos por delitos contra menores este trato discriminatorio? La opimión de la mayoría evidentemente opina que sí. Y eso es lo que manda en una sociedad democrática. 

¿Merece el gobierno el descrédito por haber un ministro suyo aplicado el sentido común y derechamente haber hecho respetar la ley? Pienso que no. Pero en la polítics actual pesa más una caricatura falsa que la realidad.