"MENTID... MENTID... QUE CHILE CREE"

Voltaire, que era un cínico, recomendaba: "Mentid... mentid... que algo queda".  El gobierno saliente es voltaireiano y ha decidido mentir hasta su último día. Ahora acaba de referirse al proyecto, aprobado en el Senado, de penas alternativas para reos mayores de 70 años. Y otra vez ha mentido.

Afirma que al 31 de diciembre había 738 personas condenadas, de las cuales "365 están condenadas por delitos de lesa humanidad y 373 están sentenciadas por delitos comunes" (El Mercurio, p. C3). 

Lo de los 365 no es verdad: son los presos políticos militares, que están privados de libertad pero en ninguno de sus casos se les ha probado delito. Por eso son "presos políticos". 

Las sentencias no los han condenado por delito de lesa humanidad, sino por uno común, el secuestro. Pero como ya estaría prescrito y amnistiado, entonces un juez de izquierda imaginativo decidió hacerlo "permanente" y fingir que se seguía cometiendo hasta hoy. Cuando en la televisión le dije, en 2015, que debía probar que se seguía cometiendo, replicó que no, que era "una ficción jurídica". Y añadió: "Yo no estoy diciendo que ésa haya sido la realidad". O sea, confesó que mentía. Luego, los miliares son inocentes.

Y además ¿dónde están o estuvieron los "secuestrados permanentes"? Indiquen un caso. No pueden. No hay ni hubo nunca ninguno. Todo es mentira. Y otro atropello legal: el secuestro está tipificado en el código como un delito que sólo cometen los particulares. Los militares eran funcionarios públicos. Podían cometer detención ilegal, pero no secuestro. Pero es fácil probar que en los recintos de detención no hay ni ha habido ningún "detenido permanente".

Hay 365 presos por secuestro permanente y no hay un solo testimonio de alguien alguna vez secuestrado permanentemente. 

Todo condenado en virtud de una mentira es inocente. Los militares presos deberían estar libres. Como no lo están, son "presos políticos".  

Ellos tampoco han podido cometer un delito de lesa humanidad, porque a la época de los hechos, los años '70, ese delito no existía en nuestra legislación. La Constitución dice que sólo puede condenarse a alguien por delito establecido en una ley dictada "con anterioridad a su perpetración".

Lo más notable de todo esto es que los delitos "de lesa humanidad" consisten en un "ataque generalizado a la población civil" y eso era lo que perpetraban el MIR, el FPMR y otros grupos terroristas afines al gobierno actual, que ponían bombas en el metro, portaban botellas incendiarias para quemar buses y hacían estallar autos llenos de explosivos en las calles. Y los militares trataban de impedir esos delitos de lesa humanidad ¿Cómo podrían estar condenados por cometerlos? ¡Qué mentira más grande! 

Pero siguen mintiendo, porque siempre "algo queda". Desde luego, la plata que cobran.

Un País Contra Natura

La carta a El Mercurio de la señora Carolina Olguín, denunciando la condena de su hijo conscripto de 18 años, Carlos Robledo, a diez años de presidio por disparar contra saqueadores en La Serena, uno de los cuales murió, ha provocado numerosas reacciones de asombro. 

Repentinamente una mayoría se pregunta: "Pero, ¿qué estamos haciendo?"

Desde luego, la ley ya no vale. El artículo 208 del Código de Justicia Militar dice: "Será causal eximente de responsabilidad para los militares el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida". Había saqueos, incendios, destrucción. El gobierno de la época "sacó a los militares a la calle". Los superiores de los conscriptos les habían entregado armas. Y se les ordenó poner término a los saqueos. ¿Cómo lo iban a hacer sino con sus armas? Si se les hubiera proporcionado megáfonos, en lugar de fusiles, les habrían gritado a los saqueadores que dejaran de robar, pero seguramente éstos no les habrían hecho caso y les habrían lanzado peñascos y bombas molotov, dejando a muchos conscriptos heridos, procediendo luego a saquear igual.

En este país "desvirtuado", por llamarlo de alguna manera, suceden cosas "contra natura": el perseguido es el militar y el protegido es el delincuente. Eso está acordado democráticamente y es lo que han predicado y practicado todos los gobiernos desde el restablecimiento de la democracia el 11 de marzo de 1990. Todos elegidos por amplias mayorías en 1989, 1993, 1999, 2005, 2009, 2013, 2017 y 2021. Han coincidido. en la "política de los acuerdos": condenar a los militares y perdonar (e indemnizar) a los terroristas. Los que discordaran serían "cómplices pasivos".

"El ladrón detrás del juez". Militares condenados a morir encadenados. Delincuentes libres e indemnizados. Ellos reúnen el mayor número de amnistiados, beneficio que se niega a militares. Éstos también carecen de derechos carcelarios, que favorecen hasta a los peores reos comunes.

Cada cierto tiempo "los que mandan" se ponen de acuerdo en insultar públicamente (como en "1984", de Orwell) al "enemigo número uno", representante de los valores tradicionales, de la ley natural, del orden sobre el caos y del bien sobre el mal: Augusto Pinochet. Coro encabezado por Boric, Matamala y la Cámara de Diputados, que por 50 a 42 despojó a aquél de las condiciones de "expresidente" y de "estadista". 

Entonces "¡a quemarlo y destruirlo todo!", como dijo una líder muy representativa de este nuevo país contra natura.

Mera Imbecilidad

La Ley de Seguridad Interior castiga con presidio o reclusión de 541 días a 5 años a quienes de palabra o por escrito llamen a "perturbar el orden constitucional". El rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio, Carlos Peña,  llamó a más que a eso en los días siguientes al 4 de septiembre de 2022, estando plenamente vigente la Constitución de 1980. Pues conminó a "lanzarla lejos" y a continuar un proceso constituyente que estaba ya fenecido, para dictar una nueva Carta. No tenía ningún sustento jurídico, pero los políticos le prestaron oídos y formaron el contubernio Piñera - Boric para llevar a cabo un ilícito segundo proceso.

Y lo hicieron sin consultar al titular de la potestad constituyente, la ciudadanía, desoyendo a la cátedra: "Las normas constitucionales actuales no facultan a los poderes colegisladores para elaborar una nueva Constitución". (Prof. J. I. Vásquez, El Mercurio, 17.01.23). 

¡Que se joda! le dijeron a la cátedra. No les importó nada, pese a ser todo tan absolutamente ilegal como las situaciones que constan de las conversaciones grabadas del abogado Luis Hermosilla con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, que han provocado tanta expectación y escándalo.

Ahora leo que la Universidad Andrés Bello otorgará un premio especial al rector Peña por su mérito social. En realidad, el más notorio ha sido inspirar este segundo proceso nulo de derecho público y doblemente inconstitucional que sumió al país en un torrente de gastos, incertidumbre, desembolsos para pagar asesores, consejeros, expertos y árbitros. Además ha habido utilización de edificios públicos, cuerpos especiales en los diarios, una elección nacional el 7 de mayo más un plebiscito final, con los desembolsos consiguientes. 

Foros, paneles y farándula por más de un año y una propuesta de Constitución que, pese a tener origen en la derecha, significaría un aumento del tamaño del Estado y del trabajo legislativo para dictar más de 30 leyes y fundar once nuevas entidades burocráticas que generarían gran incertidumbre. Todo ello ocuparía al gobierno y al congreso por años. 

La propuesta ha concitado el apoyo de una parte minoritaria pero adinerada de la élite, según la encuesta CEP, pero un amplio rechazo entre la mayoría de la población, según ésa y casi todas las demás encuestas. Terminará, afortunadamente, el 17 de diciembre próximo.

En descargo del galardonado rector Peña hay que decir que él se arrepintió de haber originado el proceso, aunque no ha pedido perdón. Pero en memorable columna del 20 de octubre ejercitó la circunstancia atenuante de procurar remediar el mal causado e instó a los consejeros constitucionales a echar por la borda todo lo obrado, que describió como un "trampantojo" (engaño), votando en conciencia. Parecía sugerir rechazar en la votación final del 30 de octubre. Habría bastado que lo hicieran 21, pero sólo le obedeció la izquierda, que reunió 17 votos de rechazo. Se habría requerido sólo cuatro más para librar al país del trampantojo y de la agria división entre A Favor y En Contra.

Por suerte hay casi cinco millones de chilenos apolíticos, es decir, no contaminados por la confusión general, que el 17 de diciembre pueden lanzar al basurero de la historia el torrente de disparates discurrido por las élites entreguistas.

Y entretanto casi nadie ha tomado debida cuenta de que la izquierda vive un intervalo lúcido: los diez partidos de gobierno han llamado a rechazar el trampantojo, al que acusan de crear excesiva burocracia y generar una incertidumbre que desalienta la inversión. La izquierda reivindicando ideas de derecha. ¿Qué está pasando en Chile? Mientras la derecha se va a la izquierda, la izquierda se viene a la derecha. Y la gente cuerda que no es de la una ni de la otra ya no quiere saber más del tema y va a rechazar todo. 

Chile No Se Entrega

Cuando un carabinero es condenado a doce años y medio por lanzar una bomba lacrimógena en plenos desórdenes, la cual ha golpeado (lo que el carabinero niega) accidentalmente a una manifestante, hoy senadora Campillay (que llamaba a "destruir e incendiarlo todo") y la sentencia dice que ese servidor público le aplicó "apremios ilegítimos", a simple vista hay una falsedad judicial. Cuando dos ministras de corte forman mayoría para sostener que el retrato de un ex almirante en una oficina de la Armada daña síquicamente a un abogado de izquierda que recurre de protección, también hay a simple otra falsedad judicial. Pero el carabinero debe cumplir doce años y medio y debe retirarse el retrato. Y si, además de la justicia, el comunismo controla el gobierno y medio Congreso, ese país está en camino de incorporarse como el sexto de los "cinco fantásticos" de nuestro tiempo, Albania, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela y Cuba. 

Chile se está entregando. Gran parte de la oposición, la prensa dominante y el empresariado son entreguistas. El comunismo parece saber que sus enemigos le van a proporcionar la soga con que los va a ahorcar, como decía Lenin. 

Véase el último aporte de "la oposición": la senadora Paulina Núñez (RN) pide marginar de la bancada de RN a la diputada María Luisa Cordero, porque comentó un video en que la referida senadora Campillay aparece operando su celular, en circunstancias que alega haber quedado ciega por la represión policial. ¿Qué más va a proponer la senadora Núñez, subir a 15 años la pena al carabinero? Entreguismo total.

El comunismo quiere cambiar la Constitución por otra que no contemple la subsidiariedad estatal y, por tanto, le facilite al Estado (que él maneja) su hegemonía. Y si ya está dominando el Poder Judicial y la mitad del Congreso, la entrega total de Chile parece casi lista.  

Lo absurdo se impone: se dice querer cambiar la Constitución para que rija un "Estado social y democrático de derecho" ¡que ya está en la Constitución! Su art. 1° dice que el Estado debe "promover el bien común". Más "social" imposible. El diccionario define al Estado como "una comunidad social". Entonces, "Estado social" es una tautología, una redundancia. Y además el art. 4° dice: "Chile es una República democrática". Y el Código Civil dice en su artículo 14: "La ley es obligatoria para todos" o sea, "Estado social y democrático de derecho". No es necesaria otra Constitución.  

¡Basta de entregarse! No a las reformas tributaria y previsional, que buscan destruir la economía privada y la sociedad libre. A derrotar al entreguismo y al comunismo el 7 de mayo. No anules tu voto, porque eso sólo sirve al comunismo. Vota por los que no quieren otra Carta Fundamental. Vota por poner pronto término a este gobierno por justificadas causales que están en la Carta actual (art. 53 N° 7). Vota contra el narcoestado que se está instalando en Chile a vista y paciencia de todos y gracias a llamados telefónicos del gobierno. Vota por Carabineros y no por los perseguidores de Carabineros. El 7 de mayo dí fuerte y claro: "Chile no se entrega" y anticipa el comienzo del fin. O, por lo menos, el fin del comienzo (Churchill).