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lunes, 2 de diciembre de 2019

Derechos Humanos de la Persona Común

Como no veo farándula en la TV, cuando me convidaron a un panel político el viernes, en Canal 13, no estaba al tanto de que había surgido un nuevo culto en el país: el de los derechos humanos de los violentistas. No sabía que, según su Corán, ellos pueden tirar piedras y bombas molotov a los carabineros; destruir, saquear e incendiar, pero no se les puede tocar ni hacer nada, pues hay legiones de "inspectores de DD. HH", pagados por nosotros, los contribuyentes, vigilando celosamente para que nadie vaya a violar los derechos humanos de ellos, aunque ellos estén violando a diario los de los demás, las personas comunes.

Entonces, cuando en el panel me preguntaron si debía protegerse el orden público, bajo el cual desarrolla su existencia la persona común, aun por sobre el derecho de los vándalos, saqueadores y pirómanos a no ser maltratados, dije "por supuesto". Ello desató la ira de los sacerdotes del nuevo Corán.

Pues apenas respondí vi inclinarse hacia mí la cabeza de Polo Ramírez, un periodista a quien conocí hace muchos años en "El Mercurio" como moderado y de derecha, preguntándome con aire escandalizado, y haciéndome recordar a un miembro del sanedrín que fulminaba a Cristo por no respetar el descanso de los sábados, si yo realmente estaba diciendo que para mantener el orden público se podía reprimir a los subversivos, lo que él hacía sinónimo de "violar sus derechos humanos". Me miraba con ojos que transmitían algo así como "si dices que sí te vamos a crucificar". Mirada muy típica derechista que conozco desde antiguo, y que transmite una infinita satisfacción de estar cumpliendo un anhelo comunista. Pues una desgracia de la política chilena reside en que, en el fondo de todo derechista, subyace un secreto deseo de que los comunistas lo perdonen. O al menos no lo maten.

Por supuesto, en las grandes democracias la respuesta a esa pregunta es clara: con tal de mantener la seguridad y el orden, que garantizan los derechos humanos de la persona común, de entrada les sacan la contumelia a los subversivos, sin decir "agua va", para expresarlo descriptivamente. Ayer vi la grabación de la captura en Londres del subversivo de ISIS que acuchilló a dos personas en el puente de la Torre: tres policías lo redujeron y lanzaron al suelo. Luego llegó un cuarto con una subametralladora y de un tirón quitó al colega que estaba forcejeando en el suelo con el subversivo caído y mató a éste con dos tiros. ¿Derechos humanos, debido proceso, "rule of law"? Eso queda para los chilenos y sus ciudades arrasadas. Pues acá hay ex militares cumpliendo condenas en Punta Peuco por conductas similares antes de los 90. Hoy en Londres prima por sobre todo la protección de los derechos humanos de la persona común y al que atenta contra los mismos se le da de baja. sin más.

Y los norteamericanos hacen lo mismo: acaban de matar a Abu Bakr al Bagdadi, jefe del ISIS, disparándole desde el aire. Y lo han celebrado bastante. ¿Debido proceso? Me recordó cuando en 2011 un comando norteamericano ubicó a Osama Bin Laden en Pakistán, tras interrogatorios con torturas; le dieron muerte junto a varios colaboradores y una de sus mujeres y después lanzaron su cadáver al mar. ¿Les miraron la cara a Amnesty International o Human Rights Watch? No: prima la protección de los derechos humanos de la persona común. En cambio acá prima el Corán comunista y similares procedimientos contra la subversión condujeron y conducen a Punta Peuco.

Recuerdo que Hillary Clinton, preguntada una vez por el periodista Wulf Blitzer, de CNN, sobre qué debía prevalecer, si los derechos humanos o la seguridad nacional, respondió sin vacilar que ésta. Está documentado en mis libros. Pero lo mismo le contesté a Polo Ramírez y se desató el escándalo. Si Hillary hubiera ido a "Bienvenidos", Tonka Tomicic la habría invitado a retirarse del programa.

Que fue lo que hizo conmigo cuando aseguré otra verdad indiscutible: que bajo el gobierno militar no había habido "violaciones sistemáticas de derechos humanos". Esto es muy fácil de probar y lo he documentado con los pronunciamientos de ese régimen, desde 1974, ordenando a sus funcionarios respetar los derechos de las personas. Ello corroborado, además, por la abundante evidencia de que el chileno era el régimen más vigilado del mundo en esa materia. Así, llegaban acá sucesivos inspectores de la ONU a examinar la situación de los derechos humanos. Se recuerdan las misiones del pakistaní Ali Allana y la del costarricense Fernando Volio, jurista que, tras una condena a Chile por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, comentó que ella no se ajustaba a la realidad imperante. Pues todos los años éramos juzgados por esa Comisión. Y la condena por violar derechos humanos tenía graves consecuencias, como la "Enmienda Kennedy" que prohibía a los EE. UU. vender armas a Chile. 

Los miembros de la Junta y luego Pinochet, como presidente elegido, habrían sido sospechosos de haber perdido la razón si hubieran mantenido como sistema el atropello a los derechos humanos, pues ello les significaba no sólo castigos como el anterior, sino perder créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Pero estas cosas hoy no se juzgan atendiendo a la verdad de los hechos históricos sino sólo a través de la repetición de las consignas de la izquierda. A mí casi me divierte otra acusación, la de "¡torturas!", gran favorita para fulminar al gobierno militar, en circunstancias que el 23 de enero de 1972, bajo el gobierno de Salvador Allende, según informaba "El Mercurio" de esa fecha, el presidente de la Juventud del Partido Nacional, Juan Luis Ossa, relataba in extenso sus torturas por aplicación de electricidad en el cuartel de Investigaciones de Rancagua y el posterior interrogatorio por parte del subdirector del servicio, el comunista Carlos Toro. Nada de ello fue contradicho ni desmentido por Investigaciones ni por Allende, que mantuvo en su cargo a Toro, por supuesto. No en vano una de las razones del Acuerdo de la Cámara. llamando a las Fuerzas Armadas a deponer a Allende, era que su régimen aplicaba torturas y flagelaciones a opositores. Poco antes de Ossa, el director del diario "El Cóndor" de Santa Cruz, Maximiano Errázuriz, había sido torturado por detectives miristas. Pero después de 1990 las torturas han sido hechas aparecer como creación de la Junta.


Con razón el senador Navarro anuncia una "ley Hermógenes" para condenar a presidio a quien niegue que las violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno Militar fueron sistemáticas. Ya hay un proyecto similar en el Congreso, bautizado como el de "Cárcel para los Historiadores". Es sabido que la verdad es una de las primeras víctimas de las Constituciones bolivarianas, como la que las encuestas predicen que se consagrará por mayoría en este devastado Chile, a partir del plebiscito de abril.

miércoles, 30 de noviembre de 2011

¡¡¡Auxilio!!!

De paso ayer en Santiago, me di cuenta de la gravedad de la situación. Un hijo me dice: "Usted es el único que defiende a Krassnoff". En el diario salió una carta del profesor Gonzalo Bustamante, de la Universidad Adolfo Ibáñez, afirmando que se debía castigar penalmente a "quienes nieguen, justifiquen o minimicen", como reza una moción de ley que hay en la Cámara, las "violaciones a los derechos humanos". Bustamante le replica a la ex ministra de la Corte de Apelaciones, Raquel Camposano, la cual había escrito que le parecía ilegal, inconstitucional y antidemocrático sancionar opiniones sobre hechos pasados.

Obviamente, a estas alturas, las violaciones a los derechos humanos sólo las cometieron los militares. Pues desde hace ya mucho tiempo los crímenes de los terroristas dejaron de ser tales violaciones. En rigor, los crímenes de éstos, y ellos mismos, "se esfumaron". Por algo todos fueron acogidos a la Ley de Amnistía. Y los que no pudieron acogerse, por haber matado después de 1978, fueron indultados. Todos, más de novecientos terroristas libres. Es que no fueron violadores de los derechos humanos.

Otro hijo me dice, con tono incriminatorio: "Gómez-Pablos dijo en radio 'El Conquistador' que era un escándalo homenajear a un condenado a más de cien años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos". Y me informa que hasta Pablo Zalaquett, alcalde de la UDI, ha condenado el homenaje en el Club Providencia. "¡También se nos fue para el otro lado!", le comento. "Pero si no hay otro lado", me replica. "Todos, todos dicen que no se puede homenajear a un condenado a más de cien años por violaciones a los derechos humanos".

Y el diputado Hugo Gutiérrez presenta querella contra los carabineros que impidieron que la horda marxista nos linchara en el Club Providencia. Es el mundo al revés.

Yo entonces, ante mis hijos, saco una fotocopia de un certificado de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de RR. EE., donde dice que don Ricardo A. Troncoso Muñoz está asilado en México. Pues bien, el ministro sumariante Joaquín Billard condenó a diez años de presidio a Miguel Krassnoff por secuestro y desaparición de ese señor que está asilado en México.

El abogado de Krassnoff hizo valer el antecedente, pero legiones de testigos de izquierda acudieron a declarar que no, que él secuestró al integrante del MIR, porque eso era, Ricardo Troncoso Muñoz. Condenado Krassnoff por Billard, apeló ante la Corte. ¿Analizó ésta el caso, se planteó que un certificado de la Secretaría de Derechos Humanos establecía una "duda razonable" de que Krassnoff hubiera secuestrado y hecho desaparecer a Troncoso? ¡Nada! ¿En qué país vive usted? Un escueto: "Confírmase la resolución de fojas xx", y punto. ¡Qué tanto estudio, si Krassnoff es culpable por unanimidad, todos lo dicen! Y se le agregan diez años más, hasta pasar de cien.

El primer paso fue "esfumar" a los terroristas, para que los militares aparecieron "atropellando los derechos humanos de personas inocentes". El segundo, declarar que sólo cometen "violaciones a los derechos humanos" los uniformados, puesto que ya no hay terroristas y, en todo caso, lo que éstos hacen no constituye tal violación. El tercero, desconocerles a aquéllos la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada y la presunción de inocencia. Los militares deben probar su inocencia, ésta no se les presume, como en los Estados de Derecho. Y el cuarto paso es rechazar toda prueba de inocencia: se condena "sí o sí". Y así se acumulan más de cien años. Y después se repite la frase mil veces, "condenado a más de cien años por violaciones a los derechos humanos". La mentira mil veces repetida pasa a ser verdad. O sea, el Chile actual.

"Todos contra Krassnoff", es el lema. El otro día leí en "El Mostrador" una columna de una integrante del Consejo Nacional de Televisión, Marcia Scantlebury. La titulaba contra Krassnoff. La leí entera y en ella relataba sus 23 días detenida y los malos tratos recibidos, poco después del 11 de septiembre de 1973. ¿Y Krassnoff? Una sola mención: dice que "oyó sus gritos". ¿Cómo podía identificar "los gritos" de alguien a quien jamás había conocido? Es que es el momento de "todos contra Krassnoff". Todo vale. Él cometió el delito de "gritar"... si es que era él.

Y ya queda poco para poder siquiera decir estas cosas. La moción de ley que llevará a la cárcel a los que "nieguen, justifiquen o minimicen" las violaciones a los derechos humanos, defendida por el profesor Bustamante, de la Universidad Adolfo Ibáñez, me va a llevar a la cárcel si es que vuelvo a exhibir o esgrimir el certificado de que el mirista Ricardo Troncoso Muñoz, asilado en México, según certificado de la Secretaría de Derechos Humanos, no fue secuestrado ni hecho desaparecer por Miguel Krassnoff, que cumple diez años de presidio por eso. Pues "negar" ese secuestro será delito. Lo mismo probar que Krassnoff no estaba en el país o que no hay evidencias en su contra, como sucede en los demás casos de condenas que suman "más de cien años" y que han establecido ya una "verdad oficial", de la cual nadie puede apartarse. Ni siquiera el alcalde Zalaquett.

Se habrá completado el círculo: no hay presunción de inocencia, ni siquiera se admite probar la inocencia; y al que presente alguna prueba, se le mete preso. El país orwelliano perfecto. Estamos muy cerca.

¡¡¡Auxilio!!!

miércoles, 1 de febrero de 2012

Y Creó la Subsecretaría de DD. HH.

Los DC, sea que estén en ejercicio o momentáneamente en comisión de servicio en otro sector, siempre terminan haciendo lo que dicen los comunistas. ¿Qué necesidad tiene el país de una Subsecretaría de Derechos Humanos? Ninguna. ¿Alguien piensa que si no existiera se comenzarían a violar acá los derechos humanos? Nadie. ¿Alguien piensa que la única y flagrante violación a los derechos humanos que tiene lugar en el Chile actual, desde hace décadas, representada por los juicios ilegales contra uniformados, promovidos a iniciativa de los kerenskis, va a tener remedio gracias a la Subsecretaría? Nadie. Pese a que el debido proceso es un derecho humano esencial y que a esos uniformados les es desconocido.

El realismo político indica que nadie saca nada con pedir que se respeten sus derechos humanos si está en el bando equivocado.

Los comunistas, sus compañeros de ruta y los kerenskis que siempre les ponen la alfombra para que lleguen al poder han usado el tema de los derechos humanos en todo el mundo para impedir o dificultar que los gobiernos se defiendan de la violencia revolucionaria roja. Ahora está sucediendo precisamente eso en el sur chileno.

En eso los rojos han sido geniales, porque han logrado consagrar como doctrina universalmente compartida que, cuando un terrorista de ellos mata a alguien, no hay atropello a los derechos humanos. Ni siquiera se molestan en precisar cuáles eran o cómo se llamaban los derechos del muerto. En cambio, si un agente de seguridad mata a un terrorista, sí hay atropello a los derechos humanos. Los juristas de izquierda han conseguido hacer prevalecer ese predicamento y, en ese sentido, han sido geniales. Y le han extraído y siguen extrayendo miles de millones de pesos al Estado, fundados en esa doctrina. Y ayudados por la "Oficina de Derechos Humanos" del Ministerio del Interior. ¿Usted sabía que iba a pasar eso cuando votó por Piñera? Yo sí sabía, cuando no voté por él.

El corolario de esa doctrina es lo que ha sucedido en Chile: Patricio Aylwin indultó a todos los terroristas que habían cometido crímenes, incluso los más sangrientes, porque no habían atropellado los derechos humanos; y persiguió a los uniformados que los combatieron, porque sí atropellaban los derechos humanos.

Esto se materializa en situaciones abdurdas que, si los cerebros nacionales no estuvieran lavados, serían irritantes, como la vivida en estos días, en que se paseó por el país Hugo Marchant Moya, mirista que asesinó al general Carol Urzúa y a dos acompañantes, y ahora trabaja libre en Europa con empleo garantizado, porque el indulto cambió su pena de presidio por extrañamiento con trabajo garantizado. Admitido a venir "por razones humanitarias", fue homenajeado en el Congreso y proclamó que "la lucha continúa", alzando la mano empuñada, mientras modestos uniformados están presos, en particular, hace pocos días, dos carabineros que dieron muerte a dos extremistas en 1973. Es que cometieron el crimen de usar sus armas para oponerse a "la lucha" por las armas. Para éstos no hay perdón, no hay razones humanitarias, no hay legalidad. Pues, si hubieran cometido delito, éste estaría prescrito y amnistiado en cualquier estado de derecho. Pero esos carabineros carecen de derechos haumanos. ¿Alguien piensa que la nueva Subsecretaría se va a preocupar de ellos? Sobre todo si los abogados "de derechos humanos" del Gobierno (Ministerio del Interior), se han adherido a las querellas contra los modestos carabineros presos.

¿Alguien recuerda lo que el candidato Piñera les prometió a los uniformados en retiro? No, y él menos que nadie. Ahora de lo que se trata es de estar bien con los comunistas, posar con ellos, hacer cosas que les gusten, como crear esta Subsecretaría.

Ella seguramente también se va a plegar a la persecución de los uniformados que salvaron a Chile del comunismo.

sábado, 24 de julio de 2010

¿País "Serio y Legalista"?

Hay gente según la cual Chile es un país serio y legalista, pero eso no es verdad, por supuesto. Usted lo puede comprobar sin esfuerzo. Pero desde las más altas esferas hasta el grueso público ello se dice constantemente.
En estos días los políticos de la Concertación y unos pocos de la Alianza sostienen que no se puede ni debe indultar a violadores de los derechos humanos. Las encuestas muestran que la mayoría de las personas opina lo mismo. Y la mayoría también opina que Chile es un país serio y legalista, en el sentido de que establece que las leyes deben respetarse y éstas se respetan. Es que se está hablando de indultar a ex uniformados
Pero en 2004 los políticos de la Concertación, tanto gobernantes como parlamentarios, aprobaron una ley de indulto a violadores de derechos humanos, y en el Congreso esa ley tuvo, además, el apoyo de senadores de la Alianza. A raíz de eso varios terroristas fueron indultados, entre ellos el que poco después asesinó al cabo Moyano, de Carabineros.
El art. 9 de la Constituciòn dice que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Luego, los terroristas son violadores de los derechos humanos. Pero fueron indultados por ley de la Concertación, con apoyo de la Alianza, en 2004.
Sin embargo, ahora los políticos de la Concertación dicen que no se puede indultar a violadores de los derechos humanos, en circunstancias de que ellos mismos lo hicieron y de que la Constitución lo autoriza. Más aún, la reforma constitucional que lo permitió y que abrió el camino para amnistiar esas violaciones a los derechos humanos fue de iniciativa del Presidente Aylwin. Pero éste ahora dice que no se debe indultar a esas personas. ¿Cómo puede explicarse esa contradicción del ex Presidente Aylwin? No se puede. Las contradicciones de ese insigne estadista nunca han podido explicarse. Por eso se ha ganado un lugar en YouTube, donde aparece afirmando una cosa en 1973 (que el gobierno de Allende se proponía llevar a cabo un golpe de Estado totalitario) y otra completamente opuesta en 1993 (que él nunca dijo que el gobierno de Allende fuera a intentar semejante cosa).
Hoy en "El Mercurio" el abogado Fernando Saenger hace ver que constitucional y legalmente, en Chile, está autorizado amnistiar e indultar violaciones a los derechos humanos, y cita las disposiciones anteriormente referidas. Por eso se asombra de que algunos fallos de la Corte Suprema hayan determinado que no es aceptable la amnistía de violadores de los derechos humanos. Es decir, la Corte Suprema ha pasado, en esos casos, por sobre la Constitución. Pero si alguien recurriera a ella para que anulara la amnistía de un terrorista de izquierda (cosa que nadie ha intentado), es seguro que opinaría lo contrario y la haría respetar. Sucedió algo parecido cuando un abogado recurrió a los tribunales para hacer efectiva la responsabilidad de Gladys Marín en hechos de terrorismo de los '80 y nuestro máximo tribunal determinó que esas violaciones de los derechos humanos estaban prescritas. Obvio, sólo las cometidas por uniformados son imprescriptibles.
¿Es esto serio? ¿Es propio de un país legalista? No lo es, por supuesto. Lo que sucede es que no somos un país serio ni legalista, y los políticos y los jueces, por solemnes que sean las poses que adopten al emitir sus juicios ante la opinión pública, la prensa y las cámaras, ajustan sus veredictos, no a la seriedad ni al legalismo, sino a sus propias inclinaciones partidistas. Por eso pueden, en una oportunidad, perdonar violaciones de los derechos humanos cometidas por perpetradores de izquierda, y en otra decir que esas violaciones no pueden ser perdonadas, si las han cometido uniformados que han combatido al terrorismo de izquierda.
El país es así. "Así" puede ser cualquier cosa, en particular "cínico", pero no "serio y legalista".

lunes, 26 de julio de 2010

¡Y Era el V Gobierno de la Concertación!

Piedra de toque: instrumento destinado a verificar la autenticidad de los metales, en particular del oro.
Como piedra de toque para saber si éste era o no un V Gobierno de la Concertación puede usarse el tema de los derechos humanos. Si la dialéctica oficial era la misma que la de sus antecesores, quería decir que era un mero sucesor de ellos. Y la dialéctica ha sido la misma: no puede haber perdón para los violadores de derechos humanos. Pero esto con una advertencia identificatoria: sólo son tales los ex uniformados. No los terroristas, por sangrientos que hubieren sido sus crímenes. El mismo idioma de la Concertación.
En el terreno del debate y de las ideas no había duda de que el indulto a los ex uniformados era procedente.
Primero, por justicia elemental, dado que ya se ha indultado a todos los terroristas que aquéllos fueron llamados a combatir, incluyéndose a los que han delinquido después de 1990 (caso Aliste y sus lautaristas). No hay ex uniformados condenados por hechos de la lucha antiterrorista posteriores a 1990.
Segundo, porque el derecho internacional lo autoriza, como lo prueba que el indulto haya sido considerado apropiado en juicios sobre violaciones de derechos humanos en la ex Yugoslavia y en Ruanda, ante Tribunales Penales Internacionales.
Tercero, porque en nuestra Constituciòn (art. 9º) se establece que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos, y sin embargo se ha indultado reiteradamente a los responsables de él, después de 1990. Luego, las violaciones de derechos humanos pueden perdonarse por indulto.
Cuarto, porque Ricardo Lagos indultó a un ex uniformado condenado por un supuesto crimen de lesa humanidad y violatorio de los derechos humanos, sin que nadie lo objetara (caso Contreras Donayre, por el homicidio de Tucapel Jiménez).
Quinto, porque se reformó la Constitución, después de 1990, para autorizar indultos a terroristas, pese a ser violadores de derechos humanos, según la misma Constitución. Luego, esa clase de delitos puede indultarse.
Sexto, porque la definición de delitos de lesa humanidad del Tratado de Roma de 1998 señala que sólo lo son los que tienen lugar "en el contexto de un ataque masivo y sistemático contra la población civil", cosa que no ocurrió nunca por parte del Gobierno Militar, cuya represión fue dirigida sólo contra el terrorismo de izquierda. Pero esa tipificación sí podría caracterizar los atentados terroristas con bombas que mataban indiscriminadamente a civiles.
Séptimo, porque en Chile no había --contra lo que se afirma impunemente en forma pública-- tratados internacionales vigentes que impidieran la amnistía o el indulto y la primera vez que se tipificó el delito de lesa humanidad entre nosotros fue por ley de 2009, que estableció expresamente que no podía aplicarse a actos anteriores a ella. El solo hecho de que haya debido dictarse esa ley prueba que semejantes delitos no existían en Chile y, por tanto, nadie podía cometerlos ni ser castigado por ellos.
Como queda de manifiesto de lo anterior, era tan evidente que la razón, el derecho y la justicia avalaban la iniciativa de indultar a los ex uniformados, que en un país donde imperara un real estado de derecho ella habría sido prontamente aprobada.
Pero Chile no cumple con ese requisito. Acá todo se resuelve mediante consignas, eslóganes y dicterios. Las propias Iglesias que propusieron el indulto, cuya novedad consistía en que no discriminaba a los militares, se asustaron casi tanto como Sebastián Piñera y retrocedieron prontamente cuando la extrema izquierda levantó sus voces amenazadoras; y dijeron (cruzando los dedos tras la espalda) que nunca habían pensado en que se perdonara a "violadores de derechos humanos", expresión que hicieron, al igual que el comunismo, la Concertación y su V Gobierno, sinónima de ex uniformados condenados.
En fin, las encuestas revelan que el lavado cerebral en Chile ha sido efectivo y casi los dos tercios de las personas desaprueban el indulto a los ex hombres de armas.
Como era de prever, el "Hombre Mirando las Encuestas" (ver blog anterior), ha emitido el veredicto que podía esperarse de él.
Y la "piedra de toque", aplicada también antes al caso del aumento de los impuestos a las empresas y a los dueños de DFL 2 y ahorrantes, al alza de las contribuciones y del royalty; y al caso de la creación de más burocracia ("Ministerio de Desarrollo Social"), aplicada ahora al tema de los derechos humanos, confirma que efectivamente nos rige, para todos los efectos prácticos de los ciudadanos de a pie o que andan en autos no oficiales ni episcopales, "un V Gobierno de la Concertación".

jueves, 7 de agosto de 2014

Atropello Sistemático de los Derechos Humanos

El mayor (r) Carlos Minoletti y su señora se nacionalizaron en los EE. UU. tras haberse ido a vivir allá en 1979, cuando él se retiró de las filas del Ejército de Chile. Sí, el mismo Ejército que era “siempre vencedor y jamás vencido”, hasta que el marxismo local lo derrotó después de 1990, le exigió la rendición incondicional y lo hizo humillarse, pedir perdón y decir “nunca más” por cosas que había hecho y también por otras que no había hecho y hasta por las cometidas por sus enemigos (perdón “por todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”, como pidió el general Cheyre).

Tras esa retirada en derrota abandonó a centenares o miles de hombres “caídos tras las líneas enemigas”, que quedaron entregados a los abusos de la justicia de izquierda. Ésta, en nombre de “los derechos humanos”, los hacía y hace desfilar por los tribunales y les desconocía y desconoce prerrogativas  fundamentales establecidas en las leyes y tratados internacionales que rigen para cualquier chileno que no sea militar. Y ha sido así como los derechos humanos del mayor (r) Minoletti han  resultado desconocidos, violados y escarnecidos durante siete años. Como su situación se reproduce en centenares o miles de casos, podemos hablar de que en Chile impera una “violación sistemática de derechos humanos”.

En efecto, en 2005 Minoletti tuvo la mala idea de venir a Chile para comparecer de manera voluntaria ante el juez Juan Guzmán por hechos acontecidos en Calama en 1973 ya prescritos, amnistiados y juzgados anteriormente, de los cuales era, además, inocente. Estuvo preso un tiempo pero fue sobreseído incondicionalmente por dicho juez, debido a que no tenía culpa alguna.

Cuando en 2007 supo que se le mencionaba en otro proceso por hechos a los cuales también era ajeno y por tanto también era inocente, de nuevo tuvo la misma mala idea de venir a aclarar su situación. Y la judicatura de izquierda entonces,  separándolo de su mujer e hijos, lo dejó para siempre arraigado acá. A todo esto, desde 1992 él sufre una afección cardíaca que le ha significado seis by-passes coronarios, angioplastias y otras operaciones, cubiertas por un seguro norteamericano que sólo puede hacerse efectivo en los Estados Unidos. Pero sucesivos jueces chilenos durante siete años le han negado autorización para viajar a operarse allá, lo han procesado, metido preso y dado libertad condicional. Lo mantienen arraigado, pero sin llamarlo a declarar durante años, esto último perfectamente natural tratándose de hechos en los que no tuvo nada que ver. Todo ello lo ha llevado a perder su trabajo y a ser separado de su mujer y sus hijos.

Como potencial víctima de muerte súbita necesitaba un desfibrilador que, gracias al seguro norteamericano, allá habría obtenido por 800 dólares pero que acá le ha costado diez mil. Su única perspectiva ahora es un trasplante de corazón, imposible para él acá y factible allá. Pero los jueces de izquierda no le alzan el arraigo y no puede viajar. Sus derechos humanos al trabajo, a la vida familiar, a que se le respete la presunción de inocencia y los derechos emanados de todas las leyes que los jueces de izquierda han necesitado violar para mantenerlo acá son diaria y sistemáticamente atropellados. ¿Por qué? Porque es militar, porque la izquierda odia a los militares y “el odio es más fuerte”.

El mayor Minoletti le ha escrito cartas a todo el mundo: a parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, al ex Presidente Piñera que prometió como candidato preocuparse del debido proceso a los uniformados, pero éste le contestó que su caso era del resorte judicial; a la Primera Dama Cecilia Morel, que le contestó también que el suyo era un tema de los jueces; al Presidente de la Corte Suprema, a variados parlamentarios y a todos los ministros sumariantes que lo persiguen. Nulo resultado. Sigue arraigado.

Su caso, relatado en detalle, y varias de sus presentaciones a las más variadas instancias aparecen en el apéndice final del libro “Procesos por Violaciones de Derechos Humanos: Inconstitucionalidades, Ilegalidades y Arbitrariedades”, de Adolfo Paúl Latorre, cuya lectura nocturna (tiene más de 700 páginas) consiguió que en muchas noches no me pudiera dormir por la angustia y frustración que me producía la comprobación de tanto oprobio e injusticia que los politizados tribunales cometen impunemente.

Por contraste, hoy me entero de que uno de los responsables del asesinato de Jaime Guzmán, el Frentista Enrique Villanueva Molina, recientemente apresado en la causa por dicho crimen terrorista, puede tener la seguridad de que cuando se dicte sentencia saldrá libre, porque se le reconocen diversas atenuantes, entre ellas la media prescripción. Según la doctrina Teillier, los asesinatos cometidos por los terroristas no son delitos de lesa humanidad, como sí lo son las muertes de los terroristas a manos de los agentes de seguridad. Por eso en Chile están todos los primeros libres y cada vez más de los segundos presos. No sólo eso: el Consejo de Defensa del Estado se ha allanado a que a los procesados por el “caso bombas” el fisco les pague un millón de dólares por las costas en que incurrieron para defenderse en el proceso, en que los jueces de izquierda los declararon inocentes. Millón de dólares que, se calcula, terminará en un 70% en manos de los abogados comunistas, según ha informado anoche “Teletrece”. Si no hubiera sido porque a uno de los procesados (Pitronello) le estalló una bomba entre las manos y a otros dos (Solar y su conviviente) los sorprendieron en España poniendo otros explosivos en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, y están presos, todos los autores del centenar de atentados en Chile habría quedado libres, indemnes y con plata para el bolsillo.

¡Qué diferencia con la situación del mayor (r) Minoletti, condenado a estar privado de su trabajo, de su seguro de salud y separado de su mujer y sus hijos ya por siete años, sin haber cometido delito y por sólo “haber estado ahí” hace cuarenta años, en el curso de la lucha en que Chile se libró de un régimen marxista totalitario que había amparado el armamentismo clandestino para tomarse el poder!

Nueva forma del “pago de Chile”: un millón de dólares de compensación para los izquierdistas declarados “inocentes” por la justicia de izquierda y sus abogados, persecución  implacable de militares y atropello de todos sus derechos humanos. Y, suprema ironía, todo en nombre de la “defensa de los derechos humanos”.

domingo, 21 de octubre de 2018

Otra Gran Tontería Nacional

A mediados del siglo pasado un escritor, periodista y político muy leído, Jenaro Prieto, escribiendo en “El Diario Ilustrado”, bautizó a Chile como “Tontilandia”, atendida la cantidad de estupideces discurridas entre el Gobierno y el Congreso. En ese tiempo los jueces todavía eran probos y se limitaban a aplicar las leyes, que no eran culpa de ellos, de modo que no caían en el anatema de Prieto.

Después hubo gigantescas tonterías nacionales unánimemente compartidas, como la Reforma Agraria (iniciada por un gobierno de derecha) y el robo del cobre a los norteamericanos, que tuvo el apoyo también de la derecha como represalia por el apoyo que ellos habían dado al robo de las tierras a los agricultores.

De hecho, las Grandes Tonterías Nacionales a veces han contado con apoyo norteamericano. 

En particular, cuando los militares chilenos echaron en 1973 a los comunistas sin sacrificar una vida norteamericana ni pedirles a los Estados Unidos un dólar ni una sola bala, éstos cerraron filas con la URSS y su KGB para hostilizar a Chile en la ONU y hasta discurrieron la Enmienda Kennedy para encarecernos las armas cuando más las necesitábamos.

Y así llegamos a hoy, cuando la Gran Tontería Nacional es que la persecución y prisión inconstitucionales e ilegales contra los militares que derrotaron al terrorismo armado y nos salvaron de un gobierno totalitario, se justifican porque el Gobierno Militar habría perpetrado “violaciones graves, crueles, sistemáticas e inaceptables a los derechos humanos”, para emplear palabras de esa antena repetidora que se llama Sebastián Piñera.

Lo peor es que éste es un parecer ya unánime: “El Mercurio” de hoy se pliega a él en su “Semana Política”, al afirmar que lo sucedido tras una competencia deportiva en la Escuela Militar “lesiona esfuerzos transversales por establecer una doctrina inequívoca de rechazo a las violaciones a los derechos humanos”. También el columnista de derecha y rector universitario Carlos Williamson dice, en “La Segunda”: “Muchos de quienes apoyaron al ‘Sí’, la inmensa mayoría, desconocían las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y quizás fueron ingenuos y torpes al no dar crédito a las denuncias”.

Increíble. Pues cuando los derechistas están siendo “ingenuos y torpes” es hoy, cuando abrazan otra Gran Tontería Nacional, basada en meras consignas. 

Como he probado en mi “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990” —que pese a su silenciamiento general se sigue vendiendo a razón de 400 ejemplares mensuales— y en mis blogs y comentarios, si hubo un régimen vigilado, supervisado y controlado en materia de derechos humanos fue el Gobierno Militar, que además, tenía el respeto a los derechos humanos incorporado como un precepto en su “Declaración de Principios”. 

Por si eso no fuera suficiente, ese gobierno era objeto de la vigilancia y el acoso internacionales, anualmente juzgado en relación a ese tema en la ONU, teniendo que soportar desde un comienzo las visitas de inspectores y comisiones predispuestas en su contra en la materia, que podía hablar y vigilar todo lo que quisieran, y lo hacían. Además, los créditos al país dependían de su grado de respeto a los derechos humanos. Hasta la amenaza de boicot internacional se sustentaba en que, si no se respetaban esos derechos, se bloqueaba nuestro comercio exterior. 

Tantas eran las garantías a ese respecto, no exigidas a ninguna otra nación, que el Presidente de la Cruz Roja Internacional, Jean Francois Bonard, según documentó el historiador James Whelan, podía visitar cualquier prisión en Chile cuando quisiera y sin necesidad de pedir autorización previa ni avisar a nadie.

Es decir, si había un gobierno que no podía violar “sistemáticamente” los derechos humanos era Chile entre 1973-1990.

Pero éste es un país fácilmente manejable por consignas y, como sucede en casi todas partes, la izquierda maneja los medios. Los comunistas además castigan con insultos y hasta con violencia física a quienes no las repiten, como lo puede certificar el único candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast. Así es que, más por la fuerza que por la razón, ya todos repiten la última Gran Tontería Nacional.

sábado, 5 de enero de 2019

Brotes Verdes en una Derecha Desarticulada


En “La Segunda” del 04.01.19 venía una carta de la vicepresidenta de la Juventud de RN, Francisca Richards, que decía: “El retorno del pinochetismo es sin duda un retroceso para la derecha, en términos políticos, valóricos, ideológicos e incluso electorales. No hay nada más nefasto que revivir un pasado tan oscuro como las terribles violaciones a los derechos humanos, todas injustificables y aberrantes. Hace tiempo que RN se desvinculó del pinochetismo y derogó de su declaración de principios toda alusión al régimen militar del dictador”.

Esa carta la suscribiría con gusto alguna vicepresidenta de las Juventudes Comunistas. Por otra parte, el “alejamiento” de RN de Pinochet, que ella acusa, fue puesto en duda hace poco cuando, en un reciente consejo general, su diputada Camila Flores se declaró pinochetista y resultó ovacionada.

Pero es verdad que la corriente dominante en el país va en el sentido de la carta de Francisca Richards. En la revista “Sábado” de “El Mercurio”, la ministra mejor evaluada del gabinete, Isabel Plá, confiesa que hoy votaría “No” en lugar de “Sí”, como lo hizo en 1988. Bueno, “era que no”: el Presidente que la designó es del “No”. Pero Isabel Plá pertenece a la UDI, partido al cual emigró desde RN (es de suponer que cuando esta última excluyó de su declaración de principios el reconocimiento al Gobierno Militar, cosa que la UDI aún no hace, aunque ya a nadie le extrañaría que lo hiciera, dado que forma parte del séptimo gobierno del “No” en 28 años).

Con todo, es un hecho que la corriente dominante extiende cada vez más sus tentáculos, hasta a la  Universidad Católica, donde se incoa un proceso contra un connotado académico del “Sí”, el abogado Gonzalo Rojas Sánchez, tras una denuncia persecutoria en su contra de alumnos de izquierda que la Secretaría General de la Universidad ha acogido a trámite y dilatado en términos inexplicables. El profesor objeto de esta vendetta política ha impartido clases desde hace 43 años y formado parte del Consejo Superior durante 22.

Es que Gonzalo Rojas, también columnista de “El Mercurio”, es un hombre de derecha absolutamente consecuente (jamás ha votado por Piñera, con eso lo digo todo) y ha llegado a extremos de temeridad política, como el de recomendar, en su más reciente columna, la lectura de mi último libro, “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”, cuya tercera edición espero llegue a librerías a mediados de enero, pese a que la prensa, con la excepción del citado columnista y una breve crónica de julio pasado del mismo diario, no lo ha siquiera mencionado.

      Claro, ese libro, en efecto, podría llevar a la cárcel a su autor si se aprobare la ley que castiga el “negacionismo”, pues prueba con documentos oficiales que el régimen militar respetó los derechos humanos, como que los garantizó tanto en su “Declaración de Principios” de 1974 como mediante circulares a sus dependencias uniformadas, que el texto reproduce, ordenándoles abstenerse de toda conducta atentatoria contra los derechos de las personas.

       Más todavía, el libro demuestra que hubo garantías internacionales de respeto a los derechos humanos ofrecidas por Chile y derivadas de que, si no se cumplían, se interrumpía el flujo de créditos y la venta de armamentos al país. El Gobierno Militar era, por ello, el primer interesado en evitar acusaciones de violación de los derechos humanos, pero a la vez enfrentaba un terrorismo implacable, patrocinado por el comunismo internacional, al cual debía combatir so pena de sucumbir. Pero el presidente de la Cruz Roja Internacional podía tener acceso a cualquier lugar de detención en Chile sin necesidad de autorización previa. Todo eso desmiente la acusación de una supuesta política de “terribles violaciones a los derechos humanos” a que alude la joven Richards, evidenciando que su cerebro ha sido tan escrupulosamente lavado como el de algunos dirigentes, parlamentarios, ministros de su partido y, desde luego, el del Presidente que ese partido contribuyó a elegir.

       No obstante lo anterior, el gobierno norteamericano encabezaba en 1978 ante la ONU la acusación contra el chileno de violar los derechos humanos, justo cuando en Chile reinaba la paz interna y en el mismo año caían apenas ocho personas en el curso de la lucha antiterrorista. Por contraste, en “El Mercurio” de hoy, p. A12, se informa que los norteamericanos dieron muerte sin forma de juicio y mediante una bomba en Yemen al terrorista Jaman-al-Badaui. Por acciones como ésa, que hoy los cerebros lavados describen como “terribles violaciones a los derechos humanos”, nos acusaban hace cuarenta años los propios autores de la expresión “double standard”.

       Naturalmente, este último y el lavado cerebral masivo tienen consecuencias políticas. La rendición incondicional de los partidos de derecha ante la mentira histórica da lugar a que en este momento haya en gestación tres nuevos partidos de derecha y representativos del “Sí”: el Partido Independencia de Valparaíso, el Partido Republicano, encabezado por militares en retiro; y Fuerza Nacional, liderada por el abogado Raúl Meza, connotado defensor de los Presos Políticos Militares. Además, un conocido oficial en retiro propone fundar otro exclusivamente formado por sus iguales y dedicado a defender a sus camaradas ilegalmente presos o procesados y que contaría con el voto unánime de la “familia militar”. Todo lo anterior aparte del movimiento Acción Republicana de José Antonio Kast, respaldado por decenas de miles de firmas, que por el momento ha renunciado a constituirse como partido.

       La verdadera derecha a veces da la impresión de que agoniza, pero no muere. El viejo tronco conservador pierde sus ramas más débiles y más proclives a inclinarse ante la dirección del viento, pero surgen otras nuevas y más sólidas para seguir defendiendo el ideario de la sociedad libre y de la ley y el orden; de la verdad histórica y del debido proceso a los presos políticos. Y no por nada su más destacado exponente encabeza las encuestas presidenciales de la actualidad.

domingo, 27 de diciembre de 2015

Las Dos Retroexcavadoras


            En el primer gobierno de Michelle Bachelet, llamada ella a elegir entre la extrema izquierda y los moderados, representados respectivamente por las recetas de Francisco Vidal y Andrés Velasco, se inclinó por las segundas y terminó gozando de una alta popularidad, porque el país le reconoció haber sorteado pasablemente la crisis mundial. De paso, Velasco le hizo también un enorme favor a Piñera, pues dejó un presupuesto inflado para 2010 con un aumento del gasto sin precedentes de 16,5%, lo que le dio un tremendo impulso a la economía y la reconstrucción, permitiendo crear en ese solo año medio millón de empleos. Luego, del “millón de empleos” de que se ufana Piñera, la mitad se la debe a Velasco.

Pero ahora estamos bajo el gobierno de otra Michelle Bachelet, que se ha inclinado por las recetas más cercanas a “su corazoncito”, las de la extrema izquierda y el “otro modelo”, y cuyo vocero más consecuente es Francisco Vidal. Y, bueno, gracias a eso y otras razones Michelle Bachelet ha caído de casi 80% de popularidad de cuando era 1.0 a poco más de 25% de hoy, cuando es 2.0. Todos sus proyectos de reformas revolucionarias son minoritarios. A nadie le cabe duda de que si continúa aconsejada por Vidal, le legará a quien aspira a sucederla una segura derrota en 2017. Así lo ven claramente en el oficialismo y por eso cada vez más gente le pregunta a Lagos “cuándo va a venir a poner las cosas en orden aquí”, siendo “aquí” obviamente Morandé 80.

            Ayer sábado en “El Mercurio” el mismo Francisco Vidal, ahora vocero fidedigno de la Presidenta, le dio otro impulso a la revolución en marcha y entregó esta notable descripción de cómo se estableció el modelo de sociedad que cambió a Chile del vagón de cola del subdesarrollo al primer lugar de América Latina, modelo que el actual gobierno está demoliendo metódicamente: “La retroexcavadora del senador Quintana es un modelo para niños de pre-kinder al lado de esta otra (se refiere a las modernizaciones del Gobierno Militar) porque literalmente barrieron con todo lo que se había construido y elaborado en Chile desde la década de los 30 y en particular a partir del triunfo del Frente Popular. Barrieron con los derechos humanos, con las libertades, con la educación pública, la salud pública, la previsión y los derechos laborales, etc. Incluso, aunque llama a escándalo –pero la verdad es la verdad—retroexcavaron seres humanos (operación retiro de televisores, 1978).”
           
            Veamos. “Derechos humanos”: la extrema izquierda y el gobierno de la Unidad Popular se prepararon a tomar el poder por las armas, lo que implicaba matar a quienes se les opusieran, pero cuando los demócratas llamaron a las fuerzas armadas a enfrentar esa amenaza radical con las armas (pues si no, de haberlo podido, Jarpa, Frei Montalva, Aylwin, Bossay y demás líderes democráticos habrían optado por las vías jurídicas y constitucionales), se esparció en todo el mundo bajo el liderazgo de la URSS la especie de que enfrentar a sus armas clandestinas con las que tenía el Estado para defenderse era un “atropello a los derechos humanos”. Fue una consigna publicitariamente exitosa, pero no por eso menos falsa, porque la única manera de defender los derechos humanos de la población civil era derrotando con las armas las armas de la subversión que pretendía dar un golpe de fuerza para quedarse con el poder e imponer un sistema  esencialmente contrario a los derechos humanos, como es el del gobierno totalitario marxista-leninista.

En resumen, el Gobierno Militar salvó los derechos humanos de los chilenos.

          Sigamos con las acusaciones de Vidal: “Barrieron… con las libertades”. Al contrario, las ampliaron y restablecieron. Antes del Gobierno Militar no existían numerosas libertades que éste restableció: desde luego, la de viajar al exterior (constreñida bajo la UP porque a uno no le vendían suficientes divisas y lo obligaban a dejar un aval tributario); la de elegir sistema de salud y de previsión; la de enseñar libremente y crear universidades; la de importar y exportar libremente; la libertad de precios y la mayor libertad para contratar trabajadores y emplearse; la libertad de los trabajadores para sindicalizarse o no y para adherir o no a huelgas; la libertad de poder trabajar aunque se aprobara una huelga (ahora en vías de extinción); la libertad de afiliarse o no a gremios. La educación y la salud públicas se mantuvieron, pero dejaron de estar politizadas y en manos de dirigentes partidarios, como lo han vuelto a estar hoy.

            Pero el mayor atentado a la verdad histórica viene en la parte en que dice:  “Incluso, aunque llama a escándalo --pero la verdad es la verdad—retroexcavaron seres humanos (operación retiro de televisores, 1978).”

            Pues la verdad histórica fue que, ante un extremismo armado con un contingente de no menos de diez mil nacionales (Altamirano, secundum Politzer), “compañeros de tropas” cubanos y doce mil extranjeros ingresados clandestinamente y después documentados por la OEA, la acción militar fue severa en los primeros meses después del 11 (entre esa fecha y el fin de 1973 murió el 60% de todos los caídos bajo el Gobierno Militar, es decir unos 1.500 a manos de las fuerzas armadas y carabineros y 300 a manos de la guerrilla izquierdista). En esos meses la represión armada contaba con el apoyo expreso de Frei Montalva y Aylwin, pues el primero declaraba al ABC de Madrid que “los militares han salvado a Chile” y hacía el símil de la guerrilla de izquierda con “un cáncer que debía ser extirpado”, mientras Aylwin se negaba a criticar a los militares “desde detrás de un escritorio, pues están recibiendo el fuego”.

            Después, por supuesto, pasado el miedo todo cambió y los primeros en mudarse de bando fueron los DC. Ya hoy día lo han hecho casi todos, tanto que cuando el valiente diputado UDI Ignacio Urrutia homenajeó a Pinochet en su centenario, el diputado Bellolio, también UDI, twitteó urbi et orbi que rechazaba el homenaje “en nombre de los derechos humanos”. Cerebro lavado por la consigna. Pero en esos tiempos próximos al 11 la inmensa mayoría de la población, de los políticos y hasta de los jueces apoyaba la represión armada contra el terrorismo de izquierda, porque nadie había olvidado que el Comandante Pepe anunciaba que era preciso matar a un millón de chilenos si se quería que triunfara la revolución (entrevista a la periodista Nena Ossa). "Los extremistas nos iban a matar a todos", le decía el juez Rafael Retamal a Patricio Aylwin en 1974.

            Precisamente el decreto ley de amnistía de 1978 se dictó para poner un manto de olvido ante los atropellos de ambos bandos en los cinco años anteriores. La ironía es que se benefició exclusivamente de dicha amnistía no menos de medio millar de extremistas, mientras que después se les negó igual beneficio a todos los militares, en un proceso que está en curso desde hace años.

La ignorancia histórica de Vidal se refleja también en que la llamada “operación retiro de televisores” se debió a que, al hallarse en 1978 los restos de extremistas ejecutados en 1973 en Lonquén por carabineros rasos y civiles no identificados, ejecutados sin conocimiento de nadie, ni menos de la Junta, esta última decidió precaverse de que otros hallazgos similares fueran ocurriendo posteriormente y, bajo el amparo de la amnistía, investigó los posibles casos de ejecuciones e inhumaciones ilegales en los primeros meses después del 11; y ordenó exhumar los restos y lanzarlos al mar. Todos los nombres de esas personas fueron entregados a la Mesa de Diálogo y a los jueces investigadores de derechos humanos.

Por eso casi coincide el número de las personas cuyo destino se ignoraba con el de las personas cuyo destino ha sido determinado. Digo “casi” porque el segundo número excede al primero en seis personas, pero justamente en los últimos dos años han reaparecido seis supuestos “desaparecidos” que, según se ha revelado en cada caso, simplemente se habían marchado del país o habían muerto en circunstancias ajenas a cualquier represión.


En todo caso, si hubo una retroexcavadora anterior a la actual, es un hecho que nos cambió de los últimos lugares del escalafón latinoamericano a los primeros; y que precisamente la actual, la del senador Quintana, amenaza retrotraernos a la infausta ubicación en que estábamos hasta el 10 de septiembre de 1973. Por suerte, una evidente mayoría de los chilenos de hoy parece no desearlo.

sábado, 16 de junio de 2012

No Nos Perdamos en la Polvareda

¿Le ha oído alguien decir alguna palabra al Presidente o a su (estremecido-por-el-arrepentimiento) ministro-vocero, sobre las miles de "brutales violaciones a los derechos humanos" que se estaban produciendo, a vista y paciencia de la autoridad interior, a cuatro cuadras de La Moneda el domingo 10, y que quedaron completamente impunes?

¿Quiénes las perpetraban? Los que lo han hecho siempre en todo el mundo: los comunistas. Es decir, en el Chile actual (un país tan particular) ¡las propias "víctimas"! Pues ellas habían convocado a una funa violenta, ese domingo, contra la exhibición del documental "Pinochet". (Acá se puede convocar públicamente y sin problemas a una actividad ilícita).

La señora Eugenia Aguilar Soto, presidenta de la Fundación Pinochet de Ñuble, había llegado a la Estación Central a las 9.30 y creyó que tenía derecho a bajarse del metro frente a San Diego y a caminar hacia el teatro Caupolicán, llevando un distintivo. Pero hordas de sujetos violentos la atacaron, golpearon y lanzaron al suelo. Carabineros lograron rescatarla apenas y detuvieron a uno de los violadores de sus derechos humanos, quien resultó ser ¡un profesor del Hogar de Cristo!. Éste les manifestó que había recibido $35.000 por participar en la funa.

Maltrecha y golpeada, la señora Eugenia logró finalmente reanudar su camino y llegar al teatro. Calculó que había cuatro mil personas. (Se preguntó, después, por qué la prensa hablaba de mil. "Señora Eugenia ¿en qué país vive usted?")

Cuando, finalizado el acto, quiso salir del teatro, no pudo hacerlo. Los funadores otra vez habían violado su derecho humano al libre desplazamiento. Entonces Carabineros la escoltó hasta una calle cercana. Pero ahí de nuevo fue atacada por "las víctimas", que la lanzaron al suelo otra vez y, cuando intentaba levantarse, le reventaron entre los ojos un huevo crudo, un pedazo de cuya cáscara le quedó incrustado en el globo ocular. Viéndola en esa condición, un grupo de jóvenes concurrentes al acto la auxilió. Finalmente pudo encontrarse con una hija que se preocupó de sus lesiones.

Muchos ciudadanos pacíficos fueron sometidos a similares torturas físicas y ataques violentos a mansalva ese día, a cuatro cuadras de La Moneda, por parte de encapuchados cuyas mochilas estaban cargadas con piedras. ¿No había inquietud en Palacio por estas "brutales violaciones a los derechos humanos" que tenían lugar casi bajo sus narices? No, el ministro-vocero ya tenía suficiente con los estertores provocados por su propio arrepentimiento por hechos de treinta o más años atrás, cuando fue uno de los 77 que juraron en Chacarillas no rendirse jamás, emulando a los de La Concepción. Claro... eran... son otros chilenos distintos a los de La Concepción... qué le vamos a hacer...

¿Y los abogados de Interior? ¿No se querellaron contra los flagrantes violadores de los derechos humanos de los transeúntes? Hinzpeter y Ubilla ¿no han siquiera dicho algo? No, pues; están en otra cosa: apelaron ante la Corte Suprema contra un fallo por hechos de hace 38 años que condenó a 541 días de presidio remitido a tres oficiales de la Armada, uno de Carabineros y un detective. Y tuvieron éxito: la Sala Penal, hoy más de izquierda que nunca, les subió la condena a cinco años y un día de presidio efectivo a los uniformados y el detective. ¿Así cumple Interior la promesa presidencial de hacer respetar la prescripción? Así.

En cuanto al principal ocupante de La Moneda y autor de dicha promesa ¿qué le importa a él ahora que se violen derechos humanos esenciales casi bajo sus mismos balcones? Ese domingo él estaba preocupado de otras cosas mucho más importantes que los derechos humanos de la señora Eugenia y similares. Estaba preocupado de su viaje a Los Cabos, México, al G-20; de la cobertura gráfica de cualquier encuentro suyo con gente importante, Merkel, en lo posible. Si no, el español ¿Rajoy, se llama?, si bien es demasiado alto; y, bueno, entonces hasta serviría Hollande, que es chico. Claro que, para evitar lo del año pasado en Río, esta vez tendrá que cuidarse de que las cámaras no lo sorprendan rondando indisimuladamente a Obama y extrayéndole, poco menos que a la fuerza, un apretón de manos. Eso fue ridículo y quedó consignado como otra "piñericosa" más. Ahora hay que tener cuidado.

Y de México se irá a Brasil, al Río+20. Piensa llevarse a extranjeros importantes en el avión. ¿Qué tal una mini-cumbre en el aire, en avión chileno y presidida por él? Eso hará muy buenas fotos. Que la avanzada esté lista para sacarles el máximo provecho...

¿Violaciones a los derechos humanos al lado de La Moneda? ¿Quién está hablando de eso? ¿Alguien ha visto siquiera un editorial en algún diario sobre el tema? Por favor, no nos quedemos en el pasado, no nos perdamos en la polvareda.

domingo, 18 de diciembre de 2011

Izquierda Chilena: Negacionista e Impune

Si usted quiere disfrutar de momentos de amenidad, estudie las paradojas y piruetas que protagoniza la izquierda chilena. Ahora se encuentra empeñada en una espectacular: hacer aprobar una legislación para meter a la cárcel a quienes "nieguen, minimicen o condonen" las "violaciones a los derechos humanos".

Desde luego, los izquierdistas, primero, se preocuparon de redefinir "violaciones a los derechos humanos", de tal manera que en esa definición no fueran a caer los crímenes que ellos han cometido y cometen. Eso ya lo lograron: el asesinato de un civil (o de un militar) perpetrado por el MIR, el FPMR u otro grupo armado de izquierda, no constituyó una "violación a los derechos humanos", porque ésta sólo tiene lugar cuando el que mata a alguien es un "agente del Estado".

Como la izquierda chilena venía preparando desde 1965, según testimonios objetivos, la lucha armada para tomarse el poder; como durante la UP un centenar de víctimas cayó a manos de la izquierda violenta; y luego, bajo el Gobierno Militar, cuatro veces esa cifra fueron los caídos víctimas del terrorismo de izquierda, había que dejar despejado el punto: esas no fueron "violaciones a los derechos humanos".

Y como ellos no violaban los derechos humanos, pero tuvieron caídos en la lucha armada ¿que eran éstos? "Víctimas", por supuesto. Pues, para ella, no hubo lucha armada. Sólo dos bandos: los uniformados y las "víctimas". Y vendieron tan bien esta pomada que en una memorable carta a "El Mercurio" un Comandante en Jefe del Ejército, en los años '90, Juan Emilio Cheyre, demostró haberla comprado completa y al contado: al hacer referencia a las bajas de la lucha armada contra el extremismo habló de "nuestros camaradas y las víctimas". Y las "víctimas" han cobrado y siguen cobrando del erario miles de millones de dólares de indemnizaciones. El número de causas con el mismo propósito va en aumento y este año llegará a dos mil, y creciendo.

El ejercicio de la democracia establecida en la Constitución de 1980 y los triunfos electorales de la Concertación permitieron a la izquierda reescribir a su amaño la historia reciente. Pero como no ha podido impedir una insistente, si bien muy minoritaria, campaña desplegada por un puñado ínfimo de "cerebros NO lavados" para restablecer la verdad histórica, campaña que ha probado que la violencia armada la inició la izquierda, ésta discurre actualmente penalizar a quienes digan públicamente semejante cosa. Hay que meterlos a la cárcel. Los defensores de esta ley contra la libertad de expresión (entre los cuales la voz cantante ha sido Gonzalo Bustamante, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez --¿qué diría don Pedro Ibáñez, que me entusiasmaba para ir a referirles la verdad histórica a los alumnos de la Escuela de Negocios de Valparaíso, antecesora de la actual Universidad?-- quieren que vayan a la cárcel los "negacionistas", nombre dado en Europa a los que discuten el holocausto judío. Por supuesto, es otra pirueta espectacular de la izquierda, porque los judíos nunca se prepararon para una lucha armada contra ningún régimen europeo y, por tanto, fueron perseguidos injustificadamente; mientras ella sí preparó e inició la lucha armada contra la democracia en Chile.

Pero una pirueta todavía más espectacular, si cabía, fue la que le posibilitó a la izquierda el primer gobierno de los kerenskis chilenos, el de Patricio Aylwin, al formar la "Comisión Rettig". Sus investigadores eran unos 45 abogados de izquierda y sólo cinco de centroderecha (uno de éstos me lo refirió). ¿Y qué hicieron? Practicar ellos el "negacionismo". Hacer desaparecer el terrorismo de izquierda. ¿Usted quiere una prueba? Aquí va: en mi blog del 14 de diciembre referí cómo el sargento de Carabineros Tulio Pereira, intentó el 24 de febrero de 1976 salvar a una niñita, cogida en medio de una balacera entre miristas y agentes de seguridad. Pero un mirista le disparó al sargento a través del cuerpo de la niña, dando muerte a ambos. El episodio está referido por un testigo presencial y puede hallarse en la página 151del libro de Gisela Silva Encina, "Miguel Krassnoff, Prisionero por Servir a Chile", momentáneamente agotado "en las buenas librerías", por el gran interés público que despertó, pero en vías de reposición.

¿Y qué dijo el Informe Rettig de este asesinato? ¿Que el MIR los mató? ¡No! Dijo que el sargento murió "víctima de la violencia política". Pues el negacionismo de izquierda denomina así a la "entidad" que dio muerte en Chile a casi medio millar de uniformados y civiles entre 1973 y 1990. Y en un comentario a mi blog del 14 de diciembre un lector, "Cristián", cuya contribución agradezco, ubicó el párrafo del Informe Rettig referido a la niñita muerta. Dice así: "Susana Elizabeth Sanhueza Salinas... de siete años... se encontraba jugando en el jardín de la casa donde se produjeron los hechos, siendo a juicio de esta Comisión UNA VÍCTIMA INOCENTE DE LA VIOLENCIA POLÍTICA" (mayúsculas mías). Negacionismo puro. El MIR, que la mató, no aparece, no tuvo arte ni parte, según la Comisión. Fue la "violencia política". ¿Cómo iba a tener parte, si el MIR estaba en el alma misma de la UP, cuyos partidos votaron por Aylwin para Presidente; si el jefe del MIR era sobrino de Salvador Allende; si para su cumpleaños éste, en plena UP, le regaló una pistola plateada y nacarada, con una dedicatoria ambigua (como todo lo de Allende) recomendándole usarla "con consecuencia" (cita mía no textual y de memoria).

Entonces el silogismo está completo: las violaciones a los derechos humanos sólo las pueden cometer los agentes el Estado; luego, los terroristas del MIR, del FPMR y de los partidos con armas enumerados por Carlos Altamirano (el PC, el PS, el MAPU y la Izquierda Cristiana), eran inocentes de tales violaciones, de modo que, cuando caían en la lucha, eran "víctimas", pues sus armas se esfumaron (el "Nuevo Ejército", cuyos jefes se han lavado cuidadosamente sus respectivos cerebros, que tenía muchas de esas armas, si es que las conserva, ahora las oculta muy bien: son políticamente incorrectas).

Por supuesto, las "víctimas" no merecen ser castigadas: más de 600 han sido amnistiadas y más de 900 indultadas. ¿Amnistía a uniformados? La justicia de izquierda la deniega. ¿Indultos a uniformados? Sólo uno: Manuel Contreras Donayre. Ricardo I lo indultó a su manera: sin explicarle nada a nadie. El resto, presos o procesados como "violadores de derechos humanos".

Y así la izquierda ha logrado la cuadratura del círculo, que jamás habría conseguido, por supuesto, sin la contribución de los kerenskis chilenos: ella fue "víctima" inocente, quienes la enfrentaron fueron "violadores de los derechos humanos"; los caídos bajo las balas que no provenían de los uniformados no son responsabilidad de ella, sino de una entelequia bautizada por el "Informe Negacionista Rettig" como "violencia política"; y dentro de poco cualquiera que pretenda decir otra cosa va a ir a la cárcel.

jueves, 7 de noviembre de 2013

Siete Respuestas Para Teresa

Leo cada vez que puedo los escritos de Teresa Marinovic, mujer valiente que les dice en su cara a los chilenos, desde distintos medios, verdades que nadie más se atreve a expresar. Admiro su fluida pluma y su coraje político. Además, le estoy agradecido, porque hace un tiempo, entrevistada en CNN, manifestó algo que, yo creía, ningún habitante de esta larga y angosta faja de tierra se atrevería a decir públicamente jamás: que estaba de acuerdo conmigo.

Pero he leído (miércoles 6) en "El Mostrador" su columna "El ocaso de la derecha y las preguntas pendientes sobre Pinochet". Y tras leerla pienso que, claramente, ya no estamos tan de acuerdo. Para mí es evidente que ella no salió indemne del vendaval publicitario marxista desatado con motivo de los 40 años del Once. Eso se refleja en sus siete preguntas sobre Pinochet y, por eso mismo, me he sentido inmediatamente desafiado a contestarlas, en mi triple calidad de derechista confeso, experto autodesignado en la historia chilena del último medio siglo e inmune autodeclarado al lavado cerebral marxista.

Primera pregunta de Teresa: "¿Se puede sostener --con base racional-- que Pinochet no estuviera al tanto de lo que ocurría en materia de derechos humanos?"

Ahí ya ella nos comunica que ha sido presa de la principal consigna adversaria: los "atropellos a los derechos humanos", discurridos por la izquierda marxista. Si un guerrillero suyo mata a un militar, no hay atropello a los derechos humanos. Si un militar mata a un terrorista, sí lo hay, aunque el que declaró la guerra, el agresor, haya sido el terrorismo marxista. La de los "derechos humanos" es una doctrina ad hoc. La izquierda se armó para tomar el poder matando gente. Pero, mediante una propaganda incesante, se ha transformado en víctima. Hábil travestismo, pues anunció que sería victimaria (ahí están los acuerdos unánimes de sucesivos Congresos del Partido Socialista declarando la guerra armada a la "democracia burguesa"), tenía el contingente de tropas, precisado por Altamirano en unos diez mil efectivos; la OEA contabilizó entre doce y quince mil ingresos clandestinos al país durante la UP, y no de gente que viniera a apoyar la labor de las Hermanitas de los Pobres. En 1972 chocaba en Curimón una camioneta cargada de metralletas e inscrita a nombre de la secretaria del Presidente Allende, la "Payita", señalando como su domicilio el Palacio de La Moneda. Un guerrillero extranjero, empleado en una empresa intervenida, asesinaba de un tiro a un teniente de Ejército (Héctor Lacrampette), en agosto de 1973. Entonces los principales líderes de la mayoría democrática llamaron a las Fuerzas Armadas a intervenir. "Esto se arregla sólo con fusiles", proclamaba Frei Montalva. Y los uniformados acudieron al llamado, con fusiles. Entonces ahora Teresa pregunta si Pinochet estaba "al tanto de lo que ocurría en materia de derechos humanos". Por supuesto, no sólo él, sino que todos estábamos al tanto, "antes de la batalla". Sabíamos que había miles de personas dispuestas a matar para tomarse el poder, pero no sabíamos si iban a triunfar. No sabíamos cuán efectivos eran los extremistas ni tampoco si las Fuerzas Armadas y Carabineros se iban a dividir e iba a haber una guerra civil. Pinochet tampoco lo sabía. Pero sí tenía claro que debía usar las armas. Entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, según las dos comisiones formadas por la Concertación, hubo 1.823 muertos, 301 a manos de la guerrilla extremista y 1.522 a manos de los uniformados. Es decir, el 57 por ciento del total registrado entre 1973 y 1990. Y en esos tres meses las voces de los líderes políticos democráticos defendían en todos los tonos el actuar de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pero ni Pinochet ni todos estábamos "al tanto de lo que ocurría en materia de derechos humanos". De hecho, creíamos que el número de muertos era mucho mayor, pues la prensa extranjera hablaba de cien mil y yo pensaba que exageraban y que no pasaban de diez mil. ¿Sabía Pinochet lo que hacía cada uno de los cincuenta mil uniformados desplegados para terminar con la guerrilla armada? No podía saberlo. Cuando en octubre, en el norte, un solo oficial subalterno, por sí y ante sí, ordenó ejecutar a más de medio centenar de personas en La Serena, Antofagasta y Calama, Pinochet recibió versiones contradictorias sobre los responsables del hecho. No podía saber cuál de sus generales decía la verdad. Por consiguiente, no podía materialmente "estar al tanto de lo que ocurría en materia de derechos humanos". Han transcurrido quince años desde que se reabrió proceso por esos hechos del norte, y todavía no se cierra. Ya antes, en 1986, habían sido investigados por el juez de Antofagasta y terminado en la aplicación de la amnistía. Pero los distintos oficiales intervinientes en ellos polemizaban en cartas a "El Mercurio", atribuyéndose mutuamente las culpas. ¿Cómo iba a saber Pinochet la verdad entonces? Yo investigué el caso y escribí un libro al respecto y, creo, llegué a la verdad. Y tuve ocasión de explicársela al Presidente Pinochet poco antes de su muerte. Mi versión lo sorprendió mucho, sobre todo al saber que oficiales inferiores, a los cuales consideraba sus amigos, habían procurado descargar en él culpas propias. Entonces, Teresa, Pinochet "no estaba al tanto" de un sinnúmero de cosas. Ni nadie, de todas ellas. Ésa es la respuesta.

Segunda pregunta: "Si estuvo al tanto de lo que ocurría, con la brutalidad y arbitrariedad con que de hecho ocurrió, ¿pensaba que esos hechos se justificaban en términos de legítima defensa?"

El tenor de esta sola pregunta revela que Teresa "compró el paquete propagandístico de la izquierda". Pinochet no estaba al tanto de todo lo que ocurría, porque le habría sido imposible, pero suponía, como Frei Montalva, Aylwin, Jarpa o yo, que los militares disparaban contra los guerrilleros y que éstos disparaban contra aquéllos. Los primeros disparaban mejor (1.522 muertos) y los segundos peor (301 muertos). Y como Frei Montalva, Aylwin, Jarpa y yo habíamos llamado a los uniformados precisamente para eso, los defendíamos. Jarpa y yo, hasta hoy; Frei Montalva y Aylwin, hasta que se les pasó el miedo y les volvió la ambición. Ya a mediados de 1974 Aylwin, sintiendo que su vida no corría peligro y que extrañaba demasiado el poder, fue a visitar al ministro de la Corte Suprema, Rafael Retamal, para representarle el hecho de que no se estaban acogiendo muchos recursos de amparo de detenidos por sospechas de pertenecer a la guerrilla. El juez Retamal le replicó (según versión de Aylwin en sus memorias): "Mire, Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia, después llegará la hora del derecho". Ése era el pensamiento de un juez. ¿Usted cree que el pensamiento del general Pinochet podía ser más exigente que el de un juez, en materia de derechos humanos? Ese juez, que era de inclinación pro-DC, sabidamente, no creía que hubiera "brutalidad y arbitrariedad", como usted lo cree ahora, 40 años después; y sí creía que había una respuesta proporcionada al peligro que amenazaba a nuestra sociedad. Entre otras razones, porque el Intendente de Santiago, durante la UP, había proclamado públicamente, respecto de los ministros de la Corte Suprema, que "habría que matar a todos estos viejos momios", por el delito de hacer respetar el derecho de propiedad contra las "tomas" ilegales amparadas por el gobierno UP.

Tercera pregunta: "Si realmente estábamos en estado de guerra y había antecedentes como para suponer que existía capacidad real de resistencia de parte del enemigo ¿con qué estándar ético se forma en el Ejército de Chile para enfrentar al enemigo?"

Hace unas semanas, en el programa "Tolerancia Cero", el abogado Luis Valentín Ferrada acreditó que desde hace muchos años los oficiales de inteligencia antisubversiva chilenos recibieron instrucción en los Estados Unidos, incluso durante el gobierno de la Unidad Popular. Hoy día vemos en las noticias que los norteamericanos, en la lucha antiterrorista, están unánimemente en favor de la eliminación física de los sospechosos de terrorismo, mediante drones o cohetes lanzados desde helicópteros. El Presidente Obama, Premio Nobel de la Paz, mandó matar a Osama Bin Laden sin forma de juicio y luego lanzó sus restos al mar, con unánime respaldo mundial. El ex Presidente Bush, en sus memorias, explica que métodos de apremio, como sumergir la cabeza de los sospechosos bajo el agua hasta que revelaran sus proyectos secretos de atentados, allá son legales. Los israelíes pasaban año a año leyes regulando la tortura en la lucha antiterrorista. Acá, bajo Allende y bajo Frei Montalva, no habiendo una amenaza terrorista generalizada, sí se practicaba la tortura en los interrogatorios de la policía política, como está ampliamente documentado. Todos esos eran "estándares éticos" en su momento y habría sido extraño que, ante la amenaza de un terrorismo armado y activo de más de veinte mil efectivos, el Gobierno Militar se hubiera puesto más riguroso que sus antecesores civiles, los Estados Unidos o Israel para enfrentar al terrorismo extremista. Claro, hay una diferencia: cuando los soldados norteamericanos que han luchado así contra el terrorismo llegan a un aeropuerto, la gente se pone de pie y los aplaude; acá los meten presos.

Cuarta pregunta: "Más allá del Golpe ¿hay alguna razón que explique que Pinochet se mantuviera en el poder durante el tiempo que lo hizo, sólo en su calidad de General Libertador de la amenaza marxista?"

Bueno, la autoridad ejecutiva del Gobierno Militar, hasta 1981, residió en la Junta Militar de Gobierno, que fue presidida por Pinochet. No fue un régimen unipersonal. Después de 1980, Pinochet fue Presidente elegido en un plebiscito, con más del 60 por ciento de los votos. Y todos los encuestadores que sondearon la opinión de los chilenos en 1980 coincidieron en que lo respaldaba una mayoría. Luego, él fue parte del poder Ejecutivo, Legislativo y Constituyente hasta 1980, compartiéndolo con el resto de la Junta; y fue Presidente elegido hasta 1989, de acuerdo con la Constitución. Esas razones explican su permanencia.

Quinta pregunta: "¿Cuál fue la actitud que tuvo el General frente a los miembros de las Fuerzas Armadas que se opusieron al hecho de que él mantuviera el poder político, aún cuando habían sido partidarios del Golpe?"

Se aclaró antes que él compartía el poder en la Junta, hasta 1981. Después, fue titular electo del Ejecutivo y la Junta del Legislativo. Que se supiera, el único general que se alzó contra las políticas sustentadas por la Junta fue el general Leigh, quien fue destituido por acuerdo unánime del resto de la misma Junta, dentro de sus atribuciones, tal como lo hiciera años más tarde, en 1985, con el general Mendoza. No se supo de otras disidencias.

En una oportunidad en que participé, como director de un diario, en un almuerzo con el general Pinochet, en los años '70, él nos expresó algo así como: "Ustedes creen que es muy fácil prescindir de los servicios de un general (había presiones de los civiles partidarios del Gobierno Militar para que se destituyera a un alto ofical cuyas actuaciones eran muy criticadas). "Pero", continuó Pinochet, "si yo remuevo a un general, comienza a sonar en mi oficina el teléfono interno del Ejército y desde distintos puntos del país me piden respetuosamente explicar las razones de la remoción. Y eso es una situación delicada para cualquier Comandante en Jefe", nos expresó, dándonos a entender que su proceder requería un equilibrio muy cuidadoso.

Sexta pregunta: "¿Hay forma de demostrar la muerte de alguno de ellos como hecho no fortuito?".

Hasta ahora nadie ha probado eso, pese a que se ha intentado probar la intervención oficial en muertes sabidamente explicadas por otros motivos, como el suicidio de Salvador Allende, el cáncer terminal de Pablo Neruda y la desafortunada intervención quirúrgica que le costó la vida a Eduardo Frei Montalva (similar a la que casi le costó la vida, a manos del mismo cirujano, a la senadora Isabel Allende, que por eso ha declarado públicamente no compartir la tesis del "asesinato de Frei"). Pero nunca se ha aportado una prueba seria de la muerte de algún general disidente "como hecho no fortuito".

Séptima pregunta: "¿Por qué razón la derecha, partidaria de las libertades individuales, justificó que éstas se sacrificaran durante tanto tiempo? ¿Hay algún tipo de bien que legitime la coerción de la libertad? ¿Por cuanto tiempo?"

La derecha se preocupó de inspirar al Gobierno Militar con su ideario de defensa de las libertades, y por eso bajo ese régimen fueron consagradas muchas libertades que el socialismo había cercenado o limitado. Los chilenos tuvieron cada vez más libertad para elegir, trabajar, emprender, viajar y disponer de lo suyo. Luego, no se sentían menos libres bajo el Gobierno Militar, sino todo lo contrario. La libertad política estaba limitada por el receso de los partidos, pero había amplia crítica pública a las políticas oficiales. En los años '80 me correspondió probar, ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que las publicaciones semanales de carácter político, sañudamente críticas del Gobierno Militar, como "Análisis", "Cauce", "Apsi" y "Ercilla" (esta última fue reemplazada después por "Hoy"), eran más numerosas que las publicaciones semanales favorables al Gobierno Militar. Había diarios de oposición, como "Fortín Mapocho" y, en los '80, "La Época". Cuando este último diario apareció, muchos dijeron, "ahora vamos a saber la verdad de las cosas", pero resultó que no traía nada que no apareciera en el resto de la prensa existente y a la cual se tachaba de "sometida al régimen". Y justamente por eso "La Época" no prosperó. No se vendía. Finalmente, fue el propio Gobierno Militar el que impulsó una Carta Fundamental con plenas garantías de libertad política y sus leyes complementarias sobre Partidos y Elecciones, complementando así las restantes libertades individuales con la de carácer político-partidista y electoral. Y por eso pudo llegar una plena democracia que rige hasta hoy y que fue establecida por el Gobierno Militar y no, como algunos repiten sin base, "conquistada" por sus adversarios.

Termina Teresa Marinovic su artículo diciendo: "El hecho es que la derecha, la derecha en ruinas, no ha querido (no hemos querido) dar una respuesta seria a esas preguntas".

Bueno, yo soy de derecha y las he procurado responder, creo, seriamente. He escrito libros que lo hacen parcialmente, como "La Verdad del Juicio a Pinochet", "Terapia para Cerebros Lavados" y, últimamente, "Ni Verdad Ni Reconciliación", que puede leerse, bajo el título de "El Libro de las Verdades Olvidadas", en este mismo blog, con fecha 10 de septiembre (en realidad, apareció el 11, pero este blog tiene el horario atrasado, no sé por qué). Más de tres mil personas ya lo han bajado a sus computadores y, supuestamente, leído, lo que no es frecuente para un libro chileno. También puede encontrarse, bajo el título de "Ni Verdad Ni Reconciliación", "en las buenas librerías". No ha tenido "lanzamiento" porque a estas alturas al lanzamiento de un libro que reivindique la verdad histórica no acudiría casi nadie, por miedo a la "funa" comunista. Y hasta ahora la prensa casi no lo ha mencionado ("La Tercera" sí, una vez).

El tema de fondo consiste en explicar por qué la derecha está "en ruinas", como dice Teresa Marinovic. Y yo creo que la razón ha sido que ella se hizo parte de un gobierno que no la representa, ha traicionado la memoria de otro que sí la representó, ha contribuido a encarcelar ilegal e injustamente a los militares que la salvaron a ella y al país del totalitarismo y, en fin, porque retrocede constantemente ante la propaganda adversa, sin ser capaz de defender ni sus propias actuaciones ni sus propias ideas.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Cerebros Incompletamente Lavados

Matthei ganó ampliamente el debate de Anatel y probó estar mejor informada y documentada que Bachelet, dejando de manifiesto la falta de liderazgo y capacidad de decisión de ésta en circunstancias críticas. De modo que si los chilenos fuéramos ciudadanos reflexivos, cultos e informados acerca de lo que conviene al país y hubiéramos todos visto el foro, no cabría duda de que la primera iría a ganar la elección del domingo. Pero todos sabemos que los chilenos no somos así, que mayoritariamente creemos que el gobierno nos puede hacer a todos iguales a Horst Paulmann, Eliodoro Matte o Andrónico Luksic o, por último, les puede quitar gran parte de su plata y repartirla entre los demás para que puedan comprar todo lo que les falta, y por eso las encuestas anuncian el triunfo de Bachelet. ¡Qué le vamos a hacer! La historia dice que nos damos un balazo en el pie cada 40 años y han pasado 40 años.

Y si la mayoría "no cacha ni una" y se traga todos los eslóganes vacuos e increíblemente primitivos de la Camila Vallejo, la Karol Kariola, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, allá ella, pero la minoría que "cacha algo", emprende e invierte, se ha dado cuenta de cómo viene la mano y por eso la Bolsa cae y se reducen los flujos de recursos para inversión en y hacia el país. Si no me cree, aplique usted su propio sentido común: si le anuncian que le van a quitar otra parte más de sus ganancias a través de mayores impuestos y que le van a debilitar su derecho de propiedad en una nueva Constitución que va a redactar "la calle" ¿va usted a invertir más o menos que antes en Chile? Elemental, querido Watson.

De modo que no vale la pena seguir dándole vueltas al asunto de la segunda vuelta y entretengámonos en otras cosas. Por ejemplo, en la ceremonia que compartieron la Lorena Fries y Sebastián Piñera por el aniversario del Instituto de Derechos Humanos. Para el segundo, todo esto forma parte de la última "pasada" política que ha discurrido con el fin de remontar en las encuestas y quedar posicionado para el 2017, cuya campaña comienza el lunes. Ya encabezó los 40 años del Pronunciamiento, condenándolo y denostándolo, y trasladó a los veteranos presos políticos de "Cordillera" a "Punta Peuco", para conseguir más apoyos de izquierda. Ahora celebra junto a la Lorena Fries con igual propósito. Pero esta última no está contenta de haber conseguido el respaldo y financiamiento de un supuesto gobierno de centro-derecha (que en realidad es otro más de la Concertación) para toda su tramoya de los derechos humanos, porque ella quiere más. Quiere que no quede ningún cerebro sin lavar en el país.

Véase lo que Lorena escribió anteayer a "El Mercurio" (cartas): "...es una preocupación que un porcentaje de la población, cercano al 20%, considere, según la misma encuesta (II Encuesta Nacional de Derechos Humanos) que violar los derechos humanos fue necesario para alcanzar la paz social. Esto es inaceptable y refuerza el diagnóstico del INDH sobre la necesidad de la educación en derechos humanos y el análisis de la dictadura en los planes de estudios, como período histórico en que se enmarcan los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nombre del Estado". Es decir, si gana Bachelet va a profundizar la labor de Fries-Piñera hasta que no quede nadie, salvo el que esto escribe, que divulgue la verdad histórica según la cual el agresor fue la guerrilla armada marxista y la agredida la democracia chilena, que los demócratas les pidieron a los uniformados derrotar a la primera por las armas; que éstas lo hicieron, con el aplauso de los demócratas, representados por Frei Montalva, Aylwin, Bossay, Jarpa y sus seguidores; que después de pasado el peligro los dos primeros se cambiaron de bando y crucificaron a los uniformados para atraerse el apoyo marxista y que hoy casi todo el mundo tiene el cerebro lavado y los guerrilleros y terroristas se transformaron en "víctimas", los agresores en agredidos y los totalitarios en "demócratas".

Anoche vi a Lagos Weber, que antes solía ser un tipo moderado, muy airado por lo mal que le fue a su candidata en el debate, diciendo algo aparentemente "nada que ver": que no iban a aceptar que quedara nadie, pero nadie, que no condenara los atropellos a los derechos humanos del Gobierno Militar. Es igual que en "1984" de Orwell: todo es culpa del villano oficial de la sociedad, Emmanuel Goldstein en la novela y Augusto Pinochet en el Chile actual. Son el Enemigo Público Número Uno. ¿Fracasó la candidata en el debate? Culpa de Pinochet. "No descansaremos hasta que no quede nadie que no condene a la dictadura de Pinochet", o algo parecido, dijo Lagos Weber, mientras le temblaba la perilla blanca que ha cultivado y que está cada vez más larga. Cuando ésta todavía no había encanecido y la tenía más corta, era un tipo que hasta habría podido pasar por amable. Pero ahora se ha vuelto un energúmeno socialista más. Y nos anticipa que, aparte de darle al país el balazo en el pie que corresponde históricamente, junto a la Lorena Fries y su Instituto, no van a dejar en él un solo cerebro sin lavar.