jueves, 14 de febrero de 2019

Y Matías Pérez Cruz Tenía Razón (II)


                Les voy a dictar una norma de conducta para que puedan desempeñarse mejor en la chilenidad: “Cuando ustedes adviertan que la casi unanimidad de los chilenos se lanza a condenar a alguien, lo más probable es que ese alguien tenga razón”.

                Ha sido el caso de Matías Pérez Cruz, sobre quien demostré en mi anterior blog que si hubiera sido propietario riberano de un lago menor, no navegable por barcos de cien toneladas o más, habría sido dueño de la playa respectiva. Yo nunca había sabido que en el lago Ranco hubiera navegado un barco de cien toneladas y por eso creí que era un lago menor. Pero un diligente comentarista de este blog demostró que es un lago mayor y concluyó que, por tanto, Matías Pérez Cruz no tenía derecho a la playa respectiva, que es lo que hoy sostienen todos los que en los medios se refieren al caso. Pero están equivocados. También Pérez Cruz tiene derecho a su playa de lago, que en lenguaje técnico-jurídico se llama “álveo” del lago. El jurista Hernán Corral Talciani lo dice en su informe citado por mí antes, refiriéndose al álveo (sitio que ocupan) de los lagos mayores:

                “Este suelo es de dominio público y no accede mientras tanto a las heredades contiguas, pero los propietarios riberanos podrán aprovechar y cultivar la superficie de ese suelo en las épocas en que no estuviere ocupado por las aguas (art. 30.3 Código de Aguas)”.

                Matías Pérez Cruz, abogado, seguramente sabía eso y aprovechó y cultivó ese suelo con pleno derecho, contra lo que afirman otros opinantes, abogados y no abogados, que no conocen el derecho aplicable al caso.

                Por supuesto, si un propietario está inseguro de que se le respete ese derecho, puede pedir una concesión sobre el álveo o playa, como lo hizo el Presidente de la República Sebastián Piñera en su primer mandato, sobre 800 m2 de su orilla del lago Caburgua. O, como lo hizo su colega Michelle Bachelet antes y después, puede ordenar simplemente a los carabineros echar a cualquiera que se le vaya a meter a su playa, porque, como decimos en Chile, “autoridad que no abusa, se desprestigia”.

                El jurista Corral Talciani amplía sus explicaciones: ”Si aplicamos esta norma (el art. 30.3 del Código de Aguas) al álveo de los lagos mayores, tendremos que sostener que no se trata de un bien nacional de uso público, sino de un bien de dominio público; es decir, es un bien del Estado, pero cuyo uso no corresponde generalmente a todos los habitantes de la nación. Prueba de ello es que la misma ley señala que los propietarios riberanos pueden aprovechar y cultivar la superficie de ese suelo en las épocas en que no estuviere sumergido. Siendo así, no habría problemas para que el propietario riberano aprovechara económicamente este terreno. Debe destacarse que la ley permite “aprovechar” y “cultivar”, de modo que puede haber un aprovechamiento del terreno que no implique sembradío o cultivo. ¿Podría considerarse el mantenimiento de un jardín como un aprovechamiento del suelo lícito conforme al artículo 30 del Código de Aguas? Puede que no haya sido esa la intención del legislador, pero en todo caso una interpretación amplia de la norma permitiría sostenerlo.

                “A favor de la tesis de que las playas de lagos son bienes nacionales de uso público se invoca el DL 1.939 de 1977, que en su art. 13 dispone: ‘los propietarios colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar  gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto’. En su inciso segundo se establece una facultad para el Intendente Regional para determinar prudencialmente una vía de acceso. Pero, como se verá, además de hablar, impropiamente a nuestro juicio, de ‘playas de ríos o lagos’ , en ningún momento señala que ellas sean, al igual que las playas de mar, bienes nacionales de uso público. Más aún, determina que los propietarios de los terrenos colindantes deben facilitar ‘el acceso a estos’, es decir, no a las playas (para aludir a las cuales debiera haberse usado el demostrativo femenino ‘estas´). Se trata, por tanto, de que los propietarios riberanos deben dar acceso al mar, río o lago. El acceso es para fines turísticos y de pesca, o sea de navegar, pasear o pescar. Sólo tratando de ir más allá de la letra y considerando la intención del legislador podría decirse que se trata de dar acceso también a simples bañistas a las “playas” de ríos o lagos, pero ello no convierte al álveo o lecho de los lagos o a los cauces de los ríos en bienes nacionales de uso público, para lo cual, en cumplimiento de la reserva legal contenida en el art. 19 N° 23 de la Constitución, debiera haber una declaración legal expresa y categórica”.

                O sea, las señoras no-invitadas que estaban en el álveo que legalmente podía aprovechar y cultivar Matías Pérez Cruz, no habiendo “una declaración legal expresa y categórica”, no tenían derecho a estar ahí. Y él, sobre todo como abogado jurídicamente informado, sí tenía todo el derecho a invitarlas a retirarse del lugar, aun estando en traje de baño y excedido de peso.

                Reiteración de conclusión para el 70 % de chilenos que no entiende lo que lee: aunque el Ranco sea un lago mayor, navegable por barcos de más de cien toneladas, Matías Pérez Cruz actuó asistido por la legalidad y la razón. En mi blog anterior llegué a la misma conclusión, pero por la razón legal equivocada. Por eso y por nada más, pido perdón.

martes, 12 de febrero de 2019

Y Matías Pérez Cruz Tenía Razón


Chile es un país demasiado importante como para dejarlo entregado a la mayoría de los chilenos, habitualmente equivocada y proclive a consagrar nacionalmente soberanos disparates. 

No suelo escribir dos días seguidos en este blog, pero ahora las circunstancias lo imponen, pues no sólo una mayoría sino la aparente unanimidad del país ha condenado a Matías Pérez Cruz a un bullying o vindicta públicos, masivos e inmisericordes por pedir a tres representantes del sexo dominante que se retiraran de una orilla de lago de su propiedad, donde estaban reunidos su familia y amigos en un encuentro que deseaban llevar a cabo sin la presencia de extraños. Para su desgracia, fue filmado por las visitantes inoportunas mediante un celular y eso se viralizó en las redes sociales y pasó a la prensa en general. El odio de clases estaba agazapado a la vuelta de la esquina y sus principales exponentes salieron a rasgar vestiduras contra Pérez en la plaza del Ateneo.

Como si eso fuera poco, el Ministerio de Tierras y Bienes Nacionales había dictaminado que las mujeres se encontraban en una playa pública, de modo que el propietario del inmueble no tenía derecho a pedirles que se fueran. Pero eso no era verdad: el abogado y columnista Hernán Corral Talciani ha publicado en su blog un extenso y completísimo informe jurídico que, entre otras cosas, concluye: “2° Las playas de lagos menores (no navegables por buques de más de cien toneladas) son terreno privado de los propietarios riberanos. Por ello no es cierto que en Chile no hay playas privadas si hablamos de ‘playas de lagos o ríos’”. Era precisamente el caso (corraltalciani. wordpress.com/2019/02/10/playa-o-jardín-sobre-la-calidad-jurídica-del-álveo-o-playas-de-los-lagos/.) El informe de Corral es tan extenso, minucioso y completo que dificulto llegue a ser contradicho.

Lo que pasa es que casi todos los chilenos, especialmente los de derecha, somos “chupados” y no nos atrevemos a decir las cosas como son ni a hacer efectivos nuestros derechos, y Matías Pérez Cruz sí. Tal como se atrevió a fulminar el video vergonzoso de Longueira y Lavín, con motivo de la primera vuelta presidencial del año antepasado, en el cual ambos “arrepentidos”, devenidos piñeristas, aseguraban que Piñera tenía la  mayoría absoluta en primera vuelta e, implícitamente, llamaban a no votar por José Antonio Kast. Nadie más se había atrevido a denunciar el video mentiroso, salvo este blog, que lo hacía con mucho menos eco que el alcanzado por Matías Pérez Cruz. Al final, como sucede ahora, los hechos nos dieron la razón, pues Piñera obtuvo sólo el 36 % en primera vuelta y Kast cuatro veces más de lo que el video y las “encuestas serias” le atribuían, sin perjuicio de que la publicación de dicho video debe haberle quitado varios puntos que sin ella lo habrían favorecido.

Es que la autodenominada "centroderecha" no es leal con los suyos ni con quienes la han salvado. Por conveniencias políticas es capaz de crucificarlos, como el régimen sustentado en RN y la UDI lo ha hecho con los militares; y ella hasta es capaz de renunciar a sus principios, como lo han hecho sucesivamente RN y la UDI, cambiándolos en sus “Declaraciones” respectivas.

Los que no son de derecha defienden mucho mejor sus derechos, aunque ni siquiera los tengan, y en particular sus orillas de lago. Vaya usted a meterse en Caburgua a la playa de Michelle Bachelet o la de Sebastián Piñera y le aseguro que lo van a echar los carabineros. Piñera, en su anterior gobierno, le dio una concesión exclusiva sobre su playa a la persona que más quiere, es decir, a él mismo, así es que nadie puede ir a meterse ahí aunque ni siquiera estén la familia y los amigos reunidos.

Bien por Matías Pérez Cruz: si casi la unanimidad de los chilenos te hace bullying, es porque estás transitando por el camino de la verdad, como ha quedado acreditado en este caso. Y, gracias al bullying, te has aproximado al ciento por ciento de conocimiento público, lo que ya se quisieran algunos de tus peores detractores.

lunes, 11 de febrero de 2019

La Miseria de la Chilenidad


   El inverosímil fallo del caso Frei ha puesto a flote otra vez lo más miserable del alma nacional. A propósito de él dos ex Presidentes y un tercero en ejercicio le han mentido al país, al expresar que el fallo dice algo que no dice… salvo que no entiendan lo que leen, suposición que en Chile nunca ha sido aventurada.

   Y simultáneamente la persecución judicial ilegal contra Cheyre, a su turno, reitera una desvergüenza ya conocida, pero aún mayor que la del juez Madrid, y ahora de proyecciones masivas.

   Sobre el juez Madrid el ex ministro de la Suprema, Patricio Valdés, en entrevista a “La Tercera” (10.02.19), ha dicho algo muy importante: “…tampoco creo que un juez se deje presionar, pero indudablemente (en) una causa como ésta (el caso Frei), lo que diga el medioambiente indudablemente puede influir en algo. Ahora es cosa de recordar lo que ocurrió con el ministro Juan (Manuel) Muñoz (Pardo), usted y yo sabemos, aunque la gente no lo recuerde: él acogió, junto a otros dos ministros, los amparos de los procesamientos que dictó Madrid en 2009. ¿Qué obtuvo como resultado? Que cuando fue nominado para ascender a la Corte Suprema fue vetado por la DC, no me gustaría calificar esto, pero grafica cómo este caso influyó en la carrera de un juez. ¡Imagina (si) Madrid después de tantos años se convence de que no fue homicidio!”

   ¿Es esto propio de un país donde impera un estado de derecho? No, por supuesto. Esto es sólo una gran frescura. El caso Frei es sólo la punta del iceberg de un proceso inmoral de mercantilización de la judicatura. Nadie es más partidario que yo de la vigencia del mercado, pero no del mercado de la droga ni de que los fallos judiciales se conviertan en un negocio turbio, a raíz del terrorismo desatado por los recursos de protección contra las isapres y los juicios de derechos humanos, grandes negociados que parten donde parte la mayoría de los negociados: en una gran falla del Estado a través de la ley (isapres) o de la prevaricación de los jueces (DD. HH.)

   El caso Frei fue desde un comienzo un engendro político de la segunda índole. Como ha escrito el doctor Francisco Ossandón, ex presidente del Departamento de Ética del Colegio Médico (El Mercurio, 01.02.19), “un paciente con un intestino necrótico no extirpado muere irremediablemente en pocos días”. Eso lo supo todo el mundo desde que falleció Frei y por eso durante quince años nadie dijo nada y durante veinte años no hubo acción judicial alguna. Hasta que los fallos ilegales e inconstitucionales sobre DD. HH. abrieron los apetitos: ¡se podía crear un delito donde no lo había y obtener un triunfo político y una gran indemnización!  

   Porque hace unos años los políticos se dieron cuenta, merced a los juicios ilegales de persecución a los militares, y en particular de la prevaricación escandalosa del ministro Juan Guzmán contra el ex Presidente Pinochet, que aquí una mayoría, sobre todo ante una derecha política corrompida por Piñera (la totalidad de la cual, siguiéndolo, se había pasado al otro bando, al del “No”) que se podía hacer lo que se quisiera con los jueces y con las leyes. Y a eso se han dedicado, pero ahora, con el caso Frei, se les ha pasado la mano. Han quedado en evidencia. Y a partir del caso Cheyre, que recién comienza, lo quedarán aún más.

   La desvergüenza de Lagos cuando fundó la Comisión Valech, para darles dinero a todos los alguna vez interrogados a raíz del terrorismo desatado por la guerrilla ex UP entre 1973 y 1990, sólo es menor a la de Piñera al haber sido el gobernante que más querellas ilegales presentó (mil) contra los militares. Porque fue peor que las del Informe Rettig, de Aylwin, que llenó de plata a la extrema izquierda armada, pero por lo menos declaró respetar la amnistía, no patrocinó querellas ni dejó el terreno sembrado para treinta mil juicios, como Lagos con su Informe Valech y que se vienen ahora. Es que Lagos ha vivido una vida política equivocado, pero hasta entonces no había hecho canalladas, sino que sólo solía decirlas. Como político le reconozco una sola virtud: que Piñera es peor. Por eso yo una vez dije: si ambos pasaban a segunda vuelta, yo votaba por Lagos, como mal menor. Y tal vez ese apoyo mío lo hundió en las encuestas y no pudo ser candidato. Pero, sin embargo, yo jugaría tenis con Lagos, en la seguridad de que no me va a robar los puntos dudosos; en cambio, jamás jugaría con Piñera. 

   La perspectiva terrorífica, desatada por el caso Cheyre, es que ahora se nos viene un diluvio de querellas fundadas en la Comisión Valech, porque está dado el incentivo de mercado: la presenta el gobierno de Piñera, experto en eso (es el que más ha presentado, a través del inefable Ubilla, de todos los de la Concertación);  declaras que un militar te interrogó y te torturó (y si eres mujer hablas de “ratones en la vagina”); y después de un tiempo te dan decenas o cientos de millones de pesos. Está pasando en el caso Cheyre: éste fue el hoyito abierto en la pared de la represa. Ahora viene la inundación. Tal como en ese caso y en todos los anteriores, los jueces –que con razón temen por su carrera— condenan a diestra y siniestra. Y tú aplaudes (es lo que has hecho hasta ahora, guiado por la corriente mayoritaria) y pagas, como contribuyente (también es lo que has hecho hasta ahora).

   Como decía un abogado y relator de fútbol radical: “Esto comienza, señores”. Debes saberlo. Deben saberlo los militares, carabineros y detectives a ser denunciados, hoy presos o libres, porque sus instituciones en Chile han demostrado que no rescatan a los “caídos tras las líneas enemigas”.

   Ese conjunto de acciones y omisiones, en cuyo núcleo está la derecha seguidora de Piñera, que hasta ha cambiado sus Declaraciones de Principios para desertar y pasarse al otro bando, es lo que he llamado “la miseria de la chilenidad”.

sábado, 9 de febrero de 2019

En el Bando Equivocado


   Si te llamas Teillier, eres comunista y declaras que mandaste a tus guerrilleros a echarse a cinco milicos hace treinta años, los jueces de izquierda no te hacen nada porque, dicen, está prescrito. Estás en el bando correcto. Si te llamas Krassnoff y pruebas que no tuviste nada que ver con la muerte de la jefa mirista Diana Aron, en combate, en 1974, porque no era tu unidad y estabas en el extranjero, aunque lo hayas probado, de todas maneras te tiran 15 años de condena por eso. Por supuesto, a pesar de haber transcurrido más de 40 años te dicen que el crimen no está prescrito. Es que estás en el bando equivocado. Y el juez Solís te acusa en la TV porque, tras matarla, saliste con las manos llenas de sangre, diciendo que era “terrorista y más encima judía”; y la colonia respectiva te repudia y hasta un abogado judío de derecha aparece en Wikipedia crucificándote como antisemita y repitiendo la mentira. ¿Qué caso tienes? Estás en el bando equivocado.  

   Hay una serie de tipos procesados por haber dado boletas falsas para conseguir fondos para sus campañas, pero el que debe ser uno de los que más recaudó ni siquiera es nombrado en los respectivos “juicios por los diarios”, pues tiene a un señor Santiago Valdés que es procesado en vez de él. Seguramente al final, como sucede con todos los juicios contra políticos, también va a ser perdonado, pero ha debido arrostrar todo y el culpable real no da la cara. Pero tú, Cheyre u otro militar en retiro o ciudadano de a pie, no tienes derecho a contar con un “Santiago Valdés” y te procesan, sales tú en los diarios y te condenan después a ti y te vas para adentro. Estás en el bando equivocado. Justamente el que queda impune se esfuerza siempre por irse al bando correcto. Como en el caso Frei.

   Pero lo que le está haciendo la izquierda a Cheyre es dispararle al adversario ya rendido incondicionalmente. El 2 de diciembre de 2004 en “El Mercurio” él apareció diciendo que el Ejército era el culpable de “todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”. ¿Qué más querían? Y así y todo lo crucifican. Esto es como la matanza del Seguro Obrero, que he estado releyendo en la Historia de Chile de Gonzalo Vial. El 5 de septiembre de 1938, “en democracia”, los jóvenes nazis se alzaron contra el Gobierno y se tomaron la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero, frente a La Moneda. Los carabineros los enfrentaron, se rindieron los de la universidad, los llevaron al Seguro Obrero, donde los jóvenes también se rindieron y después mataron a los 60. “En  democracia”. Y entonces dictaron una ley de amnistía y a nadie le pasó nada. Reproduzco este patético párrafo, citado por Vial, de lo que sucedió cuando los familiares fueron a reconocer los 60 cadáveres al Instituto Médico Legal:

   “Nadie podrá jamás describir aquello. Ni la inspiración tétrica de Exequiel y de Daniel ni del Dante serían capaz de hacerlo. No hay pluma, ni lengua humana, no hay palabras en idioma alguno para fijar esa visión. Nadie entraba allí sin llorar a mares y maldecir. Vi a un padre echado sobre el cuerpo de su hijo, besándole la frente hundida y rota y el rostro inconocible. El silencio aterrador ante aquel hacinamiento y aquella espantosa mutilación, era interrumpido por el llanto convulsivo…” (p. 538, Volumen V).

   ¿Y quién los llora hoy? Nadie. ¿Alguien los indemnizó? Nadie. Estaban  en el bando equivocado. Eran nazis y no guerrilleros comunistas o miristas. Éstos tienen “derechos humanos”, los nazis no. Los que “arreglaron con fusiles”, como les pedía Frei Montalva (“Acta Rivera”), el problema de los guerrilleros con metralleta que se iban a tomar el poder por las armas, no tienen perdón ni olvido, porque respondieron al fuego de la izquierda y la izquierda manda, en Chile y el mundo. Los que obedecieron el mandato de la mayoría política de derrotar al terrorismo de izquierda estaban en el bando equivocado, mientras la mayoría política se cambió de bando.

  Por eso a Cheyre, entregado, rendido, lo están masacrando. Y esto es sólo el comienzo, porque hay “incentivos de mercado” para que los 30 mil interrogados por sus nexos con el terrorismo y supuestos “torturados” empiecen a demandar a otros militares, pues saben que al final del camino hay unas decenas o unos centenares de millones para cada uno y que el Consejo de Defensa del Estado estará de parte de ellos, y no defendiendo al Estado de ellos, como lo ha estado en los juicios contra los militares. Esto recién comienza, señores.
   
   ¿Y mandarán a Cheyre a Punta Peuco, donde están los soldados “caídos tras las líneas enemigas” que no se rindieron como él? Peligroso para éste. La izquierda no puede ser tan malagradecida. Si establece este precedente, nadie más se va a pasar al “bando correcto”. No, si tras barrer el piso con Cheyre y cobrar la plata todavía más encima lo mandan realmente preso, nadie más se va a rendir, como lo ha hecho hasta ahora el noventa por ciento de los chilenos, a pesar de lo cual no se puede lograr que los jueces marxistas paren la masacre de los que están en el bando equivocado.

jueves, 7 de febrero de 2019

Son los Cantantes y No la Canción

   Hoy jueves, en su columna de “El Mercurio”, el abogado Hernán Corral pormenoriza las deficiencias del proceso en el caso Frei y las atribuye a la discriminación consistente en aplicar el antiguo sistema procesal penal a algunos chilenos, mientras al resto se le aplica el nuevo procedimiento, que es más exigente en materia de objetividad y confiere mayores garantías contra una arbitrariedad judicial.

   Tiene razón, pero hay algo más. Aquí la causa más importante de la radical injusticia vigente en la judicatura chilena actual reside en las personas de los jueces y no en la calidad del sistema. El antiguo Código de Procedimiento Penal pudo regir más de cien años porque había jueces que lo respetaban, como también respetaban las demás leyes y la Constitución. El problema hoy no es el antiguo código, sino el de los jueces que no aplican las leyes vigentes, carecen de objetividad y están políticamente sesgados, unos en mayor medida que otros. 

   (San Juan Bosco decía que el Demonio frecuentemente dificultaba sus tareas. En el resto de este escrito aparecen subrayados diabólicos que se han instalado por su cuenta y que ningún esfuerzo mío ha podido borrar: los atribuyo al mismo que le creaba dificultades a San Juan Bosco y no hay que tenerlos en cuenta). 

   El sistema  penal antiguo funcionó bien hasta que una mayoría política de izquierda-DC, con la inexplicable y cobarde complicidad de la centroderecha, llevó a que se tradujera en mayoría de izquierda en la composición de los tribunales. El cambio decisivo ocurrió cuando, habiéndose acordado de izquierda a derecha “un pacto de caballeros”, según el cual se nombraría “uno y uno” a los ministros de la Corte Suprema, cuando llegó el caso del más izquierdista de los jueces, Haroldo Brito, y fue designado según el pacto, en la confianza de que luego se votaría el nombre que favorecía la centroderecha, Alfredo Pfeiffer, pero la izquierda y la DC no cumplieron el pacto y rechazaron a este último. Para que un acuerdo de caballeros resulte, ambas partes deben serlo. De ahí en más se consagró una mayoría izquierdista, que se traduce en que haya doscientos militares presos contrariando la legalidad vigente mientras, en cambio, todos los extremistas, aun autores de los peores hechos de sangre, quedaron impunes. Pues se dictó una ley que dio libertad a los que habían cumplido diez años de presidio y que salieron a la calle, con votos de la derecha, mientras igual beneficio les fue denegado a los militares. Hoy, para vergüenza del país, hasta asesinos condenados después de 1990 y fugados del penal (lo hicieron con complicidad de sus autoridades), gozan de impunidad y protección internacional.

   Es que en Chile los jueces prevaricadores han dado un verdadero “golpe de estado judicial”. Quien lo “gatilló” inicialmente fue un ministro de Corte de Apelaciones, Juan Guzmán Tapia, que al juzgar ilegalmente al entonces senador Pinochet por hechos de los cuales no era responsable (caso Caravana) tuvo éxito en procesarlo y finalmente su decisión recibió el respaldo hasta de ministros de la Suprema ¡designados con votos de la derecha! para desaforarlo del Senado. Después de eso vino la avalancha. 

   Pues profundizó y generalizó la prevaricación el ministro Alejandro Solís, quien, en numerosos procesos contra uniformados que cayeron en sus manos, fue aún más allá que Juan Guzmán Tapia y prescindió descaradamente de las normas sobre debido procedimiento (ni siquiera tomaba declaración indagatoria y fotocopiaba piezas de otros expedientes); en fin, pasó por sobre el texto de leyes expresas y vigentes y de las propias pruebas aportadas al proceso, en virtud de lo cual condenó a numerosos militares a como diera lugar. Y después la mayoría de izquierda de la Corte Suprema terminó invariablemente respaldando el abandono del derecho en las instancias inferiores.

   El sistema procesal penal antiguo no era garantista, pero en manos de buenos jueces era, al menos, legalista. Dejó de serlo cuando la extrema izquierda y la DC se apoderaron de la judicatura y eso es lo que ha puesto de relieve el “caso Frei”, ejemplo paradigmático de cómo una mayoría política, en este caso la del “No” que nos gobierna hace 29 años, puede imponerse aunque deba demorarse 17 años en gestar una condena política por la muerte de un ex presidente, y pese a haberse iniciado el juicio sólo 20 años después de su fallecimiento, y todavía pasando por sobre las pruebas palmarias, surgidas hasta del entorno más próximo del paciente, de que la causa del deceso no derivó de un homicidio sino que fue pura y exclusivamente médica.

   No ha sido, entonces, el antiguo Código de Procedimiento Penal el responsable de este fallo escandaloso: ha sido un juez amedrentado por una mayoría política que le impedía y le impide fallar rectamente y declarar la verdad. Verdad que, por lo demás, emana de las 811 páginas del expediente, es decir, que después de ser Frei dado de alta y enviado a su casa, sufrió una obstrucción intestinal; que ésta no fue reoperada a tiempo por dilaciones resueltas por su propia familia y por el médico de la primera operación (pese a lo cual éste es inocente, según el fallo); y que todos los esfuerzos por salvarlo fueron inútiles debido a la septicemia generada por el retardo en reoperar.

   Todo esto era inaceptable para una mayoría partidista y no hubo un “juez heroico” que fuera capaz de oponérseles al gobierno y a la oposición. Su fallo, “políticamente correcto”, pero moral y jurídicamente nauseabundo, sólo refleja la realidad ética del país en que vivimos hoy.

lunes, 4 de febrero de 2019

Me Han Dejado Horrorizado


   Desde luego, quedé bastante horrorizado del fallo del juez Madrid, aunque a estas alturas espero cualquier cosa menos justicia y verdad de la judicatura chilena. Pero sindicar como principal homicida del ex presidente Frei Montalva al médico y amigo próximo que más se esforzó por salvarle la vida, y a otro colega suyo que no intervino para nada en las operaciones secundarias (ni tampoco en la primera, que fue la que generó la necesidad de reoperar y el shock séptico) ya me parecía suficientemente absurdo.

   Pero, al menos, el fallo dejó en claro una cosa: que no se había encontrado prueba alguna de una conspiración del gobierno de la época en el homicidio. Incluso el juez Madrid tuvo que confesar que “lamentaba” no haber hallado evidencia al respecto, revelando así de paso su falta de objetividad.

   Pero ahora leo en “La Tercera” los twits del ex director de ese diario y actual jefe de noticias de Canal 13, Cristián Bofill, y de la encuestadora de Mori y opinóloga Marta Lagos, y no puedo creer lo que dicen.

   El primero: “Mucho antes de iniciarse la investigación de 19 años del juez Madrid se sabía que Pinochet espiaba a Frei y era capaz de mandar a matarlo, como a Prats, Letelier, Leighton y un largo etc.” ¡Pero si el fallo precisamente dice que no hay prueba alguna de que Pinochet lo haya mandado matar! Más aún porque el fallo sindicó como autor principal a un médico DC y amigo de Frei, a quien Pinochet le tenía poca simpatía por eso, tanto que –dice el proceso— bloqueó su ascenso de coronel a general de sanidad en el Hospital Militar. 

   Y justamente en los casos Prats, Letelier y Leighton intervino un agente de la DINA, Michael Townley, cuya existencia Pinochet ignoraba y cuya vinculación con el general Contreras éste siempre le negó, lo que motivó que fuera entregado a los EE. UU. en la certeza de que era alguien ajeno al régimen. Después del caso Letelier y a raíz de comprobarse la intervención de la DINA en ese y otros, la DINA fue disuelta, justamente por el desacuerdo oficial con esas actuaciones suyas. Y en cuanto al “largo etc.”, simplemente no existe.

   Y el twit de Marta Lagos es todavía más ajeno a toda verdad, pues dice: “…el fallo confirma todas las sospechas de este asesinato perfecto a poco tiempo del fin de la dictadura”. Todo lo contrario: el fallo no confirma ninguna sospecha porque, para comenzar, dijo expresamente que no hubo asesinato, es decir, homicidio calificado, sino homicidio simple; y porque sindicó como principal autor a un médico que no gozaba de la simpatía de Pinochet, como antes se señaló, por ser DC y muy próximo a Frei. Añade Marta Lagos: “¿Si no se movía una hoja sin que lo supiera el dictador, podría haber muerto tan extrañamente el único ex presidente que podía competir su liderazgo?”

    ¡Qué caída de la encuestadora! Frei no murió “extrañamente”, pues tras la primera operación (de la cual nadie ha sospechado) estuvo en su casa las dos semanas posteriores. Nada “extraño” pudo fraguarse ahí. A raíz de su fiebre, vómitos y malestar, en los que nada tuvieron que ver los condenados por el juez Madrid, fue reinternado en la Clínica Santa María. “Llegó infectado”, declaró su director, el doctor Juan Pablo Allamand. ¿Qué podía tener que ver “el dictador” con todo eso?

   Además, el contexto político de entonces era muy favorable al gobierno: había triunfado en el plebiscito; Pinochet se había instalado, como Presidente constitucional y elegido en su gran triunfo electoral de septiembre de 1980, en La Moneda; el país vivía una etapa de gran prosperidad desde 1976 en adelante (crecía al doble que hoy), y el clima era de pacificación interna, pues sólo después de fallecido Frei se gestaron la “crisis de la deuda” y el ingreso de los guerrilleros entrenados en Cuba por el FPMR comunista, que posteriormente crearon un clima de gran violencia.

   Frei mismo, un par de años antes de morir, en carta a su yerno, Eugenio Ortega, había reconocido la popularidad de que gozaba Pinochet y se había hecho cargo de ella como una realidad del país.

    Si los twits anteriores hubieran provenido de Guillermo Teillier o Hugo Gutiérrez no me habría extrañado. Pero, siendo de personas supuestamente más independientes e informadas, como Cristián Bofill y Marta Lagos, simplemente me han dejado horrorizado. ¡La gente se está quedando con lo que NO dice el fallo, que resulta ser aún peor de lo que sí dice!

sábado, 2 de febrero de 2019

Los Presidentes No Entienden lo que Leen



   Es sabido desde hace años que una mayoría de chilenos no entiende lo que lee. Yo diría que tampoco entiende lo que no lee, como lo demuestra el hecho de que haya una mayoría izquierdista en el país, según lo prueba la composición del Congreso. Y si la izquierda no ganó también la Presidencia de la República la última vez fue porque, en un breve intervalo lúcido, parte de ella se horrorizó de los resultados del socialismo bolivariano y prefirió inclinar la balanza a favor de un candidato que, siendo suficientemente aceptable por la izquierda, fuera el menos inclinado a establecerlo, frente a un Guillier que había dejado muy en  claro que sí iba para allá.
  
   En los diarios de ayer y hoy tres Presidentes, uno actual y dos anteriores, han dejado en claro que, al igual que la mayoría (y tal vez  por eso los tres resultaron electos) tampoco entienden lo que leen: tras enterarse del fallo en el caso Frei, tanto Piñera como Frei Ruiz-Tagle y Lagos han dicho públicamente que se trató de un “asesinato”, en circunstancias que el juez Madrid dijo explícitamente en su sentencia que condenaba a los supuestos autores de la muerte por simple homicidio. Como toda persona mínimamente letrada sabe, el “asesinato” es un homicidio calificado por cometerse con alevosía, por premio, con premeditación, ensañamiento o uso de veneno. El juez Madrid confiesa que no pudo probar ninguna de esas circunstancias y por lo tanto condenó por homicidio simple. Así se publicó en todos los medios que, suponemos, los Presidentes chilenos no entendieron al leerlos u oírlos.
   
   En particular, Piñera aseveró que el crimen había sido cometido con “crueldad y vileza”, las cuales el juez no encontró por ninguna parte y que habrían transformado el homicidio en asesinato. Ningún rigor para decir la verdad o, simplemente, no entendió.
  
   Y Frei-Ruiz Tagle y Lagos también equivocadamente aseguraron que tal "asesinato" fue cometido por instrucciones de las autoridades de la época, lo cual el juez Madrid estaba deseoso de acreditar, pero no pudo, como lo confesó. Incluso el editorial de “El Mercurio” sobre el fallo “lo pilló” diciendo en la sentencia que “lamentablemente” no logró acreditar una operación especial de inteligencia. Es que Madrid habría querido inculpar a Pinochet y entonces su inconsciente le jugó una mala pasada al llevarlo a escribir que “lamentablemente” no pudo encontrar una prueba. Lástima que quedó así confesa su parcialidad.

   No obstante, el grueso de los opinólogos y columnistas de nuestro medio no vacila en inculpar a Pinochet, porque para ellos la verdad de los hechos no tiene importancia. Así es como hacen un recuento de los atentados contra Prats, Leighton y Letelier, olvidando que, justamente, tras investigarse los mismos la Junta resolvió disolver la DINA y sustituirla por la CNI, por haber aquella actuado en esos casos por su cuenta y contrariando los principios que el gobierno sustentaba. Ni siquiera el atentado más inexplicable, el de Tucapel Jiménez, acaecido después de la muerte de Frei, puede ser vinculado al proceso, pues reconocidamente fue una desafortunada acción de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), entidad a la cual Madrid ni siquiera intenta relacionar con el fallecimiento del ex Presidente.

   El historiador Ernesto Medalla puso en mis manos las 811 páginas del fallo, gesto que le agradezco, pues allí “está todo” y cualquier lector objetivo se enterará de que el ex Presidente fue operado el 18 de noviembre de 1981 y volvió a su hogar dado de alta. Estando allí registró fiebre, vómitos y malestar grave, lo que indujo a llevarlo de vuelta a la clínica el 4 de diciembre. ¿Alguien podría pensar que fue envenenado en su casa, donde se empezó a sentir mal? En vista de ello su familia relevó al doctor Augusto Larraín, que lo había operado e insistía en que los malestares post operatorios eran normales, y puso a cargo de la emergencia al doctor Patricio Silva Garín. Éste inició una serie de desesperados esfuerzos por salvarle la vida al paciente, operándolo de una obstrucción intestinal que no podía esperar, pero, a la vez, se vio obligado a retardarla unos días por decisión familiar. ¡Estos esfuerzos suyos son los que el juez Madrid considera constitutivos de “homicidio simple”! 

   En seguida, el juez no puede menos que desechar la tesis del envenenamiento, pues el mismo debería haber tenido lugar en el propio hogar del paciente, que fue donde comenzó a sentirse tan mal. Y tampoco puede probar una conspiración oficial para matarlo, porque "lamentablemente" no halló ningún indicio.

   Lo que sí resultó lamentable fue que el ministro pasara por alto los cruciales testimonios de los doctores Juan Pablo Beca (yerno de Frei) y Eduardo Weisnstein, presentes en la reoperación de urgencia. Los recibió recién después de 16 años de investigación y, pese a ser decisivos, estando ambos médicos contestes en que la condición del intestino necrosado del paciente al reingresar a la clínica y no ser inmediatamente operado era irreversible y su muerte inminente, no los consideró.

   No tengo fe alguna en los tribunales superiores, que conocerán de apelaciones y casaciones de las partes, pues he visto cómo han burlado la ley y la Constitución en sus fallos en otras causas de connotación política, como las seguidas contra los Presos Políticos Militares. Esos tribunales van a conocer de los recursos durante la siguiente década. Desconfío de ellos, porque los he visto cambiar de jurisprudencia, contravenir el tenor literal de leyes expresas y vigentes y pasar por sobre normas básicas del debido proceso, como el principio de legalidad, la cosa juzgada, la irretroactividad de la ley penal, el principio pro-reo y la presunción de inocencia. Y, sobre todo, los he visto burlarse de la verdad de los hechos, estableciendo presunciones arbitrarias y hasta confesando basarse en “ficciones jurídicas”.

Lo único cierto es que transcurrirán una o más décadas en que otra generación de chilenos vivirá este juicio “por los diarios”, en un ambiente informativo nacional como el vivido ya por 29 años, en el cual han prevalecido dos lemas: “mentid, mentid, que algo queda” (Voltaire) y “una mentira mil veces repetida pasa a ser verdad” (Goebbels).