CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE

He sido autorizado para reproducir la siguiente carta, que se explica por sí misma:

HOMBRES QUE SALIERON A DEFENDER LA PATRIA

Señor Presidente de la República, don José Antonio Kast Rist:

Estos hombres juraron entregar la vida si la patria la reclamaba, y

no fue palabra hueca: cuando el país, al borde del abismo, los convocó

—eran los días en que las mujeres alzaban pañuelos blancos pidiendo

orden—, vistieron el uniforme y salieron a honrar, ante la bandera, la

palabra empeñada, exponiendo junto con la existencia propia la suerte

de sus familias. Y terminada su misión, en vez de retener el poder

prefirieron devolverlo, restituyendo la democracia bajo la cual hoy

gobierna V.E. y escribe esta abogada. Así retribuye la patria semejante

lealtad: esa generación languidece, olvidada, en los pabellones más

antiguos de nuestras cárceles, donde la República niega a sus servidores

hasta una muerte digna.

No vengo a discutir condenas: vengo a cobrar una deuda. Quienes

fueron escudo de la Nación pasaron a recibir trato de enemigos, y al

enemigo no se cuida: se deja morir despacio. Sobre el castigo dictado

por un juez cayó otro que nadie suscribió: la agonía sin auxilio, lejos de

la familia, como si la tierra defendida cobrara ahora la cuenta de su

propia defensa.

Las sentencias, además, provinieron de un procedimiento que

Chile enterró por indigno: inquisitivo, escrito y secreto, donde un

mismo juez investigaba, acusaba y fallaba, con un sumario oculto hasta

para la defensa. La reforma procesal vino a proscribirlo; estos ancianos

son los únicos a quienes el rito abolido todavía alcanza. No pido revisar

nada: dejo constancia. Juzgar sin garantías y abandonar al moribundo

no se archiva con los expedientes: permanece como una mancha

indeleble en la justicia chilena.

Esto tiene nombre, y lo vengo escribiendo hace años:

geriatricidio carcelario. La muerte anticipada de los presos más

ancianos, ejecutada sin un solo golpe: basta negar el auxilio que el

propio encierro vuelve imposible de procurar. Recluir a un hombre es

privar de libertad, no presenciar una agonía sin médico. Una pena que

excede lo fijado por el juez ya no es justicia: es venganza con toga.

Y no hablo en abstracto. En el recinto que concentra a los reclusos

más ancianos del país se hacina casi el doble de los internos previstos,

sin un médico de planta que acuda cuando un cuerpo de noventa años se

apaga de madrugada. La Corte Suprema ordenó corregir esas

condiciones; la orden sigue incumplida, y la población del pabellón ha

ido disminuyendo por la única puerta que allí se abre sin permiso: la de

la muerte. Octogenarios en su mayoría, algunos ya nonagenarios,

agonizan entre esas rejas, aquejados de un cáncer terminal que ninguna

enfermería carcelaria podría tratar. Ya no pueden seguir esperando.

La salida no es el perdón, sino la pena cumplida en el domicilio. El

enfermo grave permanece preso, condenado y purgando: apenas muda

los muros del penal por los del hogar, la soledad del pabellón por la

familia y un médico cercano. No se remite una hora. Se ahorra el

suplicio. Eso es todo.

Y conviene decirlo sin pudor: además de humano, es buen

gobierno. Un sistema penitenciario desbordado gasta en custodiar

moribundos las camas, el personal y las ambulancias que el resto de la

población penal reclama a gritos, sin provecho para la seguridad del

país. La conciencia y la razón de Estado, por una vez, apuntan al mismo

norte.

El derecho no permite esta salida: la ordena. Quien encierra

responde por la vida del encerrado —posición de garante, en la voz de la

doctrina—, y ese deber de cuidado, por mandato del artículo 24 de la

Constitución, culmina en el despacho presidencial. No pido a V.E.

dictar reclusiones domiciliarias: esa palabra pertenece a los tribunales.

Pero los caminos para que ningún interno siga expirando en el abandono

abundan en manos del Ejecutivo, y no los enumero: quien gobierna los

conoce mejor que esta abogada. Los tratados suscritos por Chile

mandan preferir, para el recluso enfermo, formas de cumplimiento

compatibles con la dignidad humana. Las vías existen. Falta la

voluntad.

Si nada ha ocurrido, no es por ausencia de norma, sino por una

indiferencia vuelta costumbre: la de suponer que ciertas vidas, por el

pasado que cargan, ya no merecen cuidado. Hay una crueldad peor que

la del enemigo: la de la Nación que abandona a sus defensores. Chile

rindió siempre honores a sus caídos; a los sobrevivientes de aquella

generación hoy los deja extinguirse tras las rejas, sin más himno que el

silencio. Un soldado sabe morir de pie; ninguno merece pudrirse en una

celda mientras la tierra por la cual iba a caer mira hacia otro lado. La

dignidad ni se gana con la hoja de servicios ni se pierde con la condena:

dura lo que dura el hombre.

Hablo sin rodeos, señor Presidente. La responsabilidad reside en

su investidura, y cada semana de silencio no es un trámite: es una

decisión. Gobernar no es administrar la demora, sino firmar cuando el

deber lo exige, aunque vociferen los que jamás han cuidado a nadie.

Suya fue, alguna vez, la máxima de que nadie merece morir en la cárcel;

esas palabras siguen aguardando dueño. La historia no preguntará por

informes ni cálculos: preguntará cuántos perecieron mientras la firma

esperaba.

No invoco clemencia: exijo el pago de una deuda de la República.

Que los ancianos gravemente enfermos y los desahuciados que se

consumen tras los muros concluyan la pena en el hogar, atendidos,

como el derecho ya autoriza. Chile no puede exigir juramentos de

sangre a sus hijos y negarles después el lecho de la última hora.

A quienes acudieron al llamado de la patria y devolvieron el poder

en lugar de retenerlo, la República adeuda, cuando menos, un final sin

olvido ni celda, al amparo de la bandera que juraron. Sobrellevar la

condena toca a quien la recibe; impedir que se vuelva pena de muerte

encubierta, al Estado que la dictó. Lo primero ya ocurre. Lo segundo

aguarda una firma. Ellos ya no tienen tiempo; la pluma, señor

Presidente, sigue sobre su escritorio.

Carla Fernández Montero

Abogada