Muchos escriben en estos días preguntándose "¿qué le pasa a Chile?". "Nada grave", respondería yo. A Chile no le pasa nada que no le haya sucedido antes, pero antes no estaba tan bien protegido como ahora, gracias a que rige todavía lo esencial de la Constitución de Augusto Pinochet y Jaime Guzmán. El primero fue un intuitivo genial y el segundo un escéptico de la sabiduría de las masas. Por eso, entre ambos, instituyeron la "democracia protegida" que tenemos, cuya principal virtud es que la mayoría no puede hacer cualquier cosa, porque para eso se necesita juntar 2/3, 3/5 o 4/7. En otras palabras, es necesario el concurso de los chilenos más responsables y serios, es decir, de la minoría. Ésta siempre es más confiable que la mayoría.
Es verdad, tenemos un mal Presidente, demagogo y populista. Y después de él corremos el riesgo de caer bajo la Bachelet, que en teoría es peor, pero sólo en teoría, porque por lo menos durante su gobierno no subió el impuesto a las empresas, como su sucesor, que ya lo ha hecho dos veces; y ella también, creo, es más partidaria que él de la "economía de libre mercado", como se lo dijo textualmente a varios directivos de la Fundación Pinochet en la casa que tiene uno de éstos, Alberto Kassis, en el lago Caburgua, en el verano de 2008, según me contó Marcelo Zalaquett (Q.E.P.D.). (Y no me dijo que fuera "off the record").
Pero, por lo menos, el gabinete es mejor que el Presidente. Tuvo un excelente ministro, Juan Andrés Fontaine, con un no menos excelente subsecretario, Tomás Flores, que impulsaron la Agenda de Impulso Competitivo, iniciativa cuyos proyectos duermen el sueño de los justos, porque el Presidente es populista y concentra sus esfuerzos en prohibir proyectos necesarios, como Barrancones, o en reformas como la tributaria, pedida por los comunistas, y no en las propias de un ideario de derecha, como la de mejorar la competitividad. Le pidió la renuncia a Fontaine por pura politiquería, para llevar parlamentarios al gabinete, lo que constituye un atropello al sistema constitucional que nos rige y al sentido común. Pero la Agenda de Impulso Competitivo quedó ahí y alguna vez, con otro Presidente, podría ser realidad.
Y también hay otros buenos ministros haciendo buenas cosas. Por ejemplo, en Bienes Nacionales están licitando varias de las 17 mil propiedades raíces que tiene el más rico de todos los chilenos, el Estado. Esperan recolectar pronto unos US$238 millones de dólares por ese concepto. Por lo menos servirá pagar pagar durante un año las indemnizaciones y beneficios a la guerrilla extremista y sus familiares, para compensarlos por el "delito" cometido por Pinochet de haber derrotado al terrorismo por las armas y no haberle permitido establecer a perpetuidad un régimen totalitario.
Mientras buenos ministros, subsecretarios y jefes de servicios o entes estatales (CORFO) privatizan y eliminan "grasa", el Presidente sube impuestos y junta "grasa" anunciando un aumento del gasto público superior al del PIB. ¡Qué le vamos a hacer!
Mientras tanto, hay problemas que se arreglan solos, como ha sido el de Escalona, milagrosamente convertido en un republicano razonable, como que toma distancia de la "asamblea constituyente" y del PC. Para agentes corrosivos del sistema basta con Girardi, Teillier y la Vallejo. Escalona es lo más próximo a Bachelet que hay en el sistema, y como las encuestas indican que la recepción de la banda presidencial será para ella un mero trámite, el panorama es tranquilizador también por ese lado.
Y por el de acá la alternativa de Golborne --que encabeza las encuestas en su sector-- aparece, también, como muy superior a lo que tenemos y a cualquier otro de los aspirantes del mismo lado, en cuanto a seriedad y capacidad.
De manera que el "panorama-país", para emplear un lugar común de actualidad, no es alarmante. La revolución comunista en curso tiene pocas posibilidades de triunfar, aunque haya una gran falta de autoridad en el Gobierno, cuyo lema debería ser "por la razón o la debilidad", porque cualquiera lo pasa a llevar. Pero ya le queda poco más de un año, y eso no es nada habiendo tres elecciones de por medio, ya que en períodos como éste nadie en el país piensa en otra cosa. Hasta los revolucionarios dejan las armas y se dedican a hacer campaña. Incluso la "cuota de rupturismo" que anhela el senador socialista Letelier, quien con los años parece haber perdido los visos de formación civilizada que le dio su educación norteamericana, va a quedar para una siguiente etapa.
Hasta contra la prevaricación de los jueces de izquierda ha surgido un antídoto, el "Plan Ahora", consistente en anular el voto para concejales, que impulsa la "familia militar". Supongo que Piñera habrá oído las pifias de ésta durante la Parada Militar, mientras él alzaba el brazo haciendo como que recibía aplausos (Lagos instituyó ese truco). Si no hay respuesta, el Plan Ahora podría afectar después a candidatos a diputados y senadores.
De modo que el país puede estar tranquilo. Como decía un distinguido caballero boliviano que conocí en mi juventud, y que recitaba obviedades con particular elegancia: "todo pudo ser mejor, pero también todo pudo ser peor".
viernes, 21 de septiembre de 2012
miércoles, 19 de septiembre de 2012
Tradiciones y Traiciones Chilenas
En un rato más los altos jefes uniformados van a estar saludándose (y a veces abrazándose) con autoridades que se han olvidado por completo de las promesas de legalidad que hicieron a los presos y procesados políticos uniformados; y con los senadores socialistas que, en complicidad con la justicia de izquierda, condenaron a legiones de "caídos tras las líneas enemigas" y "batallones olvidados" a sufrir la más injusta, arbitraria e ilegal privación de libertad de que tenga registro nuestra historia judicial.
Hace pocos años el historiador Gonzalo Vial escribió lo siguiente ("La Segunda", 19.02.08): "Los años 2003 y 2004 se despacharon leyes de origen concertacionista que permitieron la libertad de numerosos condenados por terrorismo, los cuales habían cumplido diez años de cárcel a raíz de crímenes cometidos en democracia. Justificación: cooperar a la 'paz social'. La Iglesia Católica dio a esta iniciativa un fuerte apoyo. Fue ley gracias a la Alianza.
"Al mismo tiempo, senadores aliancistas y concertacionistas planteaban un proyecto con igual rebaja de pena y la misma exigencia de haber completado diez aaños de prisión efectiva, para los autores de delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.El año pasado la Cámara Alta rechazó la iniciativa. La 'paz social' ya no importaba. La Iglesia no se interesó".
Ayer habló largamente el arzobispo de Santiago de toda clase de cosas, como el lucro, la desigualdad y "la dictadura". ¿Dijo algo acerca del mayor escándalo moral de nuestro tiempo, como lo es el desconocimiento completo de la legalidad en los juicios a uniformados? Nada. No es tema para él, siempre "políticamente correcto".
Hoy en "El Mercurio" viene una larga carta del empresario Fabio Valdés. Está preocupado por el desconocimiento de las leyes por parte de los tribunales, tratándose de iniciativas de producción empresariales o en temas relacionados con la seguridad pública amenazada por los delincuentes que circulan por la "puerta giratoria". ¿Y respecto de los presos políticos uniformados? Ni una sola letra. Pero veamos lo que el mismo historiador, Gonzalo Vial, decía al respecto ("La Segunda", 31.01.06): "El debido proceso y los juicios de derechos humanos: desgraciadamente en muchas de las causas señaladas: a) No se está observando la norma fundamental que rige el derecho penal, el debido proceso; y b) La Corte Suprema, la única que puede enmendar una situación semejante, no lo ha hecho. La mayoría de estos juicios se prolonga larga e indefinidamente, sin visos de término. Uno célebre, el de la llamada 'caravana de la muerte', pronto llevará ocho años sin finiquitarse". (Ahora ya van quince).
"Sé que parte de lo que está suceediendo es culpa de nuestros jueces, y en especial de la Corte Suprema. Su indolencia ha permitido que procesos de esta clase, que duran larguísimo tiempo, no lleven visos de terminar... por otra parte, la 'siesta suprema' es causa de que existan jurisprudencias contradictorias --incluso en la misma sala del máximo tribunal y de un día para otro-- en muchas materias claves para los juicios de derechos humanos, por ejemplo sobre prescripción, amnistía de 1978, etc" ("La Segunda", 19.02.08).
Después de que Vial escribiera eso han sucedido cosas peores: en el afán de acelerar juicios se ha dictado toda suerte de sentencias condenatorias arbitrarias e ilegales como no había habido otras antes. El ministro sumariante Solís, por ejemplo, se ha dado el lujo de imponer medio siglo de condenas contra el brigadier (r) Krasnoff sin haberlo interrogado jamás, siendo la declaración indagatoria un trámite esencial del proceso penal. Es que ya a los jueces de izquierda, literalmente, no les importa nada. Se sabe que la prevaricación en Chile queda garantizadamente impune.
En aras de las tradiciones chilenas hoy todos se abrazan: encubridores del terrorismo con sus pretéritas presuntas víctimas, que no lo fueron gracias a los "batallones olvidados, caídos tras las líneas enemigas"; uniformados que cosecharon la medalla "Misión Cumplida" en 1990, pero que no han cumplido su misión de rescatar a sus caídos tras las líneas enemigas, con el Presidente que mantiene también incumplida su promesa de legalidad para los uniformados (r) y, peor aún, que se ha convertido en su peor cuchillo, solicitando (a través de su Ministerio del Interior) que se eleven condenas, ya írritas, en contra de ellos.
Todo esto es constitutivo de una gigantesca inmoralidad. Contra ésta sólo queda una herramienta: el Plan Ahora. Todo chileno o chilena bien nacidos tienen la obligación moral de anular o dejar en blanco sus votos para concejales el próximo 28 de octubre. Los demás recursos han fallado. No queda otro. Quienes no lo ejerzan, hay que decirlo con todas sus letras, se habrán sumado a la traición.
Hace pocos años el historiador Gonzalo Vial escribió lo siguiente ("La Segunda", 19.02.08): "Los años 2003 y 2004 se despacharon leyes de origen concertacionista que permitieron la libertad de numerosos condenados por terrorismo, los cuales habían cumplido diez años de cárcel a raíz de crímenes cometidos en democracia. Justificación: cooperar a la 'paz social'. La Iglesia Católica dio a esta iniciativa un fuerte apoyo. Fue ley gracias a la Alianza.
"Al mismo tiempo, senadores aliancistas y concertacionistas planteaban un proyecto con igual rebaja de pena y la misma exigencia de haber completado diez aaños de prisión efectiva, para los autores de delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.El año pasado la Cámara Alta rechazó la iniciativa. La 'paz social' ya no importaba. La Iglesia no se interesó".
Ayer habló largamente el arzobispo de Santiago de toda clase de cosas, como el lucro, la desigualdad y "la dictadura". ¿Dijo algo acerca del mayor escándalo moral de nuestro tiempo, como lo es el desconocimiento completo de la legalidad en los juicios a uniformados? Nada. No es tema para él, siempre "políticamente correcto".
Hoy en "El Mercurio" viene una larga carta del empresario Fabio Valdés. Está preocupado por el desconocimiento de las leyes por parte de los tribunales, tratándose de iniciativas de producción empresariales o en temas relacionados con la seguridad pública amenazada por los delincuentes que circulan por la "puerta giratoria". ¿Y respecto de los presos políticos uniformados? Ni una sola letra. Pero veamos lo que el mismo historiador, Gonzalo Vial, decía al respecto ("La Segunda", 31.01.06): "El debido proceso y los juicios de derechos humanos: desgraciadamente en muchas de las causas señaladas: a) No se está observando la norma fundamental que rige el derecho penal, el debido proceso; y b) La Corte Suprema, la única que puede enmendar una situación semejante, no lo ha hecho. La mayoría de estos juicios se prolonga larga e indefinidamente, sin visos de término. Uno célebre, el de la llamada 'caravana de la muerte', pronto llevará ocho años sin finiquitarse". (Ahora ya van quince).
"Sé que parte de lo que está suceediendo es culpa de nuestros jueces, y en especial de la Corte Suprema. Su indolencia ha permitido que procesos de esta clase, que duran larguísimo tiempo, no lleven visos de terminar... por otra parte, la 'siesta suprema' es causa de que existan jurisprudencias contradictorias --incluso en la misma sala del máximo tribunal y de un día para otro-- en muchas materias claves para los juicios de derechos humanos, por ejemplo sobre prescripción, amnistía de 1978, etc" ("La Segunda", 19.02.08).
Después de que Vial escribiera eso han sucedido cosas peores: en el afán de acelerar juicios se ha dictado toda suerte de sentencias condenatorias arbitrarias e ilegales como no había habido otras antes. El ministro sumariante Solís, por ejemplo, se ha dado el lujo de imponer medio siglo de condenas contra el brigadier (r) Krasnoff sin haberlo interrogado jamás, siendo la declaración indagatoria un trámite esencial del proceso penal. Es que ya a los jueces de izquierda, literalmente, no les importa nada. Se sabe que la prevaricación en Chile queda garantizadamente impune.
En aras de las tradiciones chilenas hoy todos se abrazan: encubridores del terrorismo con sus pretéritas presuntas víctimas, que no lo fueron gracias a los "batallones olvidados, caídos tras las líneas enemigas"; uniformados que cosecharon la medalla "Misión Cumplida" en 1990, pero que no han cumplido su misión de rescatar a sus caídos tras las líneas enemigas, con el Presidente que mantiene también incumplida su promesa de legalidad para los uniformados (r) y, peor aún, que se ha convertido en su peor cuchillo, solicitando (a través de su Ministerio del Interior) que se eleven condenas, ya írritas, en contra de ellos.
Todo esto es constitutivo de una gigantesca inmoralidad. Contra ésta sólo queda una herramienta: el Plan Ahora. Todo chileno o chilena bien nacidos tienen la obligación moral de anular o dejar en blanco sus votos para concejales el próximo 28 de octubre. Los demás recursos han fallado. No queda otro. Quienes no lo ejerzan, hay que decirlo con todas sus letras, se habrán sumado a la traición.
martes, 18 de septiembre de 2012
Tierra de Diminutivos y Pataches
Al gran disgusto que me produjo oír por varios días a todo el mundo referirse al gran Sapo Livingstone como "Sapito", se sumó el de ver hoy en la primera página de "El Mercurio" a un individuo supuestamente representativo de lo autóctono, llamado Dióscoro Rojas, anunciar que quiere "celebrar a nuestro Chilecito" y teñir "de colores nuestras banderitas". Chile es más grande que Inglaterra, pero a ningún inglés se le ocurriría hablar de "Inglaterrita". Chile es un gran país, pese a los chilenos. Acá todos tratan de empequeñecerlo. Piñera días atrás fue a Vladivostck a decir, tal como sus antecesores, que somos "un pequeño país". ¿Qué tiene que estar diciendo eso, cuando somos una gran nación tricontinental (América, Oceanía y Antártica) y trioceánica (Pacífico, Atlántico y Glacial Antártico)?
Pero donde ningún chileno se achica es en el beber y en el comer, en estos días. Ya no se puede ver el noticiero, porque sólo está dedicado a un desfile de cabezas de cerdo, asados, patacones de mariscos y otras estrategias para liquidar conjuntamente el estómago, el colon, el hígado y el páncreas. Tengo un cuidador que ayer se jactó de haberse comido seis empanadas para el desayuno y, generosamente, me trajo diez de regalo, que en mi casa van a durar hasta el final de los feriados irrenunciables.
Las postas se llenan de gente enferma por excesos en la comida y la bebida y los "pacientes" (porque deben esperar con mucha paciencia) que las repletan se quejan de la mala atención de salud. En realidad, la culpa es de la propia gente, porque se ha dedicado a una orgía alcohólica y culinaria, junto con dejar de trabajar, que sería lo más sano que podrían hacer en homenaje al país. Y lo peor es que la ley lo manda, pues ordena que estos días sean de ocio "irrenunciable", para dedicarlo por entero a una ingesta excesiva y malsana.
Tanto así que a quienes pillan produciendo algo, en lugar de ingiriendo de todo, las autoridaes del trabajo los sancionan severamente. Los pocos que insisten en producir en vez de consumir tienen que andar buscando personas de su mismo apellido para simular que son un "negocio familiar" y, por tanto, exento de cumplir con el sagrado deber de no hacer nada salvo beber y comer en exceso. ¿Éste es "el Chile que queremos"? ¿Ésta es la "nueva forma de gobernar"? ¿Así vamos a "eliminar la pobreza" y "alcanzar el desarrollo"?
Yo pienso que no. Y lo peor es que todavía no se oye a ningún candidato o candidata a gobernar el país decirle claramente a éste que así no.
Pero donde ningún chileno se achica es en el beber y en el comer, en estos días. Ya no se puede ver el noticiero, porque sólo está dedicado a un desfile de cabezas de cerdo, asados, patacones de mariscos y otras estrategias para liquidar conjuntamente el estómago, el colon, el hígado y el páncreas. Tengo un cuidador que ayer se jactó de haberse comido seis empanadas para el desayuno y, generosamente, me trajo diez de regalo, que en mi casa van a durar hasta el final de los feriados irrenunciables.
Las postas se llenan de gente enferma por excesos en la comida y la bebida y los "pacientes" (porque deben esperar con mucha paciencia) que las repletan se quejan de la mala atención de salud. En realidad, la culpa es de la propia gente, porque se ha dedicado a una orgía alcohólica y culinaria, junto con dejar de trabajar, que sería lo más sano que podrían hacer en homenaje al país. Y lo peor es que la ley lo manda, pues ordena que estos días sean de ocio "irrenunciable", para dedicarlo por entero a una ingesta excesiva y malsana.
Tanto así que a quienes pillan produciendo algo, en lugar de ingiriendo de todo, las autoridaes del trabajo los sancionan severamente. Los pocos que insisten en producir en vez de consumir tienen que andar buscando personas de su mismo apellido para simular que son un "negocio familiar" y, por tanto, exento de cumplir con el sagrado deber de no hacer nada salvo beber y comer en exceso. ¿Éste es "el Chile que queremos"? ¿Ésta es la "nueva forma de gobernar"? ¿Así vamos a "eliminar la pobreza" y "alcanzar el desarrollo"?
Yo pienso que no. Y lo peor es que todavía no se oye a ningún candidato o candidata a gobernar el país decirle claramente a éste que así no.
domingo, 16 de septiembre de 2012
La Corte Suprema y "El Rata"
Hoy los columnistas de los diarios se concentran en dos temas: la crítica del Gobierno a la Corte Suprema y el asesinato de un carabinero por parte de "El Rata".
Los dos temas tienen mucho que ver entre sí, porque el Gobierno ha criticado a la Corte por un fallo que ha desconocido el derecho, y "El Rata" ha actuado contra un carabinero emulando a la judicatura, es decir, contrariando las leyes, pues ésta ha mandado a presidio a muchos uniformados pasando por sobre la Constitución y las leyes. "El Rata" ha aplicado la pena mayor, no el presidio, como lo hacen los jueces. Distintos grados de penalidad, pero la misma ilicitud. Es el camino que se traza en los países donde se quebranta el Estado de Derecho y donde las leyes son desconocidas, transgredidas o by-passeadas. Cuando comienzan a hacerlo los propios tribunales, todos se sienten con derecho a hacer lo mismo.
Hace más de veintiún años el Presidente Aylwin mandó una carta inconstitucioanal a la Corte Suprema, avocándose causas pendientes contra uniformados (r) e impetrando del Poder Judicial que no aplicara la Ley de Amnistía como debía hacerlo, de inmediato, sino sólo en la sentencia definitiva. Pero al incurrir en esa inconstitucionalidad Aylwin dejó establecido algo muy importante: que la Ley de Amnistía estaba vigente y debía respetarse. Pues en su carta lo dice, si bien conminaba a los tribunales a transgredir otras leyes, como el art. 107 del Código de Procedimiento Penal, que ordena poner inmediato término al juicio cuando hay amnistía. Pero no decía que ésta no debía aplicarse. Al contrario, expresaba: "...la amnistía vigente, que el Gobierno respeta, no debe ni puede ser obstáculo para que se realice la investigación judicial..."
Entonces, la amnistía estaba vigente en 1991 y el Gobierno la respetaba. Y eso vale también para hoy. ¿Y qué significa? Que ella debía y debe prevalecer por sobre todos los argumentos discurridos por los jueces para no aplicarla.
Pues pese a la claridad con que Aylwin ratificó la vigencia de la amnistía, vinieron después los jueces politizados, como Alejandro Solís et al, que formaron mayoría y pasaron por sobre aquella. Y no sólo eso, pasaron también por sobre la prescripción, la cosa juzgada, la presunción de inocencia, las leyes reguladoras de la prueba, la verdad de los hechos, el principio "in dubio pro reo", la irretroactividad de la ley penal y el principio "nullum crimen, nulla poena sine lege previae scripta".
La Corte Suprema misma extremó las cosas cuando, acogiendo una presentación del Ministerio del Interior del actual V Gobierno de la Concertación, aumentó las penas a cinco uniformados que habían sido condenados a presidio remitido (es decir, el que se cumple en libertad) y los condenó a cinco años y un día de presidio efectivo, por hechos de hace casi cuarenta años. Es decir, la judicatura no sólo acogió la presión inconstitucinal de Aylwin, sino que replicó: "Su ilegalidad y ocho más".
Bueno ¿y qué ha hecho "El Rata"? Lo mismo que los jueces, pero agravado: pasar por sobre todas las leyes para aplicar una pena a un carabinero que legalmente no la merecía. La única diferencia entre él y la Corte Suprema estuvo en el grado de la pena. La de muerte, inexistente hoy en nuestro ordenamiento jurídico, pero no más inexistente que los "secuestros permanentes", "inveracidad" a que han recurrido numerosos jueces y que ha cohonestado reiteradamente el máximo tribunal.
Todos saben dónde comienzan las transgresiones al Estado de Derecho. Lo que nadie sabe es cuándo y dónde terminan.
Vale la pena tener en cuenta que la judicatura es, según las encuestas, la tercera institución peor evaluada por la opinión pública nacional, apenas sobre los partidos políticos y el Congreso, que son lo último; y que Carabineros es la entidad mejor evaluada de todas.
Como para tenerlo presente.
Los dos temas tienen mucho que ver entre sí, porque el Gobierno ha criticado a la Corte por un fallo que ha desconocido el derecho, y "El Rata" ha actuado contra un carabinero emulando a la judicatura, es decir, contrariando las leyes, pues ésta ha mandado a presidio a muchos uniformados pasando por sobre la Constitución y las leyes. "El Rata" ha aplicado la pena mayor, no el presidio, como lo hacen los jueces. Distintos grados de penalidad, pero la misma ilicitud. Es el camino que se traza en los países donde se quebranta el Estado de Derecho y donde las leyes son desconocidas, transgredidas o by-passeadas. Cuando comienzan a hacerlo los propios tribunales, todos se sienten con derecho a hacer lo mismo.
Hace más de veintiún años el Presidente Aylwin mandó una carta inconstitucioanal a la Corte Suprema, avocándose causas pendientes contra uniformados (r) e impetrando del Poder Judicial que no aplicara la Ley de Amnistía como debía hacerlo, de inmediato, sino sólo en la sentencia definitiva. Pero al incurrir en esa inconstitucionalidad Aylwin dejó establecido algo muy importante: que la Ley de Amnistía estaba vigente y debía respetarse. Pues en su carta lo dice, si bien conminaba a los tribunales a transgredir otras leyes, como el art. 107 del Código de Procedimiento Penal, que ordena poner inmediato término al juicio cuando hay amnistía. Pero no decía que ésta no debía aplicarse. Al contrario, expresaba: "...la amnistía vigente, que el Gobierno respeta, no debe ni puede ser obstáculo para que se realice la investigación judicial..."
Entonces, la amnistía estaba vigente en 1991 y el Gobierno la respetaba. Y eso vale también para hoy. ¿Y qué significa? Que ella debía y debe prevalecer por sobre todos los argumentos discurridos por los jueces para no aplicarla.
Pues pese a la claridad con que Aylwin ratificó la vigencia de la amnistía, vinieron después los jueces politizados, como Alejandro Solís et al, que formaron mayoría y pasaron por sobre aquella. Y no sólo eso, pasaron también por sobre la prescripción, la cosa juzgada, la presunción de inocencia, las leyes reguladoras de la prueba, la verdad de los hechos, el principio "in dubio pro reo", la irretroactividad de la ley penal y el principio "nullum crimen, nulla poena sine lege previae scripta".
La Corte Suprema misma extremó las cosas cuando, acogiendo una presentación del Ministerio del Interior del actual V Gobierno de la Concertación, aumentó las penas a cinco uniformados que habían sido condenados a presidio remitido (es decir, el que se cumple en libertad) y los condenó a cinco años y un día de presidio efectivo, por hechos de hace casi cuarenta años. Es decir, la judicatura no sólo acogió la presión inconstitucinal de Aylwin, sino que replicó: "Su ilegalidad y ocho más".
Bueno ¿y qué ha hecho "El Rata"? Lo mismo que los jueces, pero agravado: pasar por sobre todas las leyes para aplicar una pena a un carabinero que legalmente no la merecía. La única diferencia entre él y la Corte Suprema estuvo en el grado de la pena. La de muerte, inexistente hoy en nuestro ordenamiento jurídico, pero no más inexistente que los "secuestros permanentes", "inveracidad" a que han recurrido numerosos jueces y que ha cohonestado reiteradamente el máximo tribunal.
Todos saben dónde comienzan las transgresiones al Estado de Derecho. Lo que nadie sabe es cuándo y dónde terminan.
Vale la pena tener en cuenta que la judicatura es, según las encuestas, la tercera institución peor evaluada por la opinión pública nacional, apenas sobre los partidos políticos y el Congreso, que son lo último; y que Carabineros es la entidad mejor evaluada de todas.
Como para tenerlo presente.
viernes, 14 de septiembre de 2012
"Es Que Yo No Era Militar..."
La izquierda está enredada con su proyecto de acusación constitucional contra la ministra del Medio Ambiente, pero no por la inconsecuencia que esa acusación envuelve, sino porque no tiene los votos. Y no los tiene porque sus habituales compañeros de ruta probablemente sienten algo que la izquierda jamás ha experimentado: vergüenza.
¿Cómo pretenden los que llegaron al poder con Patricio Aylwin, que una de las primeras cosas que hizo fue avocarse causas judiciales pendientes e influir en el sentido de las resoluciones de los tribunales, en su carta-úkase a la Corte Suprema de 4 de marzo de 1991, demandando que la amnistía no fuera aplicada sino hasta la sentencia definitiva (lo cual era, además, ilegal, porque el código ordena poner término al juicio cuando hay causal de extinción de responsabilidad, como lo es la amnistía)? La izquierda aplaudió la inconstitucionalidad de Aylwin, pero ahora quiere castigar como inconstitucional un mero comentario de una ministra, comentario que, por lo demás, se ajusta a la legalidad y no pretende apartar a los jueces de ella, como la carta de Aylwin.
¿Con qué autoridad la izquierda, que destituyó a un ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, en razón del contenido de sus fallos, creando una amenaza de facto contra los magistrados que aplicaran la amnistía, pretende erigirse ahora en defensora de la autonomía e independencia de los jueces?
Lo que estamos viviendo en Chile es una dictadura judicial de izquierda. La dictadura judicial, decía Tocqueville, es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio.
Creo que Bertolt Brecht o Günter Grass decía: "cuando se llevaron a los comunistas, no me importó, porque yo no era comunista; cuando se llevaron a los católicos, tampoco me importó, porque yo no era católico; cuando se llevaron a los judíos, de igual manera no me importó, porque yo no era judío; pero ahora que me llevan a mí, ya no tengo a nadie que me defienda".
Cuando la justicia de izquierda atropelló todos los derechos de los militares, pasando por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, las leyes regulatorias de la prueba, la prescripción, la amnistía, la cosa juzgada y hasta el sentido común (secuestro permanente), a casi todo el resto de los chilenos no les importó, porque no eran militares. Bueno, ahora la justicia de izquierda ha convertido el ecologismo en uno de sus nuevos caballos de batalla, dado que la doctrina socialista económica ya no funciona y es impresentable, de manera que hace su aporte a la causa revolucionaria dejando al país sin suficiente electricidad o encareciéndola, para que la economía crezca menos, los consumidores paguen más y cunda el descontento social propicio al levantamiento.
Chilenas y chilenos: tal vez próximamente, a oscuras y ccn menos crecimiento, en un día no lejano ustedes lleguen a preguntarse por qué no hicieron algo por los militares víctimas de la dictadura judicial, pero será tarde, porque ésta ahora los está haciendo víctimas a ustedes.
¿Cómo pretenden los que llegaron al poder con Patricio Aylwin, que una de las primeras cosas que hizo fue avocarse causas judiciales pendientes e influir en el sentido de las resoluciones de los tribunales, en su carta-úkase a la Corte Suprema de 4 de marzo de 1991, demandando que la amnistía no fuera aplicada sino hasta la sentencia definitiva (lo cual era, además, ilegal, porque el código ordena poner término al juicio cuando hay causal de extinción de responsabilidad, como lo es la amnistía)? La izquierda aplaudió la inconstitucionalidad de Aylwin, pero ahora quiere castigar como inconstitucional un mero comentario de una ministra, comentario que, por lo demás, se ajusta a la legalidad y no pretende apartar a los jueces de ella, como la carta de Aylwin.
¿Con qué autoridad la izquierda, que destituyó a un ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, en razón del contenido de sus fallos, creando una amenaza de facto contra los magistrados que aplicaran la amnistía, pretende erigirse ahora en defensora de la autonomía e independencia de los jueces?
Lo que estamos viviendo en Chile es una dictadura judicial de izquierda. La dictadura judicial, decía Tocqueville, es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio.
Creo que Bertolt Brecht o Günter Grass decía: "cuando se llevaron a los comunistas, no me importó, porque yo no era comunista; cuando se llevaron a los católicos, tampoco me importó, porque yo no era católico; cuando se llevaron a los judíos, de igual manera no me importó, porque yo no era judío; pero ahora que me llevan a mí, ya no tengo a nadie que me defienda".
Cuando la justicia de izquierda atropelló todos los derechos de los militares, pasando por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, las leyes regulatorias de la prueba, la prescripción, la amnistía, la cosa juzgada y hasta el sentido común (secuestro permanente), a casi todo el resto de los chilenos no les importó, porque no eran militares. Bueno, ahora la justicia de izquierda ha convertido el ecologismo en uno de sus nuevos caballos de batalla, dado que la doctrina socialista económica ya no funciona y es impresentable, de manera que hace su aporte a la causa revolucionaria dejando al país sin suficiente electricidad o encareciéndola, para que la economía crezca menos, los consumidores paguen más y cunda el descontento social propicio al levantamiento.
Chilenas y chilenos: tal vez próximamente, a oscuras y ccn menos crecimiento, en un día no lejano ustedes lleguen a preguntarse por qué no hicieron algo por los militares víctimas de la dictadura judicial, pero será tarde, porque ésta ahora los está haciendo víctimas a ustedes.
jueves, 13 de septiembre de 2012
Otro Triunfo de los Peores
Una enésima encuesta nacional de opinión, la de la Universidad Diego Portales, acaba de confirmar que la institución peor evaluada del país son los partidos políticos. Los antecede la segunda peor evaluada, el Congreso, siendo los Tribunales la tercera e inmediatamente sobre éstos el Gobierno, que a su turno tiene casi tres veces más rechazo que aprobación.
Pues bien, en un verdadero aquelarre de tres de esos "cuatro peores", pero a iniciativa de los peores de todos, los partidos, nuestros políticos se aprestan a darse un gran "gustazo": hacer elecciones primarias financiadas por el erario y a un costo de entre seis y ocho mil millones de pesos (suma que ponen usted, yo y los demás contribuyentes).
Esa plata serviría demás para sacar de la angustia, en este mismo momento, a Isla de Maipo, un pueblo que está inundado por lo que más abunda en Chile y que no es necesario precisar. Porque el terremoto de 2010 deterioró el sistema de alcantarillado. Los tres a cinco mil habitantes de Isla de Maipo no pueden siquiera darse una ducha, porque sus pozos sépticos se desbordan. ¿Y qué hace el gobierno en favor de ellos? Impulsa un proyecto de ley de primarias que va a costar más que un alcantarillado y no servirá absolutamente para nada útil. Porque, sépalo usted, esas primarias van a "aclarar" cosas como las siguientes: si Michelle Bachelet, con 47,5 % de votos según la última encuesta UDP, va a ganar a Marco Enríquez-Ominami, que tiene 4,1 % y viene bajando; y si Laurence Golborne, que tiene 7,4 por ciento de los votos, va a ganar a Andrés Allamand, que tiene 2,1 % (y al cual ya sobrepasó Franco Parisi, candidato independiente, que tiene 2,6 %).
Dicen que ese dispendio perfectamente inútil de seis a ocho mil millones de pesos va a "perfeccionar la democracia". ¿En qué la va a perfeccionar? Ahí está la trampita: lo que se proponen es DETERIORAR la democracia, que es la expresión de la mayoría. Pues se conciertan para conseguir, de alguna manera (y me puedo imaginar varias) que aparezca ganando el que tiene menos preferencias que el que tiene más. En el fondo, el "gustazo" lo que persigue es torcer la voluntad popular manifiesta en todas las encuestas, y hacerlo de una manera costosa e inútil.
Una verdadera burla de los peor evaluados por la gente a expensas de las necesidades de esa misma gente. Un carnaval propagandístico cuya fecha fijada es veinte semanas antes del otro carnaval propagandístico llamado "elección presidencial". Pero, por lo menos, este último es un mal necesario para consagrar formalmente a quien encabezará el próximo gobierno, mientras que el otro no sirve para nada, salvo para procurar oficialmente que el que tiene 4 % debe ser candidato en vez de la que tiene 47,5 %, o que el que tiene 2,1% debe serlo en vez del que tiene 7,4 %. Y a esa "trampa anunciada" la llaman "perfeccionamiento democrático".
Pues bien, en un verdadero aquelarre de tres de esos "cuatro peores", pero a iniciativa de los peores de todos, los partidos, nuestros políticos se aprestan a darse un gran "gustazo": hacer elecciones primarias financiadas por el erario y a un costo de entre seis y ocho mil millones de pesos (suma que ponen usted, yo y los demás contribuyentes).
Esa plata serviría demás para sacar de la angustia, en este mismo momento, a Isla de Maipo, un pueblo que está inundado por lo que más abunda en Chile y que no es necesario precisar. Porque el terremoto de 2010 deterioró el sistema de alcantarillado. Los tres a cinco mil habitantes de Isla de Maipo no pueden siquiera darse una ducha, porque sus pozos sépticos se desbordan. ¿Y qué hace el gobierno en favor de ellos? Impulsa un proyecto de ley de primarias que va a costar más que un alcantarillado y no servirá absolutamente para nada útil. Porque, sépalo usted, esas primarias van a "aclarar" cosas como las siguientes: si Michelle Bachelet, con 47,5 % de votos según la última encuesta UDP, va a ganar a Marco Enríquez-Ominami, que tiene 4,1 % y viene bajando; y si Laurence Golborne, que tiene 7,4 por ciento de los votos, va a ganar a Andrés Allamand, que tiene 2,1 % (y al cual ya sobrepasó Franco Parisi, candidato independiente, que tiene 2,6 %).
Dicen que ese dispendio perfectamente inútil de seis a ocho mil millones de pesos va a "perfeccionar la democracia". ¿En qué la va a perfeccionar? Ahí está la trampita: lo que se proponen es DETERIORAR la democracia, que es la expresión de la mayoría. Pues se conciertan para conseguir, de alguna manera (y me puedo imaginar varias) que aparezca ganando el que tiene menos preferencias que el que tiene más. En el fondo, el "gustazo" lo que persigue es torcer la voluntad popular manifiesta en todas las encuestas, y hacerlo de una manera costosa e inútil.
Una verdadera burla de los peor evaluados por la gente a expensas de las necesidades de esa misma gente. Un carnaval propagandístico cuya fecha fijada es veinte semanas antes del otro carnaval propagandístico llamado "elección presidencial". Pero, por lo menos, este último es un mal necesario para consagrar formalmente a quien encabezará el próximo gobierno, mientras que el otro no sirve para nada, salvo para procurar oficialmente que el que tiene 4 % debe ser candidato en vez de la que tiene 47,5 %, o que el que tiene 2,1% debe serlo en vez del que tiene 7,4 %. Y a esa "trampa anunciada" la llaman "perfeccionamiento democrático".
miércoles, 12 de septiembre de 2012
Los Benditos Chilenos
Como los chilenos, "con honrosas excepciones", como decía don Augusto, rara vez nos damos cuenta de las cosas, ayer dejamos pasar el 11 de septiembre con entera naturalidad. En los diarios de la fecha ¡NO DECÍA NADA! del aniversario, salvo las acostumbradas referencias a los desórdenes provocados por el comunismo y sus ad láteres, que iba a haber en la tarde, considerados ya como algo normal. ¡Ese día fue salvada la Patria y en su aniversario nadie dice nada!
El 11 de septiembre de 1973 fue una fecha trascendental no sólo para Chile, sino para el resto de la Humanidad, y todavía no nos damos cuenta. "Los militares han salvado a Chile", declaraba Eduardo Frei Montalva al ABC de Madrid. Se quedó corto. También al resto de la Humanidad.
Si el comunismo y sus ad láteres no manejaran la agenda informativa del país y del mundo, se habría destacado que ese 11 se produjo un hecho bastante inédito: un país caído en las garras del oso soviético se libró de él. Casi nadie lo había logrado antes. Pues no fue la primera vez, porque ya en Indonesia, Sukarno, que no era tan marxista-leninista como Allende, pero casi, había sido sacado por Suharto en medio de un torbellino de sangre. Acá, en cambio, fue quirúrgico. Hubo sólo 1.823 muertos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 (y de ésos, 301 los provocó la izquierda, los que el Informe Rettig catalogó como "víctimas de la violencia política", pues una de las misiones de ese Informe era no nombrar y así exculpar a la guerrilla marxista). Y entre los muertos de esos primeros meses hubo 82 uniformados. Mártires a quienes hoy nadie recuerda. En cambio lloran y loan a los extremistas caídos en la intentona de tomarse el poder por las armas. Y siguen metiendo presos a uniformados por habérselo impedido.
¿Recuerda algún chileno que Brezhnev, diciendo "¡Nunca permitiremos que haya otro Chile!", desató la más salvaje persecución contra el Gobierno Militar? Y decidieron fundarla en las "violaciones a los derechos humanos", nombre que le dieron y le dan a la defensa contra los 20 mil terroristas armados que tenían en el país para propinar el golpe comunista. Pero ¿qué pasó? Que Occidente les dijo a los soviéticos: "Está bien, pero comencemos por ver cómo respetan ustedes los derechos humanos". ¿Y saben, chilenos, qué sucedió? Que tras la Cortina de Hierro tuvieron que comenzar a respetar algunas libertades y por ahí se les vino abajo la represa, cayó el Muro de Berlín y se derrumbó la Cortina junto con la Unión Soviética, poniéndosele término a 70 años de esclavitud comunista. ¿Fue o no importante para el mundo el 11 de septiembre de 1973?
Y, en cuanto a Chile, el país atrasado, mediocre, aislado de los '60 y comienzos de los '70 quedó convertido en "la joya más preciada de la corona latinoamericana" (Bill Clinton, 1991).
Una nueva economía, una nueva sociedad libre, una nueva Constitución Política, tan buena que Ricardo Lagos se la apropió en 2005 después de hacerle un ligero maquillaje y la proclamó como plenamente democrática (se le ha olvidado, porque Lagos se olvida de lo que dice y hace, en particular de lo que pedía en los '60 ("todos los medios de producción deben pasar a manos del Estado").
Bueno, entonces los chilenos no tienen nada que celebrar el 11 de septiembre. Benditos chilenos, que les pagan doscientos millones de dólares anuales a los ex terroristas y sus familias como compensación por no haberlos dejado establecer un régimen totalitario; que meten presos a cada vez más uniformados de los que los salvaron y reconstruyeron el país; que rinden homenaje a los agresores de la democracia y dilapidadores del patrimonio nacional, en particular al corrupto que tiene una estatua junto a La Moneda. Tenían al país en ruinas en 1973, y todos los homenajean. Increíble.
Benditos chilenos. No saben nada de nada. Merecen que los vuelva a gobernar una ex ayudista del MIR.
El 11 de septiembre de 1973 fue una fecha trascendental no sólo para Chile, sino para el resto de la Humanidad, y todavía no nos damos cuenta. "Los militares han salvado a Chile", declaraba Eduardo Frei Montalva al ABC de Madrid. Se quedó corto. También al resto de la Humanidad.
Si el comunismo y sus ad láteres no manejaran la agenda informativa del país y del mundo, se habría destacado que ese 11 se produjo un hecho bastante inédito: un país caído en las garras del oso soviético se libró de él. Casi nadie lo había logrado antes. Pues no fue la primera vez, porque ya en Indonesia, Sukarno, que no era tan marxista-leninista como Allende, pero casi, había sido sacado por Suharto en medio de un torbellino de sangre. Acá, en cambio, fue quirúrgico. Hubo sólo 1.823 muertos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 (y de ésos, 301 los provocó la izquierda, los que el Informe Rettig catalogó como "víctimas de la violencia política", pues una de las misiones de ese Informe era no nombrar y así exculpar a la guerrilla marxista). Y entre los muertos de esos primeros meses hubo 82 uniformados. Mártires a quienes hoy nadie recuerda. En cambio lloran y loan a los extremistas caídos en la intentona de tomarse el poder por las armas. Y siguen metiendo presos a uniformados por habérselo impedido.
¿Recuerda algún chileno que Brezhnev, diciendo "¡Nunca permitiremos que haya otro Chile!", desató la más salvaje persecución contra el Gobierno Militar? Y decidieron fundarla en las "violaciones a los derechos humanos", nombre que le dieron y le dan a la defensa contra los 20 mil terroristas armados que tenían en el país para propinar el golpe comunista. Pero ¿qué pasó? Que Occidente les dijo a los soviéticos: "Está bien, pero comencemos por ver cómo respetan ustedes los derechos humanos". ¿Y saben, chilenos, qué sucedió? Que tras la Cortina de Hierro tuvieron que comenzar a respetar algunas libertades y por ahí se les vino abajo la represa, cayó el Muro de Berlín y se derrumbó la Cortina junto con la Unión Soviética, poniéndosele término a 70 años de esclavitud comunista. ¿Fue o no importante para el mundo el 11 de septiembre de 1973?
Y, en cuanto a Chile, el país atrasado, mediocre, aislado de los '60 y comienzos de los '70 quedó convertido en "la joya más preciada de la corona latinoamericana" (Bill Clinton, 1991).
Una nueva economía, una nueva sociedad libre, una nueva Constitución Política, tan buena que Ricardo Lagos se la apropió en 2005 después de hacerle un ligero maquillaje y la proclamó como plenamente democrática (se le ha olvidado, porque Lagos se olvida de lo que dice y hace, en particular de lo que pedía en los '60 ("todos los medios de producción deben pasar a manos del Estado").
Bueno, entonces los chilenos no tienen nada que celebrar el 11 de septiembre. Benditos chilenos, que les pagan doscientos millones de dólares anuales a los ex terroristas y sus familias como compensación por no haberlos dejado establecer un régimen totalitario; que meten presos a cada vez más uniformados de los que los salvaron y reconstruyeron el país; que rinden homenaje a los agresores de la democracia y dilapidadores del patrimonio nacional, en particular al corrupto que tiene una estatua junto a La Moneda. Tenían al país en ruinas en 1973, y todos los homenajean. Increíble.
Benditos chilenos. No saben nada de nada. Merecen que los vuelva a gobernar una ex ayudista del MIR.
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