Alguna investigación seria en los arcanos del esoterismo tal vez pueda explicar por qué Osvaldo Andrade, recién electo presidente del PS y nuevo epígono de la extrema izquierda socialista, aludido por mí ayer como una amenaza de revolucionarismo retrógrado, aparece hoy en una columna de "El Mercurio" ofreciendo exactamente las pruebas que yo necesitaba acerca de su completo y peligroso desvarío económico-social.
El nudo de la novedosa doctrina andradiana es el siguiente: la encuesta CASEN 2009 muestra que el 70 por ciento de los pobres tiene contrato de trabajo. Ergo, el problema está en que esos contratos de trabajo garantizan muy bajos sueldos, de modo que la solución está en aumentar más el salario mínimo y las remuneraciones de los trabajadores, para así combatir la pobreza.
El único peligro que puede derivar para Andrade de su tesis, aparte del que le representa el discrepar de mis opiniones, es que alguien todavía más socialista y dirigista que él proponga un salario mínimo de un millón de pesos mensuales, lo que, de acuerdo a su raciocinio, haría desaparecer la pobreza en Chile y nos convertiría en el país con los trabajadores mejor pagados del hemisferio y, tal vez, del mundo.
Por supuesto, el sofisma de Andrade deriva de que, si el 70 por ciento de los pobres tiene contrato de trabajo, como él dice (en realidad, es el 69 por ciento) eso significa que el 30 por ciento está desempleado (en realidad es el 31 por ciento). Entre los no pobres el desempleo es mucho menor (en promedio, del 8 por ciento) y entre los más ricos es de 2 por ciento, es decir hay sobreempleo o escasez de trabajadores. Lo que sucede es que la pobreza está inextricablemente ligada al desempleo, y no al nivel del sueldo.
De hecho, podría extremarse el ¿argumento? de Andrade revelando que el 49 por ciento de los indigentes tiene contrato de trabajo, de modo que subiéndoles los sueldos por ley se conseguiría sacarlos de la indigencia. Absurdo. Lo que necesitan es más empleo.
El problema, tanto de la pobreza como de la indigencia, está en que demasiadas personas de esos niveles no encuentran trabajo y por eso tienen tasas de cesantía entre cuatro y seis veces más altas que el promedio. Si en una familia pobre de tres personas en edad de trabajar dos tienen empleos de 175 mil pesos, el ingreso familiar será de 350 mil pesos; y si la familia es de seis personas, todos en ella caerán bajo el nivel de pobreza. Supongamos que el salario mìnimo bajara a 150 mil pesos, y que a raíz de eso el tercer miembro en edad de trabajar encontrara empleo. En ese caso la familia tendría un ingreso de 450 mil pesos y sus seis miembros uno superior al definido como nivel de pobreza. Es decir, la familia dejaría de ser pobre haciendo todo lo contrario de lo que recomienda Andrade. En cambio, si se hiciera lo que él recomienda, subir más el salario mínimo, a lo mejor la cesantía de ese sector aumentaría, un solo miembro tendría trabajo y serían todavía más pobres.
Por eso el socialismo perpetúa y, a veces, aumenta la pobreza (aparte de que también lo hace por otras razones, como las de que derrocha los recursos en planes alocados como el Transantiago o el de los ferrocarriles o por la excesiva burocratizaciòn del Estado, para pagar a las clientelas electorales).
La idea expuesta por Andrade es, típicamente, de esas que los franceses llaman "fausses idées claires", "falsas ideas claras". Suelen servir para ganar encuestas y hasta elecciones, pero a la larga son desastrosas para el bienestar de los pobres en particular y de los paìses en general, como lo prueban la situación del "estado de bienestar" europeo actual o, en el caso extremo, el derrumbe del comunismo hace 21 años.
Muchos socialistas, por eso, se han renovado y han revisado sus posturas. La "Nueva Izquierda" del PS todavía no lo ha logrado, como lo prueba Andrade en su artículo de hoy. Pero ganó la elección en su partido.
El caso de Michelle Bachelet, que pertenece a esa misma ala extrema, merece párrafo aparte, porque como Presidenta marginó a Andrade de toda posibilidad de llevar la voz cantante y se inclinó por la ortodoxia liberal de Andrés Velasco, al cual debe el no pequeño logro de haber terminado su gobierno de una manera razonable y no en medio del desastre que habría significado, especialmente para los pobres, el haber llevado a la práctica las ideas del sector partidista que encabeza Andrade y al que ella pertenece.
miércoles, 28 de julio de 2010
martes, 27 de julio de 2010
La Revolución que Viene
Andrade ha sido elegido presidente del PS y es un socialista revolucionario. Si no hubiera sido por Andrés Velasco, el ministro Andrade habría destrozado al gobierno de Bachelet. Así y todo, en el papel ese gobierno terminó destrozado: según la encuesta CASEN 2009, durante él aumentaron la pobreza y la desigualdad. Andrade se asirá de eso para pedir un verdadero giro al socialismo. Yo me sirvo de eso mismo para pedir un verdadero giro hacia mayor libertad.
La propia encuesta CASEN se fundó en una canasta de bienes, principalmente alimentos, para definir la línea de la pobreza. Como la crisis de 2008 incidió en un aumento de 36 por ciento en el precio de los alimentos, la canasta se encareció y eso subió desmedidamente la línea de la pobreza. Aunque la misma encuesta revela que los más pobres aumentaron sus ingresos, los precios de la canasta aumentaron más. Todo esto, por consiguiente, es bastante artificial. El Gobierno Militar creó la encuesta CASEN y la canasta en que se basa, y en la primera apareció un índice de pobreza de 38 por ciento, pero hubo economistas que demostraron que si los limones no hubieran tenido un alza desproporcionada, la pobreza habría sido varios puntos menor. Entonces, si los alimentos de la canasta en el futuro bajan de precio, como podría suceder, habrá centenares de miles de pobres menos. ¿Vamos a proclamar el triunfo en la lucha contra la pobreza?
Todo esto, repito, es bastante artificial. El actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, actualizó la canasta de la CASEN 2006, en que la pobreza era de 13,7 por ciento y fue proclamada como un gran triunfo por la Concertación, y la encuesta hecha con la canasta actualizada de Larraín arrojó un 29 por ciento de pobres. No sé por qué en estos días no se ha recordado eso, ni se ha actualizado el resultado de la CASEN 2009 con la canasta de Larraín. Sería interesante. A lo mejor la pobreza subiría por sobre el 30 por ciento.
Y también se ha subrayado que la desigualdad ha aumentado, porque los ingresos del decil más pobre han crecido menos que los del decil más rico. ¿Qué tiene eso de raro, si el socialismo y sus leyes laborales ha encarecido artificialmente el precio del trabajo no calificado (el que hacen los más pobres)? Ello ha conducido a aumentar el desempleo de los mismos. Según la encuesta, la cesantía de los indigentes es del 51 por ciento. ¡Cómo no van a ser indigentes, si más de la mitad no tiene trabajo! ¿Qué se debe hacer? Obviamente, darles libertad de trabajo. Que cualquiera se emplee legalmente por la remuneraciòn que acuerde con su empleador. El desempleo de los indigentes, por definición, tendería a cero. Eso sería revolucionario. No habría indigentes, porque la ocupación entre ellos aumentaría al doble que hoy. Y también la pobreza disminuiría. Entre paréntesis, el desempleo en el decil más rico no existe (es de 2 por ciento). Luego, son las políticas socialistas las que explican el aumento de la desigualdad entre el diez por ciento más rico y el más pobre.
Y la revolución liberal que viene (porque viene, pues todo lo anterior es de sentido común, y tarde o temprano el sentido común se impone; por eso cayó el Muro de Berlín) no termina aquí. Hay que añadir la entrega del gasto social directamente a los pobres, administrar lo cual costaría el medio por ciento de ese gasto. Hoy hay entidades estatales que se llevan hasta el 60 por ciento del gasto social que administran, para pagar su artificial burocracia.
Con esa revolución se pondría término no sólo a la indigencia, sino a la pobreza. Chile sería desarrollado. Claro, para hacerla nos falta algo que no tenemos: un gobierno de derecha.
La propia encuesta CASEN se fundó en una canasta de bienes, principalmente alimentos, para definir la línea de la pobreza. Como la crisis de 2008 incidió en un aumento de 36 por ciento en el precio de los alimentos, la canasta se encareció y eso subió desmedidamente la línea de la pobreza. Aunque la misma encuesta revela que los más pobres aumentaron sus ingresos, los precios de la canasta aumentaron más. Todo esto, por consiguiente, es bastante artificial. El Gobierno Militar creó la encuesta CASEN y la canasta en que se basa, y en la primera apareció un índice de pobreza de 38 por ciento, pero hubo economistas que demostraron que si los limones no hubieran tenido un alza desproporcionada, la pobreza habría sido varios puntos menor. Entonces, si los alimentos de la canasta en el futuro bajan de precio, como podría suceder, habrá centenares de miles de pobres menos. ¿Vamos a proclamar el triunfo en la lucha contra la pobreza?
Todo esto, repito, es bastante artificial. El actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, actualizó la canasta de la CASEN 2006, en que la pobreza era de 13,7 por ciento y fue proclamada como un gran triunfo por la Concertación, y la encuesta hecha con la canasta actualizada de Larraín arrojó un 29 por ciento de pobres. No sé por qué en estos días no se ha recordado eso, ni se ha actualizado el resultado de la CASEN 2009 con la canasta de Larraín. Sería interesante. A lo mejor la pobreza subiría por sobre el 30 por ciento.
Y también se ha subrayado que la desigualdad ha aumentado, porque los ingresos del decil más pobre han crecido menos que los del decil más rico. ¿Qué tiene eso de raro, si el socialismo y sus leyes laborales ha encarecido artificialmente el precio del trabajo no calificado (el que hacen los más pobres)? Ello ha conducido a aumentar el desempleo de los mismos. Según la encuesta, la cesantía de los indigentes es del 51 por ciento. ¡Cómo no van a ser indigentes, si más de la mitad no tiene trabajo! ¿Qué se debe hacer? Obviamente, darles libertad de trabajo. Que cualquiera se emplee legalmente por la remuneraciòn que acuerde con su empleador. El desempleo de los indigentes, por definición, tendería a cero. Eso sería revolucionario. No habría indigentes, porque la ocupación entre ellos aumentaría al doble que hoy. Y también la pobreza disminuiría. Entre paréntesis, el desempleo en el decil más rico no existe (es de 2 por ciento). Luego, son las políticas socialistas las que explican el aumento de la desigualdad entre el diez por ciento más rico y el más pobre.
Y la revolución liberal que viene (porque viene, pues todo lo anterior es de sentido común, y tarde o temprano el sentido común se impone; por eso cayó el Muro de Berlín) no termina aquí. Hay que añadir la entrega del gasto social directamente a los pobres, administrar lo cual costaría el medio por ciento de ese gasto. Hoy hay entidades estatales que se llevan hasta el 60 por ciento del gasto social que administran, para pagar su artificial burocracia.
Con esa revolución se pondría término no sólo a la indigencia, sino a la pobreza. Chile sería desarrollado. Claro, para hacerla nos falta algo que no tenemos: un gobierno de derecha.
lunes, 26 de julio de 2010
¡Y Era el V Gobierno de la Concertación!
Piedra de toque: instrumento destinado a verificar la autenticidad de los metales, en particular del oro.
Como piedra de toque para saber si éste era o no un V Gobierno de la Concertación puede usarse el tema de los derechos humanos. Si la dialéctica oficial era la misma que la de sus antecesores, quería decir que era un mero sucesor de ellos. Y la dialéctica ha sido la misma: no puede haber perdón para los violadores de derechos humanos. Pero esto con una advertencia identificatoria: sólo son tales los ex uniformados. No los terroristas, por sangrientos que hubieren sido sus crímenes. El mismo idioma de la Concertación.
En el terreno del debate y de las ideas no había duda de que el indulto a los ex uniformados era procedente.
Primero, por justicia elemental, dado que ya se ha indultado a todos los terroristas que aquéllos fueron llamados a combatir, incluyéndose a los que han delinquido después de 1990 (caso Aliste y sus lautaristas). No hay ex uniformados condenados por hechos de la lucha antiterrorista posteriores a 1990.
Segundo, porque el derecho internacional lo autoriza, como lo prueba que el indulto haya sido considerado apropiado en juicios sobre violaciones de derechos humanos en la ex Yugoslavia y en Ruanda, ante Tribunales Penales Internacionales.
Tercero, porque en nuestra Constituciòn (art. 9º) se establece que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos, y sin embargo se ha indultado reiteradamente a los responsables de él, después de 1990. Luego, las violaciones de derechos humanos pueden perdonarse por indulto.
Cuarto, porque Ricardo Lagos indultó a un ex uniformado condenado por un supuesto crimen de lesa humanidad y violatorio de los derechos humanos, sin que nadie lo objetara (caso Contreras Donayre, por el homicidio de Tucapel Jiménez).
Quinto, porque se reformó la Constitución, después de 1990, para autorizar indultos a terroristas, pese a ser violadores de derechos humanos, según la misma Constitución. Luego, esa clase de delitos puede indultarse.
Sexto, porque la definición de delitos de lesa humanidad del Tratado de Roma de 1998 señala que sólo lo son los que tienen lugar "en el contexto de un ataque masivo y sistemático contra la población civil", cosa que no ocurrió nunca por parte del Gobierno Militar, cuya represión fue dirigida sólo contra el terrorismo de izquierda. Pero esa tipificación sí podría caracterizar los atentados terroristas con bombas que mataban indiscriminadamente a civiles.
Séptimo, porque en Chile no había --contra lo que se afirma impunemente en forma pública-- tratados internacionales vigentes que impidieran la amnistía o el indulto y la primera vez que se tipificó el delito de lesa humanidad entre nosotros fue por ley de 2009, que estableció expresamente que no podía aplicarse a actos anteriores a ella. El solo hecho de que haya debido dictarse esa ley prueba que semejantes delitos no existían en Chile y, por tanto, nadie podía cometerlos ni ser castigado por ellos.
Como queda de manifiesto de lo anterior, era tan evidente que la razón, el derecho y la justicia avalaban la iniciativa de indultar a los ex uniformados, que en un país donde imperara un real estado de derecho ella habría sido prontamente aprobada.
Pero Chile no cumple con ese requisito. Acá todo se resuelve mediante consignas, eslóganes y dicterios. Las propias Iglesias que propusieron el indulto, cuya novedad consistía en que no discriminaba a los militares, se asustaron casi tanto como Sebastián Piñera y retrocedieron prontamente cuando la extrema izquierda levantó sus voces amenazadoras; y dijeron (cruzando los dedos tras la espalda) que nunca habían pensado en que se perdonara a "violadores de derechos humanos", expresión que hicieron, al igual que el comunismo, la Concertación y su V Gobierno, sinónima de ex uniformados condenados.
En fin, las encuestas revelan que el lavado cerebral en Chile ha sido efectivo y casi los dos tercios de las personas desaprueban el indulto a los ex hombres de armas.
Como era de prever, el "Hombre Mirando las Encuestas" (ver blog anterior), ha emitido el veredicto que podía esperarse de él.
Y la "piedra de toque", aplicada también antes al caso del aumento de los impuestos a las empresas y a los dueños de DFL 2 y ahorrantes, al alza de las contribuciones y del royalty; y al caso de la creación de más burocracia ("Ministerio de Desarrollo Social"), aplicada ahora al tema de los derechos humanos, confirma que efectivamente nos rige, para todos los efectos prácticos de los ciudadanos de a pie o que andan en autos no oficiales ni episcopales, "un V Gobierno de la Concertación".
Como piedra de toque para saber si éste era o no un V Gobierno de la Concertación puede usarse el tema de los derechos humanos. Si la dialéctica oficial era la misma que la de sus antecesores, quería decir que era un mero sucesor de ellos. Y la dialéctica ha sido la misma: no puede haber perdón para los violadores de derechos humanos. Pero esto con una advertencia identificatoria: sólo son tales los ex uniformados. No los terroristas, por sangrientos que hubieren sido sus crímenes. El mismo idioma de la Concertación.
En el terreno del debate y de las ideas no había duda de que el indulto a los ex uniformados era procedente.
Primero, por justicia elemental, dado que ya se ha indultado a todos los terroristas que aquéllos fueron llamados a combatir, incluyéndose a los que han delinquido después de 1990 (caso Aliste y sus lautaristas). No hay ex uniformados condenados por hechos de la lucha antiterrorista posteriores a 1990.
Segundo, porque el derecho internacional lo autoriza, como lo prueba que el indulto haya sido considerado apropiado en juicios sobre violaciones de derechos humanos en la ex Yugoslavia y en Ruanda, ante Tribunales Penales Internacionales.
Tercero, porque en nuestra Constituciòn (art. 9º) se establece que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos, y sin embargo se ha indultado reiteradamente a los responsables de él, después de 1990. Luego, las violaciones de derechos humanos pueden perdonarse por indulto.
Cuarto, porque Ricardo Lagos indultó a un ex uniformado condenado por un supuesto crimen de lesa humanidad y violatorio de los derechos humanos, sin que nadie lo objetara (caso Contreras Donayre, por el homicidio de Tucapel Jiménez).
Quinto, porque se reformó la Constitución, después de 1990, para autorizar indultos a terroristas, pese a ser violadores de derechos humanos, según la misma Constitución. Luego, esa clase de delitos puede indultarse.
Sexto, porque la definición de delitos de lesa humanidad del Tratado de Roma de 1998 señala que sólo lo son los que tienen lugar "en el contexto de un ataque masivo y sistemático contra la población civil", cosa que no ocurrió nunca por parte del Gobierno Militar, cuya represión fue dirigida sólo contra el terrorismo de izquierda. Pero esa tipificación sí podría caracterizar los atentados terroristas con bombas que mataban indiscriminadamente a civiles.
Séptimo, porque en Chile no había --contra lo que se afirma impunemente en forma pública-- tratados internacionales vigentes que impidieran la amnistía o el indulto y la primera vez que se tipificó el delito de lesa humanidad entre nosotros fue por ley de 2009, que estableció expresamente que no podía aplicarse a actos anteriores a ella. El solo hecho de que haya debido dictarse esa ley prueba que semejantes delitos no existían en Chile y, por tanto, nadie podía cometerlos ni ser castigado por ellos.
Como queda de manifiesto de lo anterior, era tan evidente que la razón, el derecho y la justicia avalaban la iniciativa de indultar a los ex uniformados, que en un país donde imperara un real estado de derecho ella habría sido prontamente aprobada.
Pero Chile no cumple con ese requisito. Acá todo se resuelve mediante consignas, eslóganes y dicterios. Las propias Iglesias que propusieron el indulto, cuya novedad consistía en que no discriminaba a los militares, se asustaron casi tanto como Sebastián Piñera y retrocedieron prontamente cuando la extrema izquierda levantó sus voces amenazadoras; y dijeron (cruzando los dedos tras la espalda) que nunca habían pensado en que se perdonara a "violadores de derechos humanos", expresión que hicieron, al igual que el comunismo, la Concertación y su V Gobierno, sinónima de ex uniformados condenados.
En fin, las encuestas revelan que el lavado cerebral en Chile ha sido efectivo y casi los dos tercios de las personas desaprueban el indulto a los ex hombres de armas.
Como era de prever, el "Hombre Mirando las Encuestas" (ver blog anterior), ha emitido el veredicto que podía esperarse de él.
Y la "piedra de toque", aplicada también antes al caso del aumento de los impuestos a las empresas y a los dueños de DFL 2 y ahorrantes, al alza de las contribuciones y del royalty; y al caso de la creación de más burocracia ("Ministerio de Desarrollo Social"), aplicada ahora al tema de los derechos humanos, confirma que efectivamente nos rige, para todos los efectos prácticos de los ciudadanos de a pie o que andan en autos no oficiales ni episcopales, "un V Gobierno de la Concertación".
domingo, 25 de julio de 2010
Sucedió lo que Tenía que Suceder
Desde hace tiempo he venido anticipando que no habría perdón para los presos políticos uniformados. (Son tales porque están privados de libertad con desconocimiento de las leyes y sólo por razones políticas). Los uniformados en retiro habían creído entender a Sebastián Piñera, como candidato, que velaría por el respeto a las leyes para sus camaradas. En consecuencia, pensaron que haría cuanto estuviera en su mano por revertir las sentencias ilegales de los jueces que los han mandado a presidio. Una de las vías que tenía para cumplir su promesa era el indulto. Pero pensar que Sebastián Piñera iba a disgustar a la extrema izquierda y a la Concertación para cumplir una promesa electoral equivalía a no conocerlo. De hecho, apenas asumió, denegó el indulto al general (r) Odlanier Mena, ilegalmente condenado, octogenario, enfermo y, por añadidura, inocente, como lo acaba de reconocer una de sus supuestas víctimas (ver mi blog del día 23).
Como era de esperarse, en un país de opinión pública tan rudimentaria como la nuestra, que se "traga" cualquier cosa, el Presidente anunció hoy que no indultaría a reos de delitos de "lesa humanidad", en medio del aplauso de la izquierda. Eso, en lenguaje chileno (equivocado, pero es el que casi todos entienden) quiere decir que ningún ex uniformado será indultado. Las pocas personas que tienen algún conocimiento de derecho (lo que excluye a la casi totalidad de los "lìderes de opinión", a todo el Episcopado y a la mayor parte de los abogados), saben que no hay en Chile ningún preso por "delitos de lesa humanidad", porque la ley que los tipificó se dictó hace sólo un año y no se registra desde entonces ninguno de tales delitos. Y la misma ley se encarga de precisar que sólo regirá hacia lo futuro, cosa innecesaria, porque la Constitución lo dice y en el mundo civilizado las leyes penales no pueden tener efecto retroactivo.
Pero, en medio de la ignorancia general, cuando se habla de reos por delitos de lesa humanidad, se entiende entre nosotros que (como vivimos en el error) se hace referencia a los ex uniformados presos. De modo que el Presidente ha hecho una aseveración equivocada fundado en un conocimiento legal equivocado, con lo cual se ha ganado el aplauso de una gran mayoría de chilenos equivocados, Lo están gracias a un proceso de lavado cerebral masivo, constante e indiscriminado llevado a cabo durante veinte años.
Los autores del mismo, como Ricardo Lagos Escobar, tienen tan mal concepto acerca del entendimiento de nuestra opinión pública que se dan el lujo de reírse de ella en sus narices, como cuando el antedicho Lagos indultó a Manuel Contreras Donayre, uno de los condenados por el supuesto "delito de lesa humanidad" de asesinar a Tucapel Jiménez. Con eso Lagos dejó en claro, uno, que dicho delito no era de esa índole; y dos, que, siéndolo o no, era perfectamente indultable.
Piñera, con ese solo fundamento, podría hacer lo mismo, pero, primero, carece del coraje político de Lagos y, segundo, le tiene mucho más miedo que éste a la extrema izquierda. Tanto que ni siquiera se atrevió a indultar a un general inocente, octogenario y enfermo.
Resumen: en derecho, no se ha cometido en Chile ningún delito de lesa humanidad; pero, como estamos en Chile, donde, respecto de los uniformados, no existe el estado de derecho, hay personas presas por esos delitos; y aunque, por consiguiente, están ilegalmente presas y se justificaría a su respecto el indulto, el Presidente no se atreverá a indultarlas ni a cumplir su promesa de velar porque las leyes se aplicaran a los ex uniformados presos.
Como conozco bien a Chile y mejor a Piñera, yo anticipé que todo esto iba a suceder y lamento comprobar que tenía toda la razón.
Como era de esperarse, en un país de opinión pública tan rudimentaria como la nuestra, que se "traga" cualquier cosa, el Presidente anunció hoy que no indultaría a reos de delitos de "lesa humanidad", en medio del aplauso de la izquierda. Eso, en lenguaje chileno (equivocado, pero es el que casi todos entienden) quiere decir que ningún ex uniformado será indultado. Las pocas personas que tienen algún conocimiento de derecho (lo que excluye a la casi totalidad de los "lìderes de opinión", a todo el Episcopado y a la mayor parte de los abogados), saben que no hay en Chile ningún preso por "delitos de lesa humanidad", porque la ley que los tipificó se dictó hace sólo un año y no se registra desde entonces ninguno de tales delitos. Y la misma ley se encarga de precisar que sólo regirá hacia lo futuro, cosa innecesaria, porque la Constitución lo dice y en el mundo civilizado las leyes penales no pueden tener efecto retroactivo.
Pero, en medio de la ignorancia general, cuando se habla de reos por delitos de lesa humanidad, se entiende entre nosotros que (como vivimos en el error) se hace referencia a los ex uniformados presos. De modo que el Presidente ha hecho una aseveración equivocada fundado en un conocimiento legal equivocado, con lo cual se ha ganado el aplauso de una gran mayoría de chilenos equivocados, Lo están gracias a un proceso de lavado cerebral masivo, constante e indiscriminado llevado a cabo durante veinte años.
Los autores del mismo, como Ricardo Lagos Escobar, tienen tan mal concepto acerca del entendimiento de nuestra opinión pública que se dan el lujo de reírse de ella en sus narices, como cuando el antedicho Lagos indultó a Manuel Contreras Donayre, uno de los condenados por el supuesto "delito de lesa humanidad" de asesinar a Tucapel Jiménez. Con eso Lagos dejó en claro, uno, que dicho delito no era de esa índole; y dos, que, siéndolo o no, era perfectamente indultable.
Piñera, con ese solo fundamento, podría hacer lo mismo, pero, primero, carece del coraje político de Lagos y, segundo, le tiene mucho más miedo que éste a la extrema izquierda. Tanto que ni siquiera se atrevió a indultar a un general inocente, octogenario y enfermo.
Resumen: en derecho, no se ha cometido en Chile ningún delito de lesa humanidad; pero, como estamos en Chile, donde, respecto de los uniformados, no existe el estado de derecho, hay personas presas por esos delitos; y aunque, por consiguiente, están ilegalmente presas y se justificaría a su respecto el indulto, el Presidente no se atreverá a indultarlas ni a cumplir su promesa de velar porque las leyes se aplicaran a los ex uniformados presos.
Como conozco bien a Chile y mejor a Piñera, yo anticipé que todo esto iba a suceder y lamento comprobar que tenía toda la razón.
sábado, 24 de julio de 2010
¿País "Serio y Legalista"?
Hay gente según la cual Chile es un país serio y legalista, pero eso no es verdad, por supuesto. Usted lo puede comprobar sin esfuerzo. Pero desde las más altas esferas hasta el grueso público ello se dice constantemente.
En estos días los políticos de la Concertación y unos pocos de la Alianza sostienen que no se puede ni debe indultar a violadores de los derechos humanos. Las encuestas muestran que la mayoría de las personas opina lo mismo. Y la mayoría también opina que Chile es un país serio y legalista, en el sentido de que establece que las leyes deben respetarse y éstas se respetan. Es que se está hablando de indultar a ex uniformados
Pero en 2004 los políticos de la Concertación, tanto gobernantes como parlamentarios, aprobaron una ley de indulto a violadores de derechos humanos, y en el Congreso esa ley tuvo, además, el apoyo de senadores de la Alianza. A raíz de eso varios terroristas fueron indultados, entre ellos el que poco después asesinó al cabo Moyano, de Carabineros.
El art. 9 de la Constituciòn dice que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Luego, los terroristas son violadores de los derechos humanos. Pero fueron indultados por ley de la Concertación, con apoyo de la Alianza, en 2004.
Sin embargo, ahora los políticos de la Concertación dicen que no se puede indultar a violadores de los derechos humanos, en circunstancias de que ellos mismos lo hicieron y de que la Constitución lo autoriza. Más aún, la reforma constitucional que lo permitió y que abrió el camino para amnistiar esas violaciones a los derechos humanos fue de iniciativa del Presidente Aylwin. Pero éste ahora dice que no se debe indultar a esas personas. ¿Cómo puede explicarse esa contradicción del ex Presidente Aylwin? No se puede. Las contradicciones de ese insigne estadista nunca han podido explicarse. Por eso se ha ganado un lugar en YouTube, donde aparece afirmando una cosa en 1973 (que el gobierno de Allende se proponía llevar a cabo un golpe de Estado totalitario) y otra completamente opuesta en 1993 (que él nunca dijo que el gobierno de Allende fuera a intentar semejante cosa).
Hoy en "El Mercurio" el abogado Fernando Saenger hace ver que constitucional y legalmente, en Chile, está autorizado amnistiar e indultar violaciones a los derechos humanos, y cita las disposiciones anteriormente referidas. Por eso se asombra de que algunos fallos de la Corte Suprema hayan determinado que no es aceptable la amnistía de violadores de los derechos humanos. Es decir, la Corte Suprema ha pasado, en esos casos, por sobre la Constitución. Pero si alguien recurriera a ella para que anulara la amnistía de un terrorista de izquierda (cosa que nadie ha intentado), es seguro que opinaría lo contrario y la haría respetar. Sucedió algo parecido cuando un abogado recurrió a los tribunales para hacer efectiva la responsabilidad de Gladys Marín en hechos de terrorismo de los '80 y nuestro máximo tribunal determinó que esas violaciones de los derechos humanos estaban prescritas. Obvio, sólo las cometidas por uniformados son imprescriptibles.
¿Es esto serio? ¿Es propio de un país legalista? No lo es, por supuesto. Lo que sucede es que no somos un país serio ni legalista, y los políticos y los jueces, por solemnes que sean las poses que adopten al emitir sus juicios ante la opinión pública, la prensa y las cámaras, ajustan sus veredictos, no a la seriedad ni al legalismo, sino a sus propias inclinaciones partidistas. Por eso pueden, en una oportunidad, perdonar violaciones de los derechos humanos cometidas por perpetradores de izquierda, y en otra decir que esas violaciones no pueden ser perdonadas, si las han cometido uniformados que han combatido al terrorismo de izquierda.
El país es así. "Así" puede ser cualquier cosa, en particular "cínico", pero no "serio y legalista".
En estos días los políticos de la Concertación y unos pocos de la Alianza sostienen que no se puede ni debe indultar a violadores de los derechos humanos. Las encuestas muestran que la mayoría de las personas opina lo mismo. Y la mayoría también opina que Chile es un país serio y legalista, en el sentido de que establece que las leyes deben respetarse y éstas se respetan. Es que se está hablando de indultar a ex uniformados
Pero en 2004 los políticos de la Concertación, tanto gobernantes como parlamentarios, aprobaron una ley de indulto a violadores de derechos humanos, y en el Congreso esa ley tuvo, además, el apoyo de senadores de la Alianza. A raíz de eso varios terroristas fueron indultados, entre ellos el que poco después asesinó al cabo Moyano, de Carabineros.
El art. 9 de la Constituciòn dice que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Luego, los terroristas son violadores de los derechos humanos. Pero fueron indultados por ley de la Concertación, con apoyo de la Alianza, en 2004.
Sin embargo, ahora los políticos de la Concertación dicen que no se puede indultar a violadores de los derechos humanos, en circunstancias de que ellos mismos lo hicieron y de que la Constitución lo autoriza. Más aún, la reforma constitucional que lo permitió y que abrió el camino para amnistiar esas violaciones a los derechos humanos fue de iniciativa del Presidente Aylwin. Pero éste ahora dice que no se debe indultar a esas personas. ¿Cómo puede explicarse esa contradicción del ex Presidente Aylwin? No se puede. Las contradicciones de ese insigne estadista nunca han podido explicarse. Por eso se ha ganado un lugar en YouTube, donde aparece afirmando una cosa en 1973 (que el gobierno de Allende se proponía llevar a cabo un golpe de Estado totalitario) y otra completamente opuesta en 1993 (que él nunca dijo que el gobierno de Allende fuera a intentar semejante cosa).
Hoy en "El Mercurio" el abogado Fernando Saenger hace ver que constitucional y legalmente, en Chile, está autorizado amnistiar e indultar violaciones a los derechos humanos, y cita las disposiciones anteriormente referidas. Por eso se asombra de que algunos fallos de la Corte Suprema hayan determinado que no es aceptable la amnistía de violadores de los derechos humanos. Es decir, la Corte Suprema ha pasado, en esos casos, por sobre la Constitución. Pero si alguien recurriera a ella para que anulara la amnistía de un terrorista de izquierda (cosa que nadie ha intentado), es seguro que opinaría lo contrario y la haría respetar. Sucedió algo parecido cuando un abogado recurrió a los tribunales para hacer efectiva la responsabilidad de Gladys Marín en hechos de terrorismo de los '80 y nuestro máximo tribunal determinó que esas violaciones de los derechos humanos estaban prescritas. Obvio, sólo las cometidas por uniformados son imprescriptibles.
¿Es esto serio? ¿Es propio de un país legalista? No lo es, por supuesto. Lo que sucede es que no somos un país serio ni legalista, y los políticos y los jueces, por solemnes que sean las poses que adopten al emitir sus juicios ante la opinión pública, la prensa y las cámaras, ajustan sus veredictos, no a la seriedad ni al legalismo, sino a sus propias inclinaciones partidistas. Por eso pueden, en una oportunidad, perdonar violaciones de los derechos humanos cometidas por perpetradores de izquierda, y en otra decir que esas violaciones no pueden ser perdonadas, si las han cometido uniformados que han combatido al terrorismo de izquierda.
El país es así. "Así" puede ser cualquier cosa, en particular "cínico", pero no "serio y legalista".
viernes, 23 de julio de 2010
Hombre Mirando Encuestas
Hoy se informa ("La Segunda") que el Presidente examinará atentamente las encuestas antes de resolver sobre indultos. Quiere decir que no tiene ideas propias sobre lo que está bien o está mal hacer. Lo guían las encuestas. Y las encuestas están determinadas por lo que la gente piensa. Y la gente piensa lo que la corriente dominante ha consagrado como pensamiento oficial de la gente: no se debe indultar a ex uniformados porque cometieron delitos de lesa humanidad. Lo cual, como probé en el blog de ayer, es falso, pues cuando llevaron a cabo los actos por los cuales son juzgados no se había legislado en Chile tipificando los delitos de lesa humanidad. Y, por lo demás, lo que ellos hicieron tampoco se encuadra en la tipificación que, por primera vez el año pasado, hizo de esos delitos la ley 20.357.
Chile es así. Un país de cerebros lavados, donde la mayoría es capaz de opinar un disparate sólo porque se lo han repetido suficientemente: que los militares no pueden ser indultados porque cometieron delitos de lesa humanidad. Lástima que cuando los militares hicieron lo que hicieron no existían esos delitos en la legislación chilena, y el derecho penal de hoy y de siempre dice que nadie puede ser penado por un delito que no haya sido tipificado antes de ser cometido.
Pero acá la legalidad, el estado de derecho, no importan en estos juicios. La verdad tampoco importa. El gobierno actual le denegó el indulto al general Odlanier Mena, de 84 años y gravemente enfermo y que está cumpliendo larga condena por un delito que ni siquiera cometió. ¿Cómo sé yo que no lo cometió? Porque una de las cuatro víctimas de ese delito, el socialista Waldo Sankán, el único que sobrevivió, lo dice hoy con todas sus letras en "La Segunda". Y además él piensa que el general Mena es una buena persona y añade que fue benévolo con él y le dio la libertad. Pero así como a los jueces de izquierda no les importa el derecho (porque si les importara no tendría lugar ninguno de estos juicios por hechos de hace 35 años o más, pues están amnistiados, prescritos y, en muchos casos, los mismos hechos ya fueron juzgados) a esos jueces de izquierda tampoco les importa la verdad de esos hechos, como queda en evidencia al decir una víctima del supuesto delito del general Mena que éste no tuvo participación en él.
¡Pero el gobierno que, todavís creen algunos, es de centroderecha, le denegó el indulto al general Mena! Y con beneplácito general, pues las encuestas dicen que no se debe indultar a ex uniformados. A los terroristas sí, y por eso indultaron a Aliste en 2004, con beneplácito general, y entonces Aliste asaltó un banco y asesinó al cabo Moyano, porque ése es el oficio que la izquierda le ha enseñado.
La diferencia entre él y los uniformados presos es que éstos, antes de 1973 y después de los hechos que les han sido imputados, siempre han tenido y se puede asegurar que tendrán una intachable conducta, pues de otro modo no habrían hecho carrera en las fuerzas armadas o carabineros. Entonces el país de los cerebros lavados decreta por mayoría que los terroristas deben ser indultados para que puedan seguir asesinando, mientras que los ex uniformados no deben serlo, aunque tengan intachable conducta anterior y se sepa que no van a delinquir.
El Hombre Mirando las Encuestas, debido a que decide, actúa y gobierna así, mirando las encuestas, vive entonces en el peor de los mundos: no sólo toma decisiones moral, jurídica y socialmente equivocadas, sino que lo hace por las razones equivocadas, como la de que los delitos de lesa humanidad no deben indultarse.
Cosas como ésta son las que le dan tanta base a quienes describen al suyo como el "V Gobierno de la Concertación". Pues, tal como los otros cuatro, le ha dado en esta materia preeminencia al odio extremista por sobre la ley, la verdad y la razón.
Chile es así. Un país de cerebros lavados, donde la mayoría es capaz de opinar un disparate sólo porque se lo han repetido suficientemente: que los militares no pueden ser indultados porque cometieron delitos de lesa humanidad. Lástima que cuando los militares hicieron lo que hicieron no existían esos delitos en la legislación chilena, y el derecho penal de hoy y de siempre dice que nadie puede ser penado por un delito que no haya sido tipificado antes de ser cometido.
Pero acá la legalidad, el estado de derecho, no importan en estos juicios. La verdad tampoco importa. El gobierno actual le denegó el indulto al general Odlanier Mena, de 84 años y gravemente enfermo y que está cumpliendo larga condena por un delito que ni siquiera cometió. ¿Cómo sé yo que no lo cometió? Porque una de las cuatro víctimas de ese delito, el socialista Waldo Sankán, el único que sobrevivió, lo dice hoy con todas sus letras en "La Segunda". Y además él piensa que el general Mena es una buena persona y añade que fue benévolo con él y le dio la libertad. Pero así como a los jueces de izquierda no les importa el derecho (porque si les importara no tendría lugar ninguno de estos juicios por hechos de hace 35 años o más, pues están amnistiados, prescritos y, en muchos casos, los mismos hechos ya fueron juzgados) a esos jueces de izquierda tampoco les importa la verdad de esos hechos, como queda en evidencia al decir una víctima del supuesto delito del general Mena que éste no tuvo participación en él.
¡Pero el gobierno que, todavís creen algunos, es de centroderecha, le denegó el indulto al general Mena! Y con beneplácito general, pues las encuestas dicen que no se debe indultar a ex uniformados. A los terroristas sí, y por eso indultaron a Aliste en 2004, con beneplácito general, y entonces Aliste asaltó un banco y asesinó al cabo Moyano, porque ése es el oficio que la izquierda le ha enseñado.
La diferencia entre él y los uniformados presos es que éstos, antes de 1973 y después de los hechos que les han sido imputados, siempre han tenido y se puede asegurar que tendrán una intachable conducta, pues de otro modo no habrían hecho carrera en las fuerzas armadas o carabineros. Entonces el país de los cerebros lavados decreta por mayoría que los terroristas deben ser indultados para que puedan seguir asesinando, mientras que los ex uniformados no deben serlo, aunque tengan intachable conducta anterior y se sepa que no van a delinquir.
El Hombre Mirando las Encuestas, debido a que decide, actúa y gobierna así, mirando las encuestas, vive entonces en el peor de los mundos: no sólo toma decisiones moral, jurídica y socialmente equivocadas, sino que lo hace por las razones equivocadas, como la de que los delitos de lesa humanidad no deben indultarse.
Cosas como ésta son las que le dan tanta base a quienes describen al suyo como el "V Gobierno de la Concertación". Pues, tal como los otros cuatro, le ha dado en esta materia preeminencia al odio extremista por sobre la ley, la verdad y la razón.
jueves, 22 de julio de 2010
Confesión de Ignorancia (Muy Compartida)
A raíz de la discusión sobre un posible indulto todo el mundo ha dado testimonio de ignorancia jurídica básica, comenzando por quien esto escribe. Quienes me leen con cuidado habrán advertido que varias veces he preguntado dónde están tipificados los "delitos de lesa humanidad", establecidos en el Tratado de Roma, en la ley chilena. Hoy en "La Segunda" el abogado Carlos Neira Muñoz nos ha instruido a todos: en la ley 20.357, publicada en el Diario Oficial de 22 de julio de 2009, que acabo de consultar en www.diariooficial.cl.
Confieso no haber sabido que en esa ley se estableció lo mismo que en el Tratado de Roma: que dichos delitos provienen de un "ataque generalizado a una población civil". Por cierto, nunca el Gobierno Militar protagonizó semejante ataque. Al contrario, procuró impedirlo. Su acción represiva contra el terrorismo consistió en impedir la extensión del ataque generalizado extremista a la población civil.
En todo caso, la misma ley que recién el año pasado tipificó ese delito entre nosotros dijo expresamente que sus disposiciones se aplicarían sólo a hechos posteriores a su entrada en vigencia. Disposición por lo demás redundante, porque la Constitución chilena desde mucho antes señalaba que "ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado."
De modo que todo lo que se habla en relación a que no se pueden indultar delitos cometidos por ex uniformados por ser de lesa humanidad no tiene ninguna base, porque esos delitos no existían entre nosotros cuando esos ex uniformados supuestamente delinquieron. Obviamente, tampoco cabe esa tipificación porque los mismos delitos en que pudieron haber incurrido no cumplen con la característica de representar un ataque generalizado contra la población civil. Sí cumplen con esa característica, en cambio, los que protagonizaron el MIR y el FPMR, como poner bombas en el metro, incendiar vehículos de locomoción colectiva o hacer estallar autos-bombas en las calles, matando transeúntes. Pero, claro, todos esos extremistas, lesa humanidad o no, fueron indultados por don Patricio Aylwin.
La discusión sobre indultos a ex uniformados no tiene nada que ver, pues, ni con el derecho ni con la justicia. Es netamente política y, como muchas de esta índole, está basada exclusivamente en eslóganes falsos que, a fuerza de ser repetidos, son creídos por la mayoría de las personas.
En síntesis, quedan mal paradas tanto nuestra masa de opinión pública como nuestras élites políticas, que fundan sus posiciones en una premisa equivocada. Y yo, que no me percaté de la ley 20.357.
La única figura bien parada ha resultado la del ex jerarca nazi Goebbels, pues su aserto de que una mentira suficientemente repetida termina por parecer verdad se está cumpliendo rigurosamente entre nosotros.
Confieso no haber sabido que en esa ley se estableció lo mismo que en el Tratado de Roma: que dichos delitos provienen de un "ataque generalizado a una población civil". Por cierto, nunca el Gobierno Militar protagonizó semejante ataque. Al contrario, procuró impedirlo. Su acción represiva contra el terrorismo consistió en impedir la extensión del ataque generalizado extremista a la población civil.
En todo caso, la misma ley que recién el año pasado tipificó ese delito entre nosotros dijo expresamente que sus disposiciones se aplicarían sólo a hechos posteriores a su entrada en vigencia. Disposición por lo demás redundante, porque la Constitución chilena desde mucho antes señalaba que "ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado."
De modo que todo lo que se habla en relación a que no se pueden indultar delitos cometidos por ex uniformados por ser de lesa humanidad no tiene ninguna base, porque esos delitos no existían entre nosotros cuando esos ex uniformados supuestamente delinquieron. Obviamente, tampoco cabe esa tipificación porque los mismos delitos en que pudieron haber incurrido no cumplen con la característica de representar un ataque generalizado contra la población civil. Sí cumplen con esa característica, en cambio, los que protagonizaron el MIR y el FPMR, como poner bombas en el metro, incendiar vehículos de locomoción colectiva o hacer estallar autos-bombas en las calles, matando transeúntes. Pero, claro, todos esos extremistas, lesa humanidad o no, fueron indultados por don Patricio Aylwin.
La discusión sobre indultos a ex uniformados no tiene nada que ver, pues, ni con el derecho ni con la justicia. Es netamente política y, como muchas de esta índole, está basada exclusivamente en eslóganes falsos que, a fuerza de ser repetidos, son creídos por la mayoría de las personas.
En síntesis, quedan mal paradas tanto nuestra masa de opinión pública como nuestras élites políticas, que fundan sus posiciones en una premisa equivocada. Y yo, que no me percaté de la ley 20.357.
La única figura bien parada ha resultado la del ex jerarca nazi Goebbels, pues su aserto de que una mentira suficientemente repetida termina por parecer verdad se está cumpliendo rigurosamente entre nosotros.
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