Nos hemos acostumbrado a que se atropellen la Constitución y las leyes y no pase nada. O peor: que atropellarlas se haya convertido en un gran negocio.
Así nos hemos convertido en un país "mal enseñado". No hay democracia que aguante esa degeneración por demasiado tiempo.
¿Cómo es posible que un grupo de dueños de camiones obstaculicen el tránsito en las carreteras y alteren violentamente la normalidad del país sin que nadie les haga nada? Peor aún: que les hayan dado un premio que a los contribuyentes nos va a costar 900 millones de dólares.
El presidente de la República, a la primera noticia de que había camioneros bloqueando rutas, debió haber ordenado a Carabineros proceder a detener inmediatamente a todos los que hubieren estado cometiendo ese delito contra la seguridad interior. Porque es un delito.
Y los autores del mismo de manera flagrante deberían haber sido detenidos y sometidos a proceso por la fiscalía competente. Porque legalmente Carabineros DEBE detener a quienquiera esté cometiendo un delito flagrante y dar cuenta a la fiscalía. "Es que se necesitarían centenares de Carabineros". Entonces el general director debe disponer los centenares necesarios para actuar, porque los carabineros son decenas de miles. Para eso están, para mantener el orden fueron creados como institución. Y en el desempeño de su menester deben dar cuenta a la fiscalía de los hechos que tengan caracteres de delito. El parte correspondiente inicia un juicio criminal.
Y todo eso debió hacerse el primer día, cuando numerosos sujetos, por sí y ante sí, dispusieron camiones para obstaculizar el tránsito normal.
No argumenten con razones de por qué lo estaban haciendo. Eso no viene al caso. Nadie puede, en nombre de un supuesto derecho que cree tener, causar un daño a toda la sociedad mediante acciones ilegales.
Es que acá se ha perdido el sentido de autoridad. La autoridad está para mantener el orden y velar por que se respete la ley. A la primera noticia de bloqueo de rutas el gobierno debió haber reaccionado con la acción punitiva y el uso de la fuerza pública. No tenía por qué llamar a los autores intelectuales a negociar.
Pues ni el presidente ni sus ministros tienen la facultad de llamar a los delincuentes "para conversar con ellos" acerca de sus razones para delinquir. Y menos los gobernantes deben concederles como premio por transgredir la ley, los miles de millones de pesos que están pidiendo y obteniendo.
Dicho para que todos lo entiendan: a los autores materiales e intelectuales, como primera medida ante la flagrancia, hay que meterlos presos.
Desde 1990 este país dejó de hacerlo y se ha ido convirtiendo en una sociedad mal enseñada, donde cualquiera puede impunemente atropellar la ley y los derechos de los demás, en nombre de que quiere algo para sí.
Con los delincuentes no se negocia: se les mete presos. Hecho eso, y sin amenaza de parte de ellos, se puede empezar a conversar.
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