Hay en
trámite un proyecto para castigar con presidio a quienes nieguen que hubo
violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno Militar. Pero eso nadie
lo niega. Los asesinatos de 82 militares entre el 11 de septiembre y el 31 de
diciembre de 1973 y los del coronel Roger Vergara, del Intendente Carol Urzúa,
del teniente Carevic al desactivar una bomba terrorista, del teniente Zegers
Reed al desactivar un misil en Tobalaba y los de los escoltas del Presidente
Pinochet fueron atentados contra los derechos humanos ocurridos durante el
Gobierno Militar que nadie ha negado ni podría negar. Lo mismo los asesinatos del
general Prats, de Orlando Letelier, de Tucapel Jiménez y de los jefes del FPMR
comunista, Parada, Guerrero y Nattino, como los de los fusilados de La Serena,
Antofagasta y Calama en octubre de 1973, también fueron atropellos contra
los derechos humanos ocurridos durante el Gobierno Militar que nadie podría
negar ni nadie lo ha hecho.
Lo que sí
niegan historiadores serios y yo siempre he negado es que atentar contra los
derechos humanos fuera una política del Gobierno Militar, porque no lo fue. En
cambio sí era política del MIR y del Partido Comunista, a través de su brazo
armado, el FPMR, cometer esos atentados. Pues el Gobierno Militar tenía como
política la contraria, la del respeto a los derechos humanos, y por eso tal
propósito estaba enunciado en su Declaración de Principios y en las circulares
del Presidente de la Junta y altas autoridades, ordenando a las Fuerzas Armadas
y Carabineros respetar los derechos humanos. Ello consta en documentos públicos como la Circular N°1 de 7
de enero de 1974, que “Dicta Normas en procedimientos que empleen Fuerzas Armadas
y Carabineros”, donde dice: “Nuestra etapa en el Gobierno no puede ni debe
caracterizarse por actos inhumanos”; como la Circular Confidencial N° 22 de 15
de enero de 1974 del Ministerio del Interior en igual sentido; y como la
Circular Confidencial N° 22 del Director General (s) de Carabineros, Félix González
Acevedo, del mismo tenor. En enero de 1976 se dictó el Decreto Supremo N° 187,
prohibiendo los lugares secretos de detención. En 1979 la escritora francesa
Suzanne Labin visitó el país y preguntó por los presos políticos de que tanto
se hablaba en el extranjero, sólo para encontrarse con que no había ninguno,
como refirió en su libro: “Chili: le Crime de Résister”.
Todo esto
que he escrito en el párrafo anterior no es “negacionismo”, es
“afirmacionismo”, que no puede ser delito, incluso según el mismo proyecto,
porque es lo contrario del “negacionismo” que él castiga. Pero, claro, habiendo
una mayoría de jueces de izquierda que violan las leyes y prevarican, nadie
puede estar libre de que así y todo lo condenen a uno por “negacionismo”.
Pues el problema está en los
jueces de izquierda y sus colegas dominados o amedrentados (acabamos de
verlos dar marcha atrás en materia de libertades condicionales tras la
acusación constitucional por haberla concedido una vez de acuerdo a derecho).
El jueves pasado acompañé a un
grupo de militares en retiro que fueron a expresar su solidaridad y llevaron
saludos y regalos navideños a los Presos Políticos Militares de Punta Peuco,
recinto que ya está colmado con casi 130 víctimas de la prevaricación judicial,
cuyo principal impulsor ha sido Sebastián Piñera a través de su subsecretario
Ubilla. Ambos han presentado la mayoría de las querellas ilegales e
inconstitucionales que han permitido a los jueces prevaricadores meter presos a
los militares que derrotaron al terrorismo marxista.
Los presos políticos insistieron en que yo
hiciera uso de la palabra y me permití decirles una gran verdad: que ellos
están presos sólo porque no han hecho lo mismo que los comunistas y los demás
que consiguen algo en Chile, es decir, usar la violencia. Esto es evidente. Como
si los rojos hubieran querido reforzar mi argumento, ese mismo día agredieron
al presidente del Tribunal Constitucional, donde se está viendo un recurso de
inconstitucionalidad del insólito proyecto de ley marxista-DC para impedir la
libertad condicional de los Presos Políticos Militares.
Este país
es esclavo de la violencia. ¿Cómo consiguieron los portuarios eventuales de Valparaíso
millonarios bonos que no les correspondían y que pagará usted, contribuyente?
Mediante la violencia. ¿Cómo consiguen los terroristas de la Araucanía que se
les regale tierras? Mediante la violencia. El delito en Chile paga. ¿A quién
bonifica el fisco con centenares de millones de dólares anuales obtenidos inmoralmente,
por un total que ya sobrepasa, según confesión del Ministro de Justicia, los
seis mil millones de dólares? A los violentistas de izquierda que se iban a
tomar el poder por las armas.
En una de
las vueltas de chaqueta más vergonzosas de la historia de Chile, la mayoría
democrática ha mandado a la cárcel a los mismos que ella llamó angustiosamente
en 1973 a impedir con sus armas (“esto se arregla sólo con fusiles”, Frei
Montalva) que Chile fuera convertido en un país totalitario.
Ésta es
la peor “miseria de la chilenidad” de nuestro tiempo. Pero hay otras.