Un Esqueleto Quiere Escapar del Clóset

Si existe un clóset lleno de esqueletos, ése es el de Sebastián Piñera. Creo que la última vez que resumí su nutrido prontuario fue en mi blog del 8 de octubre de 2017, titulado "Voto Moral o Útil". No hay que decir que en la elección que tuvo lugar después el electorado optó por el voto útil.

Ahora un ex ejecutivo de Banchile ha puesto en las puertas del clóset y ha dejado a punto de escapar al esqueleto de la compra de acciones de LAN con información privilegiada, delito por el cual Piñera fue sancionado en 2007 por una Superintendencia muy benévola, que renunció a ejercer la acción penal y se conformó con imponerle una multa. 

Hoy la ministra Cecilia Pérez ha salido a desmentir que haya habido uso de información privilegiada por parte de Piñera. Se equivoca. Su jefe la informó mal. Como en su tiempo se preocupó de aclarar, en carta a "El Mercurio", el abogado Luis Bates, la sentencia dijo explícitamente que había hecho uso de información privilegiada para perpetrar una "pasada" con acciones de LAN a minutos de haber terminado una sesión de directorio de la empresa que había conocido de un auspicioso mejoramiento de los negocios de la compañía que iba a originar una fuerte alza de sus acciones. 

Este episodio ha dado lugar a uno de los períodos más oscuros y vergonzantes para la moralidad de los chilenos de hoy de que se tenga recuerdo.

En efecto, durante la campaña de 2009 el candidato Frei dio a conocer en un foro que "Transparencia Internacional" había sido informada de la condena a Piñera. Eso suscitó una crisis en su sucursal en Chile, "Chile Transparente", tanto que renunció el directorio. ¿Por qué? ¡Por haber sido demasiado transparente y haber dado a conocer los hechos internacionalmente! Yo escribí una carta a "El Mercurio", que se publicó, sugiriendo a la entidad local cambiar su nombre por el de "Chile Opaco".

Pero al pueblo de Chile no le importó el delito del candidato y lo eligió Presidente. El dominio de éste en los medios fue tal que en un momento dado pareció quedar Frei como mentiroso por haber denunciado el uso de información privilegiada. ¡Es que los chilenos somos fantásticos!

Pero todavía nos quedaban otras cosas fantásticas por hacer. El diputado DC Jorge Burgos, un hombre muy íntegro, impulsó una investigación por una comisión de la Cámara del delito de Piñera. En la comisión tenía mayoría la Concertación, de 5 a 3. En el momento culminante de la investigación debió votarse acerca de si se oficiaba a Banchile Corredores de Bolsa para que enviara la grabación del llamado ordenando la compra de acciones, para dejar a firme o no la evidencia de que Piñera había ordenado dicha compra. Pues él se había defendido diciendo que la misma había tenido lugar según "un programa" impersonal y que él no controlaba, de acuerdo con el cual se habrían adquirido las acciones de LAN. Era obvio que si llegaba la grabación  con la voz de Piñera iba a quedar al descubierto la evidencia de que no había tal "programa" sino una intencionada adquisición, a minutos de terminar la sesión de directorio que daba cuenta de la mejoría de las ganancias.

Y entonces tuvo lugar otro episodio que retrata el talante moral de la nacionalidad: Burgos sometió a votación si se oficiaba o no a Banchile para que enviara la grabación y, pese a tener la Concertación mayoría de 5 a 3 en la comisión, la votación ¡se perdió por 5 a 3! Un "operador" dio vuelta a favor de Piñera a dos diputados de la Concertación. Burgos se quedó con un palmo de narices.

Como yo denunciara todo esto en mi blog, los ágiles seguidores del mismo no demoraron en identificar a los que "se dieron vuelta".

En sucesivos blogs y columnas en "Estrategia" denuncié las otras veces en que Piñera había logrado "dar vuelta" votaciones en la Cámara. Antes de ser elegido la última vez yo había advertido que había una votación pendiente en la sala para aprobar o no un informe de otra comisión que lo acusaba de una negociación indebida. Confieso no haber investigado después qué pasó, pero, en todo caso, el personaje logró que el desenlace, cualquiera que fuese, no hiciera noticia. De esa votación "nunca más se supo".

Yo comenté varias veces en los últimos años en este blog el pintoresco episodio que debió vivir el diputado Jorge Burgos cuando una inadvertida repartición de La Moneda, durante el anterior gobierno de Piñera, lo convidó a participar en una  gira presidencial al exterior. El presidente recorrió el avión antes de partir, saludando a sus invitados, y se sorprendió de encontrar entre ellos a Burgos. No pudo contenerse y le espetó: "¿Usted cree que merece esta invitación?" Los periodistas no registraron la respuesta de Burgos, que pudo haber sido: "Sí, la merezco; porque velando por la probidad quise obtener la grabación de la voz que ordenó comprar acciones LAN con información privilegiada, pero un par de diputados de la Concertación, por una razón que no acierto a explicarme, se dieron vuelta y rechazaron la petición de la grabación a Banchile, frustrando el propósito de la comisión".

Bueno, el esqueleto quedó, entonces, encerrado en el clóset. Pero ahora un ex ejecutivo de Banchile dice tener la grabación a buen recaudo, en una caja fuerte. 

El país, por supuesto, tiene derecho a conocerla. Pero, conociendo a Chile y los chilenos, hasta el menos avisado de éstos, al tanto de la personalidad de su presidente y de sus compatriotas, probablemente está seguro de que tampoco esta vez ese esqueleto va a poder escapar del clóset.

Lo Malo del Gobierno del Pueblo

Lo malo del gobierno del pueblo es que la mayoría de él no entiende cosas fundamentales. Por ejemplo, es "popular" el salario mínimo obligatorio. Ahora hay un impasse político porque el gobierno propone subirlo, pero la oposición quiere subirlo aún más. El uno y la otra "hacen como" si el alza del salario mínimo fuera buena para los más pobres. 

Pero esto es falso y esto lo saben muchos en el gobierno y la oposición: subir el salario mínimo por ley es, justamente, malo para los más pobres, porque de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, que la izquierda universal no ha podido derogar (aunque ha hecho ingentes esfuerzos), cuando se aumenta el salario mínimo legal disminuye la contratación de trabajadores en el mercado formal, que es el regido por las leyes del trabajo que establecen las imposiciones provisionales, las vacaciones, los feriados irrenunciables, los límites a la jornada de trabajo, las salas-cunas y todas esas cosas "buenas" que encarecen la contratación de mano de obra.

Nadie puede negar que cuando sube el precio de algo, la gente compra menos. Y cuando sube el precio de contratar un trabajador, los empresarios contratan menos. Es decir, aumenta la cesantía. ¿Y qué hacen los que necesitan trabajar para vivir? Hacen cualquier cosa con tal de que les paguen algo. Y eso se llama "mercado informal". Ofrecen limpiar vidrios de autos en las esquinas, venden paquetes de habas, frutillas o alcachofas a los automovilistas, hacen malabarismos a cambio de unas monedas. Son los más pobres de todos.

Y cuando la ley aumenta el salario mínimo o el costo legal de contratar a una persona, las empresas de todo tamaño contratan menos personas. ¿Por qué? Porque es más caro. ¿Y qué hacen para vivir los más pobres, que no son contratados en el mercado formal? Se van al mercado informal: limpian vidrios, venden bolsas de habas o choclos que un empresario informal les entrega a cambio de un porcentaje; hacen malabarismos en las esquinas. Y entonces van a competir por esos trabajos y a aumentar la oferta de los mismos, abaratándolos, con lo que perjudican a los que ya estaban en el mercado informal, por definición, los más pobres de todos, porque no ganan siquiera el salario mínimo.

Pues lo que sucede en el mercado informal es que al aumentar la oferta de trabajadores en él baja el precio de lo que ofrecen. A más malabaristas en las esquinas, menos monedas para cada uno.

Es decir, cuando aumenta el salario mínimo obligatorio legal, automáticamente disminuyen los ingresos de los más pobres de todos.  Los más pobres se hacen todavía más pobres.

Pero el pueblo no está al tanto de eso, ya sea porque nadie se lo dice (es "impopular" decírselo); ya sea porque, si se le explica, no lo entiende; o porque los políticos, que ocupan todos los espacios de los medios de comunicación, le dicen a todo el mundo que el salario mínimo más alto beneficia a los pobres.

Eso sólo podrá terminarse cuando el pueblo entienda que las medidas "más populares" suelen terminar siendo malas para los más pobres.

Por eso en los años 80 un ministro de Hacienda se atrevió a tomar varias medidas "impopulares" para que el país creciera más y hubiera más empleo, y congeló el salario mínimo. Con eso benefició a los más pobres de todos y consiguió que el desempleo bajara a cinco por ciento por primera vez en muchos años. Y con otras medidas "impopulares" como ésa el país creció más de diez por ciento en 1989.

Pero "el pueblo" no lo premió, pues ese ministro de Hacienda fue candidato y resultó derrotado en la elección presidencial de 1989 por un político que era partidario de subir el salario mínimo en vez de congelarlo, una medida más "popular".

Eso es lo malo del "gobierno del pueblo".

La Saga Aylwin

Con motivo del fallecimiento de Andrés Aylwin, el más izquierdista de los hermanos, se han renovado versiones “políticamente correctas” y, por tanto, falsas, sobre la historia reciente de Chile. 

Andrés, con quien coincidimos como diputados en 1973, era un hombre definidamente de izquierda, pero obedeció la disciplina partidaria y votó a favor del Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 llamando a las fuerzas armadas a “poner inmediato término a las situaciones de hecho referidas”, que eran las creadas por el gobierno de la UP. Las fuerzas armadas obedecieron ese mandato el 11 de septiembre de ese año. 

Pero ya el 13 de septiembre, junto a otro diputado-insignia de la DC, Bernardo Leighton (que también suscribió aquel llamado) dio un ágil salto al otro lado y firmó el “documento de los 13” DCs que repudiaron el pronunciamiento. Esto les valió a todos su expulsión de la colectividad, situación que sólo duró hasta que la mayoría de su dirigencia dio el mismo salto hacia el otro bando, al darse cuenta de que en el resto del mundo (a donde una delegación suya había viajado con la ilusa intención de mejorar la imagen de la Junta, a la cual la DC había ofrecido su colaboración) el sol calentaba más en el lado opuesto al de los que salvaron a Chile.

Cuando en 1973, antes del 11, hubo un paro de camioneros, la DC mandó a Andrés y el Partido Nacional me mandó a mí a “protegerlos”, en el sentido de que los carabineros enviados por el gobierno y los paramilitares extremistas de éste no fueran a dañar los camiones en huelga estacionados en Padre Hurtado. No podían incendiarlos sin primero pasar por sobre los parlamentarios. No nos hicieron nada, pero tuvimos oportunidad de conversar varias horas, en que Andrés me manifestó su incomodidad de estar defendiendo a “patrones” huelguistas, en circunstancias de que su actividad siempre había sido defender a los obreros.

           Es que, además, en ese tiempo todo se veía muy distinto a lo que los Aylwin contaron después, bajo el dictado socialista-comunista. Su hermano, el senador Patricio Aylwin, a la sazón presidente de la DC, había pronunciado en el Senado un discurso, el 11 de julio de 1973, que después olvidó y donde decía: “Los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve, con brutal crudeza, a qué extremos angustiosos ha llegado la crisis integral de Chile… Ahora las leyes son despreciadas como estorbos, a menudo burladas por los propios encargados de su ejecución y  reemplazadas por los hechos consumados… En nombre de la lucha de clases se ha envenenado a los chilenos por el odio…. Nadie puede negar la verdad de estos hechos. Constituyen una realidad que ha llevado a los obispos católicos a decir que ‘Chile parece un país azotado por la guerra’, una realidad que está destruyendo al país y poniendo en peligro su seguridad… una realidad que parece amenazarnos con el terrible dilema de dejarse avasallar por la imposición totalitaria o dejarse arrastrar a un enfrentamiento sangriento entre chilenos… Los chilenos no podemos aceptar en ningún caso y bajo ningún pretexto el establecimiento de hecho de un supuesto poder popular formado por cordones industriales, consejos comunales o cualquier otro tipo de organizaciones o grupos... Tampoco podemos aceptar que con participación de autoridades o funcionarios del Estado, o aun sin ellos, se distribuyan armas entre quienes se arrogan tal poder de hecho”.

Ante todo eso, hasta los ímpetus izquierdistas de Andrés debieron inclinarse transitoriamente, a lo menos hasta el “momento estelar” de su hermano Patricio, cuando, al asumir el poder en 1990, en el Estadio Nacional, su llamado a la reconciliación entre civiles y militares recibió una sonora rechifla de la “barra brava” comunista allí presente. En ese instante comprendió que éstos eran mucho más peligrosos que los militares y podían hacerle imposible gobernar. De ahí en más se decidió a hacer lo que pedían los rojos: sentar a los uniformados en el banquillo de los acusados y condenarlos urbi et orbi como los grandes culpables de todo. 

     Presionado por su hermano Andrés dio el más amplio perdón a los terroristas de izquierda, incluso a los autores de hechos de sangre, a los cuales había dicho que no iba a indultar. Por añadidura, los llenó de plata, situación que prevalece hasta hoy.

Debe atribuirse también a Andrés la más flagrante inconstitucionalidad en que incurrió el presidente Aylwin en su mandato, al enviar, el 4 de marzo de 1991, una insólita carta a la Corte Suprema conminándola a aplicar la Ley de Amnistía sólo al término de cada juicio, para posibilitar el “desfile” y vejamen de los militares por los juzgados. Así, primero, ejerció una función judicial, al conminar a los tribunales a aplicar una determinada interpretación legal, la suya; segundo, se avocó causas pendientes, pues hizo lo anterior para alterar procesos en curso; y, tercero, revisó los fundamentos y contenidos de las resoluciones judiciales que habían aplicado la amnistía. Pero resultaba que la Constitución decía (y dice): ”Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Esta norma es frecuentemente citada hoy para acusar de violar la Constitución a los diputados que han presentado una acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, pero no hubo la energía política en 1991 para haber acusado constitucionalmente a Aylwin y declararlo incurso en la causal precisa del artículo 52 Nº 2 letra a) de la Constitución: haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes.

Esa injerencia inconstitucional en el quehacer judicial obedeció a la presión e inspiración de su hermano Andrés. Pero, seguramente sin proponérselo, el entonces Presidente prestó un servicio al estado de derecho: dejó expresa constancia en su carta a la Suprema de que la Ley de Amnistía estaba vigente y de que su gobierno la respetaba. Porque después los tribunales, hasta hoy, la han transgredido sistemáticamente y de manera ilegal.

En definitiva el legado histórico principal de ambos hermanos consistió en la derogación del estado de derecho en Chile en los juicios contra uniformados, lo que ha redundado en más de un centenar de estos en calidad de presos políticos y más de medio millar ilícita e injustamente procesados por una justicia espuria.

La Verdadera Legalidad

Una destacada carta en “El Mercurio” de hoy domingo 26, firmada por abogados y académicos de izquierda, centro y derecha, se manifiesta en contra de la acusación constitucional a tres ministros de izquierda de la Corte Suprema “en razón de la concesión de libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad”. Estos serían los militares hoy presos políticos por haber enfrentado, tras el llamado de la mayoría democrática, al terrorismo de izquierda.

A cualquiera que haya aprobado el primer curso de Derecho Penal le debería llamar la atención el olvido de tan connotados juristas de que los “crímenes de lesa humanidad” sólo fueron establecidos en Chile a partir del 18 de julio de 2009. Es incomprensible que califiquen así actos ocurridos entre 1973 y 1990. En el primer curso de Derecho Penal se enseña la irretroactividad de la ley como uno de los principios absolutos de esa disciplina. Salvo que compartan el criterio del “profesor” Jorge Contesse Singh, que el día anterior y en la misma sección Cartas se manda la siguiente y espectacular contradicción: “El principio de irretroactividad de la ley penal, reconocido por la Constitución y numerosos tratados internacionales de derechos humanos, es uno de los principios fundamentales que rigen la potestad punitiva en un estado de derecho. En condiciones normales su aplicación es y debe ser absoluta”. Y luego se contradice a sí mismo y lanza una de las mentiras más grandes que se ha leído en la sección Cartas, lo que no es poco decir: “Sin embargo, en situaciones de excepción, como son aquellas en que se organiza el aparato del Estado para la comisión de crímenes de lesa humanidad, su aplicación admite restricciones…”. Acusación tan obvia como falsa.

La verdad fue la contraria: la Junta se organizó en forma de imponer su autoridad respetando los derechos de las personas, como lo prueban su Circular Nº 1 de 7 de enero de 1974, en medio de la lucha armada, que decía: “Nuestra etapa en el gobierno de la Nación no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que deban ocultarse a la ciudadanía…”. Después la Circular Nº 22 del Ministerio del Interior, de 25 de enero de 1974, velaba por la legalidad en la detención de las personas. Y su Declaración de Principios estableció “un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos: marco para el actual gobierno”. Precisamente, cuando hubo organismos que no respetaron esas normas, fueron sancionados: la DINA fue disuelta en 1976 y posteriormente, ante acusaciones a su sucesora, la CNI, se dictó la prohibición para la misma de detener personas.

Entre los firmantes de la declaración dominical de los abogados-académicos hay al menos uno que se destacó hasta hace pocos años por sus fundados artículos denunciando el abandono del estado de derecho por parte de ministros que dictaban condenas a militares apartándose de la ley y la Constitución. Es decir, el notable abandono de deberes que es causal para acusarlos.

Yo por eso apoyo esa acusación constitucional y he elogiado al único diputado de ChileVamos que ha manifestado públicamente su decisión de votarla a favor, Ignacio Urrutia (UDI). Porque ella es un paso en la dirección del restablecimiento en Chile de un estado de derecho. Obviamente, desde el punto de vista político-partidista la considero un grueso error de los parlamentarios de extrema izquierda, que siempre han defendido la prevaricación en contra de los militares. Error suyo porque, si la acusación es aprobada, se supone que lo será bajo el actual gobierno, y su ministro de Justicia —que hace poco dijo la verdad al denunciar que la mayoría de los jueces son de izquierda— se preocupará, confiamos, de que sean designados nuevos ministros que hayan probado respetar la Constitución y las leyes en sus fallos.

La acusación es perfectamente constitucional, pues si bien es verdad que la Carta dice: “Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, el libelo no pretende nada de eso. Sí se funda en que la Constitución también dice que los jueces son “personalmente responsables por los delitos de… torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.

Nadie pretende revisar ningún fallo ni avocarse una causa pendiente o hacer revivir un proceso fenecido: sólo sancionar el notable abandono del deber fundamental de un juez: aplicar la ley.

Basta leer los documentados y no refutados libros del abogado Adolfo Paúl Latorre: “Procesos por Violaciones a los Derechos Humanos: Ilegalidades, Inconstitucionalidades y Arbitrariedades”, y su más reciente, “Prevaricato”, para comprobar cómo se ha atropellado por la mayoría de los más altos magistrados, entre ellos los tres acusados, el derecho humano a un debido proceso de los hoy presos políticos militares.

Un grupo de abogados respetuosos de la legalidad nos habíamos reunido para ver la posibilidad de acusar a todos los magistrados prevaricadores, y si no lo hemos concretado ha sido por no contar con el mínimo de diez diputados que se requiere para ello. Si por una paradoja de la política la izquierda acusa a tres ministros notoriamente incursos en las prevaricaciones que queremos castigar, lo consideramos un regalo de la justicia inmanente.

Obviamente, la izquierda busca atemorizar a los ministros para que ni siquiera se les ocurra aplicar el derecho en el caso de las libertades condicionales. Pero para nosotros eso debe aprovecharse en defensa del estado de derecho. Y yo confío en que habrá más parlamentarios de ChileVamos con el mismo coraje de Ignacio Urrutia, para contribuir al restablecimiento de una mayoría en la Corte Suprema capaz de respetar y hacer respetar las leyes.

Un Monumento para Urrutia

         ¿En qué esquina de la Plaza de la Constitución, Ignacio, quieres que te levantemos la estatua? Tienes locos a todos en este país de saltimbanquis, chamulleros, falsarios, sobornantes y sobornados, arrepentidos, tramposos de alto y bajo coturno, débiles de carácter y cómplices del terrorismo. Tu estrategia es simplemente genial: deshacerte de tres jueces prevaricadores con los votos de los grandes impulsores de la prevaricación, es decir, la izquierda y los kerenskys. Todos ellos, ya ebrios de tanto libar en la copa de la antijuridicidad y creyendo dar un gran susto a todo magistrado que excepcionalmente se atreva a respetar, aunque sea por una vez, el derecho, se van disparar en el pie y tú les vas a ayudar a hacerlo, consiguiendo tres plazas en la Suprema para jueces respetuosos del derecho. Simplemente genial.

         Ya una vez fuiste el único en levantar la voz para rechazar el insólito bono extra de $3 millones para los treinta mil pensionados vitalicios premiados por el inefable Lagos en 2005 por haber sido interrogados como sospechosos de terrorismo. Caso único en el mundo.

         Urrutia es un destello de coraje y de luz en el país de la cobardía y las sombras. ¡Qué lejanos parecen los tiempos luminosos, cuando tomábamos conciencia de haber sido milagrosamente librados del totalitarismo! Un Eduardo Frei Montalva declaraba exultante al ABC de Madrid: “Los militares han salvado a Chile… Cuando usted tiene cáncer, tiene que decidir operarse”. Ya para entonces había muerto más de la mitad de todos los caídos en la gesta libertadora (entre septiembre y diciembre de 1973 cayó el 57 % (1.823) de todos los muertos (3.197) que hubo entre 1973 y 1990 – Informe Rettig e Informe de Reparación y Reconciliación).

Los derechos humanos en Chile habían sido preservados. Como decía con verdad en 1979 monseñor Emilio Tagle, obispo de Valparaíso, en carta al Presidente de la Junta: “Es justo recordar en este día que V. E. dirigió la acción más eficaz en defensa de los derechos humanos violados por la agresión marxista, que nos llevaba al abismo sin salida en que yacen hoy tantos pueblos, en cuya misma situación estaríamos nosotros si no hubiera sido por aquella patriótica intervención. Chile ha dado al mundo libre una lección” (A. Pinochet: “Camino Recorrido”, tomo II, p. 201).

         En cambio ¡cuántas tropelías contra militares se cometen hoy en nombre de un supuesto derecho inexistente! Pues todo el mundo sabe que en Chile se creó el tipo de los delitos de lesa humanidad por ley de 18 de julio de 2009 y, por tanto, no existían antes. ¿Cómo es posible que se afirme que los militares los cometieron en los años 70 y 80? Sobre todo si su tipificación dice que consisten en un “ataque generalizado a una población civil”, mucho más descriptiva de la acción de los terroristas de izquierda, que incendiaban vehículos de locomoción, ponían autos-bombas en las calles o perpetraban atentados en el Metro. El MIR y el FPMR eran los que cometían el ataque generalizado a la población civil, después convertido en delito de lesa humanidad. Y, sin embargo, se les imputa hoy eso a los militares.

Y los principales diarios, “El Mercurio“ y “La Tercera”, cohonestan esos procesos por “lesa humanidad”, pese a que la Constitución dice que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. Lo que impera es una “lesa legalidad”. Pues el “principio de legalidad” es universal y forma parte del derecho internacional de los derechos humanos.

         Peor aún, diputados del Frente Amplio y la Nueva Mayoría presentaron hace poco una moción de ley creando otro delito, el de “negacionismo”, para sancionar a quien públicamente “justificare, aprobare o negare la violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”. Es decir, monseñor Tagle habría ido preso, si se hubiera aprobado esa moción antes de sus opiniones. “El Mercurio” del 3 de agosto último comenta editorialmente al respecto: “el que hoy esas visiones sean muy minoritarias y susciten rechazo no hace ni menos severa ni menos discutible la restricción”.

¡A lo que hemos llegado!: las opiniones de los que velamos por el imperio de la legalidad son “muy minoritarias” y “suscitan rechazo”! Valga recordar que entre 1973 y 1990 ese diario defendía esas visiones.

       Y vean esta joya de "lesa humanidad" en un país civilizado: "Aden Hashi Ayro, quien era jefe de Al Qaeda en Somalía, murió ayer junto al jeque islamista Muhaydin Omar y treinta personas más, en el mayor ataque de los Estados Unidos a la insurgencia en ese país, el grupo Al Shabab, ligado a Al Qaeda. El ataque aéreo en la localidad somalí de Dusamareb redujo algunas casas a escombros" ("El Mercurio", 02.05.08). Agentes de seguridad chilenos que dieron muerte a un tercio de ese número ligados al Al Qaeda chileno, el FPMR, en los 80, cumplen cadena perpetua, sin haber reducido casas a escombros. ¿Cuáles son los "estándares internacionales en materia de derechos humanos"?

       

        El otro día, en un almuerzo, un abogado y profesor que hasta pocos años atrás se distinguía por sus artículos críticos de la prevaricación de los jueces de izquierda me dijo, para mi gran sorpresa: “las Convenciones de Ginebra prohíben la amnistía y la prescripción”. Sorprendido porque todavía otro de los nuestros se hubiera pasado al otro bando, recordé al profesor de Derecho Internacional de la UC, Hernán Salinas Burgos, quien el 5 de febrero de 2008 acreditó en “El Mercurio” que el único artículo de las Convenciones de Ginebra aplicable al conflicto armado interno chileno era el art. 3 común, disposición que “no produce efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto” y por lo tanto no se aplican al caso chileno las disposiciones sobre imprescriptibilidad e inamnistiabilidad, que sólo se refieren a los conflictos armados internacionales. “Es así –dice el profesor Salinas Burgos— que a través de una errónea interpretación de las disposiciones de los convenios de Ginebra de 1949 se vulnera abiertamente el principio de legalidad, sujetando a los inculpados  a un tipo penal inaplicable.”

       

        Es probable que la idea del monumento a Ignacio Urrutia en la Plaza de la Constitución no prospere, pero si su voto contribuyera a desplazar a tres jueces de izquierda de la Suprema y sustituirlos por otros tantos que sean respetuosos de la Constitución, de las leyes y del debido proceso, para lo cual el partido de Urrutia, la UDI (hoy más preocupada de acomodar su Declaración de Principios a lo que le dicte la izquierda) tiene influencia en el Ejecutivo que los designa, la estatua resultaría más que merecida.

El "Caso Frei"

         Un típico ejemplo de cómo se arma un cuento sin base y se lo eleva a la categoría de verdad nacional es el caso Frei. El ex presidente se operó a fines de 1981 de una obstrucción en el esófago con el médico Augusto Larraín. Un error en la operación generó una infección y una peritonitis, la que dio lugar a otra operación. A ésta el ex presidente no pudo sobrevivir.

         Nadie entonces dijo nada de “envenenamiento” ni de intervención de terceros ni menos de “asesinato”, porque Frei vivió sus últimos días protegido y rodeado de sus más próximos, especialmente de sus médicos más amigos y ex ministros, Patricio Rojas y Patricio Silva, y del ex senador doctor Osvaldo Olguín, a quien le oí personalmente el relato de los errores cometidos en la operación final, pues ambos éramos directores de Banmédica en esos años.

         El doctor de la primera operación de Frei, Augusto Larraín, sufrió el consiguiente desprestigio a raíz del mal resultado, pero durante más de veinte años jamás dijo nada sobre una intervención de terceros en el desenlace. Al contrario, cuando poco después de la muerte del ex presidente tuvo una hija y recibió un ramo de flores de la viuda, señora María Ruiz-Tagle de Frei, se preocupó de mandar una carta a “El Mercurio” haciendo público ese gesto que lo reivindicaba y destacando la nobleza de la señora Maruja al manifestar así su ningún resentimiento por el fatal resultado de la operación de su marido.

         Sólo cerca de quince años después del fallecimiento de Frei Montalva la hija de éste, Carmen, empezó a vocear sospechas de que hubiera habido intervención de terceros en la muerte de su padre. Ya se había puesto de moda culpar de todo al régimen de Pinochet sin pruebas. Y ya los totalitarios se habían transformado en “demócratas”, los agresores en  “agredidos” y los victimarios que preparaban el autogolpe de 1973, denunciado por Aylwin en octubre de ese año, se habían transformado en “víctimas”, declaradas e indemnizadas como tales por el mismo Aylwin.

         Pero nadie tomaba en serio las sospechas de Carmen Frei, tanto que el entonces director de “El Mercurio”, Juan Pablo Illanes, nos refirió en una reunión de redactores que, tras preguntarle al  presidente Frei Ruiz-Tagle por la denuncia de su hermana, le había replicado: “Son cosas de la Carmen”. Nunca su gobierno se hizo parte de ellas ni investigó nada, porque no había nada. Pero en Chile, si usted consigue el apoyo de la izquierda, puede fabricar un caso a partir de nada. Sobre todo si eso hace posible formular alguna acusación contra el Emmanuel Goldstein de esta nación orwelliana (“1984”) creada bajo la “dictadura del “No” que ya dura 28 años: Augusto Pinochet.

         A todo esto, en 1997 el doctor Augusto Larraín también operó a la actual senadora Isabel Allende de lo mismo que había afectado a Frei y cuando ella, al igual que éste, estaba a las puertas de la muerte con una infección generalizada, acudió al doctor Arturo Jirón, ex médico de La Moneda bajo Allende, quien procedió a operarla correctamente, limpió y esterilizó y, en parte también gracias a la menor edad de la paciente, la salvó. Isabel Allende no había tenido inconveniente en declarar de manera pública que ella no creía en el “asesinato de Frei” porque había tenido la experiencia con el doctor Augusto Larraín y sabía que sus procedimientos la habían dejado al borde de la muerte. Pero hace pocos días vi en un tuit suyo, en “La Tercera”, que ha cambiado de posición, pues ahora manifestó su apoyo a la familia Frei en su tesis del “magnicidio”. Yo tuitée entonces: “¡Oh, la política!”. Demás está decir que a la misma tesis se había incorporado con entusiasmo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ya no dice “son cosas de la Carmen” sino que lanza tonantes acusaciones contra Pinochet por el “magnicidio” de su padre.

         A todo esto, “el que se sube a todas las micros”, Sebastián Piñera, ya en su primera presidencia se trepó al carro de los Frei y les prometió ayuda para conseguir un pronunciamiento pericial norteamericano que acreditara el envenenamiento, pero el perito de allá no encontró rastros de veneno.

         Antes de eso el país había sido remecido cuando, bajo el gobierno de Bachelet 1.0, el abogado de los Frei anunció que había un informe de la Universidad de Gante, en Bélgica, confirmatorio del envenenamiento. Entonces la inefable presidenta convocó a la prensa nacional e internacional a La Moneda para denunciar el magnicidio de Frei Montalva, ocasión en que su ministra Vivianne Blanlot lanzó una frase que hizo titulares: “El horror no termina”. Lo malo fue que “La Segunda” llamó a la Universidad de Gante y allá le contestaron que no existía tal informe sobre el envenenamiento de Frei. Pero el abogado de la familia replicó: “¡Hay un informe, hay un informe!”. Sin embargo, nunca lo mostró. Finalmente, renunció al patrocinio de la causa.

         Casi un cuarto de siglo después de la malhadada operación el doctor Augusto Larraín, que nunca había dicho nada, apareció en Chilevisión y al día siguiente, 19 de agosto de 2006, en “El Mercurio”, diciendo haber sido citado por el juez Madrid a declarar en la causa abierta a iniciativa de Carmen Frei:

         “Guardé por 25 años el secreto de mis impresiones respecto de las razones que habían complicado la salud del ex presidente Eduardo Frei Montalva”, señaló. Pregunto yo: ¿qué médico al cual le han envenenado a un paciente se queda callado por 25 años y no lo denuncia? Bueno, el doctor Larraín le dijo a “El Mercurio” que había guardado en secreto sus dudas y sólo se las había manifestado a su primo y senador DC, Andrés Zaldívar, que tampoco dijo nada.

         En esa versión de “El Mercurio” del 19 de agosto de 2006 aparece el doctor Larraín añadiendo que el juez Madrid le planteó “si pudo existir alguna contaminación externa”, a lo que Larraín respondió afirmativamente. “También dijo que Madrid le dio a conocer antecedentes que no conocía”. Y sigue diciendo el diario: “Sobre la forma en que se pudo producir esta contaminación externa, Larraín admitió que pudo no haber intencionalidad, ya que se podría haber causado por una mala esterilización”.

         Hoy el caso Frei cobra actualidad porque la DC ha cerrado filas tras su “familia insignia” en la dudosa cruzada que ésta ha emprendido, pretendiendo que el gobierno de Sebastián Piñera se haga parte, pues es conocido por ceder a todas las presiones y se caracteriza, tal como su primera presidencia, por que los columnistas y opinólogos le cambian los ministros. Ahora la DC le exige pedir la renuncia a su subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Luis Castillo, que desempeñó igual cargo durante su primera administración, pero entonces la familia Frei no se había dado cuenta de que había tenido bajo su cargo en la UC las muestras de anatomía patológica de Frei Montalva. Ahora al saberlo decidió acusarlo de haberlas ocultado y, por tanto, de ser “encubridor” del magnicidio, todo lo cual es falso, porque esas muestras se tomaron a petición del equipo médico del ex presidente (existe documento), los resultados fueron entregados a dicho equipo médico (existe documento) y hasta octubre de 2002 (veinte años después de la operación) nadie de la familia ni del equipo médico requirió esa información, según expresó en carta al diario el ex decano de Medicina UC, doctor Gonzalo Grebe. Añadió que cuando la señora Carmen Frei la pidió, se le entregó (“existe documento que puede ser público”, afirma). Es decir, cero encubrimiento y cero culpa del doctor Castillo, pero la DC sigue presionando a Piñera para que lo defenestre, cosa que nadie, conociendo a Piñera, puede desechar.

         A todo esto, uno de los médicos más amigos de Frei Montalva, su ex ministro Patricio Silva Garín, que quiso ayudarlo en la secuela infecciosa de la operación de Augusto Larraín, aparece procesado como autor del “asesinato”; y otro, Patricio Rojas, ex ministro del Interior, que también manifestó no creer en la tesis del “magnicidio”, sufrió tal embate de injurias desde el seno de la DC que don Patricio Aylwin tuvo que salir en defensa de su buen nombre.

         Todo lo cual prueba que usted en Chile, si quiere culpar a Pinochet, puede armar cualquier cuento y transformarlo en proceso judicial en manos de un juez de izquierda, con buenas perspectivas. Pues, según asegura el columnista sabatino de “El Mercurio”, Francisco Covarrubias, “en octubre el juez Madrid probablemente fallará que a Frei Montalva lo mataron”. Ahí tendrá usted la guinda de la torta de la decadencia moral de la “dictadura del ‘No’” que ya cumplió 28 años.

Rendición Incondicional

         Renuncié a “El Mercurio” hace casi diez años precisamente cuando el diario, que había sido el principal baluarte del “Sí” que salvó y reconstruyó a Chile, se trasladó a las filas del “No” al apoyar la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, exponente del “No” y recién condenado por comprar acciones con información privilegiada. Tenía otras razones, aparte de las políticas y morales, para alejarme del hogar periodístico que me había cobijado 46 años (y a mis antepasados más de sesenta), pero la fundamental fue ésa.

         Nunca me he arrepentido. La edición de hoy sábado del diario viene a ratificar esa rendición incondicional del “Sí” y de la derecha, siendo “El Mercurio” el baluarte más representativo de ella en el país.

         Ya antes el Ejército –que se define como “siempre vencedor y jamás vencido”— se había rendido a la izquierda cuando, en 2004, su comandante en Jefe, Juan Emilio Cheyre, declaró urbi et orbi: “El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que  como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado” (“El Mercurio”, 10.12.04). ¡Declaró a su institución como la gran culpable de todo lo malo! Pero formó parte de ella, no renunció ni nunca levantó la voz. Clavó así un puñal en la espalda de su todavía vivo, pero muy disminuido, antecesor, Augusto Pinochet. Y proclamó a la izquierda como la gran inocente, pues “todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado” ya no eran culpa suya.

         En esta línea, “El Mercurio” de hoy editorializa diciendo: “La concesión del beneficio de libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentran en Punta Peuco ha reflejado una discusión anterior…”

         ¿Cómo? ¿Militares condenados por delitos de “lesa humanidad”? Pero si los militares salvaron a la democracia, a pedido de los demócratas, de la guerra por las armas que le había declarado a aquella la extrema izquierda armada. Camionetas que trasladaban armas en 1973 lo hacían con padrones que registraban como domicilio La Moneda (“El Mercurio Bajo la Unidad Popular”). ¿Cómo los militares iban a vencer al ejército clandestino sin usar sus armas? Además, los delitos de lesa humanidad fueron creados en Chile por la ley N° 20.357 de julio de 2009 y los presos de Punta Peuco lo están por hechos de los años 70 y 80, cuando actuaron ante el llamado de los demócratas. La Constitución “asegura a todas las personas” (art. 19) que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. Ese “principio de legalidad” es universal y forma parte del derecho internacional de los derechos humanos. Sólo “juristas” de izquierda y del “No”, que no respetan el derecho, los hechos ni la verdad histórica, pueden sostener que los militares cometieron “delitos de lesa humanidad” cuando éstos no existían y cuando actuaban a petición de los civiles para salvar la democracia y la legalidad. Pero ahora “El Mercurio” afirma que están presos por haberlos cometido.

         Es que ya nada puede sorprender en materia de miedo a la izquierda. Hemos visto días atrás al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, negar la libertad condicional a un preso de Punta Peuco por tener éste otras causas pendientes, cuando días antes el mismo Dolmetsch votó a favor de la libertad condicional de otros presos de Punta Peuco que tenían otras causas pendientes. ¿Tanto lo aterrorizó la izquierda con su amenaza de acusación constitucional y eso cambió su jurisprudencia?

         Leo a continuación a los columnistas sabatinos de “El Mercurio”. Uno, se supone, de derecha y otro de izquierda, para “mantener el equilibrio”: Francisco Covarrubias y Francisco Vidal, respectivamente. Pero opinan igual sobre el Museo de la Memoria: ¡ambos pulverizan la tesis del “contexto”! ¿Para qué tener columnista de derecha si escribe lo mismo que el de izquierda y ambos son del “No”?

         Le agradezco a Vidal haber dicho en reciente conferencia que estaba leyendo mi último libro, “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990” y más le agradezco aún la recomendación al público presente de también leerlo, pero su columna de hoy revela que esa lectura no le ha enseñado nada. Según él, el “contexto” fue “el fusilamiento el 11 de septiembre de 1973 de quienes defendían el orden institucional en La Moneda”. ¡Dice que defendían el orden institucional cuando habían hecho una práctica la de violar la Constitución y las leyes! Y que fueron “fusilados”. ¿Y los 17 soldados muertos alrededor de La Moneda ese día, documentados por James Whelan? ¿De qué “fusilamientos” habla? Cita los 44 balazos a Víctor Jara, pero no los 50 al coronel Roger Vergara. Todo su “contexto” es por el estilo: “Atropellos” a los “inocentes” que llamaron en sus Congresos Socialistas de 1965, 1967, 1969 y 1971 a tomar el poder por las armas y lo estaban concretando en 1973. Querían vía armada, tenían un ejército clandestino, pero si el adversario respondía el fuego cometía “delito de lesa humanidad”. ¿Qué hacen norteamericanos e israelíes con los terroristas? ¿O a Osama Bin Laden no lo mataron a sangre fría y luego no lanzaron su cadáver al agua?

         Y Vidal habla de “tortura”. ¿Con qué ropa? “Punto Final” documentó en 1970 las torturas generalizadas bajo Frei Montalva. El Acuerdo de la Cámara de 1973 denunció igual práctica de la UP. Para qué seguir con el “contexto”. Pues otra gran frescura de Vidal es citar como “torturados” a los 38 mil interrogados por las policías en torno a atentados terroristas entre 1973 y 1990, que fueron escandalosamente premiados por Lagos en 2005 con pensiones vitalicias. No se ha visto en ninguna otra parte que “indemnicen” de por vida a los sospechosos de terrorismo. Además, ésos, el resto de los extremistas y hasta los falsos exonerados denunciados por su propio dirigente máximo nos cuestan a los contribuyentes lo mismo que el déficit del Transantiago, pues debemos compensarlos por no habérseles dejado tomar el poder por las armas.

         Es que acá la derecha se ha rendido ante la izquierda y el extremismo. Ha perdonado todo y se ha echado la culpa. “Cómplice pasiva”. Como si hubiera sido ella y no el marxismo-leninismo el de los cien millones de muertos.

         Pero no ha sacado nada, salvo humillarse y hacer el ridículo llenando de plata a una izquierda que, ahíta (basta verlas y verlos), mantiene vivo el odio. Pues es la izquierda (Alejandro Goic) la que se niega hasta a sentarse en un panel de TV con la derecha (Patricia Maldonado). En efecto, la raíz del mal estuvo y está en el odio, en matar: “las armas son la única vía para ganar el poder”. Y el Ejército que salvó a Chile y la derecha que lo convocó se han rendido ante el odio. No les ha servido de nada, porque la izquierda está más odiosa que nunca. Declaró la guerra y la perdió, pero se ha quedado con todo: se ha echado al bolsillo la verdad, la historia, la ley, “El Mercurio” y, cada día más, la plata. De no creerlo.