Un pintor de
izquierda, Mario Toral, que es particularmente contumaz en su insistencia por propagar
ideas revolucionarias a través de sus obras, fue encargado hace más de veinte
años de pintar murales gigantes a costa, naturalmente, de una empresa del
Estado, el Metro, para sus estaciones. Corría 1994 y pretendió expresar la
historia reciente del país en la estación Neptuno mediante una versión
izquierdista y falsa del “caso Quemados”, pero el gobierno de Frei Ruiz Tagle tuvo
en tal momento la prudencia de impedir ese abuso del arte con fines de
propaganda política y falseando la verdad. Seguramente se fundó en que ocho años antes la justicia
había determinado que los protagonistas de “caso Quemados” habían corrido la
suerte de todos conocida por una circunstancia accidental y debido a los
artefactos incendiarios que ellos mismos portaban para quemar a otros. Por eso no parecía adecuado presentar en un lugar público una pintura que exhibía
una versión, además de politizada, falsa, achacándole al Gobierno Militar (que
por entonces todavía era llamado así y no “dictadura”) la muerte de Rojas y las
lesiones de Quintana.
Pero,
naturalmente, éste hoy ya no es el país de 1994 ni el presidente es
democratacristiano. Hoy vivimos en un país desorientado y convulso y la
gobernante es una izquierdista extrema, devenida militante socialista sólo
después de haber militado en el PAIS, conglomerado revolucionario formado en 1989
en torno al Partido Comunista. Para no hablar de su anterior vinculación al MIR
y al FPMR (biografía suya de Andrea Inzunza y Javier Ortega).
Entonces
Mario Toral ha logrado que Metro, empresa pública que, en teoría “se debe a
todos los chilenos por igual”, destine amplios recursos para volver a pintar el
mural con el diseño que incluye su particular y falsa versión del “caso
Quemados”. “Fue un hecho terrorista –dice el pintor– un ataque a la maravilla que
es el cuerpo humano. Como lo que he hecho toda mi vida es pintar cuerpos, es lo
que más me caló hondo por la injusticia y la gravedad dramática de este hecho”.
¡Qué abuso a
costa de la verdad y la buena fe de los chilenos! Justamente en momentos en que
el intento de reaprovechamiento político del mismo caso por parte del Gobierno
ha permitido, muy contra su voluntad (“no hay mal que por bien no venga”) confirmar la verdad de lo
ocurrido, que es precisamente todo lo contrario de lo que el politizado pintor
de murales ha dejado plasmado a alto costo y a expensas del Metro: Rodrigo Rojas
y Carmen Gloria Quintana portaban artefactos explosivos e incendiarios para
emplearlos contra vehículos de locomoción y personas que viajaran en su interior. Es decir, se preparaban para
perpetrar atentados terroristas. Y cuando fueron, afortunadamente para la
población inocente, interceptados por una patrulla, resultaron quemados por una
situación fortuita corroborada por numerosos testigos. Ha quedado comprobado
que si el caso se reabrió fue sólo por el intento de una persona de obtener un
beneficio económico al divulgar una versión que culpaba a oficiales de Ejército
de las quemaduras, pero todo ha terminado aclarándose, porque el resto de los ex
conscriptos de la patrulla ha mantenido su versión de hace 29 años, lo que
constituye una señal de que todavía se puede tener fe en la integridad de la
mayoría de los chilenos que sólo viven de su trabajo, como son los ex
conscriptos.
El mural
falso, llamado “Memoria de una Nación”, se exhibirá en la estación Universidad
de Chile y es un abuso más a expensas de la verdad y de los recursos de una empresa
pública. Una vergüenza más.
Como la que debería
también darnos al enterarnos de que Galvarino Apablaza, uno de los convictos
por el asesinato del senador Jaime Guzmán y ex jefe de la asociación ilícita
terrorista del PC, el FPMR, quien está hoy asilado en Argentina, se ha
presentado al respectivo consulado chileno a cobrar un “bono” extra de un millón de pesos que el Gobierno y el Congreso
dispensaron a todo el entorno de la izquierda guerrillera, la cual ya antes se
benefició de pensiones vitalicias (lo que se ha prestado para los mayores
abusos, que están siendo investigados por los tribunales) gracias a la dadivosa
Comisión Valech. No contentos los casi treinta mil beneficiarios de esas pensiones,
demandaron un bono adicional de diez millones de pesos. Como algunos se
encontraran en huelga de hambre para obtenerlo, se dictó una ley otorgándole un
millón a cada uno, a título de nada. Y resulta ahora que entre las “víctimas” de
supuestos malos tratos y apremios está el cabecilla del grupo armado terrorista
del PC que asoló al país en los ‘80. Porque pocos recuerdan hoy las inserciones
de varias páginas completas que aparecían en los principales diarios de 1986
con los retratos de medio centenar de uniformados caídos a manos del MIR, el
FPMR y otros entes guerrilleros de extrema izquierda. Las publicaciones daban
cuenta de que en casi todos los casos en que los asesinos habían sido
identificados, éstos contaban con la defensa judicial de la Vicaría de la Solidaridad
del Arzobispado de Santiago, a cargo del obispo Sergio Valech, que posterior y
explicablemente fue llamado por Ricardo Lagos para formar una comisión que
repartiera las cerca de treinta mil pensiones a los que
fueron a relatarle supuestos malos tratos recibidos de los agentes encargados
de combatir el terrorismo armado de extrema izquierda.
¿Quiere
saber usted por qué hoy más que nunca antes el país se siente víctima de la
delincuencia y el terrorismo? Bueno, vaya a ver los murales financiados con
platas estatales que hacen la apología de los terroristas y entérese de los
beneficios económicos de que éstos gozan y que pueden cobrar legalmente aunque
hayan sido los jefes de asociaciones ilícitas terroristas y tengan las manos
manchadas con la sangre de un senador chileno.
Cárcel
ilegal para quienes combatieron la violencia armada. Homenajes públicos y
prebendas para los que la practicaron. ¿Resultado? Chile 2015.