Tocqueville
decía que la dictadura de los jueces es la peor de todas, porque es la única
que no tiene remedio. En efecto ¿a quién se recurre ante los atropellos de los
jueces de izquierda? A otros jueces de izquierda o a tribunales colegiados con
mayoría de izquierda. En otras palabras, en Chile no hay adónde recurrir.
La dictadura
judicial en materia de derechos humanos ya ha propasado todo límite, y
atropellado reiteradamente los propios derechos humanos de los militares, en
particular de octogenarios enfermos, condenados ilegalmente y a los cuales ni
siquiera se les reconoce sus beneficios carcelarios. Y, además, dicha dictadura
judicial está más cínica que nunca.
Pues el
cinismo, según la Real Academia, “es la desvergüenza en el mentir o en la
defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”. Bueno, nuestra
justicia de izquierda, partiendo por la mayoría de la “sala penal” de la Corte
Suprema hacia abajo, ha hecho públicos y reiterados ejercicios de cinismo, pero
últimamente ha batido sus propias marcas en dos casos.
Así, en el
juicio politizado mediante el cual un juez de triste memoria (y que ha quedado
en el basurero de la historia) decretara el desafuero del senador Pinochet, ese
singular “magistrado” debió pasar por sobre todas las leyes, la verdad de los hechos
y las pruebas del proceso, en el estudio del cual me especialicé, tanto que
escribí en 2001 un libro, al respecto, “La Verdad del Juicio a Pinochet”, que
estuvo largamente entre los más vendidos y mereció tres ediciones, con un total
de 4.500 ejemplares, sin ser jamás refutado circunstanciadamente.
Como es sabido y está probado,
ni el general Pinochet ni su delegado, el general Arellano, que encabezó una
comitiva que tenía por misión regularizar y acelerar los juicios militares en
octubre de 1973, tuvieron nada que ver con fusilamientos ilegales que se
perpetraron en algunos de los lugares que ella visitó. Bueno, pero como estamos
en Chile y de lo que se trataba, por parte de la izquierda, era de “condenar
por los diarios” a Pinochet, obedeciendo la consigna dictada por Brezhnev y el
KGB, en el hecho no hubo un verdadero juicio. Por algo hace poco habían
transcurrido, desde que se inició (sin base legal alguna) en 1998, dieciséis
años sin sentencia de término.
En él, el ex Presidente y ex senador
fue sobreseído por muerte. Su general delegado también lo ha sido en un proceso,
que está en las manos de un enésimo ministro sumariante (en este caso, “enésima”,
Patricia González). Pero ni ella ni sus antecesores han cumplido el mandato
legal expreso del artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, que les ordena
examinar si existe una causal de extinción de la responsabilidad para, en caso
afirmativo, poner inmediato término al juicio. En éste hay a lo menos dos
causales, la amnistía y la prescripción, pero no se aplican, porque la ley
penal para los militares no rige.
Bueno, han pasado quince años
de esa situación de atropellos increíbles, políticamente motivados, y hace unos
días leí que un comandante, a quien en mi libro señalé como responsable directo
de 55 fusilamientos ilegales perpetrados al margen de todo conocimiento u orden
de los generales Arellano o Pinochet, ha sido por fin condenado (también ilegalmente,
porque se trata de delitos amnistiados y prescritos) ¡a una pena remitida! Es
decir, el principal responsable de las muertes que les achacaron a Arellano y
Pinochet no pasará un día en la cárcel.
Hasta la gordita Madeleine
Albright, Secretaria de Estado norteamericana de paso por Santiago, se permitió
decir que Pinochet estaba “bien procesado”, porque para ella, una izquierdista,
era lo políticamente correcto. Y resulta que el que apretó el gatillo, sin
saberlo Pinochet, ha quedado al fin libre. Los comunistas todavía derraman
lágrimas porque Pinochet no fue a la cárcel. Bueno, el que mató a las víctimas que le imputan a éste, tampoco.
Esto es una burla final de los
jueces de izquierda, y tiene un fundamento: culpar a Pinochet era lo que
políticamente exigía la izquierda. Y por eso el autor de las muertes, que mintió
y dijo haberles sido ellas ordenadas por Pinochet, es premiado con la libertad
(a la cual, en todo caso, tenía derecho legal en virtud de la amnistía y la
prescripción, y por eso no doy su nombre.) Pero ¡cuántos oficiales que no han
mentido para salvar el pellejo, como les exige el chantaje judicial de la izquierda,
cumplen largas condenas de presidio efectivo! Aunque sólo sea por “haber estado
ahí” (y alguno sin siquiera haber “estado ahí”).
El cinismo consiste en dejar
libre de la cárcel al que cumple con la exigencia política de la judicatura de
izquierda: culpar a Pinochet. Un artículo del Código Penal Chileno de Izquierda
(Karen Cariola podría estarlo preparando) seguramente dirá: “Ningún chileno
cumplirá condena alguna, por graves y numerosos que hayan sido sus delitos, si culpa
de ellos a Pinochet”.
Otra reciente manifestación de
cinismo judicial ha sido sobreseer al general Arellano (que en su ancianidad
está hace años privado de razón), pero ¡no sin antes dictar auto acusatorio en
su contra, culpándolo de la muerte de dos GAP, guardia armada personal de
Allende) en circunstancias de que, como está probado, lo único que hizo Arellano
fue ordenar el traslado de ellos, que habían sido apresados en Curicó, a
Santiago! Acá llegaron a un regimiento y luego fueron cambiados a otro en San
Bernardo, donde fueron fusilados. Nada de eso lo ordenó, y ni siquiera supo,
Arellano, que no tenía mando ni autoridad para decidir en el caso.
Pero la actual ministra
sumariante lo ha acusado de esas muertes e inmediatamente lo ha sobreseído, lo
que impide a su defensa presentar ningún recurso contra el auto acusatorio.
Pues el general Arellano nunca quiso alegar amnistía ni prescripción, pues
estaba seguro de poder demostrar su correcto proceder y completa inocencia. Creyó
que trataba con una justicia de verdad. Bueno, ahora la justicia de izquierda
le impide a su defensa, en este caso, demostrar su inocencia, al sobreseerlo por
demencia. ¿No es eso un “ejercicio de una acción vituperable”, que es lo que
define al cinismo?
En una nueva edición del “libro
negro de la justicia chilena”, aparecido en 2013 y titulado “Procesos Sobre
Violaciones de Derechos Humanos: Inconstitucionalidades, Ilegalidades,
Arbitrariedades”, de Adolfo Paúl Latorre, debería añadirse los dos testimonios
de cinismo judicial de que he querido dejar constancia hoy.