Siempre que un gobierno enfrenta problemas surgen voces pidiendo un "cambio de gabinete". Pero en uno como el actual, en que todo gira en torno al Presidente y el gabinete es ultradependiente de él y, por tanto, poco "empoderado", como dicen ahora, cuando hay problemas éstos no son de responsabilidad del gabinete sino del Presidente.
Este es el gobierno de Sebastián Piñera, por Sebastián Piñera, para Sebastián Piñera y centrado en Sebastián Piñera. Él llegó a la presidencia con su esfuerzo, con sus recursos, ofreciendo todo lo que tenía que ofrecer para ganar votos y amenazando a quien tenía que amenazar para que no se los disputaran; y, finalmente, ganó. Pero ahora se encuentra con algo que no había previsto: debe gobernar. Eso es distinto y yo creo que, realmente, él no lo había pensado y no estaba preparado para ello. Entonces, no sabe qué hacer en este momento de crisis. Porque él tenía un programa para conseguir el máximo posible de votos, pero no tenía ninguno para hacer que la gente piense que el país anda mejor.
Además, prometió ser un Presidente "todoterreno" y "24/7", pero ya este año se tomó vacaciones en el verano, luego se las tomó en Italia y ahora, exclusivamente con fines de agrado personal, prolonga su estadía en México para ver un partido de fútbol desde la tribuna oficial del Estadio Azteca y recibir allá la gran ovación a la que él está siempre aspirando y la cual sabe que ya no puede conseguir en Chile o donde haya demasiados chilenos (lo que le ha impedido asistir a los partidos de la selección en la Copa América, como lo tenía planeado). El luchó por la presidencia para recibir aplausos y no críticas ni silbatinas.
El hecho es que, por disfrutar siendo el centro de las miradas y las ovaciones en el Estadio Azteca y suscitar la admiración de cien mil personas, ha generado las molestias de varios miembros de su delegación, que contaban con estar de vuelta antes del lunes para, al revés de él, cumplir con sus obligaciones.
Y, así, por primera vez un Presidente no va a estar presidiendo la Jura de la Bandera en el aniversario de la Batalla de la Concepción. Y, todavía peor, en plena crisis política y social, el jefe político del gabinete, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que en ausencia del Primer Mandatario es el Vicepresidente y lo reemplaza, tampoco va a estar, porque ha decidido tomarse unos días de descanso a partir de, precisamente el 9 de julio. Extraordinario, el jefe político del gabinete se marcha en plena crisis política. Y como tampoco está el Canciller, por obligaciones propias de su cartera, ni el titular de Hacienda, por compromisos derivados de la suya, resulta que el Ministro de Defensa, Andrés Allamand, que, para no ser menos, tenía programado ir a ver los partidos de la Copa América, tendrá que quedarse y ser Vicepresidente durante el fin de semana y presidir la ceremonia de la Jura de la Bandera.
Entonces, ¿es el gabinete lo que está fallando y lo que hay que cambiar?
Yo creo que no. Yo les había advertido que esto iba pasar, pero no me hicieron caso.
viernes, 8 de julio de 2011
jueves, 7 de julio de 2011
La Única Cordura Está en la Constitución
El país está bastante enajenado, porque la gente pensante ha dejado en estos días de conducir el debate público. Éste resulta cada vez más determinado por consignas vacuas de gente primaria. Todo parece una operación de marketing dirigida a ella, es decir, destinada a instalar "cuñas" y entrar por la vista. El bosque de banderas detrás del Presidente y del Ministro de Educación, en el discurso del martes, el uso de siglas pegajosas para describir la iniciativa educacional (GANE y FE), el hecho de que se anuncie un tropel confuso de más de veinte iniciativas de gasto adicional distintas; el monto fantástico del conjunto, cuatro mil millones de dólares, la paradoja de que el principal postulado de la campaña de los estudiantes que protestan, "no al lucro", se solucione dándoles más dinero (o sea, diciéndole "sí al lucro"); "la besatón" y la "playa de Lavín", frente a La Moneda, hablan de una farandulización general e incoherente del tema educacional en particular y del proceso político en general.
A la luz de las encuestas éste resulta, además, incomprensible, porque la entidad partidista más rechazada por la opinión pública es la Concertación, con 68 % de desaprobación, versus 60% de la Alianza y 62 % del Gobierno; pero la personalidad política con mayor apoyo en la carrera presidencial (en las encuestas que hacen esa pregunta) es Michelle Bachelet, que pertenece al ente más impopular, la Concertación. ¿Quién puede entender eso?
Y si uno leyó hoy las declaraciones de Guido Girardi, tras entrevitarse con el Presidente ("El Mercurio", jueves 7, C 3), se enteró de que le pidió a éste financiar una reforma a la educación por US$2.500 millones de dólares (1 % del PIB), en circunstancias que el mismo Presidente, como recién señalé, acaba de anunciar una de US$4.000 millones de dólares (1,6 % del PIB). Sobre todo que en días pasados, y antes de los anuncios, ya se había publicado que el Estado destina (2009) 0,84 % del PIB a la sola educación superior, lo que, sumado a los aportes privados, pone al país en un porcentaje (2 % del PIB) superior al promedio de los de la OECD. ¿Quién entiende?
Yo creo que la única cordura restante está en la Constitución, que, como señalé en mi comentario de ayer, sienta las grandes líneas que deben presidir la política educacional: completa libertad a cualquier persona para "abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales"; completa libertad de trabajo remunerado con una "justa retribución". Es decir, lo lógico, lo sólido: todo chileno puede abordar como actividad remunerada (es decir, con fines de lucro) la noble misión de enseñar. Esa es la única garantía de que lleguemos a tener una mejor educación. Y, de hecho, la mejor que tenemos hoy es precisamente la privada, con fines de lucro; y la peor es la estatal, que es la que el vocerío de la calle pretende imponer como la única y que falsamente pretende ser "sin fines de lucro", pero oculta éste tras toda una maraña de prebendas, granjerías, barreras monopólicas y privilegios.
Como ha escrito Piñera (el bueno, es decir, José): "¡libertad, libertad, mis amigos!". He ahí la receta de la sensatez, en medio del vendaval de la locura colectiva.
A la luz de las encuestas éste resulta, además, incomprensible, porque la entidad partidista más rechazada por la opinión pública es la Concertación, con 68 % de desaprobación, versus 60% de la Alianza y 62 % del Gobierno; pero la personalidad política con mayor apoyo en la carrera presidencial (en las encuestas que hacen esa pregunta) es Michelle Bachelet, que pertenece al ente más impopular, la Concertación. ¿Quién puede entender eso?
Y si uno leyó hoy las declaraciones de Guido Girardi, tras entrevitarse con el Presidente ("El Mercurio", jueves 7, C 3), se enteró de que le pidió a éste financiar una reforma a la educación por US$2.500 millones de dólares (1 % del PIB), en circunstancias que el mismo Presidente, como recién señalé, acaba de anunciar una de US$4.000 millones de dólares (1,6 % del PIB). Sobre todo que en días pasados, y antes de los anuncios, ya se había publicado que el Estado destina (2009) 0,84 % del PIB a la sola educación superior, lo que, sumado a los aportes privados, pone al país en un porcentaje (2 % del PIB) superior al promedio de los de la OECD. ¿Quién entiende?
Yo creo que la única cordura restante está en la Constitución, que, como señalé en mi comentario de ayer, sienta las grandes líneas que deben presidir la política educacional: completa libertad a cualquier persona para "abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales"; completa libertad de trabajo remunerado con una "justa retribución". Es decir, lo lógico, lo sólido: todo chileno puede abordar como actividad remunerada (es decir, con fines de lucro) la noble misión de enseñar. Esa es la única garantía de que lleguemos a tener una mejor educación. Y, de hecho, la mejor que tenemos hoy es precisamente la privada, con fines de lucro; y la peor es la estatal, que es la que el vocerío de la calle pretende imponer como la única y que falsamente pretende ser "sin fines de lucro", pero oculta éste tras toda una maraña de prebendas, granjerías, barreras monopólicas y privilegios.
Como ha escrito Piñera (el bueno, es decir, José): "¡libertad, libertad, mis amigos!". He ahí la receta de la sensatez, en medio del vendaval de la locura colectiva.
miércoles, 6 de julio de 2011
Inconstitucionalidad de la Prohibición del Lucro
Todo chileno tiene derecho a trabajar a cambio de una retribución económica, es decir, de una ganancia, la que también se denomina lucro. El artículo 19 número 16 de la Constitución asegura a todas las personas la libertad de trabajo y especifica que "toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución".
El concepto de "justa retribución" implica la obtención de un lucro, pues si alguien trabaja y sólo obtiene lo mismo que invierte o aporta, no recibe ninguna retribución, sino que sólo recupera lo que ya antes tenía. Es decir, no consigue una "justa retribución", como se lo autoriza la Constitución. Si, en cambio, la obtiene, es porque hace una ganancia, un lucro, respetando estrictamente la Constitución.
Ninguna ley ni ninguna decisión de autoridad puede impedirle ese lucro, porque la Carta está por sobre la ley. Y si hay una ley que prohíbe el lucro, esa ley es inconstitucional y deberia ser declarada tal por el Tribunal Constitucional.
Toda la estructura anterior, mediante la cual la Carta garantiza la libertad de trabajo y autoriza la obtención de un lucro, está reforzada, en el caso particular de la educación de cualquier nivel, ya fuere parvularia, básica, media o superior, por el artículo 19 número 11 de la Constitución, que asegura a todas las personas la libertad de enseñanza y dice que ella "incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales".
Es decir, la pretensión de que cualquier nivel de enseñanza quede exclusivamente en manos del Estado es inconstitucional y ninguna ley podría disponer semejante monopolio estatal.
Además, la Constitución reafirma el concepto de que, en materia educacional, y como parte de la libertad de trabajo, el lucro está permitido, al disponer: "La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional". En particular, queda claro que no se puede limitar la libertad de impartir la enseñanza universitaria a las instituciones sin fines de lucro, pues ello sería inconstitucional, ya que el lucro no se opone a la moral ni a las buenas costumbres ni al orden público ni a la seguridad nacional.
De modo que si una Ley Organica Constitucional dispuso que las instituciones de enseñanza superior no podrían tener fines de lucro, contravino la Constitución y el Tribunal Constitucional debió haberla objetado de inconstitucionalidad; y si no lo hizo ni lo ha hecho, cuando fuere debidamente requerido para ello debería hacerlo.
Y las personas que crearon instituciones de enseñanza superior (universidades) persiguiendo fines de lucro, estuvieron y están amparadas por la supremacía constitucional y nadie podría objetar las ganancias obtenidas.
Todo lo anterior es jurídicamente claro y por eso cualquier intento de cualquier nivel, ya fuere legislativo, administrativo o judicial, de prohibir el lucro en la educación de algún nivel, es o sería constitutivo de un atropello a la Constitución. En el caso del Presidente y de Ministros de Estado, tal infracción justificaría una acusación constitucional, es decir, un juicio político. Y tras éste debería tener lugar la consiguiente destitución por haber el o los acusados infringido la Constitución. Como también ella procedería en el caso de los altos magistrados que pretendieren imponer, vía sentencia judicial, una prohibición del lucro en la educación, pues ello les haría incurrir en notable abandono de sus deberes, dado que el más elemental de los mismos es la observancia del texto constitucional.
En conclusión, la consigna "no al lucro en la educación" es pura y simplemente inconstitucional.
El concepto de "justa retribución" implica la obtención de un lucro, pues si alguien trabaja y sólo obtiene lo mismo que invierte o aporta, no recibe ninguna retribución, sino que sólo recupera lo que ya antes tenía. Es decir, no consigue una "justa retribución", como se lo autoriza la Constitución. Si, en cambio, la obtiene, es porque hace una ganancia, un lucro, respetando estrictamente la Constitución.
Ninguna ley ni ninguna decisión de autoridad puede impedirle ese lucro, porque la Carta está por sobre la ley. Y si hay una ley que prohíbe el lucro, esa ley es inconstitucional y deberia ser declarada tal por el Tribunal Constitucional.
Toda la estructura anterior, mediante la cual la Carta garantiza la libertad de trabajo y autoriza la obtención de un lucro, está reforzada, en el caso particular de la educación de cualquier nivel, ya fuere parvularia, básica, media o superior, por el artículo 19 número 11 de la Constitución, que asegura a todas las personas la libertad de enseñanza y dice que ella "incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales".
Es decir, la pretensión de que cualquier nivel de enseñanza quede exclusivamente en manos del Estado es inconstitucional y ninguna ley podría disponer semejante monopolio estatal.
Además, la Constitución reafirma el concepto de que, en materia educacional, y como parte de la libertad de trabajo, el lucro está permitido, al disponer: "La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional". En particular, queda claro que no se puede limitar la libertad de impartir la enseñanza universitaria a las instituciones sin fines de lucro, pues ello sería inconstitucional, ya que el lucro no se opone a la moral ni a las buenas costumbres ni al orden público ni a la seguridad nacional.
De modo que si una Ley Organica Constitucional dispuso que las instituciones de enseñanza superior no podrían tener fines de lucro, contravino la Constitución y el Tribunal Constitucional debió haberla objetado de inconstitucionalidad; y si no lo hizo ni lo ha hecho, cuando fuere debidamente requerido para ello debería hacerlo.
Y las personas que crearon instituciones de enseñanza superior (universidades) persiguiendo fines de lucro, estuvieron y están amparadas por la supremacía constitucional y nadie podría objetar las ganancias obtenidas.
Todo lo anterior es jurídicamente claro y por eso cualquier intento de cualquier nivel, ya fuere legislativo, administrativo o judicial, de prohibir el lucro en la educación de algún nivel, es o sería constitutivo de un atropello a la Constitución. En el caso del Presidente y de Ministros de Estado, tal infracción justificaría una acusación constitucional, es decir, un juicio político. Y tras éste debería tener lugar la consiguiente destitución por haber el o los acusados infringido la Constitución. Como también ella procedería en el caso de los altos magistrados que pretendieren imponer, vía sentencia judicial, una prohibición del lucro en la educación, pues ello les haría incurrir en notable abandono de sus deberes, dado que el más elemental de los mismos es la observancia del texto constitucional.
En conclusión, la consigna "no al lucro en la educación" es pura y simplemente inconstitucional.
martes, 5 de julio de 2011
Ha Pasado Muchas Veces
Las circunstancias por las que está atravesando el Gobierno las han enfrentado todos los gobiernos chilenos. La memoria de la gente es frágil y a menudo retiene sólo lo bueno del pasado. Por eso suele creer que los conflictos actuales son más graves que los pretéritos, pero no es así. Y como he visto otras veces antes lo que vemos hoy es que sostengo que, si bien no es bueno para el Gobierno, no es trascendentalmente grave. Y reitero que los desórdenes de días pasados cesarán y quedarán olvidados muy pronto, como ha sucedido muchas veces antes.
Es verdad que una nueva encuesta CERC reafirma algo que se viene gestando hace tiempo: que el gobernante, a un año de su asunción, es el más impopular de los que ha habido desde 1990. Tiene 35 % de apoyo y 53 % de reprobación. ¿Por qué? Dejando de lado los factores imponderables, como carisma, simpatía, credibilidad (o la falta de ellos), hay elementos objetivos:
1) Sebastián Piñera prometió una "nueva forma de gobernar". Pero sólo el 20 % de la gente cree que ella es "mejor"; un 39 % dice que es "igual" y un 37 % la encuentra "peor". Es decir, no tuvo lugar (según la mayoría) el cambio que se le prometió a la gente.
2) Sebastián Piñera prometió muchas cosas buenas para la gente, concretas y simples: fin de la "puerta giratoria", supresión del descuento de 7 % a los jubilados, posnatal de seis meses, mejoría del Transantiago y otras más. Pero, en el hecho, la "puerta giratoria" no dejó de girar. Leemos todos los días que delincuentes aprehendidos, a veces in fraganti, salen libres. El descuento de 7 % resultó ser para algunos jubilados, no para todos. Hay dos quintiles de ellos que quedaron fuera, y dos quintiles representan un 40 % de defraudados. El posnatal resultó no ser es para todas las mujeres y lo recibirá sólo una minoría, pues, de las más pobres, el 72 % no tiene contrato de trabajo y, por tanto, no recibirá posnatal. Pero el candidato Piñera no les había advertido eso. Y la gente que viaja en el Transantiago y en el Metro (deteriorado por el Transantiago) no los encuentra mejor, sino igual, pero más caro. Es decir, para muchos, lo prometido no se cumplió.
3) Apareció cierta inflación, aún baja para los cánones chilenos, pero que castiga más a los pobres, pues han subido los precios de las subsistencias, en las cuales los de menos recursos gastan mayor proporción de su ingreso que los más ricos. La encuesta dice que el 83 % de la gente opina que "los ricos son cada vez más ricos". En el orden material, la expectativa de la gente, de estar mejor en el futuro, ha caído del 43 % a 27 %; y la expectativa de que el país estará mejor ha caído de 35 % a 11%. Todo esto contrasta con las cifras oficiales, que arrojan una perspectiva de crecimiento de más de 6 % para este año y la creación de más de 400 mil empleos. Pero hoy en "El Mercurio" (B 4) se informa que el subempleo (personas que buscan un trabajo de tiempo completo, pero sólo consiguen uno de tiempo parcial) ha aumentado en 21 % en relación al año pasado, en esta misma época.
4) El Gobierno enfrenta el descontento estudiantil ofreciendo mejoramientos cuantiosos para los alumnos, según acaba de anunciar el Presidente. Pero las protestas tienen claramente motivaciones políticas, y no van a cesar por esos anuncios. Basta saber a qué partido pertenecen dos de los principales promotores de las manifestaciones callejeras. Siempre ha sido así: son los mismos, siempre agitan y lo seguirán haciendo. Los anuncios pueden descomprimir, pero no significarán que los comunistas dejen de agitar.
5) Todo eso se ha juntado con el tema de HidroAysén, con la huelga de los subcontratistas de Codelco y con el caso "La Polar", que es el más corrosivo de todos, porque desprestigia a una categoría de personas, los empresarios, muy identificada con el Presidente y su gobierno (un 64 %, en la encuesta, opina que éste es "el gobierno de los empresarios"). No podía ser una mezcla más explosiva, y conste que, cuando se destapó lo de "La Polar", el trabajo de terreno de la encuesta CERC ya se había hecho. Es decir, todo puede ser todavía peor.
Pero las encuestas son "una fotografía del momento", así es que pueden cambiar. Pero aunque nada cambiara, la historia nos enseña que los gobiernos resisten perfectamente la impopularidad. Si hubiera habido encuestas hace sesenta años, el régimen de Gabriel González Videla habría logrado niveles de apoyo bajísimos en 1950, por ejemplo. Por eso, en 1952, ganó su polo opuesto, el general Ibáñez. Y éste, a su vez, cuando en su gobierno se desató la inflación más alta, hasta entonces, de la historia de Chile, debe haber descendido a bajísimos niveles de popularidad. Pero terminó normalmente. Claro que dichos gobiernos no dejaron sucesión política. Pero completaron perfectamente sus períodos. Se necesitó un desbarajuste monumental, intencionado y terminal, como el que provocó Salvador Allende, para que se alterara la normalidad institucional. Pero es casi imposible que un grado de enajenación similar vuelva a hacerse presente a la cabeza de un gobierno chileno.
En conclusión, lo que hoy sucede ha sucedido muchas veces antes y, a la larga, no tendrá trascendencia y quedará tan olvidado como la "revolución de los pingüinos" de cinco años atrás.
El gobierno de Sebastián Piñera continuará gozando de buena salud institucional. Si logrará dejar o no sucesión es otra cosa. Qué les acontecerá a los partidos que lo apoyan, también es otra cosa. Pero nada de ello obstará a la normalidad de la vida interna, por comparación con las características que ella ha tenido históricamente. Como diría un futbolista, "Chile es así".
Es verdad que una nueva encuesta CERC reafirma algo que se viene gestando hace tiempo: que el gobernante, a un año de su asunción, es el más impopular de los que ha habido desde 1990. Tiene 35 % de apoyo y 53 % de reprobación. ¿Por qué? Dejando de lado los factores imponderables, como carisma, simpatía, credibilidad (o la falta de ellos), hay elementos objetivos:
1) Sebastián Piñera prometió una "nueva forma de gobernar". Pero sólo el 20 % de la gente cree que ella es "mejor"; un 39 % dice que es "igual" y un 37 % la encuentra "peor". Es decir, no tuvo lugar (según la mayoría) el cambio que se le prometió a la gente.
2) Sebastián Piñera prometió muchas cosas buenas para la gente, concretas y simples: fin de la "puerta giratoria", supresión del descuento de 7 % a los jubilados, posnatal de seis meses, mejoría del Transantiago y otras más. Pero, en el hecho, la "puerta giratoria" no dejó de girar. Leemos todos los días que delincuentes aprehendidos, a veces in fraganti, salen libres. El descuento de 7 % resultó ser para algunos jubilados, no para todos. Hay dos quintiles de ellos que quedaron fuera, y dos quintiles representan un 40 % de defraudados. El posnatal resultó no ser es para todas las mujeres y lo recibirá sólo una minoría, pues, de las más pobres, el 72 % no tiene contrato de trabajo y, por tanto, no recibirá posnatal. Pero el candidato Piñera no les había advertido eso. Y la gente que viaja en el Transantiago y en el Metro (deteriorado por el Transantiago) no los encuentra mejor, sino igual, pero más caro. Es decir, para muchos, lo prometido no se cumplió.
3) Apareció cierta inflación, aún baja para los cánones chilenos, pero que castiga más a los pobres, pues han subido los precios de las subsistencias, en las cuales los de menos recursos gastan mayor proporción de su ingreso que los más ricos. La encuesta dice que el 83 % de la gente opina que "los ricos son cada vez más ricos". En el orden material, la expectativa de la gente, de estar mejor en el futuro, ha caído del 43 % a 27 %; y la expectativa de que el país estará mejor ha caído de 35 % a 11%. Todo esto contrasta con las cifras oficiales, que arrojan una perspectiva de crecimiento de más de 6 % para este año y la creación de más de 400 mil empleos. Pero hoy en "El Mercurio" (B 4) se informa que el subempleo (personas que buscan un trabajo de tiempo completo, pero sólo consiguen uno de tiempo parcial) ha aumentado en 21 % en relación al año pasado, en esta misma época.
4) El Gobierno enfrenta el descontento estudiantil ofreciendo mejoramientos cuantiosos para los alumnos, según acaba de anunciar el Presidente. Pero las protestas tienen claramente motivaciones políticas, y no van a cesar por esos anuncios. Basta saber a qué partido pertenecen dos de los principales promotores de las manifestaciones callejeras. Siempre ha sido así: son los mismos, siempre agitan y lo seguirán haciendo. Los anuncios pueden descomprimir, pero no significarán que los comunistas dejen de agitar.
5) Todo eso se ha juntado con el tema de HidroAysén, con la huelga de los subcontratistas de Codelco y con el caso "La Polar", que es el más corrosivo de todos, porque desprestigia a una categoría de personas, los empresarios, muy identificada con el Presidente y su gobierno (un 64 %, en la encuesta, opina que éste es "el gobierno de los empresarios"). No podía ser una mezcla más explosiva, y conste que, cuando se destapó lo de "La Polar", el trabajo de terreno de la encuesta CERC ya se había hecho. Es decir, todo puede ser todavía peor.
Pero las encuestas son "una fotografía del momento", así es que pueden cambiar. Pero aunque nada cambiara, la historia nos enseña que los gobiernos resisten perfectamente la impopularidad. Si hubiera habido encuestas hace sesenta años, el régimen de Gabriel González Videla habría logrado niveles de apoyo bajísimos en 1950, por ejemplo. Por eso, en 1952, ganó su polo opuesto, el general Ibáñez. Y éste, a su vez, cuando en su gobierno se desató la inflación más alta, hasta entonces, de la historia de Chile, debe haber descendido a bajísimos niveles de popularidad. Pero terminó normalmente. Claro que dichos gobiernos no dejaron sucesión política. Pero completaron perfectamente sus períodos. Se necesitó un desbarajuste monumental, intencionado y terminal, como el que provocó Salvador Allende, para que se alterara la normalidad institucional. Pero es casi imposible que un grado de enajenación similar vuelva a hacerse presente a la cabeza de un gobierno chileno.
En conclusión, lo que hoy sucede ha sucedido muchas veces antes y, a la larga, no tendrá trascendencia y quedará tan olvidado como la "revolución de los pingüinos" de cinco años atrás.
El gobierno de Sebastián Piñera continuará gozando de buena salud institucional. Si logrará dejar o no sucesión es otra cosa. Qué les acontecerá a los partidos que lo apoyan, también es otra cosa. Pero nada de ello obstará a la normalidad de la vida interna, por comparación con las características que ella ha tenido históricamente. Como diría un futbolista, "Chile es así".
lunes, 4 de julio de 2011
Bicentenario del Congreso
Acudí al salón de honor del Congreso Nacional a raíz de una invitación de los presidentes del Senado y la Cámara donde se me decía que, conmotivo del bicentenario de la institución, habría un acto en que "se reconocerá a ex diputados y senadores por su valioso aporte".
Yo alcancé a ejercer como diputado sólo 122 días, entre el 21 de mayo de 1973, en que juré, y el 20 de septiembre del mismo año, en que me enteré por los diarios de que el Congreso había sido clausurado. Así es que consideré exagerado que se me invitara en la misma condición de otros ex parlamentarios que cumplieron períodos completos. Pero, como la invitación decía "se reconocerá", pensé que podría tener lugar la entrega de una medalla conmemorativa, que hasta podría ser de oro, de ésas que, cuando uno se muere (si es que no se la han llevado antes los ladrones en un asalto domiciliario) llevan a los deudos a pensar que el causante puede haber sido una persona de importancia.
Pero no nos dieron ninguna medalla, pese a que el centenar de ex parlamentarios (y el resto de los asistentes) tuvimos la paciencia de oír cuatro discursos que duraron tres horas en conjunto y de asistir a un acto gimnástico-folklórico (de difícil interpretación) ante el frontis del edificio del Congreso.
Estando en dicho frontis leí, al otro lado de la calle frente al Congreso, un gran letrero de un comercio que ofrece "frenos de aire - 'suspenciones' (sic) - neumáticos" para buses, camiones y rastras. Me pregunté por qué, en todos estos años, nadie del Congreso se habrá preocupado de que la falta de ortografía no siga allí, sobre todo si tantos visitantes extranjeros asistentes a actos solemnes, como las transmisiones del mando presidencial, se deben haber enterado de esa prueba de las falencias educacionales de los chilenos. Peor aún, me pregunté si algún parlamentario se habrá siquiera dado cuenta de la falta de ortografía; y si así ha sido, por qué en 21 años ninguno ha tomado la iniciativa de sugerir que se corrija. ¿No retrata eso de cuerpo entero nuestra falta de instrucción y/o nuestra desidia nacionales?
En fin, sea como fuere, el discurso del presidente de la Cámara, Patricio Melero (UDI) fue respetuoso y moderado. El del Presidente de la República también se encuadró en los marcos de la urbanidad, si bien no pudo menos de contener una alusión a los parlamentarios muertos por la violencia política (dos socialistas, un comunista y un UDI) alusión en la cual, como era de esperarse de su persona, se abstuvo de precisar que los tres primeros pertenecían a partidos marxistas que fueron precisamente (y en el caso del tercero todavía es) los principales promotores de la violencia política armada en Chile. El tercer discurso, del vicepresidente de la Unión Interparlamentaria, un representante uruguayo, resultó adecuado y pertinente. Y el cuarto, del presidente del Senado, Guido Girardi, fue una odiosa diatriba, que desvirtuó por completo el acto en cuanto encuentro respetuoso y civilizado de personas de distintos pensamientos y corrientes partidarias.
Constituyó, por tanto, un abuso flagrante a costa de una concurrencia cautiva, que no podía replicarle, parecido a los que el mismo Girardi ha perpetrado a expensas de la oficina de correos de la Cámara, cuando era diputado; o del financiamiento público de gastos electorales, cuando fue candidato; o de senadores adversarios suyos, al sobornar a un testigo falso, con el fin de acusarlos de hechos oprobiosos en que no habían incurrido.
El acto del Bicentenario del Congreso nos mostró, en buenas cuentas, aspectos muy representativos del país real, algunos de los cuales no son nada de enorgullecedores.
Yo alcancé a ejercer como diputado sólo 122 días, entre el 21 de mayo de 1973, en que juré, y el 20 de septiembre del mismo año, en que me enteré por los diarios de que el Congreso había sido clausurado. Así es que consideré exagerado que se me invitara en la misma condición de otros ex parlamentarios que cumplieron períodos completos. Pero, como la invitación decía "se reconocerá", pensé que podría tener lugar la entrega de una medalla conmemorativa, que hasta podría ser de oro, de ésas que, cuando uno se muere (si es que no se la han llevado antes los ladrones en un asalto domiciliario) llevan a los deudos a pensar que el causante puede haber sido una persona de importancia.
Pero no nos dieron ninguna medalla, pese a que el centenar de ex parlamentarios (y el resto de los asistentes) tuvimos la paciencia de oír cuatro discursos que duraron tres horas en conjunto y de asistir a un acto gimnástico-folklórico (de difícil interpretación) ante el frontis del edificio del Congreso.
Estando en dicho frontis leí, al otro lado de la calle frente al Congreso, un gran letrero de un comercio que ofrece "frenos de aire - 'suspenciones' (sic) - neumáticos" para buses, camiones y rastras. Me pregunté por qué, en todos estos años, nadie del Congreso se habrá preocupado de que la falta de ortografía no siga allí, sobre todo si tantos visitantes extranjeros asistentes a actos solemnes, como las transmisiones del mando presidencial, se deben haber enterado de esa prueba de las falencias educacionales de los chilenos. Peor aún, me pregunté si algún parlamentario se habrá siquiera dado cuenta de la falta de ortografía; y si así ha sido, por qué en 21 años ninguno ha tomado la iniciativa de sugerir que se corrija. ¿No retrata eso de cuerpo entero nuestra falta de instrucción y/o nuestra desidia nacionales?
En fin, sea como fuere, el discurso del presidente de la Cámara, Patricio Melero (UDI) fue respetuoso y moderado. El del Presidente de la República también se encuadró en los marcos de la urbanidad, si bien no pudo menos de contener una alusión a los parlamentarios muertos por la violencia política (dos socialistas, un comunista y un UDI) alusión en la cual, como era de esperarse de su persona, se abstuvo de precisar que los tres primeros pertenecían a partidos marxistas que fueron precisamente (y en el caso del tercero todavía es) los principales promotores de la violencia política armada en Chile. El tercer discurso, del vicepresidente de la Unión Interparlamentaria, un representante uruguayo, resultó adecuado y pertinente. Y el cuarto, del presidente del Senado, Guido Girardi, fue una odiosa diatriba, que desvirtuó por completo el acto en cuanto encuentro respetuoso y civilizado de personas de distintos pensamientos y corrientes partidarias.
Constituyó, por tanto, un abuso flagrante a costa de una concurrencia cautiva, que no podía replicarle, parecido a los que el mismo Girardi ha perpetrado a expensas de la oficina de correos de la Cámara, cuando era diputado; o del financiamiento público de gastos electorales, cuando fue candidato; o de senadores adversarios suyos, al sobornar a un testigo falso, con el fin de acusarlos de hechos oprobiosos en que no habían incurrido.
El acto del Bicentenario del Congreso nos mostró, en buenas cuentas, aspectos muy representativos del país real, algunos de los cuales no son nada de enorgullecedores.
domingo, 3 de julio de 2011
Otra Subsecretaría y Otra Comisión
Como el actual gobierno es muy parecido a sus antecesores, en el sentido de creer que todos los problemas los debe solucionar el Estado, anunció que éste sería "el Año de la Educación Superior".
Ese fue un error político más en aras de la "imagen". Error, porque lo primero que piensan las entidades de educación superior que obtienen dinero del Estado es que en "el año de..." van a obtener todavía más.
Lo cual no tiene fundamento, porque si ustedes leyeron "El Mercurio" del viernes 17 vieron que el dinero estatal dedicado a la educación superior ha aumentado del 0,3 por ciento del PIB en 2007 a un 0,84 por ciento en 2009, es decir, se ha más que duplicado. Si a ello se suma el aporte privado a la educación superior, Chile resulta destinando a ella más que el promedio de las naciones desarrolladas que se agrupan en la OECD, superando a países como Dinamarca, por ejemplo.
El jefe de Educación Superior del Ministerio, Juan José Ugarte, ha dicho que el promedio de las becas a los alumnos ha aumentado de $1.150.000 a $1.850.000 al año y también se elevó el subsidio al crédito del Fondo Solidario. "Esa es una inyección enorme de recursos".
Entonces ¿por qué desfilan en protesta miles de universitarios, entre otros? Porque quieren más dinero. Según la consigna comunista, la educación superior debería ser gratuita.
Es decir, a la élite que va a la universidad (porque es una élite) debería dársele más dinero para pagar sus estudios superiores.
Esto constituiría otro atentado a los propósitos de que el gasto público procure una mayor igualdad en el país, tal como en el caso de iniciativas como la supresión del 7 por ciento de cotización de salud que hacen los jubilados, que no están entre los grupos más pobres del país, como sí lo están, por ejemplo, comprobadamente, los niños pobres hasta de tres años de edad, a quienes nada se les dará (entre paréntesis, no votan y los jubilados sí).
¿En qué terminará el "Año de la Educación Superior"? Yo les voy a decir: en que, más encima de haberse más que doblado el aporte a ella en los dos últimos años, se le va a volver a aumentar; en que se va a crear otro gran organismo estatal, la Subsecretaría de Educación Superior, que va a tener muchos funcionarios más provenientes de las legiones de aspirantes que todavía no han podido ser contratados; y, finalmente, como de costumbre, en que se va a crear otra comisión (con muchas fotos), a cuyas conclusiones nadie les va a hacer caso, porque lo que se quería era más plata y ésa se va a conseguir.
Ese fue un error político más en aras de la "imagen". Error, porque lo primero que piensan las entidades de educación superior que obtienen dinero del Estado es que en "el año de..." van a obtener todavía más.
Lo cual no tiene fundamento, porque si ustedes leyeron "El Mercurio" del viernes 17 vieron que el dinero estatal dedicado a la educación superior ha aumentado del 0,3 por ciento del PIB en 2007 a un 0,84 por ciento en 2009, es decir, se ha más que duplicado. Si a ello se suma el aporte privado a la educación superior, Chile resulta destinando a ella más que el promedio de las naciones desarrolladas que se agrupan en la OECD, superando a países como Dinamarca, por ejemplo.
El jefe de Educación Superior del Ministerio, Juan José Ugarte, ha dicho que el promedio de las becas a los alumnos ha aumentado de $1.150.000 a $1.850.000 al año y también se elevó el subsidio al crédito del Fondo Solidario. "Esa es una inyección enorme de recursos".
Entonces ¿por qué desfilan en protesta miles de universitarios, entre otros? Porque quieren más dinero. Según la consigna comunista, la educación superior debería ser gratuita.
Es decir, a la élite que va a la universidad (porque es una élite) debería dársele más dinero para pagar sus estudios superiores.
Esto constituiría otro atentado a los propósitos de que el gasto público procure una mayor igualdad en el país, tal como en el caso de iniciativas como la supresión del 7 por ciento de cotización de salud que hacen los jubilados, que no están entre los grupos más pobres del país, como sí lo están, por ejemplo, comprobadamente, los niños pobres hasta de tres años de edad, a quienes nada se les dará (entre paréntesis, no votan y los jubilados sí).
¿En qué terminará el "Año de la Educación Superior"? Yo les voy a decir: en que, más encima de haberse más que doblado el aporte a ella en los dos últimos años, se le va a volver a aumentar; en que se va a crear otro gran organismo estatal, la Subsecretaría de Educación Superior, que va a tener muchos funcionarios más provenientes de las legiones de aspirantes que todavía no han podido ser contratados; y, finalmente, como de costumbre, en que se va a crear otra comisión (con muchas fotos), a cuyas conclusiones nadie les va a hacer caso, porque lo que se quería era más plata y ésa se va a conseguir.
sábado, 2 de julio de 2011
Crónica de la Imbecilidad
Un profesor de la enseñanza particular pagada me enseñó que "imbécil" no era un insulto demasiado ofensivo, pues derivaba de la voz latina "imbáculo", sin báculo, es decir, sin bastón, queriendo significar meramente que alguien expresa opiniones sin apoyo, sin sustento.
He visto los acontecimientos de estos días, presididos por una marcha de "imbáculos" cuyo principal lema es "no al lucro", pero lo único que piden es más plata. Pues querer "educación gratis" es lo mismo que pedir plata, porque demandan edificios escolares, profesores, movilización y alimentación sin pagar, y como todas esas cosas cuestan, alguien tendrá que ponerla. Es decir, los "imbáculos" quieren lucrar a costa de otros. Tal vez más bien debería decírseles "frescos".
No muy diferente de lo que pretende el rector Pérez, de la "U", que preside el consejo de rectores, y que también dice estar contra el lucro, pero pide más plata (porque ya su universidad le extrae al Estado una enormidad) para hacer lo mismo que otras, privadas, hacen sin pedirle nada al Estado (porque el aporte fiscal indirecto se lo dan a ellas los alumnos).
A este respecto, permítaseme una digresión: siempre he sostenido que tres grandes omisiones del Gobierno Militar fueron la no privatización del Banco del Estado, la no licitación de la Universidad de Chile y la no modernización del Poder Judicial. Ahora he añadido otros requerimientos susceptibles de formularse en el muy improbable caso de que advenga otro gobierno rectificador y modernizador: la supresión de los monstruos burocráticos denominados Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, y la correspondiente entrega de los recursos (que ellos dilapidan) a las familias más pobres, para que éstas elijan las instituciones privadas en las cuales van a educar a sus hijos y contratar seguros de salud para sus familias (porque en el país modernizado y restaurado también se fortalecerá la familia).
Bueno, era sólo una digresión.
Volviendo al rector Pérez, debo hacer notar que él aún no responde al padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado (privada), que denunció en "Qué Pasa" de la semana anterior a las entidades con fines de lucro que ganan plata dentro de las universidades estatales "sin fines de lucro". Y que, de paso, señaló que si a su universidad le dieran los mismos recursos para investigación que el Estado les da a la Chile y similares, investigaría "como avión" y las superaría en logros. Bueno, es lo que siempre sucede cuando se transfiere recursos de la burocracia a los particulares. Por eso Chile creció al 7% tras completarse el modelo privatizador legado por el Gobierno Militar, en vez de crecer al 3 % de antes (y al 3% de después que la Concertación le había hecho ya suficientes injertos socialistas al mismo modelo).
Los "imbáculos" también piden ahora que toda la enseñanza sea estatal, es decir, frente a la evidencia de que ésta tiene logros inferiores a la particular, demandan suprimir esta última y no aquélla, como lo resolverían si tuvieran "báculo".
Pero no hay que preocuparse. En "La Tercera" de hoy, Ascanio Cavallo hace un muy buen recuento de anteriores protestas estudiantiles: 1) Las de 1972, contra la ENU marxista, la única protesta inteligente y democrática, porque defendía la educación mejor (la privada), y fue también la única que en definitiva tuvo éxito, porque no hubo ENU sino que advino un gobierno que restableció la libertad educacional; 2) Las de 1983, durante el Gobierno Militar, exactamente iguales a las de hoy, conducidas por los comunistas y sin ninguna trascendencia. Cavallo nos informa que parte de los manifestantes de entonces ingresaron al grupo terrorista del PC, el FPMR (entre paréntesis, uno de los jefes del FPMR, el actual diputado PC Guillermo Teillier, fue el único parlamentario "admitido" en la marcha del jueves último); y 3) Las de 2006 o "revolución de los pingüinos", tan inútil, intrascendente y manejada por los comunistas como la de 1983. Tan superflua que la LOCE, cuya derogación era el postulado básico de los "pingüinos", sigue vigente hasta hoy. Pero, como había un gobierno aún más débil que el actual, los "pingüinos" lograron la renuncia del Ministro de Educación, Martín Zilic y la del de Interior, Andrés Zaldívar. Y nada más, porque no me van a decir que las cuatrocientas páginas escritas por la "comisión transversal para la educación" que discurrió la Michelle fueron "algo".
Ahora, en cambio, hasta el momento Lavín permanece en su cargo, lo que está bien. Negocia y concede, lo que está mal. El comentario generalizado de los medios es de que "la situación es grave", pero, como siempre, están equivocados, pues ciertamente no lo es.
Otra cosa es que ella acentúe la impopularidad del gobernante. Todos se preguntan cuánto inciden las marchas y desórdenes en ella. Por supuesto que inciden, porque no deja contento a nadie: no accede a todo lo que piden los "imbáculos" ni tampoco satisface la expectativa de la inmensa mayoría, de que no se puedan usurpar impunemente doscientos colegios, de que se sancione penalmente a los autores de las tomas y de que "el largo brazo" de la ley alcance a los delincuentes que roban y destrozan, en lugar de lo de siempre: que antes de 24 horas están libres y listos para reincidir.
Termino reiterando: los movimientos de estos días, más temprano que tarde, serán completamente olvidados, salvo que Ascanio los recuerde; la educación chilena seguirá más o menos como está, pero gastará más recursos; los comunistas seguirán, como siempre, tratando de hacer una revolución violenta, aprovechando a los "tontos útiles" (el nombre se lo pusieron ellos); y la mayoría silenciosa, siempre ilusa, seguirá aspirando a que alguna vez llegue un gobierno con autoridad, que ponga en su lugar a los comunistas (en lugar de tener en ese lugar a los uniformados que nos libraron de ellos) y garantice el orden, la tranquilidad y la libertad de los ciudadanos honrados.
He visto los acontecimientos de estos días, presididos por una marcha de "imbáculos" cuyo principal lema es "no al lucro", pero lo único que piden es más plata. Pues querer "educación gratis" es lo mismo que pedir plata, porque demandan edificios escolares, profesores, movilización y alimentación sin pagar, y como todas esas cosas cuestan, alguien tendrá que ponerla. Es decir, los "imbáculos" quieren lucrar a costa de otros. Tal vez más bien debería decírseles "frescos".
No muy diferente de lo que pretende el rector Pérez, de la "U", que preside el consejo de rectores, y que también dice estar contra el lucro, pero pide más plata (porque ya su universidad le extrae al Estado una enormidad) para hacer lo mismo que otras, privadas, hacen sin pedirle nada al Estado (porque el aporte fiscal indirecto se lo dan a ellas los alumnos).
A este respecto, permítaseme una digresión: siempre he sostenido que tres grandes omisiones del Gobierno Militar fueron la no privatización del Banco del Estado, la no licitación de la Universidad de Chile y la no modernización del Poder Judicial. Ahora he añadido otros requerimientos susceptibles de formularse en el muy improbable caso de que advenga otro gobierno rectificador y modernizador: la supresión de los monstruos burocráticos denominados Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, y la correspondiente entrega de los recursos (que ellos dilapidan) a las familias más pobres, para que éstas elijan las instituciones privadas en las cuales van a educar a sus hijos y contratar seguros de salud para sus familias (porque en el país modernizado y restaurado también se fortalecerá la familia).
Bueno, era sólo una digresión.
Volviendo al rector Pérez, debo hacer notar que él aún no responde al padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado (privada), que denunció en "Qué Pasa" de la semana anterior a las entidades con fines de lucro que ganan plata dentro de las universidades estatales "sin fines de lucro". Y que, de paso, señaló que si a su universidad le dieran los mismos recursos para investigación que el Estado les da a la Chile y similares, investigaría "como avión" y las superaría en logros. Bueno, es lo que siempre sucede cuando se transfiere recursos de la burocracia a los particulares. Por eso Chile creció al 7% tras completarse el modelo privatizador legado por el Gobierno Militar, en vez de crecer al 3 % de antes (y al 3% de después que la Concertación le había hecho ya suficientes injertos socialistas al mismo modelo).
Los "imbáculos" también piden ahora que toda la enseñanza sea estatal, es decir, frente a la evidencia de que ésta tiene logros inferiores a la particular, demandan suprimir esta última y no aquélla, como lo resolverían si tuvieran "báculo".
Pero no hay que preocuparse. En "La Tercera" de hoy, Ascanio Cavallo hace un muy buen recuento de anteriores protestas estudiantiles: 1) Las de 1972, contra la ENU marxista, la única protesta inteligente y democrática, porque defendía la educación mejor (la privada), y fue también la única que en definitiva tuvo éxito, porque no hubo ENU sino que advino un gobierno que restableció la libertad educacional; 2) Las de 1983, durante el Gobierno Militar, exactamente iguales a las de hoy, conducidas por los comunistas y sin ninguna trascendencia. Cavallo nos informa que parte de los manifestantes de entonces ingresaron al grupo terrorista del PC, el FPMR (entre paréntesis, uno de los jefes del FPMR, el actual diputado PC Guillermo Teillier, fue el único parlamentario "admitido" en la marcha del jueves último); y 3) Las de 2006 o "revolución de los pingüinos", tan inútil, intrascendente y manejada por los comunistas como la de 1983. Tan superflua que la LOCE, cuya derogación era el postulado básico de los "pingüinos", sigue vigente hasta hoy. Pero, como había un gobierno aún más débil que el actual, los "pingüinos" lograron la renuncia del Ministro de Educación, Martín Zilic y la del de Interior, Andrés Zaldívar. Y nada más, porque no me van a decir que las cuatrocientas páginas escritas por la "comisión transversal para la educación" que discurrió la Michelle fueron "algo".
Ahora, en cambio, hasta el momento Lavín permanece en su cargo, lo que está bien. Negocia y concede, lo que está mal. El comentario generalizado de los medios es de que "la situación es grave", pero, como siempre, están equivocados, pues ciertamente no lo es.
Otra cosa es que ella acentúe la impopularidad del gobernante. Todos se preguntan cuánto inciden las marchas y desórdenes en ella. Por supuesto que inciden, porque no deja contento a nadie: no accede a todo lo que piden los "imbáculos" ni tampoco satisface la expectativa de la inmensa mayoría, de que no se puedan usurpar impunemente doscientos colegios, de que se sancione penalmente a los autores de las tomas y de que "el largo brazo" de la ley alcance a los delincuentes que roban y destrozan, en lugar de lo de siempre: que antes de 24 horas están libres y listos para reincidir.
Termino reiterando: los movimientos de estos días, más temprano que tarde, serán completamente olvidados, salvo que Ascanio los recuerde; la educación chilena seguirá más o menos como está, pero gastará más recursos; los comunistas seguirán, como siempre, tratando de hacer una revolución violenta, aprovechando a los "tontos útiles" (el nombre se lo pusieron ellos); y la mayoría silenciosa, siempre ilusa, seguirá aspirando a que alguna vez llegue un gobierno con autoridad, que ponga en su lugar a los comunistas (en lugar de tener en ese lugar a los uniformados que nos libraron de ellos) y garantice el orden, la tranquilidad y la libertad de los ciudadanos honrados.
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