EJERCICIO GENERAL DE HIPOCRESÍA

Me niego a participar en el ejercicio general de hipocresía de condenar a la ministra Vivanco, de la Corte Suprema, acusada de fallar una causa para obtener un beneficio económico personal, en circunstancias que por veinte años la misma Corte Suprema ha cohonestado la conducta de contravenir la ley para generar beneficios económicos ilegales a expensas del erario.

La única diferencia entre ambas situaciones es que en el caso de la ministra Vivanco hay evidencias de que la beneficiaria sería ella y en los juicios de derechos humanos no sabemos exactamente cómo se reparten las millonarias indemnizaciones que crónicamente se obliga a pagar al fisco, a raíz de fallos apartados de la legalidad. 

Es posible que la sentencia en la causa en que intervino la ministra se haya ajustado a derecho, porque el delito que se le imputa a ella es haber actuado cobrando una suma por garantizar un determinado resultado con su voto, pero no se ha acreditado que ese resultado haya sido objetivamente contrario a derecho.

En cambio, en las causas sobre derechos humanos, el autor de la triquiñuela que permite burlar leyes expresas y vigentes, para extraer una indemnización a expensas del erario, ha confesado públicamente que se trata de una ficción, añadiendo ante las cámaras: "Yo no digo que ésa haya sido la realidad". Es decir, confesó que, más allá de la verdad, se trataba de una estratagema para sustraer recursos al fisco.

¿Es honesto escandalizarse por una jueza que lucra con un fallo, sin que se sepa si está o no ajustado a derecho, habiendo dejado pasar sin decir nada más de mil fallos que también generan un lucro, pero que se confiesan positivamente contrarios a derecho?

¿Es justo no decir nada cuando asciende a la Corte Suprema un juez que transformó una "muerte en combate", en 1974, de la cual se enorgullecía el hijo del asaltante de bancos, ME-O, en un "asesinato". Ese juez lo hizo tras fabricar, medio siglo después, otro juicio completamente ilegal, llevado a cabo a enorme distancia de los hechos, con resultado de una millonaria indemnización para el mismo ME-O? Este la recibió a sabiendas de que no era procedente, pues su padre, según él mismo había reconocido, murió en combate.

La podredumbre judicial tiene muchos años y no pueden escandalizarse de ella los mismos que, cuando comenzó el ejercicio del lucro obtenido violando la legalidad, con el añadido de 500 personas que son presos políticos, pues sufrieron la pérdida ilegal de su libertad, no dijeron nada y se limitaron a mirar para otro lado.