El "Yo Acuso" de Adolfo Paúl Latorre

Conferencia ante universitarios:

INIQUIDADES JUDICIALES COMETIDAS CONTRA MILITARES Y CARABINEROS

EN LOS PROCESOS SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS*

Los jóvenes como ustedes son herederos de un pasado oculto tras las mentiras y la tergiversación de lo realmente ocurrido en Chile durante la segunda mitad del siglo XX y que, en su gran mayoría, solo conocen la “historia oficial”; una historia que comienza el 11 de septiembre de 1973 y que ha sido escrita por quienes pretendieron instaurar en nuestra patria un régimen socialista por medio de la violencia revolucionaria armada, al más puro estilo marxista-leninista, y que actualmente pretenden lo mismo, pero al estilo gramsciano; es decir, utilizando las armas de la democracia para destruir la democracia. En todo caso no debemos olvidar que, como lo declaró el ex dirigente comunista Luis Corvalán, las armas están guardadas “por si las moscas”.

Quienes están actualmente en el gobierno son los mismos que en el Congreso del Partido Socialista celebrado en Chillán en el año 1967 declararon que “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima, solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista”.

Nuestros actuales gobernantes y la mayoría de nuestros legisladores —pertenecientes a la coalición política formada por la Concertación de Partidos por la Democracia más el Partido Comunista— pretenden destruir el modelo de sociedad libre establecido en la Constitución Política de 1980 que nos rige y sustituirlo por otro al estilo de Cuba o de la ex República Democrática Alemana —modelos por los cuales tales personas manifiestan su admiración— y completar así la obra revolucionaria que Allende dejó inconclusa.

Considerando que ustedes son personas bien informadas acerca del contexto social histórico y de la naturaleza de la amenaza de vida o muerte que se cernía sobre Chile en 1973, no entraré en mayores explicaciones al respecto y pasaré directamente a exponer el tema que nos ocupa en esta ocasión: el de las iniquidades judiciales cometidas contra militares y carabineros en los procesos sobre violación de derechos humanos.

Sin embargo, antes y a modo de preámbulo, les comentaré lo siguiente: Una vez restaurada la democracia, de acuerdo con el cronograma establecido en la Constitución Política de 1980, esos mismos sectores que promovían o amparaban la violencia armada asumieron el poder político, pletóricos de odio y de deseos de venganza contra los militares y carabineros que les impidieron consumar su proyecto totalitario. Así fue como las autoridades a cargo del poder ejecutivo, con la complicidad de los poderes legislativo y judicial, en lugar de promover la reconciliación nacional desencadenaron una implacable persecución contra los militares; persecución que, incomprensiblemente, se profundizó durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien fue elegido por una coalición de partidos que en su momento apoyaron al gobierno militar (apoyo manifestado explícitamente en las declaraciones de principios de los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente).

Iniciaré mi exposición con el siguiente pensamiento: una sociedad que asuma la libertad como presupuesto de su existencia exige que la ley sea justa y que ella se aplique a todos por igual.

Nuestra Constitución Política asegura derechos y garantías a todos los habitantes de este suelo. Sin embargo, hay un sector de chilenos que no están alcanzados por esa protección.

Ese sector está constituido por miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, instituciones que han sido siempre muy apreciadas por parte de la comunidad chilena. Sin embargo, numerosas personas y organismos de diversa índole se han empeñado, con aviesos propósitos, en desprestigiarlas y en minar su moral y su voluntad de lucha.

Así ha sido como, en los últimos veinticinco años, bajo la acusación de delitos ocurridos con ocasión de la lucha antisubversiva y antiterrorista de los años setenta, se encuentran procesados o condenados más de un millar de militares y carabineros; otros se han suicidado o han muerto en cautiverio.

            A todos ellos se les aplica un régimen legal procesal y de fondo diferente que al resto de los ciudadanos de la República, atentando gravísimamente contra la igualdad ante la ley y violando sus derechos humanos.

            A mediados del año 2012 un oficial de la Armada amigo mío ingresó a la cárcel de Punta Peuco para cumplir una condena por un delito en el que no tuvo participación alguna, hecho que me llevó a estudiar la sentencia que dictó tal condena.    

Al hacerlo, mi impresión fue enorme. Ella no justificaba, más allá de toda duda razonable, su decisión de condena; sus considerandos incluían una serie de juicios políticos tendenciosos y sus razonamientos seudojurídicos estaban en las antípodas del derecho. Resultaba evidente que los falaces argumentos de los jueces solo trataban de vestir con un ropaje de legalidad una mera vía de hecho.

Lo anterior me motivó a investigar este tema con mayor profundidad, para lo cual examiné diversos procesos seguidos contra militares en los que pude evidenciar un cúmulo de atrocidades legales y procesales.

Hay casos realmente aberrantes, tales como el de un subteniente del Ejército que, en un asombroso proceso en el que no hay autores materiales de los hechos, fue condenado a doce años de cárcel en calidad de cómplice del homicidio de tres trabajadores de la industria Sumar, por el solo hecho de haber cumplido la orden de vocear con un megáfono los nombres de los detenidos que estaban reunidos en un grupo y que debían salir al frente; o el de un carabinero que en defensa propia dio muerte a un terrorista que le había disparado y que portaba un bolso con doce cartuchos de dinamita, motivo por el cual este carabinero fue condenado a cinco años y un día de presidio luego de haberse reabierto, treinta años después, la causa correspondiente al caso en la que había sido sobreseído definitivamente por lo que existía cosa juzgada; o el caso de un joven oficial de la Armada que recientemente, después de haber transcurrido cuarenta años de los sucesos, fue condenado a cinco años y un día de presidio como autor del delito de “secuestro calificado”, por el solo hecho de haber trasladado a un detenido desde el lugar en que éste trabajaba hasta el Ministerio de Defensa; o el caso de un juez que ordenó encarcelar a la mujer de un cabo de Carabineros a fin de presionarla para que declarara que su marido tenía responsabilidad en la desaparición de personas, sin que en el proceso hubiese atisbo alguno de responsabilidad de esa señora, la que tenía un hijo con síndrome de Down que no hablaba y que dependía enteramente de ella, incluso para recibir alimentos.

La mayor parte de las sentencias recaídas en estos juicios son verdaderos “salvajismos jurídicos”.

No pueden calificarse de otra manera sentencias que dictan condenas por el delito de “secuestro calificado” y que establecen como un hecho cierto que los procesados mantienen detenida ilegalmente en algún lugar ignoto a una persona desde el mes de septiembre de 1973, sin acreditar ni la existencia del delito ni la participación que a ellos les cupo en dicho delito; no pueden calificarse de otra manera sentencias que condenan a un militar solo por el hecho de “haber estado ahí”, sin aplicar el principio pro reo y cuyo único fundamento es la declaración de un testigo inhábil; o sentencias que no aplican la presunción de inocencia y que invierten el peso de la prueba; no pueden calificarse de otra manera sentencias que no aplican la ley de amnistía de 1978 —una ley expresa que está plenamente vigente—; y que tampoco aplican las normas legales relativas a la prescripción de la acción penal o el beneficio temporal objetivo del artículo 103 del Código Penal —denominado, impropiamente, “media prescripción”—; no pueden calificarse de otra manera sentencias que aplican tratados internacionales que no están vigentes en Chile mientras olvidan otros que sí son aplicables; sentencias que no aplican las normas del debido proceso y que vulneran los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal y de la cosa juzgada, los que dada su enorme importancia tienen la categoría de derechos de la persona humana; no pueden calificarse de otra manera sentencias que establecen que los delitos cometidos por algunos militares son “de lesa humanidad”, en circunstancias que esos delitos no cumplen con el requisito del tipo penal para ser calificados como tales y que a la fecha de su ocurrencia no existía ninguna ley o tratado internacional incorporado en nuestro derecho interno y vigente en Chile que se refiriera a ellos, puesto que los crímenes de lesa humanidad fueron establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e incorporados en el derecho positivo chileno mediante la ley 20.357, los que entraron en vigor en Chile el año 2009 y no pueden ser aplicados retroactivamente; en fin, no pueden ser calificadas de otra manera sentencias que expresan que según ciertos convenios internacionales los delitos de lesa humanidad son inamnistiables, lo que es absolutamente falso por cuanto no existe ninguna ley ni tratado internacional que prohíba perdonarse entre hermanos.

Estas sentencias atropellan normas legales y principios ancestrales del Derecho Penal, no respetan derechos ni garantías constitucionales y vulneran normas básicas del Estado de Derecho, lo que es extremadamente grave porque el quebrantamiento del Estado de Derecho acarrea, inevitablemente, la violencia y el quiebre del orden institucional.

Las precitadas aberraciones judiciales, que se repiten en una infinidad de sentencias, fueron las que me motivaron a escribir, pues pienso que ante ellas mi deber es hablar: no quiero ser cómplice.

Estoy consciente que hablar acarrea riesgos, porque como decía Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.

No obstante, decidí emprender la tarea de escribir un libro —que titulé Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades— porque pienso que si a un hombre le niegan sus derechos, los derechos de todos están en peligro; porque permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen y porque quien no se inquieta ante la injusticia ajena, será su próxima víctima.

Mi obra tuvo como propósito denunciar las ilegalidades, las arbitrariedades y las injusticias que se han cometido y que se siguen cometiendo contra militares en los procesos que se acostumbra denominar como de derechos humanos. En ella enuncio e ilustro, con algunos casos especialmente aberrantes, diversas normas jurídicas que están siendo atropelladas por nuestros tribunales de justicia.

Las sentencias judiciales que condenan a los militares son antijurídicas, pues han sido dictadas en fraude a la ley. Los jueces interpretan las leyes errónea y abusivamente, eluden las normas aplicables que los benefician y aplican otras no procedentes.

Los jueces, salvo contadas excepciones, aplican torcidamente las leyes y fallan a sabiendas contra normas legales expresas y vigentes, lo que está tipificado en el Código Penal como delito de prevaricación.

            Ahora bien, luego de este exordio, expondré  algunos comentarios sobre el tema que nos convoca.

            En primer lugar citaré a Alfred de Vigny, quien hace casi dos siglos —en su obra Servidumbre y grandeza militares— escribió: “cuando el soldado se ve obligado a tomar parte activa en las disensiones entre civiles pasa a ser un pobre héroe, víctima y verdugo, cabeza de turco sacrificado por su pueblo, que se burla de él. Su existencia es comparable a la del gladiador y cuando muere no hay por qué preocuparse. Es cosa convenida que los muertos de uniforme no tienen padre, ni madre, ni mujer, ni novia que se muera llorándolos. Es una sangre anónima. Y, cosa frecuente, los dos partidos que estaban separados se unen para execrarlos con su odio y con su maldición”.

¡Qué enorme verdad encierra este lúcido pensamiento!

¡Qué notable paralelo con nuestra situación actual, donde tanto los partidarios de la Unidad Popular como sus tenaces opositores de entonces no han ahorrado palabras ni acciones de condena respecto a la actuación de los militares el 11 de septiembre de 1973 y durante los años siguientes!

            La verdad de lo ocurrido en aquella época ha sido completamente distorsionada por los medios de comunicación social y por un proceso cultural y educativo de desinformación, con el que se pretende instalar una historia oficial y ocultar o borrar del inconsciente colectivo del pueblo chileno los horrorosos crímenes cometidos por los subversivos y lo que habría ocurrido si éstos hubiesen logrado sus propósitos.

            Nadie dice, por ejemplo, que las “víctimas de la dictadura” —como se les denomina— no eran individuos perseguidos por sus ideas políticas, sino que eran personas específicas que estaban cometiendo gravísimos crímenes, formando parte de grupos subversivos organizados militarmente y dotados de gran cantidad de armamentos y explosivos y que en su lucha revolucionaria aplicaban la violencia armada como instrumento de acción política para alcanzar el poder; lucha que era apoyada por potencias extranjeras.

Así fue como, por arte de magia, los terroristas pasaron a convertirse en héroes y en víctimas y los militares en el chivo expiatorio de todos los pecados cometidos en una época trágica y turbulenta.

Ellos pasaron a cargar con todas las culpas de los políticos que exacerbaban el odio y la lucha de clases, que predicaban y practicaban la violencia armada como un medio legítimo para alcanzar el poder, que pretendían “destruir el aparato burocrático-militar del Estado” e instaurar en Chile un régimen totalitario marxista al estilo cubano y que son los grandes responsables del quiebre del orden institucional y de la consiguiente intervención de los militares y de sus secuelas. Así, quedan liberados de culpas todos los que condujeron a Chile a la anarquía y desataron la situación de guerra civil.

Es por eso que los militares deben ser sacrificados. A ellos se les debe perseguir y condenar, sea como sea. A ellos hay que aplicarles el lema “ni perdón ni olvido” y el “derecho penal del enemigo”.

A los militares hay que condenarlos a toda costa, sin importar si son inocentes, si están legalmente exentos de responsabilidad criminal o si su culpabilidad está atenuada o es inexistente.

Hay que condenarlos, sin importar lo que diga la ley y aunque no existan pruebas suficientes para ello.

Hay que condenarlos, sin importar que ellos tuvieron que exponer sus vidas en su ingrata tarea de reprimir a la guerrilla y al terrorismo, lo que era necesario para dar tranquilidad a la población y para poder reconstruir un país que estaba destruido hasta sus cimientos. 

Y hay que condenarlos, sin importar si para ello es preciso vulnerar principios esenciales del derecho penal.

Y tampoco importa si para condenarlos hay que atropellar garantías o derechos que no solo están amparados constitucionalmente, sino que además en diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Nada de lo anterior importa. Todo principio del derecho penal, toda norma jurídica, toda legalidad, toda garantía constitucional, toda verdad, toda justicia, toda decencia y todo buen sentido pueden ser atropellados si ello es necesario para satisfacer los ánimos de odio y de venganza y encarcelar a quienes le devolvieron a la nación su democracia y la tranquilidad exigida por la sociedad chilena.

Para los militares no existen ni principios humanitarios ni convenios internacionales ni ley alguna que los favorezca, pero que sí les son aplicadas a los terroristas y a los ciudadanos que no son militares.

Lamentablemente, tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla. La sociedad guarda silencio, en general por ignorancia. Y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio es doloso.

La verdad es que en el año 1973, ante la gravísima situación que se vivía; la anarquía, la violencia generalizada y el terrorismo; las amenazas con el paredón a los opositores al régimen —según gritaban desafiantes por las calles obreros adoctrinados en el marxismo: “¡los momios al paredón y las momias al colchón!”—; la pérdida de las libertades; la usurpación de propiedades, la expropiación de tierras e industrias; el desabastecimiento y la destrucción de la economía, de las instituciones políticas y de la democracia; el riesgo inminente de una guerra civil y de la instauración de una dictadura totalitaria en nuestra patria, la enorme mayoría de la ciudadanía, desesperada, pidió la intervención de los militares para que ellos, en nombre del pueblo, ejercieran el legítimo derecho de rebelión o de resistencia a la opresión.

Sin embargo, esos mismos que pidieron a gritos la intervención militar y que se beneficiaron de los prodigiosos cambios que tuvo Chile, ahora dicen: ¡Qué horror, hubo muertos, torturados y desaparecidos!; yo nunca justifiqué el golpe; yo voté por el NO en el plebiscito; yo siento una especial sensibilidad por quienes vieron sus derechos conculcados durante el gobierno militar.

¿Y quiénes sienten una especial sensibilidad por los cientos de militares y carabineros que murieron, que quedaron mutilados o incapacitados, y que expusieron sus vidas para salvar a Chile y a los chilenos y que actualmente son sujetos del odio y de la venganza?

¿Y quiénes sienten una especial sensibilidad por los militares y carabineros que son “presos políticos”; es decir, aquellos que están privados de libertad no en virtud de la aplicación de las leyes, sino que por simulacros de juicios que las atropellan y cuyas sentencias condenatorias se encuentran descalificadas como actos judiciales válidos? Los presos políticos militares son, en rigor, personas que están secuestradas por el Estado.

Quienes imploraban la intervención militar ahora reniegan del gobierno militar y se alían con los grandes causantes de la tragedia. ¡Qué gran hipocresía!

Ellos han popularizado el grito de ¡Nunca más! —refiriéndose a dicha intervención militar—; un grito que es inútil si no añadimos otro: ¡Nunca más el contexto y las condiciones que la originaron: la prédica y la práctica del odio y de la violencia, el aplastamiento de la vida, del honor, de la libertad y de los bienes del prójimo!

Lamentablemente, hay una gran verdad olvidada: la actividad guerrillera y terrorista —llevada a cabo por diversos movimientos subversivos que promovían la lucha revolucionaria armada—, que fue la que dio origen a las actividades represivas que le siguieron por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Al respecto es preciso destacar que el deber primero del Estado, y que antecede a todos los demás, es el de mantener la seguridad de la comunidad nacional, el orden público y el Estado de Derecho; pues sobre tales bases descansan todas las actividades o empresas personales o nacionales que se proyecten.

El Estado no comete delitos de lesa humanidad cuando actúa contra el terrorismo, pues esa es su obligación y, si no lo hace, atenta contra su propia esencia, como ocurre actualmente en la región de la Araucanía. El terrorismo debe ser enfrentado con decisión y con todos los medios disponibles. Para derrotarlo, muchas veces es preciso usar una violencia superior a la que los terroristas emplean y técnicas de combate diferentes a las aplicadas contra fuerzas regulares. Ésta es la verdad palmaria, aunque los intereses de uno u otro propagandista les impidan reconocerla.

No es posible combatir a terroristas fuertemente armados y que están dispuestos a matar y a morir con escudos protectores, gases lacrimógenos o balines de goma o de pintura. Con medidas defensivas es imposible disuadirlos y, menos aún, vencerlos; por el contrario, con ellas solo se logra estimular la violencia ilegítima y el crimen y que los miembros de las fuerzas de seguridad terminen muertos, lisiados o con sus ojos destrozados.

El discurso de los derechos humanos, que tanto pregonan quienes han sido sus mayores violadores en la historia de la humanidad, ha llevado a la absurda situación de que quienes por deber de autoridad están obligados en justicia a emplear la violencia legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social, se inhiban de hacerlo; así como también se inhiben de establecer los estados de excepción constitucional que permiten combatir efectivamente a la guerrilla y al terrorismo.        

Por otra parte, cabría decir que la denominada guerrilla lleva a cabo una verdadera guerra; una guerra revolucionaria que es irregular y solapada; que no respeta ninguna ley bélica ni moral, mata a mansalva, tortura, daña a inocentes y destruye de modo insensato e inútil bienes productivos.

Para llevar a cabo con éxito la colosal tarea de reconstruir a una nación en ruinas y para recuperar el orden necesario para desarrollar las diversas actividades nacionales era imprescindible desbaratar la acción de los subversivos armados, para lo cual fue preciso utilizar la violencia legítima del Estado. A contar del 11 de septiembre de 1973 y durante los años siguientes, los militares estaban en guerra contra el enemigo, constituido por los terroristas y los guerrilleros urbanos y rurales.

El referido enemigo no era una entelequia, sino que algo real y concreto. Al respecto, bastaría mencionar a José Gregorio Liendo Vera, más conocido como “Comandante Pepe”, militante del MIR y líder del Movimiento Campesino Revolucionario, cuya base de operaciones estaba en el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli, quien, en una entrevista concedida a la periodista Nena Ossa a comienzos del año 1970 y en relación con los “objetivos de la lucha”, declaró:

“—Pregunta: ¿Cuál es el plan de fondo de ustedes a corto, mediano o largo plazo?

—Respuesta: Tomarnos los campos y los pueblos del sur, violentamente si es necesario, mientras en Santiago el MIR se toma la ciudad y bajan a unirse con nosotros a medio camino.

—Pregunta:  ¿O sea, la meta es ‘tomarse’ todo Chile violentamente? ¿No les importa si muere gente?

—Respuesta: Claro que violentamente. Tiene que morir un millón de chilenos para que el pueblo se compenetre de la revolución y esta se convierta en realidad. Con menos muertos no va a resultar”.

Mauricio Rojas —ex militante del MIR y ex diputado del parlamento sueco— describió muy bien esta situación en una carta abierta que recientemente le envió a Marco Enríquez-Ominami, en la que señaló: El Movimiento de Izquierda Revolucionaria “fue uno de los grandes responsables de la entronización de la violencia política en Chile y la destrucción de aquella democracia que personas como tu padre tanto despreciaron y tanto hicieron por hundir”. Mi abuelo “no alcanzó a ver como su Chile tan querido se hundía en una lucha fratricida que terminaría desquiciando a su pueblo y destruyendo su antigua democracia. Yo sí lo vi y, además, puse mi granito de arena en esa triste obra de destrucción. Ni cambiamos el mundo ni liberamos a nadie. Terminamos como mártires o como víctimas, y como tal nos acogieron generosamente por todas partes. Pero también podríamos haber terminado como verdugos, como lo han hecho todos aquellos que han llegado al poder inspirados por la idea de la transformación total del mundo y la creación del hombre nuevo”. Nosotros seguíamos al Che Guevara quien “nos instaba a transformarnos en una ‘fría máquina de matar’ a fin de poder materializar el sueño revolucionario del hombre nuevo”, “nosotros fuimos marxistas-leninistas en serio, es decir, dispuestos a morir y a matar por la revolución”.

Ese era el tipo de personas a las cuales los militares debieron enfrentarse, que estaban decididas a matar y a morir y a practicar un verdadero genocidio —como ha ocurrido en todos aquellos países en los que se ha entronizado el comunismo—; no se trataba de delincuentes comunes. ¿Es tan difícil comprender esta realidad?

Aparentemente sí lo es para los jueces, quienes desconocen el contexto histórico en el que ocurrieron los hechos y que el terrorismo no puede ser combatido en la misma forma que la delincuencia común, porque tanto sus fines como sus medios son perversos y brutalmente violentos, los que atentan gravísimamente contra los derechos humanos de los ciudadanos.

En esta tarea de reprimir a los subversivos armados se cometieron excesos y delitos por parte de algunos miembros de las FF.AA. y Carabineros, que lamentamos y reprobamos profundamente; pero, incluso a los  militares  culpables de tales delitos se les debe aplicar la misma ley que le fue aplicada a los guerrilleros y terroristas. En eso consiste el Estado de Derecho.

El hecho cierto es que a los militares no se les hace justicia. El objetivo de estos simulacros de juicios no es hacer justicia, sino cobrar venganza. Porque si buscasen justicia también condenarían a los terroristas que colocaban bombas, realizaban violentos asaltos a mano armada, secuestros, atentados contra instalaciones y servicios públicos, y que asesinaban a cientos de militares y carabineros y otras víctimas inocentes. Se trata de juicios políticos en los que, invariablemente, se criminaliza solo al sector castrense; mientras que los terroristas del pasado siguen indemnes y, en muchos casos, ostentando altos cargos.

Los jueces dictan sentencias condenatorias absolutamente ajenas a la Constitución, a la legalidad vigente y a los más elementales principios humanitarios, sin que les tiemble el pulso y sin que el más mínimo rubor asome por sus mejillas. Ellos abusan de sus facultades jurisdiccionales e imponen su voluntad por sobre el mandato expreso de la norma positiva.

En efecto, en el ejercicio de su función judicial los jueces no someten su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, contraviniendo el ordenamiento jurídico chileno que están obligados a aplicar y respetar, lo que produce una deslegitimación constante del Poder Judicial, una institución clave en el Estado de Derecho.

A los militares se les vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, no solo por el sistema procesal penal que se les aplica —un sistema inquisitivo que no respeta las normas del debido proceso, diferente al sistema acusatorio garantista que le es aplicado a todos los habitantes de la República de Chile que no son militares—, sino porque a los guerrilleros y terroristas se les otorgan indultos y amnistías y a quienes tuvieron la penosa y riesgosa obligación de reprimirlos se les condena sea como sea. En los procesos seguidos contra los militares se atropella groseramente el principio de legalidad y sus exigencias de lex previa, lex certa, lex scripta y lex stricta, así como el principio de irretroactividad de la ley penal.

Los jueces vulneran el Estado de Derecho al no someterse al imperio de la ley y quebrantar la función judicial de decidir aplicando el Derecho —motivados por consideraciones ajenas a nuestro ordenamiento jurídico, según su propia idea de justicia—; al abusar de su posición con evidente quebranto de sus deberes constitucionales; y al aplicar torcidamente las normas y fallar contra ley expresa y vigente, cometiendo el delito de prevaricación.

No se puede justificar el incumplimiento de la norma aplicable por la bondad de la finalidad perseguida. El juez ha de ajustarse a las exigencias del principio de legalidad y no puede desobedecer las leyes patrias porque encuentra criterios u opiniones ajenos a nuestro Derecho que coincidan con su particular modo de ver las cosas. El juez que impone su propio deseo y voluntad —por bienintencionada que su finalidad fuere— sobre la vigencia del Derecho no solo incumple los deberes de su función sino que comete un acto verdaderamente subversivo contra el orden jurídico.

Cuando los jueces desconocen la Constitución, la ley y los principios rectores del derecho penal; cuando no cumplen la función objetiva y neutral que deben cumplir; cuando procesan y fallan según sus convicciones políticas o ideológicas y no de acuerdo con lo que la ley señala; en fin, cuando abusan en grado extraordinario de su poder estamos ante una verdadera “subversión jurídica”; la que al ser cohonestada por los poderes Ejecutivo y Legislativo se transforma en una tiranía judicial que no tiene remedio.

No solo son subversivos quienes abrazan la lucha armada y practican la violencia revolucionaria para destruir el orden social; también lo son todos quienes los apoyan —ya sea material o intelectualmente— y los jueces que, al no respetar la ley, destruyen el orden jurídico. Los jueces subversivos ponen en peligro a todos los ciudadanos, puesto que no solo atentan contra personas con nombre y apellidos, sino que atentan contra la libertad, la estabilidad política e institucional y el Estado de Derecho.

Los jueces, instalados en sus estrados, esconden tras sus rostros impasibles su conciencia de que no están llevando a efecto juicio verdadero alguno y que los acusados por supuestos delitos cometidos hace cuarenta años están irremediablemente condenados antes de comenzar el juicio, por el hecho de haber aplastado a la subversión armada, a la guerrilla y al terrorismo, y de haberle evitado a Chile caer bajo las garras del comunismo.

Los jueces no solo están atropellando la Constitución, las leyes y principios fundamentales del derecho penal, sino que están en una vorágine de sanciones sin freno, sobre la base de argumentaciones tan febles que no las creería ni siquiera un niño y tan burdas que son indignas de un hombre de Derecho.

Sin una recta aplicación de la ley no hay justicia, sino una caricatura de ella. Nunca se habían dado en Chile los atropellos a la verdad y a la ley que están teniendo lugar bajo nuestra judicatura actual.

La tarea judicial se ha transformado en una parodia grotesca y sin sentido, que solo busca la venganza y la destrucción moral de las FF.AA., además de beneficios políticos y económicos.

Al llegar a este punto me referiré, a modo de ilustración, a algunas situaciones que son de ordinaria ocurrencia durante los procesos seguidos contra los militares:

—Casos tales como el del juez que le dice al secretario en voz alta: ¡Que pase el asesino!

—O como el del juez que le dice al imputado: Sé que usted tiene un hijo que es capitán de fragata de la Armada. Hasta aquí no más le va a llegar la carrera a su hijo si usted no me dice todo lo que sabe.

—O situaciones como la que hace dos meses le ocurrió a un capitán de navío en retiro, cuando durante horas de la noche se presentaron en su residencia en Viña del Mar dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, lo detuvieron, lo trasladaron en un carro celular a Concepción y lo dejaron en prisión preventiva por constituir “un peligro para la sociedad”. Este señor, cuya edad bordea los ochenta y cinco años, había sido sometido a proceso por una situación ocurrida en Tomé durante el año 1973; sin haber tenido participación alguna en el supuesto delito, sino que por el solo hecho de que él era el director de la Escuela de Grumetes en esa época.

 —O, para no extenderme en demasía, casos de resoluciones que someten a proceso y a prisión preventiva a todos los oficiales de un regimiento, por el solo hecho de haber formado parte de su dotación en la época en que ocurrieron ciertos hechos constitutivos de delito; sin existir ni siquiera el más mínimo indicio de que tales personas hayan tenido participación en los hechos.

Todo lo anterior se traduce en el sometimiento a proceso y en el encarcelamiento, hasta el día de hoy, de militares que hace cuarenta años expusieron su vidas en la lucha antisubversiva, mientras que los culpables del desastre miran para otro lado y no asumen su responsabilidad.

Las aberraciones jurídicas cometidas por los jueces son incalificables, pues las arbitrariedades superan todo límite. Los tribunales que juzgan a los militares se asemejan más a un circo romano que a verdaderos tribunales. Y, como dijo Platón: la peor forma de injusticia es la justicia simulada. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia.

A mi juicio, estamos asistiendo a una crisis desastrosa del Poder Judicial, pues cuando se siembra a tal extremo la necedad y la mentira se recoge por fuerza la demencia; cuando la justicia no es igual para todos, cuando una sociedad llega a este nivel, cae en la descomposición y regresa a la barbarie.

Muy enfermo ha de estar Chile para que las aberraciones judiciales y los atropellos a la Constitución y a la ley, que denuncio en mi libro y que constatamos a diario, puedan producirse.

A los militares les son vulnerados sus derechos humanos, pues son juzgados sin respetar las normas del debido proceso, por tribunales que no aplican la legislación vigente y que atropellan brutalmente las garantías constitucionales; los militares son juzgados sobre la base de consideraciones políticas e ideológicas y no de normas y principios jurídicos.

Para los militares el Estado de Derecho no existe y la Constitución Política de la República es la mejor obra de ciencia ficción de todos los tiempos.

El problema de los procesos sobre violación de derechos humanos es un problema que continúa vigente y cuya naturaleza es política. Su solución, por lo tanto, debe ser de la misma naturaleza.

Lamentablemente los órganos políticos ­—Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos— se han desligado del problema y lo han puesto sobre los hombros del Poder Judicial. Y la judicatura tiene una incapacidad natural para solucionar un problema que es esencialmente político y no jurídico.

Y ¿cómo solucionan el problema los tribunales de justicia? Lo hacen de acuerdo con la función judicial que les es propia, pero juzgando a los militares como si los delitos que les son imputados hubiesen ocurrido en el día de hoy; en una época de plena normalidad y sin considerar que el contexto social histórico —de odiosidades extremas y una enorme violencia y convulsión social— fue circunstancia decisiva de los abusos y hechos delictivos, los que se inscribieron dentro del marco de la represión de los atentados terroristas que los militares debieron combatir. Es realmente una salvajada procesar y juzgar situaciones ocurridas en tiempos caóticos con argumentos y normas que presuponen una situación de normalidad. Los hechos deben analizarse en el contexto del momento en que ocurrieron.

Dado que los tribunales de justicia no dan señales de querer modificar su actuar inconstitucional, arbitrario e ilegal, la única manera de poner término a la iniquidad judicial contra los militares que denuncio en mi libro es la dictación de una nueva ley de amnistía general, como la que propuso en el año 1995 el ex-presidente Sebastián Piñera cuando era senador.

Lamentablemente éste, cuando ocupó la primera magistratura de la nación, no solo olvidó tan loable iniciativa sino que, por el contrario, no honró el compromiso que voluntariamente contrajo durante su campaña electoral con miembros de las FF.AA. y de Orden en retiro, en el sentido de que durante su gobierno las leyes vigentes les iban a ser aplicadas rectamente a los militares que se vieron obligados a enfrentar al terrorismo durante el período 1973-1990, y profundizó la persecución contra ellos.

¡Ya han pasado más de cuarenta años desde la ocurrencia de la mayoría de los trágicos sucesos que se siguen investigando por los tribunales de justicia y por los que se continúan abriendo —absurda e ilegalmente— nuevas causas criminales!

Condenar a cientos de militares ancianos —muchas veces sin pruebas— a morir enfermos y martirizados en una cárcel, lejos de sus familias y de los centros de atención médica, y sin otorgarles los beneficios penitenciarios que les corresponden, no constituye un camino que contribuya al bien común de nuestra sociedad ni ayudará a obtener la paz y la reconciliación entre compatriotas.

Considerando su edad, los militares condenados a penas de prisión son, en realidad, condenados a cadena perpetua efectiva; o mejor dicho, a pena de muerte, a una muerte lenta.

Parafraseando a Vicente Huidobro, me atrevería a decir: La justicia que se aplica a los militares haría reír, si no hiciera llorar. Una justicia que lleva en un platillo de la balanza la verdad y la ley y, en la otra, el odio, la venganza y el desprecio por la ley. La balanza inclinada del lado de este último platillo. Dura e inflexible para los militares, blanda y sonriente con los guerrilleros y terroristas.

¡Ya es hora de decir basta al abuso y a la odiosa persecución contra los militares!

            Urge poner fin a procesos con claras connotaciones políticas, extinguiendo toda acción vengativa en contra de los militares, para clausurar un pasado violento y cargado de odios y de discordia, promover la unión nacional y afianzar la paz interior.

Ya es hora de que nuestra sociedad se reconcilie, lo que solo se logrará rescatando los principios básicos en que se funda el Estado de Derecho y superando odios y prejuicios. Ello pasa por una honesta interpretación de lo sucedido en Chile desde 1964, admitiendo culpas compartidas y considerando que todos fuimos víctimas de un mundo ideologizado y desquiciado por la Guerra Fría.

Es preciso un acuerdo político para cerrar las heridas, dejar atrás el trágico pasado y mirar unidos al futuro.

Considerando que los jueces no aplican la ley de amnistía actualmente vigente, traicionando su deber de juzgar objetivamente aplicando la ley, en mi libro abogo por la dictación de una nueva ley de amnistía, la que contribuiría a superar odios y rencores y a dar pasos en la búsqueda de la reconciliación nacional. Ello constituiría una decisión de altura con visión de futuro y un gesto de humanidad y de grandeza que enaltecería a la clase política, que contribuiría a la amistad cívica, a la unidad nacional y a la grandeza de nuestra patria.

 El perdón nos permitiría dar vuelta la página y poner fin a la crisis política más grande del siglo pasado.

Evidentemente, se alzarían voces en contra de una nueva ley de amnistía por organizaciones denominadas de “derechos humanos”, argumentando que ella solo beneficiaría a militares y carabineros. Efectivamente así sería, porque todos los subversivos armados, guerrilleros y terroristas que asesinaron a cientos de uniformados y civiles inocentes han sido indultados o amnistiados en virtud del D.L. 2191 de 1978 que actualmente se pretende derogar y que en su momento fue calificado por el cardenal Silva Henríquez como un gesto de reconciliación que iba a beneficiar a uno y otro lado.

Al respecto cabría comentar que doña Michelle Bachelet, diez días después de haberse instalado nuevamente en La Moneda declaró: “Siempre me ha inspirado fuertemente el liderazgo de Nelson Mandela, quien pese a todo lo vivido fue capaz de pararse sobre ello, mirar su país y con una tremenda humanidad, pensar qué le hacía bien a la nación”.

Tales palabras me hicieron pensar que ella, como presidente de todos los chilenos y velando por el bien común, procedería a actuar como lo hizo Mandela en Sudáfrica y, como él, trascendería en la historia como una gran estadista al dictar una nueva ley de amnistía —la que no está prohibida por tratados internacionales, como algunos propagandistas señalan— que propendería a la concordia y a la paz social.

Lamentablemente mis esperanzas se vieron frustradas, pues ella está haciendo todo lo contrario al darle suma urgencia al proyecto que deroga la ley de amnistía de 1978 lo que, aparte de confirmar que dicha ley está vigente, solo contribuye a reavivar los fuegos del odio y de la venganza y que nada bueno augura para nuestra patria.

En todo caso, una eventual derogación de dicha ley de amnistía no tendría mayor efecto legal, pues ella debería ser aplicada no obstante su derogación, de acuerdo con los principios pro reo y de ultraactividad de la ley penal más favorable; principios que rigen en todos los países civilizados, que son verdaderos "derechos humanos" y que constituyen logros que han sido conquistados luego de haber transcurrido muchos siglos de civilización.

Debo confesar que, no obstante mi natural optimismo, veo el panorama futuro muy sombrío; no solo por todo lo antedicho, sino que por el progresivo deterioro de las virtudes morales de nuestros conciudadanos, lo que se ve reflejado en la incapacidad de practicar las virtudes cristianas del perdón y de la misericordia. Y una nación pobre espiritualmente, una nación sin valores, es una nación sin alma.

Asimismo, debo reconocer que muchas veces me invade un profundo desaliento, pues me parece que estoy arando en el mar o luchando contra molinos de viento. No obstante, he perseverado en mi empeño de defender la causa de los presos políticos militares por la injusticia que se comete contra ellos, por la gravedad que encierra el desmantelamiento del orden jurídico y el quiebre del Estado de Derecho, y porque la probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa.

Antes de terminar mis palabras, quisiera entregarles el siguiente mensaje:

Las Fuerzas Armadas, conjuntamente con Carabineros de Chile, son instituciones que debemos cuidar por cuanto son las garantes, en última instancia, del orden institucional de la República. Ellas constituyen el último círculo jerarquizado de la sociedad capaz de salvar de su disolución a una comunidad política; la reserva moral de la nación y la instancia final a la que ésta recurre en las situaciones más extremas y cuando una crisis política amenaza su sobrevivencia.

Las Fuerzas Armadas son fundamentales para una nación altiva, que tiene la firme voluntad de defender su libertad y soberanía, que es respetuosa de su historia, de su cultura y de sus tradiciones, y que desea proyectarse hacia un futuro mejor.

            Finalizaré mi exposición citando al profesor Gonzalo Rojas Sánchez quien, en su columna de El Mercurio del día 5 de noviembre, refiriéndose al Muro de Berlín, escribió:

            “Es encantador que los marxistas hablen con frecuencia de campañas del terror, cuando ellos han hecho del terror su campaña. Ahí están los Muros derribados y los Muros aún en pie para atestiguarlo.

            Mira de qué te libraron las Fuerzas Armadas y de Orden en septiembre de 1973, querido Chile. Míralo ahora, cuando los subyugados por tantas décadas de comunismo celebran en estos días 25 años de libertad. Míralo con calma, para que te hagas sensible a esos otros muros que hoy quieren levantar en tu piel y en tu corazón, muros más sutiles, pero quizás más inexpugnables.

            Porque en todo su accionar los marxistas van construyendo murallas: entre la persona humana y Dios, entre la persona humana y su conciencia, entre la persona humana y su racionalidad, entre los miembros de una misma familia, entre las personas que trabajan juntas al enfrentarlas continuamente, entre las generaciones de padres e hijos. Entre la materia y el espíritu, entre la ciencia y la fe, entre las personas y sus proyectos”. 

Muchas gracias.

                                                                            Adolfo Paúl Latorre

* Exposición dictada en la Fundación Presidente Pinochet, el día 25 de noviembre de 2014, ante un grupo de alumnos universitarios becados por dicha Fundación.