El Contexto

         Hoy en carta al diario un señor propone suprimir “malas palabras” en el lenguaje actual, por contravenir el sentir general. Entre ellas menciona el Transantiago, el lucro y el contexto.

         Pues bajo la presente dictadura del “No” es de mal gusto hablar de eso. Ni siquiera se puede nombrar a Pinochet. Piñera echó al director del Museo Histórico por mencionarlo en una exposición. Chile es como el Café Torres, que en uno de sus muros tiene el listado de los Presidentes, pero entre 1973 y 1990 no figura ninguno. El encargado del local explica que “las víctimas de violaciones a los derechos humanos” han amenazado con incendiarlo si llena el blanco. Es “el Chile que tenemos”.

         Un diario destaca hoy como figura llamativa a la diputada Camila Flores, que se declara admiradora de Pinochet. Es que es única, no ya sólo en el centro y la izquierda, sino en la derecha, pues a estas alturas los más publicitados exponentes de ésta recitan de memoria en sus declaraciones la letanía comunista sobre las “violaciones a los derechos humanos”.

Pero evitarlas fue una preocupación del gobierno militar, partiendo por la Circular N° 1 de la Junta, del 7 de enero de 1974, luego reafirmada por la Circular N° 22 del Ministerio del Interior, de 25 de enero de 1974, prohibiendo las detenciones ilegales; la Circular Confidencial del 15 de febrero de 1974 del Director de Carabineros, todas con instrucciones precisas de respetar a las personas y evitar excesos. Para evitar las violaciones a los derechos humanos se dispuso después la supresión de la DINA y se dictó el decreto prohibiendo a la CNI practicar detenciones.

¿Qué no todos obedecieron las órdenes? Pero si estamos en Chile, donde no pueden instalar fotorradares porque nadie respeta los límites de velocidad y tiene que haber rejas en los estadios para que no agredan al árbitro o a los jugadores. En Inglaterra no hay. Pero incluso allá acusaron a los gobernantes de violar los derechos humanos en Irlanda del Norte (¿vio “En el Nombre del Padre”?).

El “contexto” acá era que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, cuando se produjo el 57 % de las muertes del enfrentamiento 1973-1990 entre militares y guerrilla, todos los políticos, salvo los marxistas, apoyaban la represión. Frei declaraba al ABC de Madrid que los militares habían salvado a Chile, Aylwin denunciaba el autogolpe totalitario que se proponía Allende y se negaba a condenar la acción uniformada “desde detrás de un escritorio, porque ellos están recibiendo el fuego”. Y el ministro Retamal, de la Corte Suprema, le decía al mismo Aylwin que había que dejar a los militares hacer el “trabajo sucio”, pues “los extremistas nos iban a matar a todos”, cosa que el propio Intendente marxista había anunciado (“habría que masacrar a todos esos viejos momios”).

En ese contexto los procesos de la FACH y de la Armada revelaron que la izquierda iba a dar en ambas, antes del 11, sendos golpes para descabezar a la oficialidad.

En el mismo “contexto” el terrorismo asesinaba militares como el coronel Roger Vergara, el Intendente Carol Urzúa y sus escoltas, los del general Sinclair y los del general Pinochet, amén de los carabineros tripulantes de buses y de pasajeros del metro y transeúntes muertos por bombas de terroristas que, además, quemaban con ácido a pasajeros de la locomoción. En ese mismo contexto hubo 70 muertos en Queronque por un atentado ferroviario del MIR en que participó un hoy ex senador, atentado que dejó al tren con una sola vía, lo que provocó un choque de trenes. Un mirista cómplice del ex senador, Wladimir Díaz, pidió perdón por las consecuencias del atentado en carta a “La Tercera” de 3 de julio de 1999.

Se reunió antes del último 11 una mesa de “leales” para conmemorar este año la fecha con otra publicación, como las dos páginas de diario con retratos de los 47 uniformados asesinados por el terrorismo de extrema izquierda entre 1978 y 1986, que publicamos en “La Tercera” en 2016. Pero esta publicación suscitó una contramanifestación de periodistas de izquierda del único diario que se atrevió a reproducir sus propias páginas de 1986, si bien censuradas. “Nunca más contexto”, dijo entonces su dueño.

En vista de eso el año pasado sacamos una separata memorable en “El Mercurio”, partiendo con Frei ’73 cuando decía: “¡Esto se arregla sólo con fusiles!”. Pero este año ya no pudimos publicar nada. Es que el contexto ha pasado a ser una mala palabra.

Me quedé con 50 páginas sobre Plan Z, terrorismo, la Junta velando por los derechos humanos, sus ministros y el presidente de la Corte Suprema visitando campamentos de detenidos para velar por el buen trato, el ningún papel del gobierno en crímenes como los de la comitiva de Arellano, dirigentes comunistas del FPMR, Letelier o caso “Quemados”; la inexistencia de una política de exilio (fueron conmutaciones de penas a condenados), el millón de muertos que prometía el Comandante Pepe a Nena Ossa si triunfaba su revolución o los cinco años y un día con que la justicia de izquierda del siglo XXI condenó al carabinero Primitivo José Castro por haber muerto en 1974 en Talca a un extremista que intentó dispararle con un  fusil que se atascó y que llevaba una caja con cargas de dinamita exudada, hecho que mereció la felicitación de sus superiores y que fue sobreseído el mismo 1974 por la justicia y además amnistiado y prescrito. Puro contexto.

Pero al final este 11 no publicamos nada y me quedé con mis 50 páginas para cuando termine la dictadura del “No”, el contexto deje de ser una mala palabra y yo o mis herederos nos atrevamos a publicarlas para un futuro 11 bajo un gobierno del “Sí” de José Antonio Kast, que está muy  bien aspectado para ganar en 2021 y nos permitirá dejar atrás esta larga noche del “No” y de la prohibición de todo contexto.

La Derecha en Coma

        Mientras la dictadura del “No” aprieta la mano (la Seremi de Cultura de Los Lagos fue despedida por declarar sobre Pinochet: “No puedo estar más orgullosa de ser su sobrina nieta. ¡Qué sabiduría! Un visionario, el Tata”. “La Segunda”, 14.09.18), la derecha que gobernó con él, se jugó por la continuidad del “Sí” y después se pasó al "No" cae ahora en coma profundo al desechar en la Cámara una oportunidad única de asestar un golpe decisivo al brazo judicial de dicha dictadura y destituir a tres ministros de la Corte Suprema caracterizados por desconocer la legalidad. Su destitución habría abierto la posibilidad de reemplazarlos por juristas respetuosos de las leyes.

        El "notable abandono de deberes", y en particular el de respetar las leyes, era público, notorio y confeso (pleno de la Suprema 33-2015). La causal de destitución era plenamente justificada. Pero los dos parlamentarios de derecha que habían manifestado su adhesión al libelo acusatorio se fueron de viaje... Y los que se quedaron acá, manifiestamente, no entendieron nada.

        Por suerte, en Argentina un oficial (r), Sergio Jara, que iba a ser extraditado por un delito que no cometió, ha solicitado ante los tribunales de allá el status de refugiado político, lo cual permitirá dar realce internacional a la prevaricación de los jueces chilenos. Pues Jara es uno más de los militares condenados ilegalmente, sin pruebas y por hechos ajenos: conducía una camioneta, hace 45 años, en las afueras de un regimiento en San Felipe, con dos extremistas, tras ser éstos interrogados por un Consejo de Guerra. Los mismos intentaron huir y el recluta que los vigilaba les disparó, dándoles muerte. La dictadura judicial de izquierda condenó al entonces teniente Jara y hasta al comandante del regimiento que se asomó a inquirir la razón de los disparos, pasando por sobre la evidencia de que no intervinieron en los hechos y también desconociendo las leyes sobre amnistía, prescripción y cosa juzgada. 

      Para no mencionar siquiera que al supuesto delito se lo describa hoy como de “lesa humanidad”, figura que no existía en nuestro ordenamiento en 1973 y cuya tipificación es, además, ajena a la situación de disparar sobre presos que intentan fugarse.

  Nuestra comatosa derecha, viralizada además por jóvenes parlamentarios suyos que hablan el lenguaje marxista, y convertida en cómplice pasiva del Presidente que prolonga por otros cuatro años la dictadura del “No”, ya ni siquiera aprovecha los errores de la izquierda que le permitirían restablecer en el país los valores de la legalidad y la verdad en el ejercicio del poder de administrar justicia.

¡Que Se Haga Justicia!

     Escribo de urgencia, porque hoy se vota en la Cámara la acusación contra los magistrados Dolmestch, Kunsemüller y Valderrama por haber aprobado las libertades condicionales de seis Presos Políticos Militares.

        La acusación es obra de la izquierda, en un rapto de ebriedad prevaricatoria, pues el marxismo y sus seguidores se han intoxicado con el éxito obtenido al lograr dejar sin aplicación las leyes y la Constitución en los juicios contra uniformados. Ya no admiten que ninguna ley pueda beneficiarlos, como la de libertad condicional. Pero nunca la ebriedad ha sido buena consejera y cometieron un grave error político.

        Porque los jueces acusados son "de ellos": los tres, notorios prevaricadores, que han apoyado en su fallos la espuria doctrina ilícita contra los militares, confesada cínicamente por el pleno de la Corte Suprema en su oficio 33-2015, dirigido al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que dice: “Es el caso del término de la Segunda Guerra Mundial, en que los Tribunales de Nüremberg no contaban con legislación que contemplara delitos tan atroces como los que en países ocupados se habían cometido. Lo mismo ocurrió en Chile, en que la legislación sustantiva no contiene delitos adecuados a esa realidad, pero por sobre todo, en lo procesal, las instituciones tradicionales inhiben o impiden la investigación, como son, por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la retroactividad (quisieron decir “irretroactividad”) de la ley penal, como así también disposiciones sobre amnistía, normalmente ad hoc. Bien sabemos que sólo fue posible el procesamiento y la sanción –con lo que salvamos en parte nuestra responsabilidad histórica como depositarios de la jurisdicción— al introducir en nuestras decisiones, por la vía del artículo 5° de la Constitución Política de la República, los conceptos de delito de lesa humanidad, ius cogens y otros, que tratan de distinta manera aquellas clásicas instituciones jurídicas”.

El mismo Dolmetsch se pavoneó de no estar respetando la prescripción ni la amnistía en conferencia en la Universidad Alberto Hurtado del 21 de abril de 2016 y de aplicar la figura del delito de lesa humanidad a los presos políticos por hechos de más de 40 años antes, en circunstancias que fueron tipificados como delito en Chile sólo en 2009 (citado en el libro “Prevaricato”, de Adolfo Paúl, p. 182).

       ¡Se enorgulleció ante el auditorio de estar dejando sin aplicación la norma constitucional de que nadie podrá ser condenado por un hecho que no haya sido establecido por ley como delito antes de su perpetración!

        El propio Patricio Aylwin, en su carta inconstitucional a la Corte Suprema de 1991 (debió haber sido acusado constitucionalmente por eso, pero quedó impune) confesó, sin embargo, que la Ley de Amnistía estaba vigente y su gobierno la respetaba, aunque oficiaba a los jueces para que no la aplicaran sino al dictar sentencia, “avocándose causas pendientes” y con violación del art. 407 del Código de Procedimiento Penal, que autoriza sobreseer en “cualquier estado del juicio” cuando existe  causal de exención de responsabilidad.

        ¿Qué más “notable abandono de sus deberes” de un juez, que el de no aplicar leyes expresas y vigentes? Aquí no se trata de “revisar sentencias” ni de “avocarse causas pendientes” ni “revivir procesos fenecidos”, sino de apelar al sentido común y acusar constitucionalmente cuando hay jueces que no aplican la leyes, siendo su deber fundamental el de aplicarlas. Es decir, por “abandono de deberes”.

       Hoy se les presenta a los legisladores la oportunidad de remover del poder judicial a tres ministros que han abandonado su deber fundamental de aplicar las leyes y reemplazarlos por igual número que se ciña a la Constitución.

        No debe desaprovecharse esta rara oportunidad que brinda la izquierda de restablecer la legalidad en el país.

        La diferencia entre la prevaricación y la aplicación del derecho queda a la vista leyendo "El Mercurio" de 06.08.05, cuando dio cuenta de que la Sala Penal de la Corte Suprema, por mayoría entonces integrada por los ministros Nibaldo Segura, Luz María Jordán y José Fernández, benefició con la prescripción al coronel (r) Joaquín Rivera, cuyos hombres dieron muerte en 1973 a dos sujetos que habían disparado contra su regimiento en Angol. “El voto de mayoría sostiene que no es posible aplicar la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, debido a que no existen pruebas de que en 1973 hubiera en Chile un estado de guerra interno; así como tampoco el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque no se encontraba vigente en 1973. Además, no se consideró la Convención sobre Imprescriptibilidad de la ONU, puesto que no ha sido suscrita por Chile”.

        Eso sucedía cuando acá todavía había estado de derecho. La diferencia la hizo el nombramiento posterior de jueces como Juica, Brito, Muñoz, Dolmetsch, Kunsemüller y Valderrama, que en un Pleno confesaron no aplicar las leyes en 2015, según antes se ha visto.

        Ha llegado la hora de volver a la legalidad, votando a favor la acusación y luego reemplazando a tres ministros de la Corte Suprema por otros tantos que cumplan su deber elemental de respetar la Constitución y las leyes.

        Publíquese y comuníquese a parlamentarios de derecha y “centroderecha” para que, por una vez, al menos, los “tontos útiles” resulten siendo los de izquierda y así se restablezca el respeto al estado de derecho en la Corte Suprema y en el país.

"Para Verdades, el Tiempo"

         Siempre he estado cierto de que, tarde o temprano, el 11 de septiembre volverá a ser una efeméride de máximo rango en Chile, como se merece. La fecha en que se puso en marcha una Revolución con mayúscula, que transformó a ese país de 1973 que era como la Venezuela de hoy, asolado por la división y la miseria, con la mayor inflación del mundo y al borde de la guerra civil, en “la joya más preciada de la corona latinoamericana”, a la cabeza de la prosperidad del subcontinente y con una democracia plena y estable desde el 11 de marzo de 1990, en el futuro se hará muy digna de celebrar.

         ¿Cuánto queda para eso? El que tarde en levantarse en la Plaza de la Constitución un monumento a la Junta Militar de Gobierno y en reconocerse que el peor presidente de nuestra historia no merece uno suyo junto a La Moneda. El que demore en hacerse imposible que en una encuesta pública ese mandatario sea elegido como el “más grande chileno de todos los tiempos” mientras Bernardo O’Higgins no logra entrar en el “top ten”.

         Pues el de hoy es un país enfermo, aunque no lo sepa. Tanto que su principal diario trae este 11, como artículo de opinión destacado para comentar la efeméride, uno de Sebastián Piñera. Eso lo dice todo. En él dicho personaje prodiga un esfuerzo para incrementar de tres a cuatro los sinónimos con que habitualmente suple la precariedad de sus ideas, y nos comunica que “nada, ninguna circunstancia o contexto justifica las graves, crueles, sistemáticas e inaceptables violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el Régimen Militar”.

Se erige así como otra antena repetidora de la consigna que el Departamento de Desinformatiya del KGB hizo su favorita desde el mismo 11 de septiembre de 1973 para denostar al único país que hasta entonces había logrado librarse de un régimen marxista-leninista.

         Los opositores a los gobiernos del “No”, que nos rigen ya por 28 años, habíamos logrado, desde el 11 de septiembre de 2013, publicar en esta fecha testimonios que desvirtuaban la “historia oficial” impuesta por la corriente dominante. Pero este año ni siquiera eso hemos logrado. La efeméride por primera vez no tiene quién la escriba.

         Hace cinco años, al prologar la obra de Adolfo Paúl que denunciara las ilegalidades de los procesos llamados “de derechos humanos”, William Thayer Arteaga, ese prohombre DC pero del “Sí” recientemente fallecido a edad centenaria, escribía: “Un articulista de “El Mercurio” (17 de septiembre de 2013, p. 2) afirma textualmente: ‘Hoy existe una verdad judicial que establece de manera irrefutable que en Chile el Estado se organizó para violar sistemáticamente los derechos humanos’. No se dice desde cuándo, pero se infiere que desde el 11 de septiembre de 1973. Como considero gravemente errónea y ofensiva esta aseveración, estimo oportuno aportar algunos antecedentes que la contradicen”. Y Thayer procedía a hacerlo.

         Lo mismo he intentado yo con mi último libro, “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”. No conté con patrocinio ni respaldo alguno para publicarlo. “El Mercurio” le concedió una vez una crónica a dos columnas comentándolo, lo que bastó para que en la semana siguiente apareciera en el quinto lugar entre las obras más vendidas. Pero eso sucedió una vez y después nadie más dijo nada. No obstante la indiferencia del establishment, la primera edición se agotó y debí hacer otra. Pero la aseveración “gravemente errónea y ofensiva” a que se refería Thayer ha prevalecido y ha quedado refrendada hoy, 11 de septiembre de 2018, con nuestro silencio en los medios.

         Pues hasta los partidarios del “Sí” nos hemos quedado callados por primera vez en años.

No obstante, como dice el refrán, creo que “para verdades, el tiempo”. He referido antes la experiencia de un buen amigo mío que, al aparecer los billetes de veinte mil pesos, pagó con uno de ellos la bencina en una bomba, diciéndole al dependiente: “Aquí tiene un billete nuevo con la efigie de mi general Pinochet”. El hombre lo observó, sonrió y le replicó: “Eso va a suceder en cincuenta años más”. Sabiduría popular.

         Hablemos en  2070… o algo así.

La Verdad No Tiene Su Hora

En la década de los cincuenta Eduardo Frei Montalva escribió un libro muy bien titulado: “La Verdad Tiene Su Hora”. Lo tengo, pero no lo he leído. Lo voy a buscar y leer. Hecho eso, daré mi opinión con más de sesenta años de atraso, con el justificativo de que el autor no ha perdido actualidad, sino al contrario. Pero sí tengo una cosa muy clara: que en el Chile de hoy casi nunca la verdad tiene su hora.

Lo prueba el resurgimiento, días atrás, de un tema muy revelador del talante del país: la compra en 2006 de acciones LAN por parte de su controlador Sebastián Piñera, haciendo uso de información privilegiada, pese a lo cual una mayoría lo ha elegido después dos veces Presidente de la República. 

El ex gerente de la corredora Banchile, que medió en la compra de 2006, Francisco Armanet, en entrevista con Daniel Matamala, de CNN, reveló que tiene en su poder la grabación de la operación, pero que no la dará a conocer, salvo que la Corte Suprema se lo solicite. Dice que el contenido es tan grave para la dignidad de la “función presidencial” que no puede revelarlo. Pero con eso lo dice todo.

En mi blog anterior he recordado que el presidente de la comisión investigadora de la Cámara que se formó en 2009 para investigar esa irregularidad, Jorge Burgos, sometió a votación en ella (donde la Concertación tenía mayoría de 5 a 3 sobre la Alianza) oficiar a Banchile para que le enviara la grabación. Y, para su sorpresa, dos diputados concertacionistas “se dieron vuelta”. Como los aliancistas querían encubrir a su candidato y luego presidente, no se obtuvo la prueba grabada de la infracción.  

El Gobierno, con el poder que tiene sobre los medios, hizo desaparecer las revelaciones de Armanet de la actualidad, tras haber salido públicamente su vocera, la ministra Cecilia Pérez, a asegurar que Piñera no había incurrido en uso de información privilegiada. Pero esto no es verdad, lo que viene ratificar que en Chile ésta “nunca tiene su hora”.

En efecto, la Resolución Nº 306 de 6 de julio de 2007 de la Superintendencia de Valores y Seguros expresó que condenaba a Piñera “por infracción al deber de abstención descrito en la parte final del inciso primero del artículo 165 de la ley Nº 18.045 al haber efectuado compras de la acción de Lan Airlines S. A. en la fecha analizada contando con información privilegiada”.

Piñera no recurrió contra esa resolución y pagó la multa que se le impuso, íntimamente agradecido de la Superintendencia por no haber accionado penalmente en su contra.

Pero el ex gerente Armanet en su entrevista hizo una sugerencia  que podría ser inquietante para Piñera: en los Estados Unidos el uso de información privilegiada es un delito que prescribe en veinte años. Es decir, en este caso dejará de ser perseguible en 2026. Y la justicia norteamericana tiene jurisdicción sobre el caso porque las acciones de Lan Airlines S. A. ya se transaban a esa fecha en la bolsa norteamericana y, por tanto, dicho uso de información privilegiada causó también un perjuicio a accionistas norteamericanos o que operaban en esa bolsa.

Es decir, que acá “la verdad no tenga su hora” no significa que no pueda tenerla en otro país con estándares más exigentes.

Un Esqueleto Quiere Escapar del Clóset

Si existe un clóset lleno de esqueletos, ése es el de Sebastián Piñera. Creo que la última vez que resumí su nutrido prontuario fue en mi blog del 8 de octubre de 2017, titulado "Voto Moral o Útil". No hay que decir que en la elección que tuvo lugar después el electorado optó por el voto útil.

Ahora un ex ejecutivo de Banchile ha puesto en las puertas del clóset y ha dejado a punto de escapar al esqueleto de la compra de acciones de LAN con información privilegiada, delito por el cual Piñera fue sancionado en 2007 por una Superintendencia muy benévola, que renunció a ejercer la acción penal y se conformó con imponerle una multa. 

Hoy la ministra Cecilia Pérez ha salido a desmentir que haya habido uso de información privilegiada por parte de Piñera. Se equivoca. Su jefe la informó mal. Como en su tiempo se preocupó de aclarar, en carta a "El Mercurio", el abogado Luis Bates, la sentencia dijo explícitamente que había hecho uso de información privilegiada para perpetrar una "pasada" con acciones de LAN a minutos de haber terminado una sesión de directorio de la empresa que había conocido de un auspicioso mejoramiento de los negocios de la compañía que iba a originar una fuerte alza de sus acciones. 

Este episodio ha dado lugar a uno de los períodos más oscuros y vergonzantes para la moralidad de los chilenos de hoy de que se tenga recuerdo.

En efecto, durante la campaña de 2009 el candidato Frei dio a conocer en un foro que "Transparencia Internacional" había sido informada de la condena a Piñera. Eso suscitó una crisis en su sucursal en Chile, "Chile Transparente", tanto que renunció el directorio. ¿Por qué? ¡Por haber sido demasiado transparente y haber dado a conocer los hechos internacionalmente! Yo escribí una carta a "El Mercurio", que se publicó, sugiriendo a la entidad local cambiar su nombre por el de "Chile Opaco".

Pero al pueblo de Chile no le importó el delito del candidato y lo eligió Presidente. El dominio de éste en los medios fue tal que en un momento dado pareció quedar Frei como mentiroso por haber denunciado el uso de información privilegiada. ¡Es que los chilenos somos fantásticos!

Pero todavía nos quedaban otras cosas fantásticas por hacer. El diputado DC Jorge Burgos, un hombre muy íntegro, impulsó una investigación por una comisión de la Cámara del delito de Piñera. En la comisión tenía mayoría la Concertación, de 5 a 3. En el momento culminante de la investigación debió votarse acerca de si se oficiaba a Banchile Corredores de Bolsa para que enviara la grabación del llamado ordenando la compra de acciones, para dejar a firme o no la evidencia de que Piñera había ordenado dicha compra. Pues él se había defendido diciendo que la misma había tenido lugar según "un programa" impersonal y que él no controlaba, de acuerdo con el cual se habrían adquirido las acciones de LAN. Era obvio que si llegaba la grabación  con la voz de Piñera iba a quedar al descubierto la evidencia de que no había tal "programa" sino una intencionada adquisición, a minutos de terminar la sesión de directorio que daba cuenta de la mejoría de las ganancias.

Y entonces tuvo lugar otro episodio que retrata el talante moral de la nacionalidad: Burgos sometió a votación si se oficiaba o no a Banchile para que enviara la grabación y, pese a tener la Concertación mayoría de 5 a 3 en la comisión, la votación ¡se perdió por 5 a 3! Un "operador" dio vuelta a favor de Piñera a dos diputados de la Concertación. Burgos se quedó con un palmo de narices.

Como yo denunciara todo esto en mi blog, los ágiles seguidores del mismo no demoraron en identificar a los que "se dieron vuelta".

En sucesivos blogs y columnas en "Estrategia" denuncié las otras veces en que Piñera había logrado "dar vuelta" votaciones en la Cámara. Antes de ser elegido la última vez yo había advertido que había una votación pendiente en la sala para aprobar o no un informe de otra comisión que lo acusaba de una negociación indebida. Confieso no haber investigado después qué pasó, pero, en todo caso, el personaje logró que el desenlace, cualquiera que fuese, no hiciera noticia. De esa votación "nunca más se supo".

Yo comenté varias veces en los últimos años en este blog el pintoresco episodio que debió vivir el diputado Jorge Burgos cuando una inadvertida repartición de La Moneda, durante el anterior gobierno de Piñera, lo convidó a participar en una  gira presidencial al exterior. El presidente recorrió el avión antes de partir, saludando a sus invitados, y se sorprendió de encontrar entre ellos a Burgos. No pudo contenerse y le espetó: "¿Usted cree que merece esta invitación?" Los periodistas no registraron la respuesta de Burgos, que pudo haber sido: "Sí, la merezco; porque velando por la probidad quise obtener la grabación de la voz que ordenó comprar acciones LAN con información privilegiada, pero un par de diputados de la Concertación, por una razón que no acierto a explicarme, se dieron vuelta y rechazaron la petición de la grabación a Banchile, frustrando el propósito de la comisión".

Bueno, el esqueleto quedó, entonces, encerrado en el clóset. Pero ahora un ex ejecutivo de Banchile dice tener la grabación a buen recaudo, en una caja fuerte. 

El país, por supuesto, tiene derecho a conocerla. Pero, conociendo a Chile y los chilenos, hasta el menos avisado de éstos, al tanto de la personalidad de su presidente y de sus compatriotas, probablemente está seguro de que tampoco esta vez ese esqueleto va a poder escapar del clóset.

Lo Malo del Gobierno del Pueblo

Lo malo del gobierno del pueblo es que la mayoría de él no entiende cosas fundamentales. Por ejemplo, es "popular" el salario mínimo obligatorio. Ahora hay un impasse político porque el gobierno propone subirlo, pero la oposición quiere subirlo aún más. El uno y la otra "hacen como" si el alza del salario mínimo fuera buena para los más pobres. 

Pero esto es falso y esto lo saben muchos en el gobierno y la oposición: subir el salario mínimo por ley es, justamente, malo para los más pobres, porque de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, que la izquierda universal no ha podido derogar (aunque ha hecho ingentes esfuerzos), cuando se aumenta el salario mínimo legal disminuye la contratación de trabajadores en el mercado formal, que es el regido por las leyes del trabajo que establecen las imposiciones provisionales, las vacaciones, los feriados irrenunciables, los límites a la jornada de trabajo, las salas-cunas y todas esas cosas "buenas" que encarecen la contratación de mano de obra.

Nadie puede negar que cuando sube el precio de algo, la gente compra menos. Y cuando sube el precio de contratar un trabajador, los empresarios contratan menos. Es decir, aumenta la cesantía. ¿Y qué hacen los que necesitan trabajar para vivir? Hacen cualquier cosa con tal de que les paguen algo. Y eso se llama "mercado informal". Ofrecen limpiar vidrios de autos en las esquinas, venden paquetes de habas, frutillas o alcachofas a los automovilistas, hacen malabarismos a cambio de unas monedas. Son los más pobres de todos.

Y cuando la ley aumenta el salario mínimo o el costo legal de contratar a una persona, las empresas de todo tamaño contratan menos personas. ¿Por qué? Porque es más caro. ¿Y qué hacen para vivir los más pobres, que no son contratados en el mercado formal? Se van al mercado informal: limpian vidrios, venden bolsas de habas o choclos que un empresario informal les entrega a cambio de un porcentaje; hacen malabarismos en las esquinas. Y entonces van a competir por esos trabajos y a aumentar la oferta de los mismos, abaratándolos, con lo que perjudican a los que ya estaban en el mercado informal, por definición, los más pobres de todos, porque no ganan siquiera el salario mínimo.

Pues lo que sucede en el mercado informal es que al aumentar la oferta de trabajadores en él baja el precio de lo que ofrecen. A más malabaristas en las esquinas, menos monedas para cada uno.

Es decir, cuando aumenta el salario mínimo obligatorio legal, automáticamente disminuyen los ingresos de los más pobres de todos.  Los más pobres se hacen todavía más pobres.

Pero el pueblo no está al tanto de eso, ya sea porque nadie se lo dice (es "impopular" decírselo); ya sea porque, si se le explica, no lo entiende; o porque los políticos, que ocupan todos los espacios de los medios de comunicación, le dicen a todo el mundo que el salario mínimo más alto beneficia a los pobres.

Eso sólo podrá terminarse cuando el pueblo entienda que las medidas "más populares" suelen terminar siendo malas para los más pobres.

Por eso en los años 80 un ministro de Hacienda se atrevió a tomar varias medidas "impopulares" para que el país creciera más y hubiera más empleo, y congeló el salario mínimo. Con eso benefició a los más pobres de todos y consiguió que el desempleo bajara a cinco por ciento por primera vez en muchos años. Y con otras medidas "impopulares" como ésa el país creció más de diez por ciento en 1989.

Pero "el pueblo" no lo premió, pues ese ministro de Hacienda fue candidato y resultó derrotado en la elección presidencial de 1989 por un político que era partidario de subir el salario mínimo en vez de congelarlo, una medida más "popular".

Eso es lo malo del "gobierno del pueblo".