Ella fue, naturalmente, que después de diez años o más de prevaricaciones impunes de los jueces contra los exuniformados --violando leyes expresas y vigentes, además de la moral, la verdad y la ética-- una abogada penalista haya conseguido los votos suficientes de jueces, ministros de Apelaciones y de la Suprema para dar curso a una querella por prevaricación contra un ministro sumariante en un proceso por violación de derechos humanos.
Ésa, que desde el 7 de julio era la "noticia del año", no la publicó ningún medio importante. Pues éstos, en la materia, siguen el consejo político de Evelyn Matthei: "no meterse en eso". Al igual que lo ha hecho toda la clase política, con la única excepción del Partido Nacional Libertario y su presidentes, Johannes Káiser.
Visto lo anterior, hoy ha sucedido algo extraordinario: El Mercurio ha publicado una carta de la abogada penalista Carla Fernández Montero, en la cual da a conocer por primera vez en un medio de amplia circulación que un juez prevaricador está querellado por cuatro exmilitares en un proceso ante el Ministerio Público, ente encargado de perseguir y sancionar los delitos.
Bien por El Mercurio. Se atrevió: en una página importante, "Cartas al Director", ha dejado de "mirar para otro lado". Y ha desoído el consejo político de Evelyn Matthei: "no hay que meterse en los juicios sobre violaciones a los derechos humanos". Esto es particularmente explicable en el caso de ella, exministra de Sebastián Piñera, el principal patrocinador de esos juicios ilegales y persecutor de exmilitares (tras haber obtenido sus votos prometiéndoles que haría respetar la prescripción y el debido proceso).
Aunque el decano no publique nada más sobre el tema ni explique más a sus lectores ni analice editorialmente la materia (no le pidamos tanto) la carta de Carla Fernpandez Montero ha "clavado una pica en Flandes".
En el fondo, ha permitido dar a conocer un verdadero milagro: que se han reunido suficientes firmas de jueces honestos en primera instancia, en Apelaciones y, lo que es más increíble de todo, en la Segunda Sala de la Corte Suprema, caracterizada por su apoyo impertérrito al atropello de las normas sobre debido proceso y la exacerbación del despojo al fisco, ya por un decenio, todo derivado de los atropellos a las leyes y la verdad en los juicios sobre violaciones a los derechos humanos.
La carta de Carla Fernández Montero testimonia que en Chile se está dando un paso hacia el retorno a la legalidad, la verdad y la justicia en un terreno que se ha prestado para hacer tabula rasa de todos esos valores y, sí, también de los derechos humanos de los exmilitares, en nuestro país.
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