Si se hubieran cumplido las órdenes de Pinochet nunca habría habido desaparecidos, porque él dispuso que se debía dar cuenta de toda detención al Ministro del Interior. Estoy publicando un libro en que reproduzco documentos originales de esas órdenes. Pero en Chile frecuentemente no se obedece las órdenes. Para entender el problema resumo la página 279 de mi libro "Historia de la Revolución Militar Chilena":
"En 1979, en Yumbel... tuvo lugar el hallazgo de 19 cadáveres que habían sido enterrados el 18 de septiembre de 1973, después de ser detenidas las personas por uniformados, en Laja y San Rosendo.
"Nunca nada impidió denunciar a investigar delitos como ése y así lo hicieron las 19 familias afectadas...
"Un ministro en visita diligente, José Martínez Gaensly, de la Corte de Apelaciones de Concepción, estudió las denuncias y, atando cabos, llegó a los restos enterrados en Laja... La historia era parecida a la de otros casos, como Lonquén, Chihuío, La Serena, Antofagasta o Calama. Algún mando medio o menor, por si y ante sí, sacó a 19 detenidos en la tenencia de Laja, en la madrugada del 18 de septiembre de 1973, los llevó en un taxibus y junto al puente Perales ordenó ejecutarlos y enterrarlos.
"En 1975... el dueño del predio "Flor de Laja" advirtió un cuerpo semienterrado, denunció el hallazgo a Carabineros y éstos ordenaron la exhumación y el traslado al cementerio parroquial de Yumbel, dando cuenta a la Justicia.
"Pero cuatro años pasaron sin que la jueza competente iniciara el sumario correspondiente al oficio que recibió de Carabineros, aunque nadie le impedía abrirlo. Finalmente, en 1979, el ministro Martínez Gaensly hizo el trabajo y pudo entregar los restos a los familiares."
Hoy se carga la culpa a la Junta y a Pinochet, pero no la tuvieron. Como en el caso descrito los hechos se hallaban amnistiados y había estado de derecho, se aplicó la ley y sobreseyó.
En 1978 una intelectual de derecha francesa, Suzanne Labin, autora del libro "Chili: Le Crime de Resister", cuando la señora de Jimmy Carter habló de "miles de detenidos-desaparecidos" en Chile, viajó a Santiago y obtuvo de la Vicaría de la Solidaridad el número total efectivamente denunciado: eran 651. Lo publicó en su libro. Después el Informe Rettig dijo que entre 1979 y 1990 hubo otros 23. Total: 674. Ésos fueron todos los que se denunció durante el Gobierno Militar.
El exdirector de la DINA, general Manuel Contreras, estando preso en 1990, estudió los referidos casos y precisó el destino de los 674: algunos no aparecen en el Registro Civil, otros figuran en Extranjería como viajando al exterior, otros más han sido vistos vivos según declaraciones ante notario. Otros, en fin, confesó Contreras, murieron en combate y sus restos fueron lanzados al mar; también consideró a los desenterrados en la Cuesta de Barriga y, finalmente, los más corresponden a restos que están hasta hoy en el Servicio Médico Legal y en el Cementerio General.
Luego, se sabe el paradero de todos los denunciados durante el Gobierno Militar. No hay detenidos-desaparecidos bajo su responsabilidad. Después de 1990 empezaron a denunciarse más casos. Pero nadie se preocupó de investigar la identidad de los restos del IML y el Cementerio. El tema político es demasiado bueno como para andar encontrándolos a todos.
El diputado Johannes Kaiser ha hecho esfuerzos para que se identifique a esos restos. Pero ninguna autoridad en 35 años ha querido hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces se sabrá que no queda ningún detenido-desaparecido bajo el Gobierno Militar. Y la izquierda pierde un activo político importante.
El "comité de búsqueda" del ministro Cordero se debe limitar, entonces, a los que hicieron "desaparecer" después de 1990 los gobiernos de la Concertación, bajo el influjo de los incentivos económicos creados por la Comisión Rettig y que no fueron denunciados antes. Es decir, los que tiene que "buscar" son los detenidos-desaparecidos bajo la Concertación, pues hasta 1990 no fueron tales.
