Depredadores del Derecho y la Justicia

Como si faltaran razones para juzgar mal a este gobierno, Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se han arreglado para añadir a su quehacer otra y decisiva barbaridad: proponer el nombre del ministro sumariante Mario Carroza como nuevo integrante de la Corte Suprema.

Pues Carroza es el más insigne atropellador de las leyes en perjuicio de los militares desde que el maestro en la materia, su colega Alejandro Solís (que se hizo famoso en la TV al confesar que "fingía" delitos, con tal de condenar a uniformados) se acogió a retiro. Si hubiera sido la extremista (r) Michelle Bachelet la que hubiera propuesto a Carroza, ello habría sido considerado una provocación. Que lo hagan el indescriptible Piñera y su inefable ministro Larraín es francamente inverosímil y puede tener consecuencias para ambos.

Pues Carroza ha perpetrado las mayores barbaridades judiciales registradas desde que se retiró Solís, quien difícilmente va a ser superado en ese aspecto. La más escandalosa, a mi juicio, aquél la cometió cuando condenó a un héroe nacional, condecorado con la Medalla Al Valor, el  brigadier Miguel Krassnoff, a diez años y un día de presidio por el supuesto "asesinato" del cabecilla terrorista Miguel Enríquez. Pues la inmensa mayoría del país, desde sindicalistas hasta líderes políticos, lo habían aplaudido por ello en 1974. Krassnoff logró ubicarlo y derrotarlo en su guarida, en un enfrentamiento iniciado por Enríquez. Pocos días antes éste había asaltado la sucursal "Huelén" del Banco de Chile. Ante la negativa del respectivo agente a entregarle las llaves de la bóveda y el combo en un ojo que éste le acertó, le había ordenado a uno de sus secuaces "bajarlo", lo cual éste hizo mediante seis balazos que, sin embargo, no lograron quitarle la vida al héroe de la jornada, el bancario Renato Robinson del Canto. El ojo de Enríquez permanecía todavía morado el día de su muerte, cuando Krassnoff lo descubrió.

El país entero celebró este triunfo contra el extremismo. Por esos mismos días el ministro pro-DC de la Suprema, Rafael Retamal, le decía a Aylwin, gatillador del golpe del 11.09.73 y que ya había iniciado su "vuelta de chaqueta" pidiendo garantías para los terroristas: "Mire, Patricio, deje que los militares hagan la parte sucia, después vendrá la hora del derecho. Los extremistas nos iban a matar a todos", según revela el mismo Aylwin en sus memorias.

El mundo sindical, la civilidad democrática y la prensa aplaudieron a Krassnoff y justificaron su condecoración. Cuarenta años después, un juez prevaricador del derecho y falsificador de los hechos inventó el "asesinato" de Enríquez y condenó a diez años y un día al héroe del '74. Se llama "el pago de Chile". 

Y ya los jueces rojos le han cargado 650 años de presidio a Krassnoff por salvar al país. Díganme si éste se ha vuelto o no miserable.

Tiempo después de la referida "proeza", Carroza se hizo cómplice de otra de las más desvergonzadas actuaciones de Michelle Bachelet 2.0: por dudosos procedimientos ella logró que dos ex conscriptos de una patrulla que controló a terroristas incendiarios en una "jornada de protesta" de 1986, culparan a un oficial de haberlos rociado con combustible y quemado. Los hechos habían sido juzgados ya en 1986 por el respetado ministro instructor Alberto Echavarría Lorca. No obstante, Carroza, ilegalmente, abrio un nuevo proceso, con violación de la cosa juzgada y de la prescripción, arruinó la existencia de una decena de ex conscriptos, en la actualidad gente de trabajo modesta, privándolos de libertad y, no conforme con toda esa ya sustancial prevaricación, imputó a un oficial que no tuvo injerencia en los hechos un delito que no había cometido, el de haber personalmente quemado a los dos extremistas. La reacción general de respaldo al oficial en las redes ha sido tan fuerte que ya nadie sabe cómo va a salir Carroza  del intríngulis en que se ha metido en el caso. 

Supongo que, en unos años más, se va a dictar un fallo tan funambulesco como el del "caso Frei", otro escarnio para la justicia chilena que ya la opinión pública observa hasta con sorna.

Pero Sebastián Piñera y Hernán Larraín han encontrado la fórmula para rescatar a Carroza del embrollo de los "quemadores quemados", proponiéndolo para la Corte Suprema, tribunal al que actualmente se accede si y sólo si en la hoja de vida del postulante hay reiteradas pruebas de que es capaz de atropellar las leyes y contradecir los hechos.

Sin embargo, los jueces rojos deberían comenzar a tener miedo de que pueda advenir en el futuro un gobierno serio en Chile, porque lo primero que debería hacer sería meterlos a todos presos. Y también, por cierto, a Sebastián Piñera y Hernán Larraín, en calidad no sólo de cómplices, sino de coautores.

No se rían. En 1973 también los rojos abusaban igual, confiados en que "en Chile nunca pasa nada".