JARPA-FREI-AYLWIN-BOSSAY-KAISER

¿Qué impulsa a la izquierda a estar siempre haciendo trampa? 

Un diputado frenteamplista y otro comunista pretenden acciones legales para privar a Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial, de la existencia de su partido político; consecuentemente, de su candidatura presidencial e incluso de su libertad de expresión, que le es conferida por el art. 19 N° 12 de la Constitución, el cual dice: "La Constitución asegura a todas las personas: 12.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio."

Lo más notable es que la opinión expresada por Kaiser es exactamente la misma que en el pasado sostuvieron y hasta hoy sostienen, posiblemente, la mayoría de los ciudadanos, y en el pasado destacadas personalidades de la vida democrática nacional, de derecha a izquierda, como Sergio Onofre Jarpa, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin,  Gabriel González Videla y Luis Bossay, este último habiendo, antes de tomar esta posición, formado parte de la propia Unidad Popular y desengañado de ella. El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, al cual convocó por 81 votos contra 47 el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de ese año, era indispensable y la única manera de evitar una "tiranía comunista" (palabras de Aylwin que él después olvidó) o una guerra civil.

Pues, preguntado hace poco Kaiser por el periodista Tomás Mosciatti si sería partidario de repetir el llamado si se generaban las mismas circunstancias de 1973, el parlamentario y candidato presidencial contestó afirmativamente. 

Esto pretende ser presentado como un atentado a la legalidad y la democracia, en circunstancias que se llevó a cabo precisamente para salvar la libertad y la democracia. Y en efecto fueron salvadas, como lo probó el régimen instaurado por la Constitución de 1980 y que nos rige hasta hoy, si bien degradado a "democracia defectuosa" por el ranking de The Economist, debido a los atropellos perpetrados por la izquierda al estado de derecho o rule of law. 

¿Pretenden los diputados de extrema izquierda, con sus iniciativas ante el Servel y el Tribunal Constitucional, suprimir la libertad de expresión? ¿Desean anticipar el clima político que imperaría si su candidata Jeannette Jara, militante comunista desde los 15 años, busca imponer en Chile? ¿Se va a prohibir a los chilenos a opinar en la misma forma que los principales estadistas democráticos de 1973? ¿Es éste el primer paso hacia "la dictadura del proletariado"?

Es tan jurídicamente fundada la opinión de Kaiser que está oficializada por la separata de la Revista de Derecho y Jurisprudencia, redactada por el presidente DC del Colegio de Abogados y publicada en octubre de 1973, destinada a probar que el gobierno militar instaurado un mes antes era "legítimo", porque, sostenía el principal jurista Alejandro Silva Bascuñán, el régimen que depone a un gobierno devenido dictatorial e ilegítimo, como era el caso del de Salvador Allende, debía ser necesariamente legítimo..

Ya la extrema izquierda ha arrastrado a la prevaricación y la ilegalidad al Poder Judicial en los procesos por supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de militares que derrotaron el terrorismo de extrema izquierda. Más temprano que tarde la contralora Dorothy Pérez deberá ocuparse de ello, pues eso está costando miles de millones de pesos en exacciones ilícitas a expensas del erario. La corrección en el uso de los recursos fiscales, por la cual ella está obligada a velar, según el artículo 98 de la Constitución, la obliga a entrar en este tema. Basta leer cualquier fallo sobre derechos humanos para saber que en Chile la izquierda está sustrayendo crónicamente, en forma ilícita, recursos fiscales por vía de una prevaricación judicial ostentosa.

No quiero pensar en las consecuencias institucionales que podría conllevar el empeño liberticida de los diputados de izquierda, sobre todo si alguno de sus recursos fuera acogido por el Servel o el Tribunal Constitucional (ambos de composición política y dominados por la izquierda). Ello resucitaría la Doctrina Legalista de Schneider, del consejo de generales de julio de 1970, donde se establecía que las Fuerzas Armadas no podían utilizar su poder para asumir el gobierno, pero, añadía (lo que suele olvidarse), si otro poder del Estado abandona el marco constitucional, las Fuerzas Armadas, que se deben a la nación más que a un régimen determinado, deben intervenir para poner término a la inconstitucionalidad y restablecer el estado de derecho.

El golpe de mano marxista contra la libertad de expresión puede tener las más profundas consecuencias. Y, desde luego, si no hemos olvidado la historia, pueden ser peores para quienes acostumbran históricamente en Chile, y por su doctrina totalitaria, atentar contra las libertad de las personas..

En todo caso, el aserto de Kaiser está respaldado por la historia, el derecho y las más altas personalidades del Estado chileno, y además por una mayoría aplastante de la opinión pública, manifestada tanto en 1973 como en 2022 y 2023 y, confiamos, también lista para manifestarse en las elecciones de cuatro meses más..