EL ALMA ENVENENADA DE CHILE

Hoy no circulan diarios, pero pueden leerse en internet. Y en El Mercurio viene la carta de Martina Matus, presidenta de la FEUC, de extrema izquierda, porque el 90 % de los estudiantes de la UC no votan en sus elecciones, sino que van a estudiar. Y el marxismo se aprovecha.

En esa carta rinde homenaje a los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, el brazo logístico del terrorismo (atención jurídica, hospitalaria y propagandística gratuita) que la Iglesia de Santiago, bajo la égida del cardenal arzobispo Raúl Slva Henríquez, le dio al terrorismo del FPMR comunista y el MIR comunista-socialista, ambas asociaciones ilícitas asesinas, cuya defensa judicial y atención médica corrió por cuenta de los católicos. Esto debido al viraje político del cardenal DC, que al igual que su partido, viró del apoyo al golpe ("nos iban a degollar a nosotros también", le dijo a William Thayer, está en sus memorias) poco después del 11, a una oposición ciega.

La carta de Martina Matus manifiesta el veneno que corroe al alma de Chile. Ahora se considera "atropello a los derechos humanos" el combate que el régimen militar, en buena hora (porque venció al final, en 1990, al terrorismo de extrema izquierda. Pero después perdió la posguerra publicitaria).

¿Por qué El Mercurio, supuestamente de derecha, acoge la carta de la extremista de FEUC? Porque también compró el cuento de la izquierda. 

Es que, además, la memoria falla: el 26 de mayo de 1986 los principales diarios publicaron dos páginas enteras con las fotografías de 47 uniformados y de las fuerzas de orden asesinados desde el 19 de abril de 1978, fecha de la amnistía que, en definitiva, benefició masivamente a la guerrilla y se negó a los exmilitares. 

Leo el último de los casos de uniformados asesinados por el terrorismo y cuyos hechores eran defendidos gratuitamente por la Vicaría: el joven carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar, llamado por una falsa denuncia extremista de supuesto asalto a una panadería. Era una celada marxista. Cuando llegan los carabineros son ametrallados. Muere Vásquez Tobar, de veintiún años. Se abre proceso contra los asesinos. que en ese tiempo eran perseguidos, no indultados ni pensionados vitalicios, como hoy. ¿Quién los defendía gratis? Abogados de la Vicaría, entre ellos uno que después  adquirió notoriedad, asesorando al gobierno de Piñera: Luis Hermosilla.

En ese caso la justicia encargó reos a un abogado y un médico de la Vicaría que atendió a un extremista herido en la clínica "Chiloé" donde el Vicario Valech atendía a terroristas. Todo financiado por el Arzobispado de Santiago con el dinero de los fieles.

Ésa es el alma envenenada de Chile: que un supuesto diario de derecha acoja la carta de la Martina Matus para rendir homenaje a una dependencia logística del brazo armado de la izquierda dedicado a asesinar militares, policías y civiles.

Para los 40 años del 11 un grupo de ciudadanos quisimos volver a publicar las dos páginas en los diario en que aparecieron en 1986. Se negaron.

Es parte del alma envenenada de Chile, que llama bien al mal del terrorismo, lo protege y no denuncia a los asesinos de los 47 que habían caído en 8 años y a cuya memoria nadie rinde homenaje. 

Los extremistas asesinos han sido convertidos en víctimas. Los totalitarios en "demócratas". Los agresores en agredidos. Y siguen sustrayendo semana a semana dinero al erario mediante fallos condenatorios por un delito que no se prueba. Y que el autor del artificio reconoce que no prueba, sino sólo finge. Y el alma envenenada de Chile mira para otro lado.

MUERE OTRO RECEPTOR DEL "PAGO DE CHILE"

Ha fallecido el general Santiago Sinclair, exvicecomandante en jefe del Ejército de distinguida e impecable trayectoria. Fue ilegalmente perseguido en sus últimos años por los jueces de izquierda en razón de una actuación perfectamente lícita suya, ajustada a derecho: haber formado parte del Consejo de Guerra que en octubre de 1973 condenó a muerte a José Gregorio Liendo y otros bandoleros que habían asolado la zona de Neltume, atropellando vidas y proopiedades. 

Liendo era el que le había dicho, en la época, a la periodista Nena Ossa que "con menos de un millón de muertos" su revolución "no iba a resultar". Para muestra, un botón: asaltaron y saquearon la casa del fundo La Tregua, de la viuda Antonieta Maachel ,en 1970, la vejaron y provocaron su suicidio en el segundo piso, mientras ellos se bebían y comían todo en el primero. Por "proezas" como ésa el Ministerio de las Culturas, bajo el gobierno de Piñera, instituyó una muestra en homenaje a Pepe y sus secuaces.

El general Sinclair fue perseguido por haber formado parte del Consejo de Guerra que condenó a muerte al "Comandante Pepe" y otros forajidos que operaban libremente, bajo la UP. 

En ese Consejo Pepe tuvo abogado defensor, el exdiputado Andrés Aylwin, el hermano más izquierdista de Patricio Aylwin. Todo esto ya había sido conocido y juzgado como perfectamente legal en el único juicio habido contra Pinochet, conducido por el juez Juan Guzmán. Pero los fines de lucro son más fuertes.

El Mercurio informa hoy de alguna injerencia de la Comitiva del General Arellano en la muerte del "Comandante Pepe", pero no tuvo nada qué ver. La Comitiva sólo se encontraba en Valdivia el día de la ejecución del bandolero y sus secuaces. La declaración del general Héctor Bravo Muñoz, jefe de zona en Valdivia, en el proceso que siguió el juez Juan Guzmán, expresó: "Le dije taxativamente a Arellano que, sin perjuicio de su nombramiento como Oficial Delegado, no interferiría en la sustanciación de las causas. Y así lo aceptó y se hizo". (Pág. 8 de mi libro "La Verdad del Juicio a Pinochet".)

El entonces joven oficial Sinclair tuvo como única participación --perfectamente lícita-- la de haber formado parte del tribunal que juzgó y condenó a Pepe y sus secuaces. Sólo por eso y por su renombre lo persiguió y condenó la justicia de izquierda más de 40 años después.

Pero a esas alturas, ya nonagenario, había perdido la conciencia. Eso lo hacía por completo imposible de ser juzgado. Los prevaricadores, poco resignados, lo vejaron, en una declaración destinada a denigrarlo como "loco o demente", Pero al menos le permitieron cumplir la pena en su domicilio. Se dieron por satisfechos insultándolo, pero no corrió la inhumana suerte de otros en su mismo estado, que siguen hoy presos en Punta Peuco, sede de la violación masiva de su derecho humano a un debido proceso que sufren los exuniformados.

Siendo vicecomandante en jefe debió enfrentar la despiadada violencia terrorista  y sobrellevar el asesinato de todos los miembros de su escolta, dentro de un automóvil, Asesinato a sangre fría. como el del carabinero Hilario Novoa estando de guardia en la Llama de la Libertad, a quien siempre que puedo aprovecho de rendirle tributo.

Con el general Sinclair muere otro gran soldado chileno, salvador de su patria y perseguido por la antipatria, que ha tomado ilícitamente el control del Poder Judicial con fines de lucro y con cero respeto por la ley, la verdad y la moral..

LOS TENEMOS DESESPERADOS

Yo nunca había visto a los comunistas tan desesperados como ahora. Y tienen razón: el 58 % de los ciudadanos eligió presidente, por primera vez en 35 años, a un político del Sí a Pinochet.

Ese político había fundado un partido nacido exclusivamente de que las antiguas colectividades de la derecha se habían pasado al No, pues tanto la UDI como RN apoyaban a un candidato del No, Sebastián Piñera. Y abjuraron públicamente de sus lealtades originarias cuando en los 90 modificaron sus Declaraciones de Principios para suprimir las referencias favorables al régimen militar que ambas contenían. Hicieron recordar a Groucho Marx, el actor, que decía: "Estos son mis principios... pero, si no le gustan... tengo otros". Eso en su tiempo fue demasiado para los políticos leales, encabezados por José Antonio Kast, que decidieron alejarse de ambas tiendas tránsfugas y crear un real partido de derecha cultor de la verdad.

Después de vueltas y revueltas descritas en mi libro "Trampantojo", que puede adquirirse en este blog y se lee en una tarde, y que explica por qué surgió otro partido de derecha, el Nacional Libertario, hemos terminado gobernados por el Sí. El mundo, que poco o nada entiende y se limita, en general, a repetir consignas comunistas falsas sobre Pinochet (no es peor que Piñera, RN y la UDI), no lo puede creer.

Entretanto yo he probado que Pinochet no sólo no fue violador de los derechos humanos sino que ordenó en 1973 "a todas las unidades", respetarlos, defenderlos y tratar bien a los detenidos, comunicando a públicamente su lugar de detención. Y tengo los documentos originales en tal sentido. ¡Pruebo que Pinochet fue defensor de los derechos humanos! Ver mis blogs del 21 al 25 de noviembre pasado.

Pero hemos hecho algo todavía peor (digo hemos porque lo he hecho siguiendo las denuncias de Adolfo Paúl Latorre, tenaz defensor de la verdad judicial) y hemos probado la traición de Aylwin, las torturas (que Pinochet prohibió) públicas del régimen de Allende a meros opositores, denunciadas en El Mercurio del 20 de enero de 1972 ¡sin que el presidente de entonces, Salvador Allende, rectificara en nada al diario! Y sin que destituyera al torturador, el comunista Carlos Toro. ¡El principal torturador de meros opositores desarmados era comunista! Con razón no lo pueden soportar. 

En fin, en la degradación de la verdad y la moral hemos caído tanto que ahora es designada presidenta de la Corte Suprema una persona que, para conseguir los votos de la izquierda, hizo ostentación de haber cometido reiteradas prevaricaciones, fallando contra leyes expresas y vigentes. Y consiguió los votos para ser designada.

Por eso el electorado eligió a un candidato del Sí. Y por eso están desesperados quienes siempre habían contado con que la gente no sabría nunca la verdad. 

La verdad tarda, pero llega. Y el electorado votó en consecuencia.

VIOLACIÓN MASIVA DE DERECHOS HUMANOS

Por primera vez desde 1990 ha sido elegido Presidente de la República un político que votó Sí a Pinochet en 1988, José Antonio Kast.

Los seis gobernantes partidarios del No en 1988 (el último, Gabriel Boric, obró ex post, pues en ese año era un niño) han perpetrado una masiva violación de los derechos humanos de 500 exmilitares.

En efecto, un derecho humano fundamental es el que todos tenemos a un debido proceso en causas penales. 

Ese medio millar de personas han sido ilegalmente condenadas por un delito inexistente, el de "secuestro permanente". Pues nunca nadie ha podido probar que hubiera habido un solo "secuestrado permanente". 

Esta figura imaginaria fue inventada por un ministro sumariante que hace diez años confesó en cámara haber violado la ley y hecho trampa, pues había condenado sin haber probado el delito. Y confesó haberlo "fingido". "Fue una ficción jurídica", dijo textualmente. Añadió con realismo: "Si yo no digo que la realidad fuera ésa". 

El video con estas confesiones ha sido de amplia circulación desde 2015 hasta nuestros días.

En los períodos de Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet I se habían interpuesto unas 300 querellas por el inexistente delito. Después, en 2010 asumió Sebastián Piñera, que en su primer gobierno presentó cerca de mil querellas adicionales contra exmilitares. 

Así traicionó la promesa que, como candidato, había formulado a los militares en retiro en su Club, en el sentido de que iba a hacer respetar la prescripción como eximente de responsabilidad penal. Obtuvo los votos de la "familia militar" y después triplicó las querellas contra sus miembros.

El delito de secuestro no pudo existir, porque está tipificado sólo respecto de "particulares", en el párrafo 3 del título III del Código Penal. Luego, los agentes del Estado no pueden incurrir en él.

Como primera medida el Presidente electo debería restablecer la legalidad e indultar a los 400 reos condenados arbitrariamente, violando su derecho humano a un debido proceso.

Hasta 2005 la Corte Suprema respetó la amnistía y la prescripción. Después se plegó a la violación masiva de derechos humanos. Tanto que la actual presidenta del tribunal logró integrarlo sólo tras garantizar a los senadores de izquierda que nunca había aplicado la amnistía ni la prescripción, delito de prevaricación castigado en el art. 223 Nº1 del Código Penal con presidio y reclusión y otras penas. Y gracias a eso fue designada. 

Ése es el desolador contexto de la masiva y sistemática violación de los derechos humanos de los exmilitares.

NUESTRO "ESTADO DE DERECHO"

El infatigable defensor de nuestro estado de derecho (frase que se escribe con minúsculas porque es la traducción del inglés "rule of law", que se escribe con minúsculas) Adolfo Paúl Latorre, ha hecho un recuerdo que me ha dejado helado: cuando la nueva presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, fue propuesta para integrar dicho tribunal y su nombramiento debía ser aprobado por el Senado, ella argumentó ante los senadores que nunca había aplicado la amnistía ni la prescripción. Y tuvo éxito con su argumentación. porque fue nombrada integrante del mas alto tribunal.

En buenas cuentas, confesó que había cometido reiteradamente un delito y así obtuvo los votos necesarios.

Porque las normas sobre amnistía y prescripción están plenamente vigentes y los jueces deben aplicarlas. Pues el artículo 223 del Código Penal dice que "los miembros de los tribunales de justicia... sufrirán las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares y la de prisión o reclusión menores en cualesquiera de sus grados: 1º Cuando a sabiendas fallaren contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil".

Es decir, lo que en un verdadero estado de derecho conduciría a destituir y poner tras las rejas a la ministra Chevesich, fue en Chile precisamente el argumento político, no jurídico, para asegurarle su nombramiento en el más alto tribunal. 

Hace diez años, en el programa El Informante de TVN, el ministro Alejandro Solís, inventor de la estratagema para burlar la ley en esta forma y declarar todo supuesto secuestro como "permanente", confesó el modus operandi que le permitía no aplicar la amnistía ni la prescripción, confesó que él no probaba que el delito fuera "permanente" sino que lo "fingía". Condenaba mediante la que llamó "una ficción jurídica". Es decir, en lugar de cumplir el deber fundamental del juez, probar la existencia del delito para derrotar la más antigua garantía de que nadie puede ser privado arbitrariamente, la presunción de inocencia, el juez Solís y sus imitadores y seguidores, entre ellos la ministra Chevesich, "fingían" el delito. 

Solís se defendió en dicho programa añadiendo esta elocuente frase: "Si yo no digo que la verdad haya sido ésa". Es decir, confesó que mentía en sus fallos. 

Así la flamante presidenta de la Corte Suprema ha llegado a encabezar este poder del Estado tras confesar que siempre había fallado contra leyes expresas y vigentes. 

Consecuencia: medio millar de chilenos ilegalmente condenados, de los cuales cien han muerto. Si en Chile hubiera habido un real estado de derecho, ninguno habría sido privado de libertad. En Chile rige lo opuesto: la anomia: se obra en contrario de lo que dice la ley. Con completa impunidad.

EL MUNDO DONDE TANTO SE MIENTE

No sé si será sólo en Chile, porque he visto videos del extranjero donde también se miente mucho sobre lo que ha sucedido y sucede acá. 

¿Cómo fue que llegó a instalarse universalmente esa Mentira Oficial? ¿Cómo y por qué dejamos que sucediera? ¿Cómo permitimos que en el mundo se convirtiera en un insulto penado por la justicia decirle "Pinochet" a alguien? Entonces recordé que yo mismo pequé de eso. Mi amigo Emilio Sanfuentes me dijo en 1973 que la Armada buscaba abogados de derecha para integrar su Comisión Legislativa en los primeros meses del Gobierno Militar. Y yo le contesté que no quería ser parte de un régimen que estaba matando gente, pues se había sabido de más de medio centenar de fusilamientos al paso de la Comitiva del general Arellano por ciudades del norte. ¿Cómo iba a saber que yo mismo escribiría, 35 años después, un libro probatorio de la completa inocencia de Arellano y su superior Pinochet en esas muertes?

Es que las mentiras de la izquierda siempre han sido más poderosas que las verdades de la derecha. ¿Cómo sucedió que el principal defensor de los militares en 1973 --Patricio Aylwin I-- cuando se producía el 57 % de las muertes de todo el período 1973-1990, se convirtiera en 1990 en el peor condenador de ellos --Patricio Aylwin II-- formando la Comisión Rettig para "sentarlos en el banquillo de los acusados"? Y negando él haber dicho todo lo que había quedado publicado y grabado en octubre de 1973. Lo más increíble fue que la opinión pública casi unánimemente compartía y co-protagonizaba la completa "vuelta de chaqueta" y hasta sus adversarios políticos lo admiraban por lo que estaba haciendo.

Pero la "gota que hoy colmó mi vaso" la aportó Adolfo Paúl Latorre, exmarino y abogado, proverbial denunciador de los atropellos a la legalidad cometidos por los jueces a expensas de los exmilitares, al recordar que la nueva presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, cuando estaba optando a ser integrante del más alto tribunal, argumentó en su propio favor "que nunca había aplicado la amnistía ni la prescripción", que son leyes expresas y vigentes en nuestro ordenamiento. Y ascendió. 

¡Su mejor carta de recomendación para integrar la Suprema era presentarse como prevaricadora impenitente! Es decir, autora del delito, penado con presidio de 3 años y un día, consistente en fallar contra leyes expresas y vigentes. Por supuesto, el Senado aprobó su designación. Delinquía, pero lo hacía de una manera políticamente correcta, de acuerdo a la opinión dominante. "Si el derecho no se adapta a los propósitos de la izquierda, peor para el derecho", habría dicho Lenin.

He probado reproduciendo los instructivos de Pinochet a "todas las unidades" en 1973 y 1974, que él ordenaba respetar los derechos humanos. Pero de nada sirve. Todo el mundo sigue repitiendo que fue "un violador sistemático de los derechos humanos". Y cuando escribo "todo el mundo" quiero decir literalmente eso.

Quería, sólo por hoy, nada más que dejar constancia de eso. Un antiguo refrán dice: "para verdades, el tiempo". Sigo esperando.

OMISIÓN EN EL DISCURSO INAUGURAL

Los de derecha a secas estamos contentos porque triunfó en el balotaje la opción más parecida a la nuestra de la primera vuelta, que estuvo representada por Johannes Kaiser. Éste le dio el apoyo incondicional ai ganador, José Antonio Kast, quien fue entonces nuestro "segundo mejor".

Pero Kast en su discurso inaugural incurrió en una omisión importante y que explica por qué, para nosotros, él no representaba un óptimo, sino un second best.

Entre paréntesis, no confundir "segundo mejor candidato" con "los segundos mejores 30 años de la historia de Chile" que, creemos, el gobierno de Kast puede reiniciar y que haremos lo posible por continuar desde 2030 en adelante, tras el triunfo entonces de quien fue nuestro "primero mejor" en primera vuelta, Johannes Kaiser.

Como ya dije, hubo un importante vacío en el discurso inaugural de José Antonio: la falta de toda mención a la mayor y más sostenida prevaricación judicial contra exmilitares, el atropello a sus derechos humanos y el consiguiente abuso ilícito a costa del erario.

Kast no dedicó una palabra a lo que ha sido una irregularidad judicial mantenida durante los últimos veinte años: los procesos contra exmilitares por un delito que no existe, el "secuestro permanente" . Nunca hubo ni ha habido nadie en esa condición. Es una prevaricación flagrante. Es "un truco", el instrumento procesal que usan los jueces para poder condenar a exmilitares y obligar al erario a pagar indemnizaciones. En ese sentido, no hay un solo exmilitar que haya enfrentado un debido proceso. Y el derecho a un debido proceso es un derecho humano como el que más.

La justicia de izquierda usa este artificio ilegal para condenar injustamente y sustraer cotidianamente y de manera ilícita recursos al fisco. Esta ilegalidad manifiesta debería haber sido investigada por la Contralora Dorothy Pérez, a quien el art. 98 de la Constitución obliga a "fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco". Hasta ahora no lo ha hecho.

Los recursos los sustraen mediante el artificio de inventar "secuestros permanentes", pero nunca hubo ni hay ninguno. Y en caso de que hubiera existido alguno, no podría haber sido cometido por militares, que eran funcionarios públicos, pues dicho delito sólo está tipificado en el párrafo 3 del título III del Código Penal sobre "Crímenes y delitos contra la libertad y seguridad cometidos por particulares".

Confesión de la prevaricación existe en los videos de hace diez años del inventor inicial de esta ilegalidad, el juez Alejandro Solís, reconociendo que él "fingía" los hechos en lugar de probarlos. Además confesaba: "yo no digo que ésa haya sido la realidad". Es decir, condenaba por hechos inexistentes e imaginarios.

Tal omisión del discurso inaugural hace temer que durante su administración Kast nada haga al respecto, tal como los sucesivos gobernantes durante tantos años. Así la justicia de izquierda ha podido perpetrar impunemente este delito, con la consecuencia de al menos 500 exmilitares injustamente privados de libertad, verdaderos Presos Políticos Militares, algunos por ya más de 30 años. No han recibido un debido proceso, mientras se sigue sustrayendo al erario cantidades millonarias que éste, jurídicamente hablando, jamás debió haber pagado. Y por añadidura se les priva de derechos carcelarios que se conceden hasta al peor delincuente. 

Nos esperan cuatro años más, al parecer, de ver seguir desarrollándose el mismo escándalo impunemente ante nuestros ojos. 

Confiamos en que Johannes Kaiser, después de 2030, le pondrá término.