Los Países Ante el Terrorismo

Hoy voy a reproducir algunas páginas de mi libro "Terapia para Cerebros Lavados" (2008), porque creo que vienen a cuento en estos días:

Es sabido que todos los países adoptan políticas de emergencia, que dan lugar a acusaciones de tortura, cuando se ven amenazados por el terrorismo.

El caso de Israel es patente. Año a año aprobaba una legislación que le permitía aplicar tormentos a los sospechosos de terrorismo que caían en sus manos, si bien últimamente ha dejado de hacerlo. De la misma práctica se ha acusado a los EE. UU. Hace poco, la propia candidata demócrata, Hillary Clinton, ha declarado que está de acuerdo en que la seguridad nacional debe primar sobre los derechos humanos. En efecto, el periodista Wulf Blitzer le preguntó al senador demócrata Dodd qué era más importante, si los derechos humanos o la seguridad del país, y aquél contestó:

«Obviamente, la seguridad nacional, mantener el país a salvo.»

Y después Blitzer le preguntó a Hillary Clinton si estaba de acuerdo, y ésta contestó: «Concuerdo completamente con eso.»

El historiador Gonzalo Vial ha recordado las actitudes de naciones respetables y respetuosas de los derechos humanos ante el desafío terrorista:

«Los países más desarrollados, civilizados, liberales, tan pronto enfrentan el terrorismo ven aparecer, como una maldición, la tortura. Algunos ejemplos:

«1°. La Cuarta República Francesa, antes de De Gaulle. Epítome de la democracia partidista, pluralista, igualitaria, y del legalismo, cae sin embargo en la tortura —y una que hace historia, por su mezcla de crueldad y sofisticación— dirigida contra el terrorismo de los argelinos que demandan su independencia.

«2°. Gran Bretaña, cuna de las libertades públicas. Recuerdo la mesa de los almuerzos de ‘Qué Pasa’, a comienzos de los años ’70, cuando un entonces joven Robert Moss, periodista y novelista inglés de fama, pontificaba con cierta suficiencia para enseñarnos — decía— algo que los chilenos ignorábamos: que la represión del terrorismo puede hacerse con respeto del marco legal y desde luego sin tortura. Era, agregaba, la política de su patria, Inglaterra, respecto de la IRA irlandesa. Un poco tiempo más y se hacía público que los ingleses empleaban habitual y extendidamente los más duros apremios ilegítimos contra ese movimiento terrorista.

«3°. España post franquista, democrática y socialista. Gobierna Felipe González. A su momento se descubrirá que existe una policía secreta dentro de las policías secretas, creada por el mismo Gobierno, que opera sin barreras éticas —tortura incluida— para reprimir el terrorismo vasco de la ETA.»

Las Torturas bajo la DC

Hasta 1973 la indiferencia general había caracterizado la actitud de los Gobiernos y los Tribunales frente a las denuncias de torturas. Para no retroceder más en el tiempo, citaré evidencias al respecto, bajo Frei Montalva (1964-1970) y Allende (1970-1973).

En 1970 el clima de indiferencia frente al tema llevó a la revista "Portada", una publicación de derecha, en su número de noviembre de ese año (acababa de asumir Allende la Presidencia), a publicar un artículo titulado «¡Legalicemos la Tortura!», en el cual se decía lo siguiente:

«Parece ser un hecho establecido que los sospechosos en el caso Schneider —o, por lo menos, algunos de ellos— han sufrido torturas a manos de la policía: aplicaciones eléctricas en órganos y zonas sensibles del cuerpo; palizas, encierros en la oscuridad o en celdas inmundas y junto con facinerosos, pervertidos o provocadores, etc.

«Resulta evidente también que tales torturas son inevitables. En efecto, no han podido terminar con ellas los superiores directos de los torturadores, a saber: el entonces Presidente de la República, un jurista demócrata y cristiano reconocido; su Ministro del Interior, Patricio Rojas, prestigioso ex funcionario de la OEA, a la cual ha vuelto ahora con unánime beneplácito; el
Subsecretario del Interior del antiguo Gobierno, Juan Achurra, otro jurista demócrata y cristiano; y el Director interino de Investigaciones de los últimos días del Gobierno de Frei, el pundonoroso general (r) Emilio Cheyre. Si personas tan destacadas —e investidas además de autoridad total sobre la policía— no han podido terminar con la tortura, nos parece indiscutible
que ésta es inextirpable.

«Por otra parte, asimismo, resulta evidente que la tortura, además de inevitable, es aceptada por la opinión pública. La prueba está en que tales métodos son reprobados cuando afectan a los amigos, pero recibidos con complacencia o indiferencia si recaen sobre los enemigos. Cuando los torturados eran del MIR, VOP u otros movimientos de ultraizquierda, los círculos de derecha callaban, al paso que los juristas de izquierda, encabezados por el abogado y profesor universitario Eduardo Novoa, protestaban indignados ante la Corte Suprema, que por cierto no hizo nada. Ahora que los torturados son de ultraderecha, es la derecha la que reclama, mientras los juristas de Novoa guardan su sensibilidad para mejor ocasión y la Corte Suprema continúa sin hacer nada. ¿Qué significa esto? Simplemente, como decíamos, que protestar por las torturas es un recurso de las guerrillas políticas, pero que en el fondo a nadie le importan; luego, en forma tácita, todos las aceptan.

«Concluimos, pues, que la tortura es un mal (hablando en teoría, como puristas), pero de esos males inevitables, y que la opinión pública, supremo juez en las democracias, a fin de cuentas tolera. ¿Por qué, entonces, no legalizarla y reglamentarla?»

La Denuncia Socialista-Comunista

Sobre la indiferencia bajo la administración DC de Frei Montalva ha quedado el testimonio de una presentación que hicieron cien abogados de izquierda a la Corte Suprema (aludida en el artículo de "Portada" antes citado) y que se publicó in extenso en la revista "Punto Final" de 13 de agosto de 1970, es decir, en las postrimerías del régimen DC. Por supuesto, la Corte Suprema tampoco dijo ni hizo nada.

El documento se titula «¿Es Chile un Estado de Derecho? Crímenes, torturas y violaciones de los derechos humanos». Entre quienes lo firman cabe mencionar a los profesores de derecho Eduardo Novoa Monreal, Aníbal Bascuñán Valdés, Sergio Politoff, Alvaro Bunster, León Grinberg, Raúl Brañes. Juan Bustos y Ricardo Lagos Escobar, a la sazón Secretario General de la Universidad de Chile.

La denuncia de 71 páginas —dice "Punto Final"— está redactada en un frío lenguaje jurídico, sin argumentaciones políticas, lo que pone aún más de relieve los antecedentes objetivos que ilustran la situación: seis homicidios, diecisiete casos de torturas y vejámenes físicos y morales, tres allanamientos ilegales, numerosos casos de violencia innecesaria y otros graves atropellos
policiales».

¿Había en Chile un movimiento guerrillero o terrorista significativo entre 1964 y 1970? Apenas un puñado de estudiantes de la Universidad de Concepción, que comenzaban a organizar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); o grupos guerrilleros menores, como la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo). A partir de 1965 el Partido Socialista había proclamado la vía armada para hacerse del poder, en sus Congresos del año indicado y de 1967 y 1969, y comenzaba a formar cuadros paramilitares, tarea que se intensificó durante el gobierno de la UP, al igual que en el Partido Comunista, en la Izquierda Cristiana y en el MAPU.

¿Cuántas habrían sido las denuncias de torturas si la Policía Política del Gobierno de la DC se hubiera enfrentado, como el Gobierno Militar, a veinte mil o más guerrilleros dedicados a la subversión y al terrorismo, con abundante abastecimiento bélico, apoyo logístico y justificación propagandística externos?

En la denuncia de los abogados de izquierda se añadía que el profesor francés Benjamín Fabre había sido sometido a castigos policiales y sufrido la rotura de un tímpano. Posteriormente, sin embargo, sin que nadie, ni menos el gobierno francés, se preocupara de investigar nada al respecto, el Gobierno DC lo expulsó del país. ¡Qué distinto era cuando el Gobierno Militar
expulsaba a algún agitador francés!

¿Y Quién Nos Defiende de los Defensores?

Nunca las he tenido todas conmigo respecto de la reforma procesal penal de los años '90. Fue una iniciativa de un centro de estudio de derecha, acogida con mucho agrado por los gobiernos de la Concertación. Y cuando en Chile están "la izquierda y la derecha unidas", hay que ponerse a temblar. Recuérdense la primera reforma agraria y la nacionalización del cobre.
El antiguo proceso penal, que entregaba a un juez todas las facultades, las que, de hecho, éste no podía ejercer, conducía a que fueran los actuarios los verdaderos "padres" del proceso y eso se prestaba para cualquier cosa. Después, cuando los jueces de izquierda se enseñorearon del Poder Judicial, bajo la égida de la Concertación, pasó cualquier cosa. Por eso hoy tenemos 70 presos políticos uniformados condenados ilegalmente y encerrados en dos penales, que son mejores que las cárceles comunes por la sencilla razón de que todo el mundo sabe que no deberían estar presos.
Pero el nuevo proceso penal reemplazó un sistema malo por otro peor, y ha sido tan "garantista", en el sentido de darles garantías a los delincuentes, que obtuvo el entusiasta apoyo de la izquierda. Pues ésta siempre ha procurado que los delincuentes queden impunes, sobre todo si éstos son terroristas y ella no está en el gobierno. Obvio, porque el terrorismo forma parte de las bases más fieles de la izquierda en todo el mundo.
Y, en fin, como consecuencia de la reforma se crearon "defensores nacionales", pero para defender a los delincuentes; y "jueces de garantía", pero para garantizar los derechos de los delincuentes.
Y a las víctimas de éstos, "que se las comieran los perros". Y se las comieron. Por eso la gente honrada empezó a clamar por protección, aunque no fuera tan buena como la que se dispensaba a los delincuentes y terroristas. De ahí ha nacido, entonces, una iniciativa (paradójica) para crear una "defensoría de víctimas". Absurdo, pues ella debería provenir de los fiscales, del propio Poder Judicial, que debería ser el protector por antonomasia de las víctimas de los delitos. Pero "no se la pueden" con los defensores de los delincuentes.
Todo esto ha conducido en Chile a un verdadero paroxismo del absurdo en estos días, en que la "defensoría penal", en el caso del terrorismo en el sur, y un "juez de garantía", en el caso del terrorismo en la capital (cien bombas en los últimos tiempos), están disparando contra los tribunales superiores porque no anularon el proceso en el primer caso y no desecharon las pruebas principales de los fiscales, en el segundo.
Y siempre está presente la cortina de protección conocida para el terrorismo, que alcanza incluso para que se vuelva a hacer presente algún sacerdote, caracterizado defensor del extremismo desde los años '70. Y para que se haya renunciado a aplicar la legislación más severa, la Ley Antiterrorista. Esto último con el aplauso del gobierno y de la oposición, que ya están constituyendo un sólido frente contra la tranquilidad y la defensa de la gente honrada, cada vez más desprotegida.
Entre más se debilitan la legalidad y la acción judicial, más se fortalece el terrorismo. Ayer fueron atacados con armas de fuego varios carabineros en el sur, apenas perpetrado un centésimo y tantos atentado contra la familia Urban. Días atrás un terrorista que iba a colocar una bomba en Santiago fue mutilado por la explosión prematura de ella. Ni siquiera había sido citado a declarar como imputado.
Entonces el presidente de la Corte Suprema ha tenido que salir a explicarle al país, casi pidiendo perdón y echándoles la culpa a "los políticos", por qué ese tribunal no dejó completamente libres a los terroristas del sur, como parecía pretenderlo la defensora penal pública. ¡Hasta ese presidente, un juez de izquierda, por supuesto, ya se está sintiendo incómodo con la situación!
Estamos alcanzando, gracias a tantas "modernizaciones" penales, tanta "corrección política", tanta compasión por los huelguistas de hambre y por los que ponen bombas y tanta renuncia a aplicar las leyes más severas contra el terrorismo, a una situación en que el país está a punto de pedirles perdón a quienes lo ejercen, por no dejarlos hacerlo con la más completa libertad.
Semejante situación se describía antes con una expresiva frase: "el ladrón detrás del juez".

Podemos Estar Tranquilos

          Podemos estar tranquilos, porque estamos en buenas manos, de gente que realmente sabe de terrorismo.

Pues a la cabeza está la ex comandante “Claudia” del FPMR, que en 1986 convivía con el vocero de ese grupo terrorista, Alex Vojcovich. ¿Quién puede saber más que ella?

Y no son sólo suposiciones. Su pertenencia al Frente la atestiguaron en “El Mercurio” de 19 de junio de 2003 el coordinador del movimiento, César Quiroz, y los guerrilleros “Mario”, “Pablo”, “Víctor”, “Dante” y Daniel”. Ella conoce el tema, es una experta. Seis testigos contestes que dan razón de sus dichos. Plena prueba. Nada de meras presunciones precarias, que sólo sirven para meter presos a los militares.

Y en especial este gobierno debe saber de la colocación de bombas en el Metro, porque el Frente, que lo integra, había hecho estallar un artefacto en un vagón que ingresaba a la Estación Tobalaba, el 16 de junio de 1986. A raíz de ello falleció el pasajero Jorge Campos Fardella y quedaron con lesiones graves Roberto Barros Sánchez, Juan Ruiz de Mujica, Laura Barceló Muñoz, Alex Soto Chindulza, Nelson Araneda Araneda y Esteban Gutiérrez Jorquera.

          Podemos estar tranquilos, además, porque el director de Inteligencia, Gustavo Villalobos, también sabe de terrorismo, pues fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad y defendió a guerrilleros del propio Frente. Su acción resultó tan eficaz que hasta fue encargado reo por la justicia como encubridor del asesinato del joven carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar. Es que es un hombre dedicado al tema. ¿Qué mejor garantía?

          También podemos estar tranquilos porque otro que sabe mucho ahora está en el Gobierno: el ex “Encargado Militar” del Partido Comunista, Guillermo Teillier, organizador del FPMR. Así es que también conoce como nadie el terrorismo. Claro, en junio pasado él sostenía que el único terrorismo posible era el ejercitado por el Estado y, por tanto, los que ponían centenares de explosivos no eran terroristas. Pero vemos con alivio que ayer mismo cambió de opinión: dijo que “esta” bomba en el Metro Escuela Militar sí fue un acto de terrorismo. Entonces podemos estar tranquilos: por fin el jefe de un partido de gobierno reconoce que un atentado en el Metro es un acto de terrorismo y se va a preocupar.

          Y también podemos estarlo porque esto no va a ir mucho más allá, debido a que los terroristas, en general, están contentos. Por dos razones: la primera, que el fisco les abona anualmente un total aproximado a los 300 millones de dólares en indemnizaciones por haber sido perseguidos, exonerados, apresados, interrogados y supuestamente maltratados en el pasado. Cuentan, además, con atención de salud gratuita y becas de estudio para sus descendientes. Y, segunda razón, porque quienes los derrotaron y les vedaron la toma del poder por las armas en 1973 están presos, ancianos y enfermos, o están cayendo en prisión todos los días. Además ¿quién va a querer hostilizar a los terroristas si eso ahora se llama “delito de lesa humanidad”? Nadie, por supuesto. Entonces, los terroristas están tranquilos.

          Tanto, que bajo el anterior gobierno de la ex “Claudia” hasta pudieron hacer una conferencia internacional con sus similares de otros países y se reunieron públicamente en Santiago, sin ser molestados, en el Teatro Lido. ¿Recuerdan?

          Entonces ¿qué razón podrían tener los terroristas para seguir alterando la paz pública, sabiendo que en el gobierno están sus iguales?

          Ninguna. Ergo, podemos estar tranquilos.

Ataque Europeo en Masa

En la primera mitad de los años '80 leí en un diario la información de que exiliados chilenos en Suecia habían hecho una colecta en beneficio del FPMR, asociación ilícita terrorista que era (y a lo mejor es, "por si las moscas") el brazo armado del Partido Comunista, y que a esa colecta callejera había contribuido el entonces primer ministro sueco Olof Palme. Eso lo leí, quedó grabado en mi mente y sólo me retractaré si un subdirector de Investigaciones comunista como Carlos Toro me amenaza con aplicarme electricidad en mis partes más sensibles como la que le aplicó al presidente de la Juventud Nacional en enero de 1972. Pero como hasta ahora la única tortura que he sufrido es que la embajadora de Suecia escribió a "El Mostrador" que lo que yo afirmo es falso, y ese tormento lo puedo soportar perfectamente, porque estoy seguro de lo que leí hace treinta años, sigo reafirmando que el cable informó que Olof Palme hizo una donación en una colecta en beneficio del FPMR. En un terreno menos seguro podría aventurar que la información apareció ilustrada con una fotografía en que un desafiante Palme aparecía entregando, con su brazo derecho alzado, su óbolo a los exiliados. Pero de esto último no estoy muy seguro.

La embajadora sueca se llama Eva Zetterberg y escribió una carta bastante odiosa a "El Mostrador" acusándome de falsedad. Pero como yo sé lo que leí,aunque nadie me crea, tengo mi conciencia tranquila. Ella dice que es falso que Palme contribuyó a la colecta. Yo leí en el diario que lo hizo. Yo podría irme a "El Mercurio" y empezar a leer diarios desde febrero de 1986, en que asesinaron a Palme, hacia atrás. En ese tiempo no había internet, tendría que ir diario por diario. ¿Y si salió en otro diario? Bueno, no lo voy a hacer, pero yo estoy seguro de que apareció. A lo mejor un comentarista de este blog lo encuentra o también lo recuerda.

La embajadora se enoja porque yo implícitamente acuso a su gobierno de haber ayudado al terrorismo cuando acá había Gobierno Militar. Pero está probado que su gobierno ayudaba al terrorismo: cuando estaba flameando la bandera sueca en la embajada de Cuba en Santiago, Max Marambio, que había sido GAP de Allende, ha revelado que todas las armas que había en la embajada, que eran bastantes, fueron transferidas al MIR. Y la embajada estaba bajo la responsabilidad sueca. El embajador era un notorio izquierdista llamado Harald Edelstam. Piñera le diría que, por lo menos, fue un "cómplice pasivo", lo cual es una contradicción en los términos, pero esas sutilezas no le importan a Piñera.

Así es que no necesito que sea verdad que Olof Palme contribuyó a la colecta en favor del FPMR para decir que los suecos ayudaron al terrorismo en Chile. Me basta con el testimonio de un GAP de Allende.

Y buscando en internet he encontrado que Olof Palme estimaba a Fidel Castro como "un buen amigo". Entonces, su preocupación no era defender la democracia: su preocupación era ayudar a la izquierda, por dictatorial que fuera. O terrorista que fuera, porque Fidel Castro era el padre material y espiritual del terrorismo en Chile, tanto que hasta hoy no se puede ubicar a uno de los asesinos de Jaime Guzmán que andan prófugos, Palma Salamanca, aunque se ha interceptado llamadas suyas desde Cuba.

Doña Eva Zetterberg ha conseguido la firma del embajador de la Unión Europea para otra carta a "El Mostrador", diciéndole algo insólito: que no debe publicar cosas mías. Así es que Mirko debe estar muy asustado. Le han dicho que cómo es posible que haya publicado un blog donde cuento lo que leí en los '80 y que haya calificado comno "justicia divina" el asesinato de Palme, que eso es una blasfemia. Y el embajador de la UE, más encima, le dice que tiene las firmas de todos los demás embajadores de la Unión Europea que, por quebrada que esté, es siempre un enemigo poderoso. Por eso titulé que esto es un ataque europeo en masa. Pero, salvo que reciba un impacto directo en la cabeza, nadie me va a sacar de ella que yo leí que Olof Palme contribuyó a la colecta del FPMR a principios de los '80.

Lo notable es que en Suecia una enorme lista de organizaciones marxistas de chilenos residentes allá ha sacado una declaración en contra mía por haber leído lo del aporte de Palme a la colecta y haberlo escrito en este blog. Pero, díganme, ¿qué puedo hacer, si así lo leí? ¿Qué culpa tengo yo de que no se me haya olvidado? ¿Y cómo quieren que no escriba las cosas que recuerdo?

Otra cosa notable es que el mayor motivo de escándalo, a juicio de Eva Zetterberg y su cohorte de embajadores, es que yo haya calificado de "justicia divina" el hecho de que un terrorista haya asesinado a Olof Palme. Además, dicen, eso es falso, porque no fue un asesinato terrorista. Pero tengo que explicarle a la embajadora sueca en particular y a los embajadores europeos en general dos cosas: la primera, que es una costumbre chilena decir "justicia divina" cuando a uno le hacen lo mismo que uno le ha hecho a otro. Para cualquier chileno era obvio que Palme apoyaba a los terroristas, si no por el aporte a la colecta del FPMR, por considerar buen amigo al padre de todos los terroristas, Fidel Castro, y por permitir que una embajada que estaba bajo su responsabilidad entregara muchas armas al MIR. Porque Max Marambio asegura en su libro que fueron muchas.

En cuanto a que dispararle a un político sin un motivo claro sea calificado como acto de terrorismo, eso no puede ser calificado de falso, como lo hacen la embajadora y todos sus colegas. Cuando agentes del Gobierno Militar acá mataron a terroristas, los países europeos eran los primeros en decir que era "terrorismo de Estado". Por supuesto, no se lo dicen a Obama, cuando hace lo mismo, ni a Netanyahu, porque, vamos, ¿en qué mundo vive usted?

Y hasta hubo un periodista sueco que dijo que Thieme, que era yerno de Pinochet cuando mataron a Palme, había sido el autor de los disparos. Oyendo a Thieme ahora uno sabe que habría sido imposible, porque resultó ser más izquierdista que Palme. Pero si hubiera sido cierto el cuento del periodista sueco, todos habrían acusado de "terrorismo de Estado" a Pinochet por mandar a su yerno a matar a Palme.

Bueno, Eva, seamos amigos. Compréndeme, yo sé lo que leí en los '80 y estoy seguro de que Palme contribuyó a la colecta del FPMR. Y cuando digo "justicia divina", no es que sostenga que Dios es un tal por cual que mandó a matar a Palme, sino que es un modismo chileno. Dile a los demás embajadores que no amenacen a "El Mostrador", cuyo director debe estar muy asustado. No es culpa suya. Ahora se va a quedar sin una opinión de derecha, debido a la amenaza de ustedes, que es un atentado a la libertad de prensa que, estoy seguro, el Colegio de Periodistas va a aplaudir, porque es más zurdo que Palme y hasta me ha sumariado por publicar cosas contra otro izquierdista. Pero eso no es grave para "El Mostrador", porque tiene a la Tere Marinovic, que piensa bastante parecido a mí y ustedes todavía no la han vetado.

Eva, si me llega alguna noticia del aporte de Palme a la colecta, te aviso por este mismo medio. Y muchos saludos en estos felices 40 años de lo que todos sabemos.

¿Quién Maneja la Agenda?

¿Cree usted que una mayoría de chilenos aprueba el uso de un lenguaje procaz para hacer humorismo en el espectáculo más masivamente visto en el país? Yo pienso que no. Pero sucede. El mayor rating del Festival de Viña se alcanza cuando el grado de grosería es mayor. Pero no es porque la gente busque la grosería, sino porque busca el humor, y resulta que el único disponible, al parecer, es el humor grosero.
¿Cree usted que una mayoría de chilenos está por defender el terrorismo en la zona sur y está por impedir que se construyan centrales hidroeléctricas, sin las cuales no habrá abastecimiento de luz a corto plazo? Yo creo que una mayoría prefiere que no haya terrorismo y tener luz. Pero si alguien vio el Festival de Viña, creería lo contrario: el grupo más aplaudido defendía a los terroristas del sur y atacaba la construcción de centrales hidroeléctricas en la zona austral.
Hay países que son manejados por las minorías y no se dan cuenta. La opinión pública es un material inestable y moldeable. Una minoría ínfima, si tiene astucia y fuerza, puede manejar la agenda.
Cuando en Chile hay elecciones, los comunistas sacan muy pocos votos, tan pocos que no les alcanzan para elegir ni un solo diputado. Ahora tienen tres, pero gracias a una "genialidad" de Eduardo Frei-Ruiz Tagle, que se los regaló, en perjuicio de su propio partido, porque creyó estar haciendo un buen negocio, pero sin darse cuenta de que iba a tener el apoyo comunista en la segunda vuelta presidencial aunque no hubiera regalado tres diputaciones. Bueno, pero el hecho es que los comunistas no tienen votos, pero tienen diputados. Es que manejan la agenda.
La historia política de Chile la escriben ellos. Hoy ví en la TV que el artista Sting dijo que había venido a Chile en 1982, cuando había tanques en las esquinas y una situación opresiva horrible. Cuando yo andaba en auto por Santiago en 1982 no me topaba con ningún tanque en ninguna esquina, pero es probable que cuando el FPMR, asociación ilícita terrorista organizada por el Partido Comunista, cuyo "encargado militar" era el actual diputado Teillier, se aprovechaba de las "protestas" para cometer atentados incendiarios, los carabineros hayan debido sacar a la calle tanquetas con lanzadores de gases lacrimógenos. Obviamente, las tanquetas eran indispensables en esas situaciones y también salieron a las calles en los gobiernos de la Concertación y en el actual, cada vez que ha habido desórdenes mayores. Pero las únicas de que sabe Sting son de las de 1982, porque los comunistas manejan la agenda histórica.
Y ellos quieren que el sur siga asolado por el terrorismo mapuche, porque así se perpetúan la pobreza y el descontento derivados de la falta de inversiones que ese estado de cosas provoca. Y quieren que no haya luz para que en el país no haya crecimiento ni más plazas de trabajo, para crear descontento. Y como ellos manejan la agenda, el candidato Piñera, con tal de sacar votos, prometió oponerse a la central Barrancones, y como lo grabaron cuando lo prometió, tras ser elegido tuvo que oponerse y dejarla sin efecto, contrariando el veredicto favorable de los propios organismos ambientales y cometiendo un disparate mayúsculo porque su decisión agrava el problema energético. Pura demagogia, pero, en definitiva, su agenda la terminaron manejando los comunistas y ahora enfrentamos un problema por falta de luz.
La misma demagogia que ahora, con el post-natal de seis meses más el prenatal de 42 días, conduce a que estemos a punto de ser el país con más descanso por nacimientos en el mundo. El costo para el erario se calcula en 190 millones de dólares al año, bastante menos que los 300 millones pagados anualmente al terrorismo de extrema izquierda. Suma que se les paga porque ellos manejan la agenda. Por supuesto, pagar por el post-natal prolongado es mejor que pagar por indemnizar al terrorismo, pero vamos a terminar haciendo las dos cosas.
Y como el post-natal es todo un tema aparte, por el momento dejaremos las cosas aquí, habiéndome conformado con hacer claridad en cuanto a quién maneja la agenda, aunque el que lo hace ni siquiera tenga votos para elegir un diputado.

El Aquelarre de los Frescos

         La verdad en Chile no tiene quién la defienda, pero para eso está este blog, al cual he ido incorporando por capítulos la verdad histórica 1973-1990, así es que ya no hay excusas para no conocerla.

          Pero el país en general no la sabe y eso le cuesta muy caro. Ahora la farándula política se apresta a un gran aquelarre de frescos en la interpelación al ministro Hernán Larraín el 6 de junio. Resumiré la “verdad de la milanesa” en las siguientes líneas:

          El terrorismo marxista fue derrotado el 11 de septiembre de 1973, cuando estaba a punto de hacerse del poder total en Chile por las armas. Bajo la conducción de la URSS y Cuba acosó al régimen que había salvado a Chile, que sin embargo resistió la embestida y entregó un país mucho mejor del que recibió, “la joya más preciada de la corona latinoamericana”, como lo describió Bill Clinton, cita que ustedes no van a encontrar aunque la googleen, porque la izquierda no permite que quedan huellas de los elogios a sus enemigos. Pero yo la leí cuando Clinton la dijo y la izquierda, si bien ha lavado todos los cerebros y limpiado todos los registros de Google, no ha logrado hacer lo mismo con mi memoria.

          Desde que triunfó el “No” en Chile, sus cinco presidentes se han dedicado a tres cosas: la primera, a cambiar la historia, convirtiendo a los agredidos en agresores, a los victimarios en víctimas y a los totalitarios en demócratas; la segunda, a vengarse de los militares que derrotaron al terrorismo en su terreno, el de las armas. Han metido presos a todos los que lo combatieron. Para hacerlo han violado la Constitución y las leyes con toda impunidad; y la tercera, a recaudar inmensas cantidades de dinero fiscal para el terrorismo derrotado, que todos los años deben financiar los sufridos contribuyentes chilenos.

          La parte más desvergonzada de este lucro indebido se origina en la frescura que discurrió Ricardo Lagos en la década pasada y que se llamó “Comisión Para la Investigación de la Prisión Política y la Tortura”. Lagos ha sido un político inveteradamente equivocado (inició su carrera política escribiendo un libro donde decía que todos los medios de producción debían pasar a manos del Estado (sic)). Dijo que iba a concluir el legado de Allende (es decir, terminar de destruir la economía del país que éste dejó semidestruida); y finalmente, elegido presidente (pues el electorado chileno es capaz de cualquier cosa), no hizo pasar los medios de producción a manos del Estado ni terminó de destruir la economía, por suerte (pues no hace lo que dice) sino que se limitó a darles pensiones vitalicias a los treinta mil que alguna vez fueron interrogados por los servicios de seguridad o las policías entre 1973 y 1990. Les dieron pensiones con sólo declarar que habían sido interrogados. Obviamente, esas personas o eran terroristas de izquierda o estaban ligadas al terrorismo de izquierda y por eso fueron interrogadas. A los boticarios o los taxistas nadie les preguntaba nada. A los terroristas y su entorno sí. Y por eso reciben una pensión mensual reajustable de por vida. Ojalá hubiera pensiones y bonos para los chilenos honestos que nunca estuvieron ligados al terrorismo. Pero no, en este país los que delinquen y los frescos se llevan la parte del león y los ciudadanos honestos sólo pagan y pagan, porque son los únicos que realmente trabajan y producen algo.

Pero los terroristas y sus más próximos quieren todavía más plata. Y Michelle Bachelet les dio, entonces, dos veces “bonos” y dejó otro bono listo para que el quinto presidente del “No” les diera tres millones de pesos a cada uno, que costaba noventa mil millones de pesos (30.000 por 3.000.000). Pero no dejó dicho de dónde iba a salir la plata.

          Como el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no retiraba el proyecto, lo hizo el ministro Blumel, por el Ejecutivo.

          A todo esto, el único chileno que levantó la voz para decir la verdad en el tema, ha estado a punto de que lo linchen. Ignacio Urrutia, un héroe de nuestro tiempo, dijo en la cámara que no votaba a favor del bono para los terroristas y fue físicamente agredido por la diputada Jiles, del Frente Amplio. Y estallaron “las redes”.

          Al final va a pagar los platos rotos un “compañero de ruta” de los terroristas de izquierda, el ministro Hernán Larraín, un “arrepentido” que les ha pedido perdón por no habérseles permitido tomar el poder por las armas; que, como senador, les redujo las penas a los terroristas presos, a condición de que eso “no fuera moneda de cambio para dar el mismo beneficio a los militares” y que “arrastró los pies” ahora para no retirar el proyecto de “bono”. Bueno, no merecía ser interpelado por la furibunda Carmen Hertz, que tiene razón en ser furibunda, porque un comandante sin orden superior y por sí y ante sí ametralló a su marido en 1973. Eso fue verdad. Pero no fue culpa de la Junta ni de Pinochet, lo que ella nunca ha querido reconocer.

          En resumen, la interpelación va a ser otro aquelarre de izquierdistas frescos tratando de sacarle al Estado todavía más plata, que a estas alturas equivale a otro Transantiago cada año, para indemnizarlos por el delito de “lesa humanidad” de los militares de no haberlos dejado tomarse el poder por las armas.

El Problema de los Incentivos

La gente "le toma el pulso" a los gobiernos. Cuando advierte que son "blandos" y ceden ante las presiones, la gente presiona, porque eso da dividendos. En este momento hay "huelgas de hambre" en Temuco y en Iquique, la primera de terroristas y la segunda de funcionarios de salud despedidos porque en los últimos dos años tomaron seis meses de licencias médicas. Los terroristas no quieren que se les aplique la Ley Antiterrorista, porque, pese a lo que dice el nombre de ésta, a los únicos que se les aplica es a uniformados que luchaban contra el terrorismo.
Sí, así ha sido. Los carabineros que dieron muerte a tres dirigentes de la asociación ilícita terrorista FPMR, fueron condenados a cadena perpetua según la Ley Antiterrorista y por constituir, esos carabineros, una asociación ilícita terrorista. Esto es tanto más peculiar cuanto que los verdaderos terroristas, los del Frente, dedicados a colocar bombas, incendiar vehículos y asesinar personas, han sido todos perdonados y la mayoría de ellos indemnizados. Están entre los que se llaman "víctimas de violaciones a los derechos humanos".
Hoy me sorprendí al leer en "La Segunda" que la dirigenta del Partido Socialista y abogada de derechos humanos, Pamela Pereira, fue recibida por el Presidente en La Moneda. Allí reveló que hace años, en el gobierno de Ricardo Lagos, Sebastián Piñera "me llamó por iniciativa propia para discutir sobre los temas de reparación en materia de derechos humanos. No es habitual en este país que te llamen por teléfono para discutir ese tipo de problemas, y a él le interesaba mejorar la reparación, pues la encontraba bastante miserable. Esa vez conversamos largamente por teléfono sobre los criterios para definir la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos". ¡Qué conmovedora generosidad con los recursos públicos para indemnizar a la extrema izquierda! Pregúntele usted al Presidente si alguna vez llamó a familiares de víctimas de atentados terroristas de izquierda, familiares que no han recibido siquiera una fracción mínima de los más de dos mil millones de dólares que hasta ahora se han destinado a reparar los daños inferidos al terrorismo extremista por impedirle su intento de establecer en Chile un gobierno totalitario. ¡Qué fantástico el personaje que fue colocando sus fichas donde le podían ser rentables políticamente!
Pero el problema es otro. Es el de los incentivos. Los gobiernos de la Concertación crearon el incentivo en el sentido de que tomarse por la violencia predios agrícolas en el sur conducía a que el Estado les regalara el respectivo fundo u otro cercano a los violentistas. Adivine usted el resultado: aumentaron la violencia y las tomas en el sur. La multimillonaria CONADI compró tierras caras y las repartió entre quienes amenazaban con la violencia, dejando defraudados a los que también querían tierras, pero no practicaban la violencia. Entonces ¿qué sucedió? Que creció la violencia. Ante el desborde de la misma, el poder judicial entró a actuar. Ya no quedaba más remedio, Y como se aplicaron las leyes a los terroristas, éstos comenzaron a caer a la cárcel. Entonces se han declarado en huelga de hambre.
Como el Gobierno es débil, la huelga de hambre prueba ser exitosa, y aquél cede y manda proyectos de ley para suavizar las leyes contra el terrorismo. Un incentivo para que persista el terrorismo.
Entonces la gente se da cuenta de que la huelga de hambre sirve para eludir la aplicación de las leyes, de modo que los funcionarios de hospitales despedidos por haber pasado la cuarta parte del tiempo sin trabajar, se declaran también en huelga de hambre para no ser despedidos.
Y como la violencia ha dado frutos, hasta en Pascua se dan cuenta y los habitantes de la isla se toman terrenos valiosos para que les sean adjudicados. El incentivo es doble, porque esos terrenos son ahora doblemente valiosos, pues la familia Schiess construyó en ellos un espléndido hotel. El gobierno "blando" conversa con los usurpadores, pues, tras haber expulsado a los primeros, las "tomas" del hotel de los Schiess se han repetido y a los nuevos tomadores la autoridad no se atreve a sacarlos.
Pero hay otros incentivos. La izquierda se ha dado cuenta de que hay un sector de chilenos que no practica la violencia (ni siquiera sale a la calle a protestar), ni se declara en huelga de hambre: los ex uniformados. Son centenares de presos y procesados políticos, víctimas de la justicia de izquierda. Se abusa tanto de ellos que Clara Szczaranski, una abogada de izquierda, ha dado a conocer públicamente la discriminación de que son víctimas los reos ex uniformados. Choca a su conciencia lo que un gobierno, supuestamente de centroderecha (por supuesto, no es verdad que lo sea) permite que se siga haciendo a esos presos políticos. Y como todo el mundo se ha dado cuenta de que se puede abusar de ellos sin que reaccionen, ahora se preparan más de mil juicios adicionales sobre hechos sucedidos hace más de 35 años, porque se ha creado otro incentivo: cuando la justicia de izquierda condena a un militar, después viene una demanda civil de indemnización de perjuicios y se obtienen centenares de millones de pesos. Se creó el incentivo y a eso ya no lo para nadie. Va a haber que ampliar las cárceles para los presos polìticos uniformados (son presos polìticos porque están condenados por razones polìticas y contrariando las leyes).
Hay todavía en la UDI una minoría de parlamentarios que se resiste a seguir cediendo frente a las extorsiones de la violencia explìcita o la implìcita, constíituida por las huelgas de hambre. Pero es una minoría y no tiene capacidad de oponerse a nada.
Los incentivos están dados. A ese respecto, nada ha cambiado respecto de los demás gobiernos de la Concertación. La gente ya le ha "tomado el pulso" a éste y lo único claro es que la violencia y las huelgas de hambre van a proliferar. Acuérdense.

Olvido Políticamente Correcto

Si "El Mercurio" no hubiera tenido una sección llamada "Hace 30 Años", nadie habría recordado el hecho. Sólo ahí está. Si no, habría sido como si nunca hubiera ocurrido. Fue el asesinato a sangre fría, el 16 de julio de 1980, por el terrorismo de extrema izquierda, del Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara, de 43 años. Fue acribillado a tiros en Bilbao con Manuel Montt por el MIR, es decir, por las "víctimas", término con que la actual extrema izquierda, la DC, muchos derechistas, el Ministro Hinzpeter y hasta algún ex comandante en jefe del Ejército aluden a la guerrilla marxista.
Si uniformados hubieran dado muerte a un terrorista de izquierda en similares circunstancias, hoy estarían los primeros cumpliendo penas de muchos años de presidio, si es que no cadena perpetua, por haber sido parte de una "asociación ilícita", mecanismo originalmente concebido para agravar las penas contra el terrorismo pero que la actual justicia prevaricadora de izquierda ha vuelto contra los militares que, al luchar contra el terrorismo, cometieron delitos, para agravar sus condenas.
Todos los partícipes en el asesinato del teniente coronel Vergara, si es que alguno fue procesado o condenado, hoy gozan de libertad, pues don Patricio Aylwin los perdonó a todos. Es probable que uno o más estén recibiendo pensiones y reparaciones, porque en el Chile de los cerebros lavados se indemniza a la extrema izquierda por haber sido privada del derecho a establecer un régimen totalitario marxista. El Estado chileno les paga unos 300 millones de dólares anuales a las "víctimas".
Por supuesto, los familiares del teniente coronel Vergara no podrían soñar con ser indemnizados, pensionados y gratificados en la manera en que lo han sido los familiares de terroristas muertos.
¿Y quiénes fueron los iniciadores de todo lo que condujo a un enfrentamiento en Chile? Por supuesto, las "víctimas", pero los que pagaron como únicos responsables fueron los uniformados, encargados por el Estado chileno de combatir el terrorismo. La extrema izquierda generó, preparó y concretó el asalto armado contra la democracia, y ha sido premiada por ello generosamente. Las fuerzas armadas y de orden, a pedido expreso de la mayoría política democrática, frustró el intento, y han sido castigadas por ello.
Y el broche de oro lo ponen hoy día el olvido de los crímenes de la izquierda, que no serían siquiera mencionados si no hubiera en un diario una sección titulada "Hace 30 Años", y la denegatoria inminente a los uniformados, una vez más, del beneficio del perdón y las indemnizaciones que generosa y dispendiosamente el Estado chileno, con respaldo de una casi unanimidad de cerebros lavados que son amplia mayoría en nuestra sociedad, les ha brindado a los causantes y culpables de la violencia armada con que se buscó instaurar el comunismo en Chile.

Un País Desvergonzado

El penoso espectáculo de la interpelación de la diputada comunista Carmen Hertz al ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras el que ambos terminaron tomados efusivamente de los brazos, contentos de coincidir en los juicios falsos e injuriosos acerca de la “dictadura”, que es como ambos llaman al gobierno que salvó a Chile, ha sido un testimonio más de cuán bajo hemos caído. 

Pues el gobierno anterior dejó un proyecto de ley para premiar con un “bono extra” de tres millones de pesos per cápita a todos los que alguna vez fueron interrogados respecto de atentados, hasta 1990. Eso debería costar al erario noventa mil millones de pesos, cuyo financiamiento el inmoral proyecto no especificaba. Y entonces la extrema izquierda “interpeló” al ministro por haberlo retirado, pero sólo por estar desfinanciado. Porque en materia de falsificación histórica el piñerismo y la extrema izquierda corren a parejas.

El único que ha dicho la verdad sobre esa iniciativa, el diputado Ignacio Urrutia (UDI), ha sido agredido, funado y desprestigiado en las llamadas “redes sociales”, que son un resumidero no sólo del detritus social sino también de las consignas falsas y del “bullying” a la verdad histórica.

Para que se entienda de qué se trata, reproduzco hechos de 1986, cuando el terrorismo comunista era más activo: el 4 de septiembre de ese año, en el aniversario de la elección de Allende, el FPMR comunista desató ataques con bombas y ácido contra garitas y vehículos de la locomoción colectiva y a todo ello se añadieron explosiones en un baño público en la Alameda (cuatro mujeres heridas), en la esquina de Teatinos con Alameda (36 heridos), en la  estación ferroviaria de Viña del Mar (tres heridos), en la estación Tobalaba del Metro (un muerto y seis heridos) y en la estación San Pablo del mismo Metro. Todo esto está documentado por diferentes autores y figura en mi último libro. ¿Qué podía hacer la autoridad ante tanto terrorismo? Lo mismo que ahora: interrogar a sospechosos, apresar a los sorprendidos en actividades terroristas y recolectar información en su entorno.

Pero, como se recordará, en un acto de infinita impavidez histórica Ricardo Lagos discurrió una comisión para premiar a los terroristas de izquierda y creó la “Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura”, que aprobó dar pensiones vitalicias a todos los que hubieran sido interrogados por hechos de terrorismo entre 1973 y 1990. 

Obviamente, después de atentados como los arriba descritos las policías no interrogaban a los ingenieros hidráulicos ni a los farmacéuticos ni a los decoradores de interiores, sino a los sospechosos de terrorismo, es decir, al entorno del MIR, FPMR y grupos que ponían las bombas e incendiaban vehículos de la locomoción colectiva y particulares. Pero, pasados los años, los “indemnizados” no están contentos con las pensiones vitalicias que reciben desde 2005, el premio discurrido por Lagos (tal vez porque a su vez en su juventud también ponía bombas, como lo denunció en su biografía el revolucionario Clotario Blest, víctima inocente de ello, porque lo procesaban a él por las que ponía Lagos).

Pero hay que acreditarle a Hernán Larraín una cosa que dijo durante la interpelación, y que es una verdad histórica, similar a otra que comenté en este blog el mes pasado bajo el título de “Pillado Diciendo la Verdad”, cuando denunció, sin saber que estaba siendo grabado, que tenemos una justicia de izquierda. Pues en la reciente interpelación dijo otra verdad muy importante: que al extremismo el fisco le ha dado ya 6.170 millones de dólares. ¿Se dan ustedes cuenta? ¡Casi otro Transantiago! Pero con un objeto ilícito, como lo es premiar una actividad ilícita.

Yo he denunciado reiteradamente que al extremismo de izquierda y a su entorno  el fisco les da 400 millones de dólares anuales en pensiones reparatorias, beneficios de salud y educacionales, indemnizaciones por caídos en actos de servicio terrorista y otros pagos. Pero me he quedado corto, pues el principal dirigente de los “exonerados políticos”, como llaman a la gente en exceso que contrató la UP entre 1970 y 1973, y que el Gobierno Militar debió desvincular para poder recuperar el equilibrio presupuestario, ha revelado que les dan otros 400 millones de dólares en exceso, porque hay no menos de cien mil “falsos exonerados”. Así lo ha denunciado en entrevista a Tomás Mosciatti en CNN. 

Todo esto es una completa vergüenza y, como parece que nadie la siente, éste es un país desvergonzado.

Un Presidente Débil

Frente a la huelga de hambre de 32 terroristas, el Presidente comienza a dar crecientes señales de debilidad. Los terroristas han recurrido a la herramienta más conocida para amedrentar a los gobiernos débiles: la huelga de hambre. La opinión pública, en general, y la chilena, en particular, es tan manipulable por parte de quienes están detrás del terrorismo, que pierde de vista completamente el sentido común y la naturaleza de las cosas.
Cuando alguien deja voluntariamente de alimentarse, es obvio que tiene en sus manos la solución para cualquier amenaza que de ello surja contra su vida o salud. Le bastará con alimentarse. Pero en el caso de los 32 procesados por terrorismo NADIE dice eso, que es tan obvio y de sentido común. Todos empiezan a apuntar hacia donde saben que está el punto débil: la autoridad. Y ahora el Presidente, entonces, anuncia que accederá a aspiraciones de los procesados, como la de sacar del conocimiento de la Justicia Militar los delitos terroristas que han cometido, cuando justamente el legislador los puso bajo la tuición de ella porque es más severa y menos susceptible de politización y más resistente a las presiones políticas y propagandísticas de quienes siempre han estado detrás del terrorismo, y lo están una vez màs.
Y la segunda muestra de debilidad la da el Presidente al decir que, además de lo anterior, suavizará la Ley Antiterrorista. Pésima señal, pues cuando hay una evidente y generalizada amenaza de violencia en el sur, justamente lo que se requiere es enfrentarla con la mayor energía disponible, y no debilitando los mecanismos de defensa social.
Ya por demagogia el actual Jefe del Estado les ha prometido a los grupos indigenistas que va a reconocerles un estatuto constitucional, como si fueran una nacionalidad separada. Chile es y ha sido siempre un país unitario, sin distingos de razas ni de nacionalidades diferentes de la chilena, y en ese sentido hemos desarrollado una homogeneidad social ejemplar. La promesa del Presidente debilita ese fundamento básico de la república.
E incurriendo en una confusión que sólo puede provenir de una mente obnubilada por el populismo, ha comparado la situación de los terroristas en huelga de hambre por su propia voluntad con la de los mineros sepultados bajo tierra por un trágico accidente. "Con la misma fuerza que hemos luchado para salvar la vida de los mineros --ha dicho-- vamos a tener la misma actitud para salvar la vida de quienes a través de la huelga de hambre puedan atentar contra su propia vida". Increíble renunciamiento a la lógica, al sentido común, al ejercicio de la autoridad del cual es responsable y al respeto a la legalidad.
Los huelguistas de hambre, en primer lugar, no debieron incurrir en conductas terroristas, si es que querían evitar el procesamiento y la condena; en segundo lugar, tienen en su mano en todo momento poner término a la amenaza para su salud y sus vidas; y, en tercer lugar, pretenden extorsionar al país. Lo que el Presidente ha expresado sólo significa ceder ante la extorsión, alentar el terrorismo y declarar públicamente la impotencia de la autoridad y las instituciones para hacer respetar el estado de derecho.

¿Pedirá Perdón la Iglesia?

Hoy el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, escribe en El Mercurio otro vitriólico artículo contra el Gobierno Militar --una reciente carta suya al mismo diario había llamado la atención por su parecido tenor-- ahora a propósito de la creación, hace 50 años, del Comité Pro-paz del Arzobispado de Santiago. Pronto dicho órgano se transformaría en la Vicaría de la Solidaridad y operaría como un brazo logístico del terrorismo marxista en Chile. Cuando se fundó el 26 de septiembre de 1973 ese flagelo estaba en su apogeo, como que 84 uniformados murieron víctimas de él antes de terminar dicho año.

Hace poco el mismo Sánchez presidió y facilitó, en el aula magna de su universidad, la presentación del injurioso y falso libro "Un Ejército de Todos", del excomandante en jefe Ricardo Martínez, dedicado a denostar a su antecesor, general Augusto Pinochet e inventarle supuestas "estrategias asesinas" por completo inexistentes. Poco antes el Ejército lo había removido de su página web, donde Martínez lo había incorporado antes de cumplir su período. Por suerte la falsía del libro es muy fácil de demostrar, y yo lo he hecho en este blog.

El Jefe del Archivo de la Vicaría era José Manuel Parada, personero comunista que en ella operaba como reclutador de guerrilleros para el FPMR, como informó El Mercurio de 18 de agosto de 1986, citando el caso de Alfredo Malbrich Labra. Éste, tras ser detenido en desórdenes en 1979 y liberado gracias a la Vicaría, declaró haber ingresado al FPMR a instancias de Parada, a quien conoció justamente allí.

El 25 de abril de 1986 el FPMR tendió una celada asesina contra Carabineros, llamándolos a raíz de un falso asalto a la Panadería Lautaro, de La Cisterna. Al acudir el furgón policial fue recibido a balazos por un comando del FPMR, que dio muerte al joven carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar. Otros carabineros respondieron el fuego e hirieron al frentista Hugo Gómez Peña. Éste fue atendido en una clínica por un médico de la Vicaría y defendido por un abogado de ésta. El vicario, monseñor Sergio Valech, requerido por el ministro en visita que conoció del atentado, se negó a entregar las fichas de atenciones médicas a terroristas, pagadas por la Vicaría. En cualquier otro caso esa negativa habría acarreado un procesamiento por obstrucción a la justicia, pero no tuvo consecuencias para monseñor Valech.

Éste después fue "premiado" por Ricardo Lagos con la presidencia de la comisión más escandalosa de todas las discurridas bajo la Concertación en beneficio del terrorismo, la llamada "de Prisión Política y Tortura" o "Comisión Valech". Pues condujo a darles pensiones de por vida a 28 mil personas interrogadas por sus nexos con el terrorismo de extrema izquierda antes de 1990. No se sabe de otro país en que exista ese galardón económico como premio para los sospechosos de terrorismo.

Ls Iglesia nunca ha pedido perdón por haber patrocinado un verdadero brazo logístico del FPMR y del MIR, facilitándoles la comisión de sus atentados. Con razón Su Santidad Juan Pablo II, cuando vino a Chile en 1987, habiendo sido bien informado por su compatriota residente acá, monseñor Bruno Richlovski, se negó a ingresar al recinto de la Vicaría en su visita al Arzobispado, lo que provocó la airada crítica marxista.

Es una lástima, aunque a nadie sorprende, que el rector Sánchez elogie la creación de un ente colaborador de la violencia política armada, por cuyas actuaciones la Iglesia más bien debería pedir perdón al país.

El Costo Social de la Ignorancia Histórica

          El episodio vivido a raíz del discurso en la Cámara del diputado Ignacio Urrutia (UDI), apoyando el retiro del proyecto de Bachelet de regalar otros 90 mil millones de pesos (150 millones de dólares) de dinero fiscal anual (sin financiamiento) a individuos ya reiteradamente antes recompensados por su actividad terrorista, ha generado reacciones reveladoras del enorme daño económico y moral que ha provocado en el país la ignorancia de la verdad sobre nuestra historia reciente.

          No llama tanto la atención la reacción indignada contra Urrutia de la extrema izquierda y en particular de los comunistas, que han sido los más premiados por haber asolado al país con la violencia armada; ni llama la atención la agresión física en su contra de la diputada Pamela Jiles, del Frente Amplio, sino lo que más la llama son las ofensas recibidas por él de un ex senador UDI y hoy ministro, como Hernán Larraín, y el epítome del rasgar vestiduras contra Urrutia del columnista DC Jorge Navarrete y del decano de la Universidad Diego Portales, Tomás Vial, ayer en “La Tercera”.

          El mismo Urrutia, en medio del fuego adversario y del propio bando, ha matizado innecesariamente sus dichos, diciendo que no debió generalizar y que debió referirse sólo a “algunos” terroristas. Pero no, no debió hacerlo. Porque precisamente su aserto en la Cámara era el más ceñido a la verdad histórica: son todos los treinta mil beneficiarios de la escandalosa iniciativa de Lagos de premiarlos con pensiones vitalicias superiores a cien mil pesos mensuales (hoy ya bastante mayores, porque han sido reiteradamente reajustadas) los justamente investigados por su vinculación con el terrorismo.

Si en los 70 u 80 usted era un pacífico ciudadano ajeno a la violencia política, nunca nadie lo molestó ni lo apresó ni lo interrogó (ni después de 1990 nadie le regaló dinero fiscal). Sólo si estaba ligado de alguna manera al MIR o al FPMR, que provocaban miles de atentados y mataban a decenas de uniformados o civiles poniendo bombas o incendiando vehículos de locomoción, usted ganó “derecho a premio”.

Lo siguiente lo ha escrito un historiador crítico del Gobierno Militar, Gonzalo Vial, sobre el terrorismo en los 80: “Mientras tanto, el terrorismo del FPMR recrudecía. Las víctimas eran casi todas inocentes, en el sentido de ajenas a la encarnizada pugna política (…) Menudearon los ataques utilizando ácido y bombas incendiarias contra garitas y vehículos de la locomoción colectiva. Lesionados, con distintos niveles de gravedad: una madre y su hija de dos años; tres funcionarios de un terminal de micros Matadero-Palma, y otro de una garita de taxibuses en San Miguel (quedó parapléjico); cuatro pasajeros de un bus porteño quemados con ácido; cinco que corrieron igual suerte en un vehículo similar del recorrido San Cristóbal-La Granja, etc.”

          

         “También siguieron las explosiones de bombas en lugares muy concurridos: un baño público de la Alameda (cuatro mujeres heridas), Teatinos con Alameda (36 lesionados), la estación ferroviaria de Viña del Mar (tres heridos), la estación Tobalaba (un muerto y seis heridos) y la San Pablo (dos heridos) del tren subterráneo de Santiago” (“Pinochet, la Biografía”, tomo II, p. 541).

          A los autores, cómplices y encubridores de todo eso era a los que el proyecto de Bachelet buscaba premiar más, todavía.

          Las víctimas del terrorismo saben mejor que nadie que lo afirmado por Urrutia es verdad. Por eso Jocelyn Yévenes, hija de Simón Yévenes, un comerciante poblacional de la UDI, asesinado en los 80 por el FPMR comunista, ha publicado en las redes su apoyo al diputado, porque el condenado por el asesinato de su padre, el frentista Hugo Gómez Peña, es uno de los beneficiados con pensiones reparatorias y candidato a recibir otro “bono” fiscal como parte del proyecto de 90 mil millones de pesos que ha sido retirado. Otro beneficiario es el jefe del FPMR, Galvarino Apablaza, por tantos años acogido a la impunidad que la ha brindado la República Argentina, como lo han recordado personas próximas a la Fundación Jaime Guzmán, el senador asesinado por ese movimiento, también apoyando los dichos del diputado Urrutia.

          Yo, basado en un reportaje de “El Mercurio” de 2003 que estimaba en más de 200 millones de dólares anuales los dineros y beneficios concedidos desde Aylwin en adelante a los victimarios, guerrilleros de izquierda y su entorno, hoy convertidos en “víctimas” por el pacto DC-PS-PC, he estimado en 400 millones de dólares anuales el actual subsidio a la guerrilla de extrema izquierda. Pero me he quedado muy corto. Pido perdón por ello: las solas denuncias del dirigente de los “exonerados político”, Raúl Celpa, afirman que nada más que este grupo obtiene 400 millones de dólares anuales (son 160 mil personas que cobran 2.600 dólares al año cada una). Él añade que de esos 160 mil “exonerados”, cien mil cobran indebidamente mediante falsas certificaciones de parlamentarios. Y más dos leyes anteriores de un costo de 90 mil millones de pesos (150 millones de dólares) cada una para los supuestos “torturados” de Lagos, ya se acerca a los mil millones de dólares anuales de dinero de todos los chilenos para subsidiar la guerrilla (400+400+150). Es un cincuenta por ciento más caro para el país que el déficit anual del Transantiago y va en beneficio de un solo sector político: la extrema izquierda, en premio por haberse levantado en armas contra la “democracia burguesa”.

          Pero, además, se ha dañado el alma nacional mediante el engaño, porque la gente no sólo paga y subsidia la violencia, lo que es una aberración, sino que vive creyendo las mayores mentiras colectivas que se han instalado durante la vida independiente del país, y además castiga penalmente (también mediante mentiras) a los militares que evitaron la tentativa totalitaria.

El daño social de vivir en la mentira general y la prevaricación judicial nunca lo vamos a terminar de dimensionar ni de pagar.

¿No te Atreves? Nombra una Comisión

Cuando un gobernante sabe lo que debe hacer, lo hace; cuando no sabe o no se atreve, nombra una comisión.

Días atrás la prensa informó que, de todos los gobiernos posteriores a 1990, el actual es el que más comisiones ha nombrado. Esa es una salida típica de alguien a quien la primera pregunta que se le viene a la mente es "¿cómo voy a quedar ante la izquierda?". Y cuando, como ahora, la solución natural que le entrega el sector que lo llevó al poder, que es la de desplegar su autoridad, amenaza dejarlo mal ante la izquierda, entonces no se atreve a adoptarla y procura diluir su responsabilidad nombrando comisiones, "mesas de diálogo" y llevando a cabo interminables "conversaciones".

Fue ese rasgo evasivo el que llevó al diario inglés "Financial Times" a declararlo "políticamente inepto", hace algún tiempo, porque en medio de alteraciones del orden público que amenazaban su autoridad, no era capaz de plantear soluciones a los problemas que las provocaban ni tampoco de mantener un mínimo de orden público. Las calles estuvieron en manos de los vándalos hasta que éstos se cansaron y la opinión pública se volvió contra ellos.

Ahora que el país se ha visto estremecido por el más cruel atentado terrorista registrado desde 1986, cuando el brazo armado del comunismo intentara asesinar al entonces Presidente Pinochet y quitara la vida a sangre fría y a mansalva a cinco de sus acompañantes, el gobierno no ha sido capaz de dar un solo paso efectivo en el desmantelamiento del aparato subversivo que se ha enseñoreado de la Araucanía. Si no hubiera caído herido uno de los hechores en las proximidades del predio incendiado, no habría conseguido inculpar a nadie.

¿En qué estaba el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en los días siguientes al doble crimen extremista? Presentando una querella por la muerte de Ronni Moffit, que en 1976 acompañaba a Orlando Letelier, cuando ambos fueran asesinados por una bomba colocada por el norteamericano Michael Vernon Townley, en complicidad con un grupo de exiliados cubanos. Ese delito está prescrito y a su respecto hay cosa juzgada, tanto así que se indemnizó generosamente por parte del Estado chileno a las familias Letelier y Moffit. Pero esa querella agrada a la izquierda y la hace olvidar quién firmó los contratos de compra con sobreprecio para la lucha contra el tráfico de drogas en el norte.

¿Y qué hace el Ministro del Interior? Leo en "La Segunda" que insta a perseguir adicionalmente a un carabinero que disparó contra un terrorista, durante una usurpación de tierras que de otro modo pudo terminar tal como el caso Luchsinger-McKay (eran propiedad de otro agricultor Luchsinger).

¿Y qué había hecho hasta ahora el Ministerio del Interior para incrementar su capacidad de respuesta al terrorismo en la Araucanía? Poco más de un año atrás había contratado a 45 abogados en su departamento de DD. HH. para incrementar la persecución judicial ilegal contra militares presos, aparte de haber, el ministerio de Bienes Nacionales, concedido gratuitamente por veinte años el inmueble en que funciona el organismo de propaganda marxista llamado "Museo de la Memoria", al cual Sebastián Piñera le hiciera hace poco una prolongada y "emocionada" visita pública de más de dos horas, según nos recuerda ahora en "El Mercurio" el agradecido Ricardo Brodsky, director del ente beneficiario de tanta ayuda oficial.

Todas las "comisiones", "mesas" y "diálogos" abiertos en estos días tienen por objeto discurrir mayores garantías para aplacar al terrorismo de izquierda que se ha enseñoreado de la Araucanía. El tema del momento no es el de la captura de los asesinos ni el desmantelamiento de su guerrilla y del manto de protección que la encubre, sino cuáles prerrogativas se van a otorgar a las organizaciones de fachada de extrema izquierda que se han arrogado la representación de la "etnia mapuche". Estamos al borde de que se reedite la peregrina idea de Piñera, afortunadamente contenida hace más de dos años, a partir de la denuncia de separatismo formulada en este blog, de constituir un "Estado Mapuche" dentro del territorio chileno, para dar en el gusto al marxismo, que siempre históricamente encabeza los intentos disolventes contra la integridad, la paz y el progreso de nuestra nación.

¿Qué es lo que realmente se necesita en la Araucanía? Primero, autoridad firme. Segundo, capacidad investigativa, para dar con los asesinos, cómplices y encubridores y para poner término a las "FARCH" chilenas, que se están organizando amparadas en la ineficacia gubernativa. Tercero, ir a fondo contra la ineficacia judicial para proceder contra el terrorismo de izquierda, ineficacia que ha sido puesta al servicio de éste tanto como la prevaricación indisimulada de los jueces para perseguir a los uniformados (r) que derrotaron otrora a ese terrorismo. (Militares (r) a quienes el candidato Piñera prometió garantizar un debido proceso, lo que no ha cumplido, sino contradicho con su acción de gobierno.)

Pero el gobernante esquiva el bulto y nombra comisiones. Se compromete en interminables "conversaciones", procurando diluir entre muchos su evidente incapacidad. Y la gente se ha dado cuenta. El resultado es que se lo enrostran de lado y lado, como le sucedió ayer en Punta Arenas. Claro, esto no sale en detalle en los diarios ni en los noticieros (al menos no en los que he visto).

Pero las verdaderas soluciones no emanarán de las comisiones, sino de gobernantes enérgicos y resueltos, que sepan lo que deben hacer y tengan el coraje político para hacerlo. Y de eso, por ahora, carecemos.

Contradicciones Vitales

          El hecho de que las mayores condenas a los dichos del más valiente y veraz diputado de derecha, Ignacio Urrutia, en apoyo al retiro del proyecto de entregar una nueva bonificación extraordinaria de 90 mil millones de pesos a los beneficiarios de la escandalosa prebenda de una pensión vitalicia consagrada por el gobierno de Lagos, para treinta mil personas de extrema izquierda sospechosas de terrorismo, por el solo hecho de haber sido interrogadas bajo el régimen militar, ha puesto de manifiesto las “contradicciones vitales” que afligen al VI Gobierno de la Concertación de, por y para Sebastián Piñera que, como prueba de esto último, acaba de nombrar a su hermano no-diplomático embajador en Buenos Aires.

La escandalosa “Comisión Valech” formada por Lagos en 2004 sobre “Prisión Política y Tortura” interrogó a más de 35 mil personas que se presentaron como “víctimas”, lo que supuso el absurdo de haber “investigado” más de 130 casos diarios, ello criticado por el historiador Gonzalo Vial en su tiempo como una imposibilidad de hecho. La sola declaración de haber sido interrogado bastaba la mayor parte de las veces para conseguir una pensión vitalicia. Por supuesto, Lagos se olvidó de que él había firmado en 1970 las 71 páginas de denuncias ante la Corte Suprema de torturas infligidas por Frei Montalva a los miristas y de que el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 1973 acusó a Allende de torturar a meros opositores. Pero esas torturas eran “no investigables”.

El diputado Urrutia tuvo toda la razón al aludir a “terroristas” premiados, porque las policías en los 70 y 80 apresaban e interrogaban, no a los peluqueros, abogados o boticarios, sino a quienes aparecían vinculados a las oleadas de atentados que sufría el país en esas décadas y de las que los militares nos defendieron exitosamente, con el resultado de que hoy los jueces de izquierda los mandan presos mientras políticos de todos los colores forran a la ex guerrilla con centenares de millones de dólares anuales en compensación por haber sido privada de su “derecho” a tomarse el poder por las armas.

Que el joven cerebro lavado y ministro Blumel haya aparecido en el “punto de prensa” gubernativo condenando los dichos del diputado Urrutia se explica por su edad, que lo pone automáticamente entre los que no vivieron la verdad histórica de que en Chile, si no hubiéramos tenido un gobierno enérgico como el Militar, el poder habría sido capturado por nuestro equivalente a la FARC colombianas, las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Chile”, las “FARCH”. Si no hubiera habido Estado de Sitio en los años 70 y 80, que permitía detener e interrogar a los sospechosos del terrorismo mirista y comunista, que contaban con enorme apoyo soviético y cubano y no pocas veces con la complicidad norteamericana representada por el senador Edward Kennedy (autor de la Enmienda Kennedy que puso en la indefensión armada a Chile cuando sus fronteras eran amenazadas) el propósito de las FARCH pudo haberse logrado.

Que ayer haya estado el ministro Hernán Larraín al lado de Blumel para crucificar e insultar al valiente Urrutia, acusándole de “descriterio” y de “odioso y contumaz”, no le debe haber extrañado a nadie, ni siquiera a su correligionario Urrutia, porque por décadas Larraín ha sido el protagonista de la más espectacular “vuelta de chaqueta” política que registran los anales chilenos, desde ser el autor del más entusiasta panegírico al Presidente Pinochet en su vida, al peor cuchillo de su gobierno y de los militares que nos salvaron del triunfo del terrorismo marxista. Estos últimos son los actuales centenares de presos y miles de procesados políticos.

Y que se haya levantado de nuevo la voz condenatoria contra su colega Urrutia del inefable diputado UDI Jaime Bellolio, que en los 80 colaboraba con la Vicaría de la Solidaridad presidida por Valech, virtual “brazo logístico” judicial y hospitalario del grupo terrorista FPMR y del MIR, tampoco ha sorprendido a nadie, porque ya antes ha abandonado la sala de la Cámara cuando Urrutia ha rendido homenaje a la memoria del 11 de septiembre y del Presidente Pinochet, en medio de tuiteos de repudio a los “atropelladores de derechos humanos”.

En mi libro en prensa “Historia de la Revolución Militar Chilena” describo en detalle la gesta librada contra decenas de miles de terroristas poderosamente armados, que gozaban de protección propagandística soviético-norteamericana, en cuyo curso se registró el mayor desembarco clandestino de armas que recuerda la historia de América Latina, en 1986.

El hecho de que hoy se haya olvidado todo eso, se pretenda añadir 90 mil millones de pesos sin financiamiento en favor de quienes fueron interrogados alguna vez hace décadas como sospechosos de terrorismo y se universalice la condena pública a la única voz que se levanta en defensa de la verdad histórica, pone de manifiesto las contradicciones vitales que afligen a la sociedad chilena y al gobierno actuales.

Otra de ellas es la que ha llevado a convertirse en blanco favorito de la izquierda –y del propio gobierno— al ministro de Educación, que en sus escritos de columnista distinguido siempre destacó la inconsecuencia de la condena al lucro y ha vuelto a hacerlo como titular del cargo. Pero la verdad es que ha sido otra “contradicción vital” de Piñera haberlo designado precisamente a él, cuando la política declarada de este último es, como lo ha reiterado ayer, la persecución contra el lucro en la educación superior. “Gerardo Varela ministro de Educación del VI Gobierno de la Concertación” es, simplemente, un oxímoron”, una “contradicción en los términos” y nadie pude prever hoy día en qué va a terminar: o convertido en un émulo de Hernán Larraín, dándose vuelta la chaqueta al modo chileno habitual y pasando a engrosar el “Hall of Fame” que ya integran, con famosas declaraciones de condena a lo que antes profesaron culto, personajes como Andrés Chadwick o Joaquín Lavín y el mismo Larraín, o manteniendo su bandera en alto como crónicamente lo hace el valiente Urrutia. Claro que, en este caso, arriesgándose a que le pidan la renuncia.

Quepan unas últimas líneas para hacer notar la impunidad de la agresión física de la diputada Pamela Jiles contra Ignacio Urrutia, degradación que no se registraba en el hemiciclo desde que la diputada comunista Mireya Baltra nos lanzaba a los diputados de derecha pesados tinteros de cristal en plena sesión en 1973, por suerte con muy mala puntería.

Así, los votantes de derecha que cometieron el imperdonable error de llevar al poder al VI Gobierno de la Concertación recién están comenzando a ver las nefastas consecuencias de su inexplicable decisión electoral.

Soy la Voz Que Clama en el Desierto

San Juan Bautista decía que él era “la voz que clama en el desierto” porque predicaba la verdad, pero nadie le hacía caso. A mí me sucede lo mismo respecto de varias verdades, pero en particular una: la de que el Gobierno Militar procuró respetar los derechos humanos y, por tanto, no es cierto que los violara de manera permanente y sistemática. Pero esta falsedad, de origen comunista, es la piedra angular de toda la política chilena actual. 

Como lo acredita Paul Johnson, desde el mismo 11 de septiembre de 1973 el KGB soviético centró su propaganda mundial contra la Junta en los supuestos “atropellos a los derechos humanos”. No sabían lo que realmente pasaba en Chile, pero sí tenían claro que debían defender a la guerrilla marxista, para lo cual, y para proteger a la subversión que alentaban en todo el occidente, desde mucho antes habían preparado sus baterías propagandísticas, la más importante de las cuales fue Amnesty International, cuyo origen comunista desenmascaró el historiador chileno Claudio Véliz en memorable artículo para el Centro de Estudios Públicos (“Estudios Públicos Nº 108 de 2007). Allí se prueba que el agente inglés del Comintern soviético, Alec Digges, convenció al no comunista, pero “compañero de ruta”, Paul Berenson, de fundar y encabezar una entidad que defendiera a la subversión y consiguiera amnistiarla en todas partes, como de hecho fue amnistiada en Chile. Pues pocos saben que los mayores beneficiarios de la Ley de Amnistía de 1978, que hoy se deniega a los militares ¡oh paradoja! fueron los extremistas de izquierda, alrededor de 9 mil de los cuales se acogieron a ella en los años 70 y 80.

Pero ni el mismo Digges habría podido imaginar que medio siglo después las consignas comunistas iban a ser recitadas al pie de la letra en Chile y no sólo por las previsibles y acostumbradas antenas repetidoras de la DC y sus afines, como Sebastián Piñera, sino por cerebros lavados de la UDI, como Joaquín Lavín y Andrés Chadwick, previa repetición masiva y reiterada de todos los RN y de su adopción hasta por el decano de la prensa, los columnistas de derecha y ¡sorpresa total, final e inesperada, por los militares! como el propio coronel Villarroel, última víctima de la consigna, injustamente defenestrado de la dirección de la Escuela Militar por sospecha de haber admitido la defensa de un brigadier perseguido por los jueces de izquierda. En efecto, el coronel se defendió en “El Mercurio” aludiendo a que él siempre había repudiado “las violaciones a los derechos humanos” del Gobierno Militar. Increíble.

¿Cómo se las arregla un partido totalitario, cuyas recetas han fracasado en todo el mundo y que no pasa del cinco por ciento de adhesión en Chile, para tener a casi todos los chilenos repitiendo un mantra falso? Yo les voy a decir cómo: mediante la repetición incesante y la agresión verbal y/o física a quienquiera intente defender la verdad.

La injerencia comunista en Chile es mayor de la que casi todos imaginan. Un “texto sagrado”, el Informe Rettig, según reconoció uno de sus artífices, el historiador Gonzalo Vial, se fundó en la Vicaría de la Solidaridad, que les “había dejado el trabajo casi hecho”, dijo, en sus archivos. ¿Y quién era el Archivero de la Vicaría? Un alto jefe comunista, José Manuel Parada, reclutador de militantes para el FPMR (confesión de Alfredo Malbrich, reclutado para el Frente por Parada en la Vicaría, “El Mercurio”, 28 de agosto de 1986).

¡Entonces, la base de la biblia política chilena, el Informe Rettig, fue inspirada y redactada por un alto jefe comunista y del FPMR!

¿Cómo lograron “colarse” en esos términos en la política y la opinión pública chilena? Obvio, con la colaboración de los “kerenskys”, el principal de los cuales fue Patricio Aylwin Azócar, incitador de los militares para que se tomaran el poder y después principal agente acusador de ellos. Sin negar el importante papel de Eduardo Frei Montalva (“Esto se arregla sólo con fusiles”, Acta Rivera, 6 de julio de 1973).

El resto ha sido cuestión de tiempo. Vino después la desvergonzada Comisión Valech para dar pensiones vitalicias a 30 mil sospechosos de terrorismo interrogados durante el Gobierno Militar. Y después la rendición incondicional del Comandante en Jefe Juan Emilio Cheyre en 2005, que le cargó la culpa de todo al Ejército. Los marxistas malagradecidos hoy lo tienen procesado, ilegalmente, por supuesto, pero es seguro que no irá a Punta Peuco.

Y, finalmente, la “vuelta de chaqueta” masiva de la derecha política, para apoyar a Sebastián Piñera, no obstante su prontuario y la persecución desatada por él contra los militares, el cierre del penal “Cordillera” y las 943 querellas ilegales de su Ministerio del Interior, triplicando las existentes, acogidas por la justicia de izquierda y que atiborraron Punta Peuco y ya van llenado la Cárcel de Alta Seguridad.

Los sucesivos altos mandos uniformados, por su lado, han dejado abandonados a sus “caídos tras las líneas enemigas”. Y así el soldado más distinguido y correcto de los que luchó contra el terrorismo, condecorado por su heroísmo con la Medalla al Valor en 1974 por eliminar en combate al más alto cabecilla terrorista, es condenado cuarenta años después y por ese mismo hecho, contraviniendo todas las leyes, a diez años más de presidio adicionales. Humor judicial macabro. El 80% de las condenas a más de 600 años que ya suma ese distinguido oficial se las impuso un solo ministro sumariante que jamás lo interrogó y lo llamó para conocerlo sólo cuando se iba a retirar, a los 75 años. Fue el mismo que cínicamente confesó en la televisión, ante mí, que condenaba sin probar los delitos, en virtud de una “ficción jurídica”. 

Ese mismo oficial ya lleva 18 años preso y le escribe al actual Comandante en Jefe, sin la menor esperanza de que le conteste, que ha sido condenado dos veces o más por una misma causa, que ha sido careado con todo el lumpen terrorista, el cual repite un recital mal aprendido; que en algunos casos ¡ha sido exculpado por esos mismos terroristas, no obstante lo cual el respectivo juez marxista igual lo ha condenado!; que en ningún proceso se le ha comprobado responsabilidad alguna, sino que se le ha culpado por meras “presunciones”; que el principio pro reo no ha regido para él, como tampoco el de legalidad que exige la Constitución. Ni se le ha respetado su derecho a la prescripción, a la amnistía o a la cosa juzgada.

La verdad histórica es que el Gobierno Militar ordenó respetar los derechos de todas las personas en las operaciones de mantenimiento del orden, pese al terrorismo extremista activo. Permitió inspectores extranjeros. Permitió que el presidente de la Cruz Roja Internacional visitara cualquier prisión sin necesidad de permiso previo. Todo lo cual, además de tener un fundamento moral, era de sentido común, porque los créditos internacionales y las compras de armamento estaban sujetas a la condición de respetarse acá los derechos humanos.

¿Qué hacer contra la prensa, la TV, las radios, la derecha, los kerenskys y la izquierda recitando diariamente el falso mantra comunista en contrario? Lo que hace esta Voz que Clama en el Desierto, repetir la verdad: que el Gobierno Militar incluyó en su Declaración de Principios el respeto a los derechos humanos. Que en sus circulares número 1 de 7 de enero, y número 22 de 25 de enero, como en la de Carabineros de 15 de febrero de 1974, ordenó a todos sus efectivos respetarlos. Que suprimió la DINA por no haberse ceñido a esas normas. Que luego prohibió a la CNI detener personas. Que hasta formó en 1978 una “Comisión Asesora de Derechos Humanos”, presidida por el distinguido jurista Ricardo Rivadeneira, hecho hoy olvidado. Tal vez porque en 1978 el país estaba pacificado y sólo hubo ocho muertos en enfrentamientos con el terrorismo en ese año.

Pero no: el mantra comunista determina las políticas públicas, permite que más de 800 millones de dólares anuales vayan al terrorismo de izquierda y tiene vedado a todo chileno oír siquiera la verdad histórica en el tema de los derechos humanos, so pena, como en el caso del director de la Escuela Militar, de destitución si la verdad se menciona en un recinto de su dependencia, aunque él mismo después alegue que compartía la consigna comunista.

Y por decir todo esto soy, en Chile, “la voz que clama en el desierto". Pero, como en el caso del Bautista, proclamo la verdad, y más temprano que tarde (2021) ésta terminará por prevalecer.