El Consejo Fiscal Autónomo, ente técnico que era preciso consultar para hacer una reforma previsional, emitió un informe de 700 páginas sobre el proyecto. Lo entregó el lunes pasado al Congreso. Pero el Senado despachó el proyecto el mismo lunes, sin haber leído ese documento básico, por supuesto. Y la Cámara lo despachó al día subsiguiente, habiendo leído, si es que los diputados lo hicieron, a lo más cien páginas de las 700. ¿Es propio de un Parlamento serio?
Hemos presenciado el despacho apresurado de un proyecto que no es serio, pero sí demagógico, dispendioso y contradictorio. A las AFPs las han dejado calladas rebajándoles el encaje o reservas que deben mantener y permitiéndoles "llevarse para la casa" unos 1.800 millones de dólares, calcula el experto Gino Lorenzini. Y ellas además recaudarán un 4,5 % adicional de los sueldos, de cargo del, empleador, que se sumará al 10 % actual.
Pese a ello, al mismo tiempo, los inversionistas extranjeros en las AFPs se consideran amenazados de expropiación sin pago por la licitación periódica de carteras que dispone el proyecto. La cartera es un activo de una firma que el Estado no puede quitarle periódicamente sin pago, para licitarlo.
El proyecto ni siquiera se refiere al principal problema que tiene nuestra previsión, que es el de la temprana edad de jubilación, que choca con la realidad de los mayores años de vida de la población. Ni tampoco soluciona la injusticia de que las mujeres puedan jubilar cinco años antes que los varones, sobre todo si viven cinco años más que éstos ¡y pese a lo cual dispone que además ellos deben compensarlas por tener ambas ventajas!
Adicionalmente se financia en parte con un préstamo al fisco de los trabajadores equivalente al 1,5 % de sus cotizaciones, que es expropiatorio porque se contrae sin la voluntad del prestamista y a una tasa inferior a la de mercado. Eso es ilegal e inconstitucional.
Y también aumenta escandalosamente las pensiones a los terroristas, que son "no contributivas", es decir, nunca hicieron imposiciones. Beneficia a todos los guerrilleros de izquierda que, favorecidos por las Comisiones Rettig y Valech y cuya única contribución a la vida interna fue crear grupos armados para cometer atentados y asesinar civiles y militares en un intento de hacerse del poder por la fuerza. Particularmente agraviante es que el reajuste beneficiará a los 28 mil pensionados de la escandalosa Comisión Valech, que pensionó a los sospechosos de terrorismo por haber sido interrogados por los servicios de seguridad, a título de haber sido víctimas de "prisión política y torturas". A ellos se suman los 160 mil "exonerados políticos" que reciben pensiones y de los cuales cien mil son sabidamente falsos, ello reconocido por el principal personero que los representa a todos.
Este abuso que comete el gobierno se perpetra sin que el Estado asuma ningún compromiso de reducir el gasto público, en circunstancias en que paga remuneraciones 50 % más altas que las de mercado (ver La Tercera del 20 de noviembre de 2021, en artículo nunca desmentido.) En los últimos dos años ha incrementado en cien mil su contingente burocrático, que ya se acerca al millón, habiéndolo multiplicado por ocho en 35 años.
En realidad, cualquier proyecto de mejoramiento de las pensiones debió haber sido, en justicia, íntegramente financiado por un impuesto a las remuneraciones excesivas del plantel burocrático estatal, que desde juniors, choferes y secretarias para arriba paga sueldos muy por sobre los de mercado. Por eso la deuda pública viene subiendo desde 13 % del PIB en 2014 a 43 % para 2024, según Jorge Quiroz en El Mercurio de hoy, donde además dice que el proyecto "agregará en régimen la friolera de 1,7 puntos del PIB de presión fiscal".
El siguiente párrafo de Quiroz pone en evidencia la dispendiosidad estatal: "Una cuenta básica: si FONASA pagase licencias médicas por beneficiario a la misma ratio que las ISAPRES, el gasto bajaría en unos 800 millones de dólares". ¿Cómo se explica que la candidata de ChileVamos, que apoyó la reforma previsional y contribuyó a aprobarla, sea partidaria de suprimir las ISAPRES, en otra de sus continuas coincidencias con la izquierda?
El colmo es que la centroderecha de ChileVamos haya apoyado esta iniciativa con sus votos.
El diputado Arroyo (PSC) propone presentar el Tribunal Constitucional (donde la izquierda domina 7 a 3) una reserva de constitucionalidad relativa a todo el proyecto, para lo cual necesita 39 firmas, de las cuales debería tener ya las 38 de los diputados que lo votaron en contra en la sala.
En aras de un mínimo de decencia y sanidad nacionales, ojalá prospere. Aunque todos sabemos que en el Chile de hoy prevalece la inclinación política por sobre el estado de derecho.
