Cuando fue candidato presidencial en 2009, Sebastián Piñera juzgó necesario convocar a los oficiales en retiro del Ejército en el Club Militar y acudieron unos 500. Les ofreció que, si era elegido, aceleraría los procesos contra exmilitares, que eran unos 300 y se eternizaban. Asimismo, les prometió velar por que se aplicara la prescripción cuando procediera, pues algunos jueces la estaban desconociendo.
Se ganó una gran ovación de la concurrencia y con ello el voto de la "familia militar", que es bastante numerosa.
Como sabemos, resultó electo frente a Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ya en el poder, en lugar de cumplir aquellas promesas, encargó a su subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, contratar numerosos abogados de izquierda e interponer querellas contra militares en retiro que, al final de su primer mandato, resultaron ser cerca de mil. Desconoció en ellas la prescripción, la amnistía y la cosa juzgada, en su caso, aparte de otras normas legales. Y todo lo que había prometido a los uniformados en retiro.
Se convirtió así, entre todos los presidentes de la República posteriores a 1990, en el mayor perseguidor de exuniformados, de lo cual se ufanó al final de su primer mandato. Y después, en los 40 años del 11 de septiembre, motejó a los derechistas partidarios del gobierno militar, que habían votado por él, de "cómplices pasivos" de delitos tan inexistentes como los que mencionaba en sus querellas prevaricatorias.
Muy elocuente muestra de su conducta sumisa al comunismo fue el caso de Felipe Ward (UDI), que iba a ser designado ministro del Interior suyo en los cruciales días posteriores al alzamiento revolucionario de octubre de 2019. Y cuando ya estaba todo listo para la ceremonia en La Moneda, alguien informó de una publicación en que el futuro ministro, que iba a jurar dentro de instantes, había dicho textualmente que "los juicios de derechos humanos son un cajero automático de la izquierda para sacarle plata al fisco", lo cual representaba una gran verdad y la sigue representando hasta hoy. Pero era inadmisible para Piñera, preocupado de no rozar ni con el pétalo de una rosa la epidermis de los marxistas que lo querían derrocar. En ello lo secundó siempre y lo sigue imitando hoy la candidata presidencial contemporizadora con la izquierda, Evelyn Matthei, que ha elegido para un alto puesto en su comando al mismo Rodrigo Ubilla que fue hombre de confianza de Sebastián Piñera para generar la prevaricación judicial contra los exmilitares.
En concreto, un legado de sus gobiernos es el de más de 500 Presos Políticos, hoy octogenarios y nonagenarios, condenados sin pruebas válidas y desconociendo leyes expresas y vigentes y a quienes hasta se les violan derechos carcelarios básicos. Y eso sin contar el centenar de exuniformados ya muertos en cautiverio, a quienes debe sumarse hoy el coronel de Carabineros en retiro Germán Aravena Longa, fallecido recién en Punta Peuco tras reclamar sin éxito por la falta de transporte para ir a un hospital a mitigar los dolores de su enfermedad terminal,
Algunos ancianos sobrevivientes son socorridos por sus hijas, que les llevan morfina para atenuar sus dolores, caso del piloto de helicópteros Robert de la Mahotiére, que jamás disparó un tiro pero igual fue condenado a morir tras las rejas.
La sociedad ha elegido mirar para otro lado ante este legado de injusticia y dolor. Pero un mínimo de rigor histórico exige, por lo menos, mencionarlo.
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