Miserias de la Chilenidad Actual (I)

PRÓLOGO

Falta una estatua en la Plaza de la Constitución. Pinochet derrotó a la subversión que quería tomar el poder por las armas, pacificó el país, tuvo mano dura con la delincuencia, arregló la economía, defendió bien las fronteras y legó una democracia estable. pero no tiene estatua. En cambio, otro que arruinó al país, quiso someterlo al comunismo y lo dejó al borde de la guerra civil, y otro más que le pavimentó el camino, tienen estatuas. Falta la de Pinochet. Sería justicia.

Todavía peor, lo que la mayoría ciudadana ha hecho o permitido que se haga con su imagen y la del Gobierno Militar 1973 -1990 ha sido vergonzoso y quedará como un baldón en la historia de Chile.

Pues durante los últimos casi tres decenios esa mayoría ha ido paulatinamente renegando cada vez más de la Revolución Militar del 11 de septiembre de 1973, que fue pedida por ella, resultó exitosa y no sólo elevó de status al país en el concierto mundial, sino que influyó internacionalmente y estuvo entre las causales de que cayeran el Muro de Berlín y la Cortina de Hierro y casi desapareciera del mundo el socialismo real como forma de gobierno.

La clase política chilena, ciega a todo eso, que tarde o temprano será histórica y universalmente reconocido, se ha dedicado durante esos últimos casi 30 años, progresivamente, a culpar en forma injusta a ese gobierno revolucionario de situaciones de las cuales no fue responsable o que eran imposibles de superar de otra manera, y todo ello sin reconocerle sus logros.

Movido por la evidencia de esa falsificación histórica, terminé de escribir el año pasado una “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”, basada en la verdad, en una bibliografía de un centenar de obras y en mis propias vivencias de ese período.

Pero esa es una gota de agua en medio de un mar de libros, películas, otras publicaciones, teleseries y versiones de la izquierda, reafirmando consignas y eslóganes falsos sobre lo ocurrido. Mediante su repetición constante, ella ha logrado que eso sea lo que hoy opina la mayoría de los chilenos y del público de otros países. Pero eso no es la verdad.

Justamente a raíz de haber investigado para ese libro se fortaleció en mí el juicio favorable que siempre tuve del Gobierno Militar. Y si en 1988 voté “Sí” convencido de que un nuevo período del Presidente Pinochet sería lo que más convenía a Chile, al estudiar los hechos en profundidad esa convicción mía se ha acentuado.

Víctor Hugo escribió: “No hay nada más poderoso que una idea a la cual le ha llegado su tiempo”. Pero hay algo por lo menos tan poderoso como eso: una consigna millones de veces repetida. Aunque sea falsa. Y precisamente es la consigna falsa, millones de veces repetida, lo que se ha impuesto en Chile desde 1990.

Eso ha dado respaldo de opinión pública a giros políticos aberrantes, como el que pretende justificar querellas ilegales de los gobiernos de la Concertación y de los dos de Sebastián Piñera contra exmilitares; y a una nueva jurisprudencia ilegal y arbitraria, que ha condenado a centenares de éstos a presidio y sigue sometiendo a juicio a miles de otros que enfrentaron a los grupos subversivos de los años 70 y 80.

Se ha desconocido el texto de leyes expresas y vigentes sobre amnistía, prescripción, cosa juzgada, el principio de legalidad, el principio pro reo y la presunción de inocencia, terminando en cientos de sentencias que ordenan indemnizaciones millonarias en favor de los subversivos o su descendencia.

La subsecretaria de Justicia, Lorena Recabarren, en “La Tercera”, del 1° de abril de 2019, ha cuantificado y previsto en dos mil millones de dólares para los próximos cinco años, es decir, 400 millones de dólares anuales, los pagos de cargo fiscal derivados de la prevaricación de los jueces.

Si a eso se suma el monto de los ya efectuados en el pasado, que la misma subsecretaria estimó en 6.200 millones de dólares hasta 2018, se apreciará la enorme carga económica que ha significado para el país la prevaricación.    

            El olvido u ocultamiento de todo lo anterior, me ha llevado a calificar tal actitud como “miseria moral de la chilenidad actual”, que me he propuesto denunciar.

CAPÍTULO I

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

            Una de las cosas que enseña la vida es que todo es distinto “antes” que “después”. Cuando yo tenía 14 años y era alumno del Saint George’s College lo aprendí en carne propia. Lo he recordado muchas veces después de 1990.

Nuestro profesor de Religión, el padre Carlos Rodríguez, organizó un viaje hasta Puerto Montt en el verano de 1950, en un minibús suyo. Nos suscribimos doce alumnos.

Aprendimos muchas cosas, pero recuerdo en particular una: cuando alojábamos en Pucón, a orillas del lago Villarrica, en un galpón de un convento de monjas, se declaró un incendio que arrasaba al pueblo, alimentado por el viento “puelche” de cordillera a mar. Entonces llegó una monjita a despertarnos para que fuéramos a ayudar a los vecinos a salvar sus casas, todas de madera.

            En eso estábamos cuando un médico del pueblo nos fue a pedir ayuda especial para salvar sus muebles. Acudimos y se la dimos. Cuando sacábamos un enorme ropero de tres cuerpos, para subirlo a un camión que el doctor había conseguido, se nos quebraron dos patas del mueble y se trizó un espejo, al abrirse una de las puertas repentinamente. Pero el doctor decía “no importa”, pues le interesaba salvar no sólo el ropero sino su contenido.

            Al final se alejó en el camión con las cosas de la casa a salvo. Pero en definitiva a ésta no la alcanzó el fuego.

Volvimos de madrugada al convento, satisfechos de nuestra obra solidaria, pero antes de las siete entró de nuevo la monjita al galpón y le dijo al padre Rodríguez que mejor escapáramos cuanto antes, porque el doctor quería cobrarnos los daños que le habíamos inferido a sus muebles al cargarlos en el camión.

            Entonces salimos subrepticiamente en el minibús comentando lo distinto que había sido el doctor “antes”, cuando creía que se le iba a quemar la casa, que “después”, cuando la había salvado sin otro perjuicio que daños a sus muebles.

                Eso, por supuesto, no fue nada comparado con la diferencia entre el “antes” y el “después” del 11 de septiembre de 1973. Antes, casi todos exigían a los militares salvarlos de la inminente dictadura comunista, pero “después”, también casi todos se olvidaron de eso y se han hecho parte, junto al marxismo, al cual tanto decían temer, de llevar a cabo una “razzia” vergonzosa contra los uniformados a los cuales llamaron a salvar al país.

Sin respetar la verdad de los hechos ni las leyes ni el deber de gratitud, la mayoría hoy mira para otro lado o, peor, aplaude cuando sus salvadores de entonces son denostados y condenados. Centenares de éstos languidecen en las cárceles y algunos se suicidan, mientras aquella mayoría repite acusaciones mentirosas y respalda o mira indiferente la injusticia contra ellos.

Por añadidura, se ha llenado de plata, como “premio”, justamente a quienes la iban a esclavizar.      

            Nunca creí que el Chile actual podía caer tan bajo. Comprendí que la izquierda buscara venganza y lucro. No me sorprendió mucho que la DC cumpliera su papel de cambiar de bando en busca “del sol que más calienta”. Pero no habría imaginado jamás que la derecha, que fundó la república e impetró como nadie, en 1973, el auxilio militar para salvarse (junto con su patrimonio) y salvar al país; la misma que formó parte del gobierno de la Junta y le inspiró sus ideas y propósitos, hoy reniegue de él y haya modificado hasta de las declaraciones de principios originales de sus partidos RN y UDI para ocultar ese pasado.

            Ésa es parte de la  “miseria moral de la chilenidad actual”.

Antes: el Acuerdo de la Cámara o una radiografía

Vale la pena recordar el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, aprobado por 81 votos contra 47, que reflejaba muy bien el estado del país en ese año y el desastre de gobierno que había. Como no hace mucho, en una encuesta televisiva pública, Salvador Allende fue elegido como “el más grande chileno de todos los tiempos”, aventajando al heroico Arturo Prat, recordar el Acuerdo nos permite apreciar hasta qué grado está moralmente deteriorada la mayoría ciudadana actual, al grado de confundir el bien con el mal y el remedio con la enfermedad.

Los 81 votos eran del conjunto de los diputados de la DC, del Partido Nacional, de la Democracia Radical y del Partido de Izquierda Radical, este último escindido de la Unidad Popular con su líder, el senador Luis Bossay a la cabeza. Los 47 votos eran de la Unidad Popular, es decir, socialistas, comunistas, Izquierda Cristiana y MAPU en sus dos versiones.

En declaraciones de Patricio Aylwin en 1973 éste se atribuía la autoría del Acuerdo, tan ufano estaba, siendo que fue sólo coautor. Pues la idea y el texto originales fueron del ex ministro de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar Escobar, que se los sometió al senador del Partido Nacional Francisco Bulnes Sanfuentes. Éste, tras introducirle perfeccionamientos, se lo mandó a Patricio Aylwin, el que a su vez lo suavizó algo, pero poco, pues precisamente después, como recién dije, se autoatribuyó el llamado a los militares a “poner término a la situación” creada por el gobierno de Allende, que era lo sustantivo.

El documento consta de seis páginas y sus afirmaciones más decisivas son las siguientes (los destacados son míos):

Considerando 5°: “Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se fue empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece”.

Considerando 6°: “Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”.

Considerando 7°: “a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en ‘resquicios legales’ (…)

“c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho ‘tabla rasa’ de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental”.

Considerando 8°: (…) “c) Ha violado leyes expresas y ha hecho tabla rasa del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios” (…)

Considerando 9°: “Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República (…) el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él”.

Considerando 10°: “Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales contemplados en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas (…) siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos.

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno, clausurando ilegalmente diarios y radios, imponiendo a estas últimas ‘cadenas’ ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta (…)

c) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión (…)

d) Ha atentado contra la libertad de enseñanza (…)

e) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 ‘tomas’ ilegales de predios agrícolas y al promover centenares de ‘tomas’ de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía (…)

f) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas.

g) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales y gremiales.

h) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.”

Considerando 11°: “Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la ley ni la Constitución les otorgan (…) como, por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado ‘Poder Popular’, cuyo fin es sustituir los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas.”

Considerando 12°: “Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas, como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantes funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros”.

En vista de las consideraciones anteriores y de otras que no reproduzco por considerar que no tienen la misma significación, la Cámara de Diputados acordó:

“PRIMERO, representar al Presidente de la República y a los Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros el quebrantamiento del orden legal y constitucional de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos…y

“SEGUNDO, (…) representarles, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, que LES CORRESPONDE PONER INMEDIATO TÉRMINO A LAS SITUACIONES DE HECHO REFERIDAS, QUE INFRINGEN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES…”

Este fue el llamado concreto de la mayoría democrática del país, de los partidos Demócrata Cristiano, Nacional, Democracia Radical e Izquierda Radical a que las instituciones uniformadas actuaran como lo hicieron el 11 de septiembre de 1973.

Y así lo entendió el Presidente Allende, quien, respondiendo el oficio en que se le transcribió el Acuerdo, manifestó que “los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a que asuman una función política…”

¿De qué se trataba en la realidad?

            La periodista Nena Ossa se había aventurado, en plena UP, a buscar al más destacado jefe de la guerrilla de extrema izquierda, amparada por el gobierno, para saber lo que se proponía. Logró ubicarlo en un lugar remoto del sur, en un predio agrícola usurpado a la fuerza, y dejó constancia de la entrevista, que incluyó en su libro “Allende, Thank You”, Editorial El Roble, 2009, p. 61:

             “Nena Ossa: ¿Cuál es el plan de fondo de ustedes, a corto mediano o largo plazo?

            “Comandante Pepe: Tomarnos los campos y los pueblos del sur, violentamente si es necesario, mientras en Santiago el MIR se toma la ciudad y bajan a unirse con nosotros a medio camino.

            “Nena Ossa: O sea la meta es ‘tomarse’ todo Chile violentamente. ¿No les importa si muere gente?

            “Comandante Pepe: Claro que violentamente. Tiene que morir un millón de chilenos para que el pueblo se compenetre de la revolución y ésta se convierta en realidad. Con menos muertos no va a resultar”.

            Naturalmente (no podía ser de otra manera) después del 11 de septiembre de 1973 uno de los primeros combates tuvo lugar contra la guerrilla del Comandante Pepe, que fue derrotada, su jefe sometido a un Consejo de Guerra y condenado a muerte.

Fue fusilado en Valdivia y hoy día todos los uniformados que lo combatieron y evitaron “el millón de muertos”, como quienes tuvieron parte en el Consejo de Guerra de 1973, son perseguidos por la justicia de izquierda imperante en el Chile actual y enfrentan condenas, al tiempo que el fisco deberá aprontarse a pagar una indemnización a la descendencia del comandante Pepe por habérsele impedido consumar su parte en la misión de generar un millón de muertos, como se proponía.

Casi todos con la Junta

Los militares obedecieron, entonces, el llamado de la mayoría de los políticos civiles al pie de la letra y “pusieron término a la situación”. No sabían que después a muchos los iban a meter presos, a instancias de algunos de esos mismos políticos, por haberles hecho caso.  

            La derecha estaba exultante el 11 y hasta vi en esos días a un parlamentario de la bancada del Partido Nacional llegar con uniforme de oficial de Ejército, en su condición de ex cadete, a una reunión de parlamentarios del Partido Nacional en los días posteriores.

En los barrios acomodados los vecinos salían a brindar a la calle en homenaje a los uniformados que encontraban en ellas.

            El líder DC Patricio Aylwin declaraba, terminante:

“Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada ‘Vía Chilena de Construcción del Socialismo’, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende, y  por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas y que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En esas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista.”

            Pero “veinte años después” Aylwin había olvidado todo eso y decía en 1993, sin tener conciencia de que las dos declaraciones iban a quedar grabadas juntas en YouTube “para perpetua memoria”:

            “Yo nunca pensé que la Unidad Popular como tal, ni menos Salvador Allende, estuvieran interesados en dar un golpe y establecer una dictadura. Yo supe de eso cuando salió el libro ese o el documento (sonrisa irónica) que publicó el gobierno militar denunciando ese plan”.

            ¿Cambió de manera de pensar? ¿Olvidó lo que había opinado casi 20 años antes? ¿Alguien le lavó el cerebro? ¿O era así su personalidad? ¿Todas las anteriores?

            Pero Aylwin no fue tan distinto de la mayoría de los chilenos, que al día de hoy han vivido y viven el “después”, el mismo proceso de olvido y lavado cerebral.  

            Pues en 1973 la mayoría de 81 votos antedicha, mostró el mismo parecer de Aylwin entonces. Pero ya en 1993 y hasta hoy, parecida mayoría se contradecía y contradice a sí misma igual que Aylwin.

Otro distinguido político DC, Andrés Zaldívar, a quien el gobierno militar, en los 80, prohibió transitoriamente su reingreso al país, debido a actividades conspirativas suyas en el extranjero, en la revista “Qué Pasa” de 23 de agosto de 1973 había declarado, siendo senador DC y refiriéndose a las fuerzas armadas: “Creo que son las grandes reservas morales de nuestro país y pueden ser ellas quienes en un momento dado estén llamadas a solucionar las cosas aquí. En eso no hay que tener tapujos y lo demás es ser un hipócrita”.

            Pero cuando el peligro pasó, él mismo se llenó de “tapujos” y en 2007 aportó el voto decisivo en el Senado para impedir que una reducción de pena para terroristas que hubieran cumplido diez años presos se extendiera a los militares encargados de combatirlos y habían sido condenados por esto.

Antes: Aylwin I enfático pro-militar

            En su edición del 20 de junio de 1990 la revista “Ercilla” reproducía las declaraciones que a ella misma le había hecho Aylwin en agosto de 1973, en plena UP:

“El desabastecimiento, con su cortejo de colas, privaciones y hasta hambre; la inflación estratosférica, que devora sueldos y salarios, reduciendo día a día la capacidad de los trabajadores para mantener sus hogares; el sectarismo odioso expresado en arbitrariedades, discriminaciones, persecuciones; la violencia traducida en insultos, amenazas, agresiones, heridos y muertos; la degradación moral manifestada en el egoísmo desenfrenado, en el mercado negro, en la extorsión, en el enriquecimiento ilícito, la flojera institucionalizada, el vacío de autoridad que garantice la seguridad y tranquilidad públicas, el quiebre de toda jerarquía, la paralización constante de todas las fuentes de trabajo, la progresiva sustitución de los poderes estatales por los poderes de hecho, de la ley por la fuerza; el consiguiente clima de inseguridad, intimidación y aun terror que va cundiendo en la población.”

            “De todos los sectores de la nacionalidad surge una protesta muy honda y cada vez más vigorosa. La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir aceptando la destrucción de sus bases de vida, la pérdida de sus esperanzas ni la creciente destrucción de Chile. La inmensa mayoría de los chilenos rechaza someterse a la tiranía comunista y rechaza la amenaza de una guerra civil. La inmensa mayoría de los chilenos dice ¡Basta!”

            “Ercilla” recuerda, además, confirmando los juicios anteriores:

            “Así lo expresaba, en una entrevista (de Aylwin) al corresponsal de la agencia católica “NC News Service”, el sacerdote José Kühl, (publicada por el diario “La Prensa” de Santiago, pro DC, de 17 de octubre de 1973):

             “Yo distinguiría dos situaciones: primero, la situación de estos días, que creo está por terminarse, que es del período que pudiéramos llamar de guerra, período en que la Junta Militar ha tenido que tomar el poder, deshacer los grupos armados, sofocar la resistencia de ciertos sectores. Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando mientras uno está cómodamente sentado en el escritorio. Y lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas…”

            “(…) Los europeos están acostumbrados a que los golpes militares en América Latina son golpes de opereta en que los militares se toman la casa de gobierno. El ex presidente se va, el militar asume y no pasa nada. En Chile no ha sido así, porque en Chile las fuerzas de la Unidad Popular estaban armadas y preparadas para resistirse (…) Creo, en consecuencia, que las exageraciones van a quedar desvirtuadas muy pronto con los hechos. Creo, además, que el poder bélico que tenía la Unidad Popular no ha sido sino en parte revelado, y cuando el mundo lo conozca, se va a formar conciencia de que realmente se estaba preparando una toma total del poder por los comunistas por la vía armada, con una revolución sangrienta en que habrían descabezado a todos los mandos de las fuerzas armadas y a todos los equipos directivos no sólo nacionales, sino que provinciales y medianos de los partidos democráticos”.

            “En segundo lugar, que los métodos que se han usado son métodos exagerados, aparentemente, que son métodos que lesionan las libertades. Yo no me atrevo todavía a juzgar; yo creo que será restablecido cierto margen de normalidad…”

            En otra parte de la misma entrevista, Aylwin explicaba cómo advertía él que el país se encaminaba a una dictadura comunista y por qué intervinieron las fuerzas armadas para impedirla:

            “Yo sostuve, desde hace bastante tiempo, que Chile marchaba en una experiencia muy parecida a la de Checoslovaquia, en que progresivamente el Partido Comunista fue ganando posiciones, y cuando los partidos socialdemócratas se aprestaban para ganar la elección y desbancar al Partido Comunista, el Partido Comunista se anticipó dando el golpe de Praga, implantando la dictadura comunista. Yo creo que en Chile marchábamos hacia eso. (…) Nosotros (Democracia Cristiana) aprobamos en la Cámara de Diputados un acuerdo, que fue redactado personalmente por mí, en el cual declarábamos que el gobierno había quebrantado gravemente el régimen constitucional y legal de la República”. (Negritas mías).

            Después venía la parte que quedó en YouTube, ya vista… y algo más: “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros (…) fue una medida preventiva que se anticipó a un golpe de Estado que, con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista. Por eso, cuando se produjo el Pronunciamiento Militar y se formó la Junta Militar de Gobierno, nosotros los democratacristianos habríamos faltado a la verdad y habríamos sido inconsecuentes si no hubiéramos reconocido que la responsabilidad fundamental de lo ocurrido proviene de la acción del gobierno de la Unidad Popular y que las fuerzas armadas no buscaron esto, sino que actuaron por patriotismo, con un sentido de responsabilidad frente al destino histórico de Chile y que nosotros hacemos fe en la disposición que han expresado de que, restablecida la normalidad, ellas devolverán el poder al pueblo, para que éste democráticamente escoja a sus autoridades”. (Negritas mías).

            Nótese: “milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el gobierno”, “no menos de diez mil extranjeros que había en este país”. Pero en 1990 y 1991 la Comisión Rettig que Aylwin II formó, hizo desaparecer lo que Aylwin I denunciaba.

Más aún: Aylwin “gatilló” el golpe

Si alguien no cree que fue el “gatillador”, lea el libro “De Conspiraciones y Justicia” (Editorial La Gironda, Santiago, 2004) de Sergio Arellano Iturriaga, hijo del general de su mismo nombre y en 1973 un joven militante DC, que sirvió a don Patricio de correo para comunicar al general que todo diálogo con Allende se había hecho imposible, lo cual implícitamente significaba que “el Grupo de los 15” (cinco generales de cada rama) siguieran adelante con lo que estaban haciendo.

En ese libro, el autor detalla el instante en que Aylwin, tras declarar terminadas sus conversaciones con Allende, lo llama a él por teléfono, siendo un muchacho al cual escasamente conocía, para informarle de ese hecho:

“En la mañana del 30 de julio (de 1973) me impactó recibir un llamado telefónico del Presidente del PDC, el senador Patricio Aylwin, quien me solicitó que concurriera a la brevedad a su oficina. A la sazón yo colaboraba con dicho partido en actividades de comunicaciones, tales como la agencia de publicidad Millaje y Radio Nuevo Mundo, pero mis vinculaciones con los máximos dirigentes eran prácticamente inexistentes. Me arriesgué a usar el teléfono para informar a mi padre de esta sorpresiva invitación de parte de quien asumiría ese mismo día todo el protagonismo en razón de su encuentro con Allende. Me sugirió, con expresa petición de reserva, ponerlo en antecedentes del memorándum secreto (del Comité de los Quince) y de su propósito rectificador, además de expresarle la disposición de los altos mandos a participar en un gabinete de unidad nacional si el gobierno accedía a enmendar rumbos.

“Yo no tenía antecedentes precisos sobre el contenido del memorándum, pero su sola existencia constituía un dato relevante para quien acudiría a una reunión en que se jugaría la suerte del país. (...) Mi reunión con el Presidente de la Democracia Cristiana duró unos veinte minutos. Aylwin se mostraba muy dispuesto a facilitar una salida pacífica en tanto encontrase en el gobierno disposición a cambiar sus políticas más cuestionadas. Me anunció que volvería a contactarme una vez terminadas las dos audiencias previstas, a las que concurrió con el vicepresidente, senador Osvaldo Olguín. ( ...)

“En la tarde del día siguiente, finalizada la segunda fase del diálogo (Allende-Aylwin), cuando todo el país estaba expectante por su resultado y a escasos quince minutos de terminada la reunión, recibí el nuevo llamado. El dirigente estaba visiblemente apesadumbrado, puesto que Allende no aceptó ninguna de sus proposiciones, limitándose a sugerir la formación de comisiones para trabajar en eventuales acuerdos. (...) Aylwin no se aventuró a darse por enterado de la existencia del memorándum secreto ni de la disposición de los militares a colaborar en caso de haber un compromiso de rectificar. Me enfatizó que no estaba dispuesto a sostener nuevas reuniones. No hubo recados ni mensaje; solamente información. De su oficina me fui directamente al Ministerio de Defensa, hacia donde mi padre se había trasladado para esperar mis noticias. Luego de algunos llamados telefónicos, los integrantes del Comité de los Quince se convocaron para esa misma noche a fin de evaluar la información recibida.

“En las notas del general Arellano se lee: ‘Así se desmorona la última salida constitucional a la grave crisis que vive el país. Ahora la situación se ha tornado aún más grave, ya que la locomoción colectiva particular se acaba de plegar al paro nacional indefinido iniciado por el Sindicato de Dueños de Camiones’. Definitivamente no se divisaba otra opción que la intervención de las fuerzas armadas.”

Al día subsiguiente

            En “La Tercera” del 13 de septiembre de 1973 se informa que Aylwin entregó una declaración diciendo:

            “Los hechos que vive Chile son consecuencia del desastre económico, el caos institucional, la violencia armada y la crisis moral a que el Gobierno depuesto condujo al país, que llevaron al pueblo chileno a la angustia y a la desesperación.

            “Los antecedentes demuestran que las Fuerzas Armadas y Carabineros no buscaron el Poder: sus tradiciones institucionales y la historia republicana de nuestra Patria inspiran la confianza de que tan pronto sean cumplidas las tareas que ellas han asumido para evitar los graves peligros de destrucción y totalitarismo que amenazaban a la Nación chilena, devolverán el poder al pueblo soberano para que libre y soberanamente decida el destino patrio.

            “Los propósitos de restablecimiento de la normalidad institucional, de paz y de unidad entre los chilenos expresados por la Junta Militar de Gobierno interpretan el sentimiento general y merecen la cooperación patriótica de todos los sectores. Su logro requiere una acción justa y solidaria respecto de los derechos de los trabajadores, sin odios ni persecuciones, que conjugue el esfuerzo colectivo en la larga tarea de construir el porvenir de Chile, ajenas a los afanes minoritarios de quienes buscan modelos regresivos o reñidos con la vocación democrática de nuestro pueblo.

            “La Democracia Cristiana lamenta lo ocurrido. Fiel a sus principios agotó sus esfuerzos por alcanzar una solución por la vía político-institucional y no los rehuirá para conseguir el desarme de los espíritus y las manos, la pacificación, la reconstrucción de Chile y la vuelta a la normalidad institucional, posponiendo como siempre, sus intereses partidistas al bien superior de la Patria”.

24 años después: trasmutación a Aylwin II

              Pero el 29 de marzo de 1997, veinticuatro años después, hacía ya mucho que Aylwin había olvidado todo lo anterior. Era otra “persona política”, Aylwin II. He aquí lo que declaraba al diario Excelsior de Ciudad de México:

            “…no dudaría un segundo en sentar en el banquillo de los acusados, ante el Tribunal de Nüremberg, al general Augusto Pinochet Ugarte por todos los crímenes que se cometieron durante su mandato y bajo su responsabilidad”.

            ¡Qué distinto al que se negaba a condenar a los militares justamente a fines de 1973, cuando se produjo el 57 % de todas las muertes registradas desde entonces hasta 1990! Fueron 1.823 en ese fin de año, 1.522 a manos de las fuerzas armadas y 301 a manos de extremistas, según las comisiones formadas por el mismo Aylwin después de 1990, si bien ellas llamaban a los guerrilleros “particulares actuando por motivos políticos”, para no culpar ni herir la susceptibilidad de los rojos, que iban a ser los grandes beneficiarios, en términos pecuniarios y de imagen, de la Comisión Rettig y de su sucesora.

Así como en 1973 decía: “Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando mientras uno está cómodamente sentado detrás de su escritorio”, un cuarto de siglo después decía, sentado detrás de un escritorio: “A Pinochet habría que sentarlo en el banquillo de los acusados, como en Nüremberg”.

Antes: Frei Montalva, otro entusiasta del golpe

            Pero el principal líder opositor chileno en 1973 era el presidente del Senado y ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Él estaba a la par de Aylwin I en su calidad de instigador del golpe. La mejor prueba está en el “Acta Rivera”, que tiene valor histórico. Hoy día su original se encuentra en manos del ex ministro José Piñera, que sometió el papel a la prueba del carbono 14, para comprobar la fecha en que fue redactada, y cotejó lo expresado en ella con los asistentes todavía vivos a la reunión de que da cuenta. Tuve algo que ver en el hecho de su primera publicación, pues hace casi veinticinco años un amigo y colega abogado, Rafael Rivera Sanhueza, me mostró un documento manuscrito que él conservaba desde que había sido asesor jurídico de la Sociedad de Fomento Fabril, allá por 1972 y 1973.

El documento estaba escrito en un papel hilado amarillo, grueso, tamaño oficio. Cuando lo leí me di cuenta de su importancia histórica y le pedí una copia, que llevé a “El Mercurio”. El diario la publicó al domingo siguiente, 4 de junio de 1995, en la página D-4 de su Cuerpo de Reportajes.

Desde entonces el documento ha pasado a ser conocido como el “Acta Rivera” entre investigadores e historiadores. Su importancia deriva de que es un testimonio directo, respaldado por varios testigos abonados, acerca de lo que el principal político democrático del país esperaba de las Fuerzas Armadas en 1973. Y eso que él esperaba les fue pedido a través del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de ese mismo año.

Es decir, el “Acta Rivera” contribuye a probar que los uniformados hicieron exactamente lo que los representantes de la mayoría civil les pidieron que hicieran.

Veamos qué decía (y dice) el Acta:

“Hoy viernes 6 de julio de 1973, día frío de invierno, al anochecer, la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril concurrió a entrevistarse con el presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, quien había accedido a recibirla en las dependencias de la Cámara Alta, a las 18.30 horas.

“Integraban el grupo Raúl Sahli Watterman, en su calidad de presidente subrogante, ya que el titular, Orlando Sáenz Rojas, se encontraba en el extranjero; Eugenio Ipinza Poblete, segundo vicepresidente; Sergio López Vásquez, tesorero; Fernando Agüero Garcés, gerente general, y Rafael Rivera Sanhueza, asesor jurídico.

“Frei se demoró en recibirnos. Hubo que esperarlo en el salón de la presidencia alrededor de 45 minutos. Al ingresar, se excusó, expresando que había sostenido una reunión de emergencia con los senadores de oposición ante la grave situación que aquejaba al país.

“Los representantes de Fomento Fabril le representaron su inquietud por el giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del ‘tanquetazo’ del viernes 29 de junio último (nota mía: alzamiento frustrado del regimiento Blindados N°2, comandado por el teniente coronel Roberto Souper), que había originado una toma masiva de industrias.

“Se le dijo a Frei que el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana.

“Frei se paró de su sillón, abrió una caja de plata y ofreció cigarros ‘Partagas’ a los asistentes. Luego se sentó arrellanándose en forma pausada y solemne y dijo que agradecía la visita, pero que estaba convencido de que nada se sacaba con acudir a los parlamentarios y a las directivas políticas contrarias a la Unidad Popular, ya que la situación era tan crítica que los había sobrepasado.

“Claramente añadió, casi textualmente: ‘Nada puedo hacer yo ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema se arregla sólo con fusiles’, de manera que en vez de ir al Congreso debíamos ir a los regimientos. ‘Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo’.

“Acto seguido contó que un alto oficial de Ejército le había confidenciado que tanto él como su familia corrían serio peligro en el barrio alto, al cual le había respondido que él y su familia eran 12 personas y que en el barrio alto vivían decenas de miles de personas, razón por la cual su situación era en el fondo irrelevante, agregándole que él, como senador, había sido elegido por el pueblo para legislar, deber que estaba cumpliendo. ‘Ustedes, en cambio, tienen las bayonetas y deberían saber lo que tienen que hacer para salvar al país’.

“Nos despedimos, sorprendidos por lo que oyéramos de labios de Frei. Nos llamó la atención su claridad y su decisión, ajenas a su natural dubitativo y cauteloso.

“Siguiendo el consejo de Frei, nos dirigimos a pie por calle Morandé en dirección al Ministerio de Defensa. Serían alrededor de las 20 horas o más. Las puertas del ministerio estaban entornadas. Consultamos a la guardia si estaba alguno de los tres comandantes en jefe, manifestándole que deseábamos ser recibidos por alguno de ellos.

“Tras las consultas de rigor, se informó que ninguno de ellos permanecía en el edificio”.

Este documento prueba lo que los principales demócratas del país esperaban de los militares (emplearé en lo sucesivo este término genérico para referirme a todos los uniformados y policías que llevaron adelante el 11 de septiembre de 1973).

Todo eso sucedía “antes”, cuando el pánico cundía.

 Frei atestiguaba la alegría general

En efecto, el líder democratacristiano daba, en su famosa carta a Mariano Rumor, de 8 de noviembre de 1973, presidente mundial de la DC, otro antecedente decidor:

“El día 15 de septiembre (de 1973) varias radios del extranjero dieron la noticia de que yo había sido muerto. Muchas personas que las oyeron en Chile corrieron a mi casa y a la casa de mis hijos. En ese instante pensé que estando mi hijo Jorge en Roma, se desesperaría al saber la noticia. Por este motivo conseguí se me autorizara una llamada telefónica, para lo cual llamé a mi ex edecán, general Bonilla (nota mía: era el ministro del Interior). Creo que éste no es un delito (…). Le dije (a su hijo) que estuviera tranquilo, que nada me había ocurrido y que en general en el país reinaba tranquilidad y que incluso en las poblaciones habían aparecido banderas chilenas. Jorge le contó esta conversación a un periodista italiano que pasaba por amigo mío, el cual naturalmente la adaptó”.

Cuatro años después: Frei acredita popularidad de Pinochet

En el libro de Francisco Sánchez y Mauricio Schiappacasse, “Augusto Pinochet: el Reconstructor de Chile”, Maye, Santiago, 2010, p. 92, se lee:

Carta de Eduardo Frei Montalva a su yerno Eugenio Ortega en 1977:

            “Ayer (6 de marzo de 1977) fui al Estadio a ver el partido Chile-Perú. Nunca he visto un Estadio más repleto. A ese Estadio repleto y ya oscuro, porque había luz artificial, llegó Pinochet. Hubo un aplauso de todo el Estadio. No puedo asegurarle si las galerías se pusieron de pie, pero en la parte en que yo estaba, en las galerías colindantes a la marquesina, en una de cuyas orillas estaba, vi que se ponían de pie. No hubo un solo chiflidito. Quedé muy impactado. A mí todo el mundo me saludó en forma especialmente cordial. Donde yo estaba había mucho pueblo, y la verdad es que cuando llegó Pinochet se pararon como movidos por un resorte y aplaudían a rabiar. Este es el Chile de hoy.”

            En la biografía de Frei del historiador Cristián Gazmuri también se reproduce esta carta.

Un año y medio después: bendición de los obispos

La Iglesia Católica, a la cual, tras tantos años del ya mencionado lavado cerebral, suele presentársela como muy crítica del régimen castrense, opinaba de la siguiente manera, a través del Comité Permanente del Episcopado, en 1975 (cuando se habían producido ya más de las tres cuartas partes de las bajas de toda la administración castrense) en la declaración “Evangelio y Paz”, de septiembre de 1975, de la cual se reproduce algunos párrafos: 

“Nosotros reconocemos el servicio prestado al país por las Fuerzas Armadas, al liberarlo de una dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible. Dictadura que sería impuesta en contra de la mayoría del país y que luego aplastaría a esa mayoría. Por desgracia muchos otros hechos, que los propios partidarios del pasado gobierno hoy día critican y lamentan, crearon en el país un clima de sectarismo, de odio, de violencia, de inoperancia y de injusticia, que llevaba a Chile a una guerra civil o a una solución de fuerza. Lo ocurrido en tantos otros países del mundo en que minorías marxistas han impuesto o han tratado de imponer su dictadura contra la inmensa mayoría de sus habitantes, y no pocas veces con ayuda extranjera, era una clara advertencia de lo que podía suceder en Chile. Que estos temores no eran cosa del pasado lo demuestran, entre otros, la actual situación en Portugal y lo que se puede sospechar ocurre en Vietnam del Sur o en Cambodia. Es evidente que la inmensa mayoría del pueblo chileno no deseaba ni desea seguir el destino de aquellos países que están sometidos a gobiernos marxistas totalitarios. En ese sentido, creemos justo reconocer que las Fuerzas Armadas interpretaron el 11 de septiembre de 1973 un anhelo mayoritario, y al hacerlo apartaron un obstáculo inmenso para la paz.”

Un juez de “antes”: “Dejen a los militares hacer su trabajo”

El hecho de que el estado de excepción era bien acogido por la civilidad en 1973 y 1974 se desprende también de un episodio referido por el ex Presidente Aylwin en sus memorias, “El Reencuentro de los Demócratas”, relativo a su visita, a mediados de 1974 (y ya él tranquilizado de que la guerrilla no había prevalecido) al ministro de la Corte Suprema, Rafael Retamal, de conocida inclinación pro-democratacristiana, para impetrar una mayor preocupación por las detenciones y el trato a los detenidos. La respuesta de Retamal fue clarificadora:

“Mire, Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia, después llegará la hora del derecho.”

Los Informes Rettig y Valech, y más tarde, como veremos, hasta un comandante en jefe del Ejército “arrepentido”, hablaron muchos años después de los extremistas de izquierda como “las víctimas”. Lo único malo de estas “víctimas” era que “nos iban a matar a todos”.

Es que el magistrado le había oído anunciar precisamente eso, ante las puertas de los Tribunales, nada menos que al Intendente de Santiago, Jaime Faivovich, a la cabeza de una poblada, antes del 11, debido a su disgusto con un fallo judicial que hacía respetar el derecho de propiedad: “Habría que matar a todos estos viejos momios”. Y don Rafael se lo tomó al pie de la letra.

Apoyo de la DC al golpe

La DC ha sido el verdadero barómetro de estos cuarenta años de progresiva amnesia histórico-política. Personas afines a esa colectividad fueron determinantes para que hubiera un 11 de septiembre de 1973, como ya hemos visto: Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin, Andrés Zaldívar.

Este último estaba en 1973 decididamente a favor del golpe y, en su fuero interno, aunque hoy, como tantos, no lo reconozca, parece seguir estándolo. El 30 de agosto de 2013 me entrevistó un productor de programas televisivos que venía de hacer lo mismo con un alto oficial de Ejército (r) a quien le correspondió velar por la normalidad en el puerto de Constitución, ubicado en la zona que representaba Zaldívar en el Senado, en los caóticos días posteriores al terremoto del 27/F de 2010. El oficial le había relatado al periodista que cuando Zaldívar lo saludó, en Constitución, le manifestó sonriente y agradecido: “Ustedes nos han salvado por segunda vez”. Habló desde su fuero íntimo.

Pero en el año 2000 la amnesia nacional ya había sido oficializada, de modo que cuando una crónica de “El Mercurio” afirmó que el entonces senador DC, Juan Hamilton, temía que se recordara su concurrencia, disfrazado, a una reunión con oficiales de la Armada, antes del 11, y que después habría viajado a Europa a “justificar el golpe”, el senador envió al diario una molesta réplica, señalando que “ambas referencias se apartan de la verdad y han sido objeto de reiteradas aclaraciones”. Pero reconoció que el viaje a Europa, junto con “el encargado internacional de la DC, Enrique Krauss” había tenido lugar, pero que “no tuvo por objeto justificar el golpe”, sino “explicar a la superestructura política del viejo continente los esfuerzos de nuestro partido” ¡para evitarlo!

Pero en 2000 circulaba en Santiago el diario “El Metropolitano”, que si bien no logró sobrevivir, se caracterizó por publicar reportajes reveladores de hechos poco conocidos. Y en su edición del 6 de septiembre de 2000, bajo la firma de Víctor Osorio, publicó una investigación fundada en documentos inéditos en Chile, en particular uno aparecido en la revista “Chile-América”, números 4 y 5, publicada en Roma por exiliados chilenos, entre ellos José Antonio Viera-Gallo, ex DC y militante del MAPU, cuyo comité editor integraban, entre otros, el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton, connotado líder y fundador de la DC, que se había ido a Italia a comienzos de 1974.

Dijo “El Metropolitano”: “El documento señala que el 14 de septiembre de 1973, en casa de Javier Lagarrigue, íntimo amigo de Eduardo Frei Montalva, se produjo un encuentro entre el ex Presidente y su antiguo amigo, el general de división Oscar Bonilla, quien ha asumido la cartera de Interior. Aparte de Lagarrigue y de los dos personajes nombrados, sólo se encuentra presente el senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que fue ministro de Defensa (de Frei) (…) Frei aseguró que el partido apoyaría a la Junta Militar y se acordó el envío inmediato de una carta a los partidos de la Unión Mundial Demócrata Cristiana (UMDC). Se acordó también la urgente salida de una delegación del PDC al extranjero.”

“Diez días después, a las 20 horas, se cierra la redacción del documento que se había convenido enviar al exterior en nombre del partido. No es un informe de Patricio Aylwin, presidente nacional, sino una ‘Carta Demócrata Cristiana desde Chile’ N° 20, simplemente fechada ‘septiembre de 1973’ y que tiene el carácter de una publicación del Departamento Internacional del PDC. La suscriben Enrique Krauss Rusque y Federico Cumming Godoy, secretario ejecutivo de relaciones internacionales del PDC”.

La carta tenía poco más de cinco carillas y contenía párrafos como los siguientes: “En nuestra correspondencia de julio último dijimos que la acción del gobierno de Salvador Allende había colocado a la democracia chilena ‘entre la espada y el paredón’. Esto es, entre una salida militar, con todos los riesgos que ella significa, o una dictadura totalitaria”. Añadía que “la gran mayoría recibió aliviada la noticia del derrocamiento de Allende”, y reseñaba la declaración oficial de la mesa directiva del PDC, dada a conocer el 12 de septiembre, subrayando la frase en la cual sostenía que los propósitos de la Junta Militar “interpretan el sentimiento general y merecen la patriótica colaboración de todos los sectores”.

La gira del desengaño DC

La revista “Chile-América” indica que el 16 de octubre de 1973, “con la aquiescencia de la Junta Militar salen de gira a América Latina y Europa los dirigentes DC Enrique Krauss (diputado), Juan de Dios Carmona y Juan Hamilton (senadores) para explicar las razones que ha tenido (el PDC) para apoyar el pronunciamiento militar”.

Siempre según “Chile-América”, “posteriormente, por separado, el presidente del partido, Patricio Aylwin, viaja a la República Federal Alemana para contactar con los dirigentes democratacristianos de ese país”. Y añade “Pedro Jesús Rodríguez, ex ministro de Justicia de Frei, y Alejandro Silva Bascuñán, presidente del Colegio de Abogados, ambos militantes demócrata cristianos, integran una delegación de juristas que realizan una gira de 32 días por países europeos en una acción destinada a mejorar la imagen internacional de la Junta. Algunos periodistas señalan que también tiene como misión hacer consultas para la redacción de una nueva Constitución en Chile”.

“Chile-América” señala que Radomiro Tomic solicitó reconocer la existencia de “criterios políticos claramente disímiles”. Estas palabras de Tomic estuvieron destinadas a lograr el ‘leal reconocimiento de esta realidad, interna e internacionalmente’ y no andar proclamando ‘unanimidad’ y que las diferencias representaban ‘sólo matices’, como lo sostuvo en la misma reunión uno de los tres personeros del Partido que fue a Europa, pretendiendo llevar la representación de la DC a explicar en esos países lo ocurrido en Chile.

“Chile-América” añadió que en febrero de 1974 partió a Europa Bernardo Leighton para dar otra versión de lo ocurrido en Chile, pues en el Viejo Continente “experimentaron la necesidad de conocer los puntos de vista de alguna figura relevante del partido que les explicara la posición de los democratacristianos que habían condenado el golpe”.

Es notable que viajara Bernardo Leighton a hacerlo, en circunstancias que fue uno de los firmantes del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 que precisamente llamaban a los uniformados a intervenir.

Y la DC sesionaba con la Junta

“El Metropolitano”, en la misma edición, dio a conocer “otro capítulo de la historia, que vino a conocerse veinte años después del 11 de septiembre de 1973”.  Ese capítulo se conoció cuando el Partido Comunista, en 1993, dio a conocer actas de sesiones reservadas que realizó la Junta de Gobierno en los meses posteriores al pronunciamiento. Ellas fueron entregadas a la Comisión Rettig en 1991 pero no se hicieron públicas (pues la Comisión se formó para juzgar a los militares y no a la DC); sin embargo, el PC también las guardó, hasta que, en 1993, al cumplirse veinte años de la intervención militar, el partido rojo decidió darlas a conocer en su diario “El Siglo”, edición del 28 de agosto de dicho año.

Dijo el diario comunista que “la particular importancia que encierra esta publicación es la reveladora información que entrega acerca del papel que jugó la DC en el derrocamiento del régimen democrático y aun durante la propia dictadura, cuando asume una actitud de colaboración y sumisión hacia las nuevas autoridades”.

El director de “El Siglo” en 2000 dijo a “El Metropolitano” que “nunca hemos recibido un desmentido por la publicación de estos documentos”.

Entre ellos el diario reprodujo acápites del Acta N° 29 de la Junta de Gobierno, que señala: “En Santiago, a seis días del mes de noviembre de 1973, siendo las 16 horas, se reunió la Junta en sesión secreta”.

El primer punto y el más extenso de la tabla dice así: “Se recibe en audiencia a los ex parlamentarios señores Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton y Enrique Krauss, quienes dan una información general de la impresión que han podido recoger en su visita a Europa en relación con los últimos acontecimientos ocurridos en el país.

“A su juicio, Roma es el centro de la propaganda mundial en contra de Chile y donde se estarían reuniendo los ex embajadores que no regresarían al país, estimando que la situación con Italia no podrá arreglarse antes de cuatro o cinco meses, lo cual puede repercutir en alto grado en los embarques y desembarques de productos de Chile, muy en especial en lo referente al cobre.

“En síntesis, consideran que esta intensa campaña en contra de Chile será mantenida a toda costa a fin de transformar nuestra situación como en un Vietnam publicitario”.

A este respecto la Junta acordó “impartir instrucciones precisas al Ministro de Economía y a Codelco respecto del problema de la entrega de cobre a Italia.”

Termina la crónica de “El Metropolitano” señalando: “En la Carta Demócrata Cristiana desde Chile, de septiembre de 1973, se había señalado que el partido espera con la más absoluta tranquilidad el juicio de la historia”.

En definitiva, la campaña propagandística contra la Junta en Europa fue demoledora y finalmente se impuso no sólo allá, sino en todo el mundo y, lo más sorprendente, en Chile, donde al cumplirse los 40 años del golpe la amnesia no sólo ha acometido a la DC sino a la propia derecha que apoyó el pronunciamiento y formó parte del Gobierno Militar.  

            Este “Vietnam publicitario” de origen soviético (KGB) produce hasta hoy sus devastadoras consecuencias, entre ellas las de haber puesto contra la Junta a Frei Montalva, Aylwin, Zaldívar, su partido y un largo etcétera que incluye, se reitera, hasta a los partidos de derecha, que han modificado sus “Declaraciones de Principios” para borrar de la memoria colectiva su apoyo al Gobierno Militar y su participación en él hasta el último día. ¡Hasta el Ejército se ha pasado al bando contrario, como veremos!

            Es que resulta increíble hoy, en 2019, ver como todos han olvidado todo

lo que decían, pensaban y hacían en esos primeros y cruciales meses, especialmente cuando justamente entonces se producía la mayor parte de las muertes del enfrentamiento armado entre el Gobierno Militar y la subversión de extrema izquierda que preparaba un golpe para tomar poder.

Frei: “los políticos tenemos que callar”

Es importante el dato de los caídos en 1973, ese 57 por ciento del total 73-90, dado más arriba, porque justamente, en esos meses, personalidades como Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin hacían declaraciones al extranjero defendiendo la acción militar.

Frei declaraba al “ABC” de Madrid: “Los militares han salvado a Chile”, pero añadía mucho más y sus declaraciones las publicó “El Mercurio” de 12 de octubre de 1973. He aquí algunas:

“Lo que el mundo no sabe es que los marxistas chilenos disponían de armas superiores en número y calidad a las que estaban en manos de las Fuerzas Armadas.

“Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros (…) Las Fuerzas Armadas siguen encontrando depósitos de armas clandestinos. Los marxistas estaban preparando una guerra civil.

“Cuando un gobierno actúa como lo hizo Allende y se crean condiciones desfavorables como jamás se habían conocido (…) el derecho al levantamiento se convierte en un deber.

“Este es un momento en que los políticos tenemos que callar. No es nuestro momento. Es posible que yo un día publique un largo escrito acerca de nuestro partido, la Democracia Cristiana, pero hasta que lo tenga bien decidido, pensado y madurado, no quiero aparecer opinando en los periódicos…

“El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, y acaso por instigación de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales, que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes (…) Un armamento para más de 30.000 hombres, y el Ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero son vidas humanas, y muchas, y todas amenazadas perentoriamente. Y no puedo decir que estemos aun a salvo porque —ya lo ve usted día tras día— las Fuerzas Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer (…) Cuando se producen en un país condiciones que no se han conocido nunca, como en Chile, tan claras y abundantes en la historia del mundo, el derecho a la rebelión se convierte en deber. Es un derecho jurídico proclamado por todos los juristas e historiadores, como el Padre Mariana en España.

“La gente en Europa no se imagina lo que era esto. Viven ofuscados por la gran mentira del experimento de la democracia hacia el comunismo. Pero eso no es posible. Es una contradicción en los términos, una antinomia. Si Allende, que no era ideólogo, pero sí maniobrero, sabía que no era posible y por eso utilizaba, para engañarnos, la muñeca (…) Es alarmante que en Europa no se enteren. Este país está destruido. Necesita que se fijen en él. Necesitamos que prevalezca la verdad con documentos irrebatibles, con la divulgación de hechos vergonzosos. Este país está destruido hoy. Yo espero que también España lo comprenda. …

“La DC no deseaba esto, naturalmente. Usted no desea operarse de cáncer, pero llega un momento en que usted tiene que operarse el cáncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas y el pueblo solicitó su intervención insistentemente, estruendosa y heroicamente”.

Este último párrafo de la declaración al ABC no lo incluyó “El Mercurio”, sino que lo dio a conocer el historiador Gonzalo Rojas Sánchez en su libro “La Agresión del Oso”, El Roble, Santiago, 2003, p. 143.

                Subrayo una sola de las frases de Frei Montalva al ABC: “La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas”.

Los responsables del catastrófico “después”

            A mi juicio los tres principales responsables de que lo anterior se haya olvidado y se haya pasado de una situación de reconocimiento a las Fuerzas Armadas y Carabineros, como salvadores y reconstructores del país, a otra en que, contra toda legalidad y contra la verdad de los hechos, son denostados, perseguidos y encarcelados como criminales, han sido tres:

El primero, Patricio Aylwin, que a partir de 1990 diseñó toda una estrategia para culparlos y poner de su lado a los extremistas que llevaban a Chile a un régimen totalitario.

El segundo, Sebastián Piñera, que durante su primer mandato 2010-2014 multiplicó por tres las querellas ilegales del régimen post-2000 contra los ex uniformados, los desacreditó públicamente como autores de delitos y llegó hasta a llamar a sus propios partidarios, los mismos que habían votado por él para presidente en 2009 y que antes habían sido partidarios y colaboradores del Gobierno Militar, “cómplices pasivos” de supuestos ilícitos.

Y el tercero, Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército desde 2004, quien, para congraciarse con los enemigos del régimen militar, se rindió incondicionalmente ante ellos al declarar a su propia institución como responsable de “todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.

            Esos han sido los grandes artífices del proceso denigratorio de la Revolución Militar Chilena 1973 -1990 y de sus líderes y los principales responsables de la consiguiente miseria moral en que se desenvuelve el Chile actual.

CAPÍTULO II

DOS INSTRUMENTOS PARA LAVAR CEREBROS

            El masivo cambio de opinión de la mayoría ciudadana entre 1973 y hoy se ha llevado a cabo intencionadamente, usando instrumentos adecuados para lavar el cerebro de la gente y estructurar de una manera orwelliana, es decir, totalitaria (ver libro “1984”) los términos en que se la va a acondicionar para juzgar la historia reciente del país.

            Claro. ninguno de los dos instrumentos ideados habría prosperado sin una dosis grande de miseria moral subyacente y pre-existente en la sociedad chilena.

I.             Primer instrumento del lavado: Informe Rettig

            La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, formada por el Presidente Aylwin (1990-1994) por decreto número 355 de 24 de abril de 1990, fue un acto jurídico de astucia política, pero ilegal y nulo, pues confería a una Comisión la facultad de “averiguar, inquirir e investigar” materias delictuales descritas como “las más graves violaciones a los derechos humanos”, obligando a las autoridades y servicios de la administración del Estado a prestarle colaboración.

            Sin embargo, un Presidente no podía constitucionalmente crear semejante organismo ni ordenar eso. Sólo un estado de letargia colectivo podía permitirlo. Pues, según el artículo 73 de la Carta Fundamental, “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.”

            Como es obvio, “averiguar, inquirir e investigar” implican “conocer”. Y “las más graves violaciones de los derechos humanos” son hechos delictivos que caen dentro de la jurisdicción criminal, exclusiva de los tribunales de justicia. Luego, en un estado de derecho jurídicamente estructurado, ese decreto presidencial habría sido nulo de pleno derecho. Pero en Chile, en cuanto se refiere al régimen militar, no impera el estado de derecho y rige una especie de “ley de la selva política”, en que todo está permitido para algunos y nada para otros.

            Requisitos existentes para poder consumar la ilegalidad antes descrita: una derecha en pánico, la cual en lo único que pensaba era en que, salidos del poder los militares que la protegían, se le perdonara la vida. Por tanto, estaba sumamente agradecida de que “los momios no fueran al paredón ni las momias al colchón”, como se anunciaba durante la UP y muchos temían que sucediera si los uniformados volvían a sus cuarteles y la izquierda al poder. Como el ejército guerrillero rojo quedaba suelto o, peor todavía, gobernando o muy cercano al gobierno, la derecha aterrorizada y malagradecida, con bastante cinismo “tomó palco” diciéndose: “si los milicos aguantan que Aylwin los siente en el banquillo estilo Nüremberg y no hacen nada, eso es problema de ellos; aunque sólo hubieran hecho lo que la mayoría de los civiles les habíamos pedido que hicieran. Allá ellos”.

De modo que la derecha nada dijo ante la inconstitucionalidad y la Comisión se constituyó y trabajó. Menos iban a decir algo los DC, que lo estaban haciendo, ni la izquierda, la gran beneficiaria de la inconstitucionalidad. Lo paradójico fue que el comisionado más severo contra los militares era el más derechista de todos, el abogado e historiador Gonzalo Vial Correa, en cuyo descargo hay que decir que, quince años después, recapacitó y se erigió en “La Segunda”, con su inigualable pluma, en un sólido defensor de los militares contra los atropellos que cometieron y cometen los jueces a expensas de ellos. Esto se verá más adelante, como asimismo se verá que ya en 2005 Vial devino un detractor corajudo y severo del escandaloso Informe Valech, el segundo instrumento para lavar cerebros.

Pero en 1990 Vial todavía no había recapacitado y fue el principal redactor del Informe Rettig, que constituyó una intencionada y vil maniobra político-propagandística de Aylwin II. Las prensas oficiales no descansaron, imprimiendo millones de ejemplares. Según el ministro de Educación de 1991, el socialista-PPD Ricardo Lagos, aquel debería “permear” la enseñanza en los colegios.

Así como en los 70 Allende intentó imponer, sin éxito, la “Escuela Nacional Unificada”, en los 90 Aylwin II consiguió imponer, con éxito, una “Verdad Nacional Unificada”, cuyo principal defecto consistía en que era mentira. Pero casi nadie se atrevía a decirlo. Y todavía casi nadie se atreve hoy.

Pues en 1991 la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros emitieron declaraciones melifluas ante el recién evacuado Informe Rettig que las acusaba injustamente. El Ejército, en cambio, que tuvo la deferencia de llamarme a integrar el grupo que redactó su declaración, rechazó ese atentado contra la verdad y el derecho.

Pero el país mayoritario, siempre dispuesto a ser engañado cuando el presupuesto de propaganda es suficientemente grande, lo acogió como un texto sagrado. Y la “gran prensa” se inclinó temerosa ante el nuevo evangelio y le dio su bendición. Con eso el Gran Lavado Nacional de los Cerebros quedó listo para comenzar.

Parcial servicio a la verdad

Pero si bien la Comisión de Verdad y Reconciliación distribuyó injustamente las culpas, pues se las cargó a los uniformados y eximió de ellas a los agresores de la democracia, es decir, socialistas, comunistas, mapucistas, izquierdistas cristianos y miristas, sí prestó un parcial servicio a la verdad (porque a la reconciliación de que habla su nombre no le prestó ninguno, como vemos hasta hoy. Por el contrario, el Informe ha sido fuente de profundas odiosidades que había contribuido a disminuir y casi suprimir la Ley de Amnistía de 1978). Y también el Informe ha sido fuente de millonarios e injustos pagos a los principales cabecillas y ejecutores del terrorismo de extrema izquierda o a sus sucesores.

            Ese parcial servicio a la verdad antes mencionado consistió en sorprender al país y al mundo al acreditar que en casi 17 años de gobierno militar sólo habían perecido (o, en una minoría de casos, 979, supuestamente desaparecido), un total de 2.298 personas. La revista norteamericana “Neswsweek” había publicado en septiembre de 1973 que sólo en los primeros días después del 11 había muerto más gente que ésa. La Radio Moscú había voceado, por supuesto, centenares de miles de muertos. Los políticos socialistas, que habían ganado tribuna pública acá durante los 80, aseguraban en los foros a que concurrían que había muerto “más gente que en la Guerra del Pacífico” (Ricardo Núñez lo dijo en un foro en que estaba yo) y que había “miles de desaparecidos”, lo cual casi todo el mundo venía repitiendo por años, empezando por la primera dama norteamericana Rosalynn Carter, que hablaba de “15 mil desaparecidos” (véase cita más adelante).

Todos esos falsificadores y las “élites habladoras” quedaron momentáneamente desconcertados por el Informe con su balance de 1.319 muertos y 979 desaparecidos.

            Pero ésa fue, probablemente, su única contribución a la verdad. Su mayor pecado fue cumplir al pie de la letra lo que Aylwin II esperaba de él: que hiciera desaparecer las “milicias armadas fuertemente equipadas, que con la ayuda de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, se preparaban para instalar un régimen comunista totalitario” o “el poder bélico que tenía la Unidad Popular (que) no ha sido sino en parte revelado, y cuando el mundo lo conozca, se va a formar conciencia de que realmente se estaba preparando una toma total del poder por los comunistas por la vía armada, con una revolución sangrienta en que habrían descabezado a todos los mandos de las fuerzas armadas y a todos los equipos directivos no sólo nacionales sino que provinciales y medianos de los partidos democráticos”, como denunciaba Aylwin I en 1973.

Pues la parte esencial de la misión encomendada por Aylwin II a la Comisión Rettig consistía en desmentir a Aylwin I.

            La explicación de esto es que Aylwin I quería sacar al marxismo del poder, mientras que Aylwin II quería aliarse con el marxismo para poder gobernar sin subversión marxista. Fue una fría operación política. ¿Cómo logró concretarla? Nombrando una comisión, sólo aparentemente pluralista, que absolviera al marxismo de sus pecados, satisficiera el odio de éste condenando a los militares y aplacara la codicia e ímpetus revolucionarios congénitos del primero llenándolo de dinero.

Contaba con el miedo proverbial de los derechistas, entre ellos los propios miembros de esa tendencia de la Comisión Rettig, que temían ser “colgados de los faroles” (se lo oí textualmente a uno de ellos en los 80) al término del gobierno militar, del cual habían formado parte. Supuesto aciago destino que creían poder evitar si se hacían perdonar culpando de todo a los militares.

            Y así se configuró la mayor de las “miserias de la chilenidad actual”.

Informe Rettig desmentido por los hechos

            Pero los hechos desvirtuaron el Informe:

Uno, para empezar, y pese a que el Ejército había detallado en su presentación a la Comisión todos los caídos a manos de la guerrilla de izquierda, que fueron 423, el Informe Rettig sólo dio cuenta de 183 de ellos. ¡Ni siquiera leyeron los cuatro tomos del Ejército dirigidos a la Comisión!

            Cuando después de 1991 se designó una segunda Comisión, la de “Reparación y Reconciliación” (debió crearse porque mucha gente se dio cuenta de que podía obtener dinero si relataba algún abuso, real o imaginario, a manos de militares), resultó que ésta reconoció a 240 víctimas más de “particulares actuando por motivos políticos”, es decir, del terrorismo comunista-socialista que no se podía mencionar por su nombre. Un tercio más que los reconocidos por la Comisión Rettig.

En resumen, de los 3.197 caídos entre 1973 y 1990, determinados por ambas Comisiones, 423 lo fueron a manos de la extrema izquierda, pero sin nombrar al MIR ni al FPMR, cuyos terroristas fueron transmutados en “víctimas”, lo cual acogió después el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre en su defensa de su rendición incondicional, cuando habló de “las víctimas y mis camaradas de armas” en carta a “El Mercurio” que se verá más adelante.

            Dos, el Informe Rettig “tampoco se dio cuenta” de que José Manuel Parada, uno de los tres “degollados” en 1985, era un alto jefe comunista y cabecilla del FPMR y sólo consignó que era “Jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad y se encontraba haciendo un estudio del Comando Conjunto”.

            La verdad era que se había infiltrado para manejar los archivos y los documentos de la Vicaría y, de hecho, lo que ellos dicen fue escrito y redactado bajo la supervisión comunista. Esos archivos han sido después ampliamente usados por los medios de comunicación para desacreditar al régimen militar, pero son obra de una pluma terrorista roja. Precisamente la divulgada teleserie “Los Archivos del Cardenal” es un libreto de informes redactados bajo la autoridad de Parada.

            Tres, el Informe también oculta que el gobierno militar pidió la designación de un ministro en visita apenas conocida, en 1985, la detención ilegal del mismo Parada y otros dos altos dirigentes del comunismo y de su brazo armado, el FPMR, Guerrero y Nattino, los tres posteriormente asesinados. El Gobierno Militar quiso evitar ese desenlace, pero los tribunales dilataron la designación del sumariante y dieron tiempo a que los tres comunistas fueran asesinados por sus captores, que eran carabineros actuando al margen de toda autoridad superior.

Incluso más, fue la CNI la que, obrando bajo instrucciones de la Junta, le señaló al ministro en visita, tardíamente designado por la Corte, que los responsables del secuestro habían sido carabineros actuando por su cuenta, cosa que el ministro instructor, José Cánovas Robles, demoró años en admitir, pues sesgadamente pensaba que había sido una operación ilegal de la propia CNI.

            Cuatro, otro sesgo del Informe emana de que, generalizadamente, atribuye hechos delictuales a “agentes del Estado”, en circunstancias que “agente”, en su sentido natural y obvio, es una persona que obra con poder de otro y la expresión “agente del Estado” implica que la persona actúa mandada por la autoridad, en este caso, el Gobierno.

            La consecuencia de esta imputación implícita ha sido gravísima, pues ha generado en la opinión pública la impresión de que el gobierno militar encargó la comisión de delitos, en circunstancias que hizo todo lo contrario: quitó el mando de la DINA a su director y disolvió esta última precisamente por haberse comprobado que su gente cometió delitos; y la reemplazó por la CNI, a la cual, cuando también se le comprobó la comisión de delitos, la Junta le prohibió legalmente detener a persona alguna.

            Luego, fue una falsedad constante y crónica del Informe Rettig hablar de “agentes del Estado” cuando se trataba de actuaciones delictivas de personas que, en los hechos, no fueron mandadas por el Estado a cometer delitos.

            Cinco, también faltó a la verdad el Informe cuando señaló, en el caso de la muerte de los hermanos Vergara Toledo, que se trataba de “un falso enfrentamiento”. El enfrentamiento fue real y originado en que los hermanos dispararon, sin previa provocación, contra el carabinero Marcelo Muñoz Cifuentes cuando éste les requirió sus documentos de identidad.

            Seis, además, y como una conclusión general, el pleno de la Corte Suprema corroboró en mayo de 1991 la falta de veracidad del Informe Rettig en estos términos: “la Comisión no trepida en violentar el ámbito de sus atribuciones…; rebasó abusivamente las atribuciones que le habían conferido… ”recurrió a una cita maliciosa en perjuicio de los tribunales y extralimitándose en sus facultades… emitió un juicio apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos”.

Siete, se añade a lo anterior otro desmentido: se ha dado a conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que absuelve a los carabineros procesados por las muertes de dos cabecillas de la organización ilícita terrorista FPMR, Carlos Pellegrin y Cecilia Magni, que habían atacado un cuartel policial en Los Queñes, matando a un suboficial de Carabineros.

El Informe Rettig había dictaminado que ambos subversivos habían sido apresados y torturados, que la mujer había sido violada y que luego los cadáveres habían sido lanzados por los carabineros a las aguas del río Tinguiririca. El fallo de la Corte dice que nada de ello fue comprobado y que los miembros del grupo terrorista perecieron ahogados al tratar de cruzar el río en su fuga.

Ha tomado veintidós años desmentir este último infundio calumnioso del Informe Rettig, confeccionado sobre la base de averiguaciones de un archivero comunista y medio centenar de abogados, el 90 por ciento de los cuales era políticamente adverso al Gobierno Militar.

Pellegrin, el jefe comunista muerto, había recibido formación militar en Cuba, en el cuartel Punto Cero. Su nombre interno o alias era “Comandante José Miguel” y usaba también el de “Rodrigo” (“La Nación”, 31 de marzo de 1993). Y además era el comandante máximo del brazo armado comunista, el referido Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero tras su muerte esto siempre se ocultó y se dijo que el jefe máximo era el “Comandante Salvador”, alias de Galvarino Apablaza, buscado por la justicia por el asesinato del senador Jaime Guzmány hoy refugiado e impune en Argentina. Con lo cual, tras la fuga de frentistas de la Cárcel de Alta (¿?) Seguridad en 1994, no hay preso ningún responsable del asesinato del senador.

Ocho, también periódicamente se ha dado a conocer la falsedad de la calificación de personas como “detenidas-desaparecidas” hecha por el “Informe Rettig”, pues se ha ido comprobando que algunas están vivas o que desaparecieron al margen de toda intervención de agentes del Estado.

            Nueve, la parcialidad del Informe quedó de manifiesto en el famoso “caso Quemadores Quemados” de 1986. Las dos personas que resultaron con quemaduras, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, portaban elementos altamente incendiarios para lanzarlos contra vehículos y personas en una “Jornada de Protesta” opositora. El solo hecho de portar esos elementos incendiarios revela el propósito violento de la convocatoria.

            ¿Qué podía hacer la fuerza pública, sino tratar de proteger a la ciudadanía pacífica de esa violencia, y actuar contra los agitadores? Pero, como éstos resultaron quemados accidentalmente con sus propios artefactos, el “Informe Rettig” dictaminó que los autores de la ilicitud eran los agentes del orden y no los subversivos y dijo, refiriéndose a Rodrigo Rojas, que “fue víctima de grave violación a los derechos humanos, por cuanto su muerte, cualquiera sea el grado y la naturaleza de la responsabilidad individual de los involucrados, se produjo como consecuencia directa de las acciones u omisiones ilícitas de los efectivos militares” (negritas puestas por mí).

O sea, para la Comisión, los que impedían que los portadores de artefactos incendiarios se los lanzaran a la población civil ¡incurrían en una conducta ilícita! Y los que no podían cumplir su propósito de incendiar vehículos con gente, sufrían “grave violación a los derechos humanos”.

Ése fue el sesgo invariable del Informe Rettig. Más allá de ello, la justicia de izquierda, que se enseñoreó del Poder Judicial después del año 2000 -–primero excepcionalmente y luego de manera generalizada— reabrió el “caso Quemadores Quemados” en 2015, pese a que ya había sido juzgado por la jurisdicción civil en 1986 y, además, los hechos estaban prescritos.

Con motivo de este nuevo juicio, que es ilegal, se produjeron, sin embargo, interesantes derivaciones que dieron lugar a la siguiente columna, que publiqué en julio de 2015 del diario “Estrategia”:

“Propongo como “Ciudadano del Año” al ex conscripto Leonardo Riquelme Alarcón.

            “En 1986 integraba una patrulla que sorprendió a dos terroristas portando elementos altamente incendiarios y explosivos destinados a ser lanzados contra vehículos de locomoción. Cuando fueron detenidos, accidentalmente Riquelme pasó a llevar una de las botellas que los subversivos llevaban, la misma estalló y quemó a los terroristas, uno de los cuales falleció. Un ministro de Corte investigó el caso y determinó que la causa de las quemaduras había sido casual.

            “El año pasado, violando el debido proceso y las leyes de prescripción y cosa juzgada, un ministro sumariante de izquierda reabrió el caso (32 años después de los hechos), basado en que dos de los once conscriptos de la patrulla cambiaron su versión de 1986 y culparon a dos oficiales de quemar a los subversivos. Pero los otros nueve la mantuvieron. Entonces el ministro los encarceló durante largo tiempo, junto a los oficiales. En los nuevos interrogatorios, Leonardo Riquelme Alarcón reconoció que él involuntariamente había pasado a llevar la botella explosiva, a raíz de lo cual los subversivos resultaron quemados. Con eso exculpó a los dos oficiales. Para Riquelme habría sido fácil y ventajoso culparlos. Habría quedado libre y tal vez habría obtenido una ventaja económica como la que buscaban los dos conscriptos que cambiaron su versión. Pero eligió la honradez y la verdad, y por eso debió seguir preso, causando un grave problema a su familia, que vive de su trabajo de taxista. Hace unos días una asistente social de Gendarmería y un sujeto no identificado lo interrogaron y presionaron para obligarlo a decir que los oficiales le habían pagado, pero se negó.

            “Este ex conscripto ha mostrado mayor integridad que los jueces que los juzgan 32 años después y que algunos altos mandos que se han dado vuelta la chaqueta con tal de no ser perseguidos. Fue gracias a gente como Leonardo Riquelme que se triunfó a partir de 1879 sobre el enemigo externo y a partir de 1973 sobre el enemigo interno. Si hubiera más ciudadanos como él, podríamos confiar en que en Chile todavía no todo está perdido.”

II.            Segundo instrumento del lavado cerebral: el Informe Valech

Quince años después de la operación publicitaria que culminó en el Informe Rettig, la Concertación fraguó otra, más hábil y costosa para el erario aún, si cabe, pero más audaz e inmoral: el Informe Valech sobre torturas y supuesta “prisión política”.

Este engendro propagandístico produjo y sigue produciendo un enorme impacto en el país y en el exterior, porque mediante él se convenció oficialmente a la opinión pública chilena y mundial de que alrededor de treinta mil personas inocentes fueron en algún momento privadas de libertad por motivos políticos y torturadas; de que eso había sido una política de Estado y de que tales situaciones jamás se habían presentado antes en Chile. Pero las tres cosas eran falsas.

El entonces Presidente Ricardo Lagos resumió muy bien esas tres falacias, y añadió otras dos, en el discurso con que presentó el Informe Valech, la noche del 24 de noviembre de 2004:

“El informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable: la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile.”

En esas dos líneas y media Lagos se arregló para incluir cinco falacias:

Primera: que hubo prisión política. Si hubiera sido verdad, esto habría significado que a una persona se la privaba de libertad en razón de sus ideas, y en Chile, si hubo privación de libertad, la mayor parte de las veces fue transitoria y de personas vinculadas o sospechosas de estar vinculadas a terroristas de extrema izquierda que cometían numerosos atentados.

Cuando sí hubo prisión política y tortura fue bajo la UP, gobierno del cual Lagos fue alto funcionario y cuasi embajador (estaba a punto de ir a la Unión Soviética, el 11 de septiembre de 1973), como decía la mayoría democrática de la Cámara de Diputados en su Acuerdo de 22 de agosto de 1973, refiriéndose al régimen de la UP:

“g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas.”

Segunda falsedad: que las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado. Nunca una autoridad del Gobierno Militar consagró como práctica autorizada los apremios ilegítimos. El de la Revolución Militar fue un gobierno improvisado, que se encontró enfrentado a un ejército subversivo numeroso y una política de represión preestablecida y de antigua data, que había sido objeto de acusaciones de tortura en los dos gobiernos anteriores. Como esas acusaciones de tortura por primera vez adquirieron carácter internacional, porque las hizo suyas el KGB soviético y las esparció por el mundo, el recién instalado gobierno chileno debió reaccionar ante ellas y por algo los pocos procesos de que se tiene registro en Chile, derivados de la aplicación de torturas, se incoaron, precisamente, bajo el Gobierno Militar: 1) El del llamado “Comando de Vengadores de Mártires”, “vengadores” que pretendían castigar a los autores de atentados explosivos que habían costado la vida a uniformados. Este Comando, de mediados de los años 70, estuvo formado por personal de Investigaciones que en sus interrogatorios aplicó apremios ilegítimos al militante del MIR Eduardo Jara Aravena, tras el atentado mediante el cual dicho grupo terrorista dio muerte al coronel Roger Vergara. Tras fallecer Jara debido a los apremios y ser comprobados los mismos, la justicia condenó a los detectives. En los hechos, Jara Aravena fue apresado, interrogado, torturado y luego liberado, pero se sintió mal y acudió a la Posta N° 4, donde falleció.

Y 2) también, en los años 80, fue condenado el mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez, por apremios ilegítimos que causaron el fallecimiento de un transportista, Mario Fernández, que trabajaba para el FPMR, según ha reconocido el jefe de esta asociación ilícita terrorista, Sergio Buschmann. Tras los golpes propinados al transportista en el vientre, éste se sintió mal y Herrera Jiménez lo llevó a un hospital, donde falleció, lo que facilitó la inculpación del oficial, que fue condenado a diez años de presidio.  

Tercera falsedad de Lagos: si bien en todos los gobiernos hubo lenidad frente a las denuncias de torturas, ello no autoriza a hablar de “práctica institucional de Estado”. Era una práctica, pero no institucional ni del Estado, sino, en el peor de los casos (el peor fue el del gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, como lo demuestra el episodio sufrido por el presidente de la Juventud Nacional, Juan Luis Ossa, en enero de1972) cuando la tortura fue tolerada y encubierta por el gobernante, que no removió de su cargo al torturador, el subdirector de Investigaciones. Pero los procesos y condenas antes citados revelan que bajo el Gobierno Militar no fue tolerada ni encubierta como en los regímenes anteriores de Frei y Allende.

Cuarta falsedad: que la tortura fuera “ajena a la tradición histórica de Chile”. Que lo haya afirmado Lagos resulta irónico, porque precisamente él firmó en 1970 una denuncia contra el gobierno de Frei Montalva por torturas. Es decir, se puede probar que era anterior al Gobierno Militar y frecuente. Más adelante se volverá sobre esto.

Y la quinta falsedad de Lagos es implícita y trasciende tanto a la totalidad de su discurso como a la integridad del Informe Valech: no se menciona ni por asomo la amenaza armada subversiva, que daba origen a la acción de las fuerzas de seguridad para reprimir el terrorismo y descubrir a los autores de atentados, prevenir otros y capturar a quienes tenían las armas ilegales.

Carencia de Seriedad

El Informe Valech produjo un enorme impacto político y publicitario. Era lo que se perseguía. Pero carecía y carece de objetividad. Fue analizado y severamente objetado por el historiador Gonzalo Vial, quien había recapacitado desde 1991 y en 2004 observaba:

“1° Si (…) hubiera examinado los 35.865 casos, la Comisión, que trabajó trece meses, habría tenido que estudiar entre 130 y 140 casos por día.” (...)

Eso, obviamente, es absurdo. Pero en el país de los cerebros lavados “pasa”. Sigamos citando a Vial:

“2° La inmensa mayoría de los casos descansa en el solo testimonio de la persona que se declara víctima.

“3° El propio Informe dice que ‘tampoco ha sido posible calificar la situación de tortura de acuerdo a su gravedad’. Es decir, un simple maltrato puede pasar por tortura. ¿Y qué es maltrato? Cualquier cosa.

“4° El mismo Informe confiesa que ‘no ha sido posible disponer de la acreditación de la tortura mediante informes médicos u otras formas de constatación de las lesiones o secuelas’.

“5° (...) para muchas personas, el relato de los hechos y las circunstancias de su detención demandaron un esfuerzo de memoria realizado treinta años después de su ocurrencia.

“6° Los testimonios permanecerán confidenciales durante cincuenta años, de manera que nadie puede defenderse de ellos.”

Como también dice Vial, cuando en 2055 se publiquen las declaraciones, y vista la imposibilidad de los acusados de defenderse, sus descendientes quedarán convertidos en “familias de psicópatas”.

El capítulo III del Informe Valech, titulado “Contexto”, merece el siguiente comentario al mismo historiador, Gonzalo Vial:

“El capítulo ha sido escrito con tal sesgo y abanderizamiento apenas escondido, que no sirve absolutamente para el efecto indicado.” Y critica el sesgo del Informe por no aludir a que el terrorismo del MIR y del FPMR se habían intensificado, lo que incidió en más denuncias de tortura:

“Omite también señalar que el neo terrorismo asume entonces sus formas más extremas y nocivas: a) el asesinato selectivo y b) las bombas de espanto, que pueden matar y de hecho matan a cualquiera (...) no importa a quién, pues su objetivo es aterrar a todos. Ambos procedimientos, precisan sus estrategas, deben provocar la ingobernabilidad y el caos. En definitiva, la caída del Gobierno.

“Tratemos de seguir, muy resumido, el desarrollo del proceso.

“Son el MIR y el PC los que cumplirán esos planes, mediante sendas ‘Operaciones Retorno’: exiliados que, luego de entrenarse en Argelia, Libia, Cuba, etc., vuelven al país clandestinamente.

“El MIR se adelanta con una serie de ataques santiaguinos, desde los últimos meses de 1979 hasta diciembre de 1980. Un carabinero que custodia la ‘llama de la libertad’ (cuyo emplazamiento era entonces el cerro Santa Lucía), es asesinado. Un posible agente de la CNI muere al matarlo a tiros dos extremistas en su propio hogar, mientras come con su mujer e hijas pequeñas. Un segundo agente de la CNI, éste reconocido, cae sin vida a la puerta de su casa, acribillado por un cuarteto terrorista. Igual suerte corre una mujer policía, quedando malherida. Tres detectives de guardia nocturna ante la casa del Ministro Jefe del Estado Mayor Presidencial, perecen dentro del automóvil de servicio: les acribillan desde una camioneta que pasa. Etc. (...)

“¿Y el Partido Comunista?

“Ha sido más paciente y prudente, ‘retornando’ hombres casi a la par del MIR, pero manteniéndolos inactivos y clandestinos hasta que se aclimaten, consoliden sus nuevas (y falsas) identidades, y surja la ocasión propicia para actuar.

“Esta vendrá con las ‘protestas’ de los años 1983 y posteriores. Mediante su brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el partido entra al neo-terrorismo con brutal ímpetu, bombas incluidas. Pero su método clave es hacer de las protestas, sistemáticamente, nocturnas batallas campales libradas en las poblaciones, con muertos, heridos, saqueos y vandalismo. El FPMR crea a ese fin una carne de cañón joven, prescindible (no entrenada militarmente), que lanza al sacrificio: las ‘milicias rodriguistas’.” (“La Segunda”, 1 a 3 de septiembre de 2004).     

Los países ante el terrorismo

Es sabido que todos los países adoptan políticas de emergencia, que dan lugar a acusaciones de tortura, cuando se ven amenazados por el terrorismo.

El caso de Israel es patente. Año a año aprobaba una legislación que le permitía aplicar tormentos a los sospechosos que caían en sus manos, si bien últimamente ha dejado de dictarlas. De la misma práctica se ha acusado a los EE. UU., que efectivamente reconocen haber legalizado formas de tortura, como el “waterboarding” (semiasfixiar al interrogado con agua, permitiéndole respirar sólo cuando está a punto de ahogarse). La película documental “La Noche Más Oscura” detalla que la información necesaria para capturar a Osama Bin Laden, asesinarlo junto a familiares y colaboradores y luego lanzar su cuerpo al mar, fue obtenida mediante la tortura, autorizada por el gobierno “liberal” de Barack Obama.

La propia ex candidata presidencial y ex secretaria de Estado demócrata, Hillary Clinton, ha declarado que está de acuerdo en que la seguridad nacional debe primar sobre los derechos humanos. En efecto, el periodista Wulf Blitzer le preguntó al senador demócrata Dodd qué era más importante, si los derechos humanos o la seguridad del país, y aquél contestó:

“Obviamente, la seguridad nacional, mantener el país a salvo.”

Y después Blitzer le preguntó a Hillary Clinton si estaba de acuerdo, y ésta contestó: “Concuerdo completamente con eso.” (“Time”, 3 de diciembre de 2007).

El historiador Gonzalo Vial, que, como antes se dijo, después de 2000 se ha escandalizado del sesgo de la justicia contra los militares y de la prevaricación que se comete para condenarlos, también ha recordado las actitudes de naciones respetables y respetuosas de los derechos humanos ante el desafío terrorista, en “La Segunda” del 3 de septiembre de 2004:

“Los países más desarrollados, civilizados, liberales, tan pronto enfrentan el terrorismo ven aparecer, como una maldición, la tortura. Algunos ejemplos:

“1°. La Cuarta República Francesa, antes de De Gaulle. Epítome de la democracia partidista, pluralista, igualitaria, y del legalismo, cae sin embargo en la tortura —y una que hace historia, por su mezcla de crueldad y sofisticación— dirigida contra el terrorismo de los argelinos que demandan su independencia.

“2°. Gran Bretaña, cuna de las libertades públicas. Recuerdo la mesa de los almuerzos de ‘Qué Pasa’, a comienzos de los años ’70, cuando un entonces joven Robert Moss, periodista y novelista inglés de fama, pontificaba con cierta suficiencia para enseñarnos —decía— algo que los chilenos ignorábamos: que la represión del terrorismo puede hacerse con respeto del marco legal y desde luego sin tortura. Era, agregaba, la política de su patria, Inglaterra, respecto de la IRA irlandesa. Un poco tiempo más y se hacía público que los ingleses empleaban habitual y extendidamente los más duros apremios ilegítimos contra ese movimiento terrorista.

“3°. España post franquista, democrática y socialista. Gobierna Felipe González. A su momento se descubrirá que existe una policía secreta dentro de las policías secretas, creada por el mismo Gobierno, que opera sin barreras éticas —tortura incluida— para reprimir el terrorismo vasco de la ETA.”

Un mandato de la decencia

Me impresionó una carta que apareció en “Las Últimas Noticias” el 7 de diciembre de 2004, a días de publicado el Informe Valech. Daba la impresión de que en el país quedaba un resto de decencia (minoritario, por cierto, y aparentemente hoy, quince años después, completamente extinguido):

“El 11.09.1973 yo tenía veinte años, estudiaba tercero de Ingeniería en la U; era dirigente de alumnos y vocal FECH. Realizaba activismo político-sindical en el Cordón Vicuña Mackenna, por orden del Departamento Nacional Sindical del Partido Socialista. Milité en el PS desde los 14 años de edad, como dirigente secundario. El 11 fui destinado a apoyar la resistencia en la empresa IRT del Cordón, esperando armas para defender el gobierno popular. (...) Los riesgos los teníamos claros. (...) fui detenido el 11/09 por FF. EE. del Ejército, que allanaron las fábricas, donde no hubo ninguna resistencia. Fui trasladado al Estadio Chile y cerca del día 18 o 19/09 llevado al Estadio Nacional. Junto a muchos otros fui dejado en ‘Libertad Condicional’. ¿Por qué? Hasta hoy lo ignoro. (...) Sufrí lo inimaginable; no sé cuántas veces fui objeto de simulacros y otros tormentos, que hasta la fecha no los he mencionado ni los mencionaré. ¿Para qué? (...) Yo no rasgo vestiduras. Asumo lo que me tocó vivir en esa época y en esas fechas y en esas circunstancias. Por eso no concurrí a declarar a la Comisión (Valech): porque yo sabía en lo que estaba metido y lo que podía pasar. (...) Rabia, porque muchos de quienes nos indujeron y a quienes veíamos como nuestros líderes en la tarde del 11 estaban asilados. Pero hacerme pasar por víctima, ¿víctima de qué, si yo también, a pesar de mi juventud, sabía lo que se venía y a lo que estábamos expuestos? (...) ¿Que el golpe me dejó una herida abierta? Claro que sí, pero el tiempo se ha encargado de cerrarla, aun cuando es imposible borrar la cicatriz que tengo en el alma. Pero asumo, y por eso no concurrí a la Comisión. Conozco personas detenidas por diferentes circunstancias, sin torturas físicas, por breves períodos de tiempo y que han declarado ante la Comisión. Allá ellos y si les satisface o no la pensión que les entregarán. (...) Pero no usufructuaré de una situación y de una ventaja económica por haber hecho y actuado como lo hice y obré hace 30 años. El que casi un 70% de quienes declararon ante la Comisión haya sido por situaciones de los primeros meses del golpe me parece un aprovechamiento de unos cuantos, pero allá ellos. (...) Acuso mi propio mea culpa sin chivos expiatorios ni caza de brujas. Tratando de entender el contexto histórico en el cual fuimos presa de un odio y pasión política que ojalá nunca más vuelva a ocurrir. Ahora es fácil cargarse la culpa los unos a los otros. Ahora es fácil hablar de la locura de esos años, pero creo muy difícil hacerlo mediante una reflexión honesta, pura, sin odios y transparente como la que he tratado de relatar. Por ello no fui a declarar a la Comisión y eso me tranquiliza. (Fdo.) José M. Flores Burgos.”

            No todo, reconozco, es miseria moral en la chilenidad actual.