DESTELLO DE LEGALIDAD

Es increíble que la mera aplicación de un precepto constitucional claro por parte de un tribunal genere en Chile una crisis política. 

Es tan evidente que en el país no impera un estado de derecho (que es la traducción de la rule of law anglosajona) que el Partido Socialista gobernante califica el fallo del TC como "un hecho lamentable" y considera responsables a las ministras cercanas al Frente Amplio que lo suscribieron. 

Es que la izquierda se ha acostumbrado a que las causas se fallen, no de acuerdo a derecho, sino según su propio sentir político. Se ha acostumbrado a los miles de sentencias de la justicia ordinaria violatorias de los fundamentos básicos del derecho penal y basadas en una "ficción jurídica". 

Se ha acostumbrado también a la impunidad de los atropellos a la Constitución. Y cuando, por excepción, se aplica la legalidad, lo considera una deslealtad política, en este caso del Frente Amplio, próximos al cual son las juezas que aportaron los votos para sancionar el más reciente atropello.

Este fallo ha merecido el elogio, en columna ad hoc, de Carlos Peña en El Mercurio. Y un primer editorial del mismo diario corrobora la tesis de defensa constitucional. 

Pero este fallo más parece sólo un destello de legalidad en medio de la inexistencia del estado de derecho.

En efecto, más adelante el mismo artículo 60 de la Constitución establece que "cesarán asimismo en sus funciones los diputados o senadores ... que propicien el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución". No obstante, desde mediados de 2022 en adelante el mismo rector-columnista Peña, el mismo diario en que escribe y también el Presidente de la República, Gabriel Boric y su antecesor, Sebastián Piñera, mediante el "Acuerdo por Chile" entre ambos, promovieron el "cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los señalados en la Constitución", violando flagrantemente el mismo artículo 60 que ahora el TC ha hecho respetar.

Y entonces todos los parlamentarios de gobierno y de oposición incurrieron en la misma causal de cesación en sus cargos que Isabel Allende. Pero en el caso de todos ellos sin que nada les sucediese ni nadie pidiera destituirlos. Había pleno acuerdo político para violar la Constitución. ¿De qué estado de derecho estamos hablando?

Este fallo ha sido, pues, sólo un destello. Ojalá fuera un precedente a ser imitado por los tribunales y los poderes públicos que reiteradamente han abandonado la posición legal, llevando a que en los análisis internacionales la democracia chilena haya descendido de "plena", como lo fue mientras se respetaban la Constitución y las leyes, a "defectuosa", como la cataloga un informe de The Economist, que se hizo cargo del permanente atropello chileno a la juridicidad.