"Cumplimiento" de una Promesa Electoral

Si hubo una promesa del candidato Sebastián Piñera que quedó clara para aquellos a quienes la formuló fue la de velar porque se aplicaran las leyes --y en particular la que consagra la prescripción como eximente de responsabilidad penal-- a los uniformados que salvaron al país de la asonada armada marxista.
Ellos entendieron la promesa de manera muy clara, pero la misma no se ha cumplido bajo ningún respecto, pues el gobierno de Sebastián Piñera no ha hecho nada por favorecer legalmente (velando por aplicar las leyes que les son desconocidas, e incluso los beneficios carcelarios que les corresponden) a los uniformados procesados.
Y ahora, como en otras materias, este "V Gobierno de la Concertación" ha ido más allá que los otros cuatro, al asumir la calidad de querellante por el supuesto asesinato del Ministro del Interior del gobierno de Allende, José Tohá, que puso fin a su vida en el hospital en que se hallaba internado y detenido.
¿Por qué durante 36 años esa querella no se había interpuesto, siendo que en veinte de esos años los correligionarios de Tohá estaban en el gobierno y una hija suya era una destacada dirigente y parlamentaria? Obviamente, porque no había base para ello, no había evidencia que sustentara la tesis del asesinato.
Pero, como tantas veces lo he señalado, en nuestro país no existe lo que se llama el estado de derecho, es decir, el régimen en que las leyes son respetadas y hechas respetar, tratándose de casos que afectan a uniformados. Y, crecientemente, tampoco en otros "políticamente sensibles", como los que envuelven a mapuches o rapa nuis, como lo estamos viendo.
La querella del Ministerio del Interior implica desconocer las leyes de amnistía y prescripción, aparte de contradecir hechos tenidos por ciertos durante 36 años, sin que se hubiera en todo ese tiempo presentado prueba alguna que desvirtuara la realidad del suicidio.
¿Por qué surgen ahora esas pruebas, tras un tiempo suficientemente largo como para hacer que todas las evidencias materiales y los testimonios se hayan debilitado o desvanecido, lo que precisamente favorece un montaje policíaco-judicial para modificar la realidad?
La querella de Interior es una acción polìtica, no legal, pues jurìdicamente no tiene sustento alguno. Los códigos ordenan a los jueces poner inmediatamente término a toda acción que se inicie por un delito respecto del cual las resposabilidades se encuentran extinguidas.
Así como se manipularán los hechos para favorecer la finalidad política que busca el Gobierno (congraciarse con la izquierda, obsesivo sueño del gobernante que declarara a Volodia Teitelboim como "gran chileno de todos los tiempos") también se manipulará el derecho, pues se dará vigencia a leyes que son inaplicables jurìdicamente al caso, primero, por no corresponder al tipo penal y, segundo, por haber sido dictadas o incorporadas al ordenamiento chileno después de acontecidos esos hechos.
Se ponen de manifiesto, pues, tres rasgos que han acompañado a la administración de Sebastián Piñera desde que asumió el poder: primero, incumplimiento de una promesa electoral; segundo, abrazar banderas de la Concertación y, tercero, inferir un agravio más al gobierno que apoyaron casi todos los votantes que sufragaron por él para hacerlo Presidente de la República.