lunes, 8 de febrero de 2016

¡Que los Savonarolas Locales Se Callen!


          El sábado un columnista de “El Mercurio”, a quien tengo por afín a RN, exigía a la UDI una condena pública y explícita contra Pablo Longueira.

          ¿Sabe “el terreno en que pisa”? ¿Sabe “la chichita con que se está curando”?  ¿Sabe que “tiene tejado de vidrio”?

          Quiere que la UDI condene a Longueira por haberle pedido financiamiento electoral a SQM.

          ¿Y por qué, entonces, no le exige a RN que condene a Sebastián Piñera por haberle pedido financiamiento electoral a SQM?

          Y hay una pregunta peor: si el día de mañana RN proclama como su candidato presidencial a Piñera (quien, como he anticipado –ver mi blog del 21.12.15-- ya compró la candidatura ¿también el columnista defensor de la incorruptibilidad política va a emplazar a ese partido, en nombre de la ética, a repudiar públicamente a su candidato?

          Tendría que verlo para creerlo.

          Este país no está preparado para ser incorruptible. Al contrario, en mi opinión (formada sobre la base de lo que sé y lo que veo) es profunda y extendidamente corrupto. La gente que importa lo sabe, pero no quiere que todos lo sepan. A estas alturas, vistas las revelaciones de los casos Caval y SQM, hay un pacto tácito para que “the shit doesn’t hit the fan”. Lo pongo en inglés porque en este blog no se admiten groserías en castellano. Ese pacto tácito lo ha puesto en evidencia el fiscal parecido a D’Artagnan, que es el que quedó una vez removidos los tipos más incómodos, al decir que “no estima necesario citar a declarar a la presidenta Bachelet ni a Sebastián Piñera”. Porque, si lo hiciera, ahí sí que “the shit would hit the fan”. Y al decir lo que ha dicho, nos está comunicando que estemos tranquilos, que ya todo está arreglado. “Uno para todos y todos para uno”.

Porque todos sabemos que el negocio estrella de Caval consistía en que un banco prestara la plata para comprar el terreno y después la autoridad cambiara el uso de suelo para valorizar el terreno; y que ambas cosas se podían conseguir si “la señora” las pedía u ordenaba. Y también todos sabemos que Piñera le pidió plata para su campaña a SQM y después la usó para pagar a sus ejecutivos Conca y de Aguirre; es decir, hizo algo peor que lo que hizo Longueira, pero si el fiscal parecido a D’Artagnan dice que no lo va a citar a declarar es porque ya está garantizado que “the shit will not hit the fan” y debemos estar tranquilos.

          Pero, por favor, que los Savonarolas a la violeta chilenos no se metan  a enredar las cosas, porque entonces, si obligan a la UDI a quemar en la hoguera a Longueira, alguien va a decir que se investigue a Piñera desde el Banco de Talca para adelante, pasando por la compra de LAN a la Corfo, la compra de acciones con información privilegiada, la condena de LAN por colusión, su intervención como Presidente en el caso Cascadas, el pago de coimas en Argentina para conseguir permiso de vuelo y por qué se dieron vuelta los votos en la Cámara para pedir la grabación de la compra de acciones y para formar una comisión investigadora del caso en Argentina; de su moción  para obligar a los bancos a pagar intereses en cuenta corriente cuando no le querían pagar lo que él pedía por Bancard y una larga lista de otras preguntas incómodas. Y van a empezar a investigar todo lo que hacía Caval cuando Sebastián Dávalos era su gerente y su madre era segura futura Presidenta… y “the shit will hit the fan”.

          No. Tranquilos. No hay problema. Pero que los Savonarolas locales se queden callados.

viernes, 5 de febrero de 2016

"Pasa Piola" Una Vez Más


          Si usted quiere sacar lecciones de la vida de Sebastián Piñera no haga todo lo que hace él, porque entonces puede no irse al Cielo. Pero sí hay una lección útil que repetidamente nos da y que ha vuelto a quedar patente hoy día: “Siempre es preciso tener alguien a quien echarle la culpa”. Excelente receta.

          En “La Tercera” (05.02.16, p. 33) se da cuenta de que Ignacio Cueto, gerente de LAN, ha sido condenado a una multa en los EE. UU. por la “Securities and Exchange Commision” (SEC) porque en agosto de 2006 pagó US$1.150.000 a un “consultor” (Manuel Vázquez, asesor del entonces Ministro de Transportes de Kirchner, Ricardo Jaime) “para que se modificara el contrato colectivo con los mecánicos”. Bien, después de nueve años y medio, LAN ha llegado a un acuerdo con la SEC. La “sacó barata”, pues la multa es de US$75.000, y el resto del castigo consiste en que debe contratar clases de ética para sus altos ejecutivos y cumplir un “estricto manual de buena conducta”.

          ¿Qué tiene que ver Sebastián Piñera con todo esto? Aparentemente nada, porque la información de “La Tercera” no lo menciona y no he visto que lo nombren (y ni siquiera tratado el tema) en ningún otro medio. Pero como existe este blog, usted, el país y el mundo pueden saber o recordar algo más.

Si consulta mi comentario del 30 de octubre de 2010, titulado “Modus Operandi” (referido a los procedimientos habituales del protagonista), leerá que Sebastián Piñera era en 2006 el socio controlador de LAN, junto con la familia Cueto, y viajó a Buenos Aires a entrevistarse con Néstor Kirchner, a la sazón Presidente de Argentina, porque a LAN no le daban autorización para volar en ese país. Sebastián sabe cómo se arreglan estas cosas y Kirchner también lo sabía, de modo que lo mandó a hablar con su Ministro de Transportes, Ricardo Jaime y éste le recomendó los servicios de Manuel Vázquez, que era asesor suyo. Al final, Kirchner dictó el decreto 1012 autorizando los vuelos a LAN, pues encontraron una solución muy conveniente: existía una compañía que no tenía aviones pero sí permiso de vuelo. LAN, que tenía aviones pero no permiso de vuelo, la compró por un precio razonable. Y entonces fueron depositados US$1.150.000 en la cuenta de Vázquez y su señora en Roanoke, Florida, EE. UU.

          En ese tiempo el diario “La Nación” de Buenos Aires habló de sumas mucho mayores, insinuando que “algo debía quedar” para Jaime y Kirchner, pero al cabo de nueve años y medio ahora resulta que el tema se redujo a la cantidad antes indicada y la culpa fue sólo de Ignacio Cueto, quien debió confesar a la SEC que “sabía que el consultor no llevaría a cabo un estudio (y) no informó a nadie en LAN que el contrato lo declaró falsamente con propósito de los pagos al consultor”.

          Pero, en su momento, el escándalo en Argentina fue tan grande que en Chile 51 diputados de la Concertación pidieron en 2010 que se formara una Comisión Investigadora de la Cámara sobre el asunto. No contaban con el “modus operandi” de Piñera: al momento de votar en la sala, algunos diputados “se dieron vuelta” y fracasó la idea de la Comisión. Fin de la historia. El “modus operandi” más adelante se aplicó a otra Comisión Investigadora, según veremos.

          ¿Y Sebastián Piñera? Si alguien le pregunta hoy, dirá que “no sabía nada”, lo mismo que dice de su firma Administradora Bancorp, que en “La Tercera” de 21.01.6, p. 4, aparece como la cuarta sociedad “proveedora de SQM de documentos cuestionados”, según el Informe de Shearman & Sterling, que detalla los que han sido “rectificados” (traduzco: “confesados como falsos”) a Impuestos Internos y vinculados a políticos en campaña, en este caso Piñera, a quien en 2009 la secretaria de SQM vio trasponer la misma puerta que todos los políticos que iban a pedirle dinero a la empresa, a cambio de boletas y facturas ahora “rectificadas”.

          Cuando yo le aconsejé a don Francisco, que estaba entrevistando a todos los ex Presidentes, que le preguntara sobre lo anterior a Piñera (ver mi blog “Torpedo para Don Francisco”, 05.05.15), aquél usó el “torpedo” y le preguntó al ex Presidente lo que éste no quería que le preguntaran (por eso después don Francisco se disculpó, pues, al revés del autor de este blog, no le gusta estar mal con nadie). Piñera le contestó que no sabía nada, pues estaba entregado “en cuerpo y alma” a su campaña y esas cosas que le preguntaban las hacían sus empleados. Siempre hay que tener a alguien a quien echarle la culpa. Pero “sus empleados” ocuparon los $340 millones que le extrajeron a Soquimich en pagar los bonos de desempeño a los ejecutivos Conca y de Aguirre, de Chilevisión, que era de Piñera, de modo que su patrón se hizo 340 millones de pesos más rico sin tener la menor idea. Y hasta ahora ha pasado completamente “piola”, mientras otros que pidieron a SQM, como ME-O, su padrastro Ominami, Fulvio Rossi, Pablo Longueira, Martelli y los muchachos de la precampaña de Bachelet están siendo cocidos a fuego lento en el asador.

          Y ahora que se acaba de ir Jadue de la ANFP se culpa a todo el mundo de lo que hizo, menos al “padre de la criatura”, que armó el cuento para sacar a Mayne-Nicholls y terminar poniendo en su lugar a Jadue. Pasó “piola”.

          También hace poco un tribunal falló que no había pruebas para acreditar el famoso “esquema” que sirvió para denostar a tanta gente que compraba y vendía acciones de las sociedades Cascadas, “esquema” con el que Piñera Presidente amenazaba a Julio Ponce si es que no accedía a fusionar las Cascadas, lo que le significaría a aquél una rentable “pasada”. Tan interesado estaba que le preguntó al Ministro de Hacienda (s) en un comité político “cómo iba el asunto de la fusión”. Después se dijo que en ese comité político jamás se había hablado de semejante cosa. Y también está pasando “piola” en ese caso.

          Como en el de la comisión investigadora de su compra de acciones de LAN con información privilegiada, en la cual la mayoría concertacionista se le dio vuelta a quien la presidía, diputado Jorge Burgos, frustrando la principal prueba acusatoria que iba a presentar a la sala. El “modus operandi”, de nuevo.

          ¿Qué importa todo esto? Nada, porque la ética en Chile nunca ha presidido realmente la cosa pública. Lo que importa es “pasar piola”, porque pronto todo se olvida; eludir el “juicio por los diarios” (lo cual se consigue con el “modus operandi”) y siempre, pero absolutamente siempre, tener a alguien a quien echarle la culpa.

martes, 2 de febrero de 2016

La Impopular Dictadura Judicial


               Primero aclaro que Pedro Urdemales ha quedado fuera de sospecha en el caso de la supresión, todavía no bien explicada, de los seguidores o miembros de este blog, que inopinadamente y por primera vez en casi seis años (en que fueron aumentando hasta llegar a 1.568) disminuyeron paulatinamente en pocos días hasta quedar en 1.095. El fenómeno les ha sucedido a muchos otros blogs de diferentes países, que no están bajo la mira, como éste, de Pedro Urdemales, lo que me permite exonerar al singular tramposo chileno de toda sospecha en este caso. Y, afortunadamente, por otra parte, los miembros o seguidores han recomenzado a incrementarse y ya son 1.100.

               Pero no era de eso de lo que quería escribir hoy, sino de la fantástica mezcla de cara dura e ignorancia de los jueces chilenos, que acaba de ponerse otra vez de manifiesto a través de dos fallos suyos, recaídos en una querella del único abogado de la plaza –que yo sepa—que se atreve a velar por los fueros de la legalidad: Raúl Meza.

               Pues, permítaseme la digresión, hay una defensa corporativa de la mayoría de los abogados a los atropellos de la legalidad que cometen los jueces. Se han convertido aquéllos en cómplices pasivos de la prevaricación a expensas de los militares. La misma mayoría de abogados que, encabezada por Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva, aplaudía a los uniformados después del “11”, cuando les daban duro a los terroristas de izquierda (pues el 60% de las muertes totales ocurrió antes del 31 de diciembre del ’73, cuando esos líderes más aplaudían el Pronunciamiento).

La defensa corporativa de la prevaricación es tal, que cuando mandé un artículo a la revista del Colegio de Abogados, a fines de 2014, exponiendo la flagrantemente cometida en un fallo de la Corte Suprema al que había concurrido, como abogado integrante y redactor, un asiduo colaborador de esa revista, tras varios meses de vacilaciones el consejo de redacción de la misma, naturalmente de mayoría derechista, acordó rechazarlo. Entonces lo publiqué en este blog el 27 de marzo de 2015 (“Artículo Impublicable en la Revista de Abogados”) y hasta la fecha ha merecido 1.864 lecturas y 99 comentarios, seguramente más de los que habría suscitado en la publicación del gremio.

               Pues bien, últimamente la dictadura judicial prevaricadora (“dictadura”, porque no respeta las leyes; y “prevaricadora” porque condena en juicio atropellándolas) se ha superado a sí misma.

               Ustedes recordarán que el año pasado, ante una audiencia de centenares de miles, el juez Alejandro Solís reconoció paladinamente en la TV que él condenaba a los militares sin probar que habían cometido delito, sino en virtud de una “ficción jurídica”, según sus palabras. Desconocía la amnistía y la prescripción fingiendo que sus procesados mantienen hasta hoy personas secuestradas. Como eso es en sí un delito ("fingir" culpabilidad y condenar sin pruebas) el único abogado de la plaza que se atreve, Raúl Meza, interpuso una querella por prevaricación ante la “nueva Justicia”, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ilusionado con que éste podría respetar el Estado de Derecho y aplicar las leyes.

               Vana ilusión. La “nueva Justicia” resultó peor que la antigua (noción muy extendida a estas alturas entre la población, que en la última encuesta Cadem muestra a la judicatura como la segunda institución más desprestigiada del país, después del Congreso). Pues el juez de garantía declaró inadmisible la querella argumentando que la Corte Suprema ha consagrado en varios fallos la legalidad de la condena por secuestro permanente. El abogado Meza apeló, pensando que semejante doble disparate (en seguida demostraré por qué es doble) no podía ser compartido por la Corte de Apelaciones, pero ésta confirmó el fallo, evidenciando que hay una verdadera dictadura judicial, pues no hay a quién recurrir ante los atropellos a la ley por parte de los jueces. Con razón de Tocqueville escribió que “la dictadura judicial es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio”.

               Explico ahora lo del doble disparate: por una parte lo es, porque todo el mundo sabe que un militar (r) preso en una celda de dos por dos no puede tener secuestrado a nadie, de manera que cuando un juez afirma que sí lo tiene hasta hoy, está mintiendo, y sabe que está mintiendo. ¿Con qué cara les enseña a sus hijos o nietos que no deben mentir? O a lo mejor les enseña a hacerlo…

De ahí la franqueza de Solís en TV cuando confesó que era “una ficción jurídica”. Podrá mentir en sus fallos, pero no ante la TV. Lo malo es que el código le ordena “probar” el delito y no “fingirlo”, y por eso prevarica.

Y, por otra parte, es doble el disparate del juez de garantía y la Corte porque el Código Civil, que enseña cómo interpretar las leyes, dice que las sentencias judiciales sólo pueden tener efecto en los juicios en que “actualmente se pronunciaren” y no en otros, norma que contradicen dichos Juzgado y Corte al declarar inadmisible la querella porque los fallos de la Suprema dicen que es verdad una mentira, como la del “secuestro permanente”.

¿Cómo han podido salirse los jueces dictadores y prevaricadores con la suya? Porque Chile ya no es el de antes. Ya en el país “no hay derecho ni hay derecha” ni hay "doctrina Schneider" de compromiso con la legalidad. A los militares de antes no les habrían metido presos a sus hombres en virtud de fallos que dicen que el Ejército es “una asociación ilícita”, como los ha habido recientemente. A los mandos militares de ahora les dicen eso y hacen como que no oyen. Y de la derecha actual mejor ni hablemos. Para todos los efectos, la mayoría de sus exponentes son iguales a los Kerenskys. Cuando el dignísimo diputado Ignacio Urrutia (UDI) rindió un homenaje en la Cámara en el aniversario de la muerte del general Pinochet, su colega, también UDI, Jaime Bellolio se retiró indignado, tuiteando que “rechazaba los atropellos a los derechos humanos”, es decir, usando la jerga comunista. ¿Quién necesita Kerenskys con estos derechistas?

Así nunca terminará la dictadura judicial. Al contrario, se consolidará, pues fue una derecha degenerada, como la de Piñera, la que la alentó y fortaleció, triplicando el número de querellas ilegales contra militares, negándoles los indultos (cosa que ni siquiera hizo Lagos), y trasladándolos a un penal peor y hacinado (cosa que tampoco hizo ningún otro gobierno de la Concertación).

Tocqueville decía que esa dictadura no tenía remedio; y yo digo que, pese a lo impopular que es (las encuestas lo prueban), con los chilenos, la derecha y los militares de hoy, menos.

sábado, 30 de enero de 2016

Con Más Derecho a Llorar


          No tiene derecho Michelle Bachelet a aparecer, con lágrimas en los ojos, a decir que se está dando un testimonio de “igualdad ante la ley”, al ser formalizada su nuera por trasgredir la ley en actividades de aprovechamiento del poder de la Presidencia, para así lucrar y situar a su familia en condiciones de máxima desigualdad, entre el uno por ciento más rico del país.

          ¿Y de qué “igualdad ante la ley” habla, sabiendo que hay un sector al cual ni siquiera se le aplica la ley, como es el de los Presos Políticos Militares? Entre ellos hay personas que jamás han delinquido y, sin embargo, cumplen largas condenas a manos de los correligionarios de Michelle Bachelet, promovidos por la izquierda y enquistados en los Tribunales.

El teniente coronel (r) Pablo Rodríguez Márquez, cuya carrera fue truncada por la justicia de izquierda, lleva cinco meses de una condena a diez años de presidio, sin haber cometido delito alguno. Su madre y su señora tienen más derecho a derramar lágrimas que Michelle Bachelet, pues ésta no puede decir, como ellas sí de su hijo y marido, que su nuera no ha cometido delito.

En primera instancia aquel oficial fue condenado a tres años, con pena remitida. Ya era injusto, pero después cayó en manos de Carlos Cerda, que desde hace años confiesa públicamente no respetar las leyes que benefician a uniformados. Y entonces le sube a Rodríguez, de tres años remitidos, a diez años de presidio efectivo, por haber cumplido la orden, no constitutiva de delito, de trasladar al químico Berríos desde Punta Arenas a Río Gallegos, pasando por controles de Carabineros e Investigaciones, donde, evidentemente, si Berríos hubiera viajado contra su voluntad, podría haberlo denunciado. Lo dejó en Río Gallegos y regresó al país. En dos días.

Siguió su carrera, ascendió, hizo un magíster en Historia Militar y llegó a profesor de la respectiva Academia. Hasta caer en manos de Cerda, hoy juez supremo ¡gracias a votos de la derecha! La misma derecha que ahora busca reconciliarse con la “familia militar”, en vista de que Sebastián Piñera, que engañó a ésta una vez, ya compró la candidatura presidencial del sector (ver mi blog del 21.12.15) y necesita volver a engañar a dicha “familia”, como en 2009, para contar con sus votos. ¿Tropezará ésta de nuevo con la misma piedra?

          Cerda, el máximo vengador del extremismo de izquierda junto con Solís, le aumentó la pena al teniente coronel Rodríguez fundado en que, dos años después de haber viajado dos días con Berríos y haberlo dejado en Río Gallegos, éste fue asesinado en Uruguay. ¿Puede llamarse esto “justicia igual para todos”, como dice Michelle Bachelet? ¿Tiene derecho a decirlo ella, que encabeza el trío de mujeres odiosas, junto a Isabel Allende y Javiera Blanco, que se han propuesto volver a empeorar las condiciones carcelarias de los Presos Políticos Militares septuagenarios y octogenarios, trasladándolos a un penal peor, como lo hiciera Piñera en 2013 al cerrar “Cordillera” y hacinar Punta Peuco, provocando el suicidio de Odlanier Mena y el jolgorio comunista?

          Michelle Bachelet llora porque la justicia llegó al umbral de su casa, pero hay un delito efectivo en el que se investiga la participación de su nuera y su hijo. Sin embargo, no derrama una sola lágrima por la condena a diez años, sin ningún delito, de un oficial honorable. Ni tampoco por los numerosos confinados en virtud, no de delitos probados, sino de “ficciones judiciales”, como confesara tan campante Solís ante la TV.

          Michelle Bachelet llora con publicidad a causa de la justicia, pero muchas mujeres lloran por la injusticia, sin ninguna publicidad. Pues sus hijos y maridos no cometieron delito y han sido condenados. Sí fueron ingenuos, pero eso no constituye delito. Pues ante el llamado de auxilio de los políticos y civiles DC, de derecha y de izquierda democrática, que hoy miran para otro lado, enfrentaron la agresión armada (que Michelle Bachelet conoció bien) y salvaron al país de la esclavitud política (que ella conoció todavía mejor, aún admira y a la cual reconduce al país).

          Ella, además, sabe que ni su nuera ni su hijo pasarán un día en la cárcel. Llora sólo porque sus conductas (que dice haber conocido por la prensa) han quedado expuestas ante la opinión pública. Pero hay otras mujeres cuyos hijos y maridos están presos, muchos de por vida, siendo inocentes o por desconocérseles sus derechos legales, y cuya injusta condición actual la misma Michelle Bachelet se propone agravar.

          Tendrían más derecho que ella a que la sociedad supiera de sus lágrimas.

jueves, 28 de enero de 2016

¿Qué Me Está Haciendo Pedro Urdemales?


               Hace casi seis años inicié este blog. Al comienzo no lo leía casi nadie. Merecía dos o tres comentarios. Casi no tenía “seguidores”, que son, supongo, personas que se inscriben como tales, por sentirse interpretadas por el blog. Nunca he averiguado qué debe hacerse para ser “seguidor”, pero durante los casi seis años los he visto aumentar poco a poco, hasta que la semana pasada llegaron a 1.568. Entonces sucedió repentinamente algo que no había pasado nunca: de un día a otro disminuyeron a 1.550. Lo encontré curioso. Después, a 1.490. Y hoy día he visto que han caído a poco más de mil.

               ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué repentinamente, después de tanto tiempo, se retiran en masa? ¿Qué va a suceder si no queda ninguno? Espero que eso no me impida escribir aquí ni impida a nadie leer lo que escribo. Pero no sé con certeza las consecuencias.

               Lo curioso es que el número de personas que lee el blog se mantiene, “un día con otro”, en más de mil. A veces algún blog llama la atención y pasa de dos mil. Para los 40 años del “11” publiqué un libro aquí, que ya tiene más de cinco mil lecturas, compitiendo con las librerías, donde se vende bajo el título de “Ni Verdad Ni Reconciliación” y creo que la edición de mil ejemplares se agotó.

Una vez el blog pasó de nueve mil visitas (“Máquinas Chilenas de Defraudar”) y otra pasó de once mil (“El Chile Que Queremos”) y fue “trending topic” en las redes sociales. Pero los seguidores siempre iban creciendo nada más que de a uno o dos a la semana. Hasta ahora último, en que han disminuido en casi cuatrocientos en pocos días.

No sé si voy a averiguar qué está pasando. No sabría cómo, así es que creo que no, pero lo expongo, porque es raro. Sospecho que no augura nada bueno para el blog. Y tiendo a pensar que el Pedro Urdemales chileno, un personaje que ya hace muchos años me ha tendido trampas (está en su naturaleza hacerlo) puede tener algo que ver. Yo, naturalmente, seguiré escribiendo igual, con o sin “seguidores” inscritos. Incluso lo haría con o sin lectores, porque lo importante es que las opiniones y las ideas queden escritas aquí, pues tarde o temprano les llega su tiempo. Y “no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo” (Víctor Hugo). Ni siquiera Pedro Urdemales la puede suprimir.

martes, 26 de enero de 2016

Los Comunistas No Son Agradecidos


          Ni tampoco tienen votos, pues los parlamentarios que consiguen no han sido elegidos con sufragios propios, sino gracias a que los Kerensky, que siempre los han ayudado, en recientes elecciones “se han excluido” en ciertos lugares, no presentando candidatos, para permitir elegir a los comunistas.

Pero los rojos son malagradecidos y ahora están peleando con sus favorecedores DC y tratándolos de “corruptos y golpistas”, según se deduce de la última declaración de Guillermo Teillier dirigida al plexo de Jorge Pizarro.

Lo más grave es que mandan en Chile, pues aquí se hace lo que ellos quieren. Ahora advierten que si la reforma laboral no sale como la piden, paralizarán el país, según anuncio de la camarada Bárbara Figueroa, que preside la CUT. Este solo llamado es un delito penado en la Ley de Seguridad del Estado, pero esa ley se dejó de aplicar bajo la Concertación, incluido su V Gobierno, el de Piñera. Además, ya es sabido que, en general, a los comunistas no se les aplican las leyes que puedan sancionarlos.
          
          Ahora esa situación de ilicitud rampante me afecta personalmente, porque me ha vuelto a citar la Brigada de DD. HH. de la PDI para declarar en un proceso completamente ilegal iniciado por un abogado comunista, Eduardo Contreras, hace un par de años, para penalizar a los civiles que habrían incitado a los militares a tomarse el poder en 1973.
          
         Si tal incitación hubiera sido delito, habría prescrito en 1983, porque el Código Penal dice que los delitos prescriben en diez años. Si imperara el estado de derecho, el ministro sumariante ante quien se presentó la querella debería haberla desechado sin más, porque el art. 107 del Código de Procedimiento Penal antiguo, aplicable a este caso, le ordena “poner inmediato término al juicio” si hay una causal de extinción de responsabilidad, como lo es la prescripción. Ni siquiera cabe buscarle "la quinta pata al gato" por el lado de la "lesa humanidad" o del "secuestro permanente".

Pero acá los jueces de la mayoría de izquierda no se rigen por las leyes, y entonces el ministro Mario Carroza acogió a tramitación la querella de Contreras y ha molestado a mucha gente a la cual este último asigna la responsabilidad de haber incitado al Pronunciamiento. A mí pidió citarme a declarar ante la PDI el año pasado, porque leyó una entrevista en “La Segunda” donde yo decía que los militares habían sido llamados a poner término al gobierno de Allende en un documento oficial, y Contreras quería que yo precisara ante el Tribunal qué documento subversivo era éste. Obviamente, no había leído el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, que contenía la señalada convocatoria. Entonces yo, pacientemente y a través de un detective de la Brigada de DD. HH., procuré instruir a Contreras y ayudarle a llenar su vacío histórico-cultural, rememorando el contenido del Acuerdo y mencionando a los autores de la redacción del mismo, sometida y votada por la Cámara favorablemente. Dichos autores fueron Enrique Ortúzar Escobar, el principal, pues hizo el primer borrador; Francisco Bulnes Sanfuentes, que lo corrigió y complementó; Claudio Orrego Vicuña, que estudió concienzudamente el texto corregido y sugirió otros cambios; y Patricio Aylwin Azócar, que introdujo ésos y otros más y devolvió el original a Bulnes, para ser entregado a los diputados para su presentación y aprobación en la histórica sesión del 22 de agosto de 1973, que terminó en las primeras horas del día 23.

Todo esto lo supe porque fui convocado a la primera reunión preparatoria en la oficina de Bulnes, junto con Enrique Ortúzar, de la cual los tres salimos con la tarea de redactar sendos borradores y en la semana siguiente reunirnos a analizarlos y transformarlos en un solo texto, lo que no fue necesario, porque el único que hizo la tarea fue Ortúzar, que debe ser considerado, a mi juicio, el autor fundamental del Acuerdo.

          Ahora, gracias a que “no hice la tarea”, no he podido ser inculpado por el ministro Carroza, pero el abogado Contreras ha pedido que se me vuelva a citar por la PDI, porque quiere corroborar que el único redactor vivo del “llamado a delinquir”, es Patricio Aylwin. Pues el fallecimiento de los demás obliga a sobreseerlos, dado que, por el momento, los comunistas no han descubierto que se puede condenar a los muertos, pero no cabe desecharlo, así como han descubierto que se puede “anular” las leyes, barbaridad inconstitucional que están intentando con las de Pesca y de Amnistía.

          Entonces se da la situación de que el abogado comunista se vea abocado a pedir el procesamiento y condena de Patricio Aylwin, el mayor favorecedor de los comunistas en el país a partir de 1990, cuando organizó una “Comisión Rettig” destinada a exculparlos de lo sucedido en Chile y a hacer recaer todas las responsabilidades y penalidades en los militares a los cuales él mismo convocó, junto con la mayoría democrática, a “poner término a la situaciones de hecho antes referidas”, es decir, las tropelías cometidas por el régimen de Allende. Tan exculpatoria de la extrema izquierda fue la Comisión Rettig, que calificó a los 423 muertos a manos de sus principales brazos armados entre 1973 y 1990, el MIR socialista y el FPMR comunista, como “víctimas de la violencia política”, un ente completamente innominado.

          Aylwin transformó así a los agresores en agredidos, a los victimarios en víctimas y a los totalitarios en demócratas. Y ahora los comunistas le pagan ese enorme servicio político-publicitario queriendo meterlo preso. Y, en medio del naufragio del estado de derecho, del cual el mismo Aylwin fue precursor con su famosa carta inconstitucional a la Corte Suprema para impedir aplicar la amnistía, en 1991, quieren usarme como testigo para materializar su desagradecimiento. 

domingo, 24 de enero de 2016

La Última Burla Judicial


          El principal brazo vengador del marxismo contra los militares que le impidieron tomarse el poder por las armas en 1973 ha sido la Sala Penal de la Corte Suprema. Y en días recientes ella se ha dado el gusto de, además, burlarse a sus anchas de los defensores del estado de derecho que la misma ha escarnecido durante años.

         En efecto, con motivo de un recurso de queja interpuesto por el frentista Enrique Villanueva Molina, contra la sentencia que lo condenaba a presidio perpetuo como autor del asesinato del senador Jaime Guzmán, condena basada en la confesión de otro frentista, preso en Brasil, Mauricio Hernández Norambuena (los terroristas chilenos sólo caen en otros países, porque aquí los perdonan e indemnizan a todos), dicha Sala Penal se ha dado el gusto de aplicar en favor de Villanueva la media prescripción defendida por el ministro Dolmestch para los militares y derrotada sistemáticamente en el caso de éstos por la mayoría izquierdista de esa sala. 

        Así, le han rebajado la condena recurriendo a los más alambicados argumentos para justificar la prescripción en su caso, en términos de que el frentista podrá cumplir la pena en libertad. ¡Por fin la doctrina Dolmestch ha gozado de mayoría… pero para favorecer a un terrorista! Obviamente, Dolmestch mismo no podía sino sumar su voto, aun evidentemente sabedor de que la mayoría se estaba riendo de él.

          Éste es también un palmo de narices al país y al mundo, en particular recordando la reciente condena de tres marinos, un oficial de Carabineros y uno de Investigaciones, por la muerte del mirista Rudy Cárcamo, ocurrida hace más de cuarenta años. Tal condena se basó en meras presunciones y el testimonio viciado y dudoso de un ex detective alcohólico. En ese caso los jueces de primera instancia y Apelaciones habían impuesto 541 días remitidos, que iban a cumplirse en libertad. Tanto querellantes como querellados se habían conformado con el fallo. Pero entonces el mayor perseguidor de militares, el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su Ministerio del Interior, recurrió de casación para obtener la venganza marxista de la Sala Penal, que accedió gustosa a la pretensión de su “cómplice activo” Piñera, y aumentó a cinco años y un día la pena de los oficiales, hoy de avanzada edad, que han debido entrar a purgarla en Punta Peuco, incluyendo a un marino, José Osses, que ni siquiera estaba en el cuartel Ancla 2 cuando supuestamente murió el mirista Cárcamo. Cometió el delito de "no estar ahí".

          La connivencia de Piñera con la extrema izquierda vengativa tuvo múltiples manifestaciones, como la triplicación de las querellas contra militares con respecto a las iniciadas bajo la Concertación, y la confirmación del mirista Patricio Bustos como funcionario de su exclusiva confianza en el Instituto Médico Legal, cargo clave para mantener sin identificar restos de extremistas muertos y poder seguir así hablando de “detenidos desaparecidos”.

          Por eso resulta pintoresco el reciente “acercamiento” del partido Renovación Nacional a los uniformados pasivos, para procurar hacer olvidar la persecución de Piñera contra sus camaradas, en particular la de su ministro de Defensa, Allamand, dedicado a exonerar a asesores que hubieran formado parte de la DINA o la CNI, aunque no hubieran sido procesados por temas de DD. HH. Incluso llegó al extremo odioso de haber cesado a un general (r) por el solo hecho de haber sido yerno de un Director de la DINA, aunque nunca hubiera pertenecido a ésta o la CNI ni hubiera sido procesado.

          El “acercamiento” de RN a los militares (r), evidentemente motivado en el rechazo de éstos a Piñera y ante la nueva candidatura suya, ha sido debidamente ponderado por el almirante (r), Miguel Ángel Vergara con las siguientes palabras, en carta a “La Tercera” (19.01.16): “Quisiera aclarar que muchos ex uniformados, más que una ‘desafección’ hacia el gobierno del ex presidente Piñera, nos sentimos traicionados y burdamente utilizados con fines meramente electorales. No vislumbro qué podría cambiar en un nuevo gobierno de esa tendencia, cuando todos guardaron discreto silencio ante el manifiesto incumplimiento de las promesas hechas por su candidato”.

          La burla de la mayoría izquierdista de la Sala Penal, al dejar en libertad al único frentista que estaba preso como autor del asesinato del senador Guzmán, aplicando la prescripción a hechos de los años ’90 cuando la deniega a los del ’73, sobre todo si en este último caso lo hizo recurriendo a una mentira flagrante, como la de que los oficiales todavía mantienen secuestrado al mirista apresado y muerto más de cuarenta años atrás, agrega el escarnio al politizado manejo de la ley que consuma, una vez más, la mayoría de dicha Sala de nuestro más alto, pero todavía más desprestigiado, Tribunal.