Allende y Piñera: un Paralelo

Roxana Carrut es una agricultora de la Araucanía que vivía de su predio de 168 hectáreas, hoy improductivo por estar rodeado de forajidos que roban, la atacan e impiden sembrar y producir. Pues ya le han arrebatado sus cosechas y la tienen amenazada de hacer lo mismo con cualquiera otra que ose intentar. Roxana ha solicitado protección policial, pero ésta se limita a la mera presencia, en un extremo del predio, de policías que no persiguen ni apresan a los asaltantes y depredadores que permanecen alrededor de él, amenazando destruir, robar e incendiar. Carabineros que no quieren perder su trabajo por "problemas de DD. HH."

Para reivindicar su derecho a vivir en paz y su libertad de trabajo, conculcados por los terroristas, ella inició una huelga de hambre en julio, ingiriendo sólo líquidos, pero no ha conseguido de la autoridad la protección de sus prerrogativas esenciales. Su salud se ha resentido y un desenlace fatal puede preverse, pero nada de eso ha conmovido al gobierno, a diferencia del caso del machi Celestino Córdova, condenado por asesinato mediante incendio del matrimonio Luchsinger McKay, que tras haberse declarado en huelga de hambre generó la visita del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y obtuvo beneficios. Un asesino convicto merece más compasión oficial que una mujer desesperada, cuyos derechos esenciales están siendo conculcados.

Algo parecido sucedía bajo el régimen de Allende, en noviembre de 1970, cuando guerrilleros impunes, al mando de José Gregorio Liendo, el "Comandante Pepe", se apoderaron de las casas del fundo "La Tregua", de Antonieta Maachel, la cual reclamó pero no obtuvo protección ni auxilio oficial. Tras ser abusada y soportar que los malhechores se saciaran comiendo y bebiendo a destajo en su casa invadida, la infortunada mujer puso fin a su vida. Y habría quedado en el anonimato de sólo una víctima más del marxismo chileno si su amiga Paz Rodríguez Correa no hubiera recordado, en carta a "El Mercurio", muchos años después, su inhumano fin. 

Por otros crímenes como ése, el Comandante Pepe y once de sus secuaces fueron juzgados por un consejo de guerra en octubre de 1973 y condenados a muerte. Hoy, 47 años después, el general (r) Santiago Sinclair, ex miembro de la Junta, ha sido increíblemente condenado, por una sentencia manifiestamente contraria a todo derecho de nuestra justicia roja, por el supuesto "homicidio calificado" de tales delincuentes, siendo que sólo formó parte del referido consejo de guerra, legalmente constituido.

Hoy, en medio del caos desatado por la extrema izquierda violentista, en cuya tarea de protección de la ciudadanía el Cuerpo de Carabineros ha sufrido tantas bajas que, en un momento dado, se copó la capacidad del hospital institucional y sus heridos debieron ser derivados al Hospital Militar y al de la Fuerza Aérea, el gobierno de Piñera, tan benévolo con los extremistas y hostil a las fuerzas del orden como el de Allende, se propone ahora "indemnizar" a supuestas "víctimas de la acción policial", mientras somete a la institución de Carabineros a una verdadera persecución, vía una reforma que pone de manifiesto su falta de respaldo a dicho cuerpo policial. A la misma se suma en estos días la ilegal injerencia de la Contraloría, que pretende castigar a siete altos jefes policiales por la acción antisubversiva desplegada ante el estallido insurreccional del 18 de octubre pasado. 

Es ineludible otro paralelo más del gobierno actual con el fracasado régimen de Allende, que desde el poder amparaba a los extremistas armados, tanto que llegó a amenazar públicamente con un "sumario con mayúscula" --fueron sus palabras-- a los carabineros que dispararan a los subversivos armados, generadores de la violencia rural y urbana de ese tiempo.

Un último y adicional paralelo entre ambos regímenes surge de una sostenida transgresión de la Constitución. En el caso de Allende fue metódicamente descrita por el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 que llamó a destituirlo. En el de Piñera ha tenido lugar a través de la derogación de facto de la Constitución de 1980, cuya vigencia será supuestamente sometida al plebiscito del 25 de octubre, pero que el mismo Piñera da tácitamente ya por definido y por abrogada aquella, al proponer los diez puntos que considera debe incluir un nuevo texto constitucional, dando así por triunfadora a la opción Apruebo antes de haberse impuesto en las urnas. 

No es de extrañar esa acción de facto, desde que el llamado, impuesto por la fuerza, del 12 de noviembre pasado, llevó a los partidos opositores a declarar que "la ciudadanía movilizada" había "corrido el cerco de lo posible", sin votación de nadie y mas allá del texto de la Carta o de la ley; y tal acción violenta fue solícitamente acatada por el régimen, firmándose el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución el 15 de noviembre. Esta "Nueva Constitución" nace con esa ilegitimidad de origen y todo indica que el plebiscito adolecerá también de ella, con menor asistencia de votantes que los de 1980 y 1989, cuando concurrió el 56 % de la población a votar y teniendo por registro electoral, ahora tal como en 1980, al propio Registro Civil. En 1989 hubo registros electorales ad hoc, abiertos en 1988, para el plebiscito del "Si" y del "No". Pero con el voto voluntario volvió a regir el Registro Civil como registro electoral, tal como en 1980. El plebiscito del 25 de octubre será sin "registros electorales", tal como el de 1980. Ambos legítimos o ambos ilegítimos. 

En todo caso, ambos presidentes, Allende y Piñera, devinieron gobernantes de facto en sus respectivos tiempos, transgredieron la legalidad vigente y fueron incapaces de garantizar los derechos básicos de todos los ciudadanos.

Lamentablemente hoy, a diferencia de 1973, no hay las "reservas morales" que, como país, teníamos entonces. Y por eso, así como ante un mandatario fracasado surgió en dicho año una fuerza cohesionada a hacerse cargo del respectivo vacío de poder, hoy, por el contrario, tal vacío no se llena sino que sólo se profundiza con el presidente, el grueso de sus ministros y hasta inesperadas voces empresariales plegándose a un "Apruebo" que encarna la incertidumbre acerca del futuro y la prolongación indefinida de la falta de orden público actual.

Los Imbéciles y los Ladrones

¡Loor al 11 de septiembre! Cada año esta fecha será más importante en la historia de Chile, porque finalmente la verdad histórica prevalecerá.

Cuadragesimoséptimo aniversario de la fecha en que, por gran mayoría, los chilenos fuimos menos imbéciles que antes en nuestra historia y conseguimos, excepcionalmente, que hasta algunos de los que lo eran más, como los DC y los radicales de izquierda, se unieran a los militares y a nosotros, los menos imbéciles de todos, los de la derecha, para echar del gobierno a los ladrones, es decir, a los marxistas-leninistas que querían, como decía y los acusaba en 1973 don Patricio, instaurar en Chile una dictadura comunista.

Es que en 1973 hubo una alineación de los astros que, al parecer, sólo se produce cada mil años: un decidido y decisivo Merino, en la Armada, que el 9 de septiembre escribió en un papel: "Augusto y Gustavo, la Armada va a actuar. El día D es el 11 y la hora H es las 06.00. Firmen si están de acuerdo". Y Augusto y Gustavo firmaron. A Gustavo le duró la cuerda sólo hasta 1978, en que se puso imbécil y empezó a repetir lo que decían los comunistas, "que esto no da para más" y que la Junta debía irse. Hubo que echarlo. Ahora es urgente echar a Lavín de Las Condes, lo que vamos a hacer votando por Gonzalo de la Carrera para alcalde y dejando al primero para los matinales.

Los imbéciles son hoy los que quieren regalarle el país a los ladrones. Los ladrones no son sólo los comunistas, sino también sus tontos útiles, sus compañeros de ruta y los Kerenskys que les ayudan a robar lo que otros producen.

Porque los marxistas-leninistas nunca han producido nada, salvo sufrimiento, revolución y muerte. Por eso no hay una sola empresa comunista exitosa. Cuando un medio de producción llega a caer en sus manos, como la Universidad ARCIS, le extraen toda la plata y lo arruinan. Y por eso en ningún país donde se le haya dado a la gente libertad de elegir hay comunistas en el poder. En 1970 los primeros en elegir un marxista-leninista fuimos los chilenos, gracias al apoyo de los Kerenskys. Y en los mil días subsiguientes aprendimos que el socialismo sólo funciona hasta que se le acaba la plata de los demás. 

Nunca se arrepintió más de algo, Frei Montalva, que de haberles entregado Chile a los ladrones. Pues todos los "cambios" y "reformas" comunistas son para robarse algo que otros han creado. Por lo mismo, Frei declaraba al ABC de Madrid, en octubre de 1973: "Los militares han salvado a Chile... cuando uno tiene cáncer, no tiene ganas de operarse, pero debe hacerlo". Él antes decía que el anticomunismo era peor que el comunismo, pero en octubre de 1973 aprendió que no y defendía a los militares, igual que Aylwin. Y lo hacían cuando ya iba la mitad de todos los muertos en la lucha interna que hubo entre 1973 y 1990. 

Lo malo es que la enfermedad vuelve, y muchos Kerenskys, herederos de Frei, se aprestan a hacer hoy de nuevo lo mismo de 1970, votando Apruebo. El propio Lavín hoy declara que vota Apruebo porque es partidario de "los cambios" ¡Pero si los únicos cambios que quieren los del Apruebo son para robar más de lo que otros han producido! 

Por supuesto, hay cambios que hacer y son los que promovemos los partidarios del Rechazo: el tamaño del Estado se ha multiplicado por siete desde 1990. El gran cambio: volver a achicarlo, entregando el gasto social a los pobres, con lo cual no habría pobres. Si la burocracia comunista no se quedara con el grueso del "gasto social", ninguna familia en Chile ganaría menos de dos millones cuatrocientos mil pesos mensuales.  

Y desde este 11 cortémosla con la tontería de que el gobierno militar atropellaba los derechos humanos. Desde la Brookings Institution y su representante Ernest Lefever en 1974 hasta la Heritage Foundation en 1986, que acreditó que la Cruz Roja Internacional, a través de su médico jefe, Jean Francois Bonard, podía examinar a cualquier preso en Chile, en cualquier nmomento, sin avisar a ninguna autoridad ni pedir permiso (James Whelan, "Out of the Ashes", p. 711), probaron que el gobierno militar procuraba respetar los derechos humanos.

¡Viva el 11 de septiembre! ¡Viva Merino! ¡Viva Pinochet! ¡Viva Mendoza!

¿Volverá la Derecha a Regalar el País?

Si el Apruebo gana el plebiscito, Chile se va a ir al diablo. Es que nadie va a saber lo que va a pasar. La derecha ha salvado a Chile varias veces, la principal el 73. Y cuando no lo ha hecho, el país se ha ido al diablo. Así sucedió en 1970, cuando ganó Allende, que no venció en las urnas, porque había pactado en secreto con Tomic para parar a Alessandri, triunfador en todas las encuestas, pero le robaron muchos votos; y la masa de la derecha el 4 de septiembre del 70 prefirió irse a la nieve o a la costa y no tuvo apoderados en barrios populares. Ahí se la cosecharon. Y la noche del 4 ni siquiera hubo alguien de ella que se atreviera a ir a la televisión. El único fue Pablo Rodríguez y ahí surgió como figura. Los izquierdistas, triunfantes, preguntaban junto con el senador Jerez, "¿Y quién es ése?"

La última vez que fui candidato, en 1989, se me presentó un  gentleman chileno cabal, poco antes de los comicios, y me demandó: "Dime cómo puedo ayudarte". Yo le respondí: "Ándate de apoderado mío a La Pintana". Volvió a verme el día de la elección y me dijo, yo derrotado y él desastrado, sudoroso: "Ha sido el peor día de mi vida". Pues cada vez que había tratado de impedir que me robaran un voto, lo zamarreaban. Es que los votos se roban en el escrutinio, que es público. El presidente de la mesa lee "Zutano", el secretario anota, pero el voto era para "Mengano". Por primera vez en la historia la derecha puso un apoderado en cada mesa en 2017 y ganó la presidencial por diez puntos. Una nieta mía fue apoderada en La Pintana y me contó que varias veces el presidente leía "Guillier" y ella le decía, "ese voto es de Piñera". Y se rectificaba. No la zamarrearon, pero pasó mucho susto.

Ahora sucede algo peor: el marxismo violento ha hecho toda suerte de trampas ya desde antes del plebiscito inmoral y nulo y, a medida que se acerca éste, la derecha se pasa al adversario, a la izquierda, al Apruebo. Hasta el autor de "La Revolución Silenciosa" dice que votará Apruebo. Longueira votará Apruebo. Diez ministros votarán Apruebo, contra siete del Rechazo, que es la única salvación del país. El plebiscito ha sido irregular desde su origen, obtenido por el miedo a la violencia marxista. Pues la respuesta natural a si se desea una nueva Constitución es "Sí" o "No", pero a la izquierda eso no le gustaba e impuso la irregular opción "Apruebo" y "Rechazo", porque le conviene. Además, impuso una inmoral segunda cédula que ¡presupone el triunfo del Apruebo! pues todos los electores deben optar entre convención constituyente y convención mixta, lo cual sólo puede tener lugar si triunfa el Apruebo. Por eso yo recomiendo anular ese segundo voto, no marcar ninguna opción y escribir "Pinochet Vive", lo cual lamentablemente no es cierto, pero es tan irreal como dar por ganador al Apruebo antes del escrutinio.

Como las encuestas chilenas no son confiables, Gerardo Jofré encargó una a Argentina, a una firma  seria a cuyos dueños les importa un rábano lo que pase en Chile. Y descubrieron que el Rechazo gana por 53 a 47 %, pero sólo el 22 % de los partidarios del primero van a ir a votar, mientras que el 53 % de los del segundo sí lo hará. En esas condiciones, el Apruebo ganará el plebiscito 60 a 40 %. Es decir, la derecha no ha cambiado nada, salvo para peor, desde el 70. Hasta yo, que fui a votar ese año y llevé obligado a mi padre, impedido de caminar, y lo hice subir cuatro pisos en un liceo donde estaban las mesas, ahora no voy a poder ir porque mi mujer me ha dicho que traería de vuelta el contagio a la casa, así es que si voy, que no vuelva. Y como no tengo "sucursal", no iré. Un plebiscito en estas circunstancias no tiene validez alguna, pero la izquierda lo impone, porque cree que es "ahora o nunca" para transformar a Chile en Cuba o Venezuela. Y posiblemente tiene razón.

Anteayer mi hijo mayor estaba en una compraventa de autos, procurando cobrar uno que vendimos, y entró una señora distinguida, elegante y colorina y les dijo que quería vender su Mercedes porque ya no podía usarlo debido a los asaltos y portonazos. Les añadió que había vendido sus siete propiedades y todas sus acciones y se había llevado la plata a Estados Unidos, pero se iba a radicar en Portugal. Es de una antigua familia de apellido francés, con mujeres colorinas buenas mozas y hombres también colorines y exitosos en los negocios. Son de la gente que mueve al país, que es muy poca y sin la cual no se hace casi nada de productivo. ¿Cuántos "Negros Fernández" hay que funden la Universidad de los Andes, Santa María del Mar, Chicureo, isapres que atienden bien y empresas eléctricas que dan luz en Chile y Argentina? Uno. Es la poquísima gente que invierte el 80 % de la inversión chilena total, gente a la cual el gobierno militar le dio garantías y por eso Chile pasó de ser el último en crecimiento al primero en 17 años; gente que, con la violencia, las trampas, la cobardía de Piñera, el éxodo de políticos de derecha al Apruebo y la traición de los líderes fundamentales de la derecha, no es de extrañar que resuelva marcharse al extranjero con su plata. Porque así como son los más hábiles para crear acá, son los más hábiles para saber dónde y cómo arrancar cuando los persiguen acá. 

Así, el 70 se repite cincuenta años después en el 20, con la única diferencia de que ahora estamos más imbéciles. Porque en el 70 no había nadie de derecha, salvo Goyo Amunátegui, que dijera que el triunfo de Allende era bueno. En cambio ahora estamos llenos de los que dicen que el triunfo del Apruebo es bueno.

Como el piloto que, agotadas todas las maniobras para evitar estrellarse, les comunica a los pasajeros: "Les habla el piloto, repitan conmigo: Padre nuestro, que están en los cielos...", yo les digo ahora a los chilenos: "Repitan conmigo: Virgen del Carmen, Patrona de Chile, salva a tu pueblo, que está cada vez más imbécil, pero pese a ello todavía clama a ti".

Abogada Dice No Ser Comunista, Pero...

Pablo Longueira, en su reciente irrupción política, señaló que el proceso que le afecta es debido a la persecución de la abogada comunista del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horwitz. Pero ésta ha desmentido ser comunista y ha recibido el apoyo y desagravio de abogados de su misma tendencia, que la respaldan.

A raíz de eso la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe, en carta a “El Mercurio” del 6 de septiembre, ha recordado que “…el 21 de octubre pasado, tras el estallido de violencia donde se cometieron gravísimos actos delictuales y daños a bienes públicos y privados –acontecimientos en los cuales al Consejo le correspondía intervenir—la señora Horwitz tuiteó: 'La táctica de la derecha será ahora promover el desabastecimiento para que cunda la desesperación y se adopten más medidas de fuerza, pero sólo ocurre en barrios medios o pobres, porque arriba en la cordillera no hay problema… está claro contra quién es la guerra de Piñera'”.

Al menos tiene identidad de postura con los comunistas, con quienes también ha coincidido en la persecución contra el ex Presidente Pinochet. Pues cuando hace dos años se sobreseyó la última causa que mantenía abierto el caso Riggs, contra oficiales que fueron sus secretarios-ayudantes como comandante en jefe, la prensa informó que la abogada y diputada comunista Carmen Hertz se movilizó para aprovechar los últimos días de permanencia en el Poder Judicial del ministro izquierdista Milton Juica y conseguir que la sala penal de la Corte Suprema admitiera a tramitación recursos de casación interpuestos por ella y María Inés Horwitz para mantener abierta dicha causa.

Ello dio pábulo a que la entonces presidente del CDE, de la misma tendencia política, María Eugenia Manaud, denunciara en “El Mercurio” una supuesta malversación de caudales públicos por Pinochet.

En mi obra “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”, destiné un apéndice a probar que Pinochet fue mucho más delicado que sus sucesores, Aylwin et al, en el manejo de gastos reservados. Pues un examen riguroso de las cuentas durante su gobierno, hecho por un director socialista de Impuestos Internos, le comprobó no haber justificado el uso de 540 mil dólares durante toda su gestión de 16 años y medio (“La Tercera”, 18 de octubre de 2005, p. 3), en circunstancias que después de 1990 los gobernantes de la Concertación “se llevaban para la casa” sobres con billetes de gastos reservados por más de 540 mil dólares CADA DOS MESES. Eso quedó judicialmente acreditado ante un tribunal que me citó especialmente a fundamentar por qué yo lo afirmaba.

En las primeras tres ediciones de mi referida “Historia…” se concluía que todas las causas abiertas con motivo de cuentas en el Riggs habían sido sobreseídas. Después de publicada, sobrevinieron los recursos de las abogadas Hertz y Horwitz, así es que en la cuarta edición, (en preparación) debí agregar una nota al pie:

“Después de la publicación de la primera edición de este libro la diputada comunista Carmen Hertz, en concierto con la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horwitz, presentaron sendos recursos de casación ante la Corte Suprema, aprovechando el último día que integraba su Sala Penal el ministro jubilado Milton Juica. Así, contando con el voto de éste, anularon el sobreseimiento del “caso Riggs” y obtuvieron su prolongación y la incautación de propiedades por valor de US$1.696.000 de la familia Pinochet, renovando la persecución contra los oficiales secretarios ayudantes del ex Comandante en Jefe, con excepción de dos, Guillermo Garín y Gustavo Collao, que permanecieron sobreseídos porque habían conservado los papeles de sus respectivas gestiones, de los cuales consta, sugerentemente, que en ellas no hubo mal uso de gastos reservados. Es decir, está probado que Pinochet no abusó de éstos en esos dos períodos. El caso sólo se mantiene abierto respecto de los demás oficiales, sobre la base de meras presunciones y pasando por sobre la prescripción.”

En todo caso, el politizado desempeño post 1990 del Consejo de Defensa del Estado sufrió un traspié: demandó en los Estados Unidos al Banco do Espirito Santo de Florida por haber recibido un depósito de Augusto Pinochet que, sostenía, provenía de la sustracción ilícita de caudales públicos. El citado banco envió un abogado a Chile, con quien me cupo reunirme, y éste comprobó acá la falsedad de la acusación y, llevándose las pruebas a los EE. UU., ganó allá el juicio iniciado con gran publicidad negativa por el Consejo de Defensa del Estado y acreditó que los fondos eran de origen lícito.

Por supuesto, esa derrota judicial del CDE no fue informada por la misma prensa que había dado gran cabida y con caracteres de escándalo a la denuncia de supuesta ilicitud del depósito en el Banco do Espirito Santo.

En cuanto a la defensa del Estado por parte del Consejo, en los juicios iniciados por la guerrilla izquierdista o sus sucesores, ha sido casi nula. La subsecretaria de Justicia, Lorena Recabarren, cuantificó el año pasado en US$ 6 mil millones de dólares las indemnizaciones ya obtenidas, en centenares de juicios ilegales, por los extremistas de izquierda, gracias a la prevaricación que, pasando por sobre la cosa juzgada, la amnistía, la prescripción, la verdad de los hechos, la presunción de inocencia y el principio pro reo, han condenado al Estado a pagar cuantiosas sumas que legalmente no le correspondía solventar. Frente a eso, cero “Defensa del Estado”. Se reserva anualmente en el presupuesto un ítem de US$ 400 millones para seguir indemnizando a la extrema izquierda, a veces con caracteres de escándalo, como recientemente, cuando se ha condenado como autor de numerosos “homicidios calificados” a un general que, en 1973 y  formando parte de un Consejo de Guerra legalmente establecido, condenó a muerte al grupo guerrillero encabezado por el Comandante Pepe.

Si el CDE hubiera defendido realmente, como era su deber, al Estado de Chile y la recta aplicación del derecho, el fisco no habría debido pagar enormes sumas a la guerrilla extremista.

Cabe esperar que al cese del actual período de “parlamentarismo de facto”, es decir, al margen del derecho, que ha descrito el senador PPD Quintana con tanta candidez, una labor fundamental de un nuevo gobierno legalista y portaliano sea el juzgamiento, por abandono de sus deberes, de abogados y abogadas del Consejo de Defensa del Estado que han dejado pasar impunes las enormes exacciones sufridas por el fisco a raíz de la prevaricación de los jueces de izquierda.

 

La Insoportable Levedad de la Derecha

No he resistido  parodiar el título de la novela de Milán Kundera, "La Insoportable Levedad del Ser", porque se adapta perfectamente al feble temperamento de la derecha chilena, cuya centenaria inconsistencia y debilidad de carácter se han reeditado y acentuado en las últimas décadas y, en particular, en los últimos meses, semanas y días, en términos que tienen al país al borde del precipicio. ¡Pues ahora parte de la derecha hasta se ha fugado hacia el funesto "Apruebo"!

Es que siempre ha habido en ella un "soft belly" o "vientre blando", al cual le sobrevienen, por haber comprado consignas adversarias o por puro y simple miedo, pujos de pasarse al bando contrario. En particular se presentó ese miedo en 1964, cuando depuso todos sus principios y valores (y hasta su candidato propio, Julio Durán) y se plegó al socialismo comunitario de Frei Montalva, para impedir el triunfo de Allende, todo lo cual terminó por ser la antesala del gobierno de éste. Pero la ruinosa gestión del mismo condujo a que, transitoriamente, se revirtiera la izquierdización de la DC y ésta se fuera hacia la derecha en 1973 y juntas, sumados algunos "socialdemócratas" y hasta unos pocos ex allendistas, imploraran un 22 de agosto a las fuerzas armadas poner término al "experimento marxista chileno" (Robert Moss).

Los uniformados hicieron un gobierno de derecha exitoso, pacificaron el país, le dieron prosperidad y restauraron la democracia. Pero al advenir ésta renacieron las ambiciones políticas de la DC y los eternos miedos de la derecha ("nos van a colgar a todos de los faroles", decía un prohombre de ella a comienzos de los 80, anticipando una derrota en las instancias electorales que el propio régimen militar abrió.)

Entonces, terminado éste, bajo la plena democracia, la derecha "se puso a temblar", como decía Michelle Bachelet que lo hacía cada vez que "la izquierda sale a la calle", y unas aterrorizadas RN y UDI, para que los socialistas y comunistas no las insultaran y funaran, borraron apresuradamente de sus Declaraciones de Principios los testimonios de gratitud y admiración al gobierno militar, se pasaron al enemigo y se plegaron a Sebastián Piñera, a su "No a Pinochet" y a su persecución contra los militares (r), todo un engendro de traición y pánico que en conjunto tiene el infausto nombre de "piñerismo". 

Éste, en sus V y VII gobiernos de la Concertación y en su servil entreguismo ante las bravatas de la izquierda, que en octubre de 2019 se trocaron en rendición ante una revolución violenta; y también tras la entrada masiva de agitadores y subversivos cubanos, venezolanos, colombianos y argentinos que se sumaron a la subversión marxista local, ha desembocado el año pasado en un virtual golpe de estado y en la instauración de un régimen parlamentario de facto (senador Quintana dixit) con la derogación de hecho de la Constitución y el imperio de una Ley de la Selva y barbarie que sólo se han moderado transitoriamente, gracias a las restricciones impuestas por el coronavirus.

Esta fuga de parte de la derecha hacia el "Apruebo" y a la demolición del milagro chileno se ha tornado, de disimulada que era con Piñera a la cabeza y Evelyn Matthei negándose a manifestarse, a incontrolable y masiva ya con Lavín, Longueira, Chadwick y Felipe Alessandri en carrera desatada hacia el otro bando. Las encuestas locales, conocidamente sesgadas, no dan un peso por el "Rechazo". En vista de eso el empresario Gerardo Jofré buscó una firma argentina seria y ésta reveló que, en la real opinión pública chilena, vence el "Rechazo" por 53 a 47 por ciento, pero, y es un gran PERO, más de la mitad de quienes votan "Apruebo" aseguran que van a ir a votar, mientras sólo el 22 % de los inclinados al "Rechazo" dice que irán, ya sea por temor al contagio o por falta de compromiso político. Y así, contabilizando sólo a los que van a ir con seguridad a votar, el "Apruebo" ganaría por 60 a 40 por ciento. 

He ahí la madre del cordero, que nos retrotrae a 1970. Entonces, si la derecha no quiere volver a tropezar con la misma piedra 50 años después, como primera medida, contagio o no contagio, TIENE QUE IR A VOTAR.

Yo antes había pensado marginarme de este proceso espurio, impuesto por la fuerza, lleno de trampas y carente de toda seriedad, pero he resuelto ir a votar. Pero, para que sea voto útil, hay que aprender de la historia.

Pues en 1970 todas las encuestas daban por ganador a Alessandri, pero (1) gran parte de la derecha, confiada en eso, no fue a votar; (2) la izquierda, como siempre, hizo trampa, pues Allende y Tomic se habían coludido secretamente y habían llegado a un acuerdo antialessandri, después develado; (3) si la derecha no fue capaz siquiera de ir a votar, mucho menos pudo poner un apoderado en cada mesa; (4) luego, los del acuerdo secreto leyeron en voz alta en el escrutinio muchos votos que decían "Alessandri" como si dijeran "Allende" o "Tomic", fifty-fifty, pues la izquierda siempre roba, pero particularmente en las elecciones. Lo demás es historia.

En 2017 la derecha, por primera vez, logró poner un apoderado en cada mesa y logró ganar 55% a 45% en la elección presidencial. Claro, el candidato triunfante gobernó con las ideas del otro bando y estamos al borde de perderlo todo. Tanto cedió Piñera el 15 de noviembre que se ha dado el extremo absurdo de que vamos a votar con dos cédulas: una para optar entre "Rechazo" y "Apruebo" y la segunda ¡dando por triunfador al "Apruebo"! para elegir en qué forma se va a materializar su convención constituyente. Esa es una "crónica de una derrota anunciada" de uno de los bandos y no se había visto jamás en ninguna elección democrática. Pero acá el infinito entreguismo de la derecha ante la izquierda lo ha aceptado.

 

Bueno, ése es el vaso medio vacío. Ahora veamos el vaso medio lleno: (1) Aunque gane el "Apruebo", hasta al menos 2022 va a continuar rigiendo la actual Constitución de 1980; (2) Los deleznables partidos políticos se han fijado reglas que los favorecen y que perjudican a los candidatos independientes a la convención, que no tienen ninguna posibilidad de ser elegidos convencionales constituyentes, pero ¡Y ESTE ES OTRO GRAN PERO! (3) La izquierda está mucho más dividida, en decenas de montoneras, que la derecha, que lo está en sólo tres o cuatro. Es decir, es mucho más fácil para ésta formar una lista única, y la misma le asegura la mayoría en la convención constituyente. Pues el sistema electoral de "cifra repartidora" así se lo garantiza. (4) Con esa mayoría la derecha puede derrotar, si quiere, TODAS las mociones de reforma de la izquierda. (5) Y todavía está el "plebiscito de salida", la gran revancha, donde aún habiendo perdido el de entrada, la derecha puede ganar, botar toda la papelería de la convención, mantener la Constitución de 1980 y entrar a otros "treinta mejores años de la historia de Chile", en lo posible presididos por un genuino (o no tan genuino) heredero del mejor Presidente del siglo XX, el mismo que en 1990 entregara a la civilidad un país pacificado, próspero y con una muy feliz Araucanía.

"¡Aún tenemos Patria, ciudadanos!"

Que el Último Apague la Luz

¡Qué penoso espectáculo el de ChileVamos, con un Lavín socialdemócrata, un Longueira que vota "Apruebo" y una Evelyn que no sabe! Yo no me hago problema, porque voto por José Antonio Kast y éste va por el "Rechazo". Pero me pregunto ¿para qué necesitamos una oposición de izquierda que nos mande al diablo si la derecha de Piñera hace lo mismo y sus sucesores piensan igual a él?

¡Qué distinto era todo cuando teníamos al mejor Presidente del siglo XX, la economía crecía al 10 % anual, había paz interior y la guerrilla terrorista estaba derrotada, los caciques designaban a Pinochet como "gran jefe, conductor y guía" y se podía transitar por una Araucanía pacífica y próspera, que había votado mayoritariamente "Sí" en el plebiscito! Pero entonces llegó Piñera a la derecha (no quiero mencionar a quienes lo trajeron, para no desprestigiarlos) y ésta se desvirtuó, se dio vuelta la chaqueta, se arrepintió, pidió perdón persiguió a los militares (r) y nos ha traído a donde estamos, es decir, a medio morir saltando entre la pandemia y el paredón.

Meses atrás, en el lanzamiento de su revista "Economía y Sociedad", edición de abril-junio, que en portada traía una reproducción de "El grito" de Munch y el título "¡Detengan la locura constituyente!", José Piñera nos decía a los concurrentes que les había pedido, a los pocos partidarios de una nueva constitución que encontró, que le dieran una sola buena razón para reemplazar la actual. Ninguno había podido dársela. Tan clara es la disyuntiva.

El argumento de la "ilegitimidad de origen de la Constitución", desde luego, es absurdo. Para demostrarlo basta recordar que uno de los artífices de la Carta, el más destacado jurista DC, Alejandro Silva Bascuñán, a la sazón presidente del Colegio de Abogados, aportó en la Revista de Derecho y Jurisprudencia número  LXX, de septiembre-octubre de 1973, los argumentos para estimar "legítimo" al gobierno militar, diciendo textualmente: "Han concurrido, pues, a juicio del Colegio de Abogados, en el caso de Chile, todas las condiciones doctrinarias para estimar como legítima la rebelión armada que depuso al gobierno anterior". Luego, la Constitución que proponga un gobierno legítimo y apruebe el pueblo, es legítima.

Además, en el plebiscito aprobatorio de la Carta en 1980 no había obligación de participar, pero lo hizo el 56 % de los ciudadanos, dos tercios de los cuales la aprobaron, en coincidencia con todas las encuestas de opinión, incluida la Gallup norteamericana. ¿Irán a votar en el próximo plebiscito del 25 de octubre, viciado por la violencia que presidió su gestación bajo amenaza, los 10 millones y medio de electores equivalentes hoy al 56 % de la población? Un crítico de Pinochet, el historiador Gonzalo Vial, escribió mucho después sobre el resultado de 1980: "...la holgada y libre victoria del 'Sí', como verdad general, sólo podía negarse por obcecación".

Esa Constitución tuvo el mérito de presidir los mejores treinta años de progreso de la historia de Chile, lo que habla mejor que nada de sus virtudes. Y si hubiera existido una brizna de invalidez en su gestación --la cual tomó seis años de análisis por parte de los más distinguidos juristas no-marxistas del país y de examen por el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno-- la objeción habría resultado superada por la ratificación de la Carta en otro plebiscito, el de 1989, acordado por gobierno y oposición, en que votaron 7.082.079 personas de una población de 12.707.000 (de nuevo el 56 % de la población) y donde el "Sí" triunfó con el 91,25 % de los votos. ¿Qué más ratificación y saneamiento quieren?

Nadie objetó entonces el resultado y éste envolvió el reconocimiento definitivo de la Constitución en términos indubitables. No era siquiera necesaria la segunda ratificación que hizo después el Congreso, en 2005, al aprobar las reformas de Lagos, que estaba tan ufano del texto ¡que puso al pie su nombre y el de sus ministros, en lugar del de Pinochet y los suyos! 

Una buena derecha habría podido salvar al país de la actual "locura constituyente", pero el piñerismo deterioró a tal grado al sector que hoy sus principales adalides, con la única excepción de José Antonio Kast y de mi partido, Fuerza Nacional, que hace esfuerzos por nacer, parecen empeñados en condenar a Chile al socialismo del siglo XXI que, como decía "el otro Longueira" hace siete años (y por eso votamos por él y le dimos el triunfo sobre Allamand) tanta ruina ha traído allí donde se ha aplicado.

Cuanto antes se vaya este gobierno y el último apague la luz, tanto mejor para el país.

La República "Venera" a Sus Más Ancianos Soldados

Murió a los 93 años el general (r) Héctor Orozco, preso político, con un brazo encadenado a su lecho del Hospital Militar. Sufría alzheimer y seguramente no había podido enterarse de la calumnia de que lo hacían objeto la judicatura imperante, al condenarlo, y la "prensa seria", al informar, faltando ambas a la verdad de los hechos, como autor de dos "homicidios calificados" hace 47 años.

¿La verdad de los hechos? Puede encontrarse en la página web del Poder Judicial o en el libro "Prevaricato", del autor Adolfo Paúl Latorre: en diciembre de 1973 Orozco se hallaba en su despacho de comandante del Regimiento "Yungay" de San Felipe y oyó una ráfaga de disparos en las afueras del cuartel. Salió a averiguar de qué se trataba y se encontró con que dos presos, que recién habían prestado declaración ante un Consejo de Guerra, Rigoberto Achú y Abasalón Wegener, al tratar de escapar de la camioneta en que eran trasladados de vuelta a la cárcel, vigilados por un conscripto de apellido Bañados provisto de un fusil de repetición SIG, habían sido abatidos por éste, quien, tembloroso, sólo atinaba a repetir: "Se arrancaron... se arrancaron".     

Los hechos fueron juzgados en su tiempo y los partícipes en ellos, absueltos. El conscripto Bañados murió prematuramente poco después. Aún si hubiera habido algún delito, que no se acreditó, la responsabilidad penal se habría extinguido por la amnistía de 1978 y, en todo caso, por la prescripción. Todo eso bajo la "rule of law", "regla de la ley", también traducida como "estado de derecho". Éste se mantuvo en Chile hasta los primeros años del nuevo siglo. 

Pues surgieron en el país acontecimientos y conductas que terminaron con la "rule of law": dos políticos, un abogado y a la vez diputado comunista, un juez tentado por la perspectiva de la fama mundial y un comandante en jefe del Ejército que adjudicó públicamente una supuesta y total responsabilidad penal a su institución, declarándola responsable "de todos los hechos punibles y moralmente reprochables" del pasado. ¡Todos! Sus nombres respectivos: Patricio Aylwin, Sebastián Piñera, Hugo Gutiérrez, Juan Guzmán Tapia y Juan Emilio Cheyre. 

Aylwin abrió el camino a la prevaricación al escribir en 1991 una carta inconstitucional a la Corte Suprema, conminándola a no aplicar la ley de amnistía, "que mi gobierno respeta", dijo, sino hasta la sentencia de término. Era una petición ilegal porque el art. 107 del Código de Procedimiento Penal ordenaba al juez, en caso de amnistía, "negarse a dar curso al juicio" y ponerle término. 

Piñera triplicó en su primer mandato el número de querellas ilegales contra militares y entre ellas interpuso precisamente la que llevó a condenar al general (r) Héctor Orozco a 18 años de presidio por "dos homicidios calificados", dictada por el ministro sumariante Jaime Arancibia, de la Corte de Valparaíso, porque "atendida su situación jerárquica, (Orozco) debió conocer y aún más autorizar aquellas situaciones excepcionales como la ocurrida en autos, en que precisamente resultan dos personas muertas".

En blog del 8 de agosto comenté otra condena por "homicidios calificados", contra otro general nonagenario, Santiago Sinclair, a cinco años y un día de presidio efectivo por haber integrado un consejo de guerra que el 4 de octubre de 1973 condenó a muerte al guerrillero "Comandante Pepe" (José Gregorio Liendo) y once esbirros suyos. También el mismo fallo condenó a diez, cinco y tres años y un día, respectivamente, a tres miembros de la comitiva del general Arellano, ninguno de los cuales fue siquiera parte del referido consejo de guerra de Valdivia, y sólo aterrizaron ese 4 de octubre allá. A todo esto, los turbios manejos judiciales del abogado comunista Hugo Gutiérrez, en otro proceso, habían logrado ubicar ese mismo 4 de octubre a la comitiva de Arellano en Cauquenes, para culparla de muertes ocurridas en esa fecha allá. Un caso de "bilocación judicial". 

Los fallos condenatorios de ambos distinguidos generales en retiro nonagenarios violan leyes expresas y vigentes: cosa juzgada, amnistía, prescripción, presunción de inocencia y obligación de probar la existencia de los delitos.

Pero ya no es noticia que uniformados en retiro sean condenados sin pruebas por delitos inexistentes y que, por tanto, no cometieron. Sí lo es que uno del más alto rango haya muerto tras ser atropellados sus derechos humanos más elementales y ante la mayor indiferencia judicial, gubernativa y ciudadana. Y que otro general en retiro, también nonagenario, ex vicecomandante en jefe y ex miembro de la Junta de Gobierno, sea condenado a presidio por inexistentes "homicidios calificados", cuando lo que se limitó a hacer fue a integrar un consejo de guerra regido por la legalidad de hace 47 años y que castigó un alzamiento guerrillero cuyo jefe buscaba, confesamente, provocar una guerra interna que, para ser exitosa, según sus propias palabras, necesitaba generar a lo menos un millón de muertes en el país.