domingo, 26 de febrero de 2017

¡Aún Tenemos Honestidad, Ciudadanos!


          Hoy al leer “El Mercurio” me encontré con una doble y grata sorpresa: venía una carta del diputado Giorgio Jackson haciendo ver las falencias éticas de Piñera y el diario tuvo el coraje moral de publicarla.

          El diputado parte con un reconocimiento al Ministerio Público “por no inhibirse ante un proceso contra un ex Presidente y atribuirle participación en un delito, o sea tratarlo como imputado”.

          Esto es importante, pero simboliza al estado de precariedad moral que vive nuestra sociedad. Pues, como decía hace sesenta años un ex Contralor General de la República, Humberto Mewes Bruna, que representaba el epítome de la integridad, “se ha llegado a una situación en que el deber cumplido es un mérito señalado”. ¿Cómo podía inhibirse el Ministerio Público ante una situación en que las sociedades del entonces Presidente de la República, constituidas en paraísos fiscales, compraron acciones de una pesquera peruana evidentemente susceptible de beneficiarse de una ampliación del mar peruano solicitada al Tribunal de La Haya? Difícilmente puede concebirse una negociación más incompatible.

          Jackson, a la vez, reconoce el derecho a la presunción de inocencia de Piñera, pero añade: “la defensa de sus derechos procesales no implica tolerar los privilegios mediáticos y políticos que este caso devela. Esos privilegios exclusivos se hacen evidentes al ver las portadas de los diarios –incluido éste--  y cómo no, al recordar la caída de Laurence Golborne, precandidato de su mismo sector político, a quien bajaron como candidato presidencial por conductas poco éticas, que han sido prácticas habituales del ex mandatario”.

          Añade que “crecemos cuando exigimos a quienes aspiran a dirigir el país normas éticas por encima de las exigencias de la justicia penal”. Y termina: “Sólo para que quede claro: los derechos del ciudadano Piñera los queremos de manera igualitaria para todos. Los privilegios mediáticos y políticos de que goza no los queremos para nadie”.

          La opinión de Jackson es digna de consideración no sólo por su contenido moral en sí, sino porque en las encuestas está a la cabeza de las preferencias ciudadanas y, si tuviera edad para aspirar a la Presidencia de la República, sería gran favorito para los comicios de noviembre. Desde mi punto de vista, lo considero completamente equivocado en sus posturas políticas, económicas y sociales. Su juicio histórico corresponde al de cualquier cerebro lavado del Chile actual. Pero es un tipo honesto. Tanto como para reconocer que la dieta y gastos de representación parlamentarios son excesivos –como lo son— y para adelantarse a patrocinar una reducción de los mismos, que lo perjudicaría en lo personal.

          ¡Aún tenemos honestidad, ciudadanos! Los de la derecha ética, que patrocinamos la candidatura presidencial de José Antonio Kast, nos sabemos silenciados por los medios. Yo quise vocear un llamado a firmar por José Antonio de un minuto en tres radios, Agricultura, Bío Bío y Cooperativa, durante un mes y a un costo de dos millones de pesos en cada una, y me fue denegado por razones exclusivamente políticas. Este blog fue reproducido durante seis años casi semanalmente por un diario digital de amplia lectoría. A partir de noviembre dejó de serlo. ¿Creen que no sospecho la razón? He sido excluido de paneles radiales y televisivos en que mi presencia ya había sido acordada. ¿Creen que no sospecho la razón?

          La carta de Jackson sobre las prácticas poco éticas del ex mandatario y el coraje de “El Mercurio” de publicarla nos permiten esperar que no todo esté perdido y exclamar: “¡Aún tenemos honestidad, ciudadanos!”

jueves, 23 de febrero de 2017

El Momento Estelar de Aylwin


          La política es el arte de la contradicción. Aylwin ha pasado a la historia como un político que administró ese arte como nadie. Su hija ha sido impedida de viajar a Cuba porque allá los opositores al régimen comunista iban a homenajear a su padre como un gran demócrata, que lo fue. Pero también fue un gran favorecedor de los comunistas, como pueden acreditarlo en Chile las decenas de miles de beneficiarios de pensiones, salud y educación gratis e indemnizaciones millonarias que le granjearon al extremismo armado la Comisión Rettig creada por Aylwin, y la sucesión de leyes complementarias en su beneficio y en perjuicio de los militares, que él impulsó.

          La historia exhibe a dos Aylwines, como puede verse en filmaciones de YouTube cuando Aylwin I dice en 1973 que los militares sólo se anticiparon al autogolpe de Allende para instalar una dictadura comunista y Aylwin II, veinte años después, cuando afirma que jamás dijo eso y que sólo lo supo “cuando salió el libro ese o el documento (sonrisa irónica) que publicó el gobierno militar denunciando ese plan”.

          La política consiste en contradecirse: la UDI defenestró en 2013 a su candidato presidencial Laurence Golborne porque le descubrieron unos pocos millones de dólares en un paraíso fiscal, pero va a proclamar en 2017 como su candidato presidencial a un personaje que tiene 1.800 millones de dólares en paraísos fiscales, como ha debido confesar después de que una querella comunista lo puso en evidencia. Pero a la UDI eso ya no le importa y se va a contradecir de todas maneras.

          Aylwin I defendía en 1973 a los militares de la crítica de haber sido muy duros con los subversivos cuando ya se había producido la mayor parte de las muertes que hubo entre ese año y 1990, pero no obstante eso Aylwin II los sentó en 1990 en el banquillo de los acusados ante el país y el mundo por esas mismas muertes, y le escribió una carta a la Corte Suprema para que no se les aplicara la amnistía en forma inmediata en los procesos, como ordena el código, lo que desencadenó después un torrente de condenas ilegales contra ellos.

          Y Aylwin I defendía a los militares porque él había sido, en cierto modo, gatillador del pronunciamiento de 1973, cuando les comunicó al general Arellano y al Comité de los 15 generales deliberantes, a través del hijo de aquél, que no iba a haber ninguna posibilidad de entendimiento político con Allende. (Ver libro “De Conspiraciones y Justicia”, de Sergio Arellano Iturriaga).

          Pero el verdadero momento estelar de este complejo personaje se produjo, a mi juicio, en el Estadio Nacional al pronunciar el discurso con que asumió la Presidencia de la República en 1990 y llamó a la reconciliación nacional. Él quería que la hubiera y lo dijo, pero cuando mencionó la “reconciliación entre civiles y militares” y los comunistas presentes en el estadio lo hicieron objeto de una sonora rechifla, y él replicó enérgica y casi violentamente a gritos: “Sí, señores, entre civiles y militares”, todos los que conocemos a los democratacristianos supimos o debimos saber que los militares estaban ya condenados. Ése fue el momento estelar en que Aylwin resolvió retroceder ante el comunismo, someter a los militares a juicio, ocultar los crímenes de la extrema izquierda y sus 423 víctimas, colgárselas a los militares o a una difusa “violencia política” y, en fin, hacer cualquier cosa menos pelear con los comunistas, a los cuales llenó de plata, de granjerías y de la facultad de administrar justicia a su gusto y perseguir, condenar y denostar a todos los militares posibles hasta terminar con ellos condenados ante la historia si están muertos o atados con una cadena a la cama de un hospital si están presos y enfermos o condenados a más de cien años de presidio contra todas las normas de un debido proceso si han cometido la insolencia de seguir vivos y sanos.

          El momento estelar de la gran traición de Aylwin tuvo lugar esa noche de marzo de 1990 en el Estadio Nacional.

La derecha está demasiado moribunda como para recordarlo y entenderlo, tanto que ha pasado a ser “centroderecha” y a tener la misión de “reivindicar el legado de Aylwin”, como dice Allamand en su último libro, cosa que ella hará apoyando como candidato presidencial a un émulo de Aylwin en la traición a los militares, como es Sebastián Piñera.


          El no-viaje de Mariana a la isla no tiene que ver con la verdad histórica ni con la deuda que el comunismo tiene con Aylwin II, sino con los problemas internos de allá, donde hay una dictadura que sabe muy bien cómo impedir que sus opositores se manifiesten públicamente y conciten la atención de la prensa internacional. Pero ha servido para rememorar una vez más el doble papel que jugó un político de renombre y el momento estelar de su carrera en que decidió prestarle un servicio invaluable a la causa del comunismo internacional, que sus representantes en Cuba hoy no parecen interesados en agradecer.

domingo, 19 de febrero de 2017

Los Caminos del Señor


          Los que creemos en Dios solemos decir, cuando no entendemos por qué tantas veces triunfa el mal, que Él “escribe derecho con líneas torcidas”. Y la verdad es que los caminos del Señor a veces son inescrutables.

          Siempre he considerado al diputado comunista Hugo Gutiérrez como lejano al Señor, por decir lo menos. Un denodado defensor de terroristas y, simultáneamente, perseguidor de quienes nos protegieron a los chilenos de ellos, los militares.

          Se hizo mundialmente famoso a comienzos del siglo cuando anunció urbi et orbi y primero que nadie, blandiendo la resolución judicial en la mano ante las cámaras, uno de los documentos más canallescos de la historia de Chile: el procesamiento de Pinochet por delitos de los que ni siquiera había sabido, urdido bajo el influjo maléfico de Gutiérrez por Juanito Guzmán, de infausta memoria. Y casi todo el país se hizo cómplice de la canallada, al ser rubricada después por la Corte Suprema con su declaratoria de desafuero del Senado dictada contra el principal estadista chileno del siglo XX.

          Con motivo de todo eso escribí un libro demostrativo de las antijuridicidades cometidas, “La Verdad del Juicio a Pinochet”, que pese a la falta de patrocinio que lo afectó (no era políticamente correcto), estuvo muchas semanas entre los más vendidos. Nunca ha sido refutado. El historiador Gonzalo Vial, no afecto a Pinochet, dijo en uno de sus libros acerca de él: “Hermógenes Pérez de Arce escribió un lúcido y provocador análisis de las irregularidades legales y procesales cometidas (afirmaba) por el ministro Guzmán en el juicio a Pinochet. Nadie recogió el guante. No era el derecho el tema fundamental que se disputaba”. (“Pinochet, la Biografía”, p. 693).

          Por cierto, siempre fue un tema político. Y ahora, como “Dios escribe derecho con líneas torcidas”, Hugo Gutiérrez se ha querellado, por una razón política, contra Sebastián Piñera por haber comprado acciones de una pesquera peruana cuando el país del norte había demandado a Chile ante La Haya y dicha pesquera podía beneficiarse de un fallo adverso al país. La negociación incompatible es palmaria, pero los lectores de este blog sabrán que resulta comparativamente venial si se la compara con numerosas otras actuaciones de Piñera que este mismo blog siempre ha denunciado, en sus casi siete años de existencia.

          Durante más de seis de esos años fue frecuentemente reproducido en “El Mostrador”, un diario digital de centroizquierda que así hacía gala de pluralismo, cosa a la cual renunció hace más de tres meses, por motivos que sólo puedo conjeturar. Pero lo que conjeturo sólo es parcialmente eficaz para su autor, porque días atrás “El Mostrador” publicó un artículo de Sergio Fernández (que no es el ex Ministro del Interior de Pinochet), probando que Piñera no cumple ninguno de los estándares de probidad exigibles a un candidato a un cargo público, culpándolo de fraude a las leyes del trabajo como propietario de Chilevisión; también de hacer un regalo a las mayores empresas, mediante su reforma tributaria que nos subió los impuestos a los contribuyentes normales, con la consagración del “goodwill” tributario, rebaja de impuestos que habría costado centenares de miles de millones de pesos al fisco; lo culpa además de ser el firmante del proyecto de Ley de Pesca por el cual se procesa a Longueira; de “raspar la olla fiscal” al cobrar hoy la dieta de ex Presidente de casi diez millones de pesos mensuales, más otro tanto para “movilización y gastos de oficina”, con el fin de que pueda tener una “vida digna”, siendo dueño de la tercera mayor fortuna del país (y es el que más cobra entre los ex Presidentes y el que menos rebajas sufre); asimismo, le imputa haber emitido facturas falsas a Aguas Andinas y SQM para gastos electorales no autorizados y desviar las respectivas cantidades recibidas a pagar gastos de su empresa Chilevisión; y, en fin, de eludir impuesto global complementario al mantener el 72 % de su patrimonio, por 1.800 millones de dólares, radicado en paraísos fiscales.

          Poco obtuvo entonces Piñera de mi exclusión de “El Mostrador” si éste publica iguales o mayores denuncias que las mías formuladas por otra u otras personas.

          Pero, además de ello, resulta notable que el país viniera a conocer que el hoy no-candidato Piñera (risas entre la lectoría) tenía US$1.800 millones de sus US$2.500 millones de dólares en paraísos fiscales del exterior sólo gracias a la querella del abogado comunista Hugo Gutiérrez. Si no, no se habría sabido. Es lo que llaman “transparencia”.
Piñera tenía convencida a la opinión pública de que había un “fideicomiso ciego” que administraba sus bienes en medio de la mayor ignorancia de su inocente dueño. Claro, cesaba la ceguera del fideicomiso cuando su titular era sorprendido velando con aguda visión por su interés pecuniario en el caso Cascadas, tratando el tema incluso en un comité político de ministros, según le confesó cándidamente uno de los asistentes a un amigo, de lo cual él, como todos los demás presentes, se desdijo, al estilo de cuando en la URSS retocaban fotografías para suprimir personajes que se habían tornado políticamente incómodos.

          Sea como fuere, los inescrutables “caminos del Señor” han llevado a un hereje como Hugo Gutiérrez a prestar un señalado servicio al país al poner en evidencia la gigantesca evasión tributaria de Sebastián Piñera durante casi toda su Presidencia y hasta hoy, al haber radicado secretamente el 72 % de su fortuna en paraísos tributarios del exterior, lo que no obsta a que sus partidarios en coro lo proclamen candidato presidencial en medio de furibundas condenas verbales a las reales o supuestas faltas de probidad de todos los demás.

           

miércoles, 15 de febrero de 2017

¿Y la Familia Militar?


          Cuando se habla de la “familia militar” algunos dicen que son quinientas mil personas y otros las hacen llegar a ochocientas mil, entre personal en actividad y pasivo, con sus respectivos familiares. Pero cualquiera fuere la cifra, el hecho concreto es que no se ha podido conseguir que siquiera uno de cada diez miembros de ella vayan a una notaría a hacer el breve y gratuito trámite de patrocinar la candidatura presidencial de José Antonio Kast, el único postulante que defiende el legado del Gobierno encabezado por miembros de dicha respetable familia, que salvó a Chile del comunismo, lo sanó de la violencia extremista, lo sacó de la hiperinflación y de la escasez y lo trasladó, de la retaguardia de los subdesarrollados en que se hallaba, a la vanguardia, como el país con mayor ingreso por habitante de América Latina.

          Sabemos que “la familia militar” no pudo impedir la venganza extremista y cada vez más de sus miembros han ido y van a parar a la cárcel, condenados por la prevaricación de la justicia roja, que desconoce los fundamentos básicos de un estado de derecho. Digamos las cosas como son: ha dejado abandonados a sus “caídos tras las líneas enemigas”, que ya saturan el penal de Punta Peuco. Hoy “Chile Informa” nos pone al tanto de que el ministro sumariante rojo del sur, Álvaro Mesa, ha mandado al presidio de Punta Peuco a otros cuatro carabineros (a dos por diez años y un día y a dos por 541 días) porque en octubre de 1973 dieron muerte a un sujeto que huyó cuando lo conminaron a detenerse, en la época del pleno combate contra la guerrilla de izquierda. ¿Prescripción, amnistía, cosa juzgada? No, estamos en Chile, país donde terroristas autores de crímenes sangrientos están libres, son indemnizados y declarados “víctimas”; y los uniformados que los enfrentaron van presos, aunque la ley diga lo contrario. ¿Y la familia militar?

          Hace años, cuando comenzó la prevaricación judicial izquierdista, nos convocaban a manifestarnos a la Plaza Inés de Suárez, un lugar de Providencia donde no era probable que llegaran los comunistas a golpearnos. La primera vez me pidieron que preparara un discurso. Lo hice y lo pronuncié, pero llegó tan poca gente a la manifestación que los bancos de la plaza alcanzaron para que todos estuvieran sentados. Era un sábado después de almuerzo y el 99 por ciento de los miembros de la “familia militar”, y también de la “familia civil” que alguna vez le estuvo tan agradecida, prefirió quedarse de sobremesa en su casa o en la de algún familiar o amigo.

          Pues la “familia civil”, esa que en el ‘73 brindaba con champagne en la calles en homenaje a los soldados que nos habían salvado del comunismo, digamos de nuevo las cosas como son, es peor que la “familia militar”. La vertiente DC de ella (representada por Frei Montalva en persona) ya en 1976 estaba pactando con los comunistas acerca de cómo echar a los militares, porque éstos no les habían dado en bandeja el poder a ellos después de hacer “el trabajo sucio” de eliminar la guerrilla marxista, justamente a raíz del cual ahora aquellos van presos. La vertiente de derecha de la “familia civil” no tiene nada que envidiarle a la DC: llegó al extremo de llevar a la Presidencia de la República a un “kerensky” que pasó a ser coautor activo de la prevaricación de los jueces de izquierda, Sebastián Piñera. Éste triplicó el número de querellas contra uniformados, trasladó a los que había en un penal pasable (Cordillera) a uno peor y hacinado (Punta Peuco) y a través de su Ministerio del Interior interpuso recursos ante la Corte Suprema para agravar las penas de militares ya ilegalmente condenados, transformando condenas de 541 días de presidio remitido en otras de presidio efectivo a cinco años y un día.

Y las últimas encuestas (GDF Adimark) dicen que la derecha, esa “familia militar y civil” que en 1973 brindaba por los militares ahora, en un 68 % votaría por la reelección del segundo peor verdugo de ésta, después de Aylwin, Sebastián Piñera.

          Entonces, ante la falta de veinte mil firmas todavía para José Antonio Kast, a quienes preguntan “¿y dónde está la familia militar?”, bien se les puede contestar: “junto a la 'familia civil' y no va a ir a firmar, porque hay un 68 % de ambas que prefiere votar por el segundo peor verdugo de los militares”.

domingo, 12 de febrero de 2017

¿Qué Habría Sucedido Si Alexis...?


          Chilenas y chilenos, hoy os volveré a hacer algo terrible: os pondré frente a vosotros mismos.

La última vez que cometí ese atentado de lesa chilenidad fue el 14 de junio de 2015, cuando escribí el blog titulado “El Chile Que todos Queremos”. El país se estremeció. Recibió cerca de doce mil lecturas y fue “trending topic” en las redes, pero me llamaron de una sola radio y no salió nada al respecto en los diarios ni en la TV.

          Bien: ojalá resistáis indemnes la pregunta: ¿Qué habría pasado si ayer Alexis Sánchez, tras convertir en Londres un gol con la mano, sin intención, pero mano que el árbitro no advirtió, por lo que validó el gol, nuestro compatriota se le hubiera acercado y le hubiera dicho: “Señor árbitro, hice el gol con la mano, así es que es nulo”? Por cierto, en ese mismo momento el juez habría invalidado el tanto.

          Y el mundo entero, con una sola excepción, habría exclamado, lleno de admiración: “¡Qué honrado es ese chileno!”

          ¿Por qué, “con una sola excepción”? Porque de todos los lugares del planeta, sólo en uno, en Chile, la gran mayoría lo habría repudiado, sin duda. Acá la honestidad no cuenta. El personaje nacional más admirado, designado en una encuesta televisiva nacional como “El Más Grande Chileno de Todos los Tiempos” y con el monumento más destacado del país frente al Palacio de La Moneda, es Salvador Allende, un deshonesto insigne, que se las arregló para recibir clandestinamente dinero soviético y norteamericano, que se hizo pasar por demócrata para acceder al poder pero expresamente confesó proponerse establecer un régimen “socialista, marxista-leninista integral” y que encubiertamente armó un ejército clandestino para eliminar físicamente a quienes se le opusieran.

          Y ahora mismo encabeza la mayoría de las encuestas para ser reelegido Presidente un individuo de negro prontuario, que está imputado por soborno en Argentina, cuya empresa insignia, que en ese momento él controlaba, fue sancionada por el mismo delito y por colusión en los Estados Unidos; que acá mismo fue sancionado hace diez años por comprar acciones con información privilegiada y ahora está siendo investigado por obtención de fondos con facturas falsas para su anterior elección, fondos que además ni siquiera usó en eso, sino en beneficiar a una empresa que era suya, Chilevisión.

          Entonces, en tal país, si Alexis hubiera actuado honestamente y hubiera informado al árbitro de que debía anular el gol, es probable que hubiera corrido el riesgo de perder la nacionalidad, de haber sido declarado “el h… del año” y eternamente ridiculizado por sus compatriotas.

          Ése es “el Chile que tenemos”. El que exporta bandas de delincuentes a Europa para robar en tiendas concebidas para clientelas honradas y, en el rubro “servicios”, perpetra rentables extorsiones telefónicas desde las cárceles de acá a ingenuos españoles de allá; el que en un 29 % no paga sus pasajes en el Metro; el que se roba en cualquier parte todo lo que pilla al menor descuido de su dueño; el país donde los jueces mienten en sus sentencias para poder condenar militares y son confirmados en sus mentiras por la Corte Suprema y encubiertos hasta por el Colegio de Abogados, que rechazó publicar en su revista un artículo mío denunciando tales mentiras. En otras palabras, es el país concebido para promover la deshonestidad.

          ¡Pobre de ti, Alexis, si en un rapto foráneo y miserable de honradez hubieras obtenido la anulación del gol! Hasta habrías puesto en riesgo tu nacionalidad.

En cambio, te quedaste “calleuque el loro”. ¡Grande Alexis! ¡Pura picardía criolla! ¡Pura chilenidad!

Postdata: Después de escribir lo anterior y recibir algunos comentarios se me ha ocurrido lo siguiente, que lo invalida: fue evidente para los que vimos el partido por TV que Alexis no tuvo posibilidad alguna de quitar la mano para que esta no golpeara la pelota ni entrara al arco. En estas circunstancias, no podría haberse cobrado falta y el gol fue legítimo. Por consiguiente, Alexis nada tenía que ir a confesarle al árbitro ni pedirle que anulara el gol y lo relevo de toda responsabilidad por quedarse "calleuque el loro". Nada de lo cual alivia ni exonera las culpas de los otros personajes individuales y colectivos mencionados en el comentario.

viernes, 10 de febrero de 2017

No Se Puede Ser Tan Políticamente Correcto


          Ayer leí la columna “Neil Gorsuch y el ‘gobierno’ de los jueces” del abogado y columnista de “El Mercurio”, Hernán Corral. Es cercano al Opus Dei, generalmente concuerdo con sus tesis, pero en esa columna prueba que es también, y lo lamento, “políticamente correcto” en exceso.

          Pues ha hecho un análisis muy jurídico y acertado de cómo los jueces en Chile han ido usurpando funciones que corresponden a los poderes Ejecutivo y Legislativo y han ido fallando, no de acuerdo a las leyes, como es su misión, sino a sus particulares ideas (políticas, agrego yo). Y alude al nombramiento de Neil Gersuch en la Corte Suprema de los Estados Unidos, un jurista contrario a semejante “activismo judicial” y que ha escrito: “La tarea de los jueces es declarar lo que la ley dice… y no lo que ellos piensan que debería decir a la luz de sus propias opiniones políticas”.

          Luego Hernán Corral cita al Contralor, que ha criticado a los jueces chilenos por determinar a qué sistema previsional deben adscribirse ciertos funcionarios públicos, desatendiendo el tenor de la ley.

          Después cita la extralimitación legal de la Corte Suprema al dictaminar que el Servel debe instalar locales de votación en las cárceles, lo cual también está al margen de los textos vigentes.

          En seguida, entre esos atropellos, afirma que “el más serio, sin embargo, es el congelamiento de los precios de los planes de las isapres, que se ha dado por el acogimiento ya casi mecánico de miles de recursos de protección”.

          También alude a “un grupo de jueces no elegidos democráticamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, que ha conseguido que el Gobierno chileno se comprometa a enviar un proyecto de ley que consagre el “matrimonio” homosexual con adopción y homoparentalidad.

          Y concluye declarando, acertadamente, que los magistrados que así actúan están violando un límite y su conducta “menoscaba el Estado de Derecho, devalúa la misma función judicial y pone en entredicho su independencia”.

          Perfecto. Pero ¿no falta algo en ese análisis? ¿Qué dirían ustedes de un columnista que escribe sobre “Las cumbres más altas de los Andes” y no dice una sola palabra sobre el monte Aconcagua?

          Pues Hernán Corral ni siquiera menciona que en Chile hay más de un centenar de presos, en distintos recintos y, en particular, en el penal de Punta Peuco, encarcelados en virtud de resoluciones judiciales contrarias a la Constitución, a las leyes y, frecuentemente, a la verdad de los hechos.

          Hoy se me ha hecho llegar copia de una carta de un oficial intachable, el brigadier (r) Miguel Krassnoff, donde expresa: “Hoy me encuentro privado de libertad en un Centro Penitenciario desde hace 12 años, sin considerar mis arrestos en situación procesal, con los que sumo aproximadamente 17 a 18 años, acusado de presuntos y muy extraños ilícitos que habría cometido entre los años 1974 y 1976 catalogados como ‘violaciones a los derechos humanos’, acusaciones absolutamente falsas y cargos inexistentes, atropellándose de paso todas las leyes vigentes al día de hoy, las que en el supuesto que este teniente hubiese sido un criminal desquiciado (imposible por la severidad que impone el honor militar para el comportamiento en combate) me benefician al punto que yo jamás debería haber sido citado a tribunal alguno”. Y ni siquiera añade que el conjunto de sentencias ilegales le ha impuesto más de 160 años de presidio.

La columna de Hernán Corral ni siquiera dice que hay decenas de sentencias y resoluciones judiciales, que son públicas, fundadas en una mentira flagrante, evidente y comprobable, como es la de afirmar que los procesados y condenados mantienen hasta hoy y desde hace más de cuarenta años secuestradas a personas que todo el mundo sabe que no lo están.

Y ni siquiera menciona al pasar que la Corte Suprema confesó su responsabilidad en tan evidente y reiterada prevaricación, en su Informe 8182-2010, reconociendo que en Chile no había leyes que permitieran procesar y condenar a los soldados del ’73, pero que, pese a ello, los había procesado y condenado. Ni menos se ha dado cuenta de que en el mismo “El Mercurio” de un par de días atrás el propio Ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, ha lamentado que esos fallos hayan sido dictados “apartándose e infringiendo las normas constitucionales que rigen la materia”.

          No se puede ser tan políticamente correcto como para no ver el Aconcagua estando parado frente a él.

martes, 7 de febrero de 2017

Un Juez Habló


          El ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, se ha opuesto a la redistribución de causas de derechos humanos resuelta por la mayoría izquierdista del tribunal, que por casi dos decenios viene atropellando la Constitución y las leyes en esos procesos, y ha expresado en su voto de minoría:

          “Llama la atención de este disidente que la mayoría de los procesos a los cuales se ha nombrado un ministro en visita han sido resueltos en virtud de principios y doctrinas foráneas, apartándose e infringiendo las normas constitucionales que rigen la materia”.

          La conducta descrita por el ministro disidente es constitutiva de un delito que se llama “prevaricación” y ello ha sido denunciado con insistencia majadera en este blog durante casi siete años. Sólo se ha hecho posible con la complicidad de todos los gobiernos y los partidos políticos y en particular con la coautoría del régimen de Sebastián Piñera, que triplicó de propia iniciativa las querellas interpuestas contra militares con infracción de “las normas constitucionales y legales que rigen la materia”, para emplear los términos del ministro Valdés.

          Tal conducta ha sido denunciada y documentada principalmente en el libro de mayor importancia publicado en 2014 y titulado “Procesos Sobre Violaciones a los Derechos Humanos, Ilegalidades, Inconstitucionalidades y Arbitrariedades”, de Adolfo Paúl Latorre, que seguramente en el futuro va a pasar a ser de lectura obligatoria en las escuelas de leyes cuando en el país se restablezca el Estado de Derecho, es decir, cuando la mayoría de jueces prevaricadores de izquierda ya se haya acogido a jubilación, aunque no lo haga en las ventajosas condiciones del juez Alejandro Solís, famoso por sus condenas basadas en “ficciones jurídicas” y que, al acogerse a retiro con una jugosa jubilación, fue adicionalmente premiado con una asesoría con altos honorarios por el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en los días siguientes a haber reconocido en el programa “El Informante” de TVN y bajo mi personal interrogatorio, que no cumplía con el requisito básico impuesto por el código a todos los jueces, de probar la existencia del delito por el cual condenaba.

          Pero no sólo eso, la mayoría izquierdista de la Corte Suprema tuvo la, perdonando la redundancia, suprema desfachatez de reconocer urbi et orbi, en su oficio 8182-2010 que en la legislación chilena no existían disposiciones que le permitieran condenar a los militares procesados, no obstante lo cual lo había hecho. Esto, que habría ameritado aprobar una o más acusaciones constitucionales para destituir y sancionar a los altos magistrados confesamente prevaricadores, nunca dio lugar a ninguna acusación interpuesta por el número de diputados que establece la Constitución, por “notable abandono de sus deberes” de los ministros de los tribunales superiores de justicia. Ello acredita que, en la realidad del país, “las instituciones no funcionan”. En el fondo, todos los sectores políticos han encubierto la prevaricación judicial.

          El ministro Valdés, en su voto disidente, ha señalado que el objetivo de designar estos ministros en visita en materia de derechos humanos era terminar “dentro de un plazo razonable tales procesos, lo que a juicio del suscrito tanta división produce hasta el día de hoy entre los chilenos, evitando la necesaria reconciliación y secundariamente, costando al erario nacional ingentes recursos, no obstante que el conocimiento y resolución de tales procesos pudiera estar a cargo de los jueces naturales”.

          Es que la mayoría izquierdista de la Corte Suprema justamente no ha querido dejar en manos de los “jueces naturales” estos procesos, porque ellos, de partida, pueden incurrir en la “políticamente inconveniente” conducta de aplicar las leyes, exculpando a los militares. O, aun respetando la jurisprudencia ilegal de sus superiores, condenando a los militares a penas remitidas, como sucedió en el proceso 288-12 contra cinco uniformados del cuartel Ancla Dos de Talcahuano, que en primera instancia y en la Corte de Apelaciones recibieron penas remitidas de 541 días por su supuesta participación en la muerte, en 1973, de un extremista con entrenamiento en Cuba, proceso que al llegar a la Corte Suprema por casación interpuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, dio lugar a que la famosa segunda sala les subiera la pena a cinco años y un día efectivos, mediante la “ficción jurídica” de que mantenían “secuestrado” al extremista hasta hoy. Eso motivó mi artículo “impublicable en la revista del Colegio de Abogados” (por rechazo de su consejo editorial, de mayoría “de centroderecha”) en que yo criticaba la antijuridicidad de ese fallo, en vista de lo cual lo reproduje en este blog el 27 de marzo de 2015, para “perpetua vergüenza”.

          Y dejo estampado todo lo anterior para “perpetuo honor” del ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, que ha tenido el coraje de levantar la voz en defensa de las normas constitucionales y legales trasgredidas en procesos “que tanta división producen hasta el día de hoy entre los chilenos, evitando la necesaria reconciliación”.