CARTA A EL MERCURIO NO PUBLICADA

Mi cónyuge es una "persona rica", de ésas a que alude el director del SII, Javier Etcheberry, como las únicas que se preocupan de las contribuciones.

Debo advertir que cuando salió elegido Boric ella decidió irse del país con su marido, hijo y nana, tras vender todo, a la localidad de Hail Mary, en Florida, USA, de 5 mil habitantes, sin cárcel por falta de delincuentes. 

Pero como "el que le hace todas las cosas" a ella, que soy yo, no hizo nada, tuvo que segur aquí de mal grado, con miedo de salir y muy abusada por el Estado, como todo el que tiene más de algo y no es funcionario público. 

Todo ello hizo crisis la semana pasada, tanto que ella mandó una carta a El Mercurio, que es lo que las personas tradicionales creen que sirve para que se levante un clamor general en su favor, pero el diario no se la publicó. Entonces ella me pidió publicarla en mi blog, que erradamente cree muy influyente, sin saber que lo leen apenas unos pocos cientos de personas, y que son cada vez menos. Como no pude negarme, procedo a reproducir su carta a El Mercurio, sabiendo que ello no servirá de nada. La carta dice así:

"Ex Propietaria.

Señor Director: Javier Etcheberry, del SII, dice que las contribuciones son problema de los ricos, y me comunica que soy dueña de 10 inmuebles, siendo que tengo sólo 6, de los cuales uno en 50 % y otro en 30 % son míos. 

Me cobra por esos 10 una sobretasa de $5.389.558, que debo pagar este mes. Contraté un abogado para evitar pagar por bienes raíces ajenos.

A esto se suma que por mi casa pago $2.708.412 de contribuciones cuatro veces al año, es decir, un "arriendo mensual" de $831.137 al Estado.

Por una casa de más de cien años en Algarrobo la contribución es de $1.509.241. Es decir, un "arriendo" de $503.080 mensuales.

Y también pago contribuciones por 14 hectáreas agrícolas que dejaron de producir por tomas y atentados a postes eléctricos y que tengo en venta. (Fdo.) María Soledad Vial Valdés, expropietaria, hoy arrendataria del Estado y contribuyente esquilmada y abusada por el Estado".

Como medio de comunicación, este blog da cabida a la solicitud de la lectora antes identificada, sin dejar de lado la posibilidad de hacer lo que hay que hacer para que ella y su grupo familiar puedan cumplir su aspiración de irse de Chile al pueblo de Hail Mary en Florida USA, donde, a diferencia de acá, no hay cárcel porque no hay delincuentes.

Y dejo constancia de que en los "arriendos obligados" que ella dice pagar al Estado, olvidó incluir las sobretasas que éste le cobra cuatro veces al año.

NO PUDE SOLTAR MI LIBRO

Quise dejar constancia, para perpetua memoria, de ese período nefando durante el cual se desenvolvió el segundo proceso constituyente. Por tanto, escribí un breve libro titulado "Trampantojo", palabra con la cual motejó el texto resultante de dicho proceso inconstitucional, el autor inicial de la mala idea y mayor responsable de que se llevara a efecto: el rector Carlos Peña, columnista de El Mercurio. 

Pero me ha sucedido algo notable: he releído dos veces mi libro y ambas con singular deleite. Encuentro, cada vez, que "está todo ahí". Los mitos, las verdades, las mentiras, las modas, las trampas, las falsedades y, sobre todo, la reiteración de esa conducta tan chilena de "darse vuelta la chaqueta". Este dicho nació, como otras veces he referido, durante la Revolución de 1891, cuando los soldados del ejército balmacedista, de casacas azules con forro blanco, derrotados por el ejército revolucionario, cuyas casacas eran blancas, se daban vuelta la suya para ir a rendirse sin que les dispararan, tras las batallas de Con Con y Placilla.

Este libro lo ha distribuido un buen amigo y sólo puedo garantizar que se vende en las librerías Edesur, de Compañía al llegar a Plaza de Armas, y Chema, de Irarrázaval. Sé que también lo vende mercadolibre.com y está en otras librerías importantes.

He disfrutado releyendo sobre la caída de varios mitos: el de que "el modelo" provocaba desigualdad. El mito de que "la mayor marcha de la historia de Chile" era contra el sistema económico aplicado. El mito de que había un supuesto "malestar" derivado de la pobreza. El de que las élites eran inteligentes. El de que la violencia era una reacción espontánea del pueblo. El de que una gran mayoría quería otra Constitución. El de que el votante mayoritario es de izquierda y el obligado sufragaba igual que el voluntario. En fin, el mito de que Pinochet era el más impopular y Allende el más popular.

Pero en Chile la izquierda ha ganado la batalla publicitaria repitiendo incansablemente sus consignas. La derecha debe recuperar terreno repitiendo sus verdades. Todo el contenido de mi último libro se basa en verdades comprobadas o comprobables.

La realidad presente sigue siendo desalentadora, porque los principales mitos propalados por la izquierda se reeditan y repiten en los medios, aun habiéndose comprobado que son falsos. En estos días, por ejemplo, en las cartas de los lectores a El Mercurio ha repetido su versión de hechos de 1973 doña Alicia Ruiz-Tagle Orrego, hermana de un fusilado al paso de la comitiva Arellano. Hoy ha sido felicitada en la misma sección por José Rodríguez Elizondo. Pero yo, que soy especialista en ese tema y escribí en 2000 un libro no contradicho acerca de él ("La Verdad del Juicio a Pinochet") puedo probar que la versión reiterada ahora no es verdadera. Eso lo probé en el referido libro, fue best-seller, pero la versión opuesta se impuso y es la que se repite hoy. Ha sido como "arar en el mar", para emplear el símil usado por Simón Bolívar.

Frente a ello sólo queda seguir repitiendo la verdad, que es lo que ha hecho mi último libro y no me canso de hacer, aunque muchos lectores me abandonan diciendo, justamente, que los aburro de tanto repetir lo mismo. Pero prometo, pese a ello, no cansarme de hacerlo.   

DOS PAÍSES EN UNO

Chile es dos países en uno. Están enfrentados y no pueden reconciliarse. Ése es el problema. Hoy lo deja patente una columna del izquierdista Ricardo Brodsky en El Mercurio. En ella no puede menos que condolerse de una barbaridad inhumana: la existencia de no menos de 400 presos políticos, ancianos exmilitares, entre ellos no pocas mujeres, sin derecho a debido proceso y arbitrariamente apresados.

Pero Brodsky sabe el terreno que pisa y por eso se resguarda, reconociendo todo lo que se le ha dado a la guerrilla marxista derrotada el 73: "Diversas leyes dan cuenta de esa política sostenida a lo largo de 20 años, aunque, por cierto, no satisface a las víctimas". 

Traducción al idioma de la verdad: "las víctimas" son los guerrilleros que, matando chilenos, se quisieron tomar el poder por las armas, dado que no podían alcanzarlo mediante elecciones. Fracasaron sólo porque los militares, convocados por una mayoría civil, los derrotaron completamente. 

Claro, como es sabido, la DC y parte de la centroderecha traicionaron después a los militares, en particular Piñera los persiguió ilegalmente más que nadie, y antes Aylwin había indultado y llenado de plata a los agresores marxistas, lo cual sigue sucediendo hoy, en que están en el gobierno.

Lo reconoce Brodsky: "También se otorgaron beneficios a cerca de 150 mil personas exoneradas de sus empleos y se adoptaron medidas para facilitar el retorno de los miles de exiliados". Mintiendo un poco, porque el gobierno militar no "exilió" a "miles". Expulsó ocasionalmente a no más de diez dirigentes políticos adversos en 16,5 años. A lo que sí accedió fue a permitir la salida al exterior de extremistas asilados en embajadas --entre ellos a los miristas que asesinaron al Intendente Carol Urzua, por ejemplo-- o procesados por terrorismo que conseguían apoyo externo para que se les conmutaran condenas a presidio por "extrañamiento", consistente en cumplir la pena en el exterior. O canje por presos políticos del comunismo, como en el intercambio del secretario general comunista Luis Corvalán por el disidente ruso Wladimir Bukovski en 1976. 

Pero la frase clave de Brodsky es la siguiente: "Dicho lo anterior, hay que reconocer que ninguna justicia ni ninguna reparación es suficiente para equilibrar el dolor causado". Esto es como oír a Hitler culpando a Churchill y Roosevelt por bombardear ciudades alemanas. Es el "gran cambiazo" registrado en Chile. De agresores a víctimas. De totalitarios a demócratas. De avanzar sin transar y "la momia al colchón y el momio al paredón" a "Hermanitas de los Pobres" que, como Sheila Cassidy, daban refugio y atendían a guerrilleros heridos y defendidos por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado, con jefe del archivo comunista, claro.

"El dolor causado" entre septiembre y diciembre de 1973, en que cayó el 57 % de todos los muertos en la lucha contra la guerrilla en 16,5 años. Justo fue el período en que Aylwin defendía a los militares y los aplaudía por salvarnos de una "tiranía comunista o una guerra civil". Todo lo cual, el primero en olvidarlo fue Patricio Aylwin, que en 1991, sostenía jamás haberlo dicho ni hecho y les pedía perdón a los marxistas, con lágrimas en los ojos, por la derrota que los "militares malos" les habían infligido, olvidando que los había convocado él e incitado él.

Reconozcamos que el gobierno militar y sus partidarios civiles de la derecha política que inspiró económica, social y constitucionalmente al régimen militar y lo continúa defendiendo, salvamos a Chile y ganamos la guerra contra el marxismo, pero somos minoría y perdimos la posguerra publicitaria, a raíz de lo cual la mayoría adoptó el "relato" de la izquierda, bajo el cual vivimos hoy, que es el que expresa la columna de Brodsky.

El único que puede reeditar la unidad, la seguridad y la prosperidad que nos legó Pinochet es el candidato que no ha renegado de él, Johannes Kaiser. Con cualquier otro, vamos a seguir siendo dos países. Pero con el peor de ambos al mando, como hoy. O con otro que conduzca a que el peor vuelva al poder, como ya lo fue Piñera y lo sería su clon político actual, Evelyn Matthei..

LA VIGA EN EL OJO DE LA SUPREMA

Ante la interceptación de llamadas de una siquiatra ligada tanto al presidente Boric como al controlador de la fundación Procultura, Alberto Larraín, reveladoras de detalles fraudulentos, la Corte Suprema ha declarado que lo grabado no pueda usarse en juicio.

El decano de la prensa concordó con esa protección a la siquiatra. Expresó en su primer editorial de ayer: "Los derechos fundamentales de las personas gozan de la máxima prioridad y, en caso de duda, debe decidirse a su favor, aunque ello implique dificultar la persecución penal, pues ésta no puede llevarse a cabo a cualquier costo sin destruir precisamente aquello que busca proteger".

Poderosa defensa del derecho humano a un debido proceso. Ya se la quisiera uno de los sectores más débiles, atropellados e indefensos de nuestra sociedad, el de los los exmilitares que derrotaron a la guerrilla de izquierda.

Pues en los juicios contra éstos y, en particular, cuando llegan ante la Corte Suprema, esta manifiesta un nulo respeto al derecho humano de ellos al debido proceso. La Corte Suprema que ve la brizna en el ojo de la Fiscalía, no ve la viga en el propio.

Todo lo contrario, la justicia condena crónicamente a exmilitares por un delito que sólo puede ser cometido por particulares, habiendo sido los militares funcionarios públicos; más encima, se les condena sin pruebas reales y se les desconocen sus eximentes legales de responsabilidad y hasta sus derechos carcelarios, a sabiendas. Se les imputa un supuesto "secuestro permanente" que todo el mundo sabe que no existe hoy y por eso no puede ser permanente. Si hay una cosa real y clara hoy es que personas detenidas hace 52 años o poco menos, (que muchos de los condenados jamás vieron ni conocieron) es que ellas hoy no están secuestradas por los ancianos presos.

Es verdad que hubo en Chile una breve lucha contra grupos terroristas y guerrilleros organizados bajo la presidencia de Salvador Allende y también antes, bajo la de Frei Montalva, con el propósito de hacerse del poder mediante las armas. El armamentismo civil de izquierda fue especialmente propiciado por el Partido Socialista de Salvador Allende, durante sucesivos congresos internos, en 1965, 1967, 1969 y 1971, este último con el concurso abierto del gobierno de la Unidad Popular.

El escandaloso desconocimiento del derecho a un debido proceso a los exmilitares se inició hace unos veinte años, junto con el nombramiento de jueces de izquierda que discurrieron un método ilegal de condena. Ya se quisieran los exmilitares la puntillosidad que muestran la Suprema y la prensa en el caso de fraude al fisco y en favor de los inculpados de profitar de las fundaciones.

Sosteniendo como verdad judicial que los supuestos detenidos por militares hace más de medio siglo permanecen vivos, aunque hayan muerto, y la inverosímil tesis de que continúan en poder de sus captores, aunque éstos hayan estado presos por decenas de  años, se consigue anular o eludir vergonzosamente la aplicación de las eximentes de responsabilidad penal, como la cosa juzgada, la amnistía y la prescripción, a que tienen derecho todos los ciudadanos, menos los exmilitares.

Además, los jueces los condenan mediante "presunciones" sin fundamento y los encierran ilegalmente: hoy hay más de 400 exmilitares ancianos presos, a los cuales debe sumarse el centenar ya perecido en cautiverio. Y periódicamente (esto es lo más importante para los de abogados de derechos humanos) extraen al erario importantes indemnizaciones en razón de considerar al Estado responsable del supuesto "secuestro permanente" de guerrilleros, un delito que sólo pueden cometer los particulares.

Esta metodología judicial ilícita impera desde hace unos veinte años, pues hasta 2005 los tribunales rechazaban tal ficción. La confesó en la televisión pública, en 2015, su probable inventor y más frecuente aplicador, el ministro sumariante Alejandro Solís, quien, tras reconocer ante las cámaras de TVN que el secuestro permanente era "una ficción jurídica" añadía: "No digo que la realidad fuera ésa". Es decir, confesaba públicamente la falsedad, en circunstancias que, como juez, habría debido buscar y probar la verdad. 

Todo esto no sólo es declaradamente ilegal porque, como antes dije, el delito de secuestro no puede ser cometido por agentes del Estado, dado que lo describe y pena el artículo 141 del Código Penal, ubicado en el párrafo 3 de su Título II: "3. Crímenes y simples delitos contra la libertad y la seguridad, cometidos por particulares". Es decir, no pudieron cometerlo exmilitares, funcionarios públicos. Pero los jueces lo aplican por analogía, lo que es otra monstruosidad, pues una regla ancestral dice que no se puede aplicar la ley penal por analogía.

¡Qué distinto es el estándar de garantía de un debido proceso para un civil que para un militar! Y todo para extraer casi semanalmente dinero de la caja fiscal. Cosa que causa escándalo en el caso de las fundaciones.

Con razón los exmilitares son considerados los individuos más indefensos de la sociedad. Traicionados, calumniados y, para colmo, presos por un delito que el Código Penal asegura que ellos nunca pueden cometer.

BASICS

La peregrina propuesta de Boric sobre Punta Peuco y el debate consiguiente prueban que los chilenos no saben casi NADA sobre las condenas por supuestas violaciones de derechos humanos. Ni siquiera dominan los BASICS, los rudimentos. Pero sí opinan.

Hoy he leído en El Mercurio una carta de varios profesores de derecho de cierta universidad, analizando un fallo de la Corte Suprema, donde escriben "Estado de Derecho", con mayúsculas. Eso es un síntoma de no entender de este tema, porque lo que se traduce como "estado de derecho", con minúsculas, es el término inglés "rule of law", que en el hemisferio norte, de donde proviene casi toda la sabiduría, se escribe con minúsculas y no se ve por qué su traducción se va a escribir con mayúsculas.

"Rule of law" (esa mayúscula obedece a que es la primera palabra de una frase) significa "vigencia de la ley", es decir, que en un medio determinado (país, familia, ciudad, institución) rige la ley. Alguien la tradujo al castellano como "estado de derecho". El término describe un "estado de cosas", una situación o conjunto de conductas donde se respetan las leyes. En ese sentido "estado" equivale a "situación" y a nadie se le ocurriría escribir "situación" con mayúscula, salvo que fuera la primera palabra de una frase.

El propio El Mercurio, en un primer editorial, escribe "Estado de derecho". Bien por escribir "derecho" con minúscula, pero mal por "Estado" con mayúscula, pues aquí no se trata de la persona jurídica "Estado" con nombre propio, sino del sustantivo común "estado" o "situación" o "condición". Pues si escribiera "situación ajustada al derecho" no escribiría ninguna de esas palabras con mayúscula. Entonces ¿por qué "Estado de derecho"? Porque el redactor no ha captado que "rule of law" se refiere a una situación o estado de cosas que nunca debe ser escrito con mayúscula y no al Estado, persona jurídica, un nombre propio.

Una honrosa excepción que he encontrado: Ricardo Abuauad, columnista de La Tercera, escribe "estado de derecho". 

Es que, en general, nuestra élite no domina los basics, los elementos fundamentales de los temas. Sólo repite consignas ajenas, especialmente de izquierda. Y menos se informan las grandes masas, enteradas a través de los matinales y las redes sociales, donde reinan los lugares comunes y la superficialidad instalados por la izquierda.

La sociedad tampoco ha tomado nota de que en los juicios de derechos humanos contra exmilitares, puestos de moda por lo de Punta Peuco, sistemáticamente se atropella el "estado de derecho". Si usted quiere saber realmente sobre este tema, compre el libro "Prevaricato" de Adolfo Paúl Latorre, que está precisamente lanzando una nueva edición actualizada. "Its all there", como me dijo Margaret Thatcher cuando conversamos sobre "Camino de Servidumbre", de Hayek.

La prevaricación fue confesada hace diez años por el principal condenador de exmilitares, Alejando Solís. Lo hizo en la televisión pública en 2015. Reconoció que condenaba en virtud de una "ficción jurídica", el "secuestro permanente". Confesó que no lo probaba. Confrontado con la evidencia de que un secuestro no podía haber "permanecido" 40 años, concedió: "Yo no digo que la realidad fuera ésa". Es decir, mandaba presas a legiones de exmilitares sin probarles ningún delito y en virtud de una falsedad ostensible. Fue tan lamentable su performance televisiva que el entonces ministro de Michelle Bachelet, José Antonio Gómez, resolvió consolarlo con una millonaria asesoría en su ministerio. 

Ante otro enésimo fallo escandaloso de la Corte Suprema ese año yo denuncié la nueva prevaricación en carta a la Revista del Abogado del Colegio de la orden, pero su consejo de redacción, dominado por "amigotes" del redactor del fallo, me aplicó censura previa. Un aporte de ese benemérito Colegio a la libertad de expresión.

La referida sentencia era particularmente tendenciosa, politizada e ilegal e iba en perjuicio de tres exmarinos, un excarabinero y un exPDI, a quienes trataba de "los sublevados". Como la Revista censuró mi artículo, lo publiqué en este blog el 27 de marzo de 2015. De nuevo lo reproduje el 17 de febrero último ("La Primera Medida de Johannes"). Denunciaba tanto los errores como los horrores del fallo, siendo los segundos más que los primeros, porque el extremista del MIR que había muerto en un recinto de la Armada en 1973 mal podía estar secuestrado todavía en 2015. Y además el secuestro sólo puede ser cometido por particulares, según dice el código, y los exmilitares son funcionarios. ¿Por qué los jueces no usaban el delito de detención ilegal, que sí pueden cometer los funcionarios? Primero, porque la penalidad es más baja y aquí se trata de venganza. Y, segundo, porque basta revisar los lugares de detención para comprobar que ésta no duraba desde 1973 a 2015, como sostenía el fallo del "amigote".

Ahora se aduce razones humanitarias en favor de los exmilitares presos. Pero si en Chile hubiera imperado el estado de derecho con minúscula, no habría habido venganza socialista-comunista. Ni condenas ilegales por derechos humanos. Ni un erario esquilmado. Ni abogados de izquierda multimillonarios. Ni Punta Peuco habría sido construido. Habríamos seguido siendo el país que fuimos, pacífico y civilizado, sin delincuencia ni terrorismo y creciendo al 10 por ciento, como el legado por Pinochet y su "Misión Cumplida" el 11 de marzo de 1990.

PUNTA PEUCO Y EL CHILE DESVERGONZADO

Aylwin convirtió a Chile en un país desvergonzado, porque se dedicó a algo tan abyecto como perseguir a los mismos militares a los cuales él, junto a una gran mayoría, había convocado para sacar al comunismo del poder.

La desvergüenza se acentuó cuando ese comunismo se hizo mayoría entre los jueces y éstos empezaron a condenar a muchos años de presidio a exmilitares por delitos inexistentes o amnistiados o prescritos y, además, sin haberse acreditado que los hechos hubieran sido reales. Por eso el prevaricador máximo confesó en cámara en 2015: "yo no digo que la realidad sea ésa" ("El Informante" de TVN).

Tal desvergüenza se generalizó cuando fue ratificada por una mayoría ciudadana transitoria (pero dentro de sólo una minoría del padrón electoral, porque en 2021 no alcanzaba al 50 % de éste). Tal "mayoría minoritaria" eligió Presidente de la República a un sujeto que estaba fuera de la cárcel sólo debido a la lenidad e ignorancia del entonces gobernante Sebastián Piñera, así es que elegir a  Boric fue ya una señal de desvergüenza adicional en sí.

Por supuesto, él se esmera por llevar esta última a un punto más alto aún, consistente en forzar la conversión de Punta Peuco en un penal común, introduciendo allí delincuentes que son la hez de nuestra sociedad.

Fue precisamente el menos desvergonzado de los gobiernos de la Concertación, el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que conservaba algunos rasgos de decencia, el que tuvo que confrontar el hecho consumado de que una mayoría de jueces comunistas estuvieran metiendo presos a exmilitares por largos años y hasta de por vida, aunque nunca hubieran delinquido. En un rasgo de esa decencia básica, Frei Ruiz-Tagle comprendió que debía construir un penal distinto, ad-hoc, para personas decentes, "presos políticos", y lo dijo expresamente en el decreto respectivo. Pero uno de sus ministros, venido del área marxista-leninista, Ricardo Lagos, era particularmente desvergonzado, como lo acreditaría después, bajo su propio gobierno, al formar la insólita Comisión Valech con el fin de pensionar de por vida a sospechosos de terrorismo. Así, Lagos se negó a firmar el decreto autorizando Punta Peuco porque, "hijo del odio", quería ver a los exmilitares vencedores de su guerrilla tener que mezclarse con el lumpen de nuestras cárceles, "donde el bueno se hace malo y el malo se hace peor". Pero "se tuvo que tragar el sapo", para emplear la expresión de una candidata presidencial con "ideales de izquierda". Al final no renunció, sino que, tras una poco estridente protesta verbal, "se hizo el leso" y se calló.

Porque si usted llena una cárcel de gente decente, que nunca ha delinquido, el suelo de los baños no va a estar cubierto de excrementos, no se van a formar bandas de cuchilleros que riñen entre sí, no va a haber agresiones de connotación sexual desviada, no se van a organizar estafas desde el interior al exterior del penal ni a consumir drogas ingresadas subrepticiamente y el recinto estará limpio, por acción de los reclusos, que se van a respetar y auxiliar mutuamente. Y todo esto es intolerable para la extrema izquierda violenta. 

Pese a que los barrotes están, las celdas estrechas están, la privación de libertad 24/7 está. Pero la mugre, la depravación, la degeneración y la violencia no están. Y esto es lo que Boric quiere añadir. Quiere introducir ahí a su lumpen. 

Pero ya no cabe un preso más en Punta Peuco. Entonces ahora no saben cómo añadir una última desvergüenza adicional al gobierno que están por terminar.

LO QUE CHILE LE BIRLÓ A PINOCHET

Cada vez que su gente cercana aparece haciéndose indebidamente de dinero público y provocando escándalo nacional, Gabriel Boric ataca a Pinochet. Ahora ha sacado a colación el caso Riggs, cuando el affaire Procultura ha comprometido a la pareja de siquiatras que lo ha tratado últimamente. 

Si él fuera un estudioso, cosa que no es (dio muestras de ni siquiera haber leído la Constitución que regula su cargo) sabría que el caso Riggs terminó probando, aparte de la inocencia de Pinochet tras una persecución judicial infame, que el Estado chileno le ha sustraído indebidamente a él y su sucesión no menos de 6 millones 900 mil dólares.

Desde luego, cuando después de que entregó el poder en 1990, el primer director de Impuestos Internos socialista sometió a escrutinio sus declaraciones anuales de impuestos en los 16,5 años de su gobierno y posteriores y comprobó que, siendo gobernante, no había declarado 544.520 dólares recibidos en esos 198 meses, supuestamente provenientes de gastos reservados (La Tercera, 8 de octubre de 2008).

Por consiguiente, cuando en 2002, bajo el gobierno de Lagos, se descubrió que los gobernantes de la Concertación se "llevaban para la casa" cada dos meses, 542 mil dólares de gastos reservados, es decir, casi lo mismo que Pinochet en 198 meses, automáticamente quedó comprobado que éste era 99 veces (198 dividido por 2) más honrado que (todos y cada uno) Aylwin, Frei Ruiz-Tagle y Lagos. 

Pillado, Aylwin confesó: "fue una corruptela", a Raquel Correa en El Mercurio, con su característica sonrisa. Pero la oposición, encabezada por Pablo Longueira (UDI), les ofreció a los pillados in fraganti una "salida honrosa": subirse el sueldo en lo mismo que sustraían... aprovechando que así debía subir la dieta parlamentaria en lo mismo. "Hecha la trampa, hecha a ley", me escribió un lector.  

Sólo después del gobierno de Pinochet el dueño del banco Riggs, Mr. Joseph Albritton  lo visitó en Chile, tras haberle escrito: "Chile es un país muy impresionante y con un excelente futuro, gracias a usted y a las políticas y a la reforma que usted instauró. Como le expresé, estaría muy satisfecho de prestarle ayuda a usted y su país de cualquier manera que yo pueda en Washington DC". Pinochet creyó ver una posibilidad de poner a salvo sus ahorros de la persecución judicial e ilegal marxista y trasladó depósitos al Riggs, donde ya antes había no menos de 125 cuentas de otros chilenos, entre ellos sus propios ayudantes de la Casa Militar, todos finalmente absueltos de cargos en el llamado "Caso Riggs". En él, el entonces ministro sumariante Sergio Muñoz "construyó" una imaginaria "fortuna de Pinochet" de 27 millones de dólares sumándole depósitos de otras personas y renovaciones de unos mismos documentos. Esto se tradujo en que le giró a Pinochet un "impuesto a la renta" por 9 millones 800 mil dólares, es decir, un 132 % de su patrimonio real.

El abogado en el juicio, Pablo Rodríguez Grez, reunió prontamente esa estrafalaria suma y la pagó al fisco, porque en Chile y el mundo los dispuestos a dar a Pinochet lo que necesitara eran y son generosos e innumerables.  Si hubiera sido impuesto a la renta sobre su patrimonio real periciado, que era de US$ 7,4 millones (El Mercurio, 20 de octubre de 2007), el cobro tributario debió haber sido máximo 40 % de su fortuna, es decir, 5.880.000 dólares. El fisco le birló, entonces, al menos 3.920.000 dólares.

Hubo una tardía "justicia divina" cuando el inventor de la fortuna de 27 millones de dólares, Sergio Muñoz, fue después destituido por sus pares por otras irregularidades posteriores.

Para suerte de Pinochet, como dije antes, siempre todo el mundo quería darle plata. La colonia cubana de Miami le reunió millones de dólares y un hijo de él debió viajar a agradecerles. El barón Von Thyssen de Alemania lo mismo. Un ciudadano sueco, Jorn Wilhelm Sjersteed, le legó toda su fortuna (El Sur de Concepción, 25 de abril de 1982). Más detalles en mi libro "Terapia para Cerebros Lavados", páginas 445 y siguientes y en el Apéndice de mi "Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990", titulado "La 'Fortuna' de Pinochet". 

Y el último manotazo: le habían embargado depósitos a plazo por 2.500.000 dólares y $138 millones propios y no le permitían a la sucesión usar lo necesario para pagos de contribuciones. Últimamente, con los intereses de 17 años, subían de 3 millones de dólares. Hace unos meses el "heredero" del caso Riggs, ministro Guillermo de la Barra, informó escuetamente que se los había traspasado al fisco, por sí y ante sí. Nunca se probó que provinieran de gastos reservados. Eran ahorros no objetados de Pinochet. Pero de la Barra les dio el manotazo y se los traspasó al fisco. Sumados a los otros US$3.920.000 dan un total de US$6.920.000. 

Salve a Chile del comunismo, llévelo al primer lugar de América Latina, pacificado y próspero e inaugure "los mejores 30 años de su historia" y, ya sabe, entre los jueces y los marxistas (que suelen ser las dos cosas) a usted lo van a difamar y encima le van a quitar 6 millones 920 mil dólares, si es que los hubiera ahorrado o se los hubieran donado.

/