El cinismo consiste en la desvergüenza. La hipocresía es la falsedad de las apariencias. Así es que perfectamente se puede ser cínico e hipócrita a la vez. Por ejemplo, quien sostenga que en Chile existe hoy un estado de derecho (traducción al español de la "rule of law" anglosajona) mientras se lo atropella con impudicia, o es un cínico o no está ni siquiera mínimamente informado. Si a la vez el mismo individuo se ufana de ese inexistente estado de derecho y de que los tribunales de justicia respetan las leyes, pasa a ser, además, un hipócrita.
Acá ese cóctel de cinismo, hipocresía y supina ignorancia configura una actitud mayoritaria y generalizada. El "establishment", a través de sus voces más autorizadas, habla, escribe y obra como si se respetara la ley, no sólo viendo y sabiendo (o no pudiendo menos de saber) que no es así, sino atropellándola sistemáticamente o guardando silencio cómplice ante su atropello.
En Chile desde el más alto tribunal hasta los inferiores violan habitualmente el artículo 19 número 3, inciso 8° de la Constitución, que dice: "Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que la nueva ley favorezca al afectado".
Recientemente, manteniendo una conducta reiterada desde hace quince años, la Corte Suprema denegó la libertad condicional a un preso político porque sería autor de un "delito de lesa humanidad" y porque no habría completado los dos tercios de su condena exigidos por la ley. Ambas razones falsas e inconstitucionales, de acuerdo con el texto de la Carta recién reproducido.
Como de costumbre, ante ello se alzó únicamente la solitaria voz del abogado Adolfo Paúl Latorre, quien escribió cartas a los diarios haciendo ver que, cuando sucedieron los hechos imputados a ese preso, muchos años antes, los mismos no estaban tipificados como delitos de lesa humanidad, que no existían en nuestro ordenamiento, de modo que mal podía alguien haberlos cometido. Y, además, Paúl recordaba que debe aplicarse la ley más favorable al reo, de modo que, cuando se aumentó de la mitad a los dos tercios de la condena el requisito para la libertad condicional, no cabía aplicarle tal aumento al recurrente.
Haciendo el supuesto de que los ministros de la Corte Suprema pertenecen a ese segmento intelectualmente privilegiado de la población que entiende lo que lee, y que han leído la Constitución, simplemente no podrían entonces considerar reos de delitos de lesa humanidad, instituidos en Chile sólo desde 2009, en que se dictó la ley 20.357 que los creó, a protagonistas de conductas de los años 70 u 80 del siglo pasado; ni tampoco podría aumentárseles de la mitad a 2/3 de la condena la exigencia para acceder a la libertad condicional, pues la nueva ley que dispuso ese aumento no favorece, sino que perjudica a los afectados, de modo que no se da el caso en que la Constitución autorizaría que esa nueva ley los afectara.
Pese a que Adolfo Paúl tenia toda la razón, ningún diario importante de la capital, a los cuales envió su carta, siquiera la publicó. Más aún, sobre la base de una larga experiencia, se puede afirmar que, aunque alguno la hubiera publicado, ni los tribunales ni el poder ejecutivo ni el Congreso habrían hecho nada ni se habrían siquiera pronunciado al respecto. ¿Por qué? Porque impera en ellos una actitud permanente de completo cinismo e hipocresía: mientras se atropella cínicamente el estado de derecho, se declara hipócritamente que se lo respeta. Y se hace caso omiso de las opiniones de quienes denuncian tanta inmoralidad.
Eso describe bien el talante moral del Chile actual.
