Uno de los más grandes defectos de este país reside en sus habitantes, gente difícil, descontentadiza, entrometida y mal educada; y, entre todos ellos, los más apestosos son los santiaguinos, que se creen dueños del territorio y son aficionados a molestar al resto en todo lo que puedan. Tal vez sea un rasgo del ancestro hispano, tan bien reflejado en ese cuento del peninsular que dictaba sus últimas disposiciones a su descendencia y les decía: "si me muero en Madrid, que me entierren en Barcelona; y si me muero en Barcelona, que me entierren en Madrid". Un nieto presente le preguntó: "¿Y por qué, abuelo?" y la respuesta fue: "Pues, por joder".
Los santiaguinos son mandados a hacer para molestar a los demás y meterse en lo que no les importa. Hace años los fueguinos estaba felices con un proyecto forestal norteamericano que iba a explotar bosques de lenga y dar muchos empleos en esa zona bastante abandonada de la mano de Dios. Pero entonces los santiaguinos supieron, y aunque el 99 por ciento de ellos no ha visto en su vida una lenga, armaron una batahola contra el proyecto, que terminó siendo prohibido. Los fueguinos se quedaron con las lengas que querían explotar abandonadas y pudriéndose, y sin trabajo ni inversiones. Siguen así hasta hoy, protestando periódicamente.
Ahora los chilotes estaban felices porque se había levantado un espectacular mall en Castro, con el apoyo del alcalde y de la ciudadanía local mayoritaria. Pero los santiaguisnos supieron y armaron otra batahola, alegando que el mall iba a "empequeñecer" a la catedral de Castro, que casi ningún santiaguino conoce y que, cuando alguno llega por allá, ni siquiera se molesta en visitar. Pero ahora les bajó el amor por un Castro sin edificios (cuando edificios buenos es lo que más necesitan los habitantes de Castro) y ya tienen medio liquidado el proyecto.
Incluso cuando una universidad privada ofreció levantar un bello monumento al Papa Juan Pablo II en un parque en Bellavista, salieron los Michimaloncos de siempre a destruir la iniciativa, y el Consejo de Monumentos Nacionales, órgano socialista burocrático que odia a las universidades privadas en general y a Juan Pablo II en particular, porque fue decisivo en la derrota munidal del comunismo, decretó que la estatua atentaba contr la estética, cosa que nunca hizo antes ni después frente a un letrero monstruoso y horrible, del doble del alto del monumento al Papa, que hay metros más abajo en el mismo parque, donde sigue hasta hoy.
¿Que tienen que meterse los santiaguinos con las cosas que hacen las regiones. Todos hablan de la necesidad de más descentralización. Bueno, que entonces el centro empiece por no meterse en lo que no le corresponde. Dejen tranquilos a los chilotes tener su mall para que vayan ahí a comprar, consumir y apretujarse como lo hacen los propios santiaguinos hasta hacer reventar todos los malles que no han tenido inconvenientes en ver levantarse en todos los barrios; y que rechacen los que no les agraden, como ya lo han hecho en diferentes vecindarios, pero en suy ciudad, no en las otras.
Todavía estamos a tiempo de evitar que la peste santiaguina se siga extendiendo por todo el país.
jueves 8 de marzo de 2012
miércoles 7 de marzo de 2012
¿Una Vez Colorado o Cien Veces Amarillo?
El gobierno, hasta ahora, ha elegido ceder y abrir la billetera. Así lo está haciendo en Puerto Aysén, cediendo ante quienes atropellaron todas las leyes sobre seguridad interior y mantención del orden público. Los líderes del alzamiento han quedado, hasta ahora, no sólo impunes, sino que encabezan las negociaciones sobre lo que van a recibir. El petitorio es de once puntos.
En Magallanes, esta madrugada, bloquearon la salida norte de Punta Arenas. Allá el gobierno tuvo que ceder el año pasado, sentando el precedente que ahora lo ha obligado a ceder en Puerto Aysén. Una cosa ha dado lugar a la otra. Pero ahora los de Magallanes, entonces, quieren más. Su nuevo petitorio es de veinte puntos.
En Calama, en la madurgada de ayer, hubo barricadas incendiarias que bloquearon el camino entre esa ciudad y Chiu Chiu. El gobernador de El Loa, Luis Garrido, dándole un ejemplo a su superior, el Presidente de la República, una vez disuelta la manifestación ilegal interpuso una querella criminal contra los responsables. Lo que debe hacer ahora es sustanciarla con evidencias y seguirla tramitando. Ese gobernador pasa a integrar el "Salón de la Fama" de chilenos que hacen respetar la ley, que tiene sólo dos integrantes vivos: el gobernador Garrido y el alcalde Labbé, que intentó lo mismo en liceos municipales tomados en su comuna de Providencia.
Esta mañana en la Región Metropolitana, comuna de Lo Espejo, amanecieron unas vías "tomadas", pero Carabineros consiguió despejarlas. Veremos en qué termina eso.
Es que se ha establecido un precedente: si uno organiza una asonada y altera la tranquilidad pública en pos de conseguir un beneficio, le dan lo que pide.
He leído que el ministerio del Interior tiene listas las querellas fundadas en la Ley de Seguridad Interior por las múltiples transgresiones a la misma registradas en Aysén. Tiene también listas las abundantes pruebas de la participación de los cabecillas del alzamiento. ¿Por qué no se cursan esas querellas? Porque el número 1 no le ha dado el pase al número 2 para que lo haga. Prefiere seguir abriendo la billetera apenas le toman una calle o un camino.
Mucho se habla acerca de la Ley de Seguridad Interior, pero nada se hace. Parece olvidarse que todas las conductas ilícitas registradas en estas semanas en la XI Región y el año pasado en el resto del país están desde muy antiguo penadas en nuestra legislación. Lo que sucede es que esas penas son menores que las establecidas en la Ley de Seguridad Interior. Pero siempre ha sido delito en Chile alterar el orden público mediante la violencia. Esas normas nunca han sido derogadas. Lo que sí se ha perdido es el sentido de la autoridad de los gobernantes, que no son capaces de hacer respetar las leyes.
El artículo 126 del Código Penal, que es de 1874 castiga con penas de reclusión o confinamiento, que van desde 61 días a tres años, a "los que se alzaren públicamente con el propósito de... arrancarles (a los poderes constitucionales) resoluciones por medio de la fuerza". Exactamente lo que está aconteciendo. Eso siempre ha sido delito, per hoy aquí es "pan de cada día" y se va a hacer todavía más frecuente ahora que la impunidad parece garantizada y hay "billetera rápida" para ceder a las exigencias ilegales.
El tema, entonces, no es de "si se aplica o no la Ley de Seguridad Interior". El tema es si rigen o no las normas básicas de la convivencia civilizada o estamos viviendo bajo el imperio de la amenaza del más fuerte, que sin duda no es el estado de derecho, sino el extremismo violento.
Hoy en "El Mercurio" viene una importante carta del abogado Sergio Rillon, donde cita textualmente el instructivo del pleno del Partido Comunista para que se lleven a cabo todas las acciones violentas que el país ha soportado en los últimos tiempos. Quienes crean que estos son meros "episodios" y que "aflojando un poco de plata" se pondrá término a la violencia, quiere decir que no conocen ni la naturaleza humana ni la historia de las revoluciones ni al comunismo.
Si hay algo que confirma indefectiblemente el estudio atento de las unas y del otro es el contenido de verdad de la antigua conseja que reza: "Más vale ponerse una vez colorado que cien veces amarillo".
Aquí el gobierno central está optando por el segundo camino, y creo que, más temprano que tarde, lo va a lamentar.
En Magallanes, esta madrugada, bloquearon la salida norte de Punta Arenas. Allá el gobierno tuvo que ceder el año pasado, sentando el precedente que ahora lo ha obligado a ceder en Puerto Aysén. Una cosa ha dado lugar a la otra. Pero ahora los de Magallanes, entonces, quieren más. Su nuevo petitorio es de veinte puntos.
En Calama, en la madurgada de ayer, hubo barricadas incendiarias que bloquearon el camino entre esa ciudad y Chiu Chiu. El gobernador de El Loa, Luis Garrido, dándole un ejemplo a su superior, el Presidente de la República, una vez disuelta la manifestación ilegal interpuso una querella criminal contra los responsables. Lo que debe hacer ahora es sustanciarla con evidencias y seguirla tramitando. Ese gobernador pasa a integrar el "Salón de la Fama" de chilenos que hacen respetar la ley, que tiene sólo dos integrantes vivos: el gobernador Garrido y el alcalde Labbé, que intentó lo mismo en liceos municipales tomados en su comuna de Providencia.
Esta mañana en la Región Metropolitana, comuna de Lo Espejo, amanecieron unas vías "tomadas", pero Carabineros consiguió despejarlas. Veremos en qué termina eso.
Es que se ha establecido un precedente: si uno organiza una asonada y altera la tranquilidad pública en pos de conseguir un beneficio, le dan lo que pide.
He leído que el ministerio del Interior tiene listas las querellas fundadas en la Ley de Seguridad Interior por las múltiples transgresiones a la misma registradas en Aysén. Tiene también listas las abundantes pruebas de la participación de los cabecillas del alzamiento. ¿Por qué no se cursan esas querellas? Porque el número 1 no le ha dado el pase al número 2 para que lo haga. Prefiere seguir abriendo la billetera apenas le toman una calle o un camino.
Mucho se habla acerca de la Ley de Seguridad Interior, pero nada se hace. Parece olvidarse que todas las conductas ilícitas registradas en estas semanas en la XI Región y el año pasado en el resto del país están desde muy antiguo penadas en nuestra legislación. Lo que sucede es que esas penas son menores que las establecidas en la Ley de Seguridad Interior. Pero siempre ha sido delito en Chile alterar el orden público mediante la violencia. Esas normas nunca han sido derogadas. Lo que sí se ha perdido es el sentido de la autoridad de los gobernantes, que no son capaces de hacer respetar las leyes.
El artículo 126 del Código Penal, que es de 1874 castiga con penas de reclusión o confinamiento, que van desde 61 días a tres años, a "los que se alzaren públicamente con el propósito de... arrancarles (a los poderes constitucionales) resoluciones por medio de la fuerza". Exactamente lo que está aconteciendo. Eso siempre ha sido delito, per hoy aquí es "pan de cada día" y se va a hacer todavía más frecuente ahora que la impunidad parece garantizada y hay "billetera rápida" para ceder a las exigencias ilegales.
El tema, entonces, no es de "si se aplica o no la Ley de Seguridad Interior". El tema es si rigen o no las normas básicas de la convivencia civilizada o estamos viviendo bajo el imperio de la amenaza del más fuerte, que sin duda no es el estado de derecho, sino el extremismo violento.
Hoy en "El Mercurio" viene una importante carta del abogado Sergio Rillon, donde cita textualmente el instructivo del pleno del Partido Comunista para que se lleven a cabo todas las acciones violentas que el país ha soportado en los últimos tiempos. Quienes crean que estos son meros "episodios" y que "aflojando un poco de plata" se pondrá término a la violencia, quiere decir que no conocen ni la naturaleza humana ni la historia de las revoluciones ni al comunismo.
Si hay algo que confirma indefectiblemente el estudio atento de las unas y del otro es el contenido de verdad de la antigua conseja que reza: "Más vale ponerse una vez colorado que cien veces amarillo".
Aquí el gobierno central está optando por el segundo camino, y creo que, más temprano que tarde, lo va a lamentar.
lunes 5 de marzo de 2012
Responsabilidades por el Segundo 27/F
Como en Aysén se habían violado con total impunidad los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley de Seguridad del Estado, allá ayer resolvieron transgredir también los artículos 1°, 2° y 3°, que castigan los delitos contra la soberanía nacional: aparecieron personas portando letreros en favor de la anexión de esa región a la República Argentina.
Ese delito de lesa patria también está castigado en el Código Penal, y en el de Justicia Militar, pero, en todo caso, los primeros artículos de la Ley de Seguridad del Estado lo sancionan con un mínimo de 541 días de presidio, relegación o extrañamiento, amén de otras penas accesorias.
Pero las leyes que defienden la soberanía y la seguridad ya no se aplican, así es que hay carta blanca para atropellarlas. Esto no es gratis, con todo. Hoy día oí dos testimonios decidores: uno, de un habitante de Puerto Aysén que hablaba por Radio Agricultura y describía el caos en los supermercados de allá, donde la gente se disputa las pocas mercaderías que quedan y donde, señalaba, la de mayor edad decía: "¡Pero si esto es igual que en la UP!"
Después una señora me comentó que había ido a un supermercado de Santiago y se había alarmado de ver la manera desmedida cómo estaba comprando la gente, vaciando las estanterías. "¿Por qué" me preguntaba, "cuando acá hay de todo?"
Porque la gente, le respondí, sabe cuándo comienza esto de atropellar las leyes, y también sabe en qué termina. Y toma medidas, por si acaso...
También oí una grabación del presidente Piñera hablando hoy. Decía que los daños del terremoto en los colegios habían sido muy grandes, y que los provocados por las "tomas" estudiantiles del año pasado habían sido equivalentes a los de "un segundo terremoto".
¿Y de quién es la culpa? ¿No lo es de las autoridades que, ante la primera "toma" de un colegio, dejaron hacer y dejaron pasar? Por supuesto, vinieron entonces todas las demás, con daños equivalentes a un segundo terremoto.
¿No sería justo que así como se persigue sancionar a las autoridades de febrero de 2010 por no haber reaccionado a tiempo el 27/F y no haber dispuesto las medidas que estaban en su mano, no debería también investigarse y sancionarse la lenidad de las autoridades de 2011, que nada hicieron por aplicar las leyes y así evitar los efectos destructivos sobre los establecimientos de enseñanza del "segundo terremoto" provocado por tantas "tomas" impunes?
Ese delito de lesa patria también está castigado en el Código Penal, y en el de Justicia Militar, pero, en todo caso, los primeros artículos de la Ley de Seguridad del Estado lo sancionan con un mínimo de 541 días de presidio, relegación o extrañamiento, amén de otras penas accesorias.
Pero las leyes que defienden la soberanía y la seguridad ya no se aplican, así es que hay carta blanca para atropellarlas. Esto no es gratis, con todo. Hoy día oí dos testimonios decidores: uno, de un habitante de Puerto Aysén que hablaba por Radio Agricultura y describía el caos en los supermercados de allá, donde la gente se disputa las pocas mercaderías que quedan y donde, señalaba, la de mayor edad decía: "¡Pero si esto es igual que en la UP!"
Después una señora me comentó que había ido a un supermercado de Santiago y se había alarmado de ver la manera desmedida cómo estaba comprando la gente, vaciando las estanterías. "¿Por qué" me preguntaba, "cuando acá hay de todo?"
Porque la gente, le respondí, sabe cuándo comienza esto de atropellar las leyes, y también sabe en qué termina. Y toma medidas, por si acaso...
También oí una grabación del presidente Piñera hablando hoy. Decía que los daños del terremoto en los colegios habían sido muy grandes, y que los provocados por las "tomas" estudiantiles del año pasado habían sido equivalentes a los de "un segundo terremoto".
¿Y de quién es la culpa? ¿No lo es de las autoridades que, ante la primera "toma" de un colegio, dejaron hacer y dejaron pasar? Por supuesto, vinieron entonces todas las demás, con daños equivalentes a un segundo terremoto.
¿No sería justo que así como se persigue sancionar a las autoridades de febrero de 2010 por no haber reaccionado a tiempo el 27/F y no haber dispuesto las medidas que estaban en su mano, no debería también investigarse y sancionarse la lenidad de las autoridades de 2011, que nada hicieron por aplicar las leyes y así evitar los efectos destructivos sobre los establecimientos de enseñanza del "segundo terremoto" provocado por tantas "tomas" impunes?
sábado 3 de marzo de 2012
En Aysén Cayó el Gobierno y Hay una Dictadura
En Aysén ya cayó el gobierno, porque nadie obedece a la autoridad nominal y, aunque alguien quiera hacerlo, el régimen de facto que se ha instalado se lo impide.
De hecho, pues, allá hay una dictadura. Si usted necesita lo más elemental, el pan, tiene que pedir permiso a uno de tres señores para que lo dejen pasar a comprarlo. Se llaman Iván Fuentes, Nelson Ramírez y Misael Ruiz. Ellos resuelven si usted pasa o no, y si dicen "no", usted se queda sin pan. Y sin todo lo demás.
La dictadura se caracteriza porque las leyes no rigen. Sólo impera la voluntad del dictador. Por eso es tan ridículo llamar "dictadura" al Gobierno Militar, en circunstancias que bajo él las leyes regían de manera mucho más real y generalizada que ahora en Chile. Yo he dejado de ver Teletrece porque ahí se refieren al Gobierno Militar como "dictadura". No lo he dejado de ver por molestia política, sino porque no informa la verdad, pues dicho régimen no fue una dictadura. Desde luego, durante él, como dije, regían la leyes más efectivamente que ahora; porque el Presidente había sido elegido en 1980 por la ciudadanía y porque, antes de eso, había llegado al poder en brazos de una mayoría democrática expresada en la Cámara de Diputados; y, en fin, porque se fijó un itinerario para entregar el poder a un sucesor electo, y eso, como oportunamente dijo Ricardo Lagos, "nunca lo hacen las dictaduras y, si lo hacen, no son tales".
En cambio, en Aysén sólo rige la ley de lo que se le ocurra al triunvirato dictador. Allá no hay siquiera libertad de movimientos. Ellos pueden dejarlo circular a usted durante dos horas diarias, ocho horas diarias o nunca. Eso lo van resolviendo minuto a minuto, porque ellos son la Constitución y la ley.
Si hubiera gobierno y rigiera la legalidad en Aysén, el triunvirato completo debería estar preso o al menos procesado por delitos que, como mínimo, tienen tres años y un día de presidio como pena. Pero como allá hay dictadura, esa ley chilena vigente no se aplica. El gobierno del resto del país no manda allá. Y, bueno, tampoco es capaz de aplicar la Ley de Seguridad Interior en ninguna parte, y por eso, como gobierno, también está cada vez más débil en el resto del país. Oiga lo que anuncian en Calama.
Y si hay dictadura en Aysén, entonces ¿cuándo se va a formar una "Concertación de Partidos por la Democracia" para velar porque ésta vuelva a imperar allá? Nunca, porque la así denominada coalición de partidos no está por la democracia, sino por la dictadura. Apoya al triunvirato. ¿Por qué? Porque sus integrantes nunca han sido reales demócratas, salvo los DC, que lo son a tiempo parcial, pues van de aquí para allá y de allá para acá: se alían con los militares para sacar a los comunistas y con los comunistas para sacar a los militares, pero al final siempre terminan poniéndoles la alfombra roja a los rojos, como lo están haciendo en estos mismos días para facilitarles ganar más gobiernos comunales (alcaldes) y lo hicieron para llevarlos al Parlamento. Y los comunistas han aportado sus encapuchaedos al triunvirato de Aysén, que tiene en ellos la base de su fuerza.
¿Quién va a restablecer la democracia en Aysén? Es una pregunta sin respuesta, cosa alarmante. Porque a mí se me han hecho muy largos estos dos años de gobierno con ideas de la Concertación, pero quiero que Sebastián Piñera termine su período y no que la dictadura de allá comience a extenderse paulatinamente por el resto del país.
De hecho, pues, allá hay una dictadura. Si usted necesita lo más elemental, el pan, tiene que pedir permiso a uno de tres señores para que lo dejen pasar a comprarlo. Se llaman Iván Fuentes, Nelson Ramírez y Misael Ruiz. Ellos resuelven si usted pasa o no, y si dicen "no", usted se queda sin pan. Y sin todo lo demás.
La dictadura se caracteriza porque las leyes no rigen. Sólo impera la voluntad del dictador. Por eso es tan ridículo llamar "dictadura" al Gobierno Militar, en circunstancias que bajo él las leyes regían de manera mucho más real y generalizada que ahora en Chile. Yo he dejado de ver Teletrece porque ahí se refieren al Gobierno Militar como "dictadura". No lo he dejado de ver por molestia política, sino porque no informa la verdad, pues dicho régimen no fue una dictadura. Desde luego, durante él, como dije, regían la leyes más efectivamente que ahora; porque el Presidente había sido elegido en 1980 por la ciudadanía y porque, antes de eso, había llegado al poder en brazos de una mayoría democrática expresada en la Cámara de Diputados; y, en fin, porque se fijó un itinerario para entregar el poder a un sucesor electo, y eso, como oportunamente dijo Ricardo Lagos, "nunca lo hacen las dictaduras y, si lo hacen, no son tales".
En cambio, en Aysén sólo rige la ley de lo que se le ocurra al triunvirato dictador. Allá no hay siquiera libertad de movimientos. Ellos pueden dejarlo circular a usted durante dos horas diarias, ocho horas diarias o nunca. Eso lo van resolviendo minuto a minuto, porque ellos son la Constitución y la ley.
Si hubiera gobierno y rigiera la legalidad en Aysén, el triunvirato completo debería estar preso o al menos procesado por delitos que, como mínimo, tienen tres años y un día de presidio como pena. Pero como allá hay dictadura, esa ley chilena vigente no se aplica. El gobierno del resto del país no manda allá. Y, bueno, tampoco es capaz de aplicar la Ley de Seguridad Interior en ninguna parte, y por eso, como gobierno, también está cada vez más débil en el resto del país. Oiga lo que anuncian en Calama.
Y si hay dictadura en Aysén, entonces ¿cuándo se va a formar una "Concertación de Partidos por la Democracia" para velar porque ésta vuelva a imperar allá? Nunca, porque la así denominada coalición de partidos no está por la democracia, sino por la dictadura. Apoya al triunvirato. ¿Por qué? Porque sus integrantes nunca han sido reales demócratas, salvo los DC, que lo son a tiempo parcial, pues van de aquí para allá y de allá para acá: se alían con los militares para sacar a los comunistas y con los comunistas para sacar a los militares, pero al final siempre terminan poniéndoles la alfombra roja a los rojos, como lo están haciendo en estos mismos días para facilitarles ganar más gobiernos comunales (alcaldes) y lo hicieron para llevarlos al Parlamento. Y los comunistas han aportado sus encapuchaedos al triunvirato de Aysén, que tiene en ellos la base de su fuerza.
¿Quién va a restablecer la democracia en Aysén? Es una pregunta sin respuesta, cosa alarmante. Porque a mí se me han hecho muy largos estos dos años de gobierno con ideas de la Concertación, pero quiero que Sebastián Piñera termine su período y no que la dictadura de allá comience a extenderse paulatinamente por el resto del país.
viernes 2 de marzo de 2012
Grados de Debilidad
Una persona me transmite la petición de otra, que me desafía a, en lugar de escribir tantas cosas sobre el incumplimiento de las leyes de orden público, querellarme contra el ministro del Interior por "notable abandono de sus deberes".
Bueno, ésa es una acción propia del juicio político contemplado en la Constitución y le compete sólo a los diputados, y yo no lo soy. ¿Y qué diputado va a interponerla contra el ministro? ¿Los de su propia coalición, que no han dicho "esta boca es mía" frente al clima de anarquía general? ¿Los de oposición, que justamente critican al gobierno por "la represión", nombre que dan a las mínimas y débiles medidas que ha tomado para evitar el caos total en Aysén?
No. Este es, hoy, un país "en estado de caos progresivo, y por unanimidad". Aquí ya no hay verdadera autoridad, y nadie parece querer que la haya, lo cual hace prever el ahondamiento de la anarquía. Si hubiera existido un gobierno de verdad no habríamos tenido el 2011 que tuvimos, pues en la primera oportunidad en que alguien se hubiera "tomado" un camino, un puente, una calle o un colegio, se habría aplicado la Ley de Seguridad Interior. Claro, dado el sistema judicial que tenemos, que se abanica con las leyes y está diseñado para favorecer a los transgresores, es probable que nadie hubiera terminado preso. Pero, por lo menos, los "tomadores" habrían pasado algunas molestias. Pues ésa termina siendo la única pena para los delincuentes en Chile: la condena a "algunas molestias", después de lo cual quedan libres.
Salvo que los procesados sean "de cuello y corbata" o "uniformados", es decir, personas que, en el primer caso, no han alterado el orden público y, en el segundo, lo han defendido. Porque a ésos si que los pudren en la cárcel, hay que reconocerlo (y a estos últimos precisamente por defenderlo, cosa que repugna a los izquierdistas).
En la sola Aysén se han cometido en estas semanas centenares de delitos contra el orden interno e incluso contra la seguridad y soberanía del país, pues he visto letreros de manifestantes que favorecen una anexión a la Argentina. Lo mismo que llegó a decir un diputado ¡un diputado! en la protesta de Magallanes el año pasado. ¡Y nadie le dijo nada! Cuando su actitud antipatriótica debió costarle el cargo.
Entonces, de los grados de la debilidad de un gobierno, el actual está --esto puede haber cambiado a estas horas para peor-- en el penúltimo: no hace nada, pero, por lo menos, no ha cedido ciento por ciento a la extorsión ilícita. Naturalmente, el último grado es no defender el orden público y acceder a todo lo que piden quienes lo atropellan.
Por supuesto, un gobierno que no es débil es el que, en cumplimiento de la función de gobernar, hace respetar las leyes "por la razón o la fuerza", lema de nuestro escudo que la práctica gubernativa ha tornado a estas alturas en mera retórica.
¡Cómo le llora al país un gobernante firme! Al actual ya todos "le han tomado el pulso". Si no lo creen así, entérense de las noticias de Calama. O de lo que anuncia para este año la sucesora comunista de Camila Vallejo, que dio una extensa entrevista en televisión, creo que a CNN, y describió punto por punto su plan revolucionario 2012. Me llamó un amigo, alarmadísimno, después de verla, y me dijo, con gran sorpresa, que lo que ella quería era derrocar al gobierno. ¡Por supuesto! Ése es el plan comunista en actual vigor. ¿De dónde creen ustedes que salen los encapuchados de Aysén o de dondequiera haya caos? ¿Son de generación espontánea?
Entonces, a la persona que me manda decir que intente alguna acción contra el ministro del Interior le respondo, primero, que no hay ninguna que yo legalmente pueda entablar; segundo, que con los jueces de mayoría izquierdista que tenemos, aunque hubiera una ley que me autorizara a querellarme contra él, se desecharía mi acción; y, tercero, que el problema no es el ministro del Interior, que es el número dos, sino el número uno. Pues el número dos no hace nada que no le ordene el número uno. Y, a la vez, hace todo lo que le dice el número uno.
Es ahí donde está el problema. Vamos a cumplir dos años soportándolo. Confieso que se me han hecho largos. Espero que más que los que le quedan...
Sólo puedo decir, como autoconsuelo, que "lo sospeché desde un principio".
Bueno, ésa es una acción propia del juicio político contemplado en la Constitución y le compete sólo a los diputados, y yo no lo soy. ¿Y qué diputado va a interponerla contra el ministro? ¿Los de su propia coalición, que no han dicho "esta boca es mía" frente al clima de anarquía general? ¿Los de oposición, que justamente critican al gobierno por "la represión", nombre que dan a las mínimas y débiles medidas que ha tomado para evitar el caos total en Aysén?
No. Este es, hoy, un país "en estado de caos progresivo, y por unanimidad". Aquí ya no hay verdadera autoridad, y nadie parece querer que la haya, lo cual hace prever el ahondamiento de la anarquía. Si hubiera existido un gobierno de verdad no habríamos tenido el 2011 que tuvimos, pues en la primera oportunidad en que alguien se hubiera "tomado" un camino, un puente, una calle o un colegio, se habría aplicado la Ley de Seguridad Interior. Claro, dado el sistema judicial que tenemos, que se abanica con las leyes y está diseñado para favorecer a los transgresores, es probable que nadie hubiera terminado preso. Pero, por lo menos, los "tomadores" habrían pasado algunas molestias. Pues ésa termina siendo la única pena para los delincuentes en Chile: la condena a "algunas molestias", después de lo cual quedan libres.
Salvo que los procesados sean "de cuello y corbata" o "uniformados", es decir, personas que, en el primer caso, no han alterado el orden público y, en el segundo, lo han defendido. Porque a ésos si que los pudren en la cárcel, hay que reconocerlo (y a estos últimos precisamente por defenderlo, cosa que repugna a los izquierdistas).
En la sola Aysén se han cometido en estas semanas centenares de delitos contra el orden interno e incluso contra la seguridad y soberanía del país, pues he visto letreros de manifestantes que favorecen una anexión a la Argentina. Lo mismo que llegó a decir un diputado ¡un diputado! en la protesta de Magallanes el año pasado. ¡Y nadie le dijo nada! Cuando su actitud antipatriótica debió costarle el cargo.
Entonces, de los grados de la debilidad de un gobierno, el actual está --esto puede haber cambiado a estas horas para peor-- en el penúltimo: no hace nada, pero, por lo menos, no ha cedido ciento por ciento a la extorsión ilícita. Naturalmente, el último grado es no defender el orden público y acceder a todo lo que piden quienes lo atropellan.
Por supuesto, un gobierno que no es débil es el que, en cumplimiento de la función de gobernar, hace respetar las leyes "por la razón o la fuerza", lema de nuestro escudo que la práctica gubernativa ha tornado a estas alturas en mera retórica.
¡Cómo le llora al país un gobernante firme! Al actual ya todos "le han tomado el pulso". Si no lo creen así, entérense de las noticias de Calama. O de lo que anuncia para este año la sucesora comunista de Camila Vallejo, que dio una extensa entrevista en televisión, creo que a CNN, y describió punto por punto su plan revolucionario 2012. Me llamó un amigo, alarmadísimno, después de verla, y me dijo, con gran sorpresa, que lo que ella quería era derrocar al gobierno. ¡Por supuesto! Ése es el plan comunista en actual vigor. ¿De dónde creen ustedes que salen los encapuchados de Aysén o de dondequiera haya caos? ¿Son de generación espontánea?
Entonces, a la persona que me manda decir que intente alguna acción contra el ministro del Interior le respondo, primero, que no hay ninguna que yo legalmente pueda entablar; segundo, que con los jueces de mayoría izquierdista que tenemos, aunque hubiera una ley que me autorizara a querellarme contra él, se desecharía mi acción; y, tercero, que el problema no es el ministro del Interior, que es el número dos, sino el número uno. Pues el número dos no hace nada que no le ordene el número uno. Y, a la vez, hace todo lo que le dice el número uno.
Es ahí donde está el problema. Vamos a cumplir dos años soportándolo. Confieso que se me han hecho largos. Espero que más que los que le quedan...
Sólo puedo decir, como autoconsuelo, que "lo sospeché desde un principio".
jueves 1 de marzo de 2012
Ha Sucedido Algo Insólito
Desde que el alcalde Labbé ordenó desalojar un colegio ilegalmente usurpado, hace ya muchos meses, no había habido una sola autoridad que pretendiera hacer valer algún asomo de legalidad como el que está intentando restablecer el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, en Aysén.
En efecto, ha dicho que si no se restablece la normalidad legal el gobierno no hará concesiones. Los chilenos no dan crédito a lo que han visto y oído: un ministro de este gobierno imponiendo el respeto a la ley. ¿Cuánto va a durar el ministro; o cuánto va a durar su firmeza? Si duran ambos y la legalidad se restablece, va a tener lugar "un antes y un después".
La ley 12.927, de antigua vigencia, no puede ser más clara. Dice en su artículo 6°que "cometen delito contra el orden público: ... c) Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transporte o de distribución; y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos".
Y en su artículo 7° señala la pena para los infractores, siempre que no concurra ninguna circunstancia agravante: desde tres años y un día hasta diez años de presidio.
Desde hace dieciséis días han aparecido en todos los medios dirigentes de la zona, como Iván Fuentes, Nelson Ramírez y Misael Ruiz, incurriendo en las conductas tipificadas en el art. 6° antes citado y haciéndose explícitamente responsables de mantener paralizada a Aysén. Han incitado, promovido y fomentado las destrucciones e interrupciones de servicios y actividades, como también impedido el libre acceso a toda suerte de instalaciones. Sin embargo, ni siquiera han sido citados a declarar ante algún juez. En realidad, no sólo el ministerio del Interior debería presentar un requerimiento ante el Ministerio Público: cualquier particular afectado podría hacerlo. Pero Fuentes, Ramírez y Ruiz siguen incurriendo en el delito descrito (y en varios otros tipificados en la misma ley) sin que nada les suceda. Además, hay parlamentarios que justifican la actitud de éstos, lo que perfectamente podría interpretarse como que están "fomentando las destrucciones e interrupciones" de servicios y merecerían, igualmente, ser desaforados y luego procesados.
Pero aquí todos hacen "la vista gorda" y "se pasan la papa caliente" unos a otros. Es una especialidad chilena: "sacarse el pillo" para no cumplir con el deber.
Bueno, este estado de cosas ya ha pasado a ser normal. El año pasado sucedió todo el tiempo en muchos lugares del país.
Y por eso hemos llegado a un punto en que éste se sorprende, no de que la autoridad pretenda aplicar la ley, pues a estas alturas ni ella lo hace ni ya nadie espera eso, sino ante la mera exigencia de un ministro de que, si se quiere conversar sobre algún acuerdo, al menos se deje de seguir cometiendo todos esos delitos. La pena con que él amenaza no es de tres años y un día a diez años de presidio, no, eso sería impensable hoy: apenas amenaza con no sentarse a conversar.
Y eso, apenas eso, ha llegado a ser insólito. El país no lo puede creer. Y Álvarez, que debería haberse llenado de elogios por su firmeza, está convirtiéndose en el centro de todas las críticas.
En efecto, ha dicho que si no se restablece la normalidad legal el gobierno no hará concesiones. Los chilenos no dan crédito a lo que han visto y oído: un ministro de este gobierno imponiendo el respeto a la ley. ¿Cuánto va a durar el ministro; o cuánto va a durar su firmeza? Si duran ambos y la legalidad se restablece, va a tener lugar "un antes y un después".
La ley 12.927, de antigua vigencia, no puede ser más clara. Dice en su artículo 6°que "cometen delito contra el orden público: ... c) Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transporte o de distribución; y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos".
Y en su artículo 7° señala la pena para los infractores, siempre que no concurra ninguna circunstancia agravante: desde tres años y un día hasta diez años de presidio.
Desde hace dieciséis días han aparecido en todos los medios dirigentes de la zona, como Iván Fuentes, Nelson Ramírez y Misael Ruiz, incurriendo en las conductas tipificadas en el art. 6° antes citado y haciéndose explícitamente responsables de mantener paralizada a Aysén. Han incitado, promovido y fomentado las destrucciones e interrupciones de servicios y actividades, como también impedido el libre acceso a toda suerte de instalaciones. Sin embargo, ni siquiera han sido citados a declarar ante algún juez. En realidad, no sólo el ministerio del Interior debería presentar un requerimiento ante el Ministerio Público: cualquier particular afectado podría hacerlo. Pero Fuentes, Ramírez y Ruiz siguen incurriendo en el delito descrito (y en varios otros tipificados en la misma ley) sin que nada les suceda. Además, hay parlamentarios que justifican la actitud de éstos, lo que perfectamente podría interpretarse como que están "fomentando las destrucciones e interrupciones" de servicios y merecerían, igualmente, ser desaforados y luego procesados.
Pero aquí todos hacen "la vista gorda" y "se pasan la papa caliente" unos a otros. Es una especialidad chilena: "sacarse el pillo" para no cumplir con el deber.
Bueno, este estado de cosas ya ha pasado a ser normal. El año pasado sucedió todo el tiempo en muchos lugares del país.
Y por eso hemos llegado a un punto en que éste se sorprende, no de que la autoridad pretenda aplicar la ley, pues a estas alturas ni ella lo hace ni ya nadie espera eso, sino ante la mera exigencia de un ministro de que, si se quiere conversar sobre algún acuerdo, al menos se deje de seguir cometiendo todos esos delitos. La pena con que él amenaza no es de tres años y un día a diez años de presidio, no, eso sería impensable hoy: apenas amenaza con no sentarse a conversar.
Y eso, apenas eso, ha llegado a ser insólito. El país no lo puede creer. Y Álvarez, que debería haberse llenado de elogios por su firmeza, está convirtiéndose en el centro de todas las críticas.
miércoles 29 de febrero de 2012
Desigual Distribución de los Horrores
Se han seguido recordando el crimen y la muerte del dirigente sindical radical Tucapel Jiménez. Cuando aconteció, en 1982, recuerdo haberme horrorizado, como todos en Chile, y supuse que él había sido víctima de un delito común. Las versiones que se dieron en ese tiempo sugerían eso.
Después apareció inculpado un sujeto sin mayor connotación, el carpintero Alegría. Finalmente, tras décadas de proceso judicial, resultó que eso había sido un montaje para ocultar las participación en el crimen de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Hoy los agentes de la misma, autores del delito, cumplen cadena perpetua.
¿Por qué esa institución podía cometer un crimen tan inexplicable? Tucapel Jiménez no era un revolucionario. Sus declaraciones a la prensa eran moderadas. He averiguado todo lo que he podido acerca de la justificación que pudieron tener oficiales del Ejército para cometer ese delito. Lo más aproximado a una explicación que he recibido ha sido que Jiménez tenía importantes vinculaciones con sindicalistas norteamericanos y europeos y todos ellos se encontraban preparando activamente un bloqueo comercial contra Chile, que en momentos en que la crisis de la deuda de los '80 tenía al país asfixiado, habría sido considerada un acto de traición a la Patria en una emergencia equivalente a una guerra, que en los códigos castrenses acarrea la pena de muerte.
Pero, indudablemente, desde mi punto de vista, su asesinato es un baldón para el Gobierno Militar. No puede decirse otra cosa.
Pero hubo crímenes de la izquierda igualmente atroces en los años 70 y 80, y nadie recuerda a sus víctimas. A los casos más notorios del Intendente Carol Urzúa y sus dos acompañantes; del subdirector de Inteligencia Roger Vergara, acribillado con más de sesenta balazos en el cuerpo; de los tenientes de Ejército Carevic y Zegers, despedazados por explosivos del MIR que ellos intentaban desactivar para proteger a civiles inocentes, se añaden muchos otros.
Recuerdo, en particular, que un distinguido periodista y médico me refirió un día que había pasado por un lugar donde se celebraba una ceremonia, y había visto a no pocas mujeres y niños llorando. Preguntó qué hecho se estaba recordando: "son las viudas e hijos de unos carabineros muertos por una bomba que puso el MIR en el bus en que viajaban". ¿Quién los recuerda públicamente hoy o les rinde homenaje? Nadie, salvo sus familiares. Nunca aparecerá la conmemoración de su aniversario en un noticiero de TV, como ha aparecido, en todos, la del crimen de Tucapel Jiménez.
Cinco escoltas del Presidente Pinochet murieron en el intento de asesinato de éste. Eso no sólo se conmemora rara vez. La Presidenta de la República recibió en La Moneda al principal autor y gestor del quíntuple crimen y magnicidio frustrado, César Bunster. Lejos de horrorizar a la ciudadanía, su actuación le hizo acreedor a ser invitado a los salones de la Presidencia. Hasta escribió un libro ufanándose de su delito y llegó a pretender la dignidad de ser elegido alcalde, intento en el cual, por suerte, fracasó.
Hoy día leo en "La Segunda" que la alcaldesa Graciela Ortúzar (RN), de Lampa, se suma a los homenajes en memoria de Tucapel Jiménez y ha inaugurado una plaza en su recuerdo, a 30 años de su muerte. ¿Alguien imagina a un alcalde de la Concertación inaugurando una plaza en memoria de alguna víctima del terrorismo de extrema izquierda? ¿Por ejemplo, al alcalde de La Reina homenajeando al teniente Zegers, muerto en un atentado terrorista de izquierda en su comuna? Nadie siquiera lo recuerda.
Los horrores están muy mal distribuidos en el país. Los de un lado se recuerdan y destacan. "Nunca pueden volver a repetirse", se proclama. La izquierda, en cambio, sigue trabajando en ellos. En estos días ¿cuántas bombas estallaron en Santiago? Fueron varias, pero a nadie le importa. Los crímenes de la izquierda se perdonan y se olvidan. Y todo esto con la circunstancia agravante de que quienes iniciaron el proceso de la violencia en Chile, para tomar el poder, fueron los políticos, grupos guerrilleros y terroristas de la izquierda, todos actuando de consuno. Las fuerzas armadas fueron llamadas, justamente, para enfrentar esa violencia y evitar esa toma del poder por las armas.
Los que iniciaron el incendio, entonces, ya no tienen ninguna culpa en los horrores que él provocó. Quienes lo apagaron son los que cargan con todas ellas. Y a estas alturas una redistribución más equitativa de los horrores es completamente imposible, y hasta inimaginable.
Después apareció inculpado un sujeto sin mayor connotación, el carpintero Alegría. Finalmente, tras décadas de proceso judicial, resultó que eso había sido un montaje para ocultar las participación en el crimen de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Hoy los agentes de la misma, autores del delito, cumplen cadena perpetua.
¿Por qué esa institución podía cometer un crimen tan inexplicable? Tucapel Jiménez no era un revolucionario. Sus declaraciones a la prensa eran moderadas. He averiguado todo lo que he podido acerca de la justificación que pudieron tener oficiales del Ejército para cometer ese delito. Lo más aproximado a una explicación que he recibido ha sido que Jiménez tenía importantes vinculaciones con sindicalistas norteamericanos y europeos y todos ellos se encontraban preparando activamente un bloqueo comercial contra Chile, que en momentos en que la crisis de la deuda de los '80 tenía al país asfixiado, habría sido considerada un acto de traición a la Patria en una emergencia equivalente a una guerra, que en los códigos castrenses acarrea la pena de muerte.
Pero, indudablemente, desde mi punto de vista, su asesinato es un baldón para el Gobierno Militar. No puede decirse otra cosa.
Pero hubo crímenes de la izquierda igualmente atroces en los años 70 y 80, y nadie recuerda a sus víctimas. A los casos más notorios del Intendente Carol Urzúa y sus dos acompañantes; del subdirector de Inteligencia Roger Vergara, acribillado con más de sesenta balazos en el cuerpo; de los tenientes de Ejército Carevic y Zegers, despedazados por explosivos del MIR que ellos intentaban desactivar para proteger a civiles inocentes, se añaden muchos otros.
Recuerdo, en particular, que un distinguido periodista y médico me refirió un día que había pasado por un lugar donde se celebraba una ceremonia, y había visto a no pocas mujeres y niños llorando. Preguntó qué hecho se estaba recordando: "son las viudas e hijos de unos carabineros muertos por una bomba que puso el MIR en el bus en que viajaban". ¿Quién los recuerda públicamente hoy o les rinde homenaje? Nadie, salvo sus familiares. Nunca aparecerá la conmemoración de su aniversario en un noticiero de TV, como ha aparecido, en todos, la del crimen de Tucapel Jiménez.
Cinco escoltas del Presidente Pinochet murieron en el intento de asesinato de éste. Eso no sólo se conmemora rara vez. La Presidenta de la República recibió en La Moneda al principal autor y gestor del quíntuple crimen y magnicidio frustrado, César Bunster. Lejos de horrorizar a la ciudadanía, su actuación le hizo acreedor a ser invitado a los salones de la Presidencia. Hasta escribió un libro ufanándose de su delito y llegó a pretender la dignidad de ser elegido alcalde, intento en el cual, por suerte, fracasó.
Hoy día leo en "La Segunda" que la alcaldesa Graciela Ortúzar (RN), de Lampa, se suma a los homenajes en memoria de Tucapel Jiménez y ha inaugurado una plaza en su recuerdo, a 30 años de su muerte. ¿Alguien imagina a un alcalde de la Concertación inaugurando una plaza en memoria de alguna víctima del terrorismo de extrema izquierda? ¿Por ejemplo, al alcalde de La Reina homenajeando al teniente Zegers, muerto en un atentado terrorista de izquierda en su comuna? Nadie siquiera lo recuerda.
Los horrores están muy mal distribuidos en el país. Los de un lado se recuerdan y destacan. "Nunca pueden volver a repetirse", se proclama. La izquierda, en cambio, sigue trabajando en ellos. En estos días ¿cuántas bombas estallaron en Santiago? Fueron varias, pero a nadie le importa. Los crímenes de la izquierda se perdonan y se olvidan. Y todo esto con la circunstancia agravante de que quienes iniciaron el proceso de la violencia en Chile, para tomar el poder, fueron los políticos, grupos guerrilleros y terroristas de la izquierda, todos actuando de consuno. Las fuerzas armadas fueron llamadas, justamente, para enfrentar esa violencia y evitar esa toma del poder por las armas.
Los que iniciaron el incendio, entonces, ya no tienen ninguna culpa en los horrores que él provocó. Quienes lo apagaron son los que cargan con todas ellas. Y a estas alturas una redistribución más equitativa de los horrores es completamente imposible, y hasta inimaginable.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)