Postulación al Nobel

El Fraser Institute de Canadá, que elabora un índice anual de libertad económica, ha determinado que la sociedad que en mayor grado goza de esa envidiable condición (de ser sus ciudadanos los más libres en su actividad de producción), es Hong Kong.

Lo notable es que Hong Kong está gobernada por el Partido Comunista de China. ¿Cómo puede ser que la economía más libre del mundo esté gobernada por el comunismo? Creo ser el único que lo pone en evidencia. Por estos descubrimientos es que a algunas personas les dan el Premio Nobel. Aunque es bien sabido que los suecos no se lo dan a quienes, como yo, hayan simpatizado con el gobierno del Presidente Pinochet. A Jorge Luis Borges lo llamó un funcionario sueco, a fines de los '70, para comunicarle que si se desdecía de sus comentarios favorables a Pinochet le darían el Nobel. Borges le respondió que nunca en su vida se había dejado sobornar y que tampoco lo haría para recibir el Nobel de literatura, que pasó a ser mejor conocido como "el premio que no le dieron a Borges". Así es que mi descubrimiento de que la economía más libre es comunista tal vez no me lo granjee, por haber sido y seguir siendo partidario de Pinochet. 

No sólo he reflexionado sobre esta paradoja que me podría granjear un Nobel, sino que le he encontrado sentido. Cuando Chou en Lai cambió a China al capitalismo, declaró que "no le importaba el color del gato, con tal de que cazara ratones". Esto es mucho más profundo de lo que parece. Los comunistas chinos, en lugar de seguir siendo una amenaza y una carga para los particulares, resolvieron velar porque éstos maximizaran sus ganancias, lo que condujo a una mayor inversión y un más alto crecimiento. Parecen decir a los privados: "no se preocupen, dígannos cuáles problemas tienen con la burocracia y los sindicatos y los ayudaremos a solucionarlos. Pero, por supuesto, del Estado y la política nos encargamos sólo nosotros". Esto lo han respetado en Hong Kong al pie de la letra, porque Hong Kong venía ya de ser la economía más libre del mundo, bajo la corona británica. 

En el resto de su territorio el gobierno chino tiene mucha tarea por delante, pues su país, castigado por el comunismo, igual que Chile, es más pobre que nosotros: tiene un PIB per cápita de US$ 24.500 versus los US$ 31.284 nuestros, y están en el lugar 71 en libertad económica, mientras nosotros hemos caído al 38. Porque los chinos todavía tienen que deshacer todo el daño que el comunismo hizo allá en 35 años (1949-1984). 

Chile, que tiene a comunistas prosoviéticos en el gobierno, ha retrocedido bastante en el Índice Fraser. En el pasado no muy lejano, cuando apenas le habían rayado la pintura al modelo de De Castro-Bûchi-Pinochet, llegamos a estar en el 7º lugar. Pero los sucesivos gobernantes del "No a Pinochet", es decir, todos, se encargaron de hacernos perder 31 puestos y hoy estamos estancados, además, por la "permisología".

El segundo país con mayor libertad económica en el mundo es Singapur, que también tiene un gobierno autoritario. Está en el poder desde la independencia del Reino Unido, en 1959. Singapur es el doble más rico que Hong Kong y tiene, a la vez, el segundo PIB per cápita más alto del mundo: US$ 141.000, apenas por debajo de Luxemburgo, el más rico de todos.

Ya que no tenemos comunistas chinos ni podemos volver a Pinochet, cuyo gobierno era tan favorable a la libertad económica, por lo menos podríamos buscar un "gran acuerdo nacional" de no saquear, destruir ni quemar supermercados, metro, hoteles, industrias, buses, bosques, colegios, iglesias ni comisarías ni tampoco apedrear carabineros para después meterlos presos. 

Y adicionalmente podríamos, como los buenos comunistas chinos, favorecer la libertad económica y contribuir a no seguir cayendo en el Índice Fraser. Bastaría un comunismo como el chino. Porque pedir un régimen como el de Singapur, es decir, otro Pinochet, ya sería demasiado. Y me alejaría por completo del Nobel.

El Día Nacional de la Imbecilidad

El 18 de octubre de 2019 los comunistas, procomunistas, filocomunistas, compañeros de ruta y tontos útiles (como ellos los llaman) hicieron su acostumbrada insurrección, otra revolución de los imbéciles (si no fueran imbéciles no serían comunistas). 

Al presidente Pinochet le habían hecho 17 estallidos revolucionarios entre 1983 y 1987 y duraban un día cada uno porque, si era necesario, ese gran estadista sacaba veinte mil hombres a las calles y "aquí no ha pasado nada." Y eso que los subversivos tenían apoyo cubano, soviético, de Alemania Oriental y hasta de Corea del Norte. 

A Frei Montalva le hicieron en 1964 el estallido de Pampa Irigoin, pero tenía un duro en Interior, Pérez Zujovic, que le puso término al motín en un día, con seis muertos. El mayor imbécil internacional contemporáneo, Fidel Castro, "el padre de todos los fracasos", exclamó: "Prometió una revolución sin sangre y les está dando sangre sin revolución". Y otros imbéciles asesinaron a Pérez Zujovic.

Al general Ibáñez le hicieron la insurrección del 2 y 3 de abril de 1957, pero la sofocó en dos días, con militares en las calles aplaudidos por la gente (yo estaba ahí) e indeterminado número de muertos.

Antes, a González Videla le habían hecho la "revolución de la chaucha" en 1949, pero éste no era imbécil, así es que puso un conscripto con fusil y orden de disparar en cada micro y además dictó la Ley de Defensa de la Democracia, que proscribió al comunismo de la vida pública por nueve años y a los rojos más díscolos los relegó a Pisagua.

A Arturo Alessandri le habían hecho el levantamiento de Ránquil en 1934, pero mandó las tropas y santo remedio.

Pero el 18 de octubre de 2019 Sebastián Piñera, ante el acostumbrado y rutinario levantamiento comunista, no hizo nada. Y, obvio, la revolución produjo todo el daño que era de esperar. El balance lo hace ayer en El Mercurio la carta de Fernando Marín Cruchaga. Copio: "En seguridad: delincuencia desatada e impune. En ciudad y hábitat: barrios y horarios prohibidos, patrimonio mutilado, tomas de terrenos, vivienda propia y créditos hipotecarios inaccesibles. En economía: devaluación del peso, proyectos de inversión detenidos, empresas multinacionales que emigran, crecimiento de gasto público sin contraprestaciones a la gente, informalidad laboral y un largo etcétera. Chile cambió".

Sí, de hoy en adelante el 18 de octubre debe pasar a ser el Día Nacional del Imbécil, el día de los cambios para peor, el día en que un millón de chilenos desfiló por las calles en apoyo a que el país se fuera al diablo, a que se incendiaran iglesias, a que se quemaran edificios completos y se arruinaran negocios, se saquearan y cerraran supermercados en barrios populares, se perdieran por centenares de miles los empleos y hasta los empresarios (que siempre fueron parte de la solución, porque creaban empleos y riquezas) se pusieron imbéciles y ¡pedían perdón a los vándalos!

Quemaron el 80 por ciento de las estaciones del metro y el país ha sido tan imbécil que todavía no "cacha" quién pudo hacerlo, pero pagó 360 millones de dólares para repararlas. 

Y el epítome de la imbecilidad: todo eso se coronó con el mayor disparate colectivo de la historia de Chile, la elección por amplia mayoría de Gabriel Boric como presidente.

Indiscutiblemente, merecidamente, condignamente el 18 de octubre debe ser proclamado como el Día Nacional de la Imbecilidad.

Justicia Inmanente en Acción

La destitución por el Senado del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz viene a ser una sanción justa, aunque tardía, impuesta por la justicia divina. Pues Muñoz fue fundamental en la iniciación y promoción de la prevaricación contra quienes derrotaron a la guerrilla marxista desde 1973, hoy privados de libertad por fallos ilegales respaldados por dicho juez y sus seguidores.

Tal atropello ya ha generado la prisión de 503 exuniformados y exempleados civiles de las Fuerzas Armadas y Carabineros, cuya nómina completa está en el diario digital Chile Informa de esta misma fecha. Sin contar los fallecidos entre rejas.

En una publicación sobre el desempeño de Muñoz como presidente del más alto tribunal entre 2014 y 2016, se informó que éste había dispuesto contratar a honorarios al exjuez Alejandro Solís, retirado por edad, y que fue quien inauguró como ministro sumariante en causas de derechos humanos la triquiñuela ilícita del "secuestro permanente", ficción para eludir normas expresas y vigentes de amnistía, prescripción y cosa juzgada, que eximían de responsabilidad a sus perseguidos. 

La audacia de Solís, usando razones y fundamentos bastante rústicos, permitió condenar, pese a las expresas leyes eximentes de responsabilidad penal. En 2015 yo mismo lo hice confesar ante la TV que no probaba los delitos ni la participación de los acusados, sino que los "fingía". Pues era una "ficción jurídica", confesó paladinamente. Así creía derrotar a la presunción de inocencia.

Esto suscitó la admiración del presidente de la Suprema Sergio Muñoz, que ante el retiro de Solís por haber cumplido 75 años, ordenó contratarlo a honorarios para instruir a los demás sumariantes de dd. hh. acerca de cómo burlar la legislación y condenar, junto con cobrar a un indefenso fisco cuantiosas indemnizaciones. Ello se prolonga hasta hoy al costo de miles de millones de dólares.

Contribuye a extender el corrupto procedimiento la impunidad garantizada de quienes lo perpetran: el ministro sumariante Adolfo Mesa Latorre, de Temuco, condena olímpicamente por el "delito" de "haber sido militares" a una cantidad creciente de personas. Éstas se suman a reos por "haber estado ahí", "haber leído una nómina" o "haber pilotado un helicóptero que trasladó a los procesados". Todos hoy ancianos presos políticos, no pocos enfermos. 

La opinión predominante ha elegido "mirar para otro lado". Pero el rector-columnista Carlos Peña ha criticado a Sergio Muñoz a ese respecto y en su más reciente columna de El Mercurio escribe: "Un buen juez se enorgullece de aplicar normas que contradicen sus convicciones porque de esa forma prueba su lealtad a las reglas que le fueron confiadas". 

Si los malos jueces chilenos no tienen sanción y siguen prevaricando, la justicia inmanente, como lo prueba el caso del ministro Sergio Muñoz, se encarga de impedir esa impunidad.

Réplicas de un Sismo Supremo

La remoción de una ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el anuncio de una acusación constitucional contra otro, Sergio Muñoz, han desatado réplicas que pueden resultar peores que el terremoto mismo para la dictadura judicial de izquierda imperante.

La justicia inmanente o divina está resultando severa con el juez Muñoz, que en su tiempo "construyó" una supuesta "fortuna de Pinochet de 27 millones de dólares". La real y congruente con los ingresos y patrimonio del exmandatario --quien probó ser más honesto que sus sucesores concertacionistas respecto a los gastos reservados-- ascendía a 7 millones de dólares, perfectamente explicados. Pero la persecución de Muñoz llevó a que a la sucesión del expresidente Impuestos Internos le girara un tributo de 9 millones 800 mil dólares. es decir, 132 % de sus haberes. 

Y aquí vino lo más decidor: el abogado Pablo Rodríguez Grez, en la causa en que se formuló el cobro, y para detener la persecución contra la familia, no tuvo problema en conseguir esos casi diez millones de dólares de personas de fortuna partidarias del general. Si había algo a lo cual estuvieran dispuestos los chilenos acomodados era a asegurar tranquilidad económica a Pinochet. Desde luego, su inmueble urbano más valioso, donde edificó su residencia final, provino de una donación del terreno por un conocido empresario. 

Ahora la "justicia divina" le está pasando la cuenta a su injusto persecutor Muñoz.

Y no sólo a él. Tal vez a toda la Corte Suprema que, desde hace casi una década abandonó su rol legal en los juicios contra exmilitares. Ya en 2005 un distinguido penalista, Miguel Alex Schweitzer, escribía el 16 de marzo en La Segunda, que "todos, y repito todos, esos principios básicos del derecho han sido abandonados en algunos casos que actualmente se tramitan en nuestros tribunales". Otro jurista, Gonzalo Vial, en igual diario y el 2 de febrero de 2006, escribía que la responsabilidad de eso era de la Corte Suprema.

Hoy hay más de cuatrocientos presos políticos militares, condenados desconociendo lo que disponen las leyes. Lo malo para los jueces prevaricadores es que un gurú tan de izquierda como ellos y muy admirado por la élite, el rector-columnista de El Mercurio, Carlos Peña, de innegable poder de opinión (como que fue el originador de todo un proceso constituyente, de lo cual se arrepintió a destiempo) y cuyas opiniones derribaban a ministros de Piñera con toda facilidad, ayer domingo 13 de octubre ha escrito en El Mercurio lo siguiente: "Un buen juez es uno pleno, uno que realiza las virtudes de la imparcialidad y lealtad a las reglas incluso cuando ellas van contra sus convicciones, porque... un buen juez se enorgullece de aplicar normas que contradicen sus convicciones, porque de esa forma prueba su lealtad a las reglas que le fueron confiadas".

Este predicamento derrumba la jurisprudencia prevaricatoria de los últimos ocho o diez años, ratificada invariablemente por la Corte Suprema, que ha desconocido leyes expresas y vigentes sobre amnistía, prescripción, cosa juzgada y ponderación de las pruebas que habrían eximido de responsabilidad a centenares de uniformados, y en particular han transgredido las siguientes normas vigentes y expresas: 

(1) Art. 208 del Código de Justicia Militar: "Será causal eximente de responsabilidad para los militares el hacer uso de sus armas, cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida." 

(2) Art. 410 del mismo código: "Será causal eximente de responsabilidad para los Carabineros el hacer uso de sus armas en defensa propia o de la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio." 

(3) Y, en fin, su art. 411: "Estará también exento de responsabilidad el Carabinero que haga uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca las intimaciones de detenerse".

Las perspectivas abiertas por este importante influencer pueden desatar en la Corte Suprema una réplica igual o mayor que el sismo inicial. 

El almirante (r) Miguel Ángel Vergara Villalobos, con la prudencia que lo caracteriza, ha hecho presentes las consecuencias de la doctrina sentada por el rector-columnista Peña en favor de la vigencia de las leyes.

No me cabe duda de que otro gran defensor público de los uniformados en retiro, el abogado Adolfo Paúl Latorre, documentará y glosará, con su habitual erudición, el tremendo giro en la jurisprudencia de la Corte Suprema que puede implicar el acoger la recta doctrina traída a la conciencia y consciencia de los chilenos por el influyente columnista Carlos Peña. Éste se hace, indudablemente, acreedor al agradecimiento de miles de "caídos tras las líneas enemigas" hoy objeto de persecución motivada por el afán de lucro y de venganza de la izquierda.

Malditos $17 Millones

Si Luis Cordero, quien fuera controlador de la Universidad San Sebastián, estuviera vivo, yo le habría preguntado por qué contrató a la abogada y ex ministra de Educación Marcela Cubillos como docente y con un sueldo de $17 millones mensuales, lo que ha sido considerado un escándalo por variados opinólogos y medios. Creo que me habría contestado algo así como lo siguiente:

"Porque es una mujer definidamente de derecha, con mucho carácter, que tiene un potencial futuro político de la más alta proyección --en lo cual me gustaría ayudarla-- y contribuye a darle buena imagen a la universidad, justamente la impronta que yo desearía imprimirle".

Nunca conversé con Luis Cordero, pero cada vez que nos encontrábamos me abrazaba. Me decía que me leía y que el abrazo era por la firmeza de mis convicciones. Era de bajo perfil. Tenía éxito en sus emprendimientos educacionales. Jaime Guzmán lo tenía en alta estima. Contrató lícitamente a Marcela Cubillos cuando dejó de ser ministra. Ésta aceptó la totalmente lícita y atractiva oferta de empleo pedagógico que él le formuló. 

Pero parece que el país entero, de izquierda a derecha, encuentra que eso fue escandaloso. Chile baila al son que le pone la izquierda. Marcela ha sido figuradamente quemada en la pira de la opinión pública y en la Plaza de Arnas. Es que fueron $17 millones. Demasiado. Pero no en otros casos. Se ha publicado la lista de otros sueldos de $17 millones a personas inobjetables y a objetables amigos de Boric. El Congreso ha descubierto que paga a varios funcionarios esa suma mensual. Un gerente de Codelco, se revela, gana $49 millones. Pero no es maldito, no es de derecha, no es sospechoso de pinochetismo. Nadie le dedicará un video lapidario. Está a salvo. Goza de fuero político.

Algunos arguyen que Marcela, como ministra, le asignó fondos a la universidad de Cordero y éste le pagó el servicio. Pero nadie objetó esa asignación de fondos en su momento. Y también se los asignó a otras universidades.

Este escándalo artificial no es sólo chileno. Es mundial. Un policía italiano hace años le dijo a otro "¡Pinochet!", el segundo se querelló por injurias, el "ofendido" ganó el juicio y la noticia dio la vuelta al mundo. El "asesinato de imagen" del KGB había resultado exitoso. 

Al mismo tiempo Gonzalo Vial, en su biografía contra Pinochet, reconoce que en los países en crisis terminales el uomo qualunque suele exclamar: "¡Necesitamos un Pinochet!"  Cada vez más chilenos repiten eso hoy. Michelle Bachelet dice en El Mercurio de hoy que eso es "un retroceso democrático". Curiosamente, la razón surgió de su segundo gobierno.

Bueno, quería comunicar todo lo anterior y anticipar que este escándalo artificial ha reforzado mi decisión de votar por Marcela Cubillos para alcaldesa y Macarena Santelices para gobernadora en la elección de los próximos días 26 y 27. 

Y, last but not least, comunico que yo mismo aceptaría, y sin el menor escrúpulo de conciencia ni duda moral, una oferta de hacer clases universitarias sobre historia del Chile reciente por unos malditos $17 millones mensuales y en la certeza de que los valdría.

Destitución de Boric

Corresponde acusar constitucionalmente a Gabriel Boric por actos de su administración que han comprometido gravemente la seguridad de la Nación e infringen abiertamente la Constitución y las leyes, causal de destitución señalada en el art. 52 Nº 2 letra a) de la Carta. 

Para aprobar la acusación en la Cámara se requiere la mayoría de los diputados en ejercicio.

El ministerio de las Culturas de Boric ha patrocinado un homenaje al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, asociación ilícita terrorista caracterizada por promover e intentar la toma del poder por la vía armada, y a quien fuera su cabecilla, Miguel Enríquez. Perpetraba el asesinato de uniformados chilenos y también de civiles, y se financiaba con asaltos a bancos. El último de éstos, dirigido por Enríquez, tuvo lugar en la sucursal Huelén del Banco de Chile en 1974, donde, por orden de aquél, uno de sus secuaces disparó seis tiros contra el agente de la sucursal, Julio Robinson del Canto, por negarse a entregar las llaves de la bóveda y darle un puñetazo a Enríquez. Sobrevivió.

Una muestra no exhaustiva de atentados del MIR y de Enríquez en los años '70 incluye los asesinatos del teniente Luis Carevic y del coronel Roger Vergara, la muerte de los escoltas del general Sinclair, la ejecución a mansalva del carabinero guardián de la Llama de la Libertad, Heriberto Novoa (nadie nunca le ha rendido ningún homenaje), y el asesinato del Intendente de Santiago, Carol Urzúa y de sus cuatro escoltas. 

La captura y muerte en combate de Enríquez en 1974, por el entonces teniente Miguel Krassnoff, dio lugar a variadas manifestaciones de reconocimiento ciudadano, de los sindicatos bancarios y de la opinión pública a su principal captor y descubridor de su guarida. El oficial recibió la Medalla al Valor del Ejército en 1974 y hoy está condenado a más de mil años de presidio en virtud de lo que se conoce como "pago de Chile".

Las actividades ilícitas de elogio a la violencia armada para alcanzar el poder, patrocinadas por el MIR y homenajeadas por el ministerio de las Culturas, con la adhesión entusiasta del presidente actual, son constitutivas de delitos y están expresamente sancionadas tanto en los artículos 19 Nº 15 y 60 de la Constitución como en el Código Penal y en la Ley de Seguridad del Estado.

Según informa el diario El Mercurio de hoy, el presidente Gabriel Boric no sólo no ha desautorizado el homenaje a acciones delictivas y contrarias a la seguridad interior de su señalado ministerio, sino que visitó personalmente la muestra recordatoria de las actividades terroristas y subversivas de la asociación ilícita MIR y su principal jefe, y manifestó su ratificación y apoyo a las mismas. 

El diario informa que ha contribuido al financiamiento del homenaje Carmen Castillo, que fuera conviviente de Enríquez cuando asaltaba bancos y cayó herida en su último combate, siendo trasladada al Hospital Militar por orden del teniente Krassnoff, donde se repuso y le expresó su agradecimiento.

El art. 24 de la Constitución señala que la principal obligación del presidente se extiende a "todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior". Es decir, el apoyo y homenaje de Boric y su ministerio a una asociación ilícita, que se proponía alcanzar el poder por las armas, implica el abandono del principal deber de su cargo y contraviene la Constitución y las leyes.

Así, se configuran todos y cada un de los requisitos para que se presente y se apruebe en ambas Cámaras una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Si el Senado la aprueba por dos tercios de sus miembros, Boric quedará destituido y se habrá hecho justicia. 

Si es que, como se dice, existe en Chile la "rule of law" o estado de derecho.

El 5 de Octubre

"Para verdades, el tiempo". La recurrente discusión de "cuándo se fregó Chile" la ha zanjado el tiempo. Hoy ya sabemos que fue el 5 de octubre de 1988. En esa fecha se realizó un plebiscito presidencial y el 56 % votó contra la reelección de Augusto Pinochet.

Hubo una intervención extranjera desvergonzada y millonaria que, gracias a la enorme cantidad de dólares dedicados a comprar conciencias de chilenos, dio vuelta a la opinión, que era favorable al "Sí" antes del cohecho. Y éste financió la propagación masiva de una mentira: que si ganaba el "Sí" seguía habiendo gobierno militar.

Si Pinochet hubiera sido reelegido, al final de su segundo mandato, plenamente democrático, en 1997, el PIB per cápita de Chile habría alcanzado al de Portugal y seríamos desarrollados. En algún momento llegamos a tener el 80 % de Portugal. Hoy sabemos que Chile se estancó hace nueve años y esa meta se alejó definitivamente.

Augusto Pinochet fue el último presidente de derecha. Después vino una sucesión de partidarios del "No", hasta hoy, en que estamos sin crecimiento, con miedo y con más de la mitad de la gente convencida de que el país está "mal" o "muy mal" (última encuesta CEP). Cada gobierno del "No" creció menos que el anterior, salvo los de Piñera.

Hoy soportamos un Estado que ha multiplicado su tamaño por diez, que paga sueldos superiores a los de mercado y no soluciona los problemas sino que los agrava, pues impide producir a los saben y pueden hacerlo. 

Los millenials ignoran la historia del pasado próximo, y ni siquiera saben lo que dice el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973. El fracasado Allende tiene una estatua en lugar preferente y los cerebros han sido tan escrupulosamente lavados que una encuesta de TVN lo designó como el "más grande chileno de todos los tiempos".

Chile hoy es un país fracasado, anquilosado y estancado, con una población muerta de miedo, porque los delincuentes mandan y cobran y los policías son perseguidos por la Justicia. 

Pinochet solucionó los problemas en la Araucanía, donde ganó en 1988 y que hoy es tierra arrasada por el terrorismo. Bajo su mando no había ingreso masivo de inmigrantes clandestinos. Los grupos guerrilleros habían sido derrotados y había cerca de mil subversivos presos. Aylwin los indultó a todos, persiguió a los militares (pero menos que Piñera) y le dio a la extrema izquierda subversiva miles de millones de dólares en beneficios, como los del programa PRAIS, en que basta alegar atropello a los derechos humanos para tener atenciones sociales preferentes que ya se quisiera el común de los chilenos en listas de espera y privados de "patines" para educarse mejor.

Si el sesgado Informe Rettig fue el epítome de la traición de Aylwin contra quienes él mismo había convocado a intervenir en 1973, la barbaridad mayor corrió por cuenta de Lagos y su Informe Valech, tras el cual les dio pensiones vitalicias a 28 mil de los 30 mil sospechosos de terrorismo que habían sido alguna vez interrogados. 

Los EE. UU. y Europa Occidental pueden, entonces, vanagloriarse de haber entregado al comunismo a Vietnam y Camboya y al totalitarismo islámico el Irán, además de haber cohechado al electorado chileno para que, masivamente sobornado, eligiera a la izquierda y recuperara su vocación de subdesarrollo.

Así "el mundo libre" nos fregó. Y lo peor es que considera, junto con cada vez menos chilenos, el 5 de octubre como una fecha para celebrar.