El Costo Social de la Ignorancia Histórica

          El episodio vivido a raíz del discurso en la Cámara del diputado Ignacio Urrutia (UDI), apoyando el retiro del proyecto de Bachelet de regalar otros 90 mil millones de pesos (150 millones de dólares) de dinero fiscal anual (sin financiamiento) a individuos ya reiteradamente antes recompensados por su actividad terrorista, ha generado reacciones reveladoras del enorme daño económico y moral que ha provocado en el país la ignorancia de la verdad sobre nuestra historia reciente.

          No llama tanto la atención la reacción indignada contra Urrutia de la extrema izquierda y en particular de los comunistas, que han sido los más premiados por haber asolado al país con la violencia armada; ni llama la atención la agresión física en su contra de la diputada Pamela Jiles, del Frente Amplio, sino lo que más la llama son las ofensas recibidas por él de un ex senador UDI y hoy ministro, como Hernán Larraín, y el epítome del rasgar vestiduras contra Urrutia del columnista DC Jorge Navarrete y del decano de la Universidad Diego Portales, Tomás Vial, ayer en “La Tercera”.

          El mismo Urrutia, en medio del fuego adversario y del propio bando, ha matizado innecesariamente sus dichos, diciendo que no debió generalizar y que debió referirse sólo a “algunos” terroristas. Pero no, no debió hacerlo. Porque precisamente su aserto en la Cámara era el más ceñido a la verdad histórica: son todos los treinta mil beneficiarios de la escandalosa iniciativa de Lagos de premiarlos con pensiones vitalicias superiores a cien mil pesos mensuales (hoy ya bastante mayores, porque han sido reiteradamente reajustadas) los justamente investigados por su vinculación con el terrorismo.

Si en los 70 u 80 usted era un pacífico ciudadano ajeno a la violencia política, nunca nadie lo molestó ni lo apresó ni lo interrogó (ni después de 1990 nadie le regaló dinero fiscal). Sólo si estaba ligado de alguna manera al MIR o al FPMR, que provocaban miles de atentados y mataban a decenas de uniformados o civiles poniendo bombas o incendiando vehículos de locomoción, usted ganó “derecho a premio”.

Lo siguiente lo ha escrito un historiador crítico del Gobierno Militar, Gonzalo Vial, sobre el terrorismo en los 80: “Mientras tanto, el terrorismo del FPMR recrudecía. Las víctimas eran casi todas inocentes, en el sentido de ajenas a la encarnizada pugna política (…) Menudearon los ataques utilizando ácido y bombas incendiarias contra garitas y vehículos de la locomoción colectiva. Lesionados, con distintos niveles de gravedad: una madre y su hija de dos años; tres funcionarios de un terminal de micros Matadero-Palma, y otro de una garita de taxibuses en San Miguel (quedó parapléjico); cuatro pasajeros de un bus porteño quemados con ácido; cinco que corrieron igual suerte en un vehículo similar del recorrido San Cristóbal-La Granja, etc.”

          

         “También siguieron las explosiones de bombas en lugares muy concurridos: un baño público de la Alameda (cuatro mujeres heridas), Teatinos con Alameda (36 lesionados), la estación ferroviaria de Viña del Mar (tres heridos), la estación Tobalaba (un muerto y seis heridos) y la San Pablo (dos heridos) del tren subterráneo de Santiago” (“Pinochet, la Biografía”, tomo II, p. 541).

          A los autores, cómplices y encubridores de todo eso era a los que el proyecto de Bachelet buscaba premiar más, todavía.

          Las víctimas del terrorismo saben mejor que nadie que lo afirmado por Urrutia es verdad. Por eso Jocelyn Yévenes, hija de Simón Yévenes, un comerciante poblacional de la UDI, asesinado en los 80 por el FPMR comunista, ha publicado en las redes su apoyo al diputado, porque el condenado por el asesinato de su padre, el frentista Hugo Gómez Peña, es uno de los beneficiados con pensiones reparatorias y candidato a recibir otro “bono” fiscal como parte del proyecto de 90 mil millones de pesos que ha sido retirado. Otro beneficiario es el jefe del FPMR, Galvarino Apablaza, por tantos años acogido a la impunidad que la ha brindado la República Argentina, como lo han recordado personas próximas a la Fundación Jaime Guzmán, el senador asesinado por ese movimiento, también apoyando los dichos del diputado Urrutia.

          Yo, basado en un reportaje de “El Mercurio” de 2003 que estimaba en más de 200 millones de dólares anuales los dineros y beneficios concedidos desde Aylwin en adelante a los victimarios, guerrilleros de izquierda y su entorno, hoy convertidos en “víctimas” por el pacto DC-PS-PC, he estimado en 400 millones de dólares anuales el actual subsidio a la guerrilla de extrema izquierda. Pero me he quedado muy corto. Pido perdón por ello: las solas denuncias del dirigente de los “exonerados político”, Raúl Celpa, afirman que nada más que este grupo obtiene 400 millones de dólares anuales (son 160 mil personas que cobran 2.600 dólares al año cada una). Él añade que de esos 160 mil “exonerados”, cien mil cobran indebidamente mediante falsas certificaciones de parlamentarios. Y más dos leyes anteriores de un costo de 90 mil millones de pesos (150 millones de dólares) cada una para los supuestos “torturados” de Lagos, ya se acerca a los mil millones de dólares anuales de dinero de todos los chilenos para subsidiar la guerrilla (400+400+150). Es un cincuenta por ciento más caro para el país que el déficit anual del Transantiago y va en beneficio de un solo sector político: la extrema izquierda, en premio por haberse levantado en armas contra la “democracia burguesa”.

          Pero, además, se ha dañado el alma nacional mediante el engaño, porque la gente no sólo paga y subsidia la violencia, lo que es una aberración, sino que vive creyendo las mayores mentiras colectivas que se han instalado durante la vida independiente del país, y además castiga penalmente (también mediante mentiras) a los militares que evitaron la tentativa totalitaria.

El daño social de vivir en la mentira general y la prevaricación judicial nunca lo vamos a terminar de dimensionar ni de pagar.

Contradicciones Vitales

          El hecho de que las mayores condenas a los dichos del más valiente y veraz diputado de derecha, Ignacio Urrutia, en apoyo al retiro del proyecto de entregar una nueva bonificación extraordinaria de 90 mil millones de pesos a los beneficiarios de la escandalosa prebenda de una pensión vitalicia consagrada por el gobierno de Lagos, para treinta mil personas de extrema izquierda sospechosas de terrorismo, por el solo hecho de haber sido interrogadas bajo el régimen militar, ha puesto de manifiesto las “contradicciones vitales” que afligen al VI Gobierno de la Concertación de, por y para Sebastián Piñera que, como prueba de esto último, acaba de nombrar a su hermano no-diplomático embajador en Buenos Aires.

La escandalosa “Comisión Valech” formada por Lagos en 2004 sobre “Prisión Política y Tortura” interrogó a más de 35 mil personas que se presentaron como “víctimas”, lo que supuso el absurdo de haber “investigado” más de 130 casos diarios, ello criticado por el historiador Gonzalo Vial en su tiempo como una imposibilidad de hecho. La sola declaración de haber sido interrogado bastaba la mayor parte de las veces para conseguir una pensión vitalicia. Por supuesto, Lagos se olvidó de que él había firmado en 1970 las 71 páginas de denuncias ante la Corte Suprema de torturas infligidas por Frei Montalva a los miristas y de que el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 1973 acusó a Allende de torturar a meros opositores. Pero esas torturas eran “no investigables”.

El diputado Urrutia tuvo toda la razón al aludir a “terroristas” premiados, porque las policías en los 70 y 80 apresaban e interrogaban, no a los peluqueros, abogados o boticarios, sino a quienes aparecían vinculados a las oleadas de atentados que sufría el país en esas décadas y de las que los militares nos defendieron exitosamente, con el resultado de que hoy los jueces de izquierda los mandan presos mientras políticos de todos los colores forran a la ex guerrilla con centenares de millones de dólares anuales en compensación por haber sido privada de su “derecho” a tomarse el poder por las armas.

Que el joven cerebro lavado y ministro Blumel haya aparecido en el “punto de prensa” gubernativo condenando los dichos del diputado Urrutia se explica por su edad, que lo pone automáticamente entre los que no vivieron la verdad histórica de que en Chile, si no hubiéramos tenido un gobierno enérgico como el Militar, el poder habría sido capturado por nuestro equivalente a la FARC colombianas, las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Chile”, las “FARCH”. Si no hubiera habido Estado de Sitio en los años 70 y 80, que permitía detener e interrogar a los sospechosos del terrorismo mirista y comunista, que contaban con enorme apoyo soviético y cubano y no pocas veces con la complicidad norteamericana representada por el senador Edward Kennedy (autor de la Enmienda Kennedy que puso en la indefensión armada a Chile cuando sus fronteras eran amenazadas) el propósito de las FARCH pudo haberse logrado.

Que ayer haya estado el ministro Hernán Larraín al lado de Blumel para crucificar e insultar al valiente Urrutia, acusándole de “descriterio” y de “odioso y contumaz”, no le debe haber extrañado a nadie, ni siquiera a su correligionario Urrutia, porque por décadas Larraín ha sido el protagonista de la más espectacular “vuelta de chaqueta” política que registran los anales chilenos, desde ser el autor del más entusiasta panegírico al Presidente Pinochet en su vida, al peor cuchillo de su gobierno y de los militares que nos salvaron del triunfo del terrorismo marxista. Estos últimos son los actuales centenares de presos y miles de procesados políticos.

Y que se haya levantado de nuevo la voz condenatoria contra su colega Urrutia del inefable diputado UDI Jaime Bellolio, que en los 80 colaboraba con la Vicaría de la Solidaridad presidida por Valech, virtual “brazo logístico” judicial y hospitalario del grupo terrorista FPMR y del MIR, tampoco ha sorprendido a nadie, porque ya antes ha abandonado la sala de la Cámara cuando Urrutia ha rendido homenaje a la memoria del 11 de septiembre y del Presidente Pinochet, en medio de tuiteos de repudio a los “atropelladores de derechos humanos”.

En mi libro en prensa “Historia de la Revolución Militar Chilena” describo en detalle la gesta librada contra decenas de miles de terroristas poderosamente armados, que gozaban de protección propagandística soviético-norteamericana, en cuyo curso se registró el mayor desembarco clandestino de armas que recuerda la historia de América Latina, en 1986.

El hecho de que hoy se haya olvidado todo eso, se pretenda añadir 90 mil millones de pesos sin financiamiento en favor de quienes fueron interrogados alguna vez hace décadas como sospechosos de terrorismo y se universalice la condena pública a la única voz que se levanta en defensa de la verdad histórica, pone de manifiesto las contradicciones vitales que afligen a la sociedad chilena y al gobierno actuales.

Otra de ellas es la que ha llevado a convertirse en blanco favorito de la izquierda –y del propio gobierno— al ministro de Educación, que en sus escritos de columnista distinguido siempre destacó la inconsecuencia de la condena al lucro y ha vuelto a hacerlo como titular del cargo. Pero la verdad es que ha sido otra “contradicción vital” de Piñera haberlo designado precisamente a él, cuando la política declarada de este último es, como lo ha reiterado ayer, la persecución contra el lucro en la educación superior. “Gerardo Varela ministro de Educación del VI Gobierno de la Concertación” es, simplemente, un oxímoron”, una “contradicción en los términos” y nadie pude prever hoy día en qué va a terminar: o convertido en un émulo de Hernán Larraín, dándose vuelta la chaqueta al modo chileno habitual y pasando a engrosar el “Hall of Fame” que ya integran, con famosas declaraciones de condena a lo que antes profesaron culto, personajes como Andrés Chadwick o Joaquín Lavín y el mismo Larraín, o manteniendo su bandera en alto como crónicamente lo hace el valiente Urrutia. Claro que, en este caso, arriesgándose a que le pidan la renuncia.

Quepan unas últimas líneas para hacer notar la impunidad de la agresión física de la diputada Pamela Jiles contra Ignacio Urrutia, degradación que no se registraba en el hemiciclo desde que la diputada comunista Mireya Baltra nos lanzaba a los diputados de derecha pesados tinteros de cristal en plena sesión en 1973, por suerte con muy mala puntería.

Así, los votantes de derecha que cometieron el imperdonable error de llevar al poder al VI Gobierno de la Concertación recién están comenzando a ver las nefastas consecuencias de su inexplicable decisión electoral.

Mis Últimos Tres Libros

          Durante el último año y medio he estado dedicado a escribir, aparte de este blog, el que considero “el libro más importante de mi vida”, titulado “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”. Lo he terminado hace poco y lo he sometido a tres editoriales. Una ya me respondió que no lo publicaría, pues le creaba un conflicto político considerarlo en sus planes para 2018-2019, pero deseándome éxito en la publicación. Otra, muy antigua y tradicional, no ha podido resolver una pugna suscitada por el texto en su directorio y plana ejecutiva. Una autoridad senior de esa casa me ha escrito pidiéndome paciencia, pero adelantando el juicio de que, tras haber leído un tercio del libro, sea cual fuere el veredicto, yo debería proceder de todas maneras a publicarlo. La tercera y última casa editorial a la que se lo entregué ya se ha tomado un mes y todavía no me ha contestado, de lo cual deduzco que el libro puede haber también suscitado un conflicto entre sus autoridades.

          Pero, aun si fuere rechazada por las editoriales, mi Historia se publicará de todas maneras, porque controlo el sello “El Roble”, bajo el cual ya he editado varios libros. Además, la mayoría de mis obras se vende a través de las firmas de internet, “Patagonia” y “Amazon”, como puede comprobarse en los márgenes de este blog. De modo que si ninguna de las editoriales se interesa, "Historia..." se publicará por “El Roble” y además quedará incluida entre las que se ofrecen en esta página. Si no comencé por hacer ambas cosas fue porque las editoriales más grandes garantizan una mejor distribución en todas las librerías del país y la competencia de internet podría haberlas disuadido de acoger mi libro.

          En segundo término, en colaboración con un amigo que no escribe pero me dio la idea, terminé hace tiempo una novela futurista-policial titulada “Crimen en 2151”. Mi coautor la ofreció a varias casas editoriales, que la rechazaron por unanimidad. Entonces le dije a mi socio, a modo de consuelo, algo que me enseñó un crítico literario: el verdadero trabajo del escritor comienza cuando su novela ya está terminada, y consiste en añadirle genialidades al argumento. Le prometí a mi coautor dedicarme a eso, pero sólo después de terminar la “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”, a lo que tuvo que resignarse. A todo esto, él no ha discurrido ninguna genialidad adicional para el texto futurista-policial, pero, no obstante ello y no sin cierta irritación, me llama periódicamente para inquirir si yo ya aporté las genialidades que se me pudieran ocurrir a mí. Y durante un año y medio me ha colgado irritado el teléfono, porque le he dicho que no, porque estaba dedicado al “libro más importante de mi vida”, la Historia que acabo de terminar.

          Y ésas no son las peores noticias para él, porque en el curso de escribir tres blogs recientes –los del 30 de marzo, 3 y 4 de abril, que han tenido excepcionalmente baja lectoría-- se me ha ocurrido la idea de escribir un tercer libro de manera inmediata, cuyo título será “El Lucro Como Derecho Social”. Pues en esos tres blogs desatendidos por los lectores he descubierto y probado algo de lo cual nadie se ha dado cuenta: la Constitución garantiza, como un derecho para todos los chilenos, el de procurar una ganancia o lucro con su actividad creativa lícita.

          Será una tesis breve, sin citas de otros autores, pues se tratará de ideas y ponencias exclusivamente mías. Las citas demasiado frecuentes (dropping names las llaman los anglosajones) suelen servir para disimular la falta de ideas propias.

          Francamente no sé qué van a hacer la izquierda y el obsecuente séquito de centristas y centro-derechistas que le compran su contrabando ideológico, cuando mi libro haya privado de toda base legal y moral a su eslogan favorito de “No + Lucro”. Supongo que no les quedará más remedio que funar el acto de lanzamiento de “El Lucro Como Derecho Social”, lo cual, por otro lado, podría garantizarle una buena venta.

¡Gracias, Teillier!

          Mi candidato presidencial para 2021 es, naturalmente, el único de derecha que se divisa en el horizonte, José Antonio Kast. Le faltó ser más conocido en la pasada elección presidencial, pero eso lo remediaremos en 2021 gracias a la notoriedad que le dan los comunistas en todas las partes donde se presenta.

Ahora en Temuco un sobrino y correligionario de Teillier y de su mismo apellido ha colaborado con la campaña, intentando agredirlo, con lo que sólo consiguió que Kast desplazara del centro del escenario y de los focos al único dueño oficial de ellos, Piñera. Con esta publicidad llegaremos a 2021 con nuestro candidato disputándole a éste el protagonismo y así esperamos que alcance al 95 % de conocimiento que tienen sólo él y Michelle Bachelet. Es un prerrequisito para ganar la elección y los comunistas, con sus funas semanales, lo pueden hacer posible. Los rojos a veces “no saben para quién trabajan”.

Porque, en cierto modo, su violencia controla bastante al país. En Teletrece destacaron una tierna escena donde un abuelo, hace 18 años, cuando nació su nieta, contrató para ella una fiesta en el CaféTorres para cuando cumpliera 18 años, que era ahora. Y se la dio. Qué tierno. ¿Y dónde está la violencia comunista? Ahí está: hace pocos años un programa de TV me pidió grabar una escena en dicho Café. Acudí y vi que en uno de sus muros tenía grabados los nombres de todos los Presidentes de Chile, con una salvedad, pues según esa versión, Chile no había tenido Presidente entre 1973 y 1990.

Lo comenté en este blog y “La Segunda” fue al Café Torres, comprobó el hecho y le preguntó al dueño o encargado la razón de esa omisión. Y éste le dijo que originalmente habían grabado el nombre del Presidente entre 1973 y 1990, pero que los comunistas les habían notificado que, si no lo borraban, su local sufriría un atentado incendiario. Entonces, prudentemente, lo borraron.

La violencia comunista condiciona sutilmente nuestra vida en sociedad, aunque a veces “le salga el tiro por la culata”, como en el caso de José Antonio Kast. Y ojalá el tiro les siga saliendo por ahí y no en dirección a éste.Pero en otros casos es muy efectiva, como en el del Café Torres y el de la política de derechos humanos del actual gobierno, completamente condicionada por las consignas comunistas.

Todos hemos visto lo sucedido cuando el ministro Hernán Larraín: creyó poder decir la verdad en privado, en un encuentro interno de la UDI, al mencionar el predominio sin contrapeso de los jueces de izquierda y la posibilidad de “netearlo”. El adalid de esos jueces y de la Sala Penal de la Suprema, Milton Juica, cuya principal misión en este mundo es que permanezca la prevaricación contra los militares, le lanzó a Larraín una invectiva de “no te muevas”, que obviamente puso a Piñera “a temblar”, pues lo último que éste quiere es que salga esa mujer ahíta al escenario acusándolo de “amparar a torturadores y violadores de derechos humanos que hicieron desaparecer a miles de chilenos”, olvidando que el Subdirector de Investigaciones comunista, Carlos Toro, interrogaba a un dirigente juvenil del Partido Nacional en enero de 1972, tras habérsele aplicado electricidad en el cuartel de Rancagua; y que nunca se ha podido formar, entre 1990 y hoy, una comisión investigadora de la Cámara sobre los detenidos desaparecidos porque la única conclusión a que podría llegar es que debería identificarse a todos los restos del Cementerio General y del Instituto Médico Legal y revisarse las listas donde se precisa el destino de todos los caídos entre 1973 y 1990 y no quedaría ninguno cuyo paradero fuera ignorado. Eso no se puede permitir.

Ni menos quiere la izquierda arruinar “su negocio”, como el que reveló el dirigente de los exonerados políticos Raúl Celpa, en entrevista con Tomás Mosciatti, que cualquiera puede encontrar en YouTube, donde afirma que hay cien mil falsos exonerados que cobran 400 millones de dólares al año indebidamente al Estado chileno.

En un gobierno de José Antonio Kast todo eso se sabría y llegaría a su término. En uno de Piñera, no. Ése es el pacto que rige la política chilena hoy.

Pillado Diciendo la Verdad

          El ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha dicho –con una salvedad-- una gran verdad. Eso en Chile se castiga severamente y todo el mundo se le ha ido encima: “… en los últimos 28 años hemos tenido 4 años de gobiernos de derecha y 24 de izquierda” y “como los ministros de Justicia son los que nombran a los jueces… la mayoría de los jueces son de izquierda”.

          La salvedad es que hayamos tenido cuatro años un gobierno de derecha, porque no fue así: el anterior de Piñera fue el V Gobierno de la Concertación, así como éste es el “VI Gobierno de la Concertación” y el séptimo en línea del “No”.

          Algo que no dijo Larraín es que esos jueces de izquierda han hecho lo que él apoya y de lo cual es cómplice activo: han perpetrado el mayor escándalo moral y judicial de nuestro tiempo al no aplicar las leyes en los juicios contra uniformados, llenando así de Presos Políticos Militares Punta Peuco, ahora Colina II, y otros recintoss de regiones. Y eso con la complicidad de Larraín, famoso por su frase de 2007, tras votar en el Senado la libertad para terroristas que hubieran cumplido diez años de presidio: “No se tome esto como moneda de cambio para aplicar igual medida a los violadores de derechos humanos”, que es como llama a los militares que derrotaron al terrorismo de extrema izquierda, a pedido de la civilidad democrática cuando a ésta todavía no se le había pasado el miedo.

          En esa línea, ahora Larraín se ha distinguido por afirmar: “No somos partidarios de indultar violadores de derechos humanos ni asesinos en serie” (“La Tercera”, 25.03.18).

          Si no pensara así no habría sido ministro del actual séptimo gobierno del “No”. Pues Piñera es coautor de la tarea de encarcelar militares desatendiendo lo que dicen la verdad y las leyes, cosa que han hecho, él como querellante y los jueces como juzgadores, de manera flagrante, inventando hechos (“secuestro permanente”) y leyes (“delitos de lesa humanidad”) que sólo existen desde 2009 y que, si usted lee su tipificación –“ataque generalizado a la población civil”— comprobará que se aplica mucho mejor a los terroristas de extrema izquierda ampliamente indultados que a los militares que los combatieron e impidieron que se tomaran la totalidad del poder para siempre, como en Cuba.

          ¿Cómo se explica que Larraín haya sido pillado en un encuentro de la UDI diciendo la verdad? Él ha señalado que creía encontrarse en una instancia privada, de la cual sus palabras no trascenderían. Eso revela que es un político típico, como Huenchumilla cuando les dijo a los empresarios de la Araucanía que si lo veían activando la violencia contra ellos no le creyeran, porque era para la galería y ése no era el verdadero Huenchumilla. Tampoco éste es el verdadero Larraín, autor de la carta más elogiosa que se le escribiera en vida a Augusto Pinochet para agradecerle todo lo que había hecho por el país. El otro Larraín (sí, como el otro Huenchumilla) es el que quiere lograr sus metas políticas y, desde luego, seguir siendo ministro de Piñera, lo cual ciertamente no habría sido si alguna vez hubiera levantado la voz contra los jueces prevaricadores de izquierda que mandaban a la cárcel a los militares contra todo derecho y los hechos.

          El “equipo de Piñera” en estas materias es estrictamente representativo de éste, con personas como Larraín y Ubilla, que se querelló contra el general Orozco y lo mantienen preso a los noventa años sin saber dónde está y se las arreglan para que Gendarmería dictamine que perfectamente puede seguir cumpliendo su condena, sin jamás derecho a indulto, porque se asomó en 1973 a preguntar el origen de unos disparos hechos por el conscripto Bañados en el exterior de su regimiento, lo que lo erige en “violador de derechos humanos y asesino en serie”.

          ¿Ustedes votaron por Piñera? Entonces piensan como Larraín pero hacen lo que manda la izquierda y deben cuidarse de que no los pillen diciendo la verdad.

El Dedo en la Llaga

          Este blog ha sido el único medio de comunicación en el país, incluyendo todo el espectro de la prensa escrita, radial y televisiva, que se ha dado cuenta y ha dado cuenta de una cosa: que el derecho al lucro está garantizado por la Constitución. Eso es una realidad palmaria.

          Todos los juristas dicen estar de acuerdo en lo que se llama “la supremacía constitucional”, es decir, que ninguna ley, reglamento, decreto, instructivo ni circular puede transgredir la Constitución. Luego, cualquier norma que prohíba el lucro es inconstitucional. La Ley de Educación Superior, en cuanto prohíbe el lucro, es inconstitucional.

          Ya he sido reiterativo en mis dos blogs precedentes para probar lo anterior y me remito a ellos, pero sucintamente reiteraré que el art. 19 de la Carta garantiza: (1) La libertad de trabajo; (2) El derecho a la libre contratación y a percibir una “justa retribución”; (3) La libertad de enseñanza y de “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”; (4) La seguridad de que ninguna norma podrá “afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

Prohibir el lucro en cualquier trabajo que respete “la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”, como los que autoriza y garantiza la Constitución, equivale a imposibilitar ese trabajo. Trabajar para sólo recuperar el costo y no ganar nada implica morirse de hambre, es decir, equivale a impedir la libertad de trabajo, la libertad de contratación, la libertad de enseñanza y a establecer condiciones y requisitos que impiden el libre ejercicio de esos derechos.

En particular, la creación de universidades –como cualquier actividad lícita--  genera el derecho constitucional a una ganancia. Toda norma que la impida es inconstitucional. El último fallo del Tribunal Constitucional sólo ratificó lo anterior en un aspecto secundario, el de que entidades con fines de lucro puedan controlar universidades. Pero, si el mismo TC es consecuente, debería también acoger todo recurso que reivindique el derecho de cualquier universidad a generar una ganancia, en virtud de la “supremacía constitucional”.

Ahora, que la realidad de un país “comunicacional” como éste, en que todo se maneja farandulescamente, los juicios se llevan por los diarios y la opinión pública, si es que lee algo, no lo entiende; y donde los poderes públicos están encabezados por personajes comunicacionales que no respetan la Constitución (el Presidente en el techo de La Moneda filmándose y siendo el patrocinador de querellas ilegales contra presos políticos militares, su ministro de Educación, en contradicción con lo que piensa y ha escrito, prometiendo hoy mismo perseguir el lucro; el Presidente de la Corte Suprema, un conocido activista de procesos “ilegales, inconstitucionales y arbitrarios” (Adolfo Paúl) y el Congreso que aprobó la norma inconstitucional del art. 63 de la Ley de Educación Superior prohibitiva del lucro, no permiten entonces tener esperanza alguna de “supremacía constitucional” de ninguna clase.

Pongo el dedo en la llaga y afirmo: ¡Todo está fuera de la Constitución, pues ésta dice lo que dice y garantiza el derecho al lucro! En verdad os digo: “el rey está desnudo”. ¡Están violando la Constitución! El último baluarte de la libertad y la supremacía constitucional es el TC y quede entonces para perpetua memoria: la Constitución protege la libertad de fundar universidades; protege el derecho a obtener de ello una ganancia y prohíbe toda norma que imponga condiciones o requisitos –como el de vedar la ganancia— que impidan el libre ejercicio de ese derecho.

Sépanlo el Presidente subido al techo para filmarse, su ministro de Educación convertido súbitamente en Savonarola contra el lucro, el supremo que encabeza el prevaricato y el tropel legislador que hace tabula rasa de la supremacía constitucional.

¡Están todos, todas y todes fuera de la Constitución!

Recurso de Inconstitucionalidad de Prohibir el Lucro

           “No al lucro” implica prohibir que alguien gane algo con su quehacer.

Eso es absolutamente inconstitucional. Ninguna ley puede prohibir una ganancia en una actividad lícita. Sólo en un país tan irreflexivo como Chile pudo, desde 1981, subsistir esa norma inconstitucional en la Ley de Educación Superior. Tal vez se mantuvo fue porque era fácil eludirla.

El lucro o ganancia es un derecho humano consustancial a la existencia de personas libres. Una carta del economista Enrique Goldfarb en “El Mercurio” de hoy lo prueba así.

Una ley que prohíba el lucro es contraria al art. 19 N° 16 de la Constitución, que garantiza la libertad de trabajo en toda actividad que no sea contraria “a la moral, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad nacional”. Porque si con un trabajo no se puede obtener una ganancia, la persona que lo desarrolla no puede subsistir. Luego, prohibir el lucro es suprimir la libertad de trabajar, y eso es inconstitucional.

Y también implica privar a las personas del derecho a la libre contratación, garantizado por el art. 19 N° 16 de la Constitución, numeral que también asegura el derecho a una “justa retribución”. El “no al lucro” implica que no puede haber ninguna retribución y las personas protagonistas de la respectiva actividad sólo pueden cubrir sus costos. No podrían “llevar nada para la casa”. También eso es inconstitucional.

En consecuencia, por las mismas razones es inconstitucional la prohibición del lucro en la enseñanza superior. Pero también por otras adicionales, porque el art. 19 N° 11 de la Constitución les garantiza a todos los ciudadanos la libertad de “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. “No al lucro” les haría imposible ejercer esa libertad, porque ni ellos ni sus familias podrían ganar nada y no podrían autosustentarse.

Además, en particular, la Constitución dice en su art. 19 N° 26 que los preceptos legales “no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”. Es evidente que una ley de “no al lucro” afecta en su esencia el derecho a la libertad de enseñanza e impide su ejercicio. Y equivale a expropiar sin pago a quienes sean dueños de establecimientos educacionales toda retribución que exceda el costo de enseñar. En el fondo, es una “condición, tributo o requisito que impide el libre ejercicio” de la libertad de enseñanza.

“Hay que” interponer un recurso de inconstitucionalidad de la prohibición del lucro. No puede perderse. Sobre todo que el Tribunal Constitucional es serio y respeta las leyes, como recién ha quedado probado. No es como la Sala Penal de la Corte Suprema, cuya mayoría se atiene al dicho leninista: “si las leyes difieren de lo que yo opino, peor para las leyes”.

Universidades privadas: interpongan el recurso de inconstitucionalidad del “no al lucro” y les debería ir bien.