LA "VERSIÓN DE HERMÓGENES"

Sebastián Edwards escribe hoy en El Mercurio (A2): "Ese día (9 de septiembre de 1973) Allende le comunicó al comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, su decisión de anunciar el referéndum el martes 11. Según una serie de analistas --incluyendo a Hermógenes Pérez de Arce--, esa información hizo que los amotinados adelantaran el Golpe del viernes al martes de esa semana".

La versión de Hermógenes Pérez de Arce, fundada en los textos de Augusto Pinochet, "El Día Decisivo" y "Camino Recorrido"; de José Toribio Merino, "Bitácora de un Almirante"; y de Sergio Arellano Iturriaga, hijo y abogado del general Sergio Arellano Stark, "De Conspiraciones y Justicia", es la siguiente:

Pinochet fue citado por Allende en la mañana, temprano, del domingo 9 de septiembre de 1973, a su mansión de Tomás Moro. Éste le dio a conocer que se proponía convocar a un plebiscito como salida a la crisis existente. Pinochet dijo haberle contestado que "eso ayudaría a descomprimir la situación y a resolver el problema en el Parlamento". 

Esa tarde, en la casa de este último, en una fiesta de cumpleaños infantil, se hallaba invitado el recién designado comandante en jefe de la FACH, Gustavo Leigh. 

Llegó imprevistamente el almirante Sergio Huidobro con un mensaje escrito del almirante Merino en que les comunicaba a ambos que "el día D será el martes 11 y la hora H las 06.00 a. m.", pues la Armada se proponía actuar para poner término a la crisis existente. 

Les solicitaba a ambos firmar al pie del documento, en caso de estar de acuerdo, y contribuir con todas sus fuerzas o, si alguno no concordaba, expresar sus razones por escrito, al dorso del papel. Ambos firmaron en señal de consentimiento. 

Merino escribió en su "Bitácora de un Almirante": "Siendo yo juez de la causa por intento de sublevación de la Marina, los responsables Garretón y Altamirano no podían ser habidos por Investigaciones, a pesar de que había orden de arresto contra ellos; sin embargo, el domingo 9 a las 11 horas estaban ambos en Televisión Nacional incitando al pueblo a la revolución. Al oír esto tomé mi lapicera y les escribí el Mensaje ya conocido al General Pinochet y al General Leigh."

El día anterior a su reunión con Allende, es decir el 8 de septiembre, Pinochet había sido informado por el general Sergio Arellano de que un "Grupo de los 15" (cinco por cada rama) se había estado reuniendo. Entre los cinco del Ejército no había acuerdo para dejar a Pinochet a la cabeza de cualquier movimiento, pues se le estimaba partidario del gobierno. Consultado por Arellano, Pinochet comunicó que no lo era ("¡no soy marxista, mierda!") y aquél se dio por satisfecho.

El presidente de la DC, Patricio Aylwin, sabía del "grupo de los 15", pero prefería no darse por enterado. Aprovechando que el hijo adolescente del general Arellano era militante de la Juventud DC, le comunicó a éste, sin entrar en pormenores ni hacer referencia a "los 15", que ya no habría más conversaciones suyas con Allende, Sergio (hijo) se lo comunicó a su padre, 

Pero quien fijó la fecha de la gesta que nos libró del comunismo fue Merino.

Esa es mi versión.

MENTIRAS DE SANTIBÁÑEZ Y BORIC

Abraham Santibáñez dice, en Cartas a El Mercurio de hoy, que los primeros detenidos desaparecidos por la Junta fueron quince cadáveres hallados en hornos de una mina abandonada en Lonquén. Pero miente: la Junta era inocente. Los hechos: después del 11 de septiembre de 1973 carabineros rasos de Lonquén, junto a civiles, cobraron venganza contra gente de la Unidad Popular que había cometido robos de animales y otros atropellos. Civiles y carabineros (sin orden superior) dieron muerte a 15 personas y lanzaron los cadáveres a una mina de cal abandonada. De esto nadie supo. Ni siquiera el comisario de Lonquén. Quedó probado en el juicio. 

Cuando cinco años después alguien descubrió los restos, la noticia dio la vuelta al mundo. Naturalmente, tal como lo hace Santibáñez hoy, se le cargó la responsabilidad a la Junta. Pero ésta no tenía ninguna. 

También Gabriel Boric en un tuit de ayer, carga a la Junta "los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio." Pero, como de costumbre, miente.

Pues ¿por qué nunca procesaron a la Junta por todo eso? Simplemente porque no es verdad. Hubo un solo juicio y fue contra el presidente Augusto Pinochet, por el caso de la comitiva del general Arellano. Llegado a la Corte Suprema, la misma declaró por unanimidad de sus miembros que Pinochet no era autor ni cómplice, en sentencia del 8 de agosto de 2000. Pero por 13 votos contra 6 determinó que había sospechas de que hubiera sido encubridor. Tampoco lo fue. Después fue sobreseído por razones de salud. 

Pues la verdad era que tampoco podía ser encubridor, porque el supuesto delito era "secuestro permanente", es decir, que supuestamente seguía cometiéndose de manera indefinida. Una "ficción jurídica". Un juez no puede fingir, debe probar. Pero en Chile no. Y además ese delito sólo puede ser cometido por particulares, como lo expresa el párrafo 3° del título III del Código Penal, y la comitiva era de funcionarios públicos. En fin, sólo puede haber encubrimiento cuando el delito ya ha sido cometido, como observó el voto de minoría de seis supremos. Y en este caso se seguía, supuestamente, cometiendo, luego no podía haber encubrimiento.

No hubo otro juicio contra la Junta o sus miembros. ¿Por qué? Porque no fueron responsables de otros delitos. Entonces, descartados los "asesinatos".

Tampoco hubo "desaparecidos". Los únicos 651 denunciados durante el gobierno de la Junta y el de Pinochet, 1973-1990, tienen hoy su paradero determinado, si se contabiliza los restos que ningún gobierno, desde el 11 de marzo de 1990, ha querido identificar. ¿Por qué no hay "desaparecidos" 1973-90? Porque unos no figuran en el Registro Civil, otros han "reaparecido", otros han sido vistos vivos, según declaración jurada ante notario; otros aparecen habiendo viajado al extranjero y, en fin, otros más, cuyos restos están en el Cementerio General o el Instituto Médico Legal o la Universidad de Chile, nigún gobierno posterior al 11 de marzo de 1990 ha querido identificarlos. ¿Por qué? Sólo Johannes Kaiser ha prometido que lo hará. Desde luego, Boric no lo ha hecho ni quiere hacerlo. Esperemos a Kaiser. Pero una cosa debe ser clara: no se puede responsabilizar a la Junta de desaparecidos denunciados después de terminado su gobierno.

De las torturas sólo puedo decir tres cosas: que el único gobierno bajo el cual se persiguieron judicialmente fue el de la Junta y hay personas cumpliendo condenas por ellas; que bajo Allende fueron denunciadas en El Mercurio del 27 de febrero de 1972, siendo el autor de las mismas el subdirector de Investigaciones de Allende, el comunista Carlos Toro, y que Allende ni siquiera rectificó o desmintió al diario. Y además Allende fue acusado de apremios ilegítimos a opositores por el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973. En fin, también el gobierno de Frei Montalva fue acusado de torturas en un libelo de más de 100 páginas por abogados de izquierda, en 1970 en la revista Punto Final, entre ellos Ricardo Lagos, libelo que la DC nunca ha podido desvirtuar. 

Tanto Gabriel Boric (UP) como Abraham Santibáñez (DC) carecen, pues, de autoridad moral para formular acusaciones sobre torturas.

Y, finalmente, el "exilio" masivo, que nunca la Junta practicó. Sólo expulsó a poco menos de diez personas en casi 17 años (como Eugenio Velasco Letelier, Jaime Castillo Velasco, Renán Fuentealba, Manuel Bustos; e impidió el regreso transitoriamente a Andrés Zaldívar.) Nunca hubo exilio masivo. Los llamados "exiliados" fueron personas asiladas en embajadas que, para librarse de procesos por delitos contra la seguridad interior, pidieron, respaldados por gobiernos extranjeros, salvoconductos para viajar a otros países o conmutación de penas de presidio por extrañamiento (destierro) en el exterior. 

Conclusión: ni Abraham Santibáñez ni Gabriel Boric, en esta ocasión, han dicho la verdad.

VARGAS LLOSA Y EL MODO SUBJUNTIVO

Conocí a Mario Vargas Llosa gracias a El Mercurio, que siempre lo convidaba a almorzar cuando visitaba Chile. Para entonces él ya no era comunista, sino de derecha. Cada vez más. Si bien nunca llegó a tanto como para reconocerle méritos a Pinochet. De hecho, en su visita de 2021 le dio su público apoyo a José Antonio Kast contra Boric. Pero esto no alcanzó, porque acá la gente estaba mala de la cabeza, el voto era voluntario y el 70 por ciento de las mujeres menores de 30 años votaron por Boric.

Un libro clásico de Vargas Llosa, que no he leído, fue su "Conversación en la Catedral". Comienza preguntando "cuándo se había jodido el Perú". Eso ha suscitado acá un intenso debate acerca de "cuándo se jodió Chile". Yo lo he dilucidado demostrando que fue el 5 de octubre de 1988, mediando una inusitada y millonaria intervención extranjera para engañar a la mayoría e impedir que Pinochet reelegido fuera el primer presidente de nuestra plena democracia instituida en la Constitución de 1980.

El único libro de Vargas Llosa que he leído fue "La Guerra del Fin del Mundo". Me costó terminarlo y lo encontré farragoso. Además, a todo lo largo de sus 400 páginas siempre escribió "hubiera" en lugar de "habría", cuando no correspondía. Error frecuente entre, incluso, nuestros letrados. No obstante ello, opino que no se le debe dar un Nobel a quien escribe, por ejemplo, "si yo hubiera sabido, no hubiera ido", en lugar de "si yo hubiera sabido, no habría ido", que es lo correcto. 

Pero sabemos que el Nobel es poco serio, tanto que se lo negaron a Jorge Luis Borges tras intentar sobornarlo, pues un sueco lo llamó para comunicarle que si se desdecía de su apoyo a la Junta chilena se lo otorgarían. Pero Borges le contestó que nunca se había dejado sobornar en su vida y ésta no le parecía la ocasión de hacerlo. Y así el Nobel de literatura pasó a ser "el premio que no le dieron a Borges". Pero sí a Vargas Llosa, aunque usara el pretérito imperfecto del subjuntivo, "hubiera", en lugar del potencial simple o imperfecto del indicativo, "habría".

La última vez que almorcé con Vargas Llosa se enojó conmigo. Nos había convidado Ricardo Claro a su Viña Santa Rita un otoño de los 90 o los 2000. Fue al aire libre y caían muchas hojas. Vargas Llosa se manifestó extrañado de que acá cayeran las hojas en otoño, pues dijo creer que eso sólo sucedía en Europa.

En el curso de la conversación y con la falta de tino que me caracteriza yo dije que admiraba las políticas de libertad económica de Fujimori en el Perú, lo cual lo enfureció y me contestó (en un diapasón más alto que lo aceptable en un almuerzo cordial) que "ninguna política de una dictadura podía ser buena". Yo le repliqué que era una política económica liberal y podía traer prosperidad al Perú (como la trajo). Pero eso lo enojó aún más, así es que subió el tono para decir que nunca de una dictadura podía salir nada bueno.

En una visita más reciente a Chile Axel Kaiser le preguntó, en un seminario de la Universidad Diego Portales, si no había más libertad acá en 1986 que en la Venezuela de Hugo Chávez. Pese a lo obvio de la respuesta, el Nobel le contestó: "No te acepto la pregunta" y arremetió con una diatriba contra las dictaduras. Axel, lamentablemente, se lo dejó pasar. 

Al leer reseñas de sus libros en los diarios me enteré de que "La Tía Julia y el Escribidor", basada en su amorío y matrimonio con su tía Julia Urquidi, veinte años mayor que él, había suscitado la publicación de otro libro por parte de ella, que se titula "Lo Que Varguitas Nunca Dijo". No resisto las ganas de leerlo.  

LA IZQUIERDA SE PREOCUPA DE LA DERECHA

Columnistas de centro e izquierda de La Tercera expresan su preocupación por que los candidatos de derecha no le están facilitando las cosas a Evelyn Matthei.

Es hoy la heredera política de un presidente contemporizador con la izquierda, Sebastián Piñera, de quien fue ministra y a quien siempre apoyó... después de los '90, por supuesto, pues hubo un tiempo en esa década en que éste conspiró contra las tempranas ambiciones presidenciales de ella. 

Ahora hay candidatos de derecha con buena acogida en las encuestas, que amenazan la supremacía de Matthei y no quieren ir a primarias con ella. 

En la encuesta Black & White Kaiser aparece primero y ganando a Evelyn. En la Feedback aparece dos puntos por debajo de ella. Indican que ambos pasarían a segunda vuelta. Claro, en la CADEM aparece Kaiser cuarto y bajando. Pero todos sabemos que eso es inverosímil. El candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, prevé una segunda vuelta entre él y Johannes Kaiser.

Notablemente es la izquierda la que más aconseja primarias de centroderecha y derecha. Sospecho que lo que desean es suprimir desde ya la posibilidad de un verdadero gobierno de derecha. La izquierda le tiene pánico a ese desenlace. Porque un gobierno como el de Pinochet, entre 1985 y 1989, inauguró los mejores treinta años de la historia de Chile y derivó en que después nadie se atreviera a cambiar el modelo. Máximo osaron "rayarle la pintura". Hasta que Piñera II le dio el país en bandeja a Boric y los comunistas. Eso es lo que busca la izquierda, hoy popularmente minoritaria.

Para ello necesita un clon de Sebastián. Nadie ha sido tan funcional a la izquierda como él. En sus columnas en El Mercurio, tras el fallecimiento del expresidente, el socialista Eugenio Tironi ha expresado su nostalgia por él. Y tiene razón, porque nadie ha cumplido tantos anhelos de la izquierda como Piñera, creando ministerios, subiendo impuestos, consagrando el matrimonio homosexual y persiguiendo a muerte a los exmilitares. Le dio mucho a la izquierda. Un cajero automático pagador de indemnizaciones sin fin. Incluso se entregó a la izquierda aún más que Aylwin, pues éste sólo denostó a los militares con su Comisión Rettig, pero no los encarceló. Piñera los metió presos, con las mil querellas que presentó su subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hoy alto jefe del comando de Matthei. Cien exmilitares han muerto en cautiverio y 500 octogenarios y nonagenarias sobreviven hoy como presos políticos, a los cuales se les niega hasta sus derechos carcelarios. Todos ilegalmente condenados mediante una "ficción jurídica" (el secuestro permanente). Además el Código Penal dice que sólo pueden cometer secuestro los particulares, pero no importa. Todo este sistemático atropello al derecho humano a un debido proceso cuenta con la admiración de la izquierda, que nunca terminará de agradecérselo a Piñera, y quiere verlo prolongado por un gobierno de Matthei.

La izquierda, sabedora de que ya perdió el Poder Ejecutivo, va por su "mal menor". Pues entra en pánico de sólo imaginar cuatro años como los de 1985-1989 de Pinochet, con rebajas de impuestos, auge en la inversión, más equilibrio presupuestario, privatizaciones, desempleo del 5 %, como el de enero de 1990, energía hidroeléctrica barata, creciendo al 6,4 % anual promedio y 10,6 % en 1989, mil terroristas presos, delincuencia bajo control, cero inmigración ilegal, tranquilidad en las calles, sin conflicto en la Araucanía y con "segundo milagro chileno".

Es too much para el centro y la izquierda y la única manera de evitarlo es con otro gobierno como el de Piñera, que les dé garantías y culmine con el mismo Boric u otro igual en el poder en 2030. 

Por eso su falange de columnistas, opinólogos e influencers está haciendo lo posible porque haya primarias y puedan los izquierdistas votar en ellas para que salga su carta favorita, Evelyn Matthei.

LA PROPUESTA DE DOUGLAS POLLOCK

En el Evangelio Jesucristo dice que nadie es profeta en su tierra y tiene razón. Es el caso de Douglas Pollock, un ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, que se ha dedicado a estudiar el cambio climático. 

Su opinión es muy considerada en los EE. UU., el Reino Unido, a través de Lord Monckton, y últimamente en Irlanda, en que sus tesis han sido refrendadas por un comité de expertos.

Entre otras cosas Pollock ha probado que el Acuerdo de París es una gran tontería perjudicial, que en Chile estamos pagando cuentas de luz absurdamente altas por seguir los pasos indicados por dicho Acuerdo, lo cual es no sólo dañino sino ridículo, pues somos responsables de apenas el 0,24 % de las emisiones de CO2, mientras los países que emiten el 60 % (India, China, EE. UU.) no son parte del Acuerdo ni le hacen caso. 

Dice que mientras en Chile hemos cerrado plantas generadoras abastecidas por combustibles fósiles, China e India han construido casi un centenar de esas mismas plantas nuevas, que generan 586 veces más CO2 que Chile, a cambio de tener energía eléctrica abundante y barata, en la cual basan su alto crecimiento económico.

Ha propuesto un "plan para Chile", que nos dejaría también con energía abundante y barata, pero a condición de desregular y liberar el mercado energético, derogar todos los impuestos específicos que gravan los combustibles, al carbono y la generación de electricidad y en particular los "impuestos verdes", suprimir subsidios y reducir órganos burocráticos.

Ha destacada el "gran disparate" del gobierno de Bachelet I de haber rechazado el proyecto hidrográfico de energía barata y, además, limpia de HidroAysén. Ese proyecto no contemplaba ninguna represa que alterara la naturaleza de Aysén, sino que sólo centrales "de pasada" en el curso del río. 

Adicionalmente Pollock afirma que nunca se ha medido efectivamente la contribución humana al CO2 ni que ello haya hecho subir la temperatura del planeta.

Su propuesta para Chile contempla la desregulación del área energética, el cierre del ministerio del Medio Ambiente, la disminución de la dotación del Coordinador Eléctrico y la reducción de la del ministerio de Energía, como también liberar la exploración y explotación de hidrocarburos que monopoliza ENAP.

En realidad, es tan radical que algo equivalente sólo ha sido hecho en Chile siendo ministro de Hacienda Hernán Büchi y presidente Augusto Pinochet, entre 1985 y 1990, cuando se inició el primer quinquenio de los que fueron los "mejores treinta años de la historia de Chile". 

Es impensable que nuestro país pueda reeditar aquella dupla y repetir esa hazaña hoy. Pero este otro año, si en noviembre elegimos un gobierno decididamente de derecha y no entreguista ni contemporizador, tal vez.    

LA BRIZNA EN EL OJO AJENO

Hay unanimidad para juzgar inadmisible que el Presidente, sus ministros, 17 abogados asesores y la senadora Isabel Allende con su respectivo séquito de asistentes hayan ignorado el inciso segundo del artículo 60 de la Constitución, según el cual el diputado o senador que celebre contrato con el Estado cesa en su cargo.

Pero ninguno ha recordado que, menos de tres años atrás, todos estuvieron de acuerdo con el mismo Boric y su antecesor Piñera en transgredir el inciso quinto del mismo artículo 60, que dice que cesará en el cargo el diputado o senador "que propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución".

Tendrían que haber hecho un plebiscito de entrada, como en el primer proceso, pero no lo hicieron. El profesor y ministro del Tribunal Constitucional, José Ignacio Vásquez, les advirtió en artículo en El Mercurio que no tenían la potestad constituyente, pero no le hicieron caso,

La "gran prensa", Boric y Piñera, suscriptores del entonces llamado "Acuerdo por Chile"; el rector-columnista de El Mercurio, Carlos Peña (que además llamaba a "lanzar lejos la Constitución"); el primer editorialista que ahora fulminan a los numerosos abogados gubernamentales desconocedores del referido art. 60, no decían nada cuando se transgredía el inciso quinto del mismo artículo. 

Ni nadie siquiera pensó que los diputados y senadores que habían concurrido con sus votos a inventar un segundo proceso constituyente, no permitido por la Constitución, debían ser destituidos. Ven la brizna en el ojo de Boric, pero no la viga en el propio.

Minoritarias y no escuchadas eran las voces, entre ellas la de este blog, que clamaban al cielo por la inconstitucionalidad de ese segundo proceso.

No había prensa ni periodismo conocidos que dijeran que el "Acuerdo por Chile" era violatorio del inciso 5° del artículo 60 y causal de destitución de los parlamentarios que lo votaran favorablemente. 

Hoy esa multitud de opinólogos, grandes diarios, radios, estaciones televisivas, redes sociales que se preguntan cómo es posible que nadie advirtiera ni supiera del inciso segundo del artículo 60 de la Constitución, de ningún modo se pregunta ni nunca se preguntó por qué tampoco supieron, vieron ni dijeron nada cuando apoyaron, publicitaron, propagaron y respaldaron a la cuasi unanimidad de diputados y senadores que aprobaron el segundo proceso constituyente violatorio del inciso quinto del mismo artículo 60 de la Constitución,

Además aquel proceso viciado debió originarse en mensaje presidencial y no en moción parlamentaria, como se inició. Otra inconstitucionalidad.

Debió haber generado la destitución de todos los diputados y senadores que lo votaron a favor. Que fueron todos, pues los republicanos, únicos en oponerse en un comienzo, "se dieron vuelta la chaqueta" junto a su jefe y se sumaron al "Acuerdo por Chile" de Boric-Piñera para violar la Constitución.

Lo llevaron adelante consumiendo ingentes recursos humanos y financieros sin ninguna legitimidad. Todo terminó en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023, en el cual la ciudadanía rechazó la intentona inconstitucional. Pero ningún parlamentario culpable fue destituido. Y "lo comido y lo bailado" no se lo quitó nadie.

Lo peor: las élites de todos los niveles, la jerarquía eclesiástica representada por monseñor Celestino Aós y las más variadas instituciones del establishment, siempre dispuesto a ubicarse donde el sol más calienta, aunque ello sea inconstitucional, fueron cómplices activos.

Ahora todos ven la brizna en el ojo de Boric, pero no la viga en el propio. Isabel, Allende se va, pero la multitud de otros, tan culpables como ella, se han quedado.

DESTELLO DE LEGALIDAD

Es increíble que la mera aplicación de un precepto constitucional claro por parte de un tribunal genere en Chile una crisis política. 

Es tan evidente que en el país no impera un estado de derecho (que es la traducción de la rule of law anglosajona) que el Partido Socialista gobernante califica el fallo del TC como "un hecho lamentable" y considera responsables a las ministras cercanas al Frente Amplio que lo suscribieron. 

Es que la izquierda se ha acostumbrado a que las causas se fallen, no de acuerdo a derecho, sino según su propio sentir político. Se ha acostumbrado a los miles de sentencias de la justicia ordinaria violatorias de los fundamentos básicos del derecho penal y basadas en una "ficción jurídica". 

Se ha acostumbrado también a la impunidad de los atropellos a la Constitución. Y cuando, por excepción, se aplica la legalidad, lo considera una deslealtad política, en este caso del Frente Amplio, próximos al cual son las juezas que aportaron los votos para sancionar el más reciente atropello.

Este fallo ha merecido el elogio, en columna ad hoc, de Carlos Peña en El Mercurio. Y un primer editorial del mismo diario corrobora la tesis de defensa constitucional. 

Pero este fallo más parece sólo un destello de legalidad en medio de la inexistencia del estado de derecho.

En efecto, más adelante el mismo artículo 60 de la Constitución establece que "cesarán asimismo en sus funciones los diputados o senadores ... que propicien el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución". No obstante, desde mediados de 2022 en adelante el mismo rector-columnista Peña, el mismo diario en que escribe y también el Presidente de la República, Gabriel Boric y su antecesor, Sebastián Piñera, mediante el "Acuerdo por Chile" entre ambos, promovieron el "cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los señalados en la Constitución", violando flagrantemente el mismo artículo 60 que ahora el TC ha hecho respetar.

Y entonces todos los parlamentarios de gobierno y de oposición incurrieron en la misma causal de cesación en sus cargos que Isabel Allende. Pero en el caso de todos ellos sin que nada les sucediese ni nadie pidiera destituirlos. Había pleno acuerdo político para violar la Constitución. ¿De qué estado de derecho estamos hablando?

Este fallo ha sido, pues, sólo un destello. Ojalá fuera un precedente a ser imitado por los tribunales y los poderes públicos que reiteradamente han abandonado la posición legal, llevando a que en los análisis internacionales la democracia chilena haya descendido de "plena", como lo fue mientras se respetaban la Constitución y las leyes, a "defectuosa", como la cataloga un informe de The Economist, que se hizo cargo del permanente atropello chileno a la juridicidad.