El Derrumbe del Estado de Derecho

¿Usted cree que los controladores y accionistas norteamericanos de Walmart, cadena de supermercados a la cual los revolucionarios rojos en Chile le han saqueado 125 locales y quemado 10 supermercados, creen que acá hay "rule of law" (estado de derecho)? No, por supuesto. No hay tal en Chile hoy. Cualquiera lo sabe. Walmart seguramente se pregunta en qué minuto resolvió invertir acá un gran capital que hoy está perdiendo aceleradamente a manos de los saqueadores e incendiarios de la Revolución Comunista del 19 de octubre, hoy triunfante.

Cuando yo les escribía en este blog, desde 2010 y ya durante nueve años, a Piñera y a los jueces rojos, que si ellos les desconocían las leyes a los militares (r), estaban contraviniendo el "estado de derecho" y que ese precedente podía servir en el futuro para después arrasar con toda la legalidad en Chile, nadie me hizo caso. No obstante ello, la derecha apoyó al destructivo Piñera para un segundo mandato, durante el cual no sólo ha continuado, sino que ha acentuado el desconocimiento del estado de derecho para los militares (r). Bueno, desde el 19 de octubre de 2019 las leyes han dejado también de imperar para los demás chilenos y, desde luego, para Walmart, que ha perdido parte de su millonaria inversión en Chile y cuyos supermercados no están a salvo, algunos están siendo saqueados y ni siquiera tienen perspectivas de poder funcionar, por falta de garantías.

En Chile reina el caos. Se sabe que la fuerza pública no tiene fuerza, pues no puede usar sus armas. No hay autoridad en Chile hoy. Luego, manda el lumpen. Se forman colas en todas partes, porque la gente ve que impera la ley de la selva y cree que vienen el socialismo y la escasez. Entra en pánico y se provee de lo esencial.

También la gran industria de lencería Kayser, en Renca, es destruida y saqueada impunemente ante nuestros ojos por la TV, tal como Walmart. En su interior perecieron cinco personas a raíz del incendio provocado por los saqueadores.

Ya van diez muertos.

¿Cómo creen ustedes que las bolsas internacionales van a acoger la anarquía y la ruina de tantas empresas en Chile? ¿Irá a seguir Piñera diciendo que el país es "un oasis" de tranquilidad en la región, cuando, con su medida de derogar el alza del pasaje del Metro ha iniciado la "argentinización" populista de la economía chilena? Hemos emprendido la senda del populismo "a la Kirschner".

Acabo de ver a Piñera en La Moneda en mala compañía: con el presidente del Senado, "retroexcavadora" Quintana, éste felicitándose del triunfo de la Revolución y aprontándose para cambiar todo, partiendo por la Constitución, dijo, ahora de acuerdo con Piñera; y con otro destructor de la institucionalidad, Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema y gran activista de la prevaricación para meter ilegalmente presos a los militares.

La sociedad libre se prevé como la mayor víctima de este caos, junto al estado de derecho. Los triunfantes de la Revolución triunfante culpan "al modelo".

En realidad, la economía fundada en la libre iniciativa individual era el objetivo principal de la Revolución. Casi todo el mundo ahora dice que la causa de la asonada roja es el descontento popular con el modelo de libertades. Eso es falso. El motivo de la asonada roja es la vocación revolucionaria comunista de siempre, desde 1917 y 1973 hasta hoy, pasando por la "Revolución de la Chaucha" de 1949 y la asonada de 1957, reprimida ésta con tanques en las calles (aplaudidos por el público de Ahumada).  Esas dos veces lo gobiernos de González Videla e Ibáñez impusieron su autoridad. La fuerza pública actuó. Ahora no hay energía para hacer eso.

Hoy "el modelo" es el blanco a destruir, pero el problema real es la violencia extremista impune. Esto no tiene visos de solución, porque no hay verdadera "fuerza pública" si ésta no puede emplear sus armas. Cualquiera puede atacar a un uniformado y apedrearlo, pero éste no puede responder, porque el Gobierno se lo prohíbe. Ya hay vecinos y locatarios armados defendiendo establecimientos comerciales del saqueo, porque la fuerza pública no lo hace. "Este gobierno ha sido inepto, manda a la comunidad a combatir con el lumpen", oigo decir a una vecina por TV. Los vecinos se enfrentan a los revolucionarios. El estado de derecho no existe. 

Como demostré en mi blog anterior, el comunismo revolucionario está millonariamente subsidiado por el Estado chileno y la dictadura judicial roja le ha añadido un financiamiento adicional, inventando delitos que dan origen a la condena de militares y a millonarias indemnizaciones para la guerrilla de 1973-1990. La Revolución Comunista, mediante el saqueo, el fuego y la violencia, apunta a destruir el modelo de sociedad libre. Y lo está consiguiendo.

El modelo de libertades está cuestionado. Veo en las pantallas juntos a Piñera, a Quintana, el de la retroexcavadora, a Brito, el supremo gran prevaricador y al kerensky Flores anunciando al país de consuno que aunarán sus fuerzas para destruir el modelo. Desconocieron el estado de derecho a los militares y ahora se aprestan a derogarlo para el reto de la nacionalidad.

Sálvese quien pueda. Ya el estado de derecho chileno no se pudo salvar.

Revolución Comunista Subsidiada por el Estado

"Como bancada del Partido Comunista respaldamos las llamadas 'evasiones masivas' convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del Metro de Santiago. Son acciones legítimas de desobediencia civil, una expresión de reclamo acumulado ante el aumento continuo del precio de los servicios básicos, que han encarecido el costo de la vida, especialmente en los sectores más vulnerables". 

Ahí está la huella digital, la confesión de quiénes están detrás del conato revolucionario. ¿Quién ha promovido esto? Todos, de izquierda a derecha. El Estado, con el respaldo de todos, ha subsidiado generosamente esta revolución comunista, llenando de dinero a los revolucionarios y persiguiendo inmisericordemente a las fuerzas del orden que fueron llamadas a derrotarlo en su intento de tomarse el poder entre 1970-73 y que debieron derrotar también a sus grupos terroristas ampliamente financiados y pertrechados desde el exterior entre 1973 y 1990, afortunadamente vencidos por nuestras fuerzas armadas y carabineros, que a su vez resultaron derrotados en la posguerra dialéctica y judicial habida desde 1990 hasta hoy.

¿La civilidad? En su peor expresión moral. Cuando ha pasado el peligro ésta, toda, de izquierda a derecha, se ha rendido ante la retórica comunista y la ha hecho propia. "Una mentira mil veces repetida pasa a ser verdad". Hoy día mismo, un columnista de "El Mercurio" a quien conocí siempre como partidario del Gobierno Militar, se muestra tan virado mentalmente al extremo que escribe en ese diario: "Eso me ha hecho sentir desde hace mucho una culpa horrible con respecto a las innumerables víctimas de la dictadura. Porque lo moralmente correcto era, en ese momento, cuando la podredumbre había aflorado, estar con ellas a cualquier costo, tener la valentía ética que exige ese pensador antiguo, una valentía que no tolera otra conducta que no sea un rechazo activo".

Aquí tenemos los dos ingredientes de la revolución comunista en curso: la justificación de su violencia subversiva presente y el olvido de la pasada; y la anulación ética de la respuesta ciudadana legítima, que fue, para empezar, la que convocó a los militares a actuar, estimulados por Aylwin y Frei y, para qué decir, los líderes de la derecha, por cierto, el 11 de septiembre de 1973. Como testimonio el inserto de "El Mercurio" publicado el 11 de septiembre pasado, que remeció a un país desmemoriado y que ese diario seguramente nunca más se va a atrever a volver a publicar, amenazado, como lo está, por los rojos de su interior y de su exterior.

Pues el país entero no sólo ha dejado que una dictadura roja le imponga su versión y se apodere del Poder Judicial, sino que ha sido coautor activo de la persecución a los militares y la entrega millonaria de recursos a la subversión. El principal presentador de querellas contra uniformados ha sido Sebastián Piñera en su primera y administración. Él ha saturado Punta Peuco, tras cerrar Cordillera. Con su concurso se han acumulado los 6.200 millones de dólares (otro Transantiago) en pagos compensatorios a la extrema izquierda y él aparta  (Subsecretaria de Justicia y DD. HH.) para los próximos cinco años un total de dos mil millones de dólares anuales más. Y eso sumado a las millonarias compensaciones acordadas por las Comisiones Rettig y Valech. Se ha estructurado una clase revolucionaria millonaria roja que se siente acreedora moral del resto del país e impune para cobrar cien mil pensiones de falsos exonerados que se llevan otros cientos de millones de dólares anuales, oficialmente proclamados como "víctimas" por la rendición de un comandante en jefe del Ejército que culpó a su propia institución de "todos los hechos punibles y moralmente reprochables del pasado" (2004) y con perspectivas multimillonarias para el futuro, pues se acaba de condenar a tres años de cárcel a quien fuera un joven teniente en 1973 con sólo el dicho de un acusador rojo que sostiene haber ido torturado por él hace más de 45 años y a quien se le premia con una indemnización de 30 millones de pesos, violando todas las bases del derecho penal de todos los tiempos. Se inventa delitos nuevos ("lesa humanidad") para juzgar a uniformados ya juzgados y absueltos; se les mete presos sin respetar las leyes ¿y se pretende que ahora planten cara a la revolución roja subsidiada por lo mismos que persiguen y persiguieron a sus antecesores?

El país no tiene autoridad moral para trasladar ahora el peso de lo que debería ser la reacción normal de un régimen jurídico democrático ante un conato revolucionario comunista, porque el país condenó a los mismos que llamó ya una vez a rescatarlo y ha premiado multimillonariamente a los subversivos, haciéndolos dignos de la compasión nacional.

La revolución de ayer fue subsidiada y estimulada por el Estado, y fue motivada por los grandes inculpadores de los uniformados, Aylwin, Piñera y Cheyre. Y ha sido moralmente absuelta por todos los chilenos de nula memoria y escasa personalidad que "se han dado vuelta la chaqueta", han alterado la verdad del pasado, han condenado a quienes los salvaron y subsidiado y premiado a quienes intentaron subyugarlos. Esto está sólo comenzando, Cualquier interrogado sospechoso de terrorismo entre 1973 y 1990 hoy es pensionado como presunto torturado y está preparando una querella para acusar a un militar (r), tal como lo ha hecho el que acusó a Labbé y lo tiene condenado, además de prepararse a recibir 30 millones de pesos. La clase revolucionaria subsidiada por el Estado se multiplicará numéricamente en el futuro próximo. El desincentivo a las fuerzas de orden se está acentuando y acentuará. El espectáculo de los carabineros en fuga ante los violentistas, sabedores de que si disparan serán condenados, anuncia que todo esto sólo irá para peor.

¿Qué esperaban los chilenos? ¿Que si llenaban de plata a los rojos, condenaban a los uniformados y acogían moralmente la retórica comunista, la ley y el orden iba a prevalecer? No. Lo previsible era lo que vimos anoche, que viniera la revolución, que los uniformados, escarmentados, no se prestaran para servir otra vez de carne de cañón. Chile se lo buscó y eso es lo que tiene hoy. Y por eso debemos prepararnos para lo peor. 

Señores de Izquierda, Tomen el Poder

La escena del Metro invadido por miles de sujetos que saltaron las barreras para viajar sin pagar, obligando a cerrar varias estaciones, me recordó París en 1968, cuando Danny el Rojo encabezó una revolución que tuvo por las cuerdas al presidente De Gaulle, que había viajado a Alemania. Yo estaba allá enviado por "El Mercurio" a averiguar qué pasaba, y llegué a una ciudad sin locomoción, en la que sólo funcionaba el Metro gratis y atestado. De Gaulle volvió, pero a pernoctar en un regimiento, y entonces todos se tranquilizaron como por ensalmo. Finalmente convocó a un plebiscito, que perdió (¿alguna similitud con Pinochet '88?) y después del cual hubo elecciones que ganó su ministro del Interior, Pompidou, y entonces todo siguió igual, en manos de la derecha. Lástima, acá caímos en las de Aylwin y la izquierda. Claro, la diferencia era que allá tenían a De Gaulle y acá sólo a kerenskys e izquierdistas.

Y por eso con uno de aquellos en el poder, Piñera, ahora estamos en plena revolución de izquierda, aunque no nos hayamos dado cuenta. Hay toda una región en la que reina el caos, la Araucanía, donde los atentados han aumentado en 71 % entre enero y septiembre, en comparación con el año pasado. Piñera no se atreve a poner orden, porque eso significa enfrentar a la guerrilla. La gente de trabajo protestó por la inseguridad, pero contra ella el gobierno sí mandó a los carabineros. A los terroristas que les disparan a éstos (anteayer hubo dos heridos) no pueden hacerles nada. Ha perdido tanta autoridad el presidente que quiso mandar una carta pidiendo perdón al padre de Camilo Catrillanca, muerto por Carabineros, pero éstos no pudieron entrar a la zona donde reside, Temucuicui, para entregársela, porque ya no es territorio chileno, sino dominado por la subversión. Como su admirado antecesor, Patricio Aylwin, que perdió Laguna del Desierto, Piñera debe estar diciendo también "pedacitos más, pedacitos menos". Letanía: con Pinochet no había conflicto mapuche y la etnia votaba mayoritariamente por él.

Asimismo, se perdió a manos de la izquierda el Instituto Nacional. No funciona y hasta fue parcialmente quemado por los encapuchados. Cayó otro baluarte.

Y se está perdiendo otra base del crecimiento chileno, que nos llevó al primer lugar (recién perdido a manos de Panamá) del hemisferio: el ahorro previsional,  Ahora van a dedicarlo a otras cosas. Se abrió la primera grieta en el dique, "gastos de enfermedad terminal", admitidos por Piñera. Y luego vendrán las demás. Ya Lavín está hablando de otros "casos especiales". ¿Caerá otro baluarte? Populismo puro. Dicen que van a aumentar las pensiones y permiten el retiro de los fondos que las financian. ¿Qué diría un verdadero estadista? (ya no quedan).  Que debe aumentarse la edad de jubilación a 75 años, porque la gente vive más. Igual para hombres y mujeres, lo que es un regalo para ellas, porque viven más que ellos. Sólo así habrá mejores pensiones y bien financiadas. Pero es una idea de derecha.

Y se perdió definitivamente el Poder Judicial, ya en manos de la izquierda. Ésta quiere derribar el último obstáculo que puede impedirle seguir atropellando las leyes impunemente, y no sólo las aplicables a los militares: el Tribunal Constitucional (TC). Eso es lo que significa que una sala de la Corte Suprema diga que puede anularse la sentencias del TC a través del recurso de protección. El jefe de la revolución judicial es el ministro Sergio Muñoz, que declara no sentirse obligado por el tenor expreso de la Constitución y las leyes, sino por el espíritu de éstas "vivas", es decir, por lo que él cree que deberían decir. La Constitución garantiza que contra las sentencias del TC "no procede recurso alguno", pero la sala de la Suprema sostiene que sí caben recursos contra esas sentencias. Esta vez hasta el Colegio de Abogados, cuyo silencio ante la prevaricación de los jueces contra los militares ha sido atronador, sacó la voz en defensa del TC.

Chile vive un estado de "a-juridicidad". El último testimonio de ello fue la sentencia que condenó al coronel (r) Cristián Labbé a tres años de presidio efectivo porque un individuo afirma que hace más de 45 años le aplicó apremios ilegítimos en Panguipulli. Y además la sentencia ordenó al Estado pagarle treinta millones de pesos. ¿Pruebas, prescripción, amnistía? Eso regirá en los países donde hay "rule of law", no en Chile.

La extrema izquierda, dueña de la situación, ya no deja asistir a clases en la Universidad de Chile a Polette (¿"Paulette?") Vega por ser ella de centroderecha. En esa universidad, si usted no es "antimperalista, antiespecista y anticapitalista" simplemente no puede estar. El profesor Juan Esteban Puga fue "funado" en su Escuela de Derecho por afirmar que el 11 de septiembre de 1973 fue necesario.

La diputada comunista Camila Vallejos propuso disminuir las horas semanales de trabajo a 40. Piñera se subió al carro y propuso 41. Pero el dirigente José Carreño, de los miles de empresarios panificadores, dice que ello equivale a aumentar de tres a cuatro los turnos en las panaderías y en 33 % el costo de la marraqueta. Y el de cada uno de los 42 millones de panes que diariamente comemos los chilenos. "No hay almuerzo gratis".

Es que hay pánico frente a la izquierda. "El Mercurio" debió soportar una protesta de 70 funcionarios suyos por haber aceptado un inserto pagado titulado "El 11/9/73 Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela", con testimonios de la época. Cosas como ésa ya no las va a poder publicar más. Presa del pánico, el periódico, ex baluarte del gobierno militar, ha debido publicar sucesivos insertos gratuitos de las organizaciones de fachada de la extrema izquierda de "detenidos desaparecidos" y "ejecutados políticos", media página y un cuarto de página, respectivamente. No vaya a ser cosa que se tomen el diario o lo funen masivamente o vuelvan a secuestrar a su principal responsable... o algo peor.

Este pánico a la izquierda se extiende a la Universidad Católica, que ha terminado amonestando a su catedrático de derecho por más de 40 años, Gonzalo Rojas Sánchez, que fuera gritoneado insolentemente por un alumno tras una clase el año pasado y quien le pidió excusas después. Pero cuando el alumno se dio cuenta de cómo viene el naipe en Chile, resolvió ¡iniciar acciones contra el profesor y éste ha terminado sancionado por la UC! tras un más que indebido proceso. Es el pánico reinante ante la izquierda.

Señores de izquierda, por favor pasen a hacerse oficialmente del poder, pues ya lo tienen y sólo no se han dado cuenta.

A Letter to Donald Trump

Recién hice llegar a la Casa Blanca por e-mail la siguiente traducción de mi carta abierta al Presidente Donald Trump, en tres etapas, y me fue acusado recibo:

Dear Mr. President Donald Trump,

I am writing to you because you are a figure endowed with almost unparalleled political courage in the contemporary world, noted by the fact that you dared to say that the Pinochet government saved Chile from communism. Precious few political leaders have ventured to state that truth publicly, other than statesmen like you and Brazilian President Jair Bolsonaro.

I am also writing to you because your government recently sent a message to Cuba, prompting its regime to put an end to the state of affairs that shackle a hundred people as political prisoners. The latter group is defined as those who have been deprived of their liberty, not because of the application of the law under a system governed by the rule of law, but because of political considerations that run contrary to a country’s legislation.

Such is the case of Chile, too, according to that definition. There are currently over two hundred political prisoners in different detention centers—twice as many as in Cuba—convicted in a manner that runs contrary to Chilean constitutional provisions and laws. These people have been persecuted for having fought terrorists who sought to seize power between 1973 and 1990, wherein serious attacks against both military and civilian populations were committed in the process. They had the support of Cuba, the Soviet Union, and East Germany, the latter case being documented by American author John O. Koehler in his book Stasi.

It is up to your government to condemn the current Chilean one, as it has done in the case of Cuba, because the present administration of President Piñera, and his previous one (2010–2014), have not only been active accomplices in this travesty of justice, but also co-authors of most of the illegal prosecutions that led to the deprivation of the liberty of those two hundred political prisoners. Unfortunately, the Chilean judiciary has been, for at least ten years, left in the hands of a majority of red judges who have undertaken an unflinching offensive against those who defeated extreme leftist terrorism by force of arms.

In recent days, the Piñera administration suspended the warden of the Punta Peuco prison for limiting himself to parole, according to the law, just fifteen military political prisoners. In doing so, the government has not only contravened the law, but also the Chilean Constitution, by denying parole to those political prisoners. That charter prohibits applying criminal law retroactively and establishes the principle that the rule most favorable to the inmate must govern.

As in Chile there are no political institutions capable of opposing the stranglehold that the extreme left wields over the judiciary—being backed by the co-sponsorship of the government along with the indifference of the congressional majority (that judiciary has railroaded more than two hundred political prisoners now serving time), you are the only world-class statesman who is endowed with sufficient political courage that can exercise true diplomatic influence and uphold the human rights of these people. No one else is able to rise above the prevailing leftist rhetoric that merely parrots the “talking elites” (as Paul Johnson stated). No one better than you can denounce the stomping on the human rights of these Chileans—not to mention the undermining of the Chilean constitution and its laws. Such violations have been perpetrated against the military forces that defeated Marxist guerrillas in Chile.

A recent American video warns those in the United States about the potential risk of anti-Al Qaeda terrorism combatants falling in the future into the hands of politicized leftist judges, as it says textually, wherein many uniformed men would lose their freedom as a result of acts of vengeance for having triumphed over leftist terrorists.

Now is the time, Mr. President, for you to intervene, once again, in defense of freedom, human rights and the rule of law in our world. Moreover, you would be doing so on behalf of a friendly country that shares the same ideals of the United States but is currently beleaguered by a multifaceted attack on the fundamental rights of those who fought to preserve its democracy and freedoms.

I hope that representatives of your government in Chile, or perhaps people who share your ideals of freedom and fidelity to historical truth, will also send you this request. Accordingly, I am optimistic that it will promote the same foreign aid and action in Chile that your government has deployed in Cuba, defending the law, justice, and truth that have been overrun by leftists, thus unjustly depriving two hundred military people of their freedom, who are in this very moment being held as political prisoners in my country.

Carta Abierta a Donald Trump

Estimado señor Presidente: Le escribo porque usted es una figura de  coraje político casi único en el mundo contemporáneo, como que se ha atrevido a decir que el gobierno de Pinochet salvó a Chile del comunismo, verdad que sólo un estadista como usted o el Presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, han osado manifestar públicamente.

Le escribo, además, porque en días recientes una repartición de su gobierno ha conminado al régimen de Cuba a poner fin a las situaciones que allá mantienen a cien personas en condición de presos políticos.

Estos últimos son definidos como quienes han sido privados de su libertad, no en razón de lo que disponen las leyes propias de un estado de derecho, sino por consideraciones políticas y contrariando la legislación.

Ése es el caso de Chile, atendiendo a esa definición. Actualmente hay más de 200 presos políticos en diferentes recintos penales, el doble que en Cuba, condenados contraviniendo normas expresas de la Constitución y las leyes chilenas. Esas personas han sido perseguidas por haber combatido, entre 1973 y 1990, a terroristas que pretendían hacerse del poder y cometían graves atentados contra militares y la población civil, con el respaldo de Cuba, la Unión Soviética y Alemania Oriental, en este último caso todo ello documentado por el autor norteamericano John O. Koehler en su libro "Stasi".

Corresponde que su gobierno conmine al chileno actual, tal como lo ha hecho con el de Cuba, porque el régimen del Presidente Piñera, en su actual mandato y en el anterior de 2010-2014, no sólo fue cómplice activo sino coautor de la mayor parte de las querellas ilegales que condujeron a privar de libertad a esos 200 presos políticos. Lamentablemente en Chile el Poder Judicial se halla, desde hace diez años, en manos de una mayoría de jueces rojos que ejercen una verdadera razzia contra quienes derrotaron por las armas al terrorismo de extrema izquierda.

En estos mismos días el régimen ha suspendido de su cargo al alcaide del presidio de Punta Peuco por limitarse a aplicar la ley sobre libertad condicional a 15 presos políticos militares. El gobierno así contraviene no sólo la ley, sino la Constitución chilena, al negar la libertad condicional a esos presos políticos, pues la Carta veda aplicar las leyes penales con efecto retroactivo y establece el principio de que debe regir la norma más favorable al reo.

Como en Chile no existen instancias políticas capaces de oponerse al control que la extrema izquierda, con la coautoría del gobierno y la indiferencia de la mayoría parlamentaria, ejerce sobre el Poder Judicial y que ha originado los más de 200 presos políticos existentes, sólo un estadista de categoría mundial y dotado de suficiente coraje político, como lo es usted, puede ejercer verdadera influencia diplomática y hacer respetar los derechos humanos de estas personas. Nadie más es capaz de elevarse por sobre las consignas izquierdistas reinantes y que repiten las "élites habladoras" (Paul Johnson); nadie puede denunciar mejor que usted este atropello chileno a los derechos humanos, la Constitución y las leyes que se está perpetrando contra los militares que derrotaron a la guerrilla marxista.

Un reciente video norteamericano advierte a los propios Estados Unidos sobre el riesgo de que los combatientes contra el terrorismo de Al Qaeda caigan en el futuro en manos de jueces politizados de izquierda, como lo dice textualmente, y muchos uniformados pierdan su libertad en venganza por haber triunfado contra los terroristas.

Es la oportunidad, señor Presidente, de que usted intervenga, una vez más, en defensa de la libertad, los derechos humanos y el estado de derecho en el mundo y, en particular, en un país amigo que comparte los mismos ideales de los Estados Unidos pero está en este momento siendo sede de un múltiple atentado contra los derechos fundamentales de quienes combatieron para permitirle preservar su democracia y su libertad.

Confío en que los representantes de su gobierno en Chile o personas que compartan sus ideales de libertad y fidelidad a la verdad histórica le hagan llegar esta petición y que ella promueva la misma acción en Chile que su gobierno ha desplegado en Cuba, en defensa de la legalidad, la justicia y la verdad que han sido atropelladas para privar de su libertad a 200 presos políticos militares en mi país.

País Sobornado Cumple Con El Que lo Compró

Los norteamericanos dicen que político honrado es el que, cuando se vende, cumple con el que lo compró. Tuve que dejar por unos días la vigilancia de este país sobornado y ahora que vuelvo me doy cuenta de que jamás lo debí haber hecho. No es que el programa de gobierno se hubiera dejado de cumplir, pues lo ha hecho al pie de la letra (ustedes saben que ese programa, el verdadero, el real, tiene una sola línea y dice: "Piñera debe estar todos los días en los titulares y en el centro de la foto y nada de lo demás importa nada")

No me refiero ya a que la derecha no mande y haya de hecho casi desaparecido de la escena, sino a que ni siquiera puede existir. A la alumna Polette Vega, que no es ni siquiera de derecha a secas ni pinochetista ni partidaria del Sí, como yo, sino perteneciente a esa cosa amorfa que llaman "centroderecha" (término inventado por los derechistas en pánico de los 60 para poder sobrevivir a la ola izquierdista que cubría al mundo), no la han dejado asistir a clases en el Piedragógico (nombre acuñado bajo el Gobierno Militar porque en el Pedagógico se atrincheraban los guerrilleros marxistas en los períodos de descanso en que no asesinaban ni volaban carros de Metro), sino que ahora es peor: como Polette no es de izquierda ni kerensky ya no puede siquiera entrar a clases. Lo anterior sólo salió en "La Segunda".

"El Mercurio", en pánico ante los rojos desde que publicó un aviso pagado el 11 justificando el 11 y su personal de izquierda se manifestó contra el diario, siguió publicando gratis medias páginas y cuartos de página de la sucursal roja Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (estos últimos, según mis cuentas, simplemente ya no existen, porque todos los paraderos de participantes en la lucha gobierno militar-terrorismo han sido precisados, pero en casi treinta años no se ha querido identificar restos, algunos de los cuales permanecen en bolsas en la propia sede de la AFDD). Y también ese diario publicó gratis otro inserto rojo, de la asociación de "ejecutados políticos", nombre que se da a los guerrilleros caídos antes de matar más militares. Como ya el propio personal de izquierda del diario había hecho una manifestación amedrentadora contra sus dueños por haber éstos admitido publicar, pagado, el inserto de derecha que remeció al país y que reproducía documentos históricos probatorios de que una gran mayoría nacional pidió la acción militar del 11 de septiembre de 1973, uno puede anticipar que el matutino va a tener mucho cuidado antes de volver a publicar algo que reivindique la verdad histórica. Ése es su actual estado de situación.

La izquierda se siente, y con razón, dueña del país. Porque ¿cómo se explica, si no, que un extremista interrogado hace casi 46 años logre meter preso a un coronel (r) sin otra base que su afirmación de haber sido torturado, lo cual le ha granjeado, además, treinta millones de pesos de indemnización judicial? Para la izquierda es cuestión de hablar y cobrar. Busqué la noticia de la condena ilegal de Labbé en los diarios del domingo y no encontré nada en "El Mercurio" y solo un referencia en "La Tercera", donde su columnista Matamala aplaudía el fallo contrario a todo derecho y la insólita condena a Labbé.

Pero ¡cuidado! No se olvide que, cuando el nombre "Cristián Labbe" apareció en una cédula electoral en 2017, sacó 70 mil votos, primera mayoría nacional de consejeros regionales, sin propaganda ni recursos. Era el hijo de Labbé, pero eso lo dijo todo sobre la base popular que tiene la imagen del Gobierno Militar, de la cual todos, pero todos los partidos, salvo Fuerza Nacional (en el cual por eso me he inscrito) huyen como del demonio.

El reinado de la izquierda se manifiesta también, como en ningún otro aspecto, en la dictadura judicial actual, que pasa por sobre todas las leyes para condenar militares, abandonados por sus camaradas activos y que, por tanto, yacen "caídos tras las líneas enemigas". Un protagonista de la dictadura judicial, el supremo Sergio Muñoz, explica así por qué él no obedece las leyes: "Yo he jurado respetar la Constitución y la ley viva, no el texto escueto de sus disposiciones, sino lo que la inspiró". Lo cual, por supuesto, puede ser cualquier cosa que a él se le ocurra. Este dictadorzuelo es, además, mentiroso, porque sabe lo que juró al asumir: respetar la Constitución y la ley a secas, no la "ley viva" que ha inventado. Es la frescura dialéctica  propia de todos los prevaricadores que mantienen a más de 200 Presos Políticos Militares tras las rejas. No es la ley la "viva". Los únicos vivos son ellos, que más encima han llenado de plata a la guerrilla izquierdista a un costo económico-social parecido al del Transantiago.

Todo se ha degenerado tanto en el país que el Colegio de Abogados, gremio en su mayoría centroderechista, ha terminado en manos de mujeres de izquierda que han entrado en pacto con el comunismo y sus entidades de fachada de familiares de supuestos detenidos desaparecidos y ahora van a darles ¡títulos de abogados! póstumos a los guerrilleros que eran estudiantes de derecho y cayeron en la confrontación exigida por Frei Montalva en 1973, cuando conminaba a los generales: "ustedes tienen las bayonetas, pero no las usan". Y cuando éstos le hicieron caso y las usaron, vean lo que les pasó.

La evolución del Colegio de Abogados ha sido pintoresca, pues su entusiasmo el 11 de septiembre de 1973 fue tan grande que su entonces presidente, el democristiano Alejandro Silva Bascuñan, promovió un acuerdo del Consejo para declarar "legítimo " al gobierno militar, mediante un raciocinio jurídico-filosófico que se publicó íntegro en la Revista de Derecho y Jurisprudencia de octubre de 1973. Deberían todos entonces llamar al GM "gobierno legítimo", en vez de "dictadura", como lo llaman hoy hasta los "centroderechistas". Pero la mayoría de derecha entre los abogados nunca sirvió para nada. Cuando un colega le preguntó a su entonces presidenta (de derecha) por qué nada decían ante la prevaricación judicial contra los militares, ella contestó: "Si planteo el tema, se quiebra el Colegio". Tal mayoría aceptó una reforma electoral para que se consagraran "cuotas de género" en su directiva y, habiendo ganado todas las elecciones la centroderecha, se encontró con que un abogado varón elegido con más votos debió dejar su cargo para que una abogada mujer resultara elegida con menos votos pero en virtud de la "cuota de género". Todo antidemocrático. Resultado: el Colegio, en manos kerenskys, ahora marcha de consuno con las asociaciones rojas de DD. HH., organismos de fachada del comunismo. Brillante logro de un electorado mayoritariamente de derecha. Esto último sólo nominalmente, porque a mí me censuraron en la Revista del Abogado un artículo que denunciaba a un colega kerensky que había prevaricado ostentosamente, como integrante de la Corte Suprema y redactor de un fallo vergonzoso. Yo publiqué mi artículo censurado por el Colegio de centroderecha en este blog, el 27 de marzo de 2015 y cada vez que lo vuelvo a citar aumentan los ya más de 2 mil lectores que lo han buscado y leído, según el registro del  blog. Quedó ahí "para perpetua memoria".

Y basta por hoy de país perdido en manos de la izquierda a través de Sebastián Piñera, como denuncian todos los que paran en protesta por eso en la Araucanía, pidiéndole "pantalones" (lo que no sale en los diarios) y son reprimidos por la policía.

Dictadura Judicial Cruza la Línea Roja

El juez rojo temuquense Álvaro Mesa, caracterizado perseguidor ilegal de ex uniformados y legítimo heredero de Alejandro Solís, el mismo que condenaba, según propia confesión ante la TV, basado en "ficciones jurídicas", ha cruzado la línea roja: condenó a tres años de presidio efectivo al coronel (r) Cristián Labbé, basado en que un señor de izquierda le aseveró que hace más de 45 años éste le aplicó tormentos en Panguipulli, para obtener su confesión de que era parte de la guerrilla de la zona, encabezada por el Comandante Pepe.

No hay prueba alguna. Sólo la afirmación del interesado. Y realmente "interesado", porque Mesa le reconoce derecho a que el Estado lo indemnice con treinta millones de pesos. ¿Qué argumenta el "interesado"? Que recuerda inconfundiblemnte a Labbé por su corpulencia y voz ronca, similares a las actuales. Pero Labbé era, en 1973, un joven oficial extremadamente flaco y su voz en caso alguno era ronca. Pero eso nada importa. Si importara no habría en Chile dictadura judicial roja.

En ningún país civilizado se condenaría a una persona a tres años de presidio por aplicación de tormentos a otra hace más de 45 años. Cualquier juez desecharía la querella por prescripción. Esta es una institución universal. En ninguna otra parte se puede, pero en Chile sí, porque hay una dictadura judicial desatada. Y el país hace como que no se da cuenta. Las naciones extranjeras también, porque habiendo acá más de 200 presos políticos (condenados contraviniendo todas las leyes y sólo por razones políticas), los Estados Unidos sancionan a Cuba por tener 100 presos políticos y nada le dice a Chile al respecto.

Como en muchos años no pudieron encontrarle nada a Cristián Labbé, ahora, aprovechando que un señor dice que en noviembre de 1973 Labbé lo interrogó, aplicándole tormentos, lo condenan a tres años. Y al "memorioso" le dan treinta millones de pesos, con cargo al Estado, naturalmente. ¡Qué negocio tan fácil!

Venían persiguiendo a Labbé hace mucho tiempo. Cuando era alcalde de Providencia y ganaba todas las reelecciones, hicieron un traslado masivo de electores para impedirle reelegirse de nuevo y lo consiguieron, poniendo a una alcaldesa izquierdista de triste memoria que ni siquiera intentó reelegirse, legando como único logro haber cambiado el nombre a la calle "11 de Septiembre" por "Nueva Providencia". Labbé ganó, como siempre, en las mesas antiguas. Pero en las nuevas, armadas por la ex UP, fue naturalmente superado por la inefable y recordada Josefa. Para tener éxito en política es cuestión de manejar las cosas bien.

"La Doctrina Legalista de Schneider" de 1970 decía que el Ejército no debía meterse en política, pero que si otro poder del Estado se salía de la Constitución, el Ejército sí debía intervenir, porque se debe a la Nación, que es lo permanente, y no a un gobierno determinado. Y en 1973 aplicaron la "doctrina legalista de Schneider" y depusieron a Allende cuando se salió de la Constitución. Pero ahora hay otros militares, distintos a los de antes. Lo que mejor hacen es "mirar para otro lado" cuando los jueces de izquierda se salen de la Constitución y de la ley para condenar a sus camaradas.

Se supone que los militares nunca abandonan a sus caídos tras las líneas enemigas. Eso será en otros ejércitos, porque lo que es acá, los han dejado botados, sin ir a rescatarlos en nombre de la Doctrina Schneider ni ninguna otra. Y los jueces de izquierda se han dado cuenta, porque ya no se detienen ante nada.

El abuso económico de la dictadura judicial roja es enorme. El ministro "de Justicia y DD. HH." calcula que el Estado le ha dado a la guerrilla derrotada entre el 73 y el 90, US$6.200 millones. Otro Transantiago. Su subsecretaria ha declarado que le han reservado en el presupuesto otros US$2 mil millones para los próximos cinco años, es decir US$ 400 millones anuales.

Pero eso no es nada, porque el dirigente socialista de los exonerados políticos, Raúl Cerpa, le ha declarado a Tomás Mosciatti en CNN que de los 160 mil exonerados que hay, cien mil son falsos y que eso solo le cuesta al erario ¡US$ 400 millones anuales! (Véalo en You Tube). Van donde Isabel Allende (la favorita) u otro parlamentario, le piden un certificado ¡y a cobrar!

Ahora, al condenar al más expresivo exponente del Gobierno Militar que rescató a Chile del comunismo, Cristián Labbé, sólo sobre la base de los dichos de una persona más de 45 años después, la dictadura judicial ha cruzado una línea roja.

Y les añado lo siguiente: la más escandalosa comisión de subsidio a la guerrilla marxista, la Comisión Valech, creada por Ricardo Lagos (aún más escandalosa que la Rettig), dio pensiones a casi treinta mil sospechosos de vinculación con el terrorismo, por haber sido interrogados entre 1973 y 1990. Y éstos, siguiendo el ejemplo del que ahora culpó a Labbé, obviamente se están comenzando a querellar. Multiplique treinta mil por treinta millones de pesos y apróntese a financiar eso con sus impuestos.

La dictadura judicial es un cáncer en el organismo chileno, cohonestado por Piñera desde el Ejecutivo, pues es cómplice y coautor de los procesos ilegales, inconstitucionales y arbitrarios. Y como el Congreso es de mayoría de izquierda y la prensa "se pasó al otro bando", hay aquí un tumor que no va a parar de crecer y del cual casi nadie podrá defendernos.

Si Chile no se opera a tiempo del tumor rojo que tiene alojado en su organismo institucional, gracias a la alianza Piñera-Congreso con la dictadura judicial, ese organismo va a perecer debido a él. La línea roja que acaba de cruzar Álvaro Mesa es la señal de que, si no se extrae el tumor, éste consumirá al país.