La Traición de la UDI

     La UDI terminó de traicionar su origen y su pasado cuando finalmente cambió su Declaración de Principios y la adaptó al estado de ilegalidad impuesto en Chile por la extrema izquierda. Lo que Groucho Marx decía como humorista (“estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros”) la UDI lo hizo en serio. Pero de manera hipócrita, casi sin publicarlo.

Pues cuando RN traicionó su origen y pasado, al menos lo hizo de manera franca: “se dio vuelta la chaqueta” públicamente y se pasó al “No” encabezada por Sebastián Piñera y cambió su Declaración de Principios al gusto del centro y de la izquierda. En cambio la traición de la UDI ha sido solapada. Debemos a “El Mercurio” conocer su nueva Declaración de Principios, pues por lo menos la publicó, lo cual los dirigentes de la UDI se habían abstenido de hacer, probablemente porque les da vergüenza. Y se avergüenzan con razón, porque la nueva versión es parecida a la declaración que hizo la mayoría  de la Corte Suprema al confesar, en marzo de 2015, que había dejado de aplicar las leyes con respecto a los militares que combatieron y derrotaron al terrorismo marxista y había recurrido a “los tratados internacionales” para condenarlos burlando la legislación interna. Había taxativas declaraciones anteriores de la misma Corte Suprema defendiendo la aplicación de la Ley de Amnistía y fallos posteriores al año 2000 negando la aplicabilidad de tratados internacionales al enfrentamiento armado chileno interno, entre ellos las Convenciones de Ginebra. Todo ello fue echado por la borda por la nueva mayoría pro marxista del más alto tribunal, que finalmente halló la misma “quinta pata al gato” que la UDI ahora utiliza (“los tratados internacionales”) para pasarse al bando de la venganza comunista contra los militares que les vedaron a los rojos tomarse por las armas el poder.

Todo esto forma parte de lo que he llamado “la miseria de la chilenidad” actual y que es un mal general, pues también ha alcanzado a los uniformados activos, con escasas excepciones. De hecho, cuando llevé a la Academia de Historia Militar, dependiente del “nuevo” Ejército, mi “Historia de la Revolución Militar Chilena”, en la cual se desmiente con pruebas la especie de que el régimen de 1973-90 haya tenido como política violar los derechos humanos y se destaca su aporte al ascenso de Chile desde la zaga de los subdesarrollados hasta la cabeza de América Latina, su consejo me respondió que la obra “se alejaba” de sus puntos de vista y me devolvió el original. Entre paréntesis, acabo de entregar para su distribución a librerías la tercera edición de la citada obra.

Con razón en algún blog anterior me referí al Gobierno Militar chileno como “el politraicionado”, pues dudo que a algún otro régimen nacional del pasado tantos y tan variados sectores y personajes lo hayan hecho objeto de tanta traición. Y hasta naciones extranjeras, en particular los Estados Unidos, cuya inepta política exterior los llevó a perder países completos que cayeron  en manos de sus enemigos, como Vietnam e Irán, el primero al costo de 55 mil norteamericanos muertos y billones y billones de dólares. En el caso del Gobierno Militar chileno, los norteamericanos se dieron el lujo de traicionarlo pese a que rescató a nuestro país de las manos del comunismo sin un soldado norteamericano muerto ni un dólar de apoyo extra y sin facilitarnos una sola bala, sino al contrario, pues la Enmienda Kennedy redujo toda ayuda y así favoreció al comunismo y a los enemigos de Chile. Tanto que su autor, el senador Ted Kennedy, se hizo acreedor a una condecoración por parte del gobierno de Michelle Bachelet, supongo que por señalados servicios a la misma causa marxista-leninista que ella abrazó desde su más temprana juventud.

  

  El país está anímicamente mal porque ha perdido la conciencia. Está materialmente bien porque no ha derogado el modelo socio-económico que heredó del Gobierno Militar, pero todos los ideales han sido traicionados, todos los valores han sido transados y la conducción ha quedado en manos de un “dealer” que sólo busca popularidad personal, aunque sea al costo de cualquier principio. Por eso, tras la traición de la UDI, han surgido espontáneamente corrientes nuevas que procuran rescatar, primero, la verdad; y luego restablecer tantos ideales, valores y principios, entre ellos ni más ni menos que la integridad de la soberanía nacional, que el “dealer”, en sus transacciones de exclusivo beneficio personal, ha ido y seguirá dejando botados por el camino.

Para Que los Candidatos de Derecha lo Tengan Claro

               No apoyaré ni llamaré a votar por ningún candidato, aunque sea de derecha, que diga o implique que el Gobierno Militar violó los derechos humanos o tuvo una política dirigida a violar los derechos humanos, porque eso es históricamente falso. A ninguna candidatura puede estarle éticamente permitido fundarse en esa mentira para captar votos.

     Aclaro que mi posición, convicción y opinión en esa materia es la misma que expuso públicamente en carta del 25 de noviembre de 1979 el obispo de Valparaíso, monseñor Emilio Tagle Covarrubias, al entonces Presidente Augusto Pinochet, donde comenzaba por describirlo como “real defensor de los derechos humanos” y le expresaba:

          “Es justo recordar en estos días que V. E. dirigió la acción más eficaz en defensa de los derechos humanos violados por la agresión marxista, que nos llevaba al abismo sin salida en que yacen hoy tantos pueblos, en cuya misma situación estaríamos hoy nosotros si no hubiera sido por aquella patriótica intervención. Chile ha dado a mundo libre una lección”.

             En su “Declaración de Principios” del 11 de marzo de 1974, en el número 5, la Junta de Gobierno se comprometió a instituir “un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos”. Antes la Circular N° 1 de la Junta, de 7 de enero de 1974, pasados los avatares iniciales después del 11 de septiembre de un régimen que no había tenido tiempo de prepararse para ejercer el poder, dio a conocer al país el texto que había emitido el 23 de noviembre de 1973 como “Circular para ser leída a todos los escalones del mando de la Fuerzas Armadas y Carabineros”, donde se ordenaba que “los allanamientos y detenciones de personas deben ser ejecutados con oportunidad y firmeza, pero con órdenes de autoridades competentes que aseguren un procedimiento que en ningún caso desprestigie la sacrificada y patriótica labor que están cumpliendo las FF. AA. y Carabineros”, añadiendo que “el tratamiento de los detenidos debe ser también consecuente con la peligrosidad y el grado de comprometimiento comprobado del detenido… y de todo punto es inconveniente que esas personas, por el trato que se les ha dado, salgan con espíritu de venganza y por lo tanto puedan transformarse en futuros extremistas”.

    La Circular N° 3 de la Casa Militar de la Junta expresó que “3. Este Estado de Guerra … no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que tengan que ocultarse a la ciudadanía y que sólo engendran una reacción de violencia, de odios y de venganza”.

          Los párrafos anteriores definen la política de respeto a los derechos humanos del régimen militar y, por tanto, constituye una falsedad histórica afirmar que él tuvo como política la de atropellarlos. El candidato que diga esto último o lo reconozca así no dice la verdad.

    Además,  ese régimen fue el más vigilado del mundo en esa materia. Tenía que lidiar contra un extremismo armado muy peligroso, una propaganda mundial adversa inspirada desde el KGB soviético y defenderse del abastecimiento de la guerrilla por países como Alemania Oriental, Cuba y la URSS. ¿Cómo iba a tener una “política de atropello a los derechos humanos” si ella lo iba a privar de créditos internacionales indispensables y hasta de la posibilidad de comprar armas, en un período de máximas amenazas a nuestras fronteras? Los militares chilenos tendrían que haber estado locos para, frente a todo eso, practicar una política de atropellos a los derechos humanos que aislaría al país, y no lo hicieron.

   Que algunos agentes del régimen no hayan observado las instrucciones de la Junta no constituyó a la política del gobierno en responsable de esas transgresiones. Que uniformados, actuando por su cuenta, hubieran cobrado venganza frente al terrorismo extremista no implicó tampoco que el Gobierno Militar fuera responsable de esas conductas. Pero la propaganda adversa se las achaca. Un candidato de derecha debidamente informado no puede caer en lo mismo, como lo hace contumazmente el senador Ossandón, a raíz de lo cual me declaro arrepentido de haber votado por él en la primaria de 2017. Y jamás volveré a votar por él en tanto no exprese su arrepentimiento por la ignorancia histórica que exhibe. Parece creer que una “derecha social” como la que propicia se formará basándose en la repetición de consignas del KGB soviético.

   

    Al contrario de las acusaciones que se le hacía al Gobierno Militar, cuando en 1985 un atentado especialmente inhumano del brazo armado comunista segó las vidas de varios uniformados en el Hotel Araucano de Concepción, y un grupo de carabineros cobró venganza de ello y de otros atentados secuestrando y degollando a la cúpula de dicho brazo armado (Parada, Guerrero y Nattino), el ministro del Interior fue especialmente activo, ante el inicial secuestro de los jefes terroristas (del cual el gobierno no tenía información ni explicación) para pedir a los tribunales la designación de un ministro en visita e informar después a éste de la verdad de los hechos, obtenida a través de la CNI, todo ello apenas registrado el triple secuestro. Pero los tribunales dilataron esa resolución y desecharon los informes de inteligencia, basados en un prejuicio político, lo que dio tiempo a la consumación de la venganza y a la muerte de los tres comunistas secuestrados. El régimen hizo lo posible por evitar el crimen, pero así y todo la propaganda lo carga en su cuenta. Sirva esto de ejemplo de lo que es la campaña de falsificación histórica.

    Asimismo, cuando se acusa al Gobierno Militar de torturas se olvidan las comprobadas bajo los gobiernos de Allende y Frei Montalva, torturas que quedaron impunes, como también se olvida que, por primera vez en Chile, bajo el Gobierno Militar, fueron penados a fines de los años ’70 los autores de torturas en los casos del llamado “Comando de Vengadores de Mártires” (detectives de Investigaciones condenados) y, en los años ’80, del transportista Fernández del FPMR, (procesados los uniformados responsables). Antes del 11 de septiembre de 1973  ni gobernantes ni jueces hacían nada al respecto. Las cien páginas de denuncias de torturas a miristas de Lagos y otros abogados, presentadas a la Corte Suprema, torturas perpetradas bajo Frei Montalva, ni siquiera fueron respondidas por dicho tribunal ni por el gobierno. Y el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 denunció las frecuentes torturas bajo Allende a opositores, tampoco nunca investigadas ni sancionadas. ¿Con qué autoridad acusan después al Gobierno Militar, bajo el cual por primera vez las torturas fueron investigadas y sancionadas?

   Y también acusan la existencia de “miles de desaparecidos”, cuando se ha precisado el destino de cada caído en la lucha armada 1973-1990, con excepción de los restos, que no han querido ser identificados, del Cementerio General y del Instituto Médico Legal ¡y de las bolsas con restos óseos en la propia sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, según denunció “La Tercera!”, sin ser desmentida, el año pasado. Pues al final del Gobierno Militar las denuncias de personas detenidas desaparecidas eran 600, según el libro de Patricia Verdugo y Claudio Orrego. La Comisión Rettig las elevó a 979 y la Comisión de Reparación y Reconciliación posterior (que “reparó” generosamente pero no “reconcilió” en absoluto) agregó 123. Total, 1.102. Entre “reaparecidos”, explicación de restos lanzados al mar y los acumulados sin identificar suman más de 1.102. ¿Por qué hasta hoy no identifican los restos del Cementerio y de la AFDD? Porque no quieren, pues no quedaría ninguno. Han tenido 28 años de gobiernos del “No” y mayorías parlamentarias para formar Comisiones Investigadoras por toda clase de motivos, y no han sido capaces formar una para identificar los restos no identificados. Es que es un tema político. Y por eso ningún candidato de derecha informado pueden caer en la crítica al Gobierno Militar por este tema ni caer en la trampa izquierdista de utilizarlo.

    El verdadero gran escándalo de nuestro tiempo en Chile es la venganza judicial contra los militares que dieron la guerra contra el terrorismo extremista y la ganaron. Los casi dos centenares de Presos Políticos Militares actuales por ese motivo son una afrenta al país y a su verdad histórica.

   En los propios Estados Unidos los izquierdistas han comenzado a enjuiciar a los militares que combatieron en Irak y Afganistán y ya ha llegado un video de la ciudadanía norteamericana honesta que dice que eso no puede ser y  es un escándalo. Y cita precisamente el precedente vergonzoso de Chile, con imágenes de nuestros soldados desfilando, y criticando que caigan presos por haber combatido el terrorismo hace treinta años. Dice el video que los militares nunca abandonan a sus caídos tras las líneas enemigas. Eso será allá, donde es una norma a cualquier costo de sus militares, pero no acá, como lo atestiguan los casi 200 Presos Políticos Militares abandonados a su suerte por sus camaradas en servicio activo. Ello se erigirá en motivo de vergüenza histórica para los mandos que sucedieron al general Pinochet, bajo quien ni uno solo de sus hombres fue víctima de la prevaricación impune de los jueces de izquierda. Claro que no ha habido otro Comandante en Jefe que se haya atrevido a decir, como él: “Si tocan a uno solo de mis hombres, se acaba el estado de derecho”. Verdad evidente por sí misma, pues “tocar a uno solo de sus hombres” implicaba derogar el estado de derecho, como lo está hoy, en que se ha desconocido todo un catálogo de leyes penales fundamentales para consumar la venganza marxista contra los soldados que derrotaron al terrorismo de ese origen, cosa que hicieron sin saber que iban a ser traicionados por  los políticos que los llamaron a actuar, entre quienes el que más los ha engañado es el actual Presidente de la República, recogiendo así sus votos y, obtenido el triunfo, convirtiéndose en principal cuchillo en su contra y público denostador.

  Los civiles que nos hemos escandalizado con esta traición de los políticos contra los militares sólo tenemos un arma: el voto. Con ella castigaremos a todo candidato que haya hecho suyo el slogan, originario del KGB, repetido hasta el cansancio por los comunistas y acogido por pusilánimes, “arrepentidos” y calculadores, de que el Gobierno Militar violó sistemáticamente los derechos humanos. Si alguno contaba con mi voto y dice eso, tome nota de que lo va a perder. Y de que lo voy a dar a conocer en la limitada medida en que lo permite el silenciamiento de mis opiniones.

Estado de Antijuridicidad Permanente

   El juez Mauricio Silva ha llegado a la Corte Suprema con los votos, por cierto, de la izquierda, pero también con los de la derecha piñerista. Es que esa derecha, tal como su líder, carece de principios. Hoy quema lo que ayer adoró y adora lo que ayer quemó.

   Con la designación de este nuevo ministro, signado por la prevaricación politizada, manifiesta en sus fallos contra uniformados, se ha avanzado un paso más en el quiebre del estado de derecho. Ya ha quedado de manifiesto el inicio de esta nueva etapa en la degradación jurídica del país al dejarse estampado en una ley y en un proyecto de ley, y no tan solo en sentencias judiciales prevaricatorias, el atropello a la legalidad y la Constitución vigentes. Pues en la recién aprobada ley modificatoria de las normas sobre libertad condicional, dictada para discriminar en contra de los uniformados que combatieron el terrorismo marxista y están hoy ilícitamente privados de libertad, la argucia para privar a estos Presos Políticos Militares de su derecho a la libertad condicional consiste en remitirse a sentencias dictadas con atropello a las normas del debido proceso. Es decir, la ley en la práctica dice: “si ha sido condenado por genocidio o lesa humanidad, se le impone condiciones adicionales para gozar de libertad condicional”. Éste es un ardid, muy propio de la izquierda, para llevar el estado de antijuridicidad desde la sede judicial a la sede legislativa.

   La prevaricación de los jueces contra los militares fue un golpe de estado de facto. Los políticos miraron para otro lado o dijeron: “los jueces son soberanos para juzgar”. Pues bien, ahora, tras la ley de libertades condicionales, los políticos se han hecho cómplices de ese golpe de estado de facto que ha pasado por sobre tantas leyes expresas y vigentes. Antes eran las sentencias las que desconocían la Constitución y la ley. Ahora es otra ley. Y cuando la promulgue el Presidente, él también va a pasar a ser coautor de este golpe de estado.

   ¡Qué lejanos parecen hoy los tiempos en que Aylwin daba los primeros pasos en desconocer la Constitución y las leyes al escribir su carta a la Corte Suprema, instruyéndola para que ordenara a los jueces no aplicar la amnistía hasta dictar la sentencia definitiva! Porque en esa misma carta Aylwin decía que su gobierno respetaba la ley de amnistía. Es decir, reconocía que estaba vigente. ¿Qué ha cambiado en el derecho desde entonces, hace 28 años, a ahora? Nada. La amnistía sigue siendo una ley expresa y vigente que, por tanto, manda a todos los ciudadanos, sean jueces, legisladores, gobernantes o gente de a pie. ¿Por qué ahora la desobedecen tantos? Yo les voy a decir por qué: porque cuando lo hizo uno, no le pasó nada. Cuando lo hicieron unos pocos, tampoco les pasó nada. Ni siquiera el Consejo de Seguridad Nacional fue convocado, cuando bastaban dos comandantes en jefe para hacerlo, habiendo cuatro que estaban de acuerdo en respetar la ley de amnistía.

   Así comienza la destrucción del estado de derecho en un país: cuando los hombres respetuosos del derecho no hacen nada ante la audacia de los que no lo respetan. Para que el mal triunfe, creo que fue Burke el que lo dijo, basta que los hombres de bien no hagan nada. Acá no han hecho nada. Los garantes de la legalidad no hicieron nada cuando tenían las atribuciones, menos lo harán ahora que las han perdido. Ni menos cuando los políticos preparan una ley que le permita al Presidente echar a los más altos mandos sin siquiera tener que dar una razón.

   Vivimos bajo un régimen de facto que atropella las leyes. ¿En qué se diferencia del de Maduro? Sólo en que acá quienes las atropellan son más y van desde la izquierda hasta la derecha, pero eso no los hace mejores.

"Gringo: Hazte Comunista"

Un amigo norteamericano se nacionalizó chileno. Cuando lo hizo yo le dije que estaba loco, pero no me hizo caso. Ahora me acaba de mandar un listado enorme de las mentiras que le han dicho y trampas que le han hecho los chilenos a lo largo de los años y que le han costado millones de pesos. Ha contratado abogados que le piden un millón para empezar a conversar y no han recuperado nada. Fue con el último de ellos a la fiscalía y ahí le dijeron que estaban atiborrados de procesos y, por tanto, sólo se preocupaban de los de más de diez millones de pesos (el suyo era por menos).

Yo le expliqué que en Chile las instituciones no funcionan y las leyes no rigen. Acá todas las autoridades se ríen de las leyes: el Presidente fue elegido en 2010 justo después que lo pillaron y condenaron por comprar acciones con información privilegiada, lo que al electorado, cuya mayoría también se ríe de las leyes, no le importó. De nuevo fue elegido en 2017 cuando no debería haber podido ser candidato por estar procesado por el financiamiento ilegal de su elección  anterior, pero ha encontrado una persona que paga por él y es el procesado en su lugar, con beneplácito de los jueces. El Congreso se ríe de la Constitución y acaba de dictar una ley que la contradice, para privar de su derecho a la libertad condicional a los militares que derrotaron al terrorismo extremista. Los jueces han metido presos a esos militares riéndose de las leyes de amnistía, prescripción, cosa juzgada, del principio de legalidad, del principio pro reo y de la presunción de inocencia.

Acá los que se alzan contra las leyes tienen hasta territorio propio. El otro día el mismo Presidente quiso mandarle una carta a uno que reside en una zona alzada contra la legalidad, Temucuicui, y no pudo hacerla llegar a su destinatario, porque ahí no entra la policía ni menos el correo.

Acá los únicos que están bien son los comunistas y afines, que cosechan del estado de ilegalidad general. Yo calculo que los contribuyentes les estamos dando más de 400 millones de dólares anuales por el “daño” que les hicieron los militares al derrotar a su ejército terrorista. Se han declarado “víctimas” y obtienen enormes indemnizaciones. Todos los que fueron interrogados por sus vínculos con el terrorismo antes de 1990 se han declarado “torturados”. Son treinta mil y reciben pensiones. Yo tengo amigos que fueron torturados por los comunistas y miristas durante la UP, en 1971 y 1972  (Juan Luis Ossa y Maximiano Errázuriz) y a ellos no les han dado un peso de indemnización. Es que están en lado equivocado.

Los comunistas y sus afines están tan bien que pueden celebrar públicamente el 60° aniversario de la revolución cubana, sin otro inconveniente que un aviso de bomba hacia el final del acto. A los de signo opuesto que celebran cualquier cosa a favor de sus ideas o presentan algún libro los agreden y los funan.

  

Le dije a mi amigo gringo que, si no se iba a hacer comunista y no quería que lo siguieran engañando y timando, se fuera a otro país. Me replicó que los demás eran peores y menos libres que Chile. Yo le sugerí uno al menos tan libre, que lo acogería bien y tiene una gran ventaja: Islandia. “¿Por qué?” Me preguntó. “Porque allá no hay chilenos”, le respondí.

Brotes Verdes en una Derecha Desarticulada

En “La Segunda” del 04.01.19 venía una carta de la vicepresidenta de la Juventud de RN, Francisca Richards, que decía: “El retorno del pinochetismo es sin duda un retroceso para la derecha, en términos políticos, valóricos, ideológicos e incluso electorales. No hay nada más nefasto que revivir un pasado tan oscuro como las terribles violaciones a los derechos humanos, todas injustificables y aberrantes. Hace tiempo que RN se desvinculó del pinochetismo y derogó de su declaración de principios toda alusión al régimen militar del dictador”.

Esa carta la suscribiría con gusto alguna vicepresidenta de las Juventudes Comunistas. Por otra parte, el “alejamiento” de RN de Pinochet, que ella acusa, fue puesto en duda hace poco cuando, en un reciente consejo general, su diputada Camila Flores se declaró pinochetista y resultó ovacionada.

Pero es verdad que la corriente dominante en el país va en el sentido de la carta de Francisca Richards. En la revista “Sábado” de “El Mercurio”, la ministra mejor evaluada del gabinete, Isabel Plá, confiesa que hoy votaría “No” en lugar de “Sí”, como lo hizo en 1988. Bueno, “era que no”: el Presidente que la designó es del “No”. Pero Isabel Plá pertenece a la UDI, partido al cual emigró desde RN (es de suponer que cuando esta última excluyó de su declaración de principios el reconocimiento al Gobierno Militar, cosa que la UDI aún no hace, aunque ya a nadie le extrañaría que lo hiciera, dado que forma parte del séptimo gobierno del “No” en 28 años).

Con todo, es un hecho que la corriente dominante extiende cada vez más sus tentáculos, hasta a la  Universidad Católica, donde se incoa un proceso contra un connotado académico del “Sí”, el abogado Gonzalo Rojas Sánchez, tras una denuncia persecutoria en su contra de alumnos de izquierda que la Secretaría General de la Universidad ha acogido a trámite y dilatado en términos inexplicables. El profesor objeto de esta vendetta política ha impartido clases desde hace 43 años y formado parte del Consejo Superior durante 22.

Es que Gonzalo Rojas, también columnista de “El Mercurio”, es un hombre de derecha absolutamente consecuente (jamás ha votado por Piñera, con eso lo digo todo) y ha llegado a extremos de temeridad política, como el de recomendar, en su más reciente columna, la lectura de mi último libro, “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”, cuya tercera edición espero llegue a librerías a mediados de enero, pese a que la prensa, con la excepción del citado columnista y una breve crónica de julio pasado del mismo diario, no lo ha siquiera mencionado.

      Claro, ese libro, en efecto, podría llevar a la cárcel a su autor si se aprobare la ley que castiga el “negacionismo”, pues prueba con documentos oficiales que el régimen militar respetó los derechos humanos, como que los garantizó tanto en su “Declaración de Principios” de 1974 como mediante circulares a sus dependencias uniformadas, que el texto reproduce, ordenándoles abstenerse de toda conducta atentatoria contra los derechos de las personas.

       Más todavía, el libro demuestra que hubo garantías internacionales de respeto a los derechos humanos ofrecidas por Chile y derivadas de que, si no se cumplían, se interrumpía el flujo de créditos y la venta de armamentos al país. El Gobierno Militar era, por ello, el primer interesado en evitar acusaciones de violación de los derechos humanos, pero a la vez enfrentaba un terrorismo implacable, patrocinado por el comunismo internacional, al cual debía combatir so pena de sucumbir. Pero el presidente de la Cruz Roja Internacional podía tener acceso a cualquier lugar de detención en Chile sin necesidad de autorización previa. Todo eso desmiente la acusación de una supuesta política de “terribles violaciones a los derechos humanos” a que alude la joven Richards, evidenciando que su cerebro ha sido tan escrupulosamente lavado como el de algunos dirigentes, parlamentarios, ministros de su partido y, desde luego, el del Presidente que ese partido contribuyó a elegir.

       No obstante lo anterior, el gobierno norteamericano encabezaba en 1978 ante la ONU la acusación contra el chileno de violar los derechos humanos, justo cuando en Chile reinaba la paz interna y en el mismo año caían apenas ocho personas en el curso de la lucha antiterrorista. Por contraste, en “El Mercurio” de hoy, p. A12, se informa que los norteamericanos dieron muerte sin forma de juicio y mediante una bomba en Yemen al terrorista Jaman-al-Badaui. Por acciones como ésa, que hoy los cerebros lavados describen como “terribles violaciones a los derechos humanos”, nos acusaban hace cuarenta años los propios autores de la expresión “double standard”.

       Naturalmente, este último y el lavado cerebral masivo tienen consecuencias políticas. La rendición incondicional de los partidos de derecha ante la mentira histórica da lugar a que en este momento haya en gestación tres nuevos partidos de derecha y representativos del “Sí”: el Partido Independencia de Valparaíso, el Partido Republicano, encabezado por militares en retiro; y Fuerza Nacional, liderada por el abogado Raúl Meza, connotado defensor de los Presos Políticos Militares. Además, un conocido oficial en retiro propone fundar otro exclusivamente formado por sus iguales y dedicado a defender a sus camaradas ilegalmente presos o procesados y que contaría con el voto unánime de la “familia militar”. Todo lo anterior aparte del movimiento Acción Republicana de José Antonio Kast, respaldado por decenas de miles de firmas, que por el momento ha renunciado a constituirse como partido.

       La verdadera derecha a veces da la impresión de que agoniza, pero no muere. El viejo tronco conservador pierde sus ramas más débiles y más proclives a inclinarse ante la dirección del viento, pero surgen otras nuevas y más sólidas para seguir defendiendo el ideario de la sociedad libre y de la ley y el orden; de la verdad histórica y del debido proceso a los presos políticos. Y no por nada su más destacado exponente encabeza las encuestas presidenciales de la actualidad.

No Se Le Ocurra Preguntar

   Si usted cree que vive en un país normal no está del todo equivocado, porque, por suerte, los comunistas todavía no han echado mano a la actividad más importante de cualquier país, que es la de trabajar y producir, gracias a la cual se sobrevive y que acá está a salvo porque una parte de la mayoría izquierdista de Chile se asustó en diciembre de 2017 y votó en contra del proyecto izquierdista de transformarnos en otra Venezuela, y por eso y sólo por eso salvamos el modelo de libre mercado. Pero la mayoría izquierdista, que baila al son de los más resueltos, que son los comunistas, domina todo lo demás, es decir, el Congreso, el Poder Judicial y la opinión pública, aparte de aspectos específicos de este gobierno, como el Programa de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, que también lo manejan los comunistas. 

   A raíz de ello suceden cosas increíbles en todo cuanto no es económico. Por ejemplo, justamente en materia de Justicia, usted puede ir a un penal que está a una hora de Santiago y ahí va a encontrar presas a 128 personas que no son delincuentes. Pregunte por el general Orozco, que tiene más de noventa años, sufre de alzheimer y, por tanto, no sabe que está condenado a 18 años de presidio. Usted va a suponer que cometió un crimen horrible y múltiple, para merecer esa condena, pero si pregunta le van a contestar que no, que está condenado por hacer eso mismo que está haciendo usted: preguntar. En 1973 era comandante del regimiento "Yungay" de San Felipe, oyó una ráfaga en la calle aledaña y salió a averiguar el motivo. Sólo en un país desquiciado lo pueden condenar a usted por eso, cuarenta y tantos años después. 

   "Los comunistas son capaces de eso", pensará usted. Pero es que aquí la querella contra el general Orozco no la presentaron los comunistas, la presentó el  gobierno que, dicen, es de derecha (no lo es, por supuesto) presidido por Sebastián Piñera, y la firmó su inefable subsecretario Rodrigo Ubilla, de RN, partido "de derecha". Ubilla sigue acompañándolo hasta hoy en su segundo gobierno. ¿Cómo puede ser eso? Porque lo que hace Ubilla (meter preso al general Orozco por asomarse a preguntar) es lo que desea Piñera.

   Si quiere corroborar los antecedentes del proceso contra el general Orozco, véalos en el libro "Prevaricato", de Adolfo Paúl, hasta hoy no refutado, que se sepa.

   El país está tan desquiciado que la izquierda que lo controla pasó una ley para imposibilitar la libertad condicional de la mayoría de los no-delincuentes presos en el penal antedicho, estableciendo exigencias mayores para ellos que para los verdaderos delincuentes. Una de ellas es que manifiesten arrepentimiento, cosa que casi ninguno puede hacer porque no han cometido el delito por el cual la justicia de izquierda los ha condenado. Como esa exigencia constituye una discriminación arbitraria, prohibida en la Constitución, el Tribunal Constitucional declaró que la respectiva norma es contraria a la Carta Fundamental, pero eso se logró sólo gracias al voto dirimente del Presidente del Tribunal que, por consiguiente fue agredido por los comunistas a la salida del recinto.

   Asomarse a preguntar el motivo de una ráfaga nunca ha sido delito, pero si lo hubiera sido, por el hecho de haberse cometido en 1973 estaría amnistiado y prescrito; tener alzheimer después de los 90 años es causal de liberación de cualquier condenado en cualquier país civilizado, pero en Chile no, porque los comunistas dicen que no; condenar a alguien según una ley de 2009 sobre delitos de lesa humanidad por haberse asomado a preguntar algo en 1973 pondría en la cárcel al juez que lo juzgó, en cualquier país civilizado, pero en Chile no, sino que frecuentemente le significa ascender a la Corte Suprema.

   ¿Entiende ahora por qué en la última encuesta presidencial de Criteria Research José Antonio Kast, que se opone a todo lo anterior, pasó al primer lugar con 12 %, seguido de Beatriz Sánchez con 10%, Joaquín Lavín con 6 %, Felipe Kast con 5 % y Daniel Jadue con 5 %? 

   Claro que en otra encuesta de twitter que está en curso, "de segunda vuelta", Daniel Jadue va con 48% y José Antonio Kast con 41 %. Es que Chile es un país mandado a hacer para tropezar dos veces con la misma piedra.

Otro "Pedacito Menos"

   La carta de pésame del Presidente a Marcelo Catrillanca, con motivo de la muerte de su hijo Camilo, no llegó a destino, afirmó el segundo. 

     El primero, a través de su vocera, aseguró que la envió y para acreditarlo publicó un facsímil de la misma en los diarios. Pero Catrillanca reiteró que nunca la recibió. ¿Qué falló? ¿Correos de Chile? ¿Chilexpress? ¿El estafeta de La Moneda? 

    No: falló el remitente, el Presidente, pues demostró no saber que el territorio que gobierna por mandato popular tiene ahora “un pedacito menos”, para usar las palabras de un antecesor suyo a quien mucho admiraba, Patricio Aylwin: la zona donde vive Catrillanca. 

    Aylwin, bajo su respectivo mandato (1990-1994), perdió también “un pedacito” del territorio a su cargo, llamado Laguna del Desierto, pero tampoco le importó demasiado. Claro, al menos se dio cuenta; Piñera no.

  Pues éste, en efecto, ha perdido otro pedacito en estos días, un territorio de la novena región llamado “Temucuicui”, donde vive Marcelo Catrillanca, a quien iba dirigida la carta. Allí, como ya la zona no es parte del país, no llega el correo. A la misma ni siquiera pueden entrar los carabineros, según informó “El Mercurio” del 19 de julio de este año. 

  No han podido llevar notificaciones judiciales ni de otra índole a los habitantes de ese territorio desde hace meses, informó el diario, dando cuenta de que 31 individuos no han podido ser notificados allí por los tribunales chilenos: “Carabineros no ha logrado cumplir con el trámite debido a que los comuneros se comportan en forma violenta”.

     Los carabineros saben que si aplican la fuerza contra los violentos el gobierno “los da de baja” y hasta pueden terminar procesados y condenados por los tribunales, como estamos viendo en estos días. Luego, aplican la vieja lógica pragmática: “Carabinero que arranca sirve para otra vez”. 

     Para qué sirven, si no pueden hacer nada ante la violencia, es otro tema. Pero al menos ya está claro por qué no llegó la carta de pésame del Presidente a Marcelo Catrillanca: éste ya no reside en territorio que pueda ser llamado chileno, para efectos prácticos, al menos.