sábado, 24 de septiembre de 2016

Mi Misión Imposible


        Parece que el destino me ha condenado a ocuparme de delatar los montajes que la izquierda realiza para denostar a la figura de Pinochet. Misión imposible, por lo frecuentes y generalizados que son. Pues la izquierda sabe que él es el principal estadista chileno del siglo XX, en términos de la obra que realizó y de los progresos logrados bajo su gobierno y que la Historia con mayúscula al final registrará. Sabe que subió de categoría al país en el escalafón mundial. ¿Cómo opacar sus logros? Desprestigiándolo, mediante la falacia ad hóminem. Pinochet es el “Enemigo N° 1” del socialismo mundial y la izquierda no le perdonará nunca su éxito como estadista. Por eso busca liquidarlo como persona.

        Y por eso lo ataca mediante la caricatura. Ha habido un autor, Manuel Gárate, que ha podido publicar un grueso volumen con las publicadas contra Pinochet en todo el mundo desde el 12 de septiembre de 1973 hasta su muerte en 2006. Ninguna otra figura mundial contemporánea ha merecido ser caricaturizada tanto como él.

        Y el montaje periodístico es otra estratagema de la izquierda, similar a la caricatura, para hacer desmerecer su figura sin tener que probar nada. Como en  estos días se ha cumplido otro aniversario del asesinato de Orlando Letelier en Washington, en el cual está comprobada la ninguna participación del entonces Presidente de la Junta, como luego se verá, entonces, “oportunamente”, se informa que se ha “desclasificado” información de la CIA que lo culpa de haber ordenado el atentado. Justo cuando Michelle Bachelet se encuentra en Washington y deposita una ofrenda floral en el sitio del atentado. Ella “agradece” a la CIA la “desclasificación”. Por supuesto, acá se publica en todos los medios que “Pinochet ordenó asesinar a Letelier”. Pero todos saben, o deberían saber, que es otro montaje, porque la CIA no investigó el caso y sus documentos “desclasificados” son meras opiniones de funcionarios norteamericanos de cuarto nivel, que no aportan prueba alguna de la responsabilidad de Pinochet. Pero lo que importa es generar un titular, que es lo único que le llega a la gente.

        Pero es falso. “La Tercera”, el único diario local que, aparte de publicar el titular, se explayó algo más extensamente acerca de las supuestas “desclasificaciones”, expone meras opiniones de funcionarios subalternos. Entre ellas hay un solo testimonio directo, el del ex teniente y desertor chileno Armando Fernández Larios, asilado en los EE. UU. a cambio de una “delación compensada”, es decir, a cambio de revelar todo lo que sabía del “caso Letelier”. ¿Y qué dijo éste, de acuerdo con los papeles “desclasificados”? Contradijo el titular de “Pinochet Ordenó Asesinar a Letelier”, pues afirmó que “no sabía si Pinochet estaba involucrado en la preparación del asesinato” (“La Tercera”, 24.09.16, p. 14). Luego, el único testigo válido que aparece en la “desclasificación” desmiente el título de la información.

   ¿Quién más lo desmiente? El senador Juan Pablo Letelier, hijo del asesinado, quien declaró en “El Mercurio” de 04.06.95 lo siguiente: “Lo que he dicho una y otra vez, porque me enseñaron a hablar con la verdad, es que no hay ninguna evidencia que fluya del proceso de miles de fojas que permita sostener que hay participación del Ejército ni de su comandante en jefe en el asesinato de Orlando Letelier”.

          En realidad, la CIA no tuvo parte en la investigación norteamericana del asesinato, que estuvo siempre y desde un principio a cargo del FBI. En Chile lo investigaron los tribunales de justicia y de ellos no surgió condena alguna contra Pinochet, por ser ajeno al caso. Tan ajeno era que, cuando se descubrió que quien había puesto la bomba era el norteamericano residente en Chile Michael Townley, Pinochet le encargó a la CNI, dirigida por el general (r) Odlanier Mena, averiguar quién era dicha persona, porque nada sabía de ella. Naturalmente, al primero que interrogó Mena fue al general (r) Manuel Contreras, ex director de la disuelta DINA. Este también negó conocer a Townley. Pero Mena lo llevó ante Pinochet.

“El Mercurio” de 2 de abril de 2000 informó lo siguiente, en una crónica titulada “Y lo Negó Tres Veces”: “Pinochet le preguntó a Contreras: ‘Categóricamente, dígame si tiene alguna relación lejana o que usted no sepa, con este individuo’. ‘No, ninguna, mi general’, respondió Contreras. Tres veces le preguntó lo mismo. ‘Como máximo podría haber sido un informante, pero jamás un agente de la DINA’, reiteró Contreras. Entonces Pinochet planteó: ‘Quiere decir que tenemos que expulsar a Townley. ¿Usted se opone a eso?’ ‘No, por ningún motivo, si no tiene nada que ver con nosotros’, dijo Contreras”.

Yo tuve un testimonio personal de la ignorancia de Pinochet sobre el atentado un año después de éste, pues fui invitado en 1977, junto con otros directores de diarios (yo lo era de “La Segunda”) a asistir con el Jefe del Estado a la firma del Tratado del Canal de Panamá en Washington. Una mañana leí en el “Washington Post” una columna de Jack Anderson según la cual había “funcionarios chilenos involucrados en el asesinato de Letelier”. Era primera vez que se publicaba algo así. Esa tarde nos reunimos con el Presidente en la embajada chilena, y yo le hice ver lo que decía Anderson, lo que lo enfureció. Me dijo algo así: “¡Cómo puede siquiera repetir eso, que es una canallada! Usted no sabe el perjuicio que nos provocó ese atentado, que interrumpió el otorgamiento de préstamos a Chile que se tramitaban en esos mismos días”. Cuando yo le insinué que podría haber sido una acción de la DINA de la cual él no tuviera conocimiento, me dijo (evidentemente equivocado): “Yo sé todo lo que hace la DINA y jamás podría haber estado envuelta en eso”.

Después de asilado Townley en los EE. UU. tras su delación compensada, declaró que, al enterarse a través del general Contreras que nada se había informado al Presidente Pinochet sobre el atentado, él le habría replicado: “Una decisión así no debería haberse tomado sin su conocimiento”.

Lo que nunca se va a aclarar es el papel de los norteamericanos en ese atentado y en el del general Carlos Prats. Nunca se va a aclarar, porque no hay interés ni medios para investigarlo y porque ha muerto el principal testigo y protagonista de los hechos, el general norteamericano Vernon Walters, connotado agente secreto muy amigo del general Contreras (pese a que ni siquiera menciona a éste en sus memorias, tituladas “Misiones Discretas”, que leí íntegramente; tal vez si hubiera escrito otro tomo sobre “Misiones Muy pero Muy Discretas” habríamos sabido algo más).

Letelier era un activo e incómodo (para los EE. UU.) agente de Fidel Castro en Washington. Y del contenido de su maletín, recuperado por los norteamericanos tras el atentado, nunca se ha logrado saber nada.

En resumen, este nuevo montaje de subalternos izquierdistas de la CIA, carente de toda seriedad y sustancia, se añadirá a la lista de otros, como “el oro de Pinochet” en el Banco de Hong Kong y Shanghai, un completo invento; la “fortuna de Pinochet de 27 millones de dólares”, que nunca apareció por ninguna parte, pues está limitada a los dos millones embargados por los tribunales chilenos y algunos inmuebles de su propiedad cuyas contribuciones paga su viuda cuatro veces al año pidiendo que el tribunal libere fondos para poder solventarlas e impedir el remate judicial de las propiedades; y las supuestas torturas a un joven, en 1989, en una remota comisaría de Curacautín, que fue lo único que encontraron los “altos lores” británicos, para mantener su detención en Londres en 1998.

Hay una ironía histórica en todo esto: el historiador Paul Johnson, en su libro "Héroes", designa como tal a Pinochet, pero reconoce que el KGB soviético, "antes de ser lanzado al basurero de la historia", logró demonizar al general a los ojos del mundo. La ironía reside en que el papel del KGB ahora lo asume la CIA.

Pues el falso titular periodístico es, en definitiva, lo único que queda y lo que forma la opinión de la pobre gente que mal lee diarios, mal ve TV y mal oye radios. Cambiar eso es una misión imposible. Pero es mi misión.

jueves, 22 de septiembre de 2016

No Hay Bien Que Por Mal No Venga


           Yo he designado al ministro Carroza para encabezar el funeral del estado de derecho en Chile, pero creo que, por una de esas paradojas que nos prodiga la Historia, ese ministro está terminando por jugar un papel fundamental para hacer público algo que los chilenos contemporáneos desconocen casi por completo: la Verdad Histórica.
        
           Al ministro Carroza lo tienen sin cuidado las leyes, como a todos los jueces de izquierda actuales, que son amplia mayoría. Él, por sí y ante sí, ha dado por derogadas las de amnistía, prescripción y cosa juzgada, pilares de un estado de derecho. Pero, al hacerlo, vuelve a actualizar los hechos, y paradójicamente eso resulta bueno.

A raíz del “caso Cheyre” va a reabrir el expediente de la comitiva del general Arellano, con infracción de varias leyes. Pero, sorprendentemente, lo hará en términos que ayudarán a vigorizar un ingrediente sanador del odio, como lo es la verdad. Ya resucitó el año pasado el “caso Quemados”, estando prescrito y juzgado, y consiguió ese resultado. La “historia oficial” había consagrado una gran mentira: que el Gobierno Militar quemó a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas  “por pensar distinto”, como dijo el senador Ossandón en una “gaffe” reveladora del alcance que ha tenido la falsificación de la verdad. Pues el veredicto de la justicia había dicho hace treinta años que ambos extremistas portaban artefactos incendiarios para lanzarlos a los vehículos de locomoción y quemar pasajeros, cuando fueron sorprendidos por una patrulla y, tras quebrarse accidentalmente uno de los depósitos explosivos de cristal, Quintana y Rojas resultaron quemados, siendo subidos a la patrulla. A petición propia y para no ser llevados a un hospital y quedar detenidos, fueron bajados en un lugar apartado. Ello originó la condena por cuasidelitos de homicidio y lesiones del teniente a cargo de la patrulla.

Esa fue la verdad, pero la “historia oficial” siguió siendo que fueron quemados “por pensar distinto”, lo que siguió creyéndose así hasta que el juez Carroza trasgredió la prescripción y la cosa juzgada, reabrió el proceso el año pasado y encarceló a todos los conscriptos de la patrulla y a un oficial que no tenía nada que ver con ella. Al final resultó que uno de los conscriptos, Leonardo Riquelme Alarcón, confesó algo que nunca había dicho antes: haber sido él quien, accidentalmente, volcó uno de los recipientes de vidrio altamente explosivos que portaban Quintana y Rojas, como resultado de lo cual fueron quemados, por estar tendidos en el suelo en el momento de su detención. Y finalmente el oficial injustamente imputado por Carroza de participar en los hechos, y que fue objeto de acusaciones con gran publicidad, quedó libre de cargos. En definitiva, se aclaró que el Gobierno Militar nada tuvo que ver en el episodio y que nada habría sucedido a Quintana y Rojas si no se hubieran concertado para incendiar buses y quemar pasajeros y una patrulla no los hubiera sorprendido en eso.
          
           De paso, de once hombres modestos que eran conscriptos en 1986 y formaban la patrulla, nueve mantuvieron su versión de entonces, aun sabiendo que otros dos, que la cambiaron al gusto de Carroza y del oficialismo, fueron recompensados y no se vieron privados de libertad. Eso renovó nueve onceavas partes de mi fe en los chilenos, en momentos en que hay tan pocas razones para mantenerla incólume.

          Ahora el juez Carroza, con motivo del “caso Cheyre”, nuevamente trasgrede la prescripción y la cosa juzgada, pero además también la amnistía, al reabrir el caso de la comitiva del general Arellano, de octubre de 1973. Esto a raíz de que la prensa y la justicia de izquierda están reduciendo a escombros la expectable muralla de inmunidad que se había labrado el general Cheyre bajo el reinado de la Concertación, gracias a su “nunca más” y a haberse congraciado con la extrema izquierda, echándole la culpa de todo lo malo acontecido en Chile a su Ejército, con estas tan memorables cuanto históricamente erradas palabras suyas publicadas en “El Mercurio” de 10 de diciembre de 2004: “El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.

          ¡Es decir, Allende y la UP tenían a diez mil hombres en armas (Altamirano) y más de diez mil extranjeros (Aylwin) para dar el golpe de mano el 19 de septiembre de 1973, de acuerdo con su autentificado “Plan Z” (Gonzalo Vial)  –-amenaza que explica el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 llamando a los militares y la acción de éstos del 11 de septiembre siguiente— y resultaba al final que, según Cheyre, la culpa de todo era del Ejército de Chile!

          Bueno, eso explicó por qué ese general se convirtió en “hijo favorito” de la izquierda y la Concertación y ocupó expectables posiciones en la Universidad Católica y en la Dirección del Servicio Electoral, sin sufrir la menor “funa” ni procesamiento o condena, hasta que se cumplió una de las reglas de todas las revoluciones, como lo es la de que ellas terminan devorando a quienes las impulsan y prohíjan.

          Escribo bajo el influjo provocado por la lectura de un artículo del analista Fernando Balcells en “El Mostrador”, que no puede ser más lapidario e inculpatorio para Cheyre y el Gobierno Militar ni estar más alejado de todo concepto de la culpabilidad que tuvo la izquierda en Chile, como lo expresó Frei Montalva en su carta a Mariano Rumor en 1973: “A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación –y lo digo sin eufemismo alguno—corresponde al régimen de la Unidad Popular”.

Pues, en la “versión Balcells de la Historia” –apoyada en la autoinculpación  de Cheyre— toda la responsabilidad fue de los militares. Y ahora le pagan a aquél con la persecución y la denostación.

El “caso Caravana”, que no había tocado a Cheyre y había servido para condenar a otros por “haber estado ahí” y, en ciertos casos, aun sin “haber estado ahí” (muertes en Copiapó) se le ha venido encima también a él y ha debido renunciar a la Universidad Católica, donde tenía un alto cargo como “ex militar ‘bueno’”, y al Servicio Electoral, que llegó a dirigir antes de que la prevaricación se le viniera encima como a un ex uniformado cualquiera.

          Y el ministro Carroza ahora reabre el caso. Yo escribí un libro, “La Verdad del Juicio a Pinochet”,  basado en el expediente instruido por Juan Guzmán Tapia, de triste memoria y que tuvo su minuto de fama mundial cuando, sin ninguna base, procesó a Pinochet por él. Mi libro puede bajarse a los computadores, pagando una módica suma, en esta misma página. Pues bien: la ilegal reapertura decretada por el juez Carroza va a confirmar, estoy cierto, todas las tesis de ese libro acerca de la inocencia de Pinochet y Arellano en las muertes provocadas por miembros de esa comitiva sin conocimiento de sus superiores; y de paso va a confirmar la absoluta inocencia del propio Cheyre en los fusilamientos ilegales de La Serena.

          La “Caravana de la Muerte” ha sido el pivote fundamental de las peores imputaciones de atropellos a los derechos humanos formuladas contra el Gobierno Militar. Pues bien, auguro que la nueva prevaricación del ministro Carroza va a permitir a la opinión pública enterarse de gran parte de la verdad y de ello va a salir mucho mejor parada la imagen de la Junta Militar en general y de Augusto Pinochet en particular.

          “No hay bien (la verdad histórica) que por mal (desconocer la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada) no venga”. El refrán original reza: “no hay mal que por bien no venga”, pero quiere decir lo contrario, como recién lo cité. Yo atribuía este error a una cojera genética del raciocinio de los chilenos, pero lo encontré, también mal expresado, en el Quijote, que es de hace quinientos años, de modo que la cojera genética de nuestro raciocinio parece que nos viene del ancestro hispano. Sea como fuere, el bien de saber la verdad lo deberemos al mal de la prevaricación del juez Carroza y se lo tendríamos que agradecer.

lunes, 19 de septiembre de 2016

La Vida Bajo la Dictadura Actual


          No sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos viviendo en dictadura. Es la que ejercen conjuntamente la izquierda, el centro y la derecha “políticamente correcta” (que sólo se atreve a decir lo que le permite la izquierda). En conjunto son la corriente dominante. Los “incorrectos”, que pensamos por nuestra cuenta, no tenemos libertad de expresión. Y pruebo que vivimos bajo una dictadura.

          Como preveíamos el torrente de falsedades oficiales con motivo del último 11, contenidas en múltiples programas de TV y publicaciones culpando al Gobierno Militar de haber ejercido la violencia contra “opositores políticos”, quisimos presentar un testimonio fidedigno de cómo el terrorismo de izquierda, preparado para matar y tomarse el poder en 1973, asesinaba militares todavía entre 1978 y 1986.

          En realidad, una de las causas principales del 11 -–dignas de que “El Mercurio” les dedicara un “doble editorial”, como el que destinó el 18 a explicar las causas de esa efeméride, sobre todo si la del 11 es la que la sigue en importancia en nuestra historia— fue la agresión armada que amenazaba tomarse el poder en 1973 y que tenía fecha tentativa para hacerlo, el 19 de septiembre de ese año, como explícitamente lo señalara el “Plan Z”, ampliamente autentificado por el historiador Gonzalo Vial en declaraciones a “La Tercera” que he citado repetidamente.

Era fácil probar los asesinatos entre 1978 y 1986, porque el 26 de mayo de este último año los principales diarios publicaron dos páginas con las fotos de 47 militares y policías muertos, con detalles de los atentados. Esas páginas no fueron nunca desmentidas. Entonces les pedimos a los diarios que volvieran a publicarlas, pero no estaban dispuestos a hacerlo motu proprio. En consecuencia, ofrecimos pagarles por la inserción, pero nos dijeron que debían censurarla. Cedimos. Como había dinero para un solo diario, finalmente la publicamos en el que cobró menos, "La Tercera". Y pagamos, pero sólo publicó parte de sus dos páginas aparecidas en 1986, censuradas. No nos rebajó del precio el espacio que censuró. He referido el episodio en mis blogs anteriores y en particular en el último anterior a éste, en que demuestro cómo uno de los candidatos presidenciales de la actual dictadura, Sebastián Piñera, ejerce una influencia decisiva para impedir el ejercicio de la libertad de prensa a los partidarios del Gobierno Militar, al cual siempre se opuso en lo político y del cual medró ampliamente en lo económico, como lo documenta el libro “Crónica Secreta de la Economía Chilena” de Carlos Tromben.

          Con todo, comprendimos a “La Tercera”, porque la dictadura la ejercen también los jueces designados por ella, que son amplia mayoría, y éstos, que aplican sus propias “leyes” e inventan delitos inexistentes, como es bien sabido, pueden sacar otro conejo del sombrero y condenar a un diario que contradiga la “historia oficial”, según la cual los grupos armados de izquierda no existieron, sino que los militares combatieron por las armas sólo a “opositores políticos”. Pues la “historia oficial” ha censurado también las confesiones de Altamirano sobre los diez mil hombres en armas de los partidos de la UP y las de Aylwin ’73, que estimaba en “más de diez mil extranjeros” el aporte foráneo a la revolución armada en ciernes.

          Sea como fuere, tras aparecer la inserción el día 11, censurada y todo, las “redes sociales”, ampliamente dominadas por la actual dictadura, estallaron contra la publicación. Los periodistas y el sindicato de “La Tercera”, serviles a la dictadura, protestaron contra la dirección por admitir el inserto. Generalmente esta noticia habría merecido cartas de los lectores, pero la dictadura no las admite, así es que no apareció ninguna, incluida la que yo mandé a “La Tercera” expresando mi extrañeza por la protesta de sus periodistas contra la libertad de prensa.

          Como este blog forma parte de la historiografía que estudiará la posteridad, y, tal como los que recopilé en mi libro “El Gobierno de Piñera”, aparecido en 2014, a su turno formará parte de otro titulado “El Gobierno de Michelle 2.0”, que editaré en 2018 (ejemplares que enviaré a la Biblioteca del Congreso de los EE. UU., como otros libros míos, que me han agradecido elocuentemente) dejo constancia de este episodio para que los verdaderos historiadores puedan juzgar la actual dictadura imperante en Chile a la luz de las realidades, como las vividas por los derechistas “políticamente incorrectos" en estas semanas, y no de la tantas veces falsificada “historia oficial” de la corriente dominante.

          En todo caso, al final de este triste episodio, como en el poema de Pezoa Véliz, y tras “la última paletada” de tierra sobre los restos de la libertad de prensa en Chile, “nadie dijo nada… nadie dijo nada…”

sábado, 17 de septiembre de 2016

Piñera Compró También el Once


          El 11 de septiembre es la segunda efeméride nacional en importancia histórica, siendo la primera, por supuesto, el 18 del mismo mes. Pues aquella fecha representó un cambio histórico revolucionario, equivalente a un renacimiento de la nación “desde sus cenizas”, como reza el título referido a ella del libro del historiador norteamericano James Whelan (“Out of the Ashes”) fallecido hace pocos años.

          Por eso es increíble cómo esta fecha ha sido olvidada y, más que eso, soterrada en Chile. ¿Cómo ha podido acontecer tal cosa? Yo les voy a explicar cómo: Sebastián Piñera la compró y la sepultó. Él tiene una inmensa fortuna, que en este momento está dedicada preferentemente a rendir tributo a su mayor ideal: la exaltación de su propia persona. Oscar Wilde escribió que cuando uno se enamora de sí mismo, suele iniciar un idilio que dura toda la vida. Y ahora Sebastián está en campaña desatada para volver a ser Presidente.

Pero ¿qué necesidad tenía de sepultar el Once? Una evidente: él se declaró siempre contrario a esa gesta. Fue opositor del Gobierno Militar y públicamente votó “No” en los plebiscitos de 1980 y 1988. Transitoriamente se trasladó al “Sí” cuando le convino, al convertirse en generalísimo de su candidato en la elección presidencial de 1989, Hernán Büchi. Desde entonces ha jugado a dos bandas, rindiendo tributo al “No”, pero saliendo elegido, primero Senador y luego Presidente, con los votos del “Sí”. Claro, a éstos les pagó declarándolos “cómplices pasivos” de delitos contra los DD. HH. en el 40° aniversario del Once, durante su gobierno, la mayoría de cuyos ministros, altos funcionarios y jefes de servicio habían sido partidarios o funcionarios del Gobierno Militar. Su Presidente les puso medalla de criminales. La verdad del Once debe ser enterrada para siempre, entonces.

¿Cómo aguantaron eso sus funcionarios? Porque la derecha aguanta todo, con tal de tener el poder. En este momento las encuestas dicen que apoya a Piñera el 71 por ciento de la gente que se declara de derecha. ¿Por qué? Porque creen que va a ganar. Porque la encuesta CEP dice que va primero con 14 por ciento y le sigue Lagos con sólo 5 por ciento. Pero pocos se dan cuenta de que al 62 por ciento de la gente no tiene candidato, no le gustan los que hay. Es decir, casi dos de cada tres chilenos son más exigentes y esperan que haya una mejor alternativa. Por eso muchos nos movemos por otras candidaturas. En mi caso, la de José Antonio Kast, que reúne las firmas ante notario para participar en la primera vuelta presidencial. Un tipo decente, articulado, probo y de una sola línea, defensor de la sociedad libre que nos legó el Gobierno Militar.

Pero nótese algo digno de observarse: el 71 por ciento de la derecha vota por Piñera, pero el 62 por ciento de la ciudadanía no vota por él ni por ninguno de los que se están presentando. Es decir, al 71 por ciento de la derecha, la cual fue el sustento político del gobierno cívico-militar, no le importa nada que Piñera los criminalice, no le importa el prontuario de Piñera ni que esté hasta el cuello en la fiscalía con facturas ideológicamente falsas para su campaña y acusado de soborno a funcionarios kirchneristas. Lo único que le interesa a ese 71 por ciento es ganar “no me pregunten cómo” (frase de Piñera cuando ordenó destruir un zepelín de mi campaña senatorial en 1989, que estaba frente al Parque Arauco, y un tipo decente de su comando llamó al nuestro pidiendo que lo bajáramos –cosa que hicimos-- para que nadie resultara herido).

Por eso es un chiste de los dirigentes de Chile Vamos el anuncio de que les van a pedir un “certificado de probidad” a sus candidatos municipales, a sabiendas de que no se lo pueden pedir a su más probable candidato presidencial.

El hecho fue que el Once, sepultado por Sebastián y que, obviamente, sólo iba a ser (y fue) entonces recordado por la izquierda “a su manera”, con un gran tributo a Allende, no se habría celebrado en ninguna parte si un grupo no hubiera rendido homenaje a militares asesinados entre 1978 y 1986 por el MIR y el FPMR, y a través de ellos no hubiera agradecido al Gobierno Militar la gesta libertadora. Apareció en “La Tercera”, como inserción pagada, pero con sus lecturas (nombres de los asesinos y abogados defensores) censurados. Así lo exigió el diario.

En “El Mercurio” no apareció nada en la efeméride. Como si el Once hubiera sido “un domingo más”, como una vez dijo Cheyre (en rigor, dijo “un sábado más”, porque caía en sábado y él, a la sazón comandante en jefe, no iba a hacer nada). En otros diarios que vi, tampoco salió nada. Pero dicen que la inserción pagada provocó revuelo en La Moneda. Por supuesto, el lavado cerebral masivo ha hecho desaparecer de la memoria colectiva la agresión armada marxista. El país fue dividido por el lavado de cerebros entre “militares” por un lado y ”víctimas” por el otro. Así lo confesó el propio general Cheyre en 2004, cuando presentó su rendición incondicional (que al final de poco le sirvió). Pero nuestro aviso del Once probaba que las “víctimas” asesinaban a militares cuando podían. Y eso no se podía tolerar.

Pero parecía que nadie iba a decir nada, hasta que en “La Segunda” el ideólogo de izquierda Alfredo Joignant escribió un artículo notable el jueves 15. Notable por los rasgos del país en que él vive, que es el de los “cerebros lavados”. Reproduzco algunos acápites: “Tras varios años de silencio, el pinochetismo criollo, hoy exótico, publicó un inserto de dos páginas en un diario de la plaza. … La reacción escandalizada de tuiteros y lectores furiosos no se hizo esperar, lo que se explica por la repetición pesadillesca de un lenguaje en desuso no muy distinto de la lengua muerta. … Este inserto es expresivo de una memoria rota, inaudible… Definitivamente, un caso extraño: nunca antes había visto algo así”.

Obvio, pues la izquierda ha reescrito la historia y la derecha ha comprado su versión, que también es la de Piñera. El ejército extremista de diez mil chilenos confesados por Altamirano y más de diez mil extranjeros denunciados por Aylwin en 1973 se esfumó de la memoria colectiva. Sólo había un bando armado, que mataba a “víctimas” inermes.

Los periodistas de “La Tercera” amenazaron y protestaron contra su propio diario por la publicación. Yo le escribí una carta a su Director en defensa de la libertad de expresión, que por supuesto no publicó. Es que vive un momento delicado. En Chile no se puede rebatir impunemente la “verdad oficial”, y la inserción lo hizo.

Ha hecho bien Piñera en comprar y soterrar el Once. La verdad de la fecha y del gobierno que la siguió, como la de su propio prontuario, sólo le puede traer problemas.

jueves, 15 de septiembre de 2016

Periodismo Contra la Libertad de Expresión


          Muchas personas se han abismado de la protesta contra su propio diario de periodistas de “La Tercera” y de su Sindicato de Periodistas y Afines, como también del Colegio de Periodistas, por el hecho de que aquél haya publicado una inserción pagada reproduciendo dos páginas que ya habían aparecido en el periódico en 1986, con fotos de uniformados y policías asesinados por el terrorismo de izquierda, bajo un titular de agradecimiento a los sacrificios de las fuerzas armadas y de orden por la gesta libertadora del 11 de septiembre de 1973. La califican de "antidemócrata".

          Creo que desde que existían regímenes nacistas y comunistas (de los cuales quedan todavía especímenes menores, como Cuba y Corea del Norte) no se veía a periodistas afines al oficialismo romper lanzas contra la libertad de información. Resulta penoso que esto se reedite en el Chile de hoy, confirmando que se cumple el deseo de S. E. de que nos parezcamos cada vez más a la RDA.

          Lo esperable y lógico habría sido que el periodismo hubiera protestado contra el cercenamiento que sufrió nuestra inserción, porque ella se publicó censurada por “La Tercera” (que no rebajó del precio del aviso las líneas que borró). “El Mercurio”, cuando quisimos contratar la inserción allí, tampoco aceptó re-publicar sus propias páginas de 1986 y manifestó que sólo lo haría censurando partes de su texto. Finalmente optamos por “La Tercera” por darnos más facilidades y cobrar un precio menor. También el diario digital “El Mostrador” se negó a aceptar la publicación pagada de ambas páginas y la lista de 400 patrocinantes de la inserción.

Un contribuyente en dinero a la publicación nos demanda impetrar ante el Sernac la Ley del Consumidor, para pedir una sanción contra los medios que se negaron a publicar el material solicitado, a título de que cometieron la infracción de “negativa de venta”, que está penada, lo mismo que la venta condicionada a la censura previa. Pero no tenemos la intención de hostilizar a los diarios, porque sabemos que son presa del temor a la justicia de izquierda que impera en el país y prevarica impunemente, condenando a personas por delitos inexistentes, como el “secuestro permanente”, que un juez de izquierda confesó que era una “ficción judicial”; o por “delitos de lesa humanidad”, tipificados sólo a partir de 2009 en nuestro medio, con la expresa declaración de que no pueden aplicarse retroactivamente (innecesaria, porque nuestra Constitución y el derecho penal ancestral consagran la irretroactividad de la ley penal).

Pero el hecho es que, aprovechando este vistoso atropello del “estado de derecho”, cualquier abogado de izquierda puede sentirse confiado en la parcialidad de los jueces y querellarse contra un diario diciendo que es delito publicar el nombre del autor de un atentado, y finalmente cobrar una cuantiosa indemnización, aunque el diario ya antes haya publicado eso en 1986, sin que ello constituyera delito. Es uno de los costos de tener una justicia de izquierda.

El punto está en que sean los periodistas los que repudien la publicación de la información y apoyen la censura total. Esto revela el grado al que ha llegado la manipulación de la verdad histórica en nuestro país: no se pueden siquiera dar a conocer los crímenes terroristas ni la amenaza armada que representaban los grupos guerrilleros de extrema izquierda. Les es preciso borrar de la “historia oficial” hasta documentos que deberían formar parte de la investigación historiográfica, como los que aparecían publicados en los diarios de hace treinta años.

Es frecuente que la izquierda proteste porque, dice, los principales medios “están en manos de la derecha”. El reciente episodio sirve para desmentir eso, pues sólo ha conseguido demostrar que, en los hechos, tales medios están controlados por la izquierda, a tal punto que no pueden siquiera publicar sin censura un documento aparecido en ellos mismos hace treinta años y que revelaba víctimas caídas a manos de la acción armada extremista, oficialmente hoy única “víctima”.

Lástima grande es, entonces, que hasta la propia derecha se haya hecho parte de este cuadro de desinformación general que vivimos en el Chile actual.

domingo, 11 de septiembre de 2016

La Única Celebración del Once


          Ahora que prácticamente todos son del “No” (la izquierda, todos sus candidatos y la derecha con el que ha comprado sus restos náufragos y hasta ha llegado a criminalizar al “Sí”; y los demás que se “han dado vuelta la chaqueta”), el esfuerzo para celebrar el Once, la efeméride más importante de la historia patria después del Dieciocho, resulta ímprobo. Pues sólo hay “contraconmemoraciones”, como la llevada a cabo en La Moneda por todos los que se han travestido: los agresores (iban a destruir la “democracia burguesa” por las armas) se han convertido en “víctimas”; los totalitarios (querían otra Cuba y la URSS era su “hermana mayor”), se han travestido de “demócratas”; los kerenskys de Frei Montalva y Aylwin, que aplaudían a los militares en 1973 y después, ya pasado el miedo, los mandaron presos para ganar el voto comunista.

          El único destello de verdad histórica de la fecha fue la publicación de dos páginas en “La Tercera” de hoy, con los retratos de 47 servidores públicos asesinados por la guerrilla marxista entre 1978 y 1986, si bien con algunos datos censurados, porque la prensa no tiene libertad de informar, pese a que el mismo diario y otros habían publicado ambas páginas, sin censura, en 1986. Pero ahora tienen temor a la justicia de izquierda que impera entre nosotros. Los diarios saben que un abogado comunista puede querellarse contra ellos si publican el nombre de un asesino de un militar. Y así puede obtener una condena y una indemnización. A cada rato siguen condenando a militares a 40 años de los hechos, sin pruebas, y obteniendo millonarias indemnizaciones. Y los uniformados activos miran para otro lado.

          ¿Por qué publicamos el aviso en “La Tercera”? Porque puso menos problemas y cobró un millón de pesos menos que “El Mercurio”. Y no teníamos fondos para publicarlo en ambos diarios. Es el único recordatorio de la fecha en los diarios que leí. No pocos patriotas con memoria han izado la bandera, pero la contra-conmemoración ha quedado en manos de la izquierda.

          Ésta se encuentra alarmada porque la Corte de Apelaciones ha reconocido que al  brigadier Miguel Krassnoff, condenado a 267 años de presidio sin ninguna prueba que no sea el testimonio de docenas de testigos llevados por los abogados comunistas, tiene derecho a la libertad condicional. Pero ya los cultores del odio anticipan que los presos políticos militares no tienen derecho al beneficio. Lleva once años preso. El ministro sumariante que más años le impuso, Alejandro Solís, reconoció ante mí, en la TV, que condenaba sobre la base de una “ficción jurídica” (la de que Krasnoff mantiene hasta hoy secuestradas a numerosas personas). Sin esa ficción tendría que aplicar la amnistía y la prescripción. La más odiosa persecutora de los presos políticos militares, con la posible excepción de Lorena Pizarro, es la ministra de Justicia Javiera Blanco, quien afirma que a esos presos no les corresponden los beneficios carcelarios que a los autores de delitos comunes. Eso no está en ninguna ley. Es sólo odio. Porque en Chile el odio tiene fuerza legal.

          En una oportunidad el brigadier Krassnoff me dijo que, en rigor, él nunca había detenido a nadie, salvo que se considerara como “detención” el haber llevado en brazos a la pareja del terrorista Miguel Enríquez, herida cuando éste fue abatido en la calle Santa Fe, para entregarla a una ambulancia. Todo dicen que fue “torturador”. Cuando le pregunté, me dijo: “Nunca torturé a nadie ni en mi presencia se torturó a nadie.” El juez Solís nunca lo interrogó, pero cuando ya estaba por jubilar por edad lo llamó a su comparecencia, para conocerlo. Es que le había impuesto más de un centenar de años de presidio y nunca había hablado con él. Muchas veces lo procesó sin siquiera tomarle la declaración indagatoria, esencial en el proceso penal. Simplemente fotocopiaba otra de otro proceso en su contra, porque todos los abogados comunistas se querellaban contra Krassnoff por cualquier cosa. Debe haber sido “por órdenes superiores” de la “Hermana Mayor”: en la URSS su abuelo y su padre cosacos habían sido colgados por Stalin en la Plaza Roja de Moscú.

          Pero los del “Sí” hemos logrado que también en “La Tercera”, por lo menos, aparezca en las encuestas el único candidato que tenemos, José Antonio Kast. Antes ni siquiera aparecía. Estamos juntando firmas para que participe en primera vuelta. No es pequeño el desafío, contra una veintena de rivales del “No”, tanto de izquierda como de derecha.

          ¡Qué distinto del 11 de septiembre de 1973, cuando el país celebraba y Frei escribía a Europa que “se levantan banderas en las poblaciones”!

jueves, 8 de septiembre de 2016

Avatares de una Conmemoración Histórica


          Al acercarse la conmemoración de la segunda efeméride más importante de la historia de Chile, el 11 de septiembre de 1973, los que profesamos un recto conocimiento de los hechos del pasado reciente quisimos hacer una publicación similar a las que realizamos en 11/9 anteriores, cuando reprodujimos la Carta de Frei Montalva a Mariano Rumor y el Acuerdo de la Cámara de Diputados llamando a las fuerzas armadas a poner término a la situación existente en 1973. 

         Esta vez elegimos dos páginas aparecidas en los principales diarios del país el 26 de mayo de 1986, con los retratos de 47 mártires de las fuerzas armadas y de orden asesinados por el terrorismo marxista entre el 19 de abril de 1978 y aquella fecha. Como la “historia oficial” divulgada en Chile a partir de 1990 “hizo desaparecer” al ejército extremista que la izquierda formó, y consagró la idea de que el Gobierno Militar reprimía sólo a “disidentes políticos” inocentes y desarmados, esas dos páginas de casi medio centenar de caídos bajo el fuego extremista prueban que a comienzos de los ’80 el contingente de la izquierda terrorista no sólo seguía activo, sino que se había reactivado con guerrilleros formados en Cuba por decisión históricamente documentada de Gladys Marín, Orlando Millas y Volodia Teitelboim. Tanto así que, meses después de esa publicación, el atentado contra el ex Presidente Pinochet, perpetrado por el brazo armado comunista, añadió otras cinco víctimas a la nómina publicada en mayo. En otro gesto de coraje político el diputado Ignacio Urrutia ha rendido ayer homenaje en la Cámara a los uniformados caídos en ese atentado.

          Es sintomático del Chile de hoy que los autores intelectuales confesos de estos últimos cinco asesinatos estén impunes y ostenten dignidades públicas (Guillermo Teillier es diputado y César Bunster concejal), mientras Punta Peuco se hace estrecho para contener a los uniformados acusados de haber dado muerte a terroristas, protegiéndonos a los civiles de sus atentados, aunque estos presos sean octogenarios, estén enfermos (uno acaba de morir en estos días) o sufran de alzheimer. Es que, según la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Izquierda, la prescripción exime de responsabilidad a Teillier y Bunster por patrocinar atentados pero no a los uniformados por impedirlos.

          De hecho, éstos han pasado a ser el sector más débil de la nacionalidad, y sólo les acompañarán en su debilidad los que estén por nacer, si se aprueba la ley de aborto que autorizará matarlos impunemente en las primeras semanas de la gestación.

          Entonces, pensábamos reproducir el próximo domingo 11 en “El Mercurio”, bajo un titular expresando nuestro agradecimiento patriótico, las referidas dos páginas con los 47 mártires y las circunstancias de sus muertes, los responsables de las mismas y abogados defensores, pero la superioridad del diario dispuso que no podía aceptar la publicación. Acudimos entonces a otro matutino, "La Tercera", donde encontramos acogida y un precio un millón de pesos menor ($13 millones), cifra que justamente hemos completado en estos días y ya hemos pagado. Casi 400 personas contribuyeron a la patriótica causa. Ha quedado un saldo de dinero para publicar las firmas de los donantes que quisieron aparecer (algunos prefirieron el anonimato) y eso se contratará en el diario digital “El Mostrador”. También aparecerá en el diario digital “Chile Informa”, dirjgido por Fernando Martínez Collins, uno de los patrocinadores de la idea, junto a Yerko Torrejón Koscina y el autor de este blog.

          Este esfuerzo es poco significativo frente a la marejada de la “Historia Oficial”. El viernes tuve oportunidad de ver cómo opera ésta: en Teletrece, en un cuidado montaje y a propósito de nada, como no sea publicitar imágenes desfavorables al Gobierno Militar, aparecieron el ministro Mario Carroza (que va a la cabeza del funeral del estado de derecho en Chile) y Carmen Hertz, viuda de un fusilado en Calama en octubre de 1973, ilustrando la escena con la exhumación de una vistosa calavera. Era un montaje, porque de los restos del marido de Carmen Hertz sólo se hallaron pequeños trozos, y no una calavera, dado que durante el Gobierno Militar se retiraron todos los restos enterrados en el desierto. Ella aprovechó de culpar al general Arellano de la muerte de su marido, en circunstancias de que está archicomprobado que no tuvo nada que ver en ella. Las pruebas están en mi libro “La verdad del Juicio a Pinochet”, que puede adquirirse en el mismo sitio de este blog. Aprovecharé de sintetizar esa verdad a continuación, para acreditar la falsedad del montaje de Teletrece-Carroza-Hertz.

          El general Arellano se hallaba visitando la fábrica de explosivos Dupont, cerca de Calama, cuando un oficial bajo su mando, por sí y ante sí, ordenó sacar a numerosos detenidos y llevarlos a un lugar desértico cercano, donde procedió a ametrallarlos. Cuando Arellano volvió al regimiento se horrorizó tanto de lo sucedido que despegó en su helicóptero hacia Antofagasta, donde llegó de madrugada. A primera hora de la mañana siguiente presentó al responsable de los fusilamientos al Jefe de Zona y comandante del regimiento local, general Lagos Osorio, que tenía amplias atribuciones judiciales para investigar y sancionar los hechos, pero se negó a hacerlo. 
        
         Todo esto se comprobó e investigó judicialmente en los ’80 y se aplicó la amnistía. Posteriormente, en 1999, en el juicio contra el Presidente Pinochet incoado por el ministro Juan Guzmán, se reabrió ilegalmente la investigación de hechos prescritos, amnistiados y cubiertos por la cosa juzgada, donde quedó ratificada la ninguna injerencia de Arellano o Pinochet en esos fusilamientos. El verdadero responsable de ellos entró sólo el año pasado a Punta Peuco a cumplir condena, pues los jueces de izquierda siempre antes lo dejaron libre, porque les decía lo que ellos querían oír: que Arellano y su jefe Pinochet le habían ordenado fusilar, siendo que ninguno de ambos siquiera supo de las ejecuciones ilegales hasta después de cometidas.

          Nuestra publicación del próximo domingo, con motivo de la efeméride –si aparece—, será sólo una gota en el océano de la falsificación histórica que ha lavado los cerebros chilenos desde 1990; pero esperamos que esa gota mantenga viva la esperanza, porque, como dice nuestra Declaración de Independencia, “el período de nuestro sufrimiento no puede durar más que el de nuestra debilidad”, y mientras tengamos fuerza para sacar la voz, creeremos que ese período va a terminar.