De Poncio Pilatos a Pinochet

      Como católico que soy, rezo un rosario todas las noches. Lo comienzo con el Credo y repito esa parte donde dice que Jesucristo “padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado…” Y siempre hago reserva mental de que así se condena implícita pero injustamente a Poncio Pilatos, en circunstancias que quienes hicieron crucificar a Cristo fueron el Sanedrín de 71 miembros y la masa del pueblo reunido. Entonces, si bien es verdad literal lo que dice el Credo, porque Pilatos era el gobernador designado por Roma y tenía el poder, la realidad era que Roma respetaba a la institucionalidad judía y al Sanedrín, y fue éste el que condenó a Jesús, pese a que Pilatos trató de disuadirlo diciéndole: “No veo maldad en este hombre”. Y después Pilatos le dio la oportunidad a todo el pueblo reunido en la plaza para liberarlo (era costumbre en la fecha soltar a un condenado) pero el pueblo, “la calle”, eligió por aclamación salvar a otro, un bandido redomado, Barrabás, gritando, en cambio, respecto a Jesús: “¡Crucifíquenlo… crucifíquenlo!” Todavía entonces Pilatos discurrió un “mal menor” para salvarlo y ordenó propinarle azotes para después soltarlo, no obstante lo cual, tras ellos, la masa insistió en la crucifixión. En ese momento Pilatos “se lavó las manos” públicamente porque no quería tenerlas manchadas por la sangre de Cristo. Pero poco obtuvo, porque quedó per sécula seculorum y hasta en el Credo, como único nombrado responsable. A estas alturas no creo que ya esto pueda ser modificado con alguna frase aclaratoria, aunque sería justo añadirla.

Así se escribe la Historia. Hoy en Chile un best-seller de 200 páginas y que se vende a doce mil pesos dice que Pinochet quemaba y degollaba a opositores y mató al padre Jarlan. Yo, en un libro de 650 páginas y que cuesta $27.900, demuestro que nada de eso es verdad, pero se vende mucho menos. “Lo que queda” es lo primero. Por eso, me preguntaba cuándo iban a echarle la culpa a Pinochet de las cosas que imputan ahora al general Fuente-Alba, que alcanzan ya a otros de sus antecesores y, según “La Tercera”, hasta a la mismísima Javiera Blanco. Bueno, leyendo a Matamala, en el mismo diario, a propósito de Fuente-Alba, veo que logra meter a Pinochet en la trama recordando los llamados “pinocheques”.

Yo estoy de acuerdo en que, como comandante en jefe, Pinochet no debió haber permitido que su hijo mayor ganara una comisión de tres millones de dólares en la venta de la fábrica de armamentos “Valmoval” al Ejército, en los años 90. Pero una comisión investigadora de la Cámara examinó hasta el menor detalle de esa venta –leí todas sus actas en “La Nación”, que las publicó íntegras-- y concluyó que la transacción había sido conveniente para el Ejército. Con todo, el pago al hijo del Comandante en Jefe resultó impresentable.

Pese a ello, yo he probado, incluso ante una Juez del Crimen que me conminó a hacerlo, que Pinochet en casi 16 y medio años de su gobierno retiró sin justificar (según Impuestos Internos) 544 mil dólares de gastos reservados (“La Tercera”, 08.10.05), mucho menos que el general Fuentealba en su período de comandante en jefe; y muchísimo menos que los gobernantes de la Concertación, los cuales retiraban para sí casi idéntica suma (542 mil dólares) en sobres con billetes de gastos reservados, pero CADA DOS MESES. Don Patricio Aylwin reconoció, en entrevista a Raquel Correa de 24.12.06 en “El Mercurio”, que esto había comenzado en su gobierno. Es decir, matemáticamente, Pinochet fue 99 veces más honrado que sus sucesores de la Concertación en el uso de gastos reservados (en 16,5 años retiró lo mismo que ellos retiraban seis veces al año). Hasta que “los pillaron” y, como “entre bueyes no hay cornadas”, por “la política de los acuerdos” se les incorporó al sueldo lo que se estaban llevando clandestinamente para sus casas. Un lector de mis columnas de esos años me sugirió un nuevo refrán chileno: “Hecha la trampa, hecha la ley”.

Pero supongo que a estas alturas ellos son los únicos gobernantes honrados y, si ya es imposible restablecer “toda la verdad” histórica respecto a Poncio Pilatos, parecidamente ilusorio parece lograrlo respecto de Pinochet. En todo caso, que la “verdad histórica” quede para ambos y para perpetua memoria al menos en este blog.

¿Podemos Ser Honestos los Chilenos?

      No pregunto si lo somos, porque todos sabemos la respuesta; sólo si podemos serlo. Ante las reacciones a raíz del fallo en el caso Frei me he formulado más de una vez esa pregunta y he resuelto hacer un esfuerzo por opinar como un chileno honesto. Sobre todo frente a cartas a los diarios de personalidades de la DC, tenidas a su vez por honestas, pero cuyos escritos me parecen incompatibles con esa condición.

      

      El ex subsecretario y ex canciller de gobiernos de la Concertación, Mariano Fernández, dice en “La Tercera”, 17.02.19:

      “Los chilenos sabemos que Pinochet hizo asesinar al general Carlos Prats, a Bernardo Leighton y su mujer (frustrado), y a Orlando Letelier, por considerarlos severos adversarios de su dictadura. Hechos comprobados y sentenciados judicialmente. Esto mismo hizo contra Tucapel Jiménez y otros líderes sociales y políticos”.

      

     Otra voz DC, Sylvia Soublette, viuda del canciller de Frei Montalva, Gabriel Valdés, afirma en “El Mercurio” de 17.02.19:

     “Los que vivimos el tiempo de la dictadura, que fue un tiempo en el cual reinó la irracionalidad, en el que ocurrieron hechos que creíamos en ese momento imposible que sucedieran en Chile; cuando ya habían ocurrido los asesinatos de José Tohá, por el solo pecado de haber sido ministro de Allende; el frustrado crimen de Bernardo Leighton; el asesinato de Letelier en Washington ¿qué tendría de extraño que a Frei lo hubieran asesinado también?”. Y termina su carta afirmando: “Hoy en día no me cabe la menor duda”. ¿Habrá leído el proceso?

     Cartas de Eugenio Ortega Frei y una columna de Eugenio Tironi en “El Mercurio”, de parecido tenor a las anteriores, llevaron a Pablo Ortúzar a escribir hoy al diario diciendo: “algunos parecen creer que basta con mostrar que la dictadura era capaz de haber asesinado de forma sofisticada al ex presidente, para asumir que ello fue un hecho”. Otra carta de Julio Letelier Guzmán, en el mismo diario, le responde  a Sylvia Soublette: “El fin: probar que su muerte convenía y era deseada por mentes desquiciadas de ese entonces no justifica los medios: culpar con conjeturas y voluntarismos. Por lo demás, ésta es una premisa cristiana”.

     Es que, como el expediente judicial no aporta fundamentos para probar un homicidio, se recurre al “contexto”. Pero éste mostraba a un país próspero, tranquilo y pacífico: el PGB creció 6,2 % y la inflación bajó a 9,5 % en 1981. Por tercer año consecutivo hubo superávit fiscal. En el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y el terrorismo hubo, en todo el año, 8 víctimas (Informe Rettig). Pero ¿era necesario vigilar a los DC? Juzgue usted, leyendo la siguiente declaración del sargento de carabineros Héctor Manuel Lira Aravena, que trabajaba a las órdenes del agente de la CNI Raúl Lillo en el espionaje a la DC (página 110 del expediente del juez Madrid): “Expone que la cúpula del partido no participaba en las manifestaciones públicas, que ellos se involucraban en los contactos con la oposición internacional, principalmente (de) Alemania e Italia; eran fuertes sus influencias, bloqueos de las exportaciones chilenas, que no se otorgaran créditos a Chile”.

     Si yo fuera gobernante (muy democrático, por supuesto) y hubiera un partido preocupado de dañar a la economía, por supuesto que encargaría a mi agencia de inteligencia vigilarlo para preparar la defensa de mi gobierno ante esos atentados contra la economía nacional. La tarea de Raúl Lillo, inculpado como cómplice del homicidio de Frei por haberlo vigilado, aunque nada hizo para matarlo, era esencial y necesaria para los intereses del país.

    En todo caso y por  mi parte, quiero ser honesto y hacer un aporte de verdad histórica objetiva, porque las afirmaciones de ambas personalidades DC –Fernández y Soublette-- contienen falsedades ostensibles, que en sus casos no atribuyo a mala fe, sino simplemente al “lavado cerebral” de que hemos sido objeto los chilenos durante ya 29 años.

    Por orden cronológico: tras estar confinado José Tohá, ex ministro del Interior de Allende, en la isla Dawson, al decaer su salud fue internado en el Hospital Militar, donde el 15 de marzo de 1974 se quitó la vida colgándose de su cinturón en su habitación. Ése fue el veredicto judicial, que con posterioridad se ha procurado desmentir, sin lograrlo. El entonces teniente Miguel Krassnoff tenía la comisión de visitar a los principales presos, a comienzos de 1974 (no se había creado aún la DINA), y en su biografía, obra de Gysella Silva Encina, relata así un diálogo con Tohá (p. 108): ”Había en su rostro una expresión tal de tristeza que el oficial le preguntó si le sucedía algo… Créame teniente –le dijo Tohá—que nosotros sabíamos que la única solución para Chile era una intervención militar como la de ustedes (…) Yo espero, por el bien de mi patria, que ustedes logren resolver lo antes posible los graves problemas que hay. Pero no les va a ser fácil. Hay mucha anarquía y nosotros permitimos que se desatara el odio entre hermanos. ¿Sabe usted, teniente, lo que eso significa? (…) En todo caso, le deseo a usted mucho éxito y mucha suerte… Desconozco cuál será mi destino, pero estoy dispuesto a afrontar todas mis responsabilidades. Siento una profunda tristeza y una enorme decepción por todo lo sucedido”. Es impensable ordenar matar a una persona en esas circunstancias.  

      Luego Mariano Fernández afirma que “Pinochet hizo asesinar al general Carlos Prats”. Hay oficiales chilenos en Punta Peuco ilegalmente condenados por el asesinato de Prats, pero ese delito lo cometió Michael Townley: actuando solo se introdujo al garaje del edificio donde vivía Prats e instaló una bomba en su auto. La ministra argentina María Servini de Cubría, que investigó allá el caso Prats, vino a interrogar a oficiales chilenos detenidos por eso y a uno de ellos (Christoph Willeke) le dijo (él me lo contó): “Si, yo sé que usted no tuvo que ver en el asesinato de Prats, pero quiero que me cuente todo lo que hacía la DINA”. Si Pinochet hubiera tenido responsabilidad en ese crimen, habría debido saber, por lo menos, de Michael Townley. Sin embargo, vino a saber quién era éste sólo en 1978, cuatro años después, a raíz del caso Letelier y antes de resolver entregarlo al FBI norteamericano, que lo reclamaba. Según “El Mercurio” de 02.04.00, en una reunión ante la Junta el coronel Contreras había asegurado no saber quién era Michael Townley, es decir, se había comprobado que Michael Townley era un completo desconocido para la Junta y su presidente y que podía ser entregado a los norteamericanos sin temor, cosa que el gobierno chileno hizo. Conste que habría podido evitarlo, pues había un proceso contra Townley en Concepción desde tiempos de la UP y, por tanto, éste podría haber quedado detenido en Chile por una decisión judicial que los norteamericanos debían respetar y que era una perfecta razón para no entregarlo, pues no era del resorte del gobierno chileno. Pero éste no sabía de la existencia de Townley ni de lo que hacía o había hecho y precisamente por eso lo entregó a sus compatriotas.

     Asimismo, el “frustrado asesinato” de Leighton fue obra de dos italianos de Avvanguardia Nazionale, grupo neofascista, Pierluigi Concutelli y Salvatore Falabella, reclutados por un tercero, Steffano della Chiaie, a quienes Townley, que viajó a Roma, dio la información del domicilio del ex ministro chileno. Los neofascistas habían conocido meses antes a Pinochet en Madrid, durante las exequias de Franco, y le habían manifestado su adhesión y deseo de ayudarlo.

     He dicho que está probado que ni Pinochet ni la Junta sabían de Townley ni de su nexo con la DINA. El mismo Townley, en “La Nación” del 28.08.06, dijo haber reprochado al coronel Contreras no haber informado a sus superiores de las acciones en el exterior que él perpetraba. Es decir, menos podían ser Pinochet y la Junta quienes ordenaban esos atentados. En otros términos, ambas cartas de personas “moderadas” de la DC imputan falsamente crímenes al ex Presidente Pinochet y a la Junta.

       Por algo, al descubrirse acciones de Townley y la DINA que ni el gobierno ni la Junta conocían, se disolvió ese organismo y fue reemplazado por la CNI. Pues en la Declaración de Principios del Gobierno Militar estaba el compromiso de respetar los derechos humanos.
  

     Es que el fallo del ministro Madrid ha provocado la angustia de la DC y la familia Frei porque a ese veredicto le falta algo esencial, como lo ha destacado el abogado Adolfo Paúl en cartas a los diarios: probar que existe “el hecho punible”, base de todo juicio criminal. La principal tarea de un juez del crimen es “probar el hecho punible”. En este caso, probar qué acción de una o más personas mató al ex presidente Frei. Los que han leído las 811 páginas del fallo no han podido encontrar el “hecho punible”, no obstante que el juez ha señalado como autor principal del homicidio a un médico de confianza de Frei y su familia y amigo suyo, Patricio Silva. Tan confiable que, cuando en los años 60 algunas unidades militares se alzaron contra su Gobierno, él mandó a ese doctor, que era subsecretario, a la más delicada de las misiones, aplacar el levantamiento, lo que consiguió.

       Nos informa el expediente que cuando Frei se sintió muy mal después de la operación que le practicó el doctor Augusto Larraín, que se había ido al sur y, pese a las molestias de su paciente, no estimaba necesario volver, la familia acudió al doctor Patricio Silva, relevando al otro, con cierta indignación. Todo el país se pregunta, entonces: ¿cómo va a haber sido precisamente ese otro, a quien llamaron para salvarlo, el que lo mató? ¿No debería haber sido más culpable el primero, o por lo menos el más sospechoso? ¿Y cómo va a ser coautor del homicidio otro doctor que se limitó a entrar a la pieza del enfermo y ni siquiera participó en la re-operación? A todo el mundo esto le huele igual que esos juicios en que condenan a militares por “haber estado ahí” o por acusárseles inverosímilmente de tener secuestrada hasta hoy y durante cuarenta y cinco años a una persona. Una “ficción jurídica”, como confesó un juez ante las cámaras. Pero es que en Chile usted puede hacerles eso, atropellar la ley y condenar "fingiendo" algo, a los militares, pero no puede hacérselo a los médicos, mucho más solidarios con sus colegas. Por eso en estos días se suceden los testimonios médicos que refutan las condenas y hasta hubo una inserción pagada y firmada por centenares de facultativos distinguidos, que respaldan a colegas suyos que, por haber preparado el cadáver del ex Presidente para su traslado a un velatorio prolongado en la catedral, ahora están condenados como encubridores de su supuesto homicidio.

     Entonces los DC que escriben a los diarios y hasta algún columnista PPD muy afín  a ellos, recurren al “contexto”: casos Prats, Leighton, Letelier y Tucapel Jiménez. Este último caso, es verdad, es el peor para Pinochet y la Junta. Sucedió en 1982, un mes después de la muerte de Frei y lo único que pudo declarar el ministro del Interior de la época, Sergio Fernández, fue que le provocó “un gran daño político” al Gobierno. Eso era efectivo y, por lo mismo, era impensable que alguien del gobierno lo hubiera discurrido y perpetrado. Tucapel Jiménez era un opositor moderado, que hasta había elogiado el Plan Laboral del Gobierno, afirmando: “Desde ya puedo decir que hay tres cosas muy favorables: se reconoce el derecho a reunión, el derecho a huelga y el derecho a cotizar por planilla” (Rafael Valdivieso: “Crónica de un Rescate”,  p.195).

    Con los años se descubrió que el crimen lo había perpetrado la DINE, Dirección de ¿Inteligencia? del Ejército. Y, siguiendo con el postulado de Murphy de que las cosas siempre pueden ponerse peores, la CNI, para encubrir a la DINE, hizo un montaje atroz, matando a un carpintero alcohólico al cual previamente se le obligó a firmar una confesión escrita de haber asesinado a Tucapel Jiménez. Si le hubieran encargado al KGB una trama para desprestigiar al gobierno de Pinochet, no habría discurrido una mejor. Yo me habría inclinado a sospechar de una “mano mora” de los soviéticos si no fuera muy creyente de la afirmación de Einstein en el sentido de que una de las cosas infinitas con que se topó en sus investigaciones fue la estupidez humana. Atribuirle a Pinochet esa fórmula para auto-dañarse ordenando matar a Jiménez contradice incluso la imagen de astucia y maquiavelismo que de él pintan sus detractores.

    

   ¿Podemos ser honestos los chilenos? Nos cuesta. Yo hoy, en este blog, he hecho un esfuerzo, escribiendo sólo la verdad y nada más que la verdad.

La Contradicción Vital de Cheyre

                Los rojos no le han pagado al general Cheyre los enormes servicios que éste les ha prestado. Lo están procesando lo mismo que a otros tenientes de 1973, como Krassnoff y Laureani, entre muchos, llevando a los tribunales a legiones de testigos falsos, que describen vívidamente torturas y crímenes supuestamente cometidos por aquellos y después, ante un “juez rojo”, naturalmente y a la larga obtienen condenas que dan paso a jugosas indemnizaciones pagadas por el erario y cuyo reparto queda entregado a la imaginación del lector. Al final del camino, la mayoría roja instaurada a lo largo de los años en la sala penal de la Corte Suprema, hoy presidida por uno de los suyos, Haroldo Brito, pone el visto bueno final… y a cobrar, mientras los “tenientes del 73” acumulan más años, es decir, cumplen varias cadenas perpetuas que les han ido incrementando los jueces rojos.

                Lo malo es que el general Cheyre, otro “teniente del 73”,  argumenta exactamente de la misma manera en que lo han hecho Krassnoff, Laureani et al: “soy inocente, nunca he torturado a nadie ni en mi presencia se torturó; nunca detuve a nadie”. El resultado para Krassnoff, Laureani et al es que llevan ya 18 años presos y acumulan las antedichas cadenas perpetuas sin la menor esperanza de que se les reconozca siquiera sus derechos carcelarios, como está visto que les sucede. A ellos tampoco nunca se les ha reconocido el derecho más básico del último y más mísero ciudadano chileno: que las leyes rijan para él. Hay una larga nómina de preceptos constitucionales y legales que se les ha desconocido a esos “tenientes del 73” condenados a perpetua efectiva por delitos que no cometieron. Hasta hace poco, nada de ello había alcanzado al general Cheyre.

                Y ahora que lo ha alcanzado, no por razones políticas sino de mercado, pues imputándole delitos que no ha cometido vendrán después, para quienes lo han hecho, indemnizaciones millonarias que pagará el Estado, Cheyre se defiende igual que los demás “tenientes del 73”, diciendo la verdad: soy inocente.

                Pero en su caso hay una contradicción vital: él mismo ya condenó a los otros como él como culpables, cuando se rindió incondicionalmente ante los rojos en 2004 y declaró: “El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”. (Subrayado mío). Esa declaración suya se publicó el 10 de diciembre de 2004, cuando él era comandante en jefe del Ejército. 

                O sea, le dijo al país, cuando los “tenientes del 73” trataban de defenderse de las legiones de testigos falsos como los que a él lo acosan hoy: “sí, ellos son culpables, pero yo no”. En ese momento él no creía que “los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado” se los iban a imputar también a él; y no lo creía porque estaba diciéndoles al país y al mundo: “ellos fueron; yo no fui”. Pero los rojos sedientos de dinero han hecho caso omiso de su rendición incondicional y del servicio que Cheyre le ha prestado a su causa, que ha sido enorme. Pues él reiteradamente hablaba siempre de “los uniformados y las víctimas” y fue pieza fundamental en la trasmutación registrada en Chile y que ha tenido gran éxito, de los grupos armados marxistas, que iban a ser victimarios, según sus propios planes, en “víctimas”; de los totalitarios en “demócratas” (así se autodenominan hoy); y de los agresores en “agredidos”. Eso es lo que ha llevado a todos, prácticamente en Chile (salvo a este blog y otras honrosas y escasas excepciones) a cambiar su versión de la historia, sus opiniones, sus posturas, su lenguaje y hasta ¡sus principios!, como los partidos de derecha.

                En declaraciones a “La Tercera” de ayer 17.02.19, Cheyre demuestra que no ha cambiado nada: el se considera coautor y parte de “la transición” de que hablan los adversarios del Gobierno Militar, cuyo único defecto es que no existe, pues llaman así a la vigencia del articulado permanente de la Constitución, tras la única transición que hubo, que fue entre 1981 y 1990, regida por el articulado transitorio de la Carta. Es que, tras rendirse, Cheyre se integró a las filas adversarias y ya habla como ellas. Por ejemplo, se refiere al general Arellano como “un malhechor”, siendo que está históricamente probado (ver mi libro “La Verdad del Juicio a Pinochet” y el libro del hijo abogado de Arellano, de igual nombre, “De Conspiraciones y Justicia”) que fue completamente inocente.

Añade: “Lo digo con orgullo: me siento muy honrado de ser un hombre de la transición… que buscó terminar con algo que nunca debería haber sucedido en Chile. …Me siento satisfecho de haber sido el arquitecto del Ejército del siglo XXI… querido y respetado hasta cuando entregué el mando”. Todo porque los rojos, tras su rendición incondicional, no les hacían nada en las calles. A los que nunca se rindieron, como los demás tenientes del 73, los tienen presos a perpetuidad y a los que no están presos los rojos los golpean en la calle, como a Cristián Labbé. Pero cuando el nombre de Cristián Labbé (hijo) apareció en una papeleta electoral de consejero regional, sacó la primera mayoría  del país, con más votos que cualquier candidato a diputado, salvo Jackson, y que cualquier candidato a senador, salvo Chahuán. Es que, de haber una “mayoría silenciosa”, la hay. Y no está con Cheyre, sino con Labbé y los que, como él, nunca se han rendido.

    

La DC se Parece Cada Vez Más al PC

                El amedrentamiento que está ejerciendo la DC, tanto contra la Universidad de Católica como contra el Gobierno, no es sino la continuación del que ya ha ejercido desde 2002 contra el Poder Judicial, todo para obtener un logro político fundado en una gran mentira nacional: que el ex Presidente Frei Montalva, militante suyo, fue asesinado.

                

                Hace poco el ex ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, recordó el veto DC al nombramiento en ese alto tribunal del ministro de la Corte de Apelaciones Muñoz Pardo, por haber en 2009 votado contra los procesamientos en el caso Frei. Eso es terrorismo contra los jueces: “o fallan como nosotros queremos o se termina su carrera”.

   

    Es que el moribundo partido (léase mi blog “El Camaleón Hace Explosión", del 9 de enero de 2018, que fue la última publicación mía que reprodujo "El Mostrador", donde estuvo sólo unos minutos, y cuya lectura recomiendo) cree que necesita para sobrevivir un mártir, “víctima de Pinochet”; y quiere tenerlo a como dé lugar, en vez de soportar indefinidamente la realidad histórica de que su principal figura, Eduardo Frei Montalva, haya sido quien, primero, llamó, a través de los empresarios, a los militares a tomarse el poder (“este problema se arregla sólo con fusiles”, “ustedes tienen las bayonetas y deberían saber lo que tienen que hacer para salvar al país”, confesó haberles dicho, según el Acta Rivera); y después los aplaudió y defendió ante el mundo cuando ya habían matado a más de la mitad de los guerrilleros marxistas caídos entre 1973-1990, en octubre de 1973, al declarar al ABC de Madrid: “Los militares han salvado a Chile”.

                Los DC creen que sólo la consagración judicial del “magnicidio” puede sepultar todo eso y reivindicar a Frei y a ella misma; y están dispuestos a conseguirlo a como dé lugar, por cualquier medio, aunque sea la extorsión a la manera comunista. Ahora lo procuran atacando a la Universidad Católica y presionando al Gobierno para que destituya al Subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Luis Castillo, pese a no haber sido éste objeto de condena en el caso Frei y sólo porque lo han elegido como chivo expiatorio por haber tenido bajo su custodia, como funcionario de la UC, papeles relacionados con la muerte del ex mandatario.

                La DC está siguiendo el ejemplo del PC, que ha hecho algo similar (amedrentar a todo el mundo) desde el mismo 1990 y ha tenido señalado éxito, porque, como grupo, es el que más recursos fiscales ha extraído del erario en estos 29 años desde el término del gobierno constitucional de Augusto Pinochet (1981-1990), sumando todas la indemnizaciones, compensaciones, pensiones y pagos recibidos. En un cálculo conservador, durante un intervalo lúcido el ministro de Justicia, Hernán Larraín, habló de 6 mil millones de dólares.

    La DC con su extorsión quiere emular a los comunistas, que en 2011 lograron que Piñera, en una de sus traiciones más ostensibles a parte importante de su electorado, cerrara el Penal Cordillera, donde purgaban penas altos oficiales a los cuales les había prometido, como candidato, velar por la aplicación de la prescripción y por el acortamiento de sus juicios, cuando necesitaba los votos de la familia militar. Las fotografías de los momentos en que los buses con los  oficiales presos salían del Cordillera, muestran la hoz y el martillo instalados sobre el portón del penal.

   

              Los comunistas han adquirido tal preeminencia que hasta últimamente funan a artistas como Patricia Maldonado, Raquel Argandoña y la doctora Cordero (“Las Indomables”), porque las dos primeras contradicen públicamente la versión comunista sobre el Gobierno Militar. Esa censura previa pretenden convertirla en ley de la república, pues parlamentarias comunistas han presentado una moción en el Congreso, que la DC apoya, para castigar como nuevo delito el “negacionismo”, consistente en relatar la verdad de los hechos del período 1973-1990, que por cierto desvirtúa la versión comunista, abrazada a su turno por la DC, Piñera y sus seguidores.

        Como los comunistas han conseguido de todo “metiendo miedo”, los democratacristianos quieren lograr lo mismo, atemorizando a los jueces (con Madrid ya lo consiguieron), a la UC y al Gobierno, lo cual tienen altas posibilidades de alcanzar, porque lo encabeza uno de los suyos, que por lo demás ha sido su cómplice activo en la tarea de fraguar el montaje político-judicial conocido como “caso Frei”.

Y Matías Pérez Cruz Tenía Razón (II)

                Les voy a dictar una norma de conducta para que puedan desempeñarse mejor en la chilenidad: “Cuando ustedes adviertan que la casi unanimidad de los chilenos se lanza a condenar a alguien, lo más probable es que ese alguien tenga razón”.

                Ha sido el caso de Matías Pérez Cruz, sobre quien demostré en mi anterior blog que si hubiera sido propietario riberano de un lago menor, no navegable por barcos de cien toneladas o más, habría sido dueño de la playa respectiva. Yo nunca había sabido que en el lago Ranco hubiera navegado un barco de cien toneladas y por eso creí que era un lago menor. Pero un diligente comentarista de este blog demostró que es un lago mayor y concluyó que, por tanto, Matías Pérez Cruz no tenía derecho a la playa respectiva, que es lo que hoy sostienen todos los que en los medios se refieren al caso. Pero están equivocados. También Pérez Cruz tiene derecho a su playa de lago, que en lenguaje técnico-jurídico se llama “álveo” del lago. El jurista Hernán Corral Talciani lo dice en su informe citado por mí antes, refiriéndose al álveo (sitio que ocupan) de los lagos mayores:

                “Este suelo es de dominio público y no accede mientras tanto a las heredades contiguas, pero los propietarios riberanos podrán aprovechar y cultivar la superficie de ese suelo en las épocas en que no estuviere ocupado por las aguas (art. 30.3 Código de Aguas)”.

                Matías Pérez Cruz, abogado, seguramente sabía eso y aprovechó y cultivó ese suelo con pleno derecho, contra lo que afirman otros opinantes, abogados y no abogados, que no conocen el derecho aplicable al caso.

                Por supuesto, si un propietario está inseguro de que se le respete ese derecho, puede pedir una concesión sobre el álveo o playa, como lo hizo el Presidente de la República Sebastián Piñera en su primer mandato, sobre 800 m2 de su orilla del lago Caburgua. O, como lo hizo su colega Michelle Bachelet antes y después, puede ordenar simplemente a los carabineros echar a cualquiera que se le vaya a meter a su playa, porque, como decimos en Chile, “autoridad que no abusa, se desprestigia”.

                El jurista Corral Talciani amplía sus explicaciones: ”Si aplicamos esta norma (el art. 30.3 del Código de Aguas) al álveo de los lagos mayores, tendremos que sostener que no se trata de un bien nacional de uso público, sino de un bien de dominio público; es decir, es un bien del Estado, pero cuyo uso no corresponde generalmente a todos los habitantes de la nación. Prueba de ello es que la misma ley señala que los propietarios riberanos pueden aprovechar y cultivar la superficie de ese suelo en las épocas en que no estuviere sumergido. Siendo así, no habría problemas para que el propietario riberano aprovechara económicamente este terreno. Debe destacarse que la ley permite “aprovechar” y “cultivar”, de modo que puede haber un aprovechamiento del terreno que no implique sembradío o cultivo. ¿Podría considerarse el mantenimiento de un jardín como un aprovechamiento del suelo lícito conforme al artículo 30 del Código de Aguas? Puede que no haya sido esa la intención del legislador, pero en todo caso una interpretación amplia de la norma permitiría sostenerlo.

                “A favor de la tesis de que las playas de lagos son bienes nacionales de uso público se invoca el DL 1.939 de 1977, que en su art. 13 dispone: ‘los propietarios colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar  gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto’. En su inciso segundo se establece una facultad para el Intendente Regional para determinar prudencialmente una vía de acceso. Pero, como se verá, además de hablar, impropiamente a nuestro juicio, de ‘playas de ríos o lagos’ , en ningún momento señala que ellas sean, al igual que las playas de mar, bienes nacionales de uso público. Más aún, determina que los propietarios de los terrenos colindantes deben facilitar ‘el acceso a estos’, es decir, no a las playas (para aludir a las cuales debiera haberse usado el demostrativo femenino ‘estas´). Se trata, por tanto, de que los propietarios riberanos deben dar acceso al mar, río o lago. El acceso es para fines turísticos y de pesca, o sea de navegar, pasear o pescar. Sólo tratando de ir más allá de la letra y considerando la intención del legislador podría decirse que se trata de dar acceso también a simples bañistas a las “playas” de ríos o lagos, pero ello no convierte al álveo o lecho de los lagos o a los cauces de los ríos en bienes nacionales de uso público, para lo cual, en cumplimiento de la reserva legal contenida en el art. 19 N° 23 de la Constitución, debiera haber una declaración legal expresa y categórica”.

                O sea, las señoras no-invitadas que estaban en el álveo que legalmente podía aprovechar y cultivar Matías Pérez Cruz, no habiendo “una declaración legal expresa y categórica”, no tenían derecho a estar ahí. Y él, sobre todo como abogado jurídicamente informado, sí tenía todo el derecho a invitarlas a retirarse del lugar, aun estando en traje de baño y excedido de peso.

                Reiteración de conclusión para el 70 % de chilenos que no entiende lo que lee: aunque el Ranco sea un lago mayor, navegable por barcos de más de cien toneladas, Matías Pérez Cruz actuó asistido por la legalidad y la razón. En mi blog anterior llegué a la misma conclusión, pero por la razón legal equivocada. Por eso y por nada más, pido perdón.

Y Matías Pérez Cruz Tenía Razón

Chile es un país demasiado importante como para dejarlo entregado a la mayoría de los chilenos, habitualmente equivocada y proclive a consagrar nacionalmente soberanos disparates. 

No suelo escribir dos días seguidos en este blog, pero ahora las circunstancias lo imponen, pues no sólo una mayoría sino la aparente unanimidad del país ha condenado a Matías Pérez Cruz a un bullying o vindicta públicos, masivos e inmisericordes por pedir a tres representantes del sexo dominante que se retiraran de una orilla de lago de su propiedad, donde estaban reunidos su familia y amigos en un encuentro que deseaban llevar a cabo sin la presencia de extraños. Para su desgracia, fue filmado por las visitantes inoportunas mediante un celular y eso se viralizó en las redes sociales y pasó a la prensa en general. El odio de clases estaba agazapado a la vuelta de la esquina y sus principales exponentes salieron a rasgar vestiduras contra Pérez en la plaza del Ateneo.

Como si eso fuera poco, el Ministerio de Tierras y Bienes Nacionales había dictaminado que las mujeres se encontraban en una playa pública, de modo que el propietario del inmueble no tenía derecho a pedirles que se fueran. Pero eso no era verdad: el abogado y columnista Hernán Corral Talciani ha publicado en su blog un extenso y completísimo informe jurídico que, entre otras cosas, concluye: “2° Las playas de lagos menores (no navegables por buques de más de cien toneladas) son terreno privado de los propietarios riberanos. Por ello no es cierto que en Chile no hay playas privadas si hablamos de ‘playas de lagos o ríos’”. Era precisamente el caso (corraltalciani. wordpress.com/2019/02/10/playa-o-jardín-sobre-la-calidad-jurídica-del-álveo-o-playas-de-los-lagos/.) El informe de Corral es tan extenso, minucioso y completo que dificulto llegue a ser contradicho.

Lo que pasa es que casi todos los chilenos, especialmente los de derecha, somos “chupados” y no nos atrevemos a decir las cosas como son ni a hacer efectivos nuestros derechos, y Matías Pérez Cruz sí. Tal como se atrevió a fulminar el video vergonzoso de Longueira y Lavín, con motivo de la primera vuelta presidencial del año antepasado, en el cual ambos “arrepentidos”, devenidos piñeristas, aseguraban que Piñera tenía la  mayoría absoluta en primera vuelta e, implícitamente, llamaban a no votar por José Antonio Kast. Nadie más se había atrevido a denunciar el video mentiroso, salvo este blog, que lo hacía con mucho menos eco que el alcanzado por Matías Pérez Cruz. Al final, como sucede ahora, los hechos nos dieron la razón, pues Piñera obtuvo sólo el 36 % en primera vuelta y Kast cuatro veces más de lo que el video y las “encuestas serias” le atribuían, sin perjuicio de que la publicación de dicho video debe haberle quitado varios puntos que sin ella lo habrían favorecido.

Es que la autodenominada "centroderecha" no es leal con los suyos ni con quienes la han salvado. Por conveniencias políticas es capaz de crucificarlos, como el régimen sustentado en RN y la UDI lo ha hecho con los militares; y ella hasta es capaz de renunciar a sus principios, como lo han hecho sucesivamente RN y la UDI, cambiándolos en sus “Declaraciones” respectivas.

Los que no son de derecha defienden mucho mejor sus derechos, aunque ni siquiera los tengan, y en particular sus orillas de lago. Vaya usted a meterse en Caburgua a la playa de Michelle Bachelet o la de Sebastián Piñera y le aseguro que lo van a echar los carabineros. Piñera, en su anterior gobierno, le dio una concesión exclusiva sobre su playa a la persona que más quiere, es decir, a él mismo, así es que nadie puede ir a meterse ahí aunque ni siquiera estén la familia y los amigos reunidos.

Bien por Matías Pérez Cruz: si casi la unanimidad de los chilenos te hace bullying, es porque estás transitando por el camino de la verdad, como ha quedado acreditado en este caso. Y, gracias al bullying, te has aproximado al ciento por ciento de conocimiento público, lo que ya se quisieran algunos de tus peores detractores.

La Miseria de la Chilenidad

   El inverosímil fallo del caso Frei ha puesto a flote otra vez lo más miserable del alma nacional. A propósito de él dos ex Presidentes y un tercero en ejercicio le han mentido al país, al expresar que el fallo dice algo que no dice… salvo que no entiendan lo que leen, suposición que en Chile nunca ha sido aventurada.

   Y simultáneamente la persecución judicial ilegal contra Cheyre, a su turno, reitera una desvergüenza ya conocida, pero aún mayor que la del juez Madrid, y ahora de proyecciones masivas.

   Sobre el juez Madrid el ex ministro de la Suprema, Patricio Valdés, en entrevista a “La Tercera” (10.02.19), ha dicho algo muy importante: “…tampoco creo que un juez se deje presionar, pero indudablemente (en) una causa como ésta (el caso Frei), lo que diga el medioambiente indudablemente puede influir en algo. Ahora es cosa de recordar lo que ocurrió con el ministro Juan (Manuel) Muñoz (Pardo), usted y yo sabemos, aunque la gente no lo recuerde: él acogió, junto a otros dos ministros, los amparos de los procesamientos que dictó Madrid en 2009. ¿Qué obtuvo como resultado? Que cuando fue nominado para ascender a la Corte Suprema fue vetado por la DC, no me gustaría calificar esto, pero grafica cómo este caso influyó en la carrera de un juez. ¡Imagina (si) Madrid después de tantos años se convence de que no fue homicidio!”

   ¿Es esto propio de un país donde impera un estado de derecho? No, por supuesto. Esto es sólo una gran frescura. El caso Frei es sólo la punta del iceberg de un proceso inmoral de mercantilización de la judicatura. Nadie es más partidario que yo de la vigencia del mercado, pero no del mercado de la droga ni de que los fallos judiciales se conviertan en un negocio turbio, a raíz del terrorismo desatado por los recursos de protección contra las isapres y los juicios de derechos humanos, grandes negociados que parten donde parte la mayoría de los negociados: en una gran falla del Estado a través de la ley (isapres) o de la prevaricación de los jueces (DD. HH.)

   El caso Frei fue desde un comienzo un engendro político de la segunda índole. Como ha escrito el doctor Francisco Ossandón, ex presidente del Departamento de Ética del Colegio Médico (El Mercurio, 01.02.19), “un paciente con un intestino necrótico no extirpado muere irremediablemente en pocos días”. Eso lo supo todo el mundo desde que falleció Frei y por eso durante quince años nadie dijo nada y durante veinte años no hubo acción judicial alguna. Hasta que los fallos ilegales e inconstitucionales sobre DD. HH. abrieron los apetitos: ¡se podía crear un delito donde no lo había y obtener un triunfo político y una gran indemnización!  

   Porque hace unos años los políticos se dieron cuenta, merced a los juicios ilegales de persecución a los militares, y en particular de la prevaricación escandalosa del ministro Juan Guzmán contra el ex Presidente Pinochet, que aquí una mayoría, sobre todo ante una derecha política corrompida por Piñera (la totalidad de la cual, siguiéndolo, se había pasado al otro bando, al del “No”) que se podía hacer lo que se quisiera con los jueces y con las leyes. Y a eso se han dedicado, pero ahora, con el caso Frei, se les ha pasado la mano. Han quedado en evidencia. Y a partir del caso Cheyre, que recién comienza, lo quedarán aún más.

   La desvergüenza de Lagos cuando fundó la Comisión Valech, para darles dinero a todos los alguna vez interrogados a raíz del terrorismo desatado por la guerrilla ex UP entre 1973 y 1990, sólo es menor a la de Piñera al haber sido el gobernante que más querellas ilegales presentó (mil) contra los militares. Porque fue peor que las del Informe Rettig, de Aylwin, que llenó de plata a la extrema izquierda armada, pero por lo menos declaró respetar la amnistía, no patrocinó querellas ni dejó el terreno sembrado para treinta mil juicios, como Lagos con su Informe Valech y que se vienen ahora. Es que Lagos ha vivido una vida política equivocado, pero hasta entonces no había hecho canalladas, sino que sólo solía decirlas. Como político le reconozco una sola virtud: que Piñera es peor. Por eso yo una vez dije: si ambos pasaban a segunda vuelta, yo votaba por Lagos, como mal menor. Y tal vez ese apoyo mío lo hundió en las encuestas y no pudo ser candidato. Pero, sin embargo, yo jugaría tenis con Lagos, en la seguridad de que no me va a robar los puntos dudosos; en cambio, jamás jugaría con Piñera. 

   La perspectiva terrorífica, desatada por el caso Cheyre, es que ahora se nos viene un diluvio de querellas fundadas en la Comisión Valech, porque está dado el incentivo de mercado: la presenta el gobierno de Piñera, experto en eso (es el que más ha presentado, a través del inefable Ubilla, de todos los de la Concertación);  declaras que un militar te interrogó y te torturó (y si eres mujer hablas de “ratones en la vagina”); y después de un tiempo te dan decenas o cientos de millones de pesos. Está pasando en el caso Cheyre: éste fue el hoyito abierto en la pared de la represa. Ahora viene la inundación. Tal como en ese caso y en todos los anteriores, los jueces –que con razón temen por su carrera— condenan a diestra y siniestra. Y tú aplaudes (es lo que has hecho hasta ahora, guiado por la corriente mayoritaria) y pagas, como contribuyente (también es lo que has hecho hasta ahora).

   Como decía un abogado y relator de fútbol radical: “Esto comienza, señores”. Debes saberlo. Deben saberlo los militares, carabineros y detectives a ser denunciados, hoy presos o libres, porque sus instituciones en Chile han demostrado que no rescatan a los “caídos tras las líneas enemigas”.

   Ese conjunto de acciones y omisiones, en cuyo núcleo está la derecha seguidora de Piñera, que hasta ha cambiado sus Declaraciones de Principios para desertar y pasarse al otro bando, es lo que he llamado “la miseria de la chilenidad”.

En el Bando Equivocado

   Si te llamas Teillier, eres comunista y declaras que mandaste a tus guerrilleros a echarse a cinco milicos hace treinta años, los jueces de izquierda no te hacen nada porque, dicen, está prescrito. Estás en el bando correcto. Si te llamas Krassnoff y pruebas que no tuviste nada que ver con la muerte de la jefa mirista Diana Aron, en combate, en 1974, porque no era tu unidad y estabas en el extranjero, aunque lo hayas probado, de todas maneras te tiran 15 años de condena por eso. Por supuesto, a pesar de haber transcurrido más de 40 años te dicen que el crimen no está prescrito. Es que estás en el bando equivocado. Y el juez Solís te acusa en la TV porque, tras matarla, saliste con las manos llenas de sangre, diciendo que era “terrorista y más encima judía”; y la colonia respectiva te repudia y hasta un abogado judío de derecha aparece en Wikipedia crucificándote como antisemita y repitiendo la mentira. ¿Qué caso tienes? Estás en el bando equivocado.  

   Hay una serie de tipos procesados por haber dado boletas falsas para conseguir fondos para sus campañas, pero el que debe ser uno de los que más recaudó ni siquiera es nombrado en los respectivos “juicios por los diarios”, pues tiene a un señor Santiago Valdés que es procesado en vez de él. Seguramente al final, como sucede con todos los juicios contra políticos, también va a ser perdonado, pero ha debido arrostrar todo y el culpable real no da la cara. Pero tú, Cheyre u otro militar en retiro o ciudadano de a pie, no tienes derecho a contar con un “Santiago Valdés” y te procesan, sales tú en los diarios y te condenan después a ti y te vas para adentro. Estás en el bando equivocado. Justamente el que queda impune se esfuerza siempre por irse al bando correcto. Como en el caso Frei.

   Pero lo que le está haciendo la izquierda a Cheyre es dispararle al adversario ya rendido incondicionalmente. El 2 de diciembre de 2004 en “El Mercurio” él apareció diciendo que el Ejército era el culpable de “todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”. ¿Qué más querían? Y así y todo lo crucifican. Esto es como la matanza del Seguro Obrero, que he estado releyendo en la Historia de Chile de Gonzalo Vial. El 5 de septiembre de 1938, “en democracia”, los jóvenes nazis se alzaron contra el Gobierno y se tomaron la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero, frente a La Moneda. Los carabineros los enfrentaron, se rindieron los de la universidad, los llevaron al Seguro Obrero, donde los jóvenes también se rindieron y después mataron a los 60. “En  democracia”. Y entonces dictaron una ley de amnistía y a nadie le pasó nada. Reproduzco este patético párrafo, citado por Vial, de lo que sucedió cuando los familiares fueron a reconocer los 60 cadáveres al Instituto Médico Legal:

   “Nadie podrá jamás describir aquello. Ni la inspiración tétrica de Exequiel y de Daniel ni del Dante serían capaz de hacerlo. No hay pluma, ni lengua humana, no hay palabras en idioma alguno para fijar esa visión. Nadie entraba allí sin llorar a mares y maldecir. Vi a un padre echado sobre el cuerpo de su hijo, besándole la frente hundida y rota y el rostro inconocible. El silencio aterrador ante aquel hacinamiento y aquella espantosa mutilación, era interrumpido por el llanto convulsivo…” (p. 538, Volumen V).

   ¿Y quién los llora hoy? Nadie. ¿Alguien los indemnizó? Nadie. Estaban  en el bando equivocado. Eran nazis y no guerrilleros comunistas o miristas. Éstos tienen “derechos humanos”, los nazis no. Los que “arreglaron con fusiles”, como les pedía Frei Montalva (“Acta Rivera”), el problema de los guerrilleros con metralleta que se iban a tomar el poder por las armas, no tienen perdón ni olvido, porque respondieron al fuego de la izquierda y la izquierda manda, en Chile y el mundo. Los que obedecieron el mandato de la mayoría política de derrotar al terrorismo de izquierda estaban en el bando equivocado, mientras la mayoría política se cambió de bando.

  Por eso a Cheyre, entregado, rendido, lo están masacrando. Y esto es sólo el comienzo, porque hay “incentivos de mercado” para que los 30 mil interrogados por sus nexos con el terrorismo y supuestos “torturados” empiecen a demandar a otros militares, pues saben que al final del camino hay unas decenas o unos centenares de millones para cada uno y que el Consejo de Defensa del Estado estará de parte de ellos, y no defendiendo al Estado de ellos, como lo ha estado en los juicios contra los militares. Esto recién comienza, señores.

   

   ¿Y mandarán a Cheyre a Punta Peuco, donde están los soldados “caídos tras las líneas enemigas” que no se rindieron como él? Peligroso para éste. La izquierda no puede ser tan malagradecida. Si establece este precedente, nadie más se va a pasar al “bando correcto”. No, si tras barrer el piso con Cheyre y cobrar la plata todavía más encima lo mandan realmente preso, nadie más se va a rendir, como lo ha hecho hasta ahora el noventa por ciento de los chilenos, a pesar de lo cual no se puede lograr que los jueces marxistas paren la masacre de los que están en el bando equivocado.

Son los Cantantes y No la Canción

   Hoy jueves, en su columna de “El Mercurio”, el abogado Hernán Corral pormenoriza las deficiencias del proceso en el caso Frei y las atribuye a la discriminación consistente en aplicar el antiguo sistema procesal penal a algunos chilenos, mientras al resto se le aplica el nuevo procedimiento, que es más exigente en materia de objetividad y confiere mayores garantías contra una arbitrariedad judicial.

   Tiene razón, pero hay algo más. Aquí la causa más importante de la radical injusticia vigente en la judicatura chilena actual reside en las personas de los jueces y no en la calidad del sistema. El antiguo Código de Procedimiento Penal pudo regir más de cien años porque había jueces que lo respetaban, como también respetaban las demás leyes y la Constitución. El problema hoy no es el antiguo código, sino el de los jueces que no aplican las leyes vigentes, carecen de objetividad y están políticamente sesgados, unos en mayor medida que otros. 

   (San Juan Bosco decía que el Demonio frecuentemente dificultaba sus tareas. En el resto de este escrito aparecen subrayados diabólicos que se han instalado por su cuenta y que ningún esfuerzo mío ha podido borrar: los atribuyo al mismo que le creaba dificultades a San Juan Bosco y no hay que tenerlos en cuenta). 

   El sistema  penal antiguo funcionó bien hasta que una mayoría política de izquierda-DC, con la inexplicable y cobarde complicidad de la centroderecha, llevó a que se tradujera en mayoría de izquierda en la composición de los tribunales. El cambio decisivo ocurrió cuando, habiéndose acordado de izquierda a derecha “un pacto de caballeros”, según el cual se nombraría “uno y uno” a los ministros de la Corte Suprema, cuando llegó el caso del más izquierdista de los jueces, Haroldo Brito, y fue designado según el pacto, en la confianza de que luego se votaría el nombre que favorecía la centroderecha, Alfredo Pfeiffer, pero la izquierda y la DC no cumplieron el pacto y rechazaron a este último. Para que un acuerdo de caballeros resulte, ambas partes deben serlo. De ahí en más se consagró una mayoría izquierdista, que se traduce en que haya doscientos militares presos contrariando la legalidad vigente mientras, en cambio, todos los extremistas, aun autores de los peores hechos de sangre, quedaron impunes. Pues se dictó una ley que dio libertad a los que habían cumplido diez años de presidio y que salieron a la calle, con votos de la derecha, mientras igual beneficio les fue denegado a los militares. Hoy, para vergüenza del país, hasta asesinos condenados después de 1990 y fugados del penal (lo hicieron con complicidad de sus autoridades), gozan de impunidad y protección internacional.

   Es que en Chile los jueces prevaricadores han dado un verdadero “golpe de estado judicial”. Quien lo “gatilló” inicialmente fue un ministro de Corte de Apelaciones, Juan Guzmán Tapia, que al juzgar ilegalmente al entonces senador Pinochet por hechos de los cuales no era responsable (caso Caravana) tuvo éxito en procesarlo y finalmente su decisión recibió el respaldo hasta de ministros de la Suprema ¡designados con votos de la derecha! para desaforarlo del Senado. Después de eso vino la avalancha. 

   Pues profundizó y generalizó la prevaricación el ministro Alejandro Solís, quien, en numerosos procesos contra uniformados que cayeron en sus manos, fue aún más allá que Juan Guzmán Tapia y prescindió descaradamente de las normas sobre debido procedimiento (ni siquiera tomaba declaración indagatoria y fotocopiaba piezas de otros expedientes); en fin, pasó por sobre el texto de leyes expresas y vigentes y de las propias pruebas aportadas al proceso, en virtud de lo cual condenó a numerosos militares a como diera lugar. Y después la mayoría de izquierda de la Corte Suprema terminó invariablemente respaldando el abandono del derecho en las instancias inferiores.

   El sistema procesal penal antiguo no era garantista, pero en manos de buenos jueces era, al menos, legalista. Dejó de serlo cuando la extrema izquierda y la DC se apoderaron de la judicatura y eso es lo que ha puesto de relieve el “caso Frei”, ejemplo paradigmático de cómo una mayoría política, en este caso la del “No” que nos gobierna hace 29 años, puede imponerse aunque deba demorarse 17 años en gestar una condena política por la muerte de un ex presidente, y pese a haberse iniciado el juicio sólo 20 años después de su fallecimiento, y todavía pasando por sobre las pruebas palmarias, surgidas hasta del entorno más próximo del paciente, de que la causa del deceso no derivó de un homicidio sino que fue pura y exclusivamente médica.

   No ha sido, entonces, el antiguo Código de Procedimiento Penal el responsable de este fallo escandaloso: ha sido un juez amedrentado por una mayoría política que le impedía y le impide fallar rectamente y declarar la verdad. Verdad que, por lo demás, emana de las 811 páginas del expediente, es decir, que después de ser Frei dado de alta y enviado a su casa, sufrió una obstrucción intestinal; que ésta no fue reoperada a tiempo por dilaciones resueltas por su propia familia y por el médico de la primera operación (pese a lo cual éste es inocente, según el fallo); y que todos los esfuerzos por salvarlo fueron inútiles debido a la septicemia generada por el retardo en reoperar.

   Todo esto era inaceptable para una mayoría partidista y no hubo un “juez heroico” que fuera capaz de oponérseles al gobierno y a la oposición. Su fallo, “políticamente correcto”, pero moral y jurídicamente nauseabundo, sólo refleja la realidad ética del país en que vivimos hoy.