HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XIX)

CAPÍTULO XV

1987: Chile incomprendido y próspero

Preparativos para la plena democracia

          El 5 de enero se había puesto fin al Estado de Sitio y había sido reemplazado por uno menos riguroso, el de Emergencia por perturbación de la paz interior. Era una señal.

          Otra fue que ya en febrero de 1987 El Mercurio daba cuenta de que, el día anterior, más de cuatro mil personas habían acudido a inscribirse en los registros electorales, lo cual les permitiría participar en el plebiscito presidencial contemplado en la Constitución para el año siguiente y en todos los demás comicios que posteriormente deberían celebrarse bajo el imperio de la plena democracia establecida en el articulado permanente de la Carta (1).

          Posteriormente, el diario informaba que al 30 de septiembre el total de inscritos en los registros electorales era de 2.485.905 personas. “Con este ritmo se llegará a los 6,5 millones de electores al 30 de junio del próximo año”, declaraba el Director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García. En esa forma la ciudadanía respaldaba con sus actos, una vez más, la transición hacia la plena democracia contemplada en el articulado transitorio de la Constitución, que culminaría felizmente el 11 de marzo de 1990 (2).

          El historiador Gonzalo Vial afirma que Pinochet, mediando 1987, resolvió postularse para el segundo octenio. Pero que no se lo dijo a nadie, aunque dio pasos indicativos.

          El primero, traer de nuevo al ministerio del Interior a Sergio Fernández, que antes había encabezado la campaña triunfadora de 1980 y había sido pieza vital del triunfo en la Consulta de 1978.

          El ministro saliente, Ricardo García Rodríguez, se había desempeñado con eficiencia y había enfrentado con serenidad y altura episodios tan difíciles e indeseados por el Gobierno como el triple degollamiento de los cabecillas del FPMR, apegándose estrictamente a la legalidad e instando a la justicia desde el primer momento a designar un ministro en visita para aclarar el caso, lo que ésta demoró lamentablemente en hacer.

Fernández aportaba el Gobierno un feeling político que era necesario para los tiempos que se avecinaban.

          Seguía desempeñando la cartera de Justicia el ex senador y ex decano de Derecho de la Universidad de Chile, Hugo Rosende, experimentado político conservador de reconocida elocuencia. En algún momento, en 1984, estuvo listo para asumir en Interior, pero desistió a última hora. Era de la línea dura del régimen. Siendo opuesto a la línea pro-democrática de Fernández, a ambos los unió en 1987 el común anhelo de ver triunfar a Pinochet en el plebiscito de 1988.

          Otro paso de Fernández fue conseguir que Francisco Javier Cuadra, también de la línea dura, abandonara el ministerio Secretaría General de Gobierno. Lo consiguió convenciéndolo de aceptar la embajada ante el Vaticano. Lo reemplazó en la Secretaría un joven abogado de la juventud de la UDI, Orlando Poblete Iturrate, que se desempeñaba como director del diario de gobierno, La Nación.

Derechos y libertades

          El relator especial para Chile de las Naciones Unidas, el costarricense Fernando Volio, reconoció en 1987 que había habido avances en materia de derechos humanos, no obstante lo cual la votación de la Asamblea General, de nuevo y como si no hubiera tal, de nuevo condenó al país por supuestas violaciones a los referidos derechos. Se trataba de un alineamiento netamente político de los países, tras una mera consigna.

          Pero los avances democratizadores eran reales y como consecuencia de ellos se había autorizado el año anterior, como antes dijimos, un nuevo diario opositor, La Época, vinculado a la Democracia Cristiana. Un combativo ex senador de ese mismo partido, Jorge Lavandero, mantenía otro diario, Fortín Mapocho, cuya existencia venía de antiguo (había nacido apolítico en el próspero y popular mercado de abasto llamado Vega Central) y por eso había sido respetado por el Gobierno Militar. Lavandero lo convirtió en periódico político opositor. Antes de eso habitualmente circulaba sólo entre los comerciantes de la Vega, lo cual aprovechó el ex-parlamentario para adquirirlo y convertirlo en un medio que se vendía en los kioscos.

Y hay otros síntomas de que el gobernante se preocupa seriamente de la imagen del país en materia de derechos humanos: en marzo de 1987 el pleno de la Corte Suprema le representó a Pinochet su queja porque la Central Nacional de Informaciones, CNI, no proporcionaba “informes fidedignos” cuando les eran solicitados por los jueces.

          “Pinochet responde que se ha encargado de ordenar a los ministerios de Justicia e Interior, para que en adelante tal servicio proceda apegado a la Constitución y las leyes y solicita al alto tribunal que si llegara a producirse otro problema se lo comunique inmediatamente” (3).

El primer partido legalmente constituido

          Siguiendo la línea de preparar la plena democracia había sido dictada la Ley de Servicio Electoral y Sistema de Inscripciones, N° 18.556. Conforme a ella se abrieron los registros y los ciudadanos comenzaron a inscribirse en febrero, como antes se dijo. Pinochet lo hizo con el N° 1 de la Mesa N° 1 de Santiago-Centro.

          En marzo se promulgó la ley N° 18.603, de Partidos Políticos. Para constituirlos a nivel nacional eran necesarias aproximadamente 35 mil firmas.

          Confluyeron a formar el primer partido tres fuerzas: 1) El Movimiento Unión Nacional, encabezado por Francisco Bulnes Sanfuentes, ex senador del Partido Conservador y después del Partido Nacional, nacido este último de la fusión de aquél con el Liberal y otras fuerzas, tras el desastre electoral de la derecha en 1965; y Pedro Ibáñez Ojeda, también ex senador del Partido Nacional; 2) La Unión Demócrata Independiente, formada por Jaime Guzmán Errázuriz, destacado líder estudiantil gremialista de la Universidad Católica; y 3) El Frente Nacional del Trabajo, movimiento creado por Sergio Onofre Jarpa tras abandonar el ministerio del Interior en 1985.

Bautizaron a la nueva colectividad con el nombre de Renovación Nacional, que permanece hasta hoy, tras divisiones y disensiones variadas.

Bulnes e Ibáñez habían formado, junto con Jarpa, el Partido Nacional después de que en 1965 las colectividades históricas de la derecha, los partidos Liberal y Conservador, casi desaparecieran bajo la marea de “un Parlamento para Frei”, en quien equivocadamente el electorado de derecha creyó ver una nueva cara de ésta. Pronto se desengañó y por eso el derechismo resurgió a finales de los ’60 en el Partido Nacional, con el consiguiente desinflamiento DC.

Pues la DC chilena era y es distinta de la europea e inclinada a la izquierda, con particular vocación por siempre terminar haciendo mucho de lo que dicen los comunistas. A poco andar, después de 1965, el electorado de derecha se dio cuenta de eso y los ex conservadores y ex liberales, uniéndose al nacionalismo que personificaba Jarpa, fundaron el Partido Nacional, de oposición al gobierno DC y que pronto atrajo al veinte por ciento del electorado y fue capaz de levantar una candidatura presidencial con expectativas de triunfo en 1970, encabezada por Jorge Alessandri.

          Volviendo a 1987, la directiva de Renovación Nacional fue presidida por un hasta entonces apolítico pero muy conocido abogado, Ricardo Rivadeneira, de gran prestigio y sin otra actuación pública previa que haber simpatizado con Jorge Prat, ex ministro de Hacienda de Carlos Ibáñez (1952-1958) y cabeza de grupos de derecha que siempre lo mencionaron como futuro candidato presidencial, hasta su prematura muerte en 1970, durante la campaña de Jorge Alessandri, de cuyo gobierno, si éste triunfaba, se anticipaba que sería el ministro del Interior, con rasgos de Primer Ministro.

          El Secretario General de RN fue el abogado Gonzalo García, ex subsecretario del Interior del Gobierno Militar, directivo de empresas, hijo del ex senador y ex Presidente del Partido Nacional, Víctor García Garzena. Completaban la directiva tres representantes de los grupos integrados en la nueva colectividad: Juan de Dios Carmona, el ex senador y ex ministro DC, ahora representando al Frente Nacional del Trabajo de Jarpa; Jaime Guzmán, por la UDI y Andrés Allamand, por Unión Nacional.

          Con el apoyo periodístico de El Mercurio, cuya “Semana Política” insistía en que se impusiera el criterio unitario en la formación de un solo partido de apoyo al régimen, se juntaron en RN el agua y el aceite. Pero, como suele suceder con ambas, no por mucho tiempo.

          Desde luego, ya en diciembre renunció Rivadeneira, que no era partidario ni del plebiscito presidencial ni de que Pinochet fuera el candidato. En una reunión con el ministro Fernández le hizo ver que en la Comisión Política había cuatro ex senadores y todos pensaban igual que la directiva, es decir, eran contrarios al plebiscito.

La facción de Unión Nacional (Allamand), a la cual pertenecía Rivadeneira, también se oponía al plebiscito y abogaba por elecciones presidenciales abiertas. Pero la UDI de Jaime Guzmán y el FNT de Jarpa lo apoyaban. Recurda Gonzalo Vial:

          “Rivadeneira, en posición extrema –ni plebiscito, ni Pinochet— y además molestamente crítico cuando hablaba de derechos humanos, dimitió la presidencia del partido tan pronto se reunieron las firmas para inscribirlo (diciembre). Sucesor: Sergio Onofre Jarpa. Sólo el grupo de Allamand mantuvo las antiguas reticencias, pero minoritario y muy constreñido a la discreción por la obvia necesidad de, en ningún caso, perjudicar directamente una posible candidatura Pinochet” (4).

          Debe recordarse que a fines de loss 70 Rivadeneira integró una escasamente recordada y aun menos documentada Comisión Asesora de Derechos Humanos que se formó al amparo del Gobierno Militar.

 La DC se reconstituye en todo el país

          Treinta mil militantes del Partido Demócrata Cristiano eligieron el 4 de julio, en forma directa y tras una larga campaña electoral, a los presidentes provinciales, comunales y delegados a la Junta Nacional.

          Con respecto a la presidencia de la colectividad, Patricio Aylwin –que ya en 1984 había manifestado que era necesario aceptar la Constitución como un hecho-- sucedía al por entonces radicalizado Gabriel Valdés; y en la elección interna aventajaba a otro aspirante de más a la izquierda, Ricardo Hormazábal, según el escrutinio parcial.

          Aylwin había decidido instar a dirigir la colectividad en nombre de que era el único alto directivo de la misma que no albergaba aspiraciones a ser candidato a la Presidencia de la República al término de la transición y cuando se pusiera en vigor la plena democracia prevista en el articulado permanente de la Constitución (5).

Fracaso de la política militar del PC

          Los comunistas seguían fuera de todo concepto de normalización democrática. Radio Moscú ya daba a conocer el pesimismo de ellos con los logros de su política militar, nombre eufemístico para describir sus atentados terroristas a lo largo del país.

          En su emisión del 9 de enero la radio soviética informaba que durante un mitin realizado en Halle, Alemania Federal, el miembro de la Comisión Política del PC, Rodrigo Rojas, confesaba que “entramos a 1987 en medio de una situación difícil, compleja”.

          El 16 de enero, en Moscú, el ex senador rojo Volodia Teitelboim, en su discurso para el 65° aniversario de la fundación del PC en Chile, acusaba de “desencantados” a los dirigentes de centroderecha, quienes “a fines del año pasado inventaron una variante con el nombre de elecciones presidenciales libres para el año 89”.

          Casi no hubo acciones terroristas en enero y sólo unas pocas en febrero de 1987. Radio Moscú confesaba veladamente el fracaso, admitiendo apenas una “relativa paralización de la movilización social (…) resultado de un proyecto que se ha intentado llevar a la práctica consciente y deliberadamente, siguiendo la batuta del embajador norteamericano en Santiago”. Embajador norteamericano, Harry Barnes, dedicado metódica y precisamente a boicotear el itinerario de transición del Gobierno.

Una “protesta” convocada para el 25 de marzo fue un fracaso y el dirigente DC Genaro Arriagada (que había sido Coordinador General de las Protestas) dictaminó:

“Esas formas de movilización social se agotaron, no convencen al pueblo de que sean eficaces y son factor de división en la base social”, concluyendo que “las formas tácticas hacia las que derivan las protestas han fracasado y no pueden seguir siendo sostenidas” (6).

Otros partidos de izquierda

          A la izquierda de la DC, que se reconstituyó legalmente como partido en 1987, como recién se ha visto, se hallaba el PS de Ricardo Núñez, “renovado”, que después de formar parte de la Alianza Democrática no hizo nuevos pactos.

          De hecho, la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático del Pueblo desaparecieron.

A la izquierda del PS-Núñez estaban el PS-Almeyda, el Partido Comunista, el MIR, los dos MAPU, la Izquierda Cristiana y grupos menores, que formaron un nuevo colectivo: la Izquierda Unida.

Todos estos eran opuestos a entrar en el plebiscito y a que sus seguidores se inscribieran en los registros electorales. Persistían en confiar en la vía violenta de los comunistas.

Todavía a mediados de 1987 toda la oposición rechazaba participar en el plebiscito y exigía elecciones libres. Se formó el Comité por Elecciones Libres, presidido por el ex ministro de Hacienda DC Sergio Molina Silva, al cual adhirieron personalidades de derecha, como la ex diputada del Partido Nacional Sylvia Alessandri y los ex embajadores del Gobierno Militar, José Miguel Barros y Lucía Gevert. También se formó el Comité de Izquierda por Elecciones libres, presidido por Ricardo Lagos.

Molina envió una conciliadora carta al todavía no sustituido ministro del Interior, Ricardo García Rodríguez, para “conciliar voluntades”, precisando que “con esto no pretende atacar a nadie sino contribuir a lograr un objetivo que es compartido por los más variados grupos de chilenos”.

García respondió que el Gobierno compartía la premisa de que los actos electorales estuvieran “revestidos de seguridad y transparencia, de modo que sean reflejo de las decisiones soberanas de los chilenos” y mencionaba las leyes de Inscripciones Electorales, del Tribunal Calificador de Elecciones, de Partidos Políticos y de Sistema Electoral que habían sido preparadas por las cuatro Comisiones Legislativas asesoras de los miembros de la Junta, despachadas por ésta y promulgadas por el Presidente de la República (7).

Probablemente los opositores finalmente pensaron que si no participaban en el plebiscito presidencial, el Gobierno iba a ganarlo y a permanecer más tiempo en el poder apoyado en una votación popular, como lo había hecho desde 1980, así es que en noviembre Patricio Aylwin, presidente de la DC, se decidió y expresó que se debía participar en aquél, apoyando la opción “No”.

En febrero de 1988 un total de 17 colectividades opositoras firmarían el pacto Concertación de Partidos por el No, quedando sólo el MIR y el Partido Comunista en la postura insurreccional.

Pero esa disparidad no fue obstáculo para que, finalmente, casi todos decidieran participar en la carrera por inscribirse en los registros electorales. Sólo el FPMR “autónomo” se marginó.

          Sin duda, en 1987 Pinochet ha asumido la iniciativa política. Parece tan confiado que incluso anuncia el fin del exilio, es decir, de la prohibición de reingreso de los que se habían marchado.

          Pero la oposición no le reconoce nada. El moderado DC Edgardo Boeninger señala que la legislación sobre partidos políticos presenta deficiencias graves; su correligionario Gabriel Valdés afirma que ni la Constitución ni las leyes políticas llevan a Chile a la democracia; Germán Correa, presidente del Movimiento Democrático Popular nucleado por el Partido Comunista, señala que la lógica jurídica de la Constitución y las leyes que de ella derivan es totalmente ilegítima y antidemocrática y que quienes utilicen esas leyes intentan perpetuarse en el poder (8).

          Ciertamente, no avizoraba que tres años después su propia gente iba a utilizar esas leyes para llegar al poder y ejercerlo según ellas, bajo las cuales él mismo iba a ser ministro del Interior, con la misión de hacerlas respetar.

Los comunistas se esforzaban

          Contra lo afirmado después de 1990 por la “posverdad” construida desde la izquierda, en 1987, en plena “dictadura”, un diario opositor al Gobierno, La Época, publicaba una larga inserción del Partido Comunista donde se expresaba:

          “Para que la exigencia de elecciones libres y democráticas sea un aporte real a la lucha antidictatorial debe formar parte y estar indisolublemente ligada al conjunto de las luchas del pueblo por sus demandas, reivindicaciones y derechos conculcados, a través de la más resuelta movilización social”.

          Dejando en evidencia que ésta última constituía una acción violenta, más adelante aclaraba: “Hacemos una explícita reafirmación de nuestra Política de Rebelión Popular de Masas, que conduce a la ruptura con las leyes y el orden fascista (…) Es decisivo derrotar las tendencias a la conciliación y el inmovilismo y retomar el proceso de confrontación resuelta, de desobediencia civil, de ingobernabilidad para los fascistas” (9).

          Pero el clima económico-social del país era mucho mejor que en los años de la “protestas”. El ministro de Hacienda, Hernán Büchi, mesuradamente decía: “Lo que el país vivió a partir del año ’85 no fue un boom. Fue un proceso de recuperación ordenado y gradual. Fue también un proceso sano, cuyas bases estaban afincadas en el mejoramiento de las tasas de ahorro e inversión. Sin esto todo habría sido un espejismo solamente. Dicho de otro modo, en ningún día la bonanza cayó del cielo, pero cada día las cosas evolucionaron para mejor” (10).

La economía les contesta a los políticos

          Mientras se reconstituían los partidos que habían llevado adelante hasta 1973 la Reforme Agraria que casi destruyó la agricultura chilena, dando testimonio de que hay cosas que una gran parte de los chilenos no aprenden nunca, los hechos hablaban por sí solos. He aquí una noticia publicada en El Mercurio del 8 de agosto de 1987:

          “Cifra récord: La cosecha de trigo de la última temporada alcanzó más de 18 millones de quintales. Esto significa que por primera vez en este siglo, la producción del cereal cubre las necesidades del consumo nacional y hasta deja un excedente”.

          ¿Qué había producido ese gran cambio con respecto a la situación en que el Presidente Allende advertía, en 1973, “sólo queda harina para unos pocos días más”?

          Una receta muy sencilla: dejar de perseguir a los agricultores, devolver sus tierras a sus legítimos dueños, allí donde éstos las reclamaran; respetar las señales de los precios en el mercado, garantizar el derecho de propiedad y la libertad de emprender; bajar los impuestos y eximir de ellos a las utilidades que fueran reinvertidas.

          Todos ellos, por otra parte, requerimientos de un régimen democrático de libertades personales, que el Gobierno Militar puso en práctica mucho mejor que los gobiernos que lo antecedieron y que condujeron a una crisis terminal a la democracia chilena, junto con dejarla, literalmente, “sin pan ni pedazo” (11).

Reconocimientos externos

          “Verdaderamente’, como observaría la revista Forbes en diciembre de 1987, ‘en muchos casos el modelo económico chileno podría ser ampliado para aliviar el sufrimiento humano en el empobrecido Tercer Mundo’.

          “Un estudio del Banco Mundial sobre la pobreza en América Latina encontró que: ‘El caso chileno es especialmente interesante, porque representa un intento exitoso de orientar el gasto social del gobierno hacia los segmentos más pobres de la población. Al recortar el gasto gubernamental en los grupos de mayores ingresos y dirigir los desembolsos hacia los más pobres ha sido posible proporcionarles los servicios sociales más urgentes a pesar de la grave crisis económica (…) El desempeño de Chile en cuanto al gasto social no tiene igual en la región, y se ha obtenido mejoras sustanciales en la eficiencia con que se entregan servicios sociales a los pobres” (12).

Bolivia nuevamente distrae al Gobierno

          Un nuevo canciller boliviano, Guillermo Bedregal, propone que Chile entregue a su país 2.800 km cuadrados entre la Línea de la Concordia, límite con Perú, y la ciudad de Arica o, alternativamente, un enclave territorial, ya fuere en Camarones, Tocopilla o Mejillones, para terminar con la mediterraneidad del país altiplánico.

          Pinochet comenta el ofrecimiento en una visita a Arica y manifiesta: “He querido conversar con ustedes brevemente sobre la situación que se ha creado con nuestros vecinos (…) posiblemente por un manejo apurado, los señores vecinos han hecho un pedido que no se puede aceptar bajo ningún respecto. ¡Chile no se vende ni se transa! (...) Cada pedazo de tierra de esta zona es seguro que tiene manchas de sangre de los que cayeron luchando por defender este territorio y no lo vamos a entregar porque nos piden o nos ordenan. ¡Aquí no ordena nadie, nosotros somos soberanos para hacerlo! (13).

          Según el Tratado de Límites de 1929 con Perú, Chile no tiene la facultad de ceder a un tercer país territorios que antes fueron peruanos, sin el consentimiento de aquél.

          Antes ya había habido una propuesta parecida y Perú formuló, para acceder a un “corredor boliviano”, demandas que para Chile resultaron inaceptables.

 El “Comité de Elecciones Libres”

          El 13 de marzo de 1987 se forma el Comité de Elecciones Libres, coordinado por el ex ministro de Hacienda de Frei Montalva y militante DC Sergio Molina y que agrupa a catorce personas de figuración pública nacional.

          En agosto se crea el Comando por Elecciones Libres, que envía al Gobierno una propuesta de reforma constitucional.

          Estas personas actúan con confianza gracias al apoyo externo, más que interno, que reciben. Mientras el presidente Reagan expresa, según vimos, apoyo al Gobierno Militar, los funcionarios subalternos de su administración ejercen continua presión para que éste acomode su salida del poder a los deseos de la oposición.

Estas presiones culminarán al año siguiente, cuando el Secretario de Estado, George Schultz, impulse el National Endowment for Democracy, que proveerá de abundantes fondos a los opositores al Gobierno Militar y probablemente, junto con la masiva ayuda europea, serán decisivos para el triunfo de “No” en el plebiscito presidencial de 1988.

          La oposición logra, con esos apoyos externos, crear un clima de superioridad sobre el Gobierno y cuando más adelante se estudien las encuestas de opinión, salvo la de Gallup, que siempre favoreció al Gobierno, se comprobará una subestimación sistemática del apoyo de que éste gozaba, en términos de que ninguno de esos sondeos siquiera se acercó a pronosticar –salvo, repito, Gallup, que auguró el triunfo del “Sí”-- el 43 % que el régimen obtuvo en definitiva. En promedio le daban poco más del 30 %.

          Pero no habrá en 1988 elecciones libres, sino plebiscito libre: el contemplado en el articulado transitorio de la Constitución. Resulta notable la firmeza con que, pese al asedio externo e interno, el régimen supo preservar el itinerario que propuso, y el pueblo aprobó, en 1980.

Terrorismo comunista y respuesta oficial

          El descubrimiento de los arsenales clandestinos enviados desde Cuba, la evidencia de que estaban destinados a servir más allá del término del Gobierno Militar, para atentar contra el régimen  plenamente democrático llamado a sucederlo (confirmado ello por el peritaje norteamericano) y el atentado contra el Presidente, en que fueron asesinados cinco miembros de su escolta, provocaron un  repudio ciudadano generalizado y visible y convencieron a los líderes de la Alianza Democrática de que, por ese camino, no sólo iban a perder el plebiscito del año siguiente sino cualquier elección que se diseñara para reemplazarlo, porque la mayoría popular rechazaba la violencia y, si la oposición la hacía suya, esa mayoría popular se iba a inclinar por el Gobierno.

          Escribe el historiador Gonzalo Vial: “El Partido (comunista), el Frente, el MIR y grupúsculos menores de violencia, persistirán sin embargo en el terrorismo y la movilización extrema todo el año 87. Pero lo harán desmayadamente, ante la palpable falta de eco no sólo político, sino también poblacional de sus convocatorias. Y así los intentos de nuevas jornadas colectivas se reducirán a dos, el 25 de marzo y el 7 de octubre. Respectivamente, un “día de la dignidad nacional”, sin muertos, y un paro que ‘logró’ cuatro, pero que no paró nada” (14).

          Nótese: según Vial, el paro “logró” cuatro muertos. Este reconocimiento, tácito pero palmario, de que los muertos eran una meta político-publicitaria de los opositores, no puede ser más elocuente.

          Uno de los atentados terroristas más graves se registró el 27 de julio, cuando fue asesinado el suboficial de Carabineros Leopoldo Tolosa Sepúlveda, que formaba parte de la escolta del Presidente de la República. Como es el caso de casi todas las víctimas del terrorismo, su memoria es apenas recordada y los autores de su muerte seguramente han tenido acceso a indemnizaciones y compensaciones muy superiores a las de la familia del suboficial.

Allanamiento de poblaciones

          Así como el brazo armado comunista y el MIR habían declarado la guerra al régimen, éste contraatacaba. El 29 de abril el Gobierno comenzó el allanamiento de poblaciones por parte del Ejército. Allanó una treintena. Lo hizo sin violencia excesiva, pero muy organizadamente. Los hombres mayores de quince años eran conducidos a un sitio eriazo y allí se les identificaba. Las viviendas eran revisadas. Si había órdenes de detención sin cumplir, se cumplían. Quienes no tenían problemas recibían un timbre en el dorso de la mano derecha, que los liberaba.

          Dice el historiador Vial: “Cuando el Ejército se iba, avanzada la mañana y concluido el operativo, dejaba lo que había querido dejar: la sensación de una maquinaria de fuerza incontrarrestable, a la cual era inútil oponerse. El ánimo de la rebelión bajaba perceptiblemente” (15).

          Y muchos pobladores agradecían el apresamiento de los que tenían órdenes de detención pendientes, porque con él mejoraba visiblemente la seguridad en las poblaciones. Hasta hoy, 2018, se extraña silenciosamente al Gobierno Militar en las poblaciones, por esa razón.

La visita del Papa

          Todos los sectores políticos querían “aprovechar” la visita del Papa. Sólo los fieles católicos contemplativos podían considerarla nada más que en su dimensión apostólica y religiosa.

          Para el Gobierno constituía un gran éxito el haberla conseguido y, al mismo tiempo, un gran riesgo, sabiendo que el extremismo armado podía provocar durante ella cualquier desmán.

          Para los opositores democráticos era una ocasión de denuncia ante el mundo contra el Gobierno Militar, aunque, publicitariamente, ya la tarea de desprestigio de éste la había cumplido el Departamento de Desinformatsiya del KGB soviético desde el 11 de septiembre de 1973 mismo.

          Para los propios comunistas y otros opositores violentos y armados, era la ocasión de generar un caos que –aspiraban— iba a ser la gota que colmara el vaso de la paciencia nacional e internacional con el Gobierno Militar y conducir a su deposición.

Radio Moscú lo anunciaba: “En torno a la visita del Papa va a haber movilización de masas, se va a manifestar el pueblo, incluso habrá pelea” (16). ¿Cómo sabían? Porque ellos la iban a provocar.

¿Alguien podría discutir el origen de la violencia durante dicha visita, después de esa confesión premonitoria comunista?

          Pero la presencia del Papa terminó favoreciendo más al Gobierno. “Una fotografía vale por mil palabras” y la que mostró a Su Santidad y al Presidente Pinochet juntos en un balcón de La Moneda, presentándose ante una Plaza de la Constitución colmada de personas que habían madrugado para ver al Pontífice, dio la vuelta al mundo y produjo un efecto devastador para los planes de demonizar a Pinochet.

          Las canalladas no estuvieron ausentes, por cierto. He aquí una, referida por el Arzobispo de La Serena, Francisco José Cox, al ministro de Minería, Jorge López Bain:

          “Debo confesarte que tuve algunas experiencias no tan felices y particularmente una que me fue en extremo frustrante. A la prensa extranjera, con el mejor de los espíritus, le abrimos las puertas del Canal 13 de televisión y le dimos acceso sin la más mínima restricción. Sin embargo, hubo abuso de nuestra buena fe y yo, personalmente, vi cómo un par de periodistas italianos pagaban mil dólares por una grabación de los disturbios de tiempos de la Unidad Popular y los mostraron como si estuvieran ocurriendo durante la visita del Papa” (17).     

Estaba previsto que Su Santidad y el Presidente hablaran a solas por diez minutos, pero lo hicieron durante cuarenta y cinco. Ninguna de ambas partes reveló en vida lo que conversaron y, en particular, Pinochet evadió siempre responder, cuando se lo preguntaron.

El Papa Juan Pablo II era uno de los escasos dignatarios de nivel mundial que era capaz de no “comprar” la campaña contra la Junta, porque conocía al comunismo por dentro, como ciudadano polaco; y porque en Santiago residía un coterráneo y amigo suyo, el padre Bruno Richlovsky, gran partidario del Gobierno Militar y que se preocupaba de mantener a Su Santidad informado de todo… y en idioma polaco. Y por eso, cuando visitó Santiago, se negó a ingresar a las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, sabiendo lo que en realidad ésta era, un “brazo logístico” de apoyo judicial y hospitalario del brazo armado comunista, según quedó en evidencia cuando se investigó el asesinato de uno de los cabecillas del mismo, José Manuel Parada, que era a la vez ¡Jefe del Archivo de dicha Vicaría de la Solidaridad!

A raíz de la visita del Pontífice, el marxismo tuvo que asumir las culpas de los incidentes que provocó durante la gira de Juan Pablo II. Incluso el historiador Gonzalo Vial, inclinado a cargar las tintas al Gobierno Militar en materia de derechos humanos, reconoció que en 1987 “el violentismo hizo una apuesta audaz. Intentó convertir en sangrienta protesta política la multitudinaria misa del Parque O’Higgins, oficiada por el Pontífice para beatificar a Teresa de los Andes. Sobrevino una verdadera aunque confusa y dispersa batalla campal, de numerosos focos, culminada con una furiosa arremetida hacia el proscenio y altar donde estaba Juan Pablo II. Pero los ‘guardias’ de la Iglesia y los carabineros lograron contener a los atacantes, sin que se interrumpiese la ceremonia ni, por fortuna, hubiera bajas fatales” (18).

           Otra versión certera de los incidentes, del prelado encargado de la visita del Papa, fue la que sigue:

          “Como se ha dicho, el clima de armonía que había concitado la presencia del Papa fue roto por la extrema izquierda. Durante la misa en la que se beatificó a sor Teresa de los Andes, en el Parque O’Higgins, generó un incidente propagandístico de singular cobardía al agredir, sin mediar provocación alguna, a una muchedumbre pacífica, causando 260 heridos. Consultado acerca de los hechos de violencia que opacaron tan magna ocasión, el secretario Ejecutivo del Comité Pro Visita del Papa, monseñor Francisco José Cox, manifestó que sus autores eran grupos absolutamente organizados y que dichos sucesos habían revelado algo extraordinariamente importante, ‘porque si nuestro destino va a estar en manos de personas como éstas, tenemos un tristísimo destino’. Por su parte, Juan Carlos Latorre, jefe de los voluntarios de la Guardia Papal, señaló que los autores eran ‘los mismos que piden a la Iglesia que los acoja, que los cuide y colabore con ellos, cuando se sienten o se dicen perseguidos’” (19).

          A su regreso a Roma el Papa encontró las murallas cubiertas de carteles que atacaban su actuación en Chile. El marxismo no perdona. Pero el Pontífice, que nunca se arredró ante el comunismo, replicó: “la Iglesia Católica no puede permanecer indiferente a los aspectos antirreligiosos de la ideología marxista” (20).

          La visita del Papa mejoró sustancialmente, además, el clima de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica, como apunta el historiador James Whelan: “El cardenal Fresno no sólo fue a La Moneda a recibir una medalla que le otorgó el Presidente Pinochet en presencia del nuncio, sino que también se embarcó en una gira por bases militares, incluida la base de la Fuerza Aérea en la Antártica, que visitó en compañía de los miembros de la Junta, generales Matthei y Gordon” (21).

Secuestro del coronel Carreño

          El FPMR comunista, ahora autodenominado “autónomo”, continuó operando y secuestró a un coronel de Ejército, Carlos Carreño, subdirector de la Fábrica de Materiales del Ejército (FAMAE), en septiembre de 1987.

          La privación de libertad duró 92 días. El FPMR logró sacarlo de país y lo llevó narcotizado a Brasil. El Gobierno no aceptó negociar nada. Era su ley frente al terrorismo y todos, desde los ministros para abajo, lo sabían: si eran secuestrados, el régimen no pagaría ningún rescate por ellos ni habría canje ni cumpliría ninguna exigencia terrorista.

Por eso en los autos de los ministros y altos funcionarios colgaba una pistola bien aceitada junto al asiento trasero. (En el caso de una del auto de un ministro amigo que una vez me mandó a buscar a mi oficina, comprobé que tenía gran exceso de aceite). Debían usarla en caso de intento de secuestro.

          La política del Gobierno era ésa, pero algunos elementos “descolgados” de la CNI parecían pensar de otra manera y, tras el secuestro de Carreño, secuestraron a su turno a cinco comunistas, activos en la guerrilla, a los cuales tenían fichados. Al parecer, querían ofrecer un canje por el coronel. Pero su proceder no tuvo respaldo de la superioridad y entonces optaron por matarlos y hacer desaparecer sus restos (22).

          Recién en 2017 la Corte Suprema condenó por sentencia de término a 32 ex agentes de la CNI, entre ellos una mujer, a penas de entre cinco y diez años de presidio por su responsabilidad en la muerte de los cinco frentistas que pensaban canjear por el coronel Carreño, a los cuales ajusticiaron y lanzaron al mar en vista de que el Gobierno declaró que no negociaría con los secuestradores. Los guerrilleros ejecutados fueron Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.

          El director de la CNI a la sazón era el general Humberto Gordon, hasta que fue promovido en el mismo 1987 a la Vicecomandancia en Jefe del Ejército. Asumió, entonces, como miembro de la Junta de Gobierno. Lo reemplazó en el servicio de inteligencia el subdirector de éste, general Hugo Salas Wenzel… para su infortunio, porque más de veinte años después fue condenado a cadena perpetua por la muerte de doce frentistas en un falso enfrentamiento, del cual él –según me aseguró personalmente, días antes de entrar a presidio a cumplir su condena— no fue responsable. La única evidencia en su contra fue el testimonio de un subordinado suyo, autor de los hechos y que declaró haber recibido del general Salas la orden telefónica de ejecutar a los guerrilleros, orden que éste negaba haber dado. Y en marzo de 2017 se le ha añadido a su presidio perpetuo la pena por las muertes de los cinco frentistas que se pretendía canjear por Carreño (23).

          También una mujer, Ema Ceballos Núñez, integrante de la DINA y la CNI, fue condenada a 10 años y un día por las mismas muertes, pero siempre negó su participación y señaló nunca haber pertenecido a la Brigada Azul a la cual se le atribuía la venganza. Ingresó a la cárcel de mujeres en 2017, a los setenta años. Había debido dejar su domicilio hacía tiempo, debido a que la gente de izquierda la “funaba” constantemente (funa: manifestación comunista de odio o repudio a domicilio o en el lugar de trabajo) (24).

          Se siguió cumpliendo así el paradigma chileno post ’90, de máximo rigor y presidio, a veces perpetuo y siempre contra las leyes vigentes, es decir, cometiéndose el delito de prevaricación por parte de los jueces, para los militares que tuvieron la misión de enfrentar a los terroristas e impedirles matar a otros chilenos; y amnistía, indulto o liberación e indemnización millonaria para los guerrilleros de izquierda.

          Pero en 1987 el Partido Comunista estaba furioso con la directiva frentista por haberse expuesto al fracaso del secuestro del coronel Carreño. Ello provocó la deserción del jefe del FPMR, Raúl Pelegrín, que resolvió marginarse de la colectividad y operar por su cuenta (de ahí lo de FPMR autónomo).

Encuesta Gallup-Chile

          A principios de 1988 se dio a conocer una encuesta de Gallup-Chile realizada a fines de 1987, que revelaba, con respecto al plebiscito del año siguiente, que los partidarios del “Sí” eran el 39,4 % y del “No” 26,6 %, anunciando una alta abstención. Asimismo, ordenaba los principales acontecimientos negativos ocurridos en el país, de más a menos graves, según la opinión pública, de la siguiente manera:

Catástrofes naturales                        79,8 %

Terrorismo                                        78,2 %

Inflación                                            67,1 %

Desempleo                                         57,8 %

Falta de democracia                           21,3 %

Violaciones a los derechos humanos 15,8 % 

          Nótese que el terrorismo era considerado un problema peor que el de las supuestas violaciones a los derechos humanos por una incontrastable mayoría ciudadana (78,2 % versus 15,8 %).

Entre las catástrofes naturales puede citarse el gran terremoto de 1985 y las inundaciones de 1982. Estas últimas dejaron un saldo de 32 muertos, cien mil personas damnificadas y daños a la propiedad estimados en cien millones de dólares de entonces.

          El mayor nivel de preocupación por el terrorismo lo expresaron las mujeres (83,4 %), las personas de 45 años o más (80,6 %) y la gente más pobre (78,8 %); “en otras palabras, los habitantes de esas poblaciones marginales donde los terroristas radicales tenían sus reductos y a las cuales usaban como bases de operación. La preocupación por el terrorismo es mencionada muy rara vez en los informes de prensa sobre Chile” (25).

Operación Albania o Corpus Christi

          A partir del 14 de junio de 1987 se inició una operación de la CNI contra el FPMR que se ajusta a los cánones que observan los norteamericanos con Al Qaeda o los israelíes con los terroristas palestinos de Hamas y Al Fatah, pero que la justicia chilena posterior a 1990 ha sometido a las más altas penas, como la de presidio perpetuo.

          El historiador Gonzalo Vial sostiene que se han aclarado judicialmente las muertes en 1987 de doce frentistas en la Operación Albania, conocida también como Corpus Christi, por coincidir la fecha con la referida festividad religiosa (26). Es la mencionada más arriba como razón del presidio perpetuo impuesto al general Hugo Salas Wenzel, ex director de la CNI.

          En realidad, un probable motivo puede haber sido que el actuar de la guerrilla se había tornado bastante ostensible y los diarios publicaban testimonios hasta de la exhibición de armamento, por parte de los terroristas, en las calles de algunas poblaciones, con entera impunidad. Alguna alta autoridad puede haber exclamado: “¿Y qué hacen los servicios de seguridad frente a estas públicas exhibiciones de los terroristas?”. La reacción de los subordinados frente a una observación como ésa puede ser imprevistamente exagerada.

          La CNI tenía controlados a los guerrilleros pero, tal vez pensando que podía obtener más información vigilándolos que apresándolos, no había hecho esto último, hasta que se desató la Operación Albania.

          Comenzó dándole muerte a uno de los jefes fundadores del Frente, Ignacio Valenzuela, en una calle de la comuna de Las Condes. La CNI alegó que había sido un enfrentamiento. Luego, en Ñuñoa y San Miguel, en la tarde y en la noche, cayeron otros tres, en parecidos encuentros con personal de seguridad.

          Y se dio la información de un combate en una casa de seguridad del Frente, en la calle Pedro Donoso, de Conchalí, donde, enfrentados siete frentistas jóvenes, supuestamente de los que se había enviado a Cuba a recibir entrenamiento, murieron todos estos. Veinte años después la justicia terminó por establecer que el baleo fue unilateral.

          El personal de CNI responsable ha terminado recibiendo las más altas penas que contempla nuestro ordenamiento por esas muertes. Por contraste, el jefe del atentado a Pinochet, César Bunster, que causó cinco muertes, goza de perfecta impunidad, ha sido candidato a concejal, ha recibido homenajes de la izquierda en el Congreso y ha sido invitado al Palacio de La Moneda por la Presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno. Y el jefe militar comunista que ha confesado públicamente haber sido autor intelectual de dicho atentado, hoy diputado Guillermo Teillier, nunca ha podido ser procesado porque los tribunales han estimado que en su favor sí opera la prescripción. Y también ha sido invitado a La Moneda por el Presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato.

          El país soporta un doble estándar en relación al resto del mundo: doce terroristas muertos por la CNI derivan en cadena perpetua para los jefes y funcionarios de ésta. Ejecución de 32 terroristas en el extranjero derivan en impunidad total, si es que no condecoraciones, para los autores, en el siguiente caso:

          “Aden Hashi Ayro, quien era jefe de Al Qaeda en Somalía, murió ayer junto al jeque islamista Muhaydin Omar y treinta personas más, en el mayor ataque de los Estados Unidos a la insurgencia en ese país, el grupo Al Shabab, ligado a Al Qaeda. El ataque aéreo en la localidad somalí de Dusamareb redujo algunas casas a escombros” (27).

Homenaje a Salvador Allende

          Otro testimonio del clima de distensión que generaron las medidas democratizadoras y la dictación de leyes que regirían bajo la plena democracia, tuvo lugar en el Teatro Cariola, ubicado en el centro de la capital: allí se realizó sin problemas un homenaje al ex presidente Salvador Allende, sin sufrir inconvenientes ninguno de sus organizadores.

          ¿Alguien creería en 2018, después del “lavado de cerebros” colectivo que ha tenido lugar a partir de 1990, que bajo el Gobierno Militar se podía tributar un homenaje público a Salvador Allende, en un teatro importante del centro de la capital? Al contrario, bajo la actual “plena democracia” no pudo realizarse normalmente en 2010 un homenaje al ex Presidente Pinochet, en el Teatro Caupolicán de Santiago, cuya pieza fundamental era una película documental sobre su obra, debido a la agresión de activistas de izquierda contra los asistentes, algunos de los cuales sufrieron graves lesiones.

          Los organizadores del homenaje a Allende fueron los partidos de extrema izquierda que poco antes habían fundado el colectivo Izquierda Unida. Este, debido a la violencia que practicaban los grupos que lo formaban –el PS-Almeyda, el PC, el MIR— no había encontrado cabida dentro de la Alianza Democrática que habían formado la DC, el PS-Núñez, el PR y el PL, contrarios a la violencia armada… tras convencerse de que el Gobierno Militar no iba a retroceder ante ella y, además, pero no menos importante, que ella les generaba gran impopularidad entre la población y suscitaba apoyo a la mano firme del Gobierno.

          Pero todas estas agrupaciones de partidos iban a unificarse poco después, cuando se formara la Concertación de Partidos por el No, a comienzos de 1988.

“No queremos venganza…”

          El 19 de mayo de 1987 la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Sola Sierra, cuyo marido, un dirigente comunista, había sido apresado en 1976 y su paradero no se había posteriormente determinado, declaraba:

          “No queremos venganza. Después de un tiempo, si aquí se detecta quiénes son los responsables y qué fue lo que pasó, si hay condenas y luego una ley de amnistía, nosotros no nos opondremos”.

          Exactamente lo contrario de lo que en definitiva sucedió: hubo venganza, los procesos nunca terminaron y sólo aumentaron; ni se respetó la Ley de Amnistía, sino al contrario, se impuso la consigna “ni perdón ni olvido”. Y quienes sucedieron a Sola Sierra en el cargo, tras su fallecimiento, han sido las más vehementes opositoras a cualquier iniciativa para dejar atrás el pasado.

          Ha habido además lucro, a través de cuantiosas indemnizaciones obtenidas del Estado, pese a que puede probarse que el Estado como tal nunca patrocinó conductas delictuales.

Paro en la Universidad de Chile

          Como parte de la apertura política iniciada en 1984, y que había dado lugar en la Universidad de Chile a las primeras elecciones de directiva de su federación de estudiantes (FECH) desde 1973, bajo la rectoría del general de brigada Roberto Soto Mackenney se había iniciado un proceso de democratización de la principal universidad del país y se había determinado que la elección de decanos de las facultades se haría por sus pares académicos.

          Pero las autoridades económicas, dentro del exigente proceso de recuperación a que se había visto sometido el país tras la crisis de 1982, habían advertido que el funcionamiento de la mayor universidad estatal estaba generando un déficit histórico, que ascendía a mil millones de pesos del año 1987.

          La impresión de los economistas de gobierno era que se necesitaba una mano que racionalizara lo que estaba ocurriendo en las finanzas de la Universidad de Chile y para ese efecto fue designado como nuevo rector el economista José Luis Federici, formado en dicha universidad pero adepto a las políticas de los Chicago Boys y que había cumplido una tarea saneadora rigurosa en los Ferrocarriles del Estado, otro ente generador de continuados déficits gigantescos en años previos.

          Pero esa rectoría provocó una crisis en la Universidad de Chile. Tal vez la precipitó el decreto universitario N° 4.379, dictado por el nuevo rector, que suprimía la atribución de los decanos para contratar académicos. Si se quería sanear las finanzas, lo primero era controlar las nuevas contrataciones generadoras de un mayor gasto.

          Entonces tanto la Asociación de Académicos como la Federación de Estudiantes de la Universidad llamaron a paralizar actividades y a partir del 28 de agosto se suscitó un clima de máxima efervescencia, que tuvo una lamentable culminación cuando el 24 de septiembre un desfile de estudiantes en el sector céntrico de Santiago rodeó a un carabinero que dirigía el tránsito y éste, completamente al margen de toda orden o conocimiento de sus superiores y, por cierto, del Gobierno, y sintiéndose amenazado por individuos que lo insultaban y empujaban, extrajo su arma de servicio disparando un tiro que dio en la cabeza de la estudiante de música María Paz Santibáñez, que quedó gravemente herida.

          De nuevo, como en el Caso Quemados del año anterior, la noticia dio la vuelta al mundo: “el régimen de Pinochet dispara en la cabeza a una estudiante”. Y vinieron las muestras de repudio internas y externas de rigor.

          La escena siguió el patrón clásico: un uniformado, solitario y aislado, ajeno al tema, pues estaba encargado del tránsito, es rodeado y acosado por un grupo enardecido y teme por su vida. Cree que lo van a linchar. Tiene su arma para defenderse y la usa, hiriendo a la estudiante más próxima. Escándalo mundial y la culpa no es de quienes iniciaron la agresión, sino del Gobierno Militar y su máximo exponente: Pinochet. Pasa a ser “otro de los crímenes de Pinochet”: ordenó dispararle a una estudiante.

         

Desenlace del conflicto

          Durante el paro universitario yo defendí, desde mi columna de El Mercurio, el principio de autoridad. El 7 de octubre escribí:

“Debe saberse quién manda en la Universidad. Si el Gobierno transige en este punto, la oposición abrirá muchos otros frentes de rebeldía para repetir en ellos su triunfo y la gente se preguntará, no quién manda en la Universidad, como ahora, sino quién manda en el país”.

          El tema era ése. Por eso yo también escribía: “Todos los temas académicos y administrativos pueden discutirse: si el plan de desarrollo es bueno, regular o malo; si en el Departamento de Astronomía es apropiado o no que haya 21 profesores y tres alumnos o sería mejor la proporción inversa; o si en el Hospital J. J. Aguirre (de la Universidad) debería haber más o menos de 520 médicos para atender las 840 camas. Pero eso se discutirá sólo cuando las actividades universitarias se hayan normalizado y se haya acatado la autoridad legal, no antes” (28).

          Pero la autoridad cedió y adoptó un criterio más flexible, aceptando la renuncia de Federici –en ese momento la bête noir de la oposición-- el 29 de octubre y designando al destacado filósofo y catedrático Juan de Dios Vial Larraín como nuevo rector.

          Como el rector de la Universidad Católica era el académico Juan de Dios Vial Correa, las dos principales universidades del país pasaron a tener rectores del mismo nombre y primer apellido, por primera vez en la historia del país.

Y el Departamento de Astronomía de la de Chile pudo continuar teniendo 21 profesores y 3 alumnos, su Hospital J. J. Aguirre 520 médicos para sus 840 camas, y el déficit de mil millones de pesos anuales que numerosas situaciones como ésas generaban pudo permanecer.

          El 7 de diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó una vez más a Chile por las “violaciones a los derechos humanos”, en una votación política que ya no llamaba la atención de nadie ni generaba mayores consecuencias y que se había renovado a pesar del reconocimiento del relator designado por la ONU, Fernando Volio, de que la situación de los derechos humanos había mejorado en el país.

Fracaso del paro del 7 de octubre

          El epitafio de la política militar comunista se escribió el 7 de octubre, al fracasar el paro violento preparado para esa fecha. Es verdad que hubo lanzamiento de bombas, atentados incendiarios y apagones, todo reivindicado por el FPMR, con un saldo de cuatro muertos y numerosos heridos, pero en el mismo mes un Pleno del PC reconoció:

“Bajo presión imperialista, un sector de la oposición abandonó el camino de la movilización social y de la concertación política. Hubo temor de que el movimiento de masas llegara a tales niveles de desarrollo y enfrentamiento, que provocaran una caída violenta de la dictadura y se creara una situación en la cual el pueblo entrara a jugar un papel determinante. A ello se sumó la ofensiva anticomunista exacerbada a raíz del asunto de los arsenales y del atentado al tirano, y ante la cual cedieron posiciones los partidos de centro y también algunos de la izquierda.

          “Se produjo una vergonzosa claudicación de la oposición burguesa, cayendo en una verdadera capitulación ante el régimen de Pinochet” (29).

          Es que los comunistas fueron tan violentos que asustaron al resto de la oposición.

Frutos del éxito económico

          Habiendo dejado atrás los peores efectos de la crisis de la deuda de 1982, ya la economía chilena pisa en 1987 terreno firme. La Contraloría General de la República informa al Presidente que el resultado consolidado de 1987 para el sector público ha tenido un superávit de 105 mil millones de pesos, lo que ha permitido servir la deuda pública por 32 mil millones de pesos (30).

          En el exterior también se dan cuenta, si bien el enrarecido clima político anti-Junta que impera en todas partes bajo el bombardeo propagandístico originado en Moscú amedrenta a la mayoría de los medios. Sólo pueden expresar la realidad los que no se dejan intimidar, que son minoría, como es el caso del Wall Street Journal, que afirma:

          “Bajo el mandato de Pinochet, Chile goza de una enorme estabilidad económica y progreso, mucho mayor que la mayoría de sus vecinos latinoamericanos, incluyendo a aquellos que expulsaron a los militares y tienen gobiernos civiles” (31).

          Desde 1985 se ha venido dictando normas para estimular las exportaciones y atraer más inversión extranjera. Obedeciendo a esos estímulos se instala una planta de metanol a 25 kilómetros de Punta Arenas, considerada como la más grande de Occidente.

          También hay proyectos mineros de mediano y largo plazo de la Phelps Dodge, la minera de cobre más grande de los Estados Unidos.

          El empresario australiano Alan Bond, que pertenece al consorcio que ha adquirido la mina de oro El Indio, le informa al Presidente sobre los proyectos de inversión de su empresa.

Los empresarios japoneses que han ganado la licitación del plan de enlace de la Compañía de Teléfonos también le manifiestan su intención de participar en nuevos proyectos (32).

En fin, la ley N° 18.567, de 16 de septiembre de 1987, crea un Fondo de Inversión de Capital Extranjero para captar recursos fuera del país “mediante la colocación de cuotas de participación o para ingresar al país recursos aportados por inversionistas institucionales extranjeros, los que se destinarán a la inversión en valores de oferta pública emitidos en Chile”.

Todas estas medidas conducen a la diversificación del comercio de exportación chileno: el cobre, que representaba el 82 % de todas las exportaciones en 1973, en 1987 es sólo el 41 %.

El mecanismo que permite transformar documentos de deuda externa chilena en capital de empresas nacionales ha permitido reducir la deuda externa en 1.980 millones de dólares (33).

El incentivo para los inversionistas es claro: los papeles de la deuda chilena se transan en una fracción de su valor nominal y, en cambio, en Chile sirven por el total de ese valor para adquirir activos nacionales.

          El resumen es que hay confianza nacional e internacional para invertir en Chile. E invertir más es crecer más. Y crecer más significa que todos los habitantes del país están mejor.

La revolución silenciosa en los hechos

          El país estaba en orden y, si no hubiera sido por los atentados terroristas del brazo armado comunista FPMR, financiados y pertrechados desde el exterior por la Stasi de Alemania Oriental, el KGB de la URSS y el gobierno cubano, la paz y la normalidad internas serían completas.

          Un testimonio lo daba la noticia publicada en El Mercurio sobre el reconocimiento internacional de la calidad de un servicio público que normalmente, bajo gobiernos anteriores, había suscitado las quejas de los chilenos, Correos de Chile. Y que también las suscitó y suscita en los posteriores. He aquí cómo había cambiado para bien:

          “CARTAS MÁS RÁPIDAS. Un control de calidad realizado por la Unión Postal de las Américas y España determinó que el Correo chileno es el más eficiente en sus tiempos promedio de salida, transporte y entrega de correspondencia.

          “El examen se efectuó en septiembre de 1986, superando el servicio nacional a los de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Panamá y Uruguay” (34).

          El libro Chile: Revolución Silenciosa, del economista Joaquín Lavín, apareció en 1986, como vimos en el capítulo anterior, y se siguió reeditando en 1987, convertido en uno de los más vendidos de la historia del país, porque respondió de una manera sorprendente a una pregunta que solían hacer los opositores al Gobierno Militar: “Pero ¿qué ha hecho este gobierno?”

          Vale la pena resumir otra de sus revelaciones más notables, aparte de las ya señaladas en dicho capítulo: “En 1970 había 302 mil jóvenes siguiendo estudios secundarios; en 1985 superaban los 670 mil; en los últimos seis años el número de jóvenes siguiendo estudios superiores creció en 74 % (...) Los avances en salud hacen que cada chileno que nace disponga durante su vida de 35 mil horas más de tiempo que quienes nacieron en 1970 (…) Hay en 1987 casi 700 mil mujeres más trabajando que en 1970 (…) Entre 1970 y 1986 la producción agrícola creció en 54 % mientras las personas ocupadas en la agricultura disminuyeron en 101 mil (…) El número de automóviles se incrementó en 445 mil en quince años (…) Con dos millones de televisores Chile ostenta una de las mayores densidades de televisores por familia en Sudamérica (…) Durante 1986 doscientas mil personas adquirieron la V Sinfonía de Beethoven junto con una revista (…) Los trabajadores son a la vez accionistas del acero, del azúcar, de la electricidad, de los teléfonos (...) La exportación chilena de software se multiplicó por diez entre 1980 y 1987 (…) El cobre deja de ser la casi única exportación y baja del 80 % al 40 % del total, mientras las exportaciones forestales superan al acero (…) El número de pasajeros de líneas aéreas crece 55 % en diez años (…) El número de lavadoras supera el millón y circulan dos millones de bicicletas por las calles (…) Las importaciones de bienes de capital, que eran el 16 % del total en 1984, pasan al 25 % en 1987 (…) “El país se parece hoy más a Australia y Nueva Zelandia que a nuestros vecinos latinoamericanos” (…) Entre 1974 y 1986 las exportaciones agrícolas se multiplicaron por once y las de fruta por veinticinco (…) Las plantaciones forestales eran de 290 mil hectáreas en 1973 y llegaban a un millón cien mil hectáreas en 1987 (…) De cada mil nacidos vivos, 70 morían en 1970, y sólo 19 en 1987 (…) Chile se ha transformado en el país con mayor número de televisores por alumno en Latinoamérica (…) La Historia de Chile, de Francisco Antonio Encina, ofrecida por la revista Ercilla en 37 tomos, vendió un total de 5.817.951 libros que están en 137.227 hogares que tienen la colección completa (…) El tiempo requerido para obtener un certificado de nacimiento bajó de cuatro días a treinta minutos (…) “Chile es hoy un país líder. A quienes en diversas ocasiones han señalado que debemos recuperar el liderazgo entre los países latinoamericanos, habría que decirles que Chile ya lo recuperó, y con creces” (…) “Un estudiante que termina su Educación Media, ya no está forzado a elegir entre la Universidad Católica, la de Chile o la de Santiago. Sus opciones incluyen varias universidades privadas y numerosos institutos profesionales y centros de formación técnica creados en los últimos años” (35).

Un nuevo gabinete

          En julio Pinochet resuelve organizar un nuevo equipo de ministros para que lo secunde en el período que resta para el plebiscito: a Interior vuelve, como más arriba se dijo, Sergio Fernández, y Ricardo García pasa de esa cartera a la de Relaciones Exteriores; en Defensa continúa el almirante (r) Patricio Carvajal; en Economía asume el brigadier Manuel Concha; en Hacienda permanece Hernán Büchi; en Educación asume Juan Antonio Guzmán, ingeniero comercial, empresario y académico; en Justicia permanece Hugo Rosende; en Obras Públicas también permanece el general Bruno Siebert; lo mismo en Agricultura, el agricultor Jorge Prado; en Bienes Nacionales el general de Carabineros, Jorge Veloso; en Trabajo asume Alfonso Márquez de la Plata; en Salud el doctor Juan Giaconi; en Minería el abogado Samuel Lira Ovalle; en Vivienda Miguel Ángel Poduje; en Transportes y Comunicaciones el general de Aviación Jorge Massa; en la Secretaría General de Gobierno, el abogado UDI Orlando Poblete; en Odeplan, el ingeniero y economista Sergio Melnick y en la Secretaría General de la Presidencia el general Sergio Valenzuela.

          El cambio más notorio es el reemplazo del abogado Francisco Javier Cuadra, de la “línea dura” y que mantenía distancia con Fernández, por el abogado Orlando Poblete. El ministro saliente asume como embajador ante la Santa Sede.

Fundación del PPD

          Ricardo Lagos derivó de su Comité de Izquierda por las Elecciones Libres la idea de organizar un partido instrumental, diciendo: “Para avanzar en la concertación del conjunto de la oposición y para asegurar la estabilidad futura de la democracia, es urgente que todos los partidos que aspiran a formar parte del arco constitucional se comprometan a guiar su acción por una serie de principios básicos.”

          Detrás estaba la idea de personalizar la opción “No” en una figura de sólido ascendiente moral, capaz de contrarrestar la del Presidente Pinochet. Un pleno del Partido Socialista Renovado “acordó solicitar al cardenal Raúl Silva Henríquez que acepte participar con toda su experiencia, capacidad personal y prestigio moral, reconocidos ampliamente, en la solución de la grave crisis nacional, con el fin de restablecer la democracia y la justicia social” (36).

          La iniciativa no prosperó, pero el instrumental Partido por la Democracia  (PPD) tuvo éxito en convocar a personalidades de variadas corrientes políticas: social demócratas como Mario Papi; radicales como Víctor Manuel Rebolledo y Jorge Schaulsohn y republicanos o derecha opositora, como los ex parlamentarios del Partido Nacional Armando Jaramillo y Aníbal Scarella.

          En las primeras elecciones internas del PPD quedó en evidencia su pluriafiliación: Pilar Armanet, ex Nacional; Víctor Barrueto, ex MAPU; Sergio Bitar y Pedro Felipe Ramírez, ambos ex Izquierda Cristiana; Enrique Correa, ex socialista; Oscar Guillermo Garretón, ex MAPU; Armando Jaramillo, ex liberal y republicano; María Maluenda, ex diputada comunista; Víctor Manuel Rebolledo, ex radical; Aniceto Rodríguez, ex senador socialista; y Julio Stuardo, ex socialista de Almeyda.

          La figura hegemónica de la colectividad era Lagos. El hecho de inscribirla legalmente precipitó la decisión socialista de hacer lo mismo. Y posiblemente también la de la DC, donde había una minoría interna contraria a la inscripción, representada por los ex diputados Huepe y Hormazábal (37).

Culmina legislación laboral

          La Comisión Redactora del Código del Trabajo, que preside William Thayer Arteaga, ex ministro del ramo de Frei Montalva y que, a diferencia de otros líderes democratacristianos, pero al igual que Juan de Dios Carmona, se mantuvo apoyando al Gobierno Militar, entregó a fines de octubre su anteproyecto. El Presidente lo envía a la Junta.

          En el mensaje, Pinochet recuerda que desde 1973 se ha legislado para reemplazar el antiguo marco jurídico laboral y que la actual iniciativa tiene por objeto recopilar esa legislación para constituir un texto básico que comprenda las normas aplicables a trabajadores y empleadores.

          La obra legislativa del Gobierno Militar en materia laboral fue nutrida, pero sus hitos principales fueron el DL N° 1.006 de 1975 sobre Estatuto Social de la Empresa, el DL N° 2.200 de 1978 sobre contrato individual de trabajo y protección de los trabajadores, el DL N° 2.756 de 1979 sobre organizaciones sindicales, el DL N° 2.758 de 1979 sobre negociación colectiva, la ley N° 18.510 que modificó el procedimiento laboral, la ley N° 18.011 sobre contrato de oficiales y tripulantes y la ley N° 18.032 que modificó el régimen laboral de los trabajadores portuarios (38).

El Congreso en Valparaíso

          Se atribuye normalmente la idea de instalar en Valparaíso al Congreso Nacional o Poder Legislativo al almirante Merino, como oriundo del puerto, pero se trató de una iniciativa anunciada en julio de 1987 por el Presidente Pinochet… que también era oriundo del puerto (39).

          Los propósitos en que se apoyó la idea fueron los de propender a una mayor descentralización del país, procurar aliviar la concentración de población que se registraba en Santiago, capital de un tamaño desproporcionado en relación al resto de las ciudades chilenas; y prestar un reconocimiento a la importancia de las regiones.

          Cuando la idea se llevó a la práctica fueron tantos los inconvenientes que presentó el trabajo en ciudades distintas de los Poderes Colegisladores (Ejecutivo y Legislativo) que se dio por un hecho que se aprobaría una moción de ley presentada para devolver el Congreso a Santiago. En algunos momentos pareció que la idea se iba a aprobar. Pero, finalmente, el Congreso quedó en Valparaíso porque, al parecer, la idea encontró arraigo popular y en el propio puerto la vehemencia para defender la sede se impuso sobre las necesidades prácticas y el sentir general de los políticos.

          En octubre de 1987 el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional a la Junta, fijando la sede del mismo en la ciudad de Valparaíso. Pero el tema de la sede se dirimió en una ley independiente que, dictada con el número 18.678 y publicada el 18 de diciembre de 1987, estableció que el poder Legislativo tendría su sede en Valparaíso.

          Después de suficiente debate sobre la ubicación precisa del recinto que albergaría al Congreso, se aprobó la idea presidencial de instalarlo en el lugar que ocupaba el clásico y antiguo Hospital Deformes, en la zona céntrica del puerto.

          Se llamó a un concurso de proyectos arquitectónicos y, habiéndose presentado uno de un arquitecto socialista y otro de un arquitecto de derecha, el Gobierno y la Junta optaron por el primero, para desconsuelo de todos los que considerábamos que las líneas neoclásicas del proyecto alternativo habrían servido mejor al sentido estético de nuestra sociedad que el gigante modernista finalmente preferido.

          Con esto culminó el diseño de la transición a la democracia y, como ha resumido el académico Gustavo Cuevas Farren, “en síntesis, es indesmentible que de los tres modelos de transición, vale decir, la negociada o pactada, la rupturista y la institucionalizada, el que termina prevaleciendo en nuestro caso es el último de los nombrados, lo cual permitió no tan solo que los opositores ganaran de manera no traumática las siguientes elecciones presidenciales, sino además que el mismo proceso de transición haya sido considerado después paradigmático en otras experiencias en diversos continentes” (40).

Balance económico anual

          El PIB este año 1987 creció más que el anterior, 6,5 %. Realmente, la economía estaba dejando atrás “los malos días”, como alguna vez los llamara El Mercurio en plena crisis cambiaria de 1982. En realidad, era una tasa infrecuente en el país.

          El desempleo volvió a un dígito, 9,6 %, pero la inflación aumentó un poco, a 21,5 %, confirmando el trade-off que los economistas representan en la Curva de Phillips. Pero la Tasa de Inversión en Capital Fijo aumentó dos puntos y medio, y llegó a un prometedor 19,6 % del PIB, abriendo la puerta a crecimientos mayores, que efectivamente después vinieron.

          El déficit del presupuesto fiscal aumentó un poco, a -2,2 % del PIB.

          El comercio exterior mostró una Balanza Comercial más favorable que en todos los años anteriores, de 1.308,7 millones de dólares. A la vez, el déficit de la Cuenta Corriente se redujo en más de 400 millones a -735,5 millones de dólares, pero la Cuenta de Capitales redujo, aunque poco, su superávit a 890,2 millones de dólares.

          Y la Deuda Externa también se redujo en cerca de 300 millones de dólares, a 19.208 millones de la misma moneda (41).

          Las reservas Internacionales Brutas del Banco Central aumentaron a 3.613 millones 100 mil dólares, es decir, 299 millones 400 mil dólares más que el año anterior (42).

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO XV:

(1) “El Mercurio”, Santiago, 03 de febrero de 1987.

(2) Ibíd., 16 de octubre de 1987.

(3) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 614 y  “El Mercurio”, Santiago, 01 de noviembre de 1986.

(4) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 557.

(5) Ibíd., ps. 561, 562.

(6) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., ps. 284, 285.

(7) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 174.

(8) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., p. 662.

(9) “La Época”, 19 de julio de 1987, p. 10.

(10) Büchi, Hernán: “La transformación Económica de Chile”, Norma, Bogotá, 1993, p. 196.

(11) “El Mercurio”, Santiago, 11 de agosto de 2017, sección “Hace 30 Años”, p. A2.

(12) Whelan, James: “Desde las…”, op. cit., p. 686.

(13) “La Tercera”, 17 de junio de 1987, p. 5.

(14) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 552.

(15) Ídem.

(16) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 286.

(17) López Bain, Jorge: “Testigo Presencial”, Maye, Santiago, 2012, p. 200.

(18) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II. p. 552.

(19) Canessa, Julio y Balart, Francisco: “Pinochet…”, op. cit., p.356.

(20) Ídem.

(21) Whelan, James: “Desde las…”, op. cit., p. 789.

(22) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p.554.

(23) “La Tercera”, 23 de marzo de 2017.

(24) “El Mercurio”, Santiago, 21 de mayo de 2017, p. C 15.

(25) Whelan, James: “Desde las…”, op. cit., p. 688.

(26) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t.II, p. 710.

(27) “El Mercurio”, Santiago, 2 de mayo de 2008, p. A5.

(28) Ibíd., 07 de octubre de 1987, p. A 3.

(29) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 293.

(30) “La Segunda”, 28 de abril de 1988, p. 7.

(31) Ibíd., 30 de diciembre de 1987, p. 5.

(32) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 692.

(33) “El Mercurio”, Santiago, 12 de noviembre de 1987, p. C 7.

(34) Ibíd., 03 de agosto de 2017, p. A 2, sección “El Mercurio hace 30 años”.

(35) Citas tomadas de Lavín, Joaquín: “Chile: Revolución Silenciosa”, Zig-Zag, Santiago, 1987.

(36) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 184.

(37) Ibíd., p. 186.

(38) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t.II, p. 706.

(39) “La Tercera”, 18 de julio de 1987.

(40) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 177.

(41) Banco Central de Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960 1985”, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(42) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República en Cifras”, p. 516.

(CONTINUARÁ MAÑANA)