HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (IV)

FIN DEL CAPÍTULO I. 1973: Una revolución imposible de evitar

El Ladrillo

              Una versión precisa sobre el origen de El Ladrillo es la siguiente, que lo sitúa antes del término del régimen de la Unidad Popular, y viene de opositores al Gobierno Militar:

              “Inicialmente trazaron las líneas generales Emilio Sanfuentes, Sergio de Castro, Pablo Baraona, Manuel Cruzat y Sergio Undurraga. A inicios de 1973 se amplió el equipo y se integraron Juan Braun, Rodrigo Mujica, Álvaro Bardón, Juan Carlos Méndez, Juan Villarzú, José Luis Zabala y Andrés Sanfuentes. A partir de marzo de 1973, las reuniones fueron, por lo general, una vez a la semana en horario vespertino, en Suecia 286. A medida que transcurría el tiempo aumentó la periodicidad y se incorporó más gente a la preparación de los documentos: llegaron José Luis Federici, Ernesto Silva, Enrique Tassara y Julio Vildósola.

              “En más de una ocasión Jaime Guzmán participó en las reuniones. (…)

              “Sergio de Castro fue clave en el diseño del denso documento que después sería  conocido como ‘El Ladrillo’. Era el mayor de los economistas del grupo y también el más escuchado. De hecho fue él, junto con Sergio Undurraga, quien afinó los detalles y concluyó el borrador final del documento que recibieron los marinos. (…)

             “El documento final fue mecanografiado en las oficinas que Undurraga tenía en Nataniel Cox. ‘El Ladrillo” tenía 189 páginas, en papel de fotocopia, sin firma” (79).

              Finalmente El Ladrillo, con un prólogo de Sergio de Castro, fue editado por el Centro de Estudios Públicos en junio de 1992 en Santiago, en una edición de 193 páginas.

             

Un plan en 90 días

              Kelly, precavidamente, se comprometió ante Merino a tener el plan en 90 días y cumplió con entregárselo. En el grupo de economistas que lo preparó, recuerda Kelly, “estuvieron Sergio de Castro, Pablo Baraona, Álvaro Bardón, Sergio Undurraga, José Luis Zavala, Juan Villarzú, Manuel Cruzat, Juan Braun, Andrés Sanfuentes y, claro está, Emilio (Sanfuentes). Junto a ellos, creyendo que estaban haciendo un trabajo de investigación, trabajaron algunos alumnos destacados y recién egresados” (80).

              Merino también llamó a su amigo Kelly para otra cosa, el mismo día 11, y le dijo perentoriamente: “Tráeme nombres”. Junto con eso, lo designó Ministro de la Oficina Nacional de Planificación, cuya existencia Kelly confesó haber ignorado y cuya dirección debió buscar en la guía de teléfonos. Para hacerse cargo, demandó una credencial del Ministro de Defensa, almirante Patricio Carvajal, tras lo cual tomó el control de las respectivas dependencias y se instaló en la oficina que allí ocupaba el extremista español Joan Garcés, mentor intelectual de Allende (81).

¿Qué hacía un joven ideólogo español en Odeplan?

           El hombre clave para Kelly en su tarea de “buscar nombres” será Emilio Sanfuentes, sociólogo con un máster en Economía en Chicago y que trabaja también para el grupo Edwards en su Centro de Estudios Socio-Económicos (CESEC). Con él confecciona una lista de nombres y se la entrega a Merino.

Como consecuencia, el día 14 en la mañana un vehículo militar va a buscar a su domicilio a Sergio de Castro y le notifica que a las cuatro de la tarde debe presentarse a la oficina del Almirante Merino en el  Ministerio de Defensa. Se dirige allí y tras dos horas de antesala el marino lo recibe y le espeta: “Usted va a ser asesor del Ministro de Economía, general Rolando González”, y se va. Momentos después aparece el general González, con un ejemplar de El Ladrillo bajo el brazo y cita a su asesor para el día siguiente a su despacho (82).

          Cuando acude al ministerio, González se encuentra con otros economistas: Pablo Baraona, Álvaro Bardón, Juan Braun y Tomás Lackington. Al reunirse con el ministro éstos se dan cuenta de que no hay ninguna coincidencia entre lo que éste cree que se debe hacer en materia económica y lo que opinan los economistas. El enfoque espontáneo del uniformado es dirigista, mientras los especialistas creen urgente disminuir el dirigismo y consagrar la libertad de precios, para terminar con el acaparamiento y la escasez. El ministro teme por las consecuencias en el poder adquisitivo de la población. Ésta discrepancia será una constante en los primeros tiempos.

             El almirante Merino se da cuenta de ella y, probablemente urgido por Kelly, libremercadista, piensa en un ministro de Economía civil. Éste resulta designado de una manera imprevisible. Pues ha llegado al país el ingeniero Raúl Sáez, pro DC, ex ministro de Hacienda de Frei Montalva, deseoso de ayudar a la Junta, como casi todos los DC. Ésta lo convoca, pero él se da cuenta de que, siendo ingeniero, no maneja con la misma soltura que los economistas jóvenes los conceptos innovadores. El almirante Merino recibe a Sáez en su despacho. Afuera espera audiencia otro ingeniero, Fernando Léniz Cerda, gerente general de El Mercurio, que ha venido a interceder ante una clausura que ha sufrido el diario Las Últimas Noticias, de su empresa.

  El almirante Merino le dice a Sáez que se necesita un Ministro de Economía afín al nuevo equipo de jóvenes graduados de Chicago. Sáez le dice: ‘¡pero si lo tiene allá afuera!’, pues ha visto a Léniz al pasar. Entonces, cuando se va Sáez, el almirante ofrece a Léniz el ministerio y éste acepta. Así se escribe la historia, pues Léniz ni siquiera era Chicago Boy ni tampoco economista, sino ingeniero civil. Alguna vez había sido hombre de izquierda. Pero su enorme inteligencia le indicaba que las nuevas tendencias eran el futuro y se afiata perfectamente con el equipo de El Ladrillo.

 Con el tiempo se convertirá en el mejor vocero de los nuevos aires económicos, dada su habilidad para explicar a la gente, a través de la TV y con palabras sencillas, las nuevas soluciones (83).

           Kelly sigue reclutando gente y ha llamado a Orlando Sáenz, presidente de los empresarios fabriles, y a Sergio Undurraga, economista formado en Chicago. El primero terminará de asesor económico de la Cancillería y el segundo no demorará en asumir como jefe del Departamento de estudios de Odeplán, donde trabajan Ernesto Silva Bafalluy, Juan Carlos Méndez, Arsenio Molina y Miguel Kast, que ocupará la Subdirección Nacional de Odeplan cuando Lackington se marche al Ministerio de RR. EE., todos, salvo Sáenz, Chicago Boys.

             A iniciativa de Kast “trabajarán para Odeplan los especialistas Álvaro Bardón, Sergio de la Cuadra, Ernesto Fontaine, Hernán García Vidal, María Teresa Infante, Sergio Molina Silva, Eladio Suzaeta, Álvaro Donoso, Joaquín Cortez y, más tarde, Pedro Arriagada, Hernán Büchi, Patricia Matte, Martín Costabal, Julio Dittborn, Cristián Larroulet, Joaquín Lavín y muchos más” (84).

              La lucha por la libertad de precios fue finalmente zanjada por el decreto ley N° 522 de 15 de octubre de 1973, que terminó con el control de precios sobre miles de productos y redujo su número a 33; otros 18 pasaron a ser “informados”, es decir, en su caso el alza debía comunicarse a la autoridad; y el resto quedaron libres. Ello dio lugar a que la inflación se manifestara en toda su magnitud. Los uniformados se inquietan. Generales inclinados a la DC y a las políticas intervencionistas manifiestan su malestar.

           Había un factor importante para inducir a la Junta a adoptar un modelo de economía de mercado libre: el milagro brasileño logrado a partir de 1964 y de una crisis económica severa, la cual fue conjurada en Brasil por gobernantes militares.

             Brasil creció 9,3 % en 1968, 9,0 % en 1969, 9,5 % en 1970, 11,3 % en 1971 y 10,4 % en 1972. El modelo del ministro Roberto Campos fue muy exitoso y convincente (85).

Urgencias internacionales inmediatas

                Jorge López Bain, ex ministro de Minería del Gobierno Militar, recuerda:

               “Los embargos a las exportaciones de cobre y las demandas contra el Estado de Chile por las expropiaciones sin compensaciones en que se había embarcado la Unidad Popular seguían penando y mientras no fueran resueltas Chile tendría problemas serios en su comercio exterior.

            "La Junta designó a dos destacados ingenieros, Raúl Sáez y Jorge Schneider, para que negociaran avenimientos con los países y empresas demandantes (…) La International Telegraph & Telephone, la ITT, propietaria en Chile de la Compañía de Teléfonos, había sido expropiada por el Gobierno de la UP sin compensación alguna. La ITT tenía demandado al Estado de Chile ante tribunales internacionales (…) Se llegó a un avenimiento entre las partes y el Estado de Chile extendió un cheque por US25.000.000 a favor de la ITT (el equivalente hoy –2012— a esa cantidad sería de US$220.000.000). Sin embargo, para sorpresa de todos, la ITT, una vez recibido el pago, anunció que lo devolvía al Gobierno de Chile en su totalidad. (…)

               “Eso sí, la cantidad involucrada debería tener un fin específico. Se destinaría a la creación de una institución cuyo único objetivo sería la investigación y la transferencia (o importación) tecnológica. (…) Así nació la Fundación Chile…” (86).

             

Fundación del Comité Asesor

              El Comité Asesor, recuerda Roberto Kelly en sus memorias, nació el 4 de octubre de 1973 como organismo de la Junta de Gobierno, para luego transformarse, por la fuerza de los hechos, en Comité Asesor del Presidente de la Junta, siendo su primer jefe el coronel Julio Canessa.

             “En el Ejército pasaron la espumadera y sacaron la flor y nata de los oficiales para llevárselos al Comité Asesor –continúa Kelly—. Luis Danús, por ejemplo, era Director recién nombrado de la Escuela Militar. Otro miembro que recuerdo fue el general Horacio Toro Iturra, quien mucho tiempo después fue nombrado por el Presidente Aylwin Director de Investigaciones. Es claro que este señor se peleó con Pinochet. También lo integraron Gastón Frez, Bruno Siebert y Enrique Seguel y hubo dos ex militares que en algún momento formaron parte de ese comité como civiles: James Locke y Víctor Muñoz (87).”

          Pero sólo el 24 de mayo de 1974 el decreto ley N° 460 dio vida legal al Comité. La importancia de éste consistió en que satisfizo el prurito de Pinochet de tener siempre un contrapeso alternativo a las políticas liberales que le planteaban los economistas. Casi invariablemente se inclinó por éstas, lo que, ni más ni menos, fue lo que llevó al éxito económico al Gobierno Militar, eludiendo las tentaciones estatistas e intervencionistas que siempre favorecía el Comité. Pero siempre quiso mantener este contrapeso uniformado de alto coturno muy próximo a él, aunque fuera para desoírlo. A cambio, todos los miembros de él hallaron a la postre altos destinos gubernativos. 

         La discrepancia entre el sentir militar y los economistas ante la crisis se fue agudizando y se convirtió en conflicto cuando se debió adoptar una decisión sobre el tipo de cambio. El gobierno anterior lo mantenía en 25 escudos por dólar para el grueso del comercio exterior, pero el dólar paralelo valía 2.000 escudos, y eso que había bajado mucho desde el cambio de gobierno, antes del  cual había sobrepasado los 3.000 escudos.

           El general Eduardo Cano, presidente del Banco Central; su vicepresidente, el capitán Enrique Seguel, que era economista; y José Luis Zabala, economista DC (pero Chicago Boy) del departamento de estudios del Banco, proponen, en conjunto con el ministro de Hacienda, almirante Gotuzzo, devaluar la moneda a 285 escudos por dólar, es decir, 11,4 veces en relación a la paridad oficial preexistente de 25 escudos.

Merino acepta con reticencia, pero rebaja la cifra a 280 escudos. El 27 de septiembre el Banco Central adopta el acuerdo.

           Sin embargo, el Comité Asesor de la Junta, constituido por uniformados, no mira con simpatía las políticas de libre mercado. Del ámbito militar y universitario ha surgido una figura crítica de las medidas de libertad económica y devaluación propuestas por los economistas: el abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Chile, oficial retirado del Ejército, Hugo Araneda Dörr, dotado de mucha elocuencia pero con un limitado conocimiento de la teoría económica fundada en la libertad de iniciativas.

        Por la importancia del acuerdo cambiario, queda en suspenso su aplicación mientras no lo ratifique la Junta. El Comité Asesor se hace más crítico de las medidas liberalizadoras, por lo drásticas.

El Presidente de la Junta y esta última en pleno reciben el miércoles 2 de octubre a las dos tendencias en discordia –el Comité Asesor y los Chicago Boys-- y oyen debatir a sus respectivos exponentes: Hugo Araneda por los críticos de la devaluación, defiende un sistema de cambios múltiples y una devaluación gradual; y Sergio de Castro, representante de las ideas de libre mercado que han llevado a devaluar a 280 escudos, como se ha resuelto.

Alguien tenía que decidir, y lo hizo. Obviamente fue Pinochet. Una interpretación interesante es la siguiente, de autores adversos a la Revolución Militar, Víctor Osorio e Iván Cabezas:

“… inicialmente, más que por convicción, Pinochet hizo propia la visión neoliberal por un cálculo táctico. Su alianza con los hombres de Chicago lo colocaría en una posición de evidente ventaja estratégica frente a sus rivales inmediatos o potenciales al interior de los institutos armados, los que carecían de proyecto y que –además— se veían desarmados de argumentos frente a los economistas” (88).

Corte del nudo económico gordiano

           En siguiente reunión de la Junta con el equipo económico, el general Pinochet ofrece la palabra al almirante Merino y éste expresa:

   “Mire almirante Gotuzzo, usted ha sido engañado, todos hemos sido engañados; cuando tomamos la decisión de devaluar, nadie nos dijo que iba a subir tanto el precio del trigo y por tanto el precio del pan, y que iban a pasar muchas otras cosas más. Esto es intolerable y nos crea problemas. La Junta Militar no puede estar subiendo los precios no sé cuántas veces. Nos van a acusar de que estamos matando de hambre al pueblo”.

             “De Castro intenta responder, pero el general Pinochet se lo impide y da la palabra al abogado Araneda, que habla media hora, con más dureza que el almirante, y expone las reservas de él, los militares y muchos ciudadanos frente a la devaluación. La exposición de Araneda impresiona a la Junta. El general Pinochet guarda silencio. De pronto el almirante Merino golpea la mesa con mucha fuerza y dice:

      “Señor almirante Gotuzzo, yo le ordeno que pare esta devaluación. ¡Vamos a echar marcha atrás!”

         Los dados estaban lanzados, pero es en esas ocasiones cuando surgen los hombres excepcionales… siempre que los haya:

            “El almirante Gotuzzo se para y se cuadra. Manteniéndose en posición firme, dice: ‘Almirante, yo no voy a echar atrás la devaluación, porque creo en conciencia que la decisión está muy bien tomada’. Después de estas palabras, dichas lentamente como para que todos acusen la gravedad del momento, se sienta con calma. Sobreviene un silencio más largo y un intercambio de miradas sorprendidas. Todos aprecian el hecho insólito de que el contraalmirante Gotuzzo se niegue a recibir la orden de su comandante en jefe, aunque comprenden que Gotuzzo actúa en este caso como ministro de Hacienda.

  “El general Pinochet rompe el silencio y con una semi-sonrisa (dice): ‘No pueden adoptarse decisiones con las cabezas caldeadas. Vamos a tomarnos un café’”.

            “El abogado Araneda, que está propuesto para ser Ministro de Economía en reemplazo del general González, le manifiesta al general Pinochet que no está dispuesto a aceptar el cargo si se persiste en la devaluación. Pinochet le responde, “está bien. Déjelo no más” (89).

             Años después, en los ’80, siendo Hugo Araneda y yo miembros de la IV Comisión Legislativa (Ejército) de la Junta, en una conversación me comentó: “El ’73 yo estaba a punto de quedar a cargo del manejo de la economía y ya casi nombrado ministro, cuando salieron no sé de dónde, desde debajo de la mesa, los Chicago Boys y se quedaron con la conducción económica”.

              Estoy seguro de que fue para bien del país y el cuchillo que cortó el nudo gordiano fue la decidida defensa de la devaluación del almirante Gotuzzo, aun a riesgo de su cargo y su carrera. Tenía merecido que una calle a las espaldas del ministerio de Hacienda fuera bautizada con su nombre. Pero el odio izquierdista pudo más y una decisión de la alcaldesa socialista de Santiago, Carolina Tohá, le cambió el nombre a la calle en 2015.

   A todo esto se reanuda la sesión con la Junta y Sergio de Castro hace una documentada exposición en defensa de la devaluación, señalando que la proposición de Araneda, de tres tipos de cambio, no es sino mantener el sistema de cambios múltiples que ya ha fracasado antes.

              A sugerencia del general Leigh se resuelve consultar la materia con Raúl Sáez, ingeniero y ex ministro de Hacienda de Frei Montalva, uno de los “nueve sabios” del programa de la Alianza para el Progreso del Presidente Kennedy. Ya se ha visto que de la reunión de éste, una vez llegado, con el almirante Merino, surgió la designación de Fernando Léniz como ministro de Economía, y que éste ha concordado ampliamente con los autores de El Ladrillo.

             Así, la devaluación finalmente queda a firme y la conducción económica deja de estar en duda. Ahí ya queda enrumbada de forma definitiva la economía chilena hacia el libre mercado, son derrotadas las tendencias más estatistas y dirigistas y el Comité Asesor de la Junta, con su predominancia de oficiales críticos de la conducción económica, se limita a rumiar en silencio su descontento.

            Ese fue el corte del nudo gordiano que pudo impedir el gran cambio modernizador de la economía chilena a partir de 1973.

    Yo defendía a los Chicago Boys en distintos frentes, en particular en El Mercurio, en Radios Agricultura y Minería y en Televisión Nacional. En una oportunidad, en 1974, fui citado por el Comité Asesor y debidamente vapuleado por sus opinantes más críticos. Absorbí el castigo sin ceder posiciones y fui despedido con sequedad, pero veinte años después quien llevaba una voz cantante en el Comité, el general Gastón Frez, ya en retiro, con quien había hecho amistad y que me había nombrado miembro honorario del Círculo de Oficiales en Retiro, me pidió perdón por la forma en que había sido maltratado, que yo ya había por completo olvidado.

Comité Pro Paz

              En noviembre de 1973, los prelados de la Iglesia católica, encabezados por el Cardenal-Arzobispo Raúl Silva Henríquez, fundaron el “Comité Ecuménico de Cooperación para la Paz en Chile”, mejor conocido como Comité Pro Paz.

              Frente al armamentismo ilegal durante el gobierno de la Unidad Popular, a los obispos no se les había ocurrido la buena idea de abogar por la paz y fundar un Comité Pro Paz. Habría sido muy útil. Pero cuando el Gobierno Militar, llamado por la mayoría democrática parlamentaria a enfrentar al ejército guerrillero, ahí se les ocurrió, ¡y para prestar protección a este último! Fue uno de los efectos en la Iglesia de la campaña mundial del KGB.

              Monseñor Silva Henríquez tenía una posición política definida: era un democratacristiano de izquierda, que se había jugado por Frei Montalva en 1964, pero lo había criticado por no llevar adelante reformas más profundas a partir de la agraria. “Buscaba una sociedad de izquierda moderada pero de cambios profundos, a través del entendimiento DC/UP”, según el historiador Gonzalo Vial (90).

              El Comité Pro-Paz duró hasta 1975, cuando Pinochet le pidió al Cardenal su disolución, so pena de disolverlo él mismo. “Pídamelo por escrito”, le dijo Silva Henríquez. Pinochet lo hizo y fue disuelto y reemplazado por la Vicaría de la Solidaridad, que era de responsabilidad de la Iglesia, pero en definitiva resultó mucho peor para el Gobierno, porque terminó siendo un brazo logístico (defensa judicial y atención hospitalaria) del MIR y del FPMR, como se comprobaría años después.

Alineamiento político de los obispos

              El episcopado, como cualquier entidad chilena colegiada, podía ser perfectamente dividido en tendencias políticas. En 1973 estaban los prelados de tendencia centroizquierdista, encabezados por Silva Henríquez, y que eran el de Linares, Carlos Camus (Secretario del Comité Permanente); Fernando Ariztía, Jorge Hourton y Enrique Alvear (auxiliares de Santiago); Carlos González (Talca), Sergio Contreras (Temuco) y Tomás González (Punta Arenas).

              Los más inclinados a favor del Gobierno Militar eran Emilio Tagle (Valparaíso), Orozimbo Fuenzalida (Los Ángeles), Juan Francisco Fresno (La Serena), el Pro Canciller de la Universidad Católica, Jorge Medina, y el ya retirado a un hogar de monjas, pero opinante y respetado, Augusto Salinas (obispo de Chiloé).

              Pero la línea la fijó siempre la Conferencia Episcopal y fue negativa, al menos cada vez que abordó el tema de los derechos humanos.

Otras influencias disidentes

            Quien había sido presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, el ingeniero Orlando Sáenz Rojas, tras haber servido en la sección económica de la Cancillería, dejó su cargo y pasó a mostrarse pública y constantemente crítico de las iniciativas para establecer una economía de libre mercado. En sus memorias, “Testigo Privilegiado”, asevera que “Merino nunca fue un personaje de envergadura” y que Pinochet favorecía una economía centralmente planificada.

              Pero en carta a “El Mercurio” de 21 de noviembre de 2016, el economista Tomás Lackington Hunter, viceministro de Odeplan entre 1973 y 1975, desmiente lo segundo y afirma que “en reunión a la que asiste la Junta de Gobierno en pleno, Sergio de Castro, Jorge Cauas, Roberto Kelly y Fernando Léniz, entre otros, yo personalmente expuse la gravedad de adoptar un modelo centralmente planificado. De ahí en adelante nunca más se discutió dicha alternativa y el general Augusto Pinochet también adhirió al modelo de economía social de mercado”.

            Dentro del propio ministerio de Economía se hizo evidente que su titular, el general de Ejército Rolando González “tiene puntos de vista bastante distintos de los que están contenidos en El Ladrillo: su tendencia es estatista y tiende a mal influenciar al Presidente y a la Junta. Como algunas de sus medidas se teme que acarreen graves consecuencias, la Junta convoca a Raúl Sáez. Éste sugiere un cambio en el ministerio, proponiendo a Fernando Léniz (ya vimos cómo se decidió su designación), quien ya ha estado en la consideración del gobernante a raíz de un comentario suyo en La Segunda” (91).

Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública

              Antes de terminar septiembre del ‘73, convocado el economista Sergio Undurraga por el almirante Gotuzzo para ser nombrado Director de Presupuestos, se da el caso de que éste recibe la visita, antes que entre Undurraga, del ex titular de Hacienda bajo Frei Montalva, Sergio Molina Silva, que ha vuelto de un cargo en el exterior. Gotuzzo le ofrece la subsecretaría de Hacienda, pero Molina le expresa que, como ex ministro, no le corresponde aceptar. Conversan sobre la Dirección del Presupuesto, y Molina le sugiere el nombre del economista DC Juan Villarzú. El almirante le expresa su conformidad. Cuando después ingresa a su despacho Undurraga, el almirante le explica que pensaba ofrecerle a él la Dirección de Presupuestos, pero que ya ha resuelto nombrar a Villarzú. Entonces le pide a Undurraga trabajar como asesor de él mismo, cosa que el economista acepta. Será muy importante que lo haya hecho.

     Pronto el asesor se aboca a preparar una exposición sobre el estado de la Hacienda Pública. Deja el texto en el escritorio del ministro y éste lo ve por primera vez poco antes de darlo a conocer por cadena de radio y televisión a la ciudadanía.

              Allí expone que el gasto fiscal aumentó de 22.117 millones de escudos en 1970 a 277.922 millones al 30 de junio de 1973. ¡Casi 13 veces! El déficit fiscal pasó de 2.882 millones a 148.434 millones, representativos del 52,8% del gasto. ¡Aumentó más de 51 veces!

           El déficit de las empresas de la llamada “Área Social” era en 1973 mayor que el del presupuesto, pues llegaba a 175.809 millones de escudos al 30 de junio de 1973. En 1972 había sido de 21.872 millones. Las finanzas públicas eran una vorágine de déficit.

               La situación monetaria revelaba que la cantidad total de dinero había aumentado en 114% en 1971, 172% en 1972 y lo haría en 477% a fines de 1973. A la vez, la producción aumentó en 8,5% en 1971, 0% en 1972 y disminuiría en 10% en 1973. Muchos billetes + menos cosas = inflación + escasez.

             Esto llevaba al ministro a decirle al país: “Según las estimaciones hechas por los propios técnicos del régimen anterior, la situación para 1973 era tan grave, que la diferencia entre el crecimiento de la producción y el crecimiento de los billetes haría que el colapso económico fuera inevitable”.

             

Otros episodios lamentables

              Tal vez lo que más contribuyó a deteriorar la imagen interna y mundial de la Junta en general y de Pinochet en particular, primero fuera del país y luego dentro de él, fue la versión falsificada de las actuaciones de la llamada Caravana de la Muerte, que fue presentada como una actividad concebida con el propósito de asesinar personas sin juicio previo y sin justificación, lo que no correspondía a la verdad. Toda esa cuenta se le cargó a Pinochet, que ignoraba por completo lo que sucedía con la Caravana.

              La importancia publicitaria del caso fue máxima, pero el relato más generalizado acerca de lo que aconteció es una distorsión de la verdad y de él derivaron las más graves consecuencias para la imagen del Gobierno Militar y de su presidente. El propio juicio tardío e ilegal iniciado en contra de éste por el ministro sumariante Juan Guzmán Tapia, en 1998, tras el secuestro judicial del senador Pinochet en Londres, se basó en una versión novelística y falsa del quehacer de la comitiva, pero tuvo una importancia jurídica, política y noticiosa enorme y reñida con la verdad.

              En mi condición de periodista y abogado me dediqué en 1998 a estudiar el proceso, fruto de lo cual publiqué en 2001 un libro titulado La Verdad del Juicio a Pinochet (Editorial El Roble, Santiago, 2001), que devino best-seller, y se funda en piezas del expediente. En él demostré la completa falta de fundamento jurídico del procesamiento del ex Presidente.

El hijo del jefe de la comitiva militar, abogado Sergio Arellano Iturriaga, quien me surtió de información sobre el proceso, escribió a su turno el libro De Conspiraciones y Justicia (Editorial La Gironda, Santiago, 2004) donde también puso de relieve las irregularidades del juicio incoado por el ministro Guzmán.

            ¿Cuál fue la verdad histórica? Fue que en los primeros tiempos tras el pronunciamiento fueron apresadas a lo largo del país numerosas personas sospechosas de extremismo y quedaron transitoriamente sin ser sometidas a juicio, en cárceles y cuarteles. Sus familiares se aglomeraban en torno a esos recintos en distintos puntos del territorio. Los Jefes de Zona, dotados de atribuciones judiciales por la Junta como Comandantes del Área de Jurisdicción y Seguridad Interior, CAJSIs, no tenían todos (algunos sí) de hecho la capacidad o la determinación para organizar y desarrollar los procedimientos judiciales de tiempo de guerra respecto de los detenidos.

          A su turno, el general Arellano, con gran ascendiente en el Ejército, se mostraba crítico de diferentes políticas del Gobierno, incluso en el aspecto económico. Probablemente eso llevó al general Pinochet a encomendarle como misión, en calidad de delegado suyo, la de regularizar y agilizar la situación de los procesos pendientes y de los miles de presos transitorios en cuarteles de distintos regimientos del país.

La misión de la comitiva de Arellano

          Arellano había sido uno de los principales promotores de reuniones del alto mando institucional y de coordinación con las otras ramas para decidir una acción frente al estado caótico que vivía la nación bajo la Unidad Popular.

           Era de tendencia política democratacristiana y desde un primer momento manifestó desacuerdos en materias de política económica y de la forma en que se estaba ejerciendo la represión contra el extremismo armado. Es probable que en ambos aspectos él representara un obstáculo para los planes de reforma económica y de combate contra la subversión que Pinochet consideraba, en ese tiempo, más eficaces. De ahí que, dada la envergadura del personaje, el ponerlo a cargo de un tema específico e importante, que lo obligara a desplegarse por el país en lugar de estar radicado en la capital, manifestando posturas críticas, podía ser una buena idea que ahorrara signos de disensión interna como los manifestados por Arellano, incluso en temas como las devoluciones de empresas y la normalización bancaria (92).

                 A la vez, el problema suscitado por los Tribunales en Tiempo de Guerra  o Consejos de Guerra era grave, porque las Fuerzas Armadas y Carabineros habían procedido a la detención preventiva de miles de personas, cuyos familiares acudían a los regimientos y cuarteles –como aparentes depositarios de la autoridad tras la Revolución— para saber de la suerte de sus deudos. Esas aglomeraciones no favorecían la imagen de la Junta. Al mismo tiempo, la liberación indiscriminada de los detenidos podía ser peligrosa para la meta principal, que era conseguir la derrota del extremismo armado. La solución radicaba, entonces, en acelerar los Consejos de Guerra, para que los inocentes quedaran libres y los culpables fueran condenados tras un procedimiento que les garantizara derecho a defensa.

      En palabras de Arellano, su misión era “viajar a varias ciudades del país, a fin de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos judiciales”. Añadía que “fundamentalmente la preocupación principal era que todos los procesados tuvieran adecuada defensa y que (se) recurriera a los Colegios de Abogados en aquellas ciudades donde existieran, a fin de entregar a ellos esta responsabilidad”, como está precisado en mi libro La Verdad del Juicio a Pinochet, antes citado, página 4.

             Incluso mucho después, en 1991, el Informe Rettig reconocía, pese a su evidente sesgo adverso al Gobierno Militar, que en el caso de la comitiva de Arellano “no se hablaba de ejecuciones sin proceso; más aún, el mensaje del delegado en viaje contenía una referencia expresa y repetida a facilitar el derecho a defensa de los procesados” (93).

               El viaje al sur de la comitiva se inició el 30 de septiembre de 1973 y terminó el 4 de octubre con su regreso a Santiago y ninguna situación ocurrida en ese viaje ha motivado acusaciones fundadas que afectaran al general Arellano, salvo una querella por las sentencias de muerte cumplidas en Valdivia el 3 y 4 de octubre de 1973, con las cuales no tuvo relación, pues fueron dictadas por el Consejo de Guerra que funcionaba en la zona.

Viaje al norte

              La “leyenda negra” se tejió a partir del viaje al norte de la comitiva y dio lugar a un libro de gran venta, de la periodista Patricia Verdugo, titulado Los Zarpazos del Puma, en alusión a la marca del helicóptero en que voló Arellano. Ese libro está plagado de falsedades encaminadas a inculpar a Arellano e, indirectamente, dada su calidad de delegado de Pinochet, a este último (94).

              Los fusilamientos del norte atribuidos a Arellano tuvieron lugar en La Serena, Antofagasta y Calama, sin conocimiento de éste. También se le intentó vincular con las muertes, en un intento de fuga ocurrido antes de que su helicóptero despegara de Santiago, de reos que eran trasladados de Copiapó a La Serena.

El general llevó a La Serena una sentencia con tres condenas a muerte dictadas por la Comandancia de la Guarnición de Santiago, de la cual depende La Serena, y supuso que los disparos que oyó en el regimiento de esta ciudad mientras estaba reunido con su comandante, el coronel Ariosto Lapostolle, correspondían al cumplimiento de esa sentencia.

Sólo mucho después se enteró de que habían sido ejecutadas 15 personas sin forma de juicio, sacadas de la cárcel local por orden de un comandante de su comitiva, Sergio Arredondo, obrando por su cuenta.

            Del mismo modo, llegada a Antofagasta la comitiva, y mientras Arellano alojaba en casa del comandante del regimiento y de la guarnición, general Joaquín Lagos Osorio, sin conocimiento de ambos, el mismo comandante anterior, recién integrado a su comitiva, con la complicidad de algunos miembros de la misma y en connivencia con oficiales del regimiento local, ordenó sacar de la cárcel local a 14 personas, que fueron fusiladas en la Quebrada de El Guay.

              Finalmente en Calama, mientras Arellano visitaba la cercana planta de explosivos Dupont, por tercera vez el mismo comandante ordenó sacar a 26 presos del regimiento, en el cual se estaba llevando a efecto un Consejo de Guerra, y los llevó a un lugar cercano del desierto donde procedió a hacerlos fusilar.

              Arellano se enteró de esto sólo a su regreso a Calama y, presa de gran consternación, ordenó a la comitiva volar de vuelta a Antofagasta, de noche, con gran riesgo, para poner a disposición del general Lagos Osorio al comandante responsable. Pero Lagos Osorio, el Jefe de Zona y CAJSI dotado de plenas atribuciones, se negó a proceder contra éste, anunció su retiro del Ejército y posteriormente, en los años ’90, se dedicó a inculpar al general Arellano de las ejecuciones ilegales. Peor aún, él mismo había hecho publicaciones en los diarios nortinos, en octubre de 1973 y en los días posteriores a los hechos, atribuyendo las muertes a órdenes de la Junta de Gobierno, lo cual también era ostensiblemente falso. Debido a todas sus contradicciones y demostraciones de incapacidad para enfrentar la situación, fue cursado su retiro en 1974.

              El principal fundamento de las acusaciones internacionales contra Pinochet, en el sentido de que cometió crímenes injustificables durante su gobierno, parten de las muertes atribuidas a la comitiva del general Arellano, muertes en las cuales ni éste ni el Presidente de la Junta tuvieron responsabilidad y ni siquiera conocimiento previo.

              Aprovechando políticamente la prisión en Londres del ex Presidente, en 1998, se abrió un proceso a partir de una de las querellas comunistas interpuestas contra él, sustanciado por el ministro sumariante Juan Guzmán Tapia, quien consiguió notoriedad mundial gracias a ello y obtuvo premios internacionales promocionados por la izquierda, pero cuyas resoluciones judiciales, más “políticamente correctas” que jurídicas; y más obedientes al “qué dirán” mundial que a la verdad de los hechos y al contenido de las leyes, quedarán como paradigmas históricos de un indebido proceso.

              La falsificación resultó particularmente evidente en el caso de trece ejecuciones en tentativa de fuga en Copiapó: el best-seller Los Zarpazos del Puma –muy considerado por Guzmán Tapia en sus resoluciones espurias y citado en sus considerandos-- contiene en su página 150 una contradicción indefendible, pues reproduce primero el oficio del comandante del regimiento local, de fecha 16 de octubre, al administrador del cementerio, pidiéndole “las facilidades del caso para la sepultación de los siguientes individuos fallecidos en tentativa de fuga”, seguido de la lista de nombres; y luego, con fecha de un día después, 17 de octubre, reproduce el oficio del capitán Patricio Díaz Araneda dando cuenta de que a las 01.00 horas de ese mismo día se procedió a la ejecución de trece personas que eran trasladadas en el camión PAM 5354, con motivo de una tentativa de fuga.

           ¡Habrían sido muertos al día siguiente de que el comandante del regimiento pidió trece sepulturas para ellos! Fallido intento de atribuir a la comitiva del general Arellano, que llegó el 16 de octubre a las 11 horas a Copiapó, la responsabilidad de esas ejecuciones, cuando las mismas ya habían tenido lugar la noche anterior (95).      

   No obstante esa prueba palmaria, todavía después del año 2000 e incluso para los 40 años del pronunciamiento, en 2013, los canales de TV, CHV y 13, exhibieron documentales (“Ecos del Desierto” y “Secretos de la Historia”, respectivamente) inculpando a la comitiva de Arellano de esas ejecuciones en Copiapó, que tuvieron lugar cuando ella ni siquiera había salido de Santiago. Se hicieron eco de esas falsedades, para condenar al Gobierno Militar, los columnistas Jorge Correa Sutil, de El Mercurio, y Ricardo Solari, de La Segunda.

              La historiografía afín a la corriente dominante trata con superficialidad extrema, y dictamina condenas fulminantes al régimen militar, sin ninguna documentación seria, utilizando el caso de la comitiva de Arellano.

          El historiador Carlos Huneeus se despacha el siguiente párrafo, por toda descripción del quehacer de la comitiva de Arellano:

               “Los oficiales de la caravana, pasando por sobre los mandos de las regiones, y a veces sin su conocimiento, ejecutaron a 72 de estos prisioneros, muchos de los cuales son hasta hoy detenidos desaparecidos. Cuando se conocieron estos hechos, se intentó justificar su muerte bajo el pretexto de intento de fuga o ataque a los militares, situaciones que se han comprobado falsas, pues fueron sacados de sus lugares de detención para luego ser fusilados o acuchillados ya sea por miembros de la comitiva o por oficiales o soldados de las respectivas unidades militares” (96).

           No hace la menor concesión al hecho del desconocimiento del general Arellano, jefe de la comitiva y, por tanto, del Presidente Pinochet, de lo que estaba sucediendo.

              Cualquiera que examine el proceso del Caso Caravana o lea mi libro, que se fundó en piezas de ese proceso, o el de Sergio Arellano, hijo, comprobará, desde luego, dicha inocencia del Presidente de la Junta y del propio jefe de la comitiva en las muertes de Copiapó, La Serena, Antofagasta y Calama. Pero la consigna y la acusación infundada se han impuesto mundialmente por sobre la verdad histórica y ésos siguen siendo los crímenes de Pinochet.

Un historiador que debería saber mejor

             El principal biógrafo de Pinochet, el historiador Gonzalo Vial, cae en la trampa de la consigna infundada, tras reconocer en la página 733 del segundo tomo de su biografía:

            “Las figuras que modifican la Historia suelen incurrir en graves renuncios morales, abrumadas por problemas igualmente graves y por la múltiple ‘razón de Estado’, falsa cohonestadora de los crímenes políticos.

                    “Suelen esas figuras ser ‘de tamaño más que natural’… de cualidades tan enormes, y (no raramente) caídas éticas tan profundas, como hondas y a menudo positivas son las huellas que dejan en la Historia.

             “Rememoremos a O´Higgins extinguiéndose en el exilio peruano de Montalbán. ¿Lo atormentaría el impune asesinato cuasioficial de Manuel Rodríguez (1818)? ¿O la venganza, rencorosa y pequeña, de haber hecho pagar al viejo padre de Luis y Juan José Carrera, don Ignacio, la cuenta por los gastos de fusilamiento de sus hijos en Mendoza… 453 pesos y cuatro reales (1820)?

                   “Es de advertir que el papel de don Bernardo en el asesinato de Rodríguez es –calcado—el de Pinochet con la Caravana de la Muerte. Nada lo vincula al crimen, salvo su poder supremo del momento, y la protección que brinda a los hechores, perfectamente identificados, que no reciben castigo”.

              Frase, la última, probadamente errónea. Pinochet no brindó protección alguna a los hechores. No tenía cómo saber del traslado nocturno e intento de fuga entre Copiapó y La Serena y los consiguientes trece muertos, en particular si la que llama “Caravana de la Muerte” no había salido de Santiago cuando estaban siendo fusilados. No tenía cómo saber ni supo que un comandante de la comitiva, sin saberlo Arellano, iba a sacar a 15 presos de la cárcel de La Serena, con la complicidad de un oficial local, y los iba a fusilar cuando estaban en curso los Consejos de Guerra. Menos podía saber lo que no supieron el Jefe de Zona, Lagos Osorio y el delegado presidencial, Arellano, ambos cenando y pernoctando en la casa del primero, cuando el  mismo comandante, con complicidad de oficiales locales, sacaba a 14 presos de la cárcel de Antofagasta y los hacía fusilar en la Quebrada del Guay. Tampoco pudo saber de las 26 ejecuciones ilegales en iguales circunstancias y ordenadas por el mismo comandante, al día siguiente, en ausencia del delegado presidencial Arellano, en Calama.

              Y Pinochet nunca brindó protección a los hechores, pues no sabía de cierto quiénes habían sido. Ellos debieron ser juzgados por Lagos Osorio, el cual se negó a hacerlo e intentó culpar públicamente a la Junta y, veinticinco años después, a Pinochet, sabiendo perfectamente que éste ignoraba lo realmente acontecido. Erróneamente  informado, en un primer momento, por este último, Pinochet intentó ordenar telefónicamente el inmediato regreso de la comitiva de Arellano a Santiago, creyendo a este último responsable.

              El propio historiador Vial reconoce, en la página 693 del tomo II de su biografía de Pinochet: “Hermógenes Pérez de Arce publicó un lúcido y provocador análisis jurídico de las irregularidades legales y procesales cometidas (afirmaba) por el ministro Guzmán en el juicio Pinochet. Nadie recogió el guante. No era el derecho el tema fundamental que se disputaba”.

           Ni lo era la verdad. La propia conclusión de Vial acredita que lo que definitivamente se impuso fue una consigna falsa.

Creación de la Conara

              Mediante el decreto ley N° 212 de 17 de diciembre de 1973 se creó la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (Conara), que pasó a presidir durante seis años el coronel Julio Canessa, quien encabezaba el Comité Asesor. Posteriormente, en los años ’80, el ya entonces general Canessa alcanzó el grado de Vicecomandante en Jefe del Ejército y en esa condición fue miembro de la Junta de Gobierno.

            Aquel organismo funcionó hasta 1983 y fue el responsable de la división del país en doce regiones, cada una encabezada por un Intendente Regional. Asimismo, estableció la dedicación del 5 % de los fondos fiscales a las regiones y promovió la descentralización administrativa.

La legalidad de la Junta 
            El 12 de noviembre de 1973, mediante el decrete ley N° 128, se aclaró el sentido y alcance del artículo 1° del decreto ley N° 1, en cuanto expresaba que la Junta había asumido el "Mando Supremo de la Nación", señalando que dicha asunción suponía "el ejercicio de todas kas atribuciones de las personas y órganos que componen los Poderes Legislativo y Ejecutivo y, en consecuencia, el Poder Constituyente que a ellos corresponde".   
          Este documento, base jurídica del poder de la Junta, establecía que ella había asumido desde el 11 de septiembre "el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo" y afirmaba que el Poder Judicial ejercería sus funciones en la forma y con la independencia y facultades que señale la Constitución Política del Estado.   
      Además indicaba que el ordenamiento jurídico contenido en la "Constitución y en las leyes continúa vigente mientras no sea o haya sido modificado". Y dispuso que dichos poderes constituyente y legislativo serían ejercidos "mediante decretos leyes con la firma de todos sus miembros y, cuando éstos lo estimen conveniente, con la de el o los Ministros respectivos; y el Poder Ejecutivo "mediante decretos supremos y resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto ley N° 9.  
        El texto del proyecto de este de este decreto ley fue sometido previamente a la Comisión Ortúzar, creada para estudiar una nueva Constitución, donde surgió un debate sobre la referencia a un Poder Constituyente contenida en él.El comisionado Silva Bascuñán argumentó que no era procedente tal distinción, pues el ordenamiento nacional se encontraba en un "proceso de desconstitucionalización de las normas constitucionales, las cuales han pasado a tener vigencia en el mismo grado que las leyes ordinarias".   . 

Intervención de las universidades

            Las ocho universidades del país eran, de hecho, centros de oposición al nuevo gobierno. Había algunas, como la Universidad Técnica del Estado de Punta Arenas, “que tiene profesorado y personal mayoritariamente marxista” (96).

               El tema educacional ha quedado en un comienzo en manos del miembro de la Junta, general Gustavo Leigh. Ministro de Educación es el almirante Hugo Castro.

              Cuando abordan el problema universitario se dan cuenta de que “los rectores están haciendo un planteamiento de fondo a través del titular de la Universidad de Chile, Edgardo Boeninger. Proponen nuevas fórmulas para la administración universitaria, pero con ellos a la cabeza. El Presidente le exige al nuevo Ministro que les haga ver a los rectores que ese planteamiento es inaceptable; la Junta y el Ministro reciben a los seis que están ejerciendo esos cargos y Pinochet les manifiesta que no está de acuerdo con la proposición que hacen; entonces se producen sus renuncias.

            “Por eso, pocos días después, el 2 de octubre de 1973 se institucionaliza el sistema de rectores delegados en todas las universidades del país, se les dan sus poderes y el 29 del mismo mes se designa a quienes ocuparán esos cargos, disolviéndose los claustros universitarios y otros cuerpos colegiados que contempla el sistema de gobierno de la Universidad de Chile” (97)

            Pinochet ignoraba muchas cosas acerca de las universidades, pero en el tema del poder político no podían darle lecciones. Si un rector delegado flaqueaba, lo cambiaba, tras mandarle al destituido una afectuosa carta de agradecimiento (caso del primer rector-delegado en la Universidad de Chile, general de Aviación César Ruiz Danyau.)

Problemas con la Iglesia

           Ya el 14 de septiembre el Gobierno Militar recibe una admonición de la Conferencia Episcopal, en la que ésta le pide “moderación frente a los vencidos. Que no haya innecesarias represalias y que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que han sido derrotados. Que se acabe el odio, que venga la hora de la reconciliación. Confiando en el patriotismo y el desinterés que han expresado los que han asumido la difícil tarea de restaurar el orden institucional y la vida económica del país, tan gravemente alterados, pedimos a los chilenos que, dadas las actuales circunstancias, cooperen a llevar a cabo esta tarea, y sobre todo, con humildad y con fervor, pedimos a Dios que los ayude. La cordura y el patriotismo de los chilenos, unidos a la tradición de democracia y de humanismo de nuestras FF. AA. permitirán que Chile pueda volver muy luego a la normalidad institucional como lo han prometido los mismos integrantes de la Junta de Gobierno y reiniciar el camino del progreso en la paz” (98).

              El propio Cardenal Silva Henríquez consideró que la Junta había calificado ese documento como un texto hostil, pero visiblemente no lo era.

           Otro desencuentro se produjo cuando la Junta, a través del Vicario castrense, monseñor Gillmore, le pidió al Cardenal que el 18 de septiembre celebrara un Te Deum de acción de gracias en la Escuela Militar. El Cardenal respondió que haría una ceremonia en la Catedral, pero no para dar gracias, sino para “orar por la Patria”. Finalmente la Junta, por motivos de seguridad, resuelve que la ceremonia del 18 de septiembre se celebre en el templo de la Gratitud Nacional, donde efectivamente se llevó a cabo.

              Entre los ex Presidentes de la República hubo discusiones acerca de si asistir o no. El más resuelto a ir fue González Videla. Su cónyuge, doña Mitty Markmann, “ha recordado que ese día, temprano en la mañana, Jorge Alessandri llamó a González Videla y le dijo: ‘Oiga Gabriel, Eduardo Frei dice que no debemos ir al Te Deum’. Gabriel González, abiertamente partidario de la intervención militar, le replicó: ‘Jorge, nosotros tenemos que defender esto porque qué habría sido del país si no hubiera ocurrido’. Entonces don Jorge le manifestó: ‘Eduardo me ha convencido que no debemos ir’. Finalmente González Videla los convenció y fueron los tres” (99).

             También monseñor Emilio Tagle, arzobispo de Valparaíso, acudió en apoyo de la Junta y declaró públicamente: “La reconciliación es, para nosotros, una tarea indispensable, pues el marxismo produjo en Chile la quiebra y la división más honda de su historia. Sentó como principio la lucha de clases, sembró el odio y la violencia no sólo a través de implacable adoctrinamiento, armó a unos chilenos para aplastar a otros chilenos. Violados los derechos y el imperio de la ley, el país caminaba a la dominación ideológica y a la dictadura. Contra ellos se levantaron las voces de los más altos organismos representativos de la Nación. Se levantó el clamor nacional, que se expresó también por medio de María en fervientes plegarias al Señor”.

    Pero, como advierte a continuación, la caída de los responsables de ese crimen de lesa patria “no significó que llegara plenamente la paz: se mantuvieron focos de agresión que configuraban un real peligro para la seguridad nacional con el apoyo de la conjura exterior que se desató contra nosotros. El Gobierno debió establecer entonces severas restricciones. Esta actitud de agresión ha constituido el mayor obstáculo para la reconciliación, causa un enorme daño al país y posterga la vuelta a la plena normalidad de la vida nacional” (100).

           Posteriormente hubo una declaración del Papa Paulo VI que el Presidente y la Junta consideraron muy desfavorable. Pinochet está dolido y el mismo Cardenal señala que la imagen que el Santo Padre se había formado “no era la que nosotros queríamos que tuviera de Chile” (101).

                Por una parte había que considerar el costo para el Pontífice de no ser crítico de la Junta, cosa que, dado el clima internacional adverso a ésta, digitado desde el KGB, era comprensible. El mejor ejemplo de ese miedo a la devastadora crítica izquierdista había sido el viraje de The Economist después de publicar un primer artículo benévolo para el Gobierno Militar.

Tomic ofrece integrarse al Gobierno

                  El ala izquierda de la DC había tomado distancia de sus principales figuras, Frei y Aylwin, que defendían la acción de los militares. Pero no toda el ala izquierda pensaba lo mismo. Como Leighton criticara a Frei por sus opiniones, en un intercambio de cartas entre ambos este último retrucó con una revelación sorprendente: el 23 de diciembre de 1973 Radomiro Tomic, la principal figura del ala izquierda DC y ex candidato presidencial del partido en los comicios de 1970, había dirigido una carta al general Gustavo Leigh ofreciéndole integrarse al Gobierno Militar si éste se decidía a emprender “un programa revolucionario”.

                El tema de los derechos humanos parecía no importarle en absoluto. A esas alturas ya había muerto más de la mitad de todos los caídos a manos de los militares entre 1973 y 1990, es decir, sobre 1.800. Y Tomic expresaba lo siguiente a Leigh, refiriéndose a la situación del país: “la define usted –y es imposible no compartir ese planteamiento--  como expresión malsana y ya intolerable del deterioro moral, institucional, gestado a lo largo de muchos años y gobiernos, del cual la UP no fue el origen sino la expresión final. Todo ello como consecuencia de los vicios que su discurso menciona (nota del autor: un discurso recién pronunciado por Leigh) : el efecto corrosivo del apetito del poder, a cualquier precio, de grupos e individuos; del partidismo sectario y voraz; del excesivo ideologismo; del desprecio por las virtudes sólidas, como la confianza en el propio esfuerzo, en el trabajo y la disciplina; de la imitación alienadora de modelos extranjeros”.

             Y a continuación le expresaba a Leigh: que la DC “comprometida desde su fundación a la sustitución del capitalismo; adherente sin ilusiones a la sustitución del viejo orden; participante a desgano del juego partidista tradicional, sigue estando dispuesta para un programa revolucionario auténtico” al cual “podría integrarse”. (Carta de Frei a Leighton quejándose de que se le criticara por defender a los militares mientras se silenciaba la oferta de colaboración de Tomic a los mismos) (102).

   Por otra parte, los democratacristianos asumieron funciones en el Gobierno autorizados por la directiva de su partido. Aylwin lo dice en sus memorias:

              “Consecuente con esos criterios (‘la DC debe prestar colaboración para que las políticas (…) que se adopten sean racionales, justas’) la directiva estimó que los camaradas que fueran llamados a desempeñar funciones públicas por las nuevas autoridades no debían negar su colaboración. Dejamos entregada esa decisión a la conciencia de cada cual, en el claro entendido de que su participación sería a título personal y no comprometería al partido. Pero estimamos que, tratándose de cargo de carácter político, como ministros y subsecretarios, ningún militante podría aceptarlos sin permiso de la Directiva.

              “El primero fue el abogado Gonzalo Prieto, que dos o tres días después del golpe me llamó por teléfono pidiéndome autorización para aceptar el Ministerio de Justicia; yo se la di, pensando que su actuación sería beneficiosa para procurar la vigencia del derecho y no comprometería al partido por ser un funcionario de la justicia naval. Así como él, recuerdo que después autoricé a varios otros camaradas que pidieron permiso para ocupar algunos cargos públicos; pero otros lo hicieron sin consultarnos” (103).

Comisión para una nueva Constitución

           En noviembre de 1973 se constituyó una Comisión de Estudio para elaborar una nueva Constitución, presidida por el ex ministro del gobierno de Jorge Alessandri (1958-64) y autor del primer proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados que cristalizó el 22 de agosto de 1973 (y de la idea de hacerlo efectivo) Enrique Ortúzar Escobar.

             Éste presidió la Comisión, que fue integrada, además, por los abogados Sergio Diez, Gustavo Lorca, Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Evans de la Cuadra y Jorge Ovalle Quiroz. Sus integrantes venían de diferentes vertientes políticas: Partido Nacional, Democracia Cristiana y Democracia Radical. También le cupo una participación inicial al ex ministro de Justicia del ex Presidente Frei Montalva, Pedro Jesús Rodríguez, el que fallecería luego prematuramente.

             La Comisión emitió un primer memorándum en el mismo mes de noviembre, adelantando que se proponía postular un régimen democrático-liberal, con proscripción de los sectores de izquierda marxista y reforzamiento del régimen presidencial; un Congreso bicameral generado por sufragio universal; dotar al Presidente de la República de la facultad de disolver la Cámara de Diputados y convocar a nueva elección de la misma; y fortalecer las garantías a los derechos fundamentales de la persona.

La integración de la Comisión sufriría cambios tras el alejamiento de Evans, Silva Bascuñán y Ovalle, el que acarreó la incorporación de los catedráticos Luz Bulnes y Raúl Bertelsen, del ex senador DC Juan de Dios Carmona y de la abogada Alicia Romo Román (104).

Balance económico anual

       Las cifras al final del año no podían resultar alentadoras: Chile estaba sufriendo las consecuencias de una triple catástrofe económica: el desastre provocado por las políticas de la Unidad Popular, una caída del precio del cobre y el alza del petróleo derivada del acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que provocó un remezón mundial.

  El cobre era la principal exportación del país y el petróleo su principal importación. El Producto Interno Bruto cayó en -5,6 % en el ejercicio; el Índice de Precios al Consumidor había subido en 508,1%, que no era una cifra real, pues la política de la Unidad Popular había consistido en considerar que los productos que habían dejado de venderse en el mercado formal por escasez, permanecían por muchos meses con el mismo precio en la muestra del IPC, pero en la práctica sólo se podían comprar en el mercado negro a un precio diez o más veces mayor. La realidad vino a manifestarse a mediados de 1974, cuando los precios al consumidor subieron, a mediados de año y en doce meses, más de mil por ciento.

                La Tasa de Inversión (Formación Bruta de Capital Fijo) fue de 14,7 % en el ejercicio.

            El déficit del presupuesto fiscal fue el equivalente al 24,7 % del PIB. El déficit de las empresas estatales, confiscadas y usurpadas era todavía mayor.

                 En fin, el saldo negativo de la Balanza Comercial (exportaciones menos importaciones de bienes) fue de -138,3 millones de dólares; el déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (que incluye la Balanza Comercial más servicios, intereses y entradas y salidas de créditos) fue de ---294,6 millones de dólares. La Cuenta de Capitales de la Balanza de Pagos tuvo un superávit de 354 millones de dólares.

                  El saldo de la Balanza de Pagos fue negativo en -21 millones de dólares.

                 Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central, en dólares de ese año, eran de 167 millones 400 mil dólares al final del ejercicio, habiendo aumentado desde los 75 millones 800 mil dólares a que habían ascendido en 1972 (105).

    Ya el país había caído en mora en el pago de su Deuda Externa de 3.261 millones de dólares. Pero la tasa de desempleo en el Gran Santiago era de sólo 4,6 % (106).

REFERENCIAS DEL FIN DEL CAPÍTULO I:
(79) Vial, Gonzalo, op. cit., t. II, p. 712.

(80) Arancibia, Patricia, op. cit., p. 140.

(81) Fontaine Aldunate, Arturo: “Los Economistas y el Presidente Pinochet”, Zig-Zag, Santiago, 1988, p. 42).

(82) Fontaine Aldunate, Arturo, op. cit., p. 40.

(83) Fontaine Aldunate, Arturo, op.cit., p. 66 -68.

(84) Fontaine Aldunate, Arturo, op. cit., p. 46.

(85) Simonsen, Mario Henrique y Campos, Roberto de Oliveira: “A Nova Economía Brasilera”, Livraria José Olympo Editora, Río de Janeiro, 1974, p. 1.

(86) López Bain, Jorge: “Testigo Presencial”, Maye, Santiago, 2012, p. 123.

(87) Arancibia, Patricia, op. cit., p. 178 y 179).

(88) Osorio, Víctor y Cabezas, Iván: op. cit. p. 45.

(89) Fontaine Aldunate, Arturo, op. cit., p. 55 y 56.

(90) Vial Correa, Gonzalo, op. cit., t. II, p. 72.

(91) Rojas Sánchez, op. cit., t. I, p. 35.

(92) Fontaine Aldunate, Arturo: op. cit., p. 70.

(93) Informe Rettig, Ediciones Ornitorrinco, Santiago, 1991, tomo I, p. 121.

(94)Verdugo, Patricia: “Los Zarpazos del Puma”, Ediciones Chile-América CESOC, Santiago, 1989.

(95) Verdugo, Patricia, op. cit., p. 150.

(96) Huneeus, Carlos: “El Régimen de Pinochet”, Taurus, Santiago, 2016, p. 124.

(97) Rojas, Gonzalo, op. cit, t. I p. 125.

(98) Rojas, Gonzalo, op. cit., t. I, p. 125.

(99) Rojas, Gonzalo, op. cit. t. I, p. 113.

(100) Canessa, Julio y Balart, Francisco, op. cit., p. 222.

(101) Rojas, Gonzalo, op. cit., t. I, p. 114.

(102) González Camus, Ignacio: “Renán Fuentealba en la Génesis de la Concertación”, Catalonia, Santiago, 2007, p. 196-197.

(103) Aylwin, Patricio: “El Reencuentro de los Demócratas”, Grupo Zeta, Santiago, 1998, p. 54.

(104) Cuevas, Gustavo: op. cit. p. 65.

(105) Díaz, José, Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República en Cifras”, Ediciones UC, 2016, p. 514.

(106) Banco Central de Chile: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Dirección  de Estudios, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales de Chile 1960-2000”, Santiago, 2001.

(FIN DEL CAPÍTULO I. CONTINÚA MAÑANA CON EL CAPÍTULO II)