HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XVIII)

CAPÍTULO XIV

1986: El “año decisivo” comunista

“Vigilancia” de las Naciones Unidas

          En medio de los problemas económicos que Chile ha ido resolviendo airosamente y más rápido que los demás países afectados por la crisis de la deuda, no obstante lo cual recibe un trato discriminatorio en el tema de los derechos humanos, llega al país en enero el “relator especial” del organismo, para inspeccionar la situación, el costarricense Fernando Volio.

          Éste visita las personas y los lugares que estima necesario y, para desilusión de los regímenes adversos, que han impulsado el acoso al país, al terminar su misión manifiesta que “la actitud del gobierno fue muy constructiva; no obstruyó mi labor; y les digo que no son muchos los gobiernos que hacen eso cuando tienen visitas in situ para observar la situación de los derechos humanos. El pueblo llano acudió en gran cantidad, dando opiniones muy impresionantes, ricas y variadas” (1).

          El informe de Volio contiene 33 recomendaciones y se preocupa de sugerir que se ponga fin a los apremios ilegítimos, se revise las leyes relativas a los estados de excepción, se ponga término a la intervención de las universidades y se restaure el normal funcionamiento de la actividad política (2).

          No parece tener en cuenta que en Chile se está viviendo un proceso que lleva, precisamente, a conseguir todos esos propósitos, que se harán efectivos cuando rija el articulado permanente de la Constitución; ni que el país sufre un acoso terrorista internacionalmente patrocinado. Sin subversión, las condiciones normales serían mucho más fáciles de restablecer, pero ni la OEA ni la ONU hacen nada para detener aquélla y los gobiernos de muchos países que alientan las acusaciones contra el nuestro se caracterizan por prestar apoyo a grupos subversivos y violentistas de acá que, si actuaran igual dentro de sus territorios, serían combatidos con igual o mayor fiereza.

          No obstante todo ello, los Estados Unidos, increíblemente, en el caso de Chile hacen causa común con la órbita soviética, lo mismo que México; y promueven un acuerdo condenatorio de los organismos de seguridad chilenos, de los Tribunales de Justicia y del Presidente Pinochet, por “no hacer nada por detener” los atropellos a los derechos humanos (3).

          Chile es nuevamente condenado por la ONU.

     Inesperadamente, la molestia del propio Volio con esa injusta condena se exteriorizó: “… la resolución fue política por parte de quienes la redactaron y también por parte de aquellos que la aprobaron. Yo habría esperado más objetividad; por ejemplo, ellos deberían haber tomado en cuenta el terrorismo” (4).

Hasta su propio relator se les volvió en contra, porque era un jurista objetivo y conoció la realidad de primera mano.

          Es que la propaganda alimentada desde el KGB siempre se impuso a la realidad de los hechos. Eso provenía de un instructivo de Lenin de cincuenta años antes: “si los hechos contradicen los propósitos del Partido Comunista, peor para los hechos”.

          Comenzando 1986 la Mesa de Izquierda emitió un mensaje de año nuevo. Estaba compuesta por el PC, el MIR, el PS-Almeyda, la Izquierda Cristiana, el MAPU, el MAPU-Obrero Campesino, el PS-Histórico, el PS-Mandujano y el PS-XXIV Congreso (es que, cuando los socialistas se dividen, lo hacen de verdad). ¿Cuál fue el mensaje?: “1986 debe ser el año del derrocamiento de la tiranía” (5).

La vía armada mirista-comunista

          “Pavorosa Tragedia” titulaba el diario La Cuarta del 18 de febrero de 1986 la información sobre los 58 muertos y quinientos heridos en un accidente ferroviario en la estación de Queronque, entre Limache y Valparaíso, el día anterior.

          Con motivo de un atentado terrorista perpetrado días antes por un comando del MIR, del cual formaba parte quien después sería ministro y senador de la Concertación, en los años 90, la línea férrea había quedado reducida a una sola vía, lo cual fue la causa precisa del choque de dos trenes que llevaban a más de mil personas.

          Por su lado, el brazo armado del PC se lanzaría en pleno a la violencia en 1986. Un dirigente comunista decía:

        “Hay que considerar que la línea trazada por el pleno –se refiere al Pleno del Comité Central del PC de enero de 1985— (indica que) la preparación de la sublevación nacional no supone que todo el pueblo se deba levantar en armas. Habrá diferentes métodos, unos armados, otros no”.

          Un estudio sobre la estrategia militar comunista dice:

        “Indudablemente que ya estaba en curso, desde hacía tiempo, la etapa preparatoria de la subversión. Las primeras horas de enero de 1986 se reanudaron las diferentes formas de lucha, en especial las armadas. Dos atentados explosivos en un edificio de Carabineros en Valparaíso provocaron dos heridos el 2 de enero, estallando otras varias bombas en Santiago. Al día siguiente se producen apagones en Lota y Punta Arenas, acompañados de incidentes en esta última ciudad. El 8 de enero dos niños quedan heridos por una bomba en Valparaíso. El 10, también en Valparaíso, es destruido un automotor. El 12 se produce en Santiago un enfrentamiento con subversivos, quedando herido un oficial de Carabineros” (6).

          Incluso la prensa alemana informaba sobre la violencia comunista en Chile. El Berliner Morgenpost reconocía: “Muchos de estos terroristas aprendieron sus lecciones –incluido el ‘asesinato silencioso’ y las técnicas para usar bombas--  en un campo secreto para entrenamiento de terroristas en Naumburgo (sobre el río Saale, en Alemania Oriental, cerca de Leipzig). En sólo dos años, desde enero de 1984 hasta diciembre de 1986, más de seiscientos chilenos murieron o fueron heridos en actos terroristas” (7).

Derechos humanos y libertad de expresión

         Simbolizando la libertad de prensa que había en Chile durante el Gobierno Militar –que la Asamblea Anual de Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) negaba año a año que existiera— la revista Hoy, afín a la DC, publicó en mayo de 1986 un cuadro titulado “Vivir en Peligro”. Era un resumen de las principales violaciones a los derechos humanos en el período 1979 a 1986 y usó cifras proporcionadas por la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica. El Gobierno puso en duda enérgicamente la autenticidad de esas cifras, pero aquí se presentan en el convencimiento de que son, probablemente, según opinión del historiador James Whelan, “más verdaderas que falsas”:

Año   Arrestos  Muertes  Relegaciones  Torturas  
1979    1.325         14           1                     143 

1980    1.129         17       106                       91

1981       911         33         60                       68

1982    1.789        24         81                     123

1983  15.077        96       130                     434

1984  39.440        74        170                    205

1985   9.116         66        171                    168

1986 33.665        58        ------                   255

Tot. 102.452      382       719                   1.487

          “(La Vicaría define ‘muertes’ de varias maneras: como los ejecutados o muertos en enfrentamientos armados, los muertos por homicidios políticos, tortura, violencia innecesaria, abusos de poder y otros. Los arrestos incluyen a las personas que han estado detenidas sólo por unas pocas horas. Las demostraciones callejeras, un resurgimiento del terrorismo y el intento de asesinar a Pinochet en 1986, explican el agudo salto en el número de arrestos)”  (8).

El “Comité Político Privado”

          En una reunión del 2 de abril de 1986, el Consejo Nacional del PDC aprobó el plan de acción para ese año y resolvió negociar “en forma privada” con el PC las cuestiones relativas a la movilización social. Esta negociación buscaba crear un Comité Político de Concertación o Comité Político Privado, nombre con el cual sería conocido en el futuro, integrado por los partidos de la Alianza Democrática y del Movimiento Democrático Popular, desde republicanos de derecha hasta comunistas y miristas.

Una vez integrado, este comité se reunía dos veces a la semana “para coordinar las manifestaciones públicas” y estaba formado por los “encargados de la movilización social” de cada agrupación. Por lo demás, desde Moscú se afirmaba que “ya camina el acuerdo político opositor, que se manifestaría con la organización del Congreso Metropolitano de Pobladores del 11 de abril, el Paro Nacional Universitario del 15 y el 16 y la conferencia nacional del Comando Nacional de Trabajadores del 18 al 20 del mismo mes”.

          Gabriel Valdés, presidente del PDC, confesaba el 13 de abril que la oposición, “desde el punto de vista de la movilización social, hoy está unida, al margen de cualquier consideración ideológica” y agregaba que “la actual situación de tensión que vive el país se radicaliza y profundiza cada minuto”.

El Presidente de EE. UU. versus sus funcionarios

          Pero el 19 de marzo de 1986 el Presidente de los EE. UU., Ronald Reagan, había escrito lo siguiente al Presidente de Chile, Augusto Pinochet, en términos que habrían hecho suponer que su gobierno era amigo del nuestro:

          “Al entrar vuestro gobierno a su sexto año bajo la Constitución de 1980, deseo reiterar la voluntad de mi Gobierno de trabajar estrechamente con su país en todas las materias de interés mutuo.

          “Sabemos muy bien que vuestra resuelta acción y la de la amplia mayoría de los chilenos amantes de la libertad evitó la consolidación de un punto de avanzada permanente en Sudamérica, una hazaña que les ha granjeado la persistente hostilidad de los soviéticos.

          “Nosotros respetamos esa proeza histórica y deseamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que los dolorosos pasos tomados en 1973 conduzcan con seguridad al establecimiento de una democracia fuerte y efectiva, capaz de satisfacer las aspiraciones del pueblo de Chile y defender la independencia de la nación chilena.

     “Le ruego tenga la seguridad, señor Presidente, que la política de esta administración se mantendrá plenamente consistente con los nobles objetivos proclamados al inicio de la difícil etapa histórica a través de la cual Ud. y sus colegas gobernantes han guiado a su país. Es nuestro firme deseo trabajar junto a Ud. para lograr que esos objetivos se conviertan en realidad” (9).

         ¡Si en los Estados Unidos el Gobierno le hubiera hecho caso a su Presidente! Siempre resultó notorio el contraste entre las esferas superiores de la administración de Reagan y el nivel funcionario del Departamento de Estado, que era de temperamento muy adverso al Gobierno Militar, completamente permeable a la campaña propagandística mundial del KGB, lo mismo que la generalidad de la prensa norteamericana.

Como ejemplo representativo de lo anterior, más adelante detallo una publicación de la revista Time de 1986 con numerosos errores sobre la situación chilena, todos sesgados en contra del gobierno de Pinochet.

          El embajador enviado a Chile en esos años por Reagan había sido Harry Barnes, el polo opuesto de su antecesor, James Theberge, y cuya misión parecía diseñada para todo lo contrario de los buenos propósitos de este último, que eran los expresados por la carta de Reagan.  

A mí, como observador de la actualidad, siempre me pareció inexplicable que un Presidente como Reagan pudiera mandar a Chile, en ese momento, a un embajador como Barnes. Pero sin perjuicio de pensar todo lo contrario que éste acerca de la situación chilena, yo tenía cierta  amistad personal con Harry y cuando más adelante escribí el libro “Sí o No”, referido al plebiscito de 1988, él se preocupó de subrayar que yo se lo había dedicado a “mi amigo Harry”. Empero, su antigobiernismo era manifiesto y muy poco diplomático.

          Un hecho anecdótico pero decidor: en esa época fui invitado a una cena al club social de los marinos en retiro, el Caleuche, y un ex oficial de la Armada allí presente refirió que, estando dedicado al negocio de la decoración de inmuebles, había ganado una licitación convocada por la embajada norteamericana para redecorar y amoblar un departamento de lujo en la elegante Avenida el Bosque, en Santiago. Terminado su trabajo y recibido el pago de la embajada, se enteró con sorpresa que la ocupante del departamento iba a ser la viuda de Salvador Allende, Hortensia Bussi, que había resuelto regresar a vivir a Chile. Creo que ese generoso subsidio norteamericano en favor de ella lo dice todo sobre la inclinación de la misión de Harry Barnes.

Todavía no culmina la municipalización

          En enero de 1986 la Comisión de Traspasos de Establecimientos Educacionales informa que el proceso culminará en marzo, pues la legislación y los plazos de implementación así lo permiten, dado que sólo resta por traspasar 828 establecimientos con 20 mil funcionarios.

          El total era de 7.850 establecimientos y la tarea ha tomado seis años, durante los cuales se ha traspasado más de siete mil.

        El Gobierno ha propuesto un proyecto de ley sobre Estatuto Docente, que proyecta favorecer a los profesores de establecimientos subvencionados por el Estado y de los colegios particulares declarados cooperadores de la acción educacional pública.

          Pinochet recibe el apoyo de la Asociación Gremial del Magisterio para llevar a cabo la municipalización.

          Pero en julio del mismo año todavía no termina de completarse el traspaso de establecimientos a los municipios y se reconoce que aún falta el 10 % de ellos (10).

¿En qué consistía el “año decisivo”?

          Así como contrastaba la simpatía del Presidente Reagan hacia el régimen chileno con la acción concreta de la diplomacia norteamericana y las publicaciones de casi toda la prensa de ese país, estas últimas y su apoyo implícito a la acción disociadora y violenta del comunismo –por la vía de criticar y debilitar al Gobierno Militar en su acción indispensable contra el terrorismo-- sólo favorecían los planes comunistas.

      Léase en qué consistía el “año decisivo” del PC, descrito por un historiador devenido severo crítico del Gobierno Militar en materia de derechos humanos después de haber sido ministro de él, Gonzalo Vial:

          “—Llevar al clímax la agitación político-social

          “—Asesinar a Pinochet.

          “—Inmediatamente después, una sublevación popular, fuertemente armada, para terminar con el régimen.

          “Las dos etapas finales se desarrollarían a partir de septiembre” (11).

          Por su parte, el líder DC Gabriel Valdés tenía su propio “año decisivo”:

         “Unidos todos los organismos sociales, profesionales, estudiantiles y gremiales, lograremos un acuerdo social que exprese la demanda nacional por el cambio. Notificamos que en 1986 lucharemos por la democratización real del país. Ha llegado el año del esfuerzo máximo” (12).

          Se había formado, como se dijo antes, un Comité Político Privado, integrado por todos los partidos opositores, con inclusión del Partido Comunista. “En definitiva, el dirigente comunista José Sanfuentes reveló la existencia de estas tratativas en una entrevista de prensa, ante lo cual la DC tuvo que reconocer el hecho de que actuaba con doble estándar" (13).

          Habrían preferido mantenerlo en reserva. Por algo sería.

La Asamblea Nacional de la Civilidad

Como se detalló en capítulos previos, un médico católico, ex alumno del Saint George’s College (de cuando había sido un colegio “de orden” regentado por sacerdotes norteamericanos de la Congregación de la Holy Cross), Juan Luis González, fue activo en organizar una entidad para combatir al régimen, la Asamblea Nacional de la Civilidad, que realizó su primera actividad bajo el alero eclesiástico el 24 de abril de 1986. Se suponía que la integraban desde derechistas hasta miristas y, desde luego, lo hacían la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular.

La Asamblea suscribió solemnemente una Demanda de Chile, donde, mediante la amenaza de la guerra civil, se indica que es preciso resolver “la crisis institucional evitando un enfrentamiento fratricida”.

Moscú estaba exultante y calificaba a la Asamblea como “un organismo que tiene una gestación amplia nunca antes vista (…) cobijada por una institución de peso como es la Iglesia Católica”. Una “compañera de ruta”, perfecta. Añadía que la expresión culminante del año decisivo era la Asamblea (14).

La misma organizó un paro nacional para los días 2 y 3 de julio, durante el cual se contabilizó 35 agresiones de bala contra carabineros. ¡Qué escasa civilidad! El Gobierno presentó un requerimiento contra la Asamblea por trasgredir la Ley de Seguridad del Estado y sus directivos terminaron presos.

Rodolfo Seguel, dirigente del cobre, que presidía el Comando Nacional de Trabajadores, calificaba la huelga como “un éxito, más allá de todo lo que pudiéramos imaginar”. Y la Radio Moscú la describió como “la más grande movilización que ha tenido lugar en estos trece años” (15).

Pero ella pasó y nada cambió en la realidad interna.

Asesinato a sangre fría

          El 25 de abril de 1986 el brazo armado comunista, FPMR, integrado por elementos mandados a entrenar a Cuba por los dirigentes rojos locales Gladys Marín, Volodia Teitelboim y Orlando Millas, según hemos visto y se expone en las memorias de este último (16), tendieron una trampa para asesinar carabineros a mansalva: llamaron denunciando un asalto a la panadería Lautaro de la comuna santiaguina de La Cisterna.

          Frentistas previamente apostados en posiciones ocultas dispararon contra los tripulantes del furgón de Carabineros que acudió al llamado, matando al joven uniformado Miguel Ángel Tobar, de 20 años.

          Los compañeros de éste repelieron el fuego e hirieron a un frentista, Hugo Gómez Peña. La posterior investigación judicial de los hechos comprobó que éste fue atendido en la Clínica Chiloé, por cuenta de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, previo haber recibido auxilio y protección de un abogado y un médico de dicha Vicaría, Gustavo Villalobos y Ramiro Olivares, respectivamente.

Ambos fueron encargados reos por la Fiscalía Militar que investigó el caso, pero ella nunca consiguió que monseñor Sergio Valech, Vicario de la Solidaridad, entregara las fichas de atención de frentistas que obraban en poder de la citada entidad del Arzobispado. Esa conducta, constitutiva de evidente obstrucción a la justicia, si es que no de encubrimiento, nunca fue penada (17).

Esa prestación de servicios logísticos al terrorismo de la extrema izquierda armada por monseñor Valech, fue años después premiada por el Presidente socialista Ricardo Lagos con la presidencia para dicho vicario de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, uno de los más vergonzosos arbitrios de la izquierda para cambiar la historia y lucrar (dicha Comisión otorgó pensiones vitalicias de cargo fiscal a 29 mil personas sin otro requerimiento que declararse “torturadas” entre 1973 y 1990 y gozar del patrocinio de un parlamentario).

Las torturas bajo la Unidad Popular, denunciadas por la derecha y la DC en 1973 y las torturas bajo el gobierno DC, denunciadas por abogados socialistas en 1970, quedaron fuera de examen… y de pensión.

El abogado procesado en 1986 por encubrimiento de terroristas, Gustavo Villalobos, fue premiado por el gobierno de Patricio Aylwin, en 1990, con la dirección superior de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), supuestamente destinada a proteger al país del terrorismo, es decir, a todo lo contrario de lo que Villalobos había hecho como abogado de la Vicaría de la Solidaridad.

Las causas de la violencia

Para cualquiera que viviera en el país, la causa de la violencia imperante era bastante clara: había un movimiento terrorista activo, pertrechado y financiado desde el exterior, con “buena prensa” internacional, que cometía atentados violentos. Pero el Episcopado chileno tenía otra opinión. La Conferencia Episcopal emitió el 14 de julio un documento al respecto y, según él, las causas eran:

1)    “El sufrimiento demasiado prolongado de tantos hermanos nuestros;

2)    “La falta de participación, especialmente política;

3)    “El carácter militar del régimen;

4)    “La manera cómo, a veces, se ejerce la función policial;

5)    “El terrorismo político de diversos signos”.

¡Sólo al final!

Pero el permanente autoelogio comunista no satisface a toda la oposición. La revista Cauce, muy opositora (como se ha reiterado, había largamente más revistas políticas opuestas al régimen que favorables o indiferentes a él) confesó la “incapacidad de la oposición para imprimirle a la movilización social un ritmo ascendente y sostenido”. Y concluye: “Lo cierto es que el diseño primitivo de la movilización entró en una fase de repliegue” (18).

El armamento para la revolución

          De visita en Chile, el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, John Calvin, informa al Estado Mayor chileno de la existencia de poderosos arsenales en la costa norte de nuestro país, los que han sido fotografiados por satélites norteamericanos (19).

Después se sabrá que Cuba y el brazo armado comunista, el FPMR, están detrás de esa internación clandestina de armas.

          La Alianza Democrática, pacto de oposición al Gobierno Militar, por primera vez une a democratacristianos y socialistas, pero de ella no forman parte los comunistas. Sin embargo, sabe de la estrategia insurreccional de estos últimos y cree, con un criterio de algo así como “no quiero, no quiero, pero échemelo al sombrero”, que si los comunistas logran el propósito de remover por la violencia al Gobierno, será en definitiva la Alianza la que asumirá el poder.

          El hecho es que a mediados de 1986 se confirma la más voluminosa internación clandestina de armas jamás registrada en Chile y en el hemisferio, armamento desembarcado por goletas pesqueras que han recibido la carga desde barcos cubanos en alta mar. Los agentes comunistas son descubiertos, pese a que, bajo un verosímil camuflaje, han recolectado y luego vendido algas. Pero “el mercado” –los verdaderos recolectores de algas— se da cuenta de que sucede algo extraño: estos nuevos recolectores no reparan demasiado en el precio en que venden y están echando a perder el negocio. Toda la operación está perfectamente disfrazada de una empresa legal, una sociedad de responsabilidad limitada constituida por escritura pública inscrita y publicada.

Asimismo, opera con dos goletas perfectamente autorizadas y con sus permisos de navegación al día. Fleta algas desde la zona, cercana a Vallenar, en el norte, y las envía en camiones a otros puntos del país, desde galpones perfectamente construidos e instalados.

Los cabecillas visibles de la operación son los frentistas Alfredo Malbrich  y Sergio Buschmann, el primero reclutado para el Frente nada menos que por el Jefe del Archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, José Manuel Parada, asesinado en 1985 por efectivos de la DICOMCAR de Carabineros, lo que ha dado lugar a un proceso judicial, según se vio en el capítulo anterior; y el segundo un actor de teatro que ha trabajado en los escenarios revisteriles santiaguinos.

Piques mineros abandonados han sido usados como “barretines” por los extremistas para ocultar las armas  y  municiones,  desembarcadas  en  cuando menos tres viajes de naves cubanas a nuestras costas en el primer semestre de 1986, de las cuales se conoce el nombre de una: Río Najasa.

Desde los “barretines” las armas son enviadas en fletes menores a todo el territorio, a las casas de comunistas antiguos de todo el país, que naturalmente las acogen sin problemas porque siempre han sabido que el partido tiene como propósito fundamental (no siempre publicado) el de tomar el poder por las armas para instaurar la soñada “dictadura del proletariado”, en la cual va a ser el partido único.

Los verdaderos recolectores de algas de la zona creen enfrentarse a una competencia desleal y recurren a las autoridades municipales. Éstas hacen una inspección disimulada y encuentran que algo raro está aconteciendo con esos nuevos “empresarios” llegados a la zona y avisan a las autoridades regionales, que entran en sospechas y a su vez avisan al gobierno central. Éste envía agentes policiales y de inteligencia y descubren los depósitos de armas, logrando apresar a algunos de los extremistas que no alcanzan a escapar.

          La Alianza Democrática no comparte (aunque quiere aprovecharla) la estrategia del Partido Comunista de tomar el poder por las armas, a cuyo efecto éste ha anunciado que 1986 es “el año decisivo”. La Alianza sabe esperar y aspira a “sacar las castañas del fuego con la mano del gato”.

Sin embargo, el ojo siempre abierto de los norteamericanos también ha monitoreado el desembarco de armas, tanto que viene al país el Subsecretario del Pentágono, Néstor Sánchez, quien convoca a una reunión a los principales dirigentes de la DC chilena y les formula una pregunta:

          “¿Saben ustedes que los embalajes de las armas internadas en el norte estaban diseñados para durar años?” (20).

          Se han dado cuenta de que las armas comunistas no sólo tenían el propósito de derrocar al Gobierno Militar, sino también de impedirles a ellos, los partidos de la Alianza Democrática, recibir el poder, por muy democráticas que fueran sus intenciones. Las armas comunistas tenían el propósito de dirimir el futuro empleándolas y no por votación, y dejarlo en manos de los comunistas. Por algo venían de Cuba. El conocimiento de todo esto tuvo consecuencias:

          “A la semana siguiente se desactiva el Comité Político Privado que ha servido de enlace entre la Alianza Democrática y el Partido Comunista. La ruptura es total” (21).

          El tiro les ha salido a los comunistas por la culata.

El arsenal venido de Cuba

          En 1985 un informe de la embajada norteamericana en Chile había comunicado a su gobierno que la peor amenaza contra la vida de los chilenos provenía del grupo terrorista formado por el Partido Comunista, el FPMR. Como se ha registrado un lavado de cerebros, tanto en Chile como en los Estados Unidos, acerca de la historia reciente, probablemente ese informe ya no existe o es material “no desclasificado”, pero yo tuve el ejemplar en mis manos y lo leí con mis propios ojos, si bien con el tiempo lo extravié. Era embajador entonces James Theberge, a quien el gobierno de Reagan, que simpatizaba, según vimos, con la Revolución Militar, insólitamente reemplazó por Harry Barnes, quien fuera el mejor aliado de los opositores y denigradores de esa Revolución.

          Al año siguiente de ese informe, 1986, el Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Chile, George Jones, que no compartía los puntos de vista de Barnes –me consta, porque yo hablaba con ambos en esos tiempos-- declaró públicamente que con los desembarcos de armas ya descubiertos – y sabiendo que lo encontrado no era todavía todo lo desembarcado--  ya se podía hablar de que el contrabando de armas era el mayor que jamás se hubiera registrado en América Latina.

          Entre enero y julio de 1986 los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas y Carabineros habían incautado, de los desembarcos de naves cubanas en las costas chilenas, 3.200 fusiles M-16 (material norteamericano capturado en Vietnam del Sur), 114 lanzacohetes soviéticos RPG 7, 167 cohetes antiblindajes LAW (otros de ese tipo fueron utilizados en el atentado del mismo año contra el Presidente Pinochet), granadas, municiones y otros pertrechos (22).

Se añadieron dos millones de cartuchos de municiones, “material bastante para equipar a los combatientes de una larga y extendida lucha en todo el país” (23).

Las armas contrabandeadas nunca han terminado de encontrarse. Tan tarde como marzo de 2002 se halló un “barretín” en una parcela semiabandonada de Malloco, cerca de Santiago, bajo el suelo de una leñera, en un hueco de 2,7 metros de largo y a 80 centímetros de profundidad, perteneciente a un profesor comunista exonerado por el régimen militar. Todo esto en consonancia con lo que dicta desde la Radio Moscú el alto dirigente comunista Volodia Teitelboim, quien ha proclamado: “Será un año de combates titánicos”.

También tan tarde como 2002 fueron encontrados 104 fusiles M-16, cargadores para los mismos, 33 fusiles FAL, cuatro cohetes RPG, un lanzacohetes, dos escopetas lanzagranadas, 30 granadas antipersonales, 400 estopines y 15 mil tiros para esas armas. El fiscal militar Fernando Torres estimaba que un 20 o 30 por ciento de los arsenales nunca fue descubierto. Equivalía eso a unas 20 a 40 toneladas de armas.

          George Jones declaró, además, que “su país no duda del hallazgo de arsenales en Chile, destacando que es la mayor cantidad de armas individuales que se han registrado como encontradas en una nación latinoamericana y que tienen la certeza de que fueron ingresadas clandestinamente por fuerzas comunistas para ayudar a los terroristas de extrema izquierda que operan en el país”.

La información periodística añadió que “el diplomático hizo estas declaraciones cuando concurrió al Hospital de Carabineros para expresar el pesar de su Gobierno y de la Embajada norteamericana en Santiago por los policías uniformados que resultaron heridos durante los últimos días, planteando que el camino del terrorismo no es camino de solución de los problemas políticos. ‘El camino de solución es el diálogo, la reconciliación, la conversación y evitando toda confrontación violenta’ añadió” (24).

Contradictoria actitud estadounidense

          Esta disposición de George Jones era opuesta a la del embajador Harry Barnes, que llegó al extremo de atribuir al Gobierno Militar un atentado terrorista comprobadamente perpetrado en las cercanías de su residencia por el FPMR comunista (25).

          Al contrario, no combate al terrorismo sino al Gobierno y anuncia que los Estados Unidos están estudiando el empleo de presiones económicas para obligarlo a negociar con la oposición en los términos que ésta desea.

          Hay que luchar simultáneamente, entonces, con el agresor comunista y el norteamericano. El embajador chileno en Washington, Hernán Felipe Errázuriz, logra un acuerdo para mantener a Chile dentro del sistema generalizado de preferencias arancelarias, del cual se ha pretendido excluirlo en virtud de la resolución Weiss, que además de las sanciones económicas busca terminar con las maniobras navales conjuntas. A cambio, el Gobierno se compromete a hacer aprobar modificaciones a la legislación laboral en el sentido de facilitar la formación de sindicatos, suprimir el despido de los trabajadores después de 59 días de huelga y permitir que las federaciones de sindicatos se puedan afiliar a más de una confederación.

          También dentro del esquema de las hostilidades norteamericanas, llega el senador Edward Kennedy a comienzos del año, pero su visita no dura más de un par de horas, porque es boicoteada por los partidarios del Gobierno (26).

La DC se atemoriza

          Pero el 28 de agosto el Consejo Nacional de la DC, condenando la internación clandestina de armas, reitera que “de todas nuestras alianzas políticas quedan excluidos aquellos que propician o respaldan acciones violentas o terroristas”. Sabe que el eco del hallazgo de los arsenales en la opinión pública favorece al Gobierno.

          Y la DC formulaba una declaración pública rechazando de antemano cualquier intento de aprovechar la futura jornada de protesta del 4 de septiembre “mediante acciones violentas o terroristas”. Denuncia al PC, al FPMR y al MIR por seguir “una estrategia que no sólo justifica sino que proclama la vía armada” (27). ¡Al fin se dieron cuenta! ¿O lo supieron desde un principio?

          Los comunistas, que todavía sostienen que el hallazgo de sus arsenales es una farsa, critican a la DC: “Pensamos que ustedes hacen pie del show de los armamentos para justificar un retroceso que se viene experimentando en las posiciones de vuestro partido desde mucho antes. (…) Dicho retroceso se ha expresado en varias actitudes dirigidas a frenar la movilización social y debilitar la Asamblea de la Civilidad (…) Ahora ustedes casi no hablan de la ingobernabilidad y la desobediencia civil” (28).

          Es que los DC temían que, finalmente, las armas comunistas terminaran siendo usadas contra ellos.

          Como consecuencia de este nuevo clima, la jornada de protesta del 4 de septiembre fue un rotundo fracaso. Radio Moscú había anunciado que “tanto en la capital como en las regiones del norte y del sur del país se han distribuido millones de volantes llamando a la movilización que hoy se ha iniciado”.

          Pero la industria, el comercio y las demás actividades funcionaron normalmente. Los comunistas cometieron un error gravísimo: un atentado suyo en el Metro dejó dos heridos y en medio de otras de sus acciones violentas murieron cuatro personas. El Metro era muy popular y atentar dentro de él muy impopular.

          Pero desde Moscú Volodia Teitelboim culpó a “sectores claudicantes” de haber “apaciguado la movilización social”.

          En la noche del 5 de septiembre la guerrilla comunista provocó apagones en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Talcahuano y Concepción.

          Resultado: días después el presidente de la Alianza Democrática, Enrique Silva Cimma, declaraba que había cortado toda clase de relaciones con los partidos que practicaban la violencia.

          Y, finalmente, tras el atentado a Pinochet que detallaremos más adelante y la declaración del Estado de Sitio, el presidente del Comando Nacional de Trabajadores, Arturo Martínez, socialista, declaró que condenaba la violencia como forma de lucha y suspendía sus actividades de movilización social.

El asesinato de Simón Yévenes

          Otra expresión de la brutalidad del FPMR comunista fue el asesinato a sangre fría y delante de su familia de un querido dirigente vecinal de la UDI, Simón Yévenes, baleado en su negocio de la población Brasil de Santiago Sur. Tenía 43 años, era técnico electrónico y dueño además de dos negocios en La Castrina.

          Era un hombre pacífico y apreciado. Un día un guerrillero con el uniforme verde oliva entró a su negocio y sin decir palabra le disparó. Otro terrorista vigilaba y lo esperaba afuera.

          Los comunistas ni siquiera evitaron autoinculparse, aunque todo el mundo supo desde el primer momento que el autor era parte de su brazo armado: la propia Radio Moscú, en su programa diario “Escucha Chile”, confesó que Simón Yévenes había sido “ajusticiado”.

          La justicia tardíamente logró identificar al autor, Hugo Gómez Peña, y lo condenó. Una hija de la víctima, Jocelyn Yévenes, publicó por las redes sociales el 20 de abril de 2018 que dicho autor goza de pensión de reparación. Fue liberado por indultos de gobiernos de la Concertación, como todos los demás extremistas hechores de crímenes sangrientos, favorecidos por Patricio Aylwin con la conmutación de su pena por la de “extrañamiento” en un país europeo con trabajo garantizado.

          Tanto el Informe Rettig de 1991 como el Museo de la Memoria marxista, fundado bajo los gobiernos de la Concertación, debieron reconocer la condición de víctima de un atropello a los derechos humanos de Yévenes. La Enciclopedia Wikipedia de internet da cuenta también de la participación del brazo armado comunista, el FPMR, en el asesinato, y de los esfuerzos en años posteriores de su sucesor, el MPMR (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez) por eliminar el nombre de Yévenes de entre las víctimas de atropellos a los derechos humanos.

          El dirigente máximo de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, dijo un sentido discurso de homenaje durante sus funerales, el 4 de abril de 1986. Cinco años más tarde él también caería víctima de otro atentado terrorista del FPMR casi en la misma fecha (29).

          Veinte años después, en El Mercurio, el hijo de Yévenes, Eliecer, lo recordaba así:

          “La constante lucha por lo que él creía lo llevó finalmente a la muerte, porque Simón no murió por ser de derecha ni tampoco por pertenecer en ese tiempo al Movimiento de la Unión Demócrata Independiente (UDI), sino por sus convicciones, por proteger a su familia del vandalismo, por creer que el hombre puede ser libre y por no dejarse amilanar por las constantes amenazas” (30).

Violencia extremista generalizada

          El historiador Gonzalo Vial no podía desconocer los hechos extremistas de 1986 y en una obra suya posterior los describe así:

          “Mientras tanto, el terrorismo del FPMR recrudecía. Las víctimas eran casi todas inocentes, en el sentido de ajenas a la encarnizada pugna política (…) Menudearon los ataques utilizando ácido y bombas incendiarias contra garitas y vehículos de la locomoción colectiva. Lesionados, con distintos niveles de gravedad: una madre y su hija de dos años; tres funcionarios de un terminal de micros Matadero-Palma, y otro de una garita de taxibuses en San Miguel (quedó parapléjico); cuatro pasajeros de un bus porteño quemados con ácido; cinco que corrieron igual suerte en un vehículo similar del recorrido San Cristóbal-La Granja, etc.”

          “También siguieron las explosiones de bombas en lugares muy concurridos: un baño público de la Alameda (cuatro mujeres heridas), Teatinos con Alameda (36 lesionados), la estación ferroviaria de Viña del Mar (tres heridos), la estación Tobalaba (un muerto y seis heridos) y la San Pablo (dos heridos) del tren subterráneo de Santiago” (31).

          La opinión pública entonces (no hoy) estaba al tanto de la gravedad de la amenaza armada extremista. La Corporación Nacional por la Defensa de la Paz, afín al Gobierno, publicó el 26 de marzo de 1986, en los principales diarios del país, tres páginas con los retratos de 47 uniformados y agentes de seguridad “Caídos por Dios y por la Patria en cumplimiento de sus deberes militares”.

El epígrafe decía: “Con posterioridad al 19 de abril de 1978 (fecha del decreto ley de Amnistía), los siguientes miembros de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad han sido asesinados por el terrorismo internacional a través de sus agentes locales”.

          Luego eran reproducidas las fotografías de 47 soldados, marinos, aviadores, carabineros y detectives asesinados por entes de izquierda, como el MIR y el FPMR. Bajo cada fotografía se detallaba el estado de la investigación judicial de cada homicidio y sus abogados defensores, la mayoría de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago.

Esto último constituía un importante aporte logístico de la Iglesia a los grupos terroristas, los cuales de esta manera se ahorraban el financiamiento de sus defensas judiciales y atenciones hospitalarias y podían así destinar mayores recursos a comprar armas y explosivos para  o herir a más chilenos.

          Un grupo de defensores de la verdad histórica quisimos volver a publicar esa inserción en los mismos diarios de Santiago con motivo del aniversario del 11 de septiembre en 2016, pero los periódicos en que había aparecido tal inserción sólo admitieron volver a publicarla si se censuraba el texto sobre el estado de los procesos y los nombres de los abogados defensores. Finalmente, dos de las tres páginas de publicidad pagada (a un costo de trece millones de pesos) sólo aparecieron en La Tercera, con las fotografías de los caídos. La mayor parte del texto bajo cada foto fue censurado y quedó en blanco (32).

          Y La Tercera debió soportar una manifestación de protesta de sus periodistas de izquierda, en protesta por haber reproducido parte del aviso de 1986. Esa experiencia llevó al diario a no admitir una publicación favorable a la Revolución Militar que sus partidarios quisimos hacer el 11 de septiembre de 2017.

          El presente no resiste la verdad del pasado. Los diarios no se atreven a publicar las propias páginas de sus ediciones de hace treinta años, por temor a la justicia de izquierda que domina los Tribunales y a las funas y la violencia de izquierda que opera en los hechos contra la libre expresión en el Chile actual.

La subversión favorecía al régimen

          Vimos en el capítulo XI que en ese año se había formado la Asamblea de la Civilidad, la cual había planteado las Demandas de Chile, pero cuya importancia radicaba en que servía de puente entre los opositores democráticos (Alianza Democrática) y los totalitarios (Movimiento Democrático Popular). A su vez los sindicatos estaban divididos entre la Central Democrática de Trabajadores, con vínculos en los Estados Unidos, donde los sindicalistas son anticomunistas, y el Comando Nacional de Trabajadores, dominado por los comunistas. Vimos antes que el presidente de la Central acusaba al Comando de ser un “órgano de fachada” del comunismo.

          Pero en el hecho, para los efectos de provocar la “ingobernabilidad” –propósito fundado en el exigente supuesto de que Pinochet y la Junta iban a caer en tal estado depresivo que iban a renunciar— todos los opositores coincidieron en confiar en la extrema violencia suscitada invariablemente por las “protestas pacíficas”.

          El 20 de mayo de 1986 el Comando Nacional de Trabajadores organizó la que llamó “gran jornada de movilización y lucha contra la tiranía”. Dio lugar a una sola muerte, un joven alcanzado por un disparo cuando se hallaba sobre el puente Loreto, en el Parque Forestal. El FPMR contribuyó a la protesta dinamitando quince torres de electricidad, lo que provocó un apagón de dos horas entre Atacama y Bío Bío.

          Mes y medio después la Asamblea de la Civilidad convocó a un “paro nacional prolongado”, que no sólo provocó siete muertos, sino que dio lugar a un hito publicitario de enorme valía para la extrema izquierda en particular y los adversarios del Gobierno Militar en general, cuyos ecos llegan hasta nuestros días y permiten que hasta partidarios de la Junta emitan dictámenes condenatorios contra ella a raíz de esos hechos: el Caso Quemados, que se describe más abajo.

          Pero la paradoja residió en que la violencia desatada en el “año decisivo” comunista sirvió, en definitiva, más al régimen que a sus oponentes. Declaraba Ricardo Núñez, socialista renovado, que la política violentista del comunismo “no sólo se origina en su incapacidad de suscitar consensos, sino que la creemos profundamente ajena a los intereses del pueblo chileno (…) la objetiva militarización de la política constituida por las acciones del MIR y por el vasto proyecto militar que está en la base de la creación del Frente Manuel Rodríguez y de sus acciones sucesivas, que van desde el secuestro de niños y la detonación indiscriminada de bombas –que no dejan de  causar víctimas inocentes--  al asalto a cuarteles y la internación masiva de armas, no pueden soslayarse en nombre de la búsqueda de acuerdos que dejen de lado las diferencias. El intento de hacer madurar una supuesta situación revolucionaria para imponer una ‘democracia avanzada’ no es sólo un proyecto minoritario dentro de la izquierda, es también un factor de debilitamiento, de sectarización” (33).

El “caso quemados”

          Pero en el largo plazo la extrema izquierda ha sacado grandes dividendos publicitarios y electorales de su acción violenta de 1986 y lo ha hecho con el apoyo de la DC, no obstante que ésta repudiaba la violencia en ese año; y del socialismo, que nunca la repudió, con la salvedad de lo afirmado por Ricardo Núñez, caso único. Pero una y otro, después de 1990, terminaron indemnizando generosamente, a iniciativa del Presidente Patricio Aylwin, a la subversión que en 1986 decían condenar.

          Patentiza lo anterior la evolución del caso Quemados, ocurrido a mediados de 1986, en medio de la embestida violentista. Ese caso fue completamente desfigurado con el transcurso de los años, al extremo de que ha habido un senador de derecha, otrora partidario del Gobierno Militar, que afirmó en 2016 que el “Gobierno Militar quemaba a la gente por pensar distinto” (Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional).

          Pero en los hechos ciertamente no fue así. En julio de 1986 dos subversivos que portaban elementos altamente combustibles para hacer barricadas y quemar vehículos de locomoción o particulares que no se hubieran plegado al paro de protesta decretado por la oposición, Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, fueron sorprendidos por una patrulla militar.

          La verdad, casi desconocida hoy, como es habitual, consta de un proceso judicial ante un prestigiado ministro de la Corte de Apelaciones, que se siguió a raíz del caso, y que terminó en la condena, pero por cuasidelito de homicidio, es decir, sin que hubiera intención de delinquir por su parte, del capitán Pedro Fernández Dittus, que comandaba una patrulla.

          Dicho proceso contiene todas las declaraciones que permiten llegar a la verdad, pero las hay de muchos testigos falsos, pues nadie presenció los hechos fuera de sus protagonistas: los dos jóvenes y la patrulla de quince miembros.

          He tenido acceso a las piezas claves del proceso gracias al abogado Carlos Cruz-Coke, defensor de Fernández Dittus, pero, además, como me suele suceder, personas que conocieron internamente la verdad y que tienen restricciones para darla a conocer, ya sea por temor o porque creen faltar a la discreción que deben al ejercicio de sus funciones, se acercaron a mí para darme su testimonio, sin otra esperanza ni interés que el de revelar esa verdad.

Pues en el debate público es frecuente que se aluda a un gobierno ‘que hacía desaparecer, degollaba o quemaba a los disidentes’, siendo que dicho gobierno no tenía como política hacer desaparecer personas, jamás ordenó degollar a nadie –al contrario, fue el primero en reaccionar, tratar de impedirlo y denunciar a quienes lo hicieron cuando ello sucedió— y menos tenía como política quemar a sus adversarios.

          Un oficial en retiro del Ejército, el coronel (r) Ricardo Ramírez Ruiz, que tuvo a su cargo la investigación interna en su institución del caso Quemados, en dos instancias, pues actuó en el sumario mismo y después concurrió a la reconstitución judicial de la escena, me refirió en una carta el siguiente detalle:

          “La patrulla de quince hombres, que se movilizaba en un vehículo del Ejército, se encontró con una barricada en calle General Velásquez de Santiago. Quienes la activaban y estaban a punto de encenderla, corrieron hacia la calle Hernán Yunge, portando botellas con líquido inflamable, por lo que fueron alcanzados y detenidos. En realidad, se dirigían a una ‘casa de seguridad’ cercana.

          “En la calle Hernán Yunge se juntó toda la patrulla con los detenidos y los bidones que portaban.

          “En un momento dado de descuido, Carmen Gloria Quintana intentó escapar, pero tropezó con una de las botellas y provocó que se inflamara tanto su ropa como la de Rodrigo. Un sargento que los alcanzó intentó apagar las llamas de las ropas de ambos, cosa que logró resultando a su turno con quemaduras.

          “El capitán, ante este cuadro, se muestra desorientado y, tras un diálogo con sus subalternos, resuelve llevar a los detenidos a Carabineros. Al oír eso, Rodrigo Rojas le ruega al capitán que los dejen en cualquier parte, menos en Carabineros, y el capitán accede, porque, aparte de la ropa chamuscada de ambos jóvenes, no se notaba en apariencia la gravedad de las quemaduras y los propios afectados por ellas no se quejaban.

          “Entonces el capitán los trasladó al lugar donde fueron encontrados y regresó a su cuartel, sin dar cuenta sus superiores, pero el sargento afectado por las quemaduras concurrió a la enfermería de la unidad. Además, pronto los medios de comunicación dieron a conocer el hallazgo de los dos jóvenes con quemaduras, y, en particular, la muerte de Rodrigo Rojas a partir de aquéllas. La noticia dio la vuelta al mundo, por supuesto que culpando a los militares de haberlos quemado”.

          El efecto propagandístico del caso fue devastador, porque se prestaba para afirmar que “el Gobierno Militar quemaba a quienes pensaban distinto”, como dijo el senador de derecha antes citado.

          A su turno, la versión de don Patricio Aylwin en sus memorias es decidoramente falsa: afirma que “los manifestantes proyectaban hacer una fogata en el lugar, para lo cual llevaban un bidón de parafina” y añade que “una patrulla militar que los sorprendió (…) no se limitó a disolver el grupo y detener a quienes creyera responsables de acciones delictuosas, sino que llegó en la brutalidad de su represión hasta a rociar a esos jóvenes con combustible y encenderles fuego” (34).

          Esa versión malévola contradice el fallo del ministro de la Corte de Apelaciones Alberto Echavarría Lorca, muy respetado y designado por sus pares como sumariante del caso, en 1986, que determinó el volcamiento accidental de un recipiente altamente explosivo que llevaban los jóvenes con el fin de incendiar vehículos de la locomoción colectiva, como consecuencia de lo cual resultaron lesionados; y contradice la propia investigación posterior del actual ministro sumariante Mario Carroza, revelando el grado en que las consignas e imputaciones gratuitas ha llegado a presidir el relato de los hechos acaecidos durante el Gobierno Militar.

Una reacción decidora

          Incidentes como el referido suelen ser cruciales para la imagen de los gobiernos bajo los cuales suceden. Si antes esos regímenes han sido víctimas de una campaña sostenida de denigración –como fue el caso del Gobierno Militar chileno-- tales incidentes se vuelven en contra de ellos y la refuerzan, aunque los gobernantes respectivos, como en este caso, hayan tenido nula responsabilidad en los hechos. Y resultó que el mismo coronel (r) Ricardo Ramírez Ruiz, que tan de cerca conoció la investigación del “caso Quemados”, me aportó por escrito otro testimonio decidor del efecto propagandístico de hechos como los referidos y que a él le correspondió investigar.

          Una advertencia previa: su madre era hermana de dos distinguidos abogados chilenos, Julio y Carlos Ruiz Bourgeois, el primero ex ministro de Minería del gobierno de Gabriel González Videla y profesor de Derecho de Minas en la Universidad de Chile (de quien me cupo ser, justamente, alumno cuando estudié leyes entre 1953 y 1957); el segundo don Carlos Ruiz Bourgeois, quien por su parte fue abogado integrante de la Corte Suprema, y es el protagonista del siguiente incidente que me refirió en su carta su sobrino, el coronel (r) del Ejército Ricardo Ramírez Ruiz:

          “En el hogar de mis padres se juntaban en un almuerzo los días viernes de cada semana los hermanos de mi madre, almuerzos a los cuales yo asistía. Uno de estos hermanos, abogado, profesor de la Universidad de Chile y en otra universidad y, en esa fecha, además, abogado integrante de la Corte Suprema, al escuchar por radio o TV (no recuerdo) una noticia sobre el ‘caso de los quemados’, saltó de su asiento y a gritos profería ‘¡asesino Pinochet!’, olvidando, esta persona siempre mesurada y caballerosa, toda muestra de educación y respeto por su sobrino, yo, coronel de Ejército; tan descontrolado que no hacía caso ni a su hermana (mi madre) ni a su hermano, ni menos a mí, repitiendo la palabra ‘asesino’”.

          Para ver la desproporción de esa reacción, que puede haber sido la de miles o millones de personas predispuestas por la propaganda mundial predominante contra el Gobierno Militar, véase lo que dijo el juez civil que conoció del caso, un magistrado antiguo y prestigiado, “ministro en visita extraordinaria”, Alberto Echavarría Lorca, designado por la Corte, dada la notoriedad pública nacional e internacional del hecho, en su resolución dictada con fecha 23 de julio de 1986:

          “a) Que Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos, el día 8 de este mes, por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndolos transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero”.

“No hay mal que por bien no venga”

          Pero el caso no terminó con la condena del capitán Fernández Dittus por cuasidelito de homicidio, como fue la que recibió, porque treinta años después de los hechos sucedió algo que nadie podía prever bajo un Estado de Derecho: un nuevo juicio criminal por el caso ya juzgado y prescrito. Las personas que creen que en Chile impera dicho Estado deberán revisar esa creencia, porque es equivocada: en Chile actual no rigen algunas instituciones fundamentales del Derecho, entre ellas dos, en particular: la prescripción de los delitos y de la acción penal y la cosa juzgada.

          Ya en su informe 8182 del año 2010 la Corte Suprema de Chile había confesado que, tratándose de juicios contra militares, y no encontrando ella tipificados en la legislación chilena delitos que permitieran condenarlos, había pasado a regirse por un supuesto “derecho internacional” que permitiría arrasar con principios tenidos por fundamentales del debido proceso, como la irretroactividad de la ley penal, a la que mencionó expresamente, pero con falta de ortografía (“retroactividad” de la ley penal, la llamaba en el citado informe).

          Luego, a través de la designación de ministros ad hoc, llamados “ministros en visita extraordinaria”, se puede juzgar cualquier hecho del pasado. En particular, uno de tales ministros, Carroza, reabrió el “caso Quemados” a pretexto de que, supuestamente, dos miembros de la patrulla que interceptó a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana en 1986 habrían, treinta años después, revisado su deposición original y denunciado que oficiales del Ejército los habrían quemado a propósito.

          El caso entonces volvió a conmocionar a la opinión pública, suficientemente motivada por la prensa, oficialista o no. El Gobierno de la Nueva Mayoría hizo volver al país prestamente a Carmen Gloria Quintana desde su bien rentado cargo diplomático de Agregada Cultural a la Embajada de Chile en Canadá (y ya previamente indemnizada por el Estado de Chile por sus quemaduras, en términos millonarios) y ella volvió a afirmar ante las cámaras que los militares la habían quemado.

          Pero sucedió algo doblemente inesperado: primero, los restantes nueve ex conscriptos de la patrulla, de los once que sobreviven, mantuvieron sus declaraciones de 1986, con un añadido: uno de ellos, Leonardo Riquelme Alarcón, confesó algo que no había dicho en 1986: que fue él quien, accidentalmente, tropezó con uno de los recipientes de vidrio con líquido altamente inflamable que portaban Rojas y Quintana y eso provocó la combustión que los quemó a ambos y causó la muerte del primero.

          Este ex conscripto, hombre de trabajo, y sus restantes ocho camaradas fueron encarcelados por Carroza. A raíz de eso, varios perdieron sus trabajos y pusieron a sus familias en una grave situación. Yo escribí en mi blog (blogdehermogenes.blogspot.com) que Alarcón y los demás revivían la esperanza en la integridad de nuestros compatriotas.

          En cambio los dos desertores del grupo, que aparecieron con sus denuncias con treinta años de atraso y se hicieron sospechosos de haber actuado bajo incentivos espurios, ni siquiera pudieron mantener una sola versión, pues uno culpó a un oficial y el otro a uno diferente; y el ministro Carroza se vio obligado a poner a todos los demás en libertad y se ha quedado entre manos con un intríngulis judicial que seguramente no sabe cómo resolver, pues de ninguna manera las nuevas doctrinas le permiten hacerse cargo de que existen dos instituciones aplicables al caso, como son la prescripción y la cosa juzgada.

          Como “no hay mal que por bien no venga”, al atropello jurídico cometido por el juez Carroza debemos que, treinta años después, sepamos que quien realmente volcó y quebró un recipiente con líquido altamente explosivo, lo que causó la muerte a Rodrigo Rojas y quemaduras graves a Carmen Gloria Quintana, fue el entonces soldado conscripto Leonardo Riquelme Alarcón, a quien debe reconocérsele como un hombre de honor.

Atentado comunista contra Pinochet

          El domingo 7 de septiembre de 1986 el Presidente regresaba cerca de las siete de la tarde de su descanso de fin de semana en su propiedad de “El Melocotón”, en la precordillera, a 50 kilómetros de Santiago.

          Su comitiva era de cinco vehículos, escoltada por dos motoristas de Carabineros, detrás de los cuales iban tres automóviles: un Opala y dos Ford, ocupados por la guardia presidencial; y dos Mercedes Benz blindados, en uno de los cuales iban como pasajeros, en el asiento trasero, el Presidente y su nieto de diez años de edad, Rodrigo García Pinochet. En el asiento delantero iban el conductor y el edecán naval, capitán de Navío Pedro Arrieta.

En el otro Mercedes, de recambio, iba sólo el chofer.

Al ascender la cuesta “Achupallas” de la ruta G-25, por la cual viajaban, un automóvil Peugeot del FPMR comunista, que remolcaba una casa rodante, bloqueó el camino, obligando a la comitiva presidencial a detenerse.

Alrededor de treinta terroristas ubicados en la ladera vecina al camino abrieron entonces fuego contra la comitiva, con fusiles M-16 capturados a los norteamericanos y vietnamitas del sur en Vietnam, metralletas, bombas incendiarias y cohetes  antitanque LAW, que eran parte del desembarco desde naves cubanas descubierto poco antes ese mismo año.

El primer motorista de Carabineros que encabezaba la comitiva desbarrancó y quedó herido. El segundo aceleró y escapó ileso. El Opala de la escolta estalló al darle un cohete; otro cohete le voló el techo a uno de los autos Ford y el otro de la misma marca terminó en llamas. Pero los dos Mercedes Benz, que fueron el blanco preferente, lograron regresar. El de alternativa lo hizo primero, pero luego bloqueó el camino de vuelta una camioneta frentista Chevrolet de doble cabina, desde la cual los terroristas también disparaban a la comitiva.

El chofer de Pinochet, por orden del edecán naval Pedro Arrieta, que iba a su lado, bloqueó las puertas e inició un veloz retroceso. Un cohete LAW dio en el auto pero no estalló y sólo lo hizo al dar en la ladera del cerro, otro se atascó antes de salir del lanzador.

El auto en retroceso pasó entre la ladera del cerro y la camioneta frentista, desde la cual un terrorista le disparó ráfagas a tres metros de distancia, pero el vidrio resistió, y el vehículo pudo regresar a “El Melocotón”, con Pinochet herido levemente en una mano por astillas de vidrio.

La Operación Siglo XX, como la habían bautizado, había fracasado. Murieron cinco cabos de la escolta y doce otros miembros de la misma resultaron heridos.

A raíz del atentado, Pinochet declaró: “Después del baleo, cuando miré el automóvil, en el vidrio parecía haberse configurado la imagen de la Virgen. Pensé que era el producto de la emoción fuerte que había vivido (…) especialmente por (…) mi nieto (…), pero posteriormente otras personas me comentaron haber experimentado la misma sensación. La imagen que vi corresponde a la misma Virgen que llevo siempre conmigo en el cuello…” (35).

Se trataba de la Virgen del Perpetuo Socorro.

Esa noche la Junta decretó toque de queda y Estado de Sitio.

El historiador Gonzalo Vial escribió: “La Operación Siglo XX se preparó en Cuba durante meses. Allí fue planificada, y escogidos sus integrantes clave; allí muchos de éstos recibieron o complementaron un riguroso entrenamiento, ensayando adicionalmente –una y otra vez— el atentado.

“Cuba financiaba integralmente la Operación, es probable que con ayuda de la Internacional Comunista” (36).

La impunidad para los autores materiales e intelectuales del quíntuple asesinato ha sido tal que el jefe terrorista del mismo, César Bunster, ha sido candidato a concejal comunista, y ha sido recibido en el Congreso por parlamentarios de izquierda y en La Moneda por la Presidenta Michelle Bachelet, en sendos homenajes.

El diputado comunista Guillermo Teillier, que era el “encargado militar” del partido, confesó públicamente en una entrevista periodística que había sido coautor intelectual del quíntuple crimen y magnicidio frustrado. Cuando un abogado se querelló contra él, en vista de eso, la justicia lo sobreseyó aduciendo precisamente la eximente de prescripción que deniega a los ex uniformados presos.

La prensa liberal norteamericana estaba furiosa por el fracaso del atentado. La portada de la revista Time del 26 de septiembre fue dedicada a Pinochet y reproduce la que unánimemente se considera su peor imagen (con anteojos oscuros) y fue titulada “Estado de Sitio”, implícitamente condenándolo por declararlo y ¡haciendo caso omiso del atentado! El Estado de Sitio fue lo único importante para Time, no el criminal magnicidio frustrado. Yo contabilicé en esa crónica 24 errores y falsedades y los detallé en un artículo de El Mercurio que se resume más adelante.

Represalia “american style”

          O también “estilo israelí”. Nadie vacila en culpar a elementos de la CNI de tomar venganza contra dos terroristas del MIR y tres del Partido Comunista, uno de los cuales escapó cuando los vengadores entraban a su domicilio; es decir, hubo cuatro muertos como represalia por los cinco que el comando frentista provocó a la comitiva de Pinochet.

          El cadáver de un militante del MIR, el periodista José Carrasco, fue encontrado a un costado del cementerio Parque del Recuerdo, en Av. Américo Vespucio, el 8 de septiembre. Era jefe de informaciones de la revista de izquierda Análisis. Tenía 43 años y había sido secuestrado desde su hogar a las 5 horas del día 8.

          El Mercurio consignaba que “el cadáver presentaba trece impactos de bala en la región posterior de la cabeza y tenía una data de muerte de cinco horas, aproximadamente.”

           En el lugar fueron encontradas siete vainillas percutadas calibre 38 mm.

          Años después la investigación judicial acreditó que los autores del crimen fueron miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI) (37).

          La venganza, desde luego no autorizada por el Gobierno ni ninguna repartición suya, de algunos agentes de los servicios de inteligencia “fue un acto insensato, aparte de inmoral”, escribió el historiador Gonzalo Vial (38).

          Pero ¿cómo actúan las fuerzas antiterroristas norteamericanas e israelíes contra los autores de atentados? Sus represalias han dado material para libros y películas admirativas y sus autores no han sido condenados por la justicia.

          A largo plazo, en cambio, los hechores de las cinco muertes de la escolta de Pinochet han quedado impunes. El jefe inmediato, César Bunster, como ya se dijo, ha sido recibido en La Moneda por la Presidenta Bachelet y homenajeado en el Congreso por parlamentarios de izquierda. El jefe comunista que ha confesado públicamente haber sido coautor intelectual, el hoy diputado Guillermo Teillier, fue liberado de toda culpa por aplicación de la prescripción, la misma que se niega a ex uniformados, por los tribunales.

          Los autores de la venganza, en cambio, purgan penas en el presidio de Punta Peuco.

“Merma relativa de la violencia”

          Un autor, Juraj Domic, consideró que en octubre de 1986 había tenido lugar lo que llamó “una merma relativa de la violencia.” Veámosla en sus palabras:

          “La violencia inició sus actividades del mes el 1° de octubre en el Campus Oriente de la Universidad Católica, donde fue incendiada una sala y en una acción sacrílega fue pintarrajeada de negro una estatua de la Virgen. Al día siguiente estalló una bomba en un liceo de Valparaíso. El 5 se intentó quemar un autobús y se atentó con bombas incendiarias contra una institución financiera. El 10 fueron destruidos dos autobuses en Viña del Mar. El 15 se produjo un corte de energía eléctrica, por atentado explosivo, en Lota Alto; agitadores provocaron incidentes callejeros en Santiago, utilizando bombas incendiarias; en la Universidad Católica de Valparaíso se produjeron manifestaciones con explosiones de bombas molotov; se provocó un apagón en la IV y VIII regiones; en algunas poblaciones periféricas se levantaron barricadas y fue desactivada una bomba en un Jardín Infantil de Puente Alto. Al día siguiente se registraron diez atentados explosivos en la Región Metropolitana; daños a vehículos de la locomoción colectiva, edificios públicos y privados en Santiago y Viña del Mar. El 17 hubo seis atentados explosivos en Santiago, con varios heridos; una bomba en un liceo de niñas de Concepción y en Arica se produjeron siete atentados contra la Empresa de Energía del Norte Grande. Después de estos tres días de terrorismo intenso y continuado, el 23 una mujer quedó herida en un atentado contra un autobús en el centro de Santiago. El 26 se produjo un atentado con explosivo contra una torre de alta tensión en Iquique. Finalmente, para cerrar el mes, el 30 explotó una bomba en un banco de Arica.

          Irónicamente, la Radio Moscú apreciaba así la situación: “La dictadura no consigue paralizar el país por medio del terror” (39).

          ¡Según Radio Moscú era el Gobierno el que cometía los atentados!

Una Iglesia dividida

          En el Episcopado las reacciones frente al atentado contra el Presidente no fueron unánimes. Por una parte, monseñor Bernardino Piñera, Arzobispo de La Serena, lo repudió inmediatamente y con toda energía. Por otra, monseñor Carlos Camus, Arzobispo de Linares, declaró que el atentado fue “un éxito para el Frente Manuel Rodríguez” y que, desde el punto de vista moral, “no tienen tanta culpa”.

Posteriormente profundizó su análisis: “El Presidente dijo que está en guerra contra el marxismo y la caravana iba armada; yo creo que cuando eso se estudie como un hecho de guerra, tal vez van a ser héroes; arriesgaron su vida” (40).

Ya en julio los obispos habían declarado que la violencia era producto del sufrimiento prolongado de “tantos hermanos nuestros, de la falta de participación política, del carácter militar del régimen, de la acción policial y del terrorismo de diversos signos” (41).

La “Revolución Silenciosa”

          Una de las cosas que solía decirse, en son de crítica, al Gobierno Militar, era que “no había hecho nada”. Todos los gobiernos anteriores procuraban establecer algún “hito” que pudiera blandirse como símbolo realizador: el de Aguirre Cerda “fundó la Corfo”, el de González Videla extendió la zona marítima exclusiva a 200 millas y estableció bases antárticas, el de Frei “chilenizó” el cobre,  el de Allende lo “nacionalizó” y ambos hicieron la Reforma Agraria. Podía discutirse la eficacia o conveniencia nacional de esos logros, pero servían para mencionarlos como obras trascendentales, mientras parecía que el Gobierno Militar no podía mencionar ninguna de significación (salvo librar al país de un destino totalitario, pero eso parecía no valer mucho).

          Hasta que Joaquín Lavín publicó en 1986 Chile Revolución Silenciosa, uno de los libros más vendidos en la historia del país (se habló de cien mil ejemplares) y que mostró una serie de realizaciones logradas bajo la Revolución Militar que habían elevado de categoría al país en el concierto mundial.

          Por ejemplo, los puertos no habían podido ampliarse, por falta de recursos, pero Talcahuano y San Vicente (son vecinos) ampliaron en 1981 en 3,7 veces la carga transferida en 1975. ¿Cómo lo hicieron? Pusieron término a los monopolios laborales y permitieron que empresas privadas los operaran en competencia con la estatal Empresa Portuaria de Chile (42).

          En Chile hubo 445 mil vehículos más, dos millones de hogares tuvieron televisión, una de las tasas más altas de América Latina; las plantaciones de pinos pasaron de 290 mil a 1.100.000 hectáreas, los barcos de la harina de pescado pasaron de cien con 17.000 toneladas de bodega a flote a doscientos, con 48 mil toneladas de bodega a flote, los pasajeros en vuelo de Santiago a Concepción, que eran 22 mil en 1981 pasaron a 104 mil en 1986, la inversión extranjera llegó en masa al sur del país, las ventas de libros fueron de sobre cinco millones por sólo dos revistas, Ercilla y Vea, y silenciaron a los que hablaban de “apagón cultural” bajo el Gobierno Militar; doscientas mil familias chilenas adquirieron las sinfonías de Beethoven junto con la revista Ercilla (equivalente a veinte “discos de oro”), empresas recién privatizadas pasaron a tener decenas de miles de accionistas, empezaron a haber “multinacionales chilenas”, con inversiones y plantas en Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, los shopping centers o malls, que eran propios de los Estados Unidos, aparecieron masivamente en Chile y se contabilizaba cincuenta, sólo en Santiago, en 1986.

          “Nos acostumbramos a un país líder en la producción de cobre, pero no conocíamos a un Chile primero en el mercado mundial de la uva, o primero en cuanto a superficie plantada de pino radiata. Sabíamos que Codelco era una gran empresa que se codeaba a nivel mundial con los otros gigantes del mercado, pero no lográbamos dimensionar a David del Curto como la frutera más grande del hemisferio sur, o a Sonda como la mayor multinacional de la computación en Latinoamérica.

          “Menos aún sabíamos de los liderazgos tecnológicos, como es el caso de un país que posee uno de los frigoríficos de atmósfera controlada más grandes del mundo, el segundo mayor tráfico de computadoras con Estados Unidos, entre los países latinoamericanos, y la red de télex más moderna de la región.

“Sin duda, también serán una sorpresa los ‘liderazgos de capital humano’: Chile encabeza el ranking latinoamericano como el país con la mayor cantidad de microcomputadores en las escuelas, y cuenta con una elevada proporción de profesionales con estudios de posgrado en las mejores universidades norteamericanas y europeas.

          “La revolución silenciosa: nuevos liderazgos para un país que cambia inserto en un mundo que avanza más rápido que nunca antes en su historia, con una nueva generación de chilenos que asume el rol protagónico” (43).

          Compárense estas realidades con las siguientes respuestas de Ricardo Lagos en una entrevista con Mónica González y Florencia Varas:

          “¿Cómo cree usted que va a quedar Pinochet en la historia?

          “Como un período negro, el período de la a-historia, que se va a tratar púdicamente en los libros de texto.

          “¿Por qué púdicamente?

          “Porque creo que Chile va a tener vergüenza de percibir lo que nos pasó en estos catorce años” (44).

Se intensifican las privatizaciones

          Son varias las razones que explican el aumento de crecimiento de la economía chilena bajo el modelo de libertad económica que instituyó la Revolución Militar: en general, el respeto al derecho de propiedad y la amplia posibilidad de emprender dada a todos los habitantes; la apertura económica al exterior; las políticas fiscal y monetaria responsables; la autonomía del Banco Central, que permitió reducir la inflación; el paso de un sistema previsional de reparto, en manos estatales, cuyos recursos dilapidaban los políticos y gobernantes de turno, a uno de capitalización individual en manos privadas, que permitió pasar del despilfarro de enormes sumas a su aprovechamiento como ahorro productivo; y un factor adicional muy importante: la privatización de empresas estatales que arrojaban grandes pérdidas, siendo una carga para el Estado, las cuales pasaron a manos de particulares que obtuvieron en ellas utilidades y dieron lugar al pago de altos impuestos. Es decir, en vez de succionar recursos al Estado, se los aumentaron.

          Este proceso se aceleró a mediados de los ’80 y un caso paradigmático fue el de la Compañía Chilena de Electricidad, Chilectra, bajo la conducción de su gerente general, José Yuraszeck.

          Este ingeniero civil había sido subdirector de la Oficina de Planificación Nacional hasta 1982, cuando bajo los avatares de la crisis mundial de la deuda el Presidente Pinochet, en lo que llamó alguna vez juego de piernas, pareció dar marcha atrás en las políticas de libre mercado y, bajo los Ministerios Jarpa (Interior) y Escobar (Hacienda), se inició una especie de razzia contra los Chicago Boys, a los cuales era afín Yuraszeck. Por eso el 10 de octubre de 1982 tuvo que abandonar, como muchos otros de ese grupo, su función en el gobierno.

          Pero al año siguiente, recuperada la ortodoxia económica, el nuevo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, llamó a José Yuraszeck para ofrecerle la gerencia general de una empresa estatal, “por encargo del general Pinochet”, según le dijo.

          Yuraszeck, antes de aceptar, le consultó si existía voluntad política de privatizar la empresa y se le respondió que sí. Entonces aceptó. Fue nombrado gerente general de Chilectra.

          Estudió con cautela un plan de privatización, consistente en que los trabajadores de la empresa pudieran emplear sus fondos de desahucio o retiro para comprar acciones de la compañía, en lo que se denominó “capitalismo popular”, que, con el tiempo, estuvo al alcance de todos los trabajadores y fue de gran beneficio para ellos, porque contemplaba facilidades para pagar la parte de la adquisición que no cubrieran sus fondos y porque las empresas privatizadas comenzaron a generar beneficios y dar dividendos, lo que impulsó al alza sus acciones. Eso generó una ganancia de capital para decenas de miles de trabajadores que se acogieron al beneficio.

          Chilectra Metropolitana era en un 70 % propiedad de la Corporación de Fomento y en un 30 % de las AFP y pequeños accionistas.

          El mecanismo ideado por Yuraszeck contemplaba una sociedad que tenía el control de Chilectra y otra que tenía acciones sin ese derecho, pero que se beneficiaban de los dividendos y los aumentos de su cotización.

          Con el tiempo, Chilectra, que había cambiado su nombre a Enersis, tomó el control de Endesa, la generadora estatal de electricidad.

          En los años ’90, ya terminado el Gobierno Militar, Endesa España adquirió en un precio ventajoso para los vendedores, pero muy en particular para quienes tenían el control, las acciones de Enersis y Endesa, lo que desató una controversia nacional y sanciones de la Superintendencia de Sociedades Anónimas para los controladores, quienes se defendieron diciendo que en todo momento el mercado había estado consciente del diferente valor de las acciones de control y de las ordinarias.

El escándalo, el “juicio por los diarios” y la judicialización del caso y las sanciones a los controladores frustró la posibilidad de que éstos hubieran ingresado a la gestión de Endesa España, como había sido convenido, lo cual podría haber incidido en una todavía mayor valorización, con el tiempo, de las inversiones de todas las partes chilenas involucradas.

          Pero así quedó, en todo caso, patente la diferencia entre una empresa estatal que generaba grandes pérdidas y gravaba al fisco y otra que producía utilidades y pagaba impuestos que permitían al Estado financiar su labor social.

Otra privatización exitosa

          Se ha hecho objeto de frecuente crítica al Presidente Pinochet por el éxito en los negocios de su yerno Julio Ponce Lerou. Es un hecho que su condición de tal contribuyó a que ocupara posiciones destacadas en el medio estatal, pero tampoco cabe duda de que sus aptitudes personales no sólo le permitieron hacer fortuna –la que siguió acrecentándose, y más, bajo los gobiernos de signo contrario al de su suegro--  pero las cifras hablan por sí solas del beneficio para el país que resultó de su exitosa gestión.

          En 1979 la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, era una empresa estatal que perdía más de 20 millones de dólares al año bajo la administración de Corfo.

En 1991, bajo la gestión privatizadora de Ponce Lerou, había pasado a ganar 4 millones de dólares, que aumentaron a más de 17 millones en 1992 (45).

          En la actualidad, según su balance publicado al fin del primer trimestre de 2017, ya la utilidad en ese breve período supera los cien millones de dólares. ¿Quién podría haber pensado en retrotraer esa privatización? 

          La misma ventajosa diferencia se produjo en los casos de otras empresas estatales que fueron enajenadas. La prueba del éxito de esta política fue que los gobiernos de signo opositor al régimen militar que lo sucedieron, y que habían criticado acerbamente las privatizaciones, no dejaron sin efecto una sola de ellas, sino, al contrario, procedieron a otras, como la de la Línea Aérea Nacional y las empresas sanitarias.

Pinochet absorbe castigo

          El país recibe con pesar el 30 de agosto la noticia del fallecimiento del ex Presidente Jorge Alessandri, a los 90 años de edad y después de larga enfermedad. Sus exequias reúnen a “tirios y troyanos” y quiere el destino que se encuentren en la capilla del Cementerio General el Presidente Pinochet y su anciano adversario sindical, izquierdista declarado, Clotario Blest.

          El acompañante de Blest, Óscar Ortiz, relata: “En el momento que cruzábamos la puerta nos encontramos frente a frente con el general Pinochet que entraba con sus ministros y edecanes. Pinochet, al reconocer a Clotario, se acercó y, risueño, le preguntó por su salud. Clotario permaneció mudo sin que se le moviera un músculo de la cara. El general, ignorando el gesto hostil, lo tomó del brazo y lo arrastró hacia el altar donde estaban la familia y las personalidades. Yo, rodeado por los edecanes, lo seguí. Cuando Pinochet se acercó al ataúd, Blest en voz alta como para que todos lo escucharan exclamó: ‘¡Qué se imagina este tirano, haciéndose el conmovido cuando fue él quien le amargó la vida a Alessandri en sus últimos años!’ Al retirarse Pinochet se acercó a mí, diciéndome que yo tenía una gran responsabilidad al cuidar a Clotario Blest, que era un patrimonio nacional. Después del sepelio tuvimos otros malos encuentros, el de Jaime Guzmán y Sergio Fernández, que también preguntaron por la salud del convaleciente. Blest, dejándolos con la mano estirada, replicó: ‘Cómo quieren que esté bien con un tirano en el poder’” (46).

Violencia contraproducente

          El 4 de septiembre la Asamblea de la Civilidad había convocado a una “jornada por la democracia”, a la cual paradójicamente, se plegó el MDP comunista y totalitario. Murieron cuatro personas, pero hubo escasa paralización de actividades. La ciudadanía ya estaba fatigada. No así el FPMR, pues abundaron los ataques con bombas y ácido contra garitas y vehículos de la locomoción colectiva, lesionando a una madre y su hija de tres años y a tres funcionarios de un terminal de buses. Otro de una garita de taxibuses de San Miguel quedó parapléjico. Cuatro pasajeros de un bus porteño resultaron quemados con ácido; cinco corrieron igual suerte en Santiago y a todo ello se añadieron explosiones de bombas en un baño público en la Alameda (cuatro mujeres heridas), esquina de Teatinos con Alameda (36 lesionados), estación ferroviaria de Viña del Mar (tres heridos), estación Tobalaba del Metro (un muerto y seis heridos) y estación San Pablo del mismo Metro.

          Irónicamente, tal vez lo que más ayudó al régimen militar a librarse del asedio propagandístico de la oposición democrática en 1986, engrosada por la deserción de no pocos partidarios derechistas del régimen, que desde entonces… y hasta ahora… estuvieron y han seguido periódicamente “marchándose” hacia la centroizquierda, fue la violencia armada marxista.

          Los comunistas negaban la internación de armas, llamándola “el show de los armamentos”, “siniestro plan”, “maniobra grotesca”, etc. Pero el 28 de agosto de 1986 la DC la reconoce y condena tajantemente, diciendo: “de todas nuestras alianzas políticas quedan excluidos aquellos que propician y respaldan acciones violentas o terroristas”.

Los comunistas responden el 3 de septiembre delatando a los democratacristianos y quejándose: “Existía el acuerdo y convencimiento tácito de que al gran paro de 2 y 3 de julio seguiría una sucesión de movilizaciones que condujeran a una desobediencia civil y a un estado de ingobernabilidad de tal naturaleza que hiciera imposible que la dictadura se mantuviera en pie (…) Ahora ustedes casi no hablan de la ingobernabilidad y la desobediencia civil” (47).

El 17 el Consejo Nacional de la DC respondió a la carta comunista del 3 en estos términos:

“La vinculación del PC a la violencia y el terrorismo, y el sostenimiento por Uds. de aparatos militares y paramilitares es el mayor obstáculo a la movilización coordinada y persistente (…) El descubrimiento de los arsenales y el atentado contra Pinochet, con la secuela de muertos que significó, entre otros hechos, agravaron la militarización de la política chilena” (48).

          Se buscaba la derrota del régimen, pero la que resultó derrotada fue la violencia armada. Es que al comunismo le había “salido el tiro por la culata” y su propia violencia había espantado a sus aliados civiles, que ya ni siquiera querían “sacar las castañas del fuego” con la mano de aquél.

         

Y un tiempo (“Time”) para mentir

Como se señaló más arriba, si hubo una publicación que se caracterizó (y todavía se caracteriza) por su sesgo negativo respecto a la Revolución Militar Chilena cada vez que se refiere a ella y que contribuyó a deformar la verdad entre 1973 y 1990, fue el semanario norteamericano Time.

Tiene circulación mundial y se vendía en Chile durante el Gobierno Militar, con todas sus ácidas críticas a éste, no obstante lo cual el mismo semanario le imputaba al gobierno no admitir publicaciones adversas.

Una falsedad más reciente la publicó en enero de 2006, cuando informó que «Michelle Bachelet fue torturada por Pinochet». Yo me burlé de ello en mi columna de El Mercurio, como testigo presencial de una declaración en TV de la propia Michelle Bachelet en el sentido de que, cuando estuvo detenida cinco días en enero de 1975 como ayudista del MIR, no fue torturada. Pero mi burla obedeció básicamente a que Time identificara al ex Presidente como su torturador.

Pues bien, mucho antes, en su portada del 26 de septiembre de 1986, como antes se dijo, Time puso un retrato de Pinochet bajo la lectura «Estado de Sitio» y le dedicó su reportaje principal. La cantidad de falsedades allí contenidas era tan grande que muchos chilenos escribieron a la publicación, pero, al parecer, sus cartas fueron al canasto, porque ninguna apareció en la sección respectiva del semanario.

A raíz de ello, yo escribí un reportaje en El Mercurio, que se publicó el domingo 19 de octubre de 1986, refutando los 24 principales errores y falsedades, bajo el título de «Y un Tiempo («Time») para Mentir», que resumo a continuación detallando la mitad de ellas:

«1) En el atentado contra el Presidente hubo cinco muertos, pero Time lo describe como ‘otro capítulo doloroso en la lucha de los chilenos por recobrar sus derechos fundamentales’. (¡Lo mismo dice el FPMR!)

«2) Se silencia que el Estado de Sitio fue decretado no sólo a raíz del atentado contra el Presidente, sino tras el mayor desembarco de armamento comunista realizado en el hemisferio, según peritaje realizado por el gobierno de los Estados Unidos.

«3) No se hace mención alguna a la transición a la democracia mediante la dictación de las leyes sobre Tribunal Calificador de Elecciones, Inscripciones Electorales, Legalización de Partidos Políticos ni a que habrá elección de Presidente de la República y de Parlamento en 1989 y 1990.

«5) ‘Ramón’ (un entrevistado) afirma —y nadie aparece refutándolo— que ‘lo peor que este gobierno ha hecho ha sido crear un sentido general de terror y violencia’. Pero un informe de la embajada norteamericana en Santiago ha señalado que en 1985, hasta noviembre, hubo cerca de mil atentados de origen comunista con explosivos o armas de fuego, que dejaron cerca de 500 víctimas.

«6) Se asegura que en 1973 la prensa, en Chile, ‘fue clausurada’ (‘the press was shut down’), pero el Gobierno aparece, bajo el estado de sitio, cerrando tres revistas opositoras (...) Por cierto, tampoco informa a sus lectores que se ha anunciado la aparición de un nuevo diario de oposición (La Época); ni que hay libertad para publicar libros sin autorización previa; ni que hay varias emisoras de oposición que gozan de alta sintonía nacional.

«7) Según el semanario, fue Pinochet quien consagró septiembre como ‘el mes de la Patria’ para celebrar el aniversario del pronunciamiento militar de 1973 (¡!).

«8) Según la crónica comentada, el plebiscito de 1980 ni siquiera existió. En efecto, afirma que en esa fecha ‘Pinochet impuso (‘pushed through’) una nueva Constitución y asumió vastos poderes adicionales.

«9) Se presenta a ‘Ramón y Ana’ (entrevistados) diciendo: ‘podíamos comprar un libro ocasionalmente’, justo en un período en que las distintas revistas y diarios regalaban a sus lectores el mayor volumen de libros que se ha distribuido en la historia del país.

«10) Dice que en los últimos tres años han aumentado las medidas represivas. Pero la verdad ha sido que, precisamente en estos tres años, se intentó una apertura política, se consagró la plena libertad para publicar libros, entraron a circular nuevas revistas de oposición, se ha autorizado un diario opositor, se han organizado y actúan en la vida pública docenas de partidos que eligen directivas, suscriben documentos y hacen pactos entre ellos; ha habido manifestaciones públicas de opositores, autorizadas por el Gobierno; han retornado exiliados. Es cierto que, junto a ello (y tal vez debido al aflojamiento de las restricciones) ha aumentado el terrorismo, pero el hecho de que, por eso mismo, haya habido más movilización antiterrorista no autoriza a decir que ‘ha aumentado la represión’.

«11) La parcialidad de ‘Time’ llega al extremo de presentar el asesinato de un carabinero de guardia frente a la casa del Secretario de la Vicaría de la Solidaridad, similar a los de decenas de otros uniformados víctimas del Frente Manuel Rodríguez, como obra de supuestos agentes oficialistas, para amedrentar al funcionario de dicha Vicaría.

«12) Más aún, insinúa que la bomba en la residencia del embajador norteamericano, hace algún tiempo, que un subversivo comunista capturado recientemente ha reconocido haber detonado, también habría sido obra del régimen.»

También el FPMR, en su antiamericanismo, asesinó mediante un explosivo en un bate de béisbol a un ciudadano canadiense que iba habitualmente a practicar ese deporte, junto a otros norteamericanos, en terrenos del Estadio Nacional, atentado del cual, por cierto, nada informó Time.

Presiones norteamericanas (IV)

              Ronald Reagan respaldaba a Pinochet mientras sus funcionarios conspiraban contra éste y lo acosaban. Su embajador Barnes –el principal acosador-- anuncia que los Estados Unidos están estudiando el empleo de presiones económicas para obligar al gobierno chileno a negociar  con la oposición en los términos que ésta desea. ¡Un gobierno extranjero tomaba partido en una pugna política interna! Pinochet responde airado: “Los Estados Unidos deben entender que no queremos que nos dirijan; que no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer; y que no queremos que nos ayuden; sólo queremos que nos respeten” (49).

          Por fortuna, a fines de diciembre el embajador chileno en Washington, Hernán Felipe Errázuriz, logra un acuerdo para mantener al país dentro del sistema general de preferencias arancelarias por un año más, tras la petición de la AFL-CIO –a instancias de sindicalistas chilenos— de eliminar a Chile de dicho sistema. El acuerdo consiste en acceder a modificar proyectos de la legislación laboral chilena que se encuentren en tramitación. La Junta (Poder Legislativo) se resiste, pero finalmente comprende la gravedad de las represalias norteamericana si no cede a la extorsión foránea y hay tres modificaciones: se rebaja de 8 a 5 el número de trabajadores para constituir un sindicato; se cambia la norma según la cual después de 59 días de huelga los trabajadores quedan despedidos automáticamente, estableciéndose que pueden volver al trabajo en las condiciones que tenían antes de la huelga; y se permite que una federación sindical se pueda afiliar a más de una confederación (50).

Nueva ofensiva sobre derechos humanos

              En diciembre de 1986 regresa al país el relator especial de Naciones Unidas, el jurista costarricense Fernando Volio, designado para inspeccionar la situación de los derechos humanos en Chile. Simultáneamente se da a conocer un informe del Departamento de Estado norteamericano  sobre derechos humanos en el mundo, en el cual se dice, respecto a Chile, que la situación ha empeorado en comparación con los dos años anteriores, sin tener en cuenta la ofensiva guerrillero-subversiva que ha debido soportar el país ni los desembarcos de armas sin precedentes en su territorio para promover la guerrilla, denunciados precisamente por los Estados Unidos.

            Pero debe decirse que, a diferencia del informe norteamericano, Volio siempre llamó la atención sobre la amenaza terrorista de extrema izquierda. Añade el sesgado informe norteamericano, con todo, que la situación es una constante desde 1973 (51).

            De hecho, el señalado reporte es mucho más desfavorable para el país que el emitido por el relator especial Volio, lo que lleva a Pinochet a calificar la situación de “una absoluta falta de seriedad” (52).

El régimen confía en sí mismo

              Pese a la ofensiva armada del comunismo, el Gobierno Militar siguió actuando con notable seguridad en sí mismo, sin ablandar innecesariamente su lucha contra esa subversión pero, al mismo tiempo, sin detenerse en el camino de retorno del país a la democracia plena, uno de cuyos requisitos era que no existieran chilenos con prohibición de regresar al país.

            Asimismo, el Gobierno y la Junta aprueban la Ley Electoral que regirá cuando advenga la plena democracia contemplada en la Constitución de 1980.

            Los opositores, lejos de estar “aplastados por una dictadura”, se manifiestan de maneras múltiples: el ya mencionado doctor Juan Luis González acapara las primeras planas de los periódicos con su Asamblea de la Civilidad, que apunta a luchar contra el Gobierno desde una perspectiva más social que política. Pero logra envolverlos a todos, y ahí están, junto al “Walesa chileno”, Rodolfo Seguel, presidente de los sindicatos del cobre, Eduardo Ríos, muy izquierdista pero que viaja frecuentemente a los Estados Unidos, donde tiene contactos sindicales de alto nivel; la Confederación Nacional del Comercio Detallista, que entre 1970 y 1973 se destacaba en la oposición a la Unidad Popular; el Grupo de los 24, constitucionalistas de variadas tendencias, incluidas las de derecha; la Comisión de Derechos Humanos, la Confederación Nacional Campesina, el grupo étnico comunista Ad Mapu, el Comité de la Coordinadora de Gremios del Arte (allí donde aparece la palabra “coordinadora” puede presumirse la conducción comunista); Mujeres por la Vida; la Confederación Nacional de Cooperativas, la Unión Nacional de Pensionados, el Comité Coordinador de Asociaciones de Académicos y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, sí, la mismísima que estuvo tras el “paro de octubre” de 1972, que hizo tambalear a Allende. Ahora se ha cambiado de bando.

            Bonito ramo de opositores activos para un país donde, se dice en el resto del mundo, se ha “aplastado” a la oposición.

            La Asamblea de la Civilidad, ya vimos, hizo público el documento Demanda de Chile que, en síntesis, exige un cambio político radical, la restitución de la participación y el restablecimiento de la democracia. Y la da un plazo al Gobierno para que proceda a todo ello.

            El plazo transcurre sin que el Gobierno acoja la Demanda y ni siquiera la responda. Peor aún para la oposición, la protesta masiva a que convoca la Asamblea para el 5 de septiembre marca un evidente debilitamiento de esta forma de confrontación, que siempre termina en violencia indiscriminada.

            Visto todo lo anterior, el presidente de la DC y ex canciller, Gabriel Valdés, protagonista callejero de las primeras protestas pacíficas y de su publicitado sit in en plena calle, decidió emplear una nueva estrategia: elabora las Bases de Sustentación del Régimen Democrático y crea un nuevo referente, el Acuerdo Nacional Democrático, que pretende oponerse al plebiscito de 1988 e impulsar elecciones libres.

           Además, el socialista renovado José Joaquín Brunner reconoce que el Gobierno ha pasado a la ofensiva y el igualmente socialista y renovado Ricardo Núñez se retira de la Alianza Democrática porque ya la considera “una instancia innecesaria” (53).

            El DC Genaro Arriagada escribe que se ha producido un “equilibrio catastrófico”, en el cual ninguna de las partes logra imponerse y ninguna quiere negociar, pero la diferencia está en que para la oposición esa negociación es vital, pero para el Gobierno no (54).

¿Y qué hace el país real?

             El país real produce, convive y resuelve sus problemas. En los lugares de trabajo, actividad que consume la casi totalidad del tiempo de la gente de bien, que es la inmensa mayoría, los conflictos se resuelven satisfactoria y pacíficamente.

             Entre mayo de 1985 y abril de 1986 se han efectuado 2.149 negociaciones colectivas de acuerdo a la ley, y el 99 % de ellas ha terminado en acuerdo de las partes.

             En el país funcionan cinco mil sindicatos con más de 350 mil afiliados. Recordemos que la sindicalización es la excepción y no la regla y que la mayor parte de la actividad productiva, en términos de número de personas envueltas, tiene lugar en empresas pequeñas, familiares o individuales donde no hay sindicatos ni negociación colectiva. Es que la gente es libre de decidir sindicalizarse o no.

            Pero sí hay sindicatos en las grandes empresas. Ello da lugar a que en el país haya más de 140 federaciones y confederaciones sindicales, con más de 180 mil asociados y que se haya realizado mil 700 elecciones sindicales con la participación de más de 140 mil trabajadores.

            Ese país real, donde conviven el mundo productivo no sindicalizado y el minoritario sindicalizado, funciona pacífica y armónicamente, no sale a vandalizar las calles ni a incendiar vehículos ni a apedrear a la policía. En 1986 el país real sólo se alarmaba ante las noticias sobre la violencia subversiva y la inevitable represión, y sólo éstas ganaban titulares, en Chile y en el exterior (cuando allá se informaba sobre Chile). Pero ése es el Chile propagandístico, no el tranquilo Chile real.

             A todo esto, el mundo sindical, incorporado al Consejo Económico y Social, prepara un anteproyecto de nuevo Código del Trabajo, bajo la conducción de William Thayer Arteaga, ex ministro del ramo de Frei Montalva, que habiendo sido DC se ha mantenido, sin embargo, como partidario del Gobierno Militar y miembro de la institucionalidad vigente, tanto en el Consejo Económico y Social como en el Consejo de Estado.

Definiciones sobre el mar chileno

              El 13 de octubre de 1986 el Gobierno y la Junta dictaron la Ley N° 18.565 que modificó el Código Civil en cuanto al Mar Territorial y dispuso que éste lo representarían las doce millas marítimas adyacentes a las líneas de base rectas desde las cuales se miden los límites marítimos.

             En seguida, fijó la Zona Contigua, que da al Estado jurisdicción hasta las 24 millas marítimas,  medidas desde las líneas de base rectas.

             Y, finalmente, denominó Zona Económica Exclusiva el mar adyacente hasta 200 millas marítimas desde las líneas de base. En esta Zona el Estado ejerce derechos de soberanía para explotar, conservar y administrar los recursos naturales.

                                                                     

Mejoría económica y social                       

El Mercurio de 21 de noviembre de 1986 informaba que las empresas filiales de Corfo habían obtenido a septiembre de ese año utilidades netas por 30.541 millones de pesos entre enero y septiembre, en comparación con los 4.426 millones registrados en similar período de 1985.

El mismo diario, el día 3 de mayo de 1987, dio cuenta de otro logro muy importante, esta vez médico-sanitario, obtenido en el año anterior, 1986, el “año decisivo” de los totalitarios: fallecieron 5.206 niños menores de un año, por comparación con 1977, en que habían fallecido 11.429 niños de esa edad o menos.

“Esa tasa de mortalidad de 19,5 por mil nacidos vivos es la más baja de Sudamérica”, apuntaba el Decano (55).

A la recuperación económica se sumaba la recuperación social del país y ambas lo ponían en un sitial en que nunca había estado: a la cabeza del continente.

Y un importante proceso de cambio económico y decisivo paso en la recuperación se pone en marcha a mediados de 1986. Ya en mayo de 1985 Pinochet había ordenado estudiar la reprivatización de empresas que habían caído, bajo el pasado socialista, en manos de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Ahora se acelera y la Compañía de Acero del Pacífico, CAP, se constituye en la primera empresa del Estado que transfiere al sector privado parte importante de su capital accionario (56).

          Además, para evitar que se repita la crisis de la deuda de 1982, se sigue fortaleciendo la legislación bancaria: se debe informar a la Superintendencia cada vez que se otorgue un préstamo superior al 5 % del capital pagado y reservas de un banco y se les obliga a mantener una reserva técnica (ley N° 18.576 de 17 de noviembre de 1986).

Balance económico anual

          En 1986 el PIB volvió a crecer a una tasa mayor que las históricas del país: 5,6 %. No lo sabíamos entonces, pero se iniciaba una “década dorada” para la economía chilena.

          Con todo, el desempleo no cedía y volvió a los dos dígitos: 10,4 % a nivel nacional. Pero la inflación sí cedía y bajó a 17,4 % anual, medida por el IPC.

          La Tasa de Inversión en Capital Fijo se mantuvo alta, en comparación con años precedentes: 17,1 % del PIB.

El déficit presupuestario fue de -14.983 millones de pesos, equivalente a un -0,83 % del PIB.

La Balanza Comercial tuvo un superávit de  USS$ 1.092 millones.

La Cuenta Corriente arrojó un déficit de US$ -1.191,1 millones y la Cuenta de Capitales un superávit de US$ 968,7 millones.

La deuda externa llegó a US$ 19.501 millones (57).

          Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central aumentaron a 3.313 millones 700 mil dólares, es decir, 107 millones 500 mil dólares superiores a las de fines del año anterior (58).  

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO XIV:

(1) “La Segunda”, 07 de enero de 1986, p. 8.

(2) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 757.

(3) “La Tercera”, 14 de marzo de 1986, p. 5.

(4) Whelan, James: “Desde las…”, op. cit., p. 819.

(5) Radio Moscú: emisión del 03 de enero de 1986.

(6) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 212.

(7) Whelan, James: “Desde las…”, op. cit., p. 781.

(8) Ibíd., p. 667.

(9) Revista “Economía y Sociedad” N° 90, Santiago, enero-abril 2017.

(10) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 597.

(11) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, t. II., p. 535.

(12) Revista “Análisis” N° 124, p. 6.

(13) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 163.

(14) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 227.

(15) Ibíd., p. Domic, 238.

(16) Millas, Orlando: “Memorias 1957-1991”, Ediciones Chile-América, Santiago, 1995, ps. 186-187.

(17) Antecedentes del proceso en las ediciones de “El Mercurio”, Santiago, 17, 22 y 24 de enero y 13 de junio de 1987.

(18) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 242.

(19) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 752.

(20) Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel y Sepúlveda, Oscar: “Los Hombres de la Transición”, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1992, p. 41.

(21) Ídem.

(22) Heinecke Scott, Luis: “Chile, Crónica de un Asedio”, Sociedad Editora y Gráfica Santa Catalina S. A., Santiago, 1992, tomo I, p. 98.

(23) Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda “Los Hombres de la Transición”, op. cit., p. 41.

(24) “El Mercurio”, Santiago, 7 de septiembre de 1986, p. C-2.

(25) Revista “Time” de Nueva York, 26 de septiembre de 1986.

(26) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 753.

(27) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 251.

(28) Ibíd., p. 252.

(29) “El Mercurio”, Santiago, “El Mercurio”, 05 de abril de 1986.

(30) Ibíd., 02 de abril de 2006, p. A2.

(31)  Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., tomo II, p.541.

(32) “La Tercera”, 11 de septiembre de 2016.

(33) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…, op. cit., p. 166.

(34) Aylwin, Patricio: “El Reencuentro…”, op. cit., p.309.

(35) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, ps. 544,545.

(36) Ibíd., ps. 545, 546.

(37) “El Mercurio”, Santiago, 9 de septiembre de 2017, p. A 2.

(38) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., p. 548.

(39) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 262.

(40) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 638.

(41) Ibíd., p. 637.

(42) Lavín, Joaquín: “Chile, Revolución Silenciosa”, Zig-Zag, Santiago, 1987, p. 53.

(43) Ibíd., p. 155.

(44) González, Mónica y Varas, Florencia: “Chile Sí No”, (entrevistas), La Época-Melquíades, Santiago, 1988, p. 104.

(45) Osorio, Víctor y Cabezas, Iván: “Los Hijos de Pinochet”, Planeta, Santiago, 1995, ps. 162 y 172.

(46) Echeverría, Mónica: “Antihistoria…”, op. cit., p. 423.

(47) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, ps. 550-551.

(48) Ídem.

(49) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. III, 2, p. 42.

(50) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 754.

(51) Ibíd., p. 758.

(52) “El Mercurio”, Santiago, 7 de marzo de 1987.

(53) Fernández, Sergio: “Mi Lucha…”, op. cit., p. 214.

(54) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 661.

(55) “El Mercurio”, Santiago, 03 de mayo de 1987.

(56) “El Mercurio”, Santiago,  21 de junio de 1986, p. B 1.

(57) Banco Central de Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(58) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República en Cifras”, p. 516.

(CONTINUARÁ MAÑANA)